EL "TECNICO" INEGI BAJO UN FANATISMO RELIGIOSO

ÍNDICE POLÍTICO

FRANCISCO RODRÍGUEZ

INEGI: ¿EXPERIENCIA RELIGIOSA?

1997, marzo 27 -- Los cuerpos de 39 hombres entre las edades de 18 y 24 fueron encontrados muertos en varias habitaciones de una mansión en la exclusiva comunidad de Rancho Santa Fe, cerca de San Diego, California. Todos eran miembros de una desconocida secta religiosa y todos estaban acostados con las manos sobre el pecho, vestían iguales y no había signos de trauma o sangre…

DIOS NOS COJA confesados. La lógica del presidente del Instituto Nacional de Estadística… (INEGI), Gilberto Calvillo es demencial. Vea usted si no, cuando en un comunicado a los trabajadores de ese instituto, para fijar su posición sobre las denuncias de corrupción, nepotismo y abusos de autoridad –justificándolas, mostrando su abierta complicidad con esas prácticas--, el funcionario dice:

"Las denuncias publicadas son esencialmente falsas, aunque, como siempre, tratan de parecer verdaderas mencionando hechos verídicos…". ¡Sopas! ¡Qué lógica! ¡Qué bruto! ¡Qué mente tan preclara maneja la información y las cuentas del país!

Mal estaría de mi parte torcer la realidad, como en algunas ocasiones si han acusado Estados y municipios al INEGI en materia censal, por ejemplo. O aún partidos políticos por no coincidir sus datos con los del padrón electoral. Y eso para no hablar de cómo ha sido reconvenido por el Banco Mundial y la Auditoria Superior de la Federación.

El problema, empero, no es de lógica, ni de verdades a medias, cual las planteadas por el funcionario. Es de terror. Por lo que se ve, Calvillo es rehén de su supuesto subordinado Lino Vera Pérez, quien no sólo lo chantajea por haber empleado a uno de sus tíos, ya fallecido, sino porque ha creado un cerco en su entorno, a partir de un liderazgo "religioso".

LEER NOTA

¿PORQUE LA OIT NO SE DA CUENTA DE LOS ABUSOS LABORALES EN MEXICO? Espero que no se por los millones con que el gobierno mexicano compra la impunidad, aunque los del deforma chillen, este es un excelente negocio, así se pueden violar las leyes laborales en todo el país (si no traes un buen coyote jamas ganaras un caso en conciliación y arbitraje), y el abusivo OUTSOURCING galopa febril en México:

Tira México dinero en OIT

Por su contribución, México es el miembro de AL que más aporta a la OIT, y es el décimo del mundo de 180 naciones afiliadas

Arturo Rivero

Ciudad de México (25 junio 2007).- A pesar de que México paga anualmente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una cuota equivalente a 55 millones de pesos, el País no cumple con los convenios que se ratifican a través del organismo.

De acuerdo con la OIT, este año se erogarán 5 millones de dólares, lo que convierte a México en el miembro que más contribuye de América Latina y el décimo del mundo de 180 naciones afiliadas. Las aportaciones anuales a la OIT equivalen al sueldo de todos los Secretarios de Estado.

Sin embargo, esa membresía resulta onerosa pues no se traduce en políticas laborales de estándar internacional.

De hecho, el Gobierno mexicano ha ratificado 78 convenios internacionales --de los 188 con los que cuenta la OIT--, entre los que destacan la defensa de la libertad sindical y los que prohíben la discriminación laboral, pero que no se cumplen.

Un ejemplo es el convenio 111 que habla de la no discriminación en materia de empleo y ocupación.

Según el abogado laboral Arturo Alcalde, esta reglamentación se viola porque al momento de buscar un empleo la discriminación se da por edad, condición económica, sexo, apariencia física y hasta por religión del aspirante.

El convenio 87 se refiere a la libertad y autonomía sindical, y dicta que cualquier grupo de trabajadores puede libremente constituirse como una organización gremial sin impedimento de ningún tipo, y con el apoyo de la ley laboral.

Sin embargo, en el País se permiten sindicatos de protección y se viola la autonomía sindical, dijo Alcalde.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social explicó que la contribución económica a este organismo por parte de México es un compromiso de Estado que se asumió en la 93 reunión de la OIT en junio de 2005.

El director general de ese organismo internacional para México y Cuba, Miguel del Cid, explicó que el País hace esa aportación porque está considerada como una nación de ingreso medio en la OCDE.

"Esta contribución no se hace con una consideración de costo-beneficio directa para el País, sino en función de una labor normativa internacional y para asegurar niveles básicos de entendimiento, equidad y justicia en el mundo laboral", explicó.

En opinión de abogados laborales, el hecho que México tenga firmados los convenios con la OIT y cumpla con la cuota, no sirve de nada porque no se llevan a cabo esas recomendaciones.

"Hace unos años la Corte sacó una jurisprudencia que atribuye a los convenios internacionales mayor valor que la ley, es decir, están en una segunda posición después de la Constitución, y aun así se violan", dijo Néstor de Buen, abogado laboral.

Tomás Natividad, presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex, señaló también las incongruencias.

"Está claro que debemos sintonizar la legislación laboral de México con lo que se firma internacionalmente, y también debemos replantear lo que le pagamos a la OIT, y ver que lo que damos no corresponde a lo que recibimos", expresó.

Y GRANADOS CHAPA RESEÑA HOY ALGO DE ESTOS ABUSOS LABORALES:

Miguel Ángel Granados Chapa
Infamia laboral hidalguense

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo despidió injustamente a un reputado profesor que la había servido 23 años. Estuvo dispuesta a indemnizarlo con 700 mil pesos, pero él insistió por dignidad en su reinstalación. Ahora, la Junta de Conciliación y Arbitraje ha decretado que se le paguen sólo 30 mil pesos
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tiene 46 años de edad. Exactamente la mitad de ese lapso la sirvió en la cátedra y la investigación el doctor Pablo Vargas González. Despedido por capos universitarios -no puedo llamarlas autoridades porque en ningún sentido lo son-, ahora la justicia laboral ha determinado que el trabajo de este académico, único miembro de la UAEH que pertenece al nivel II del Sistema Nacional de Investigadores, vale poco más de mil pesos por año.

Vargas González se preparó concienzudamente para las tareas universitarias, en su alma máter hidalguense y en otras instituciones, hasta alcanzar el doctorado en ciencias sociales en la Universidad de Guadalajara -a lo que añadió todavía un postdoctorado-. Ha escrito y participado en más de 20 libros y ha publicado más de 60 artículos arbitrados, la mayor parte de ellos sobre la estructura política de Hidalgo y sus procesos electorales. Era coordinador del área de ciencia política del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSH) de la universidad hidalguense, cargo del cual fue destituido sin explicación y, desde luego sin causa legítima, pues cumplía escrupulosamente y aun en exceso sus deberes profesionales. Por ello permaneció como coordinador del cuerpo académico de ciencia política y administración pública del propio instituto hasta el 3 de enero de 2006, cuando se le echó de manera intempestiva y violenta no sólo de su oficina sino de la universidad, que de ese modo lo despidió sin que se hicieran constar las razones.

Y es que no podían expresarse los motivos porque no los hay, desde la perspectiva académica. Y los reales, que surgen de la represión ideológica, pues castigan la militancia política del doctor Vargas en la izquierda, no pueden ser puestos por escrito porque avergonzarían a quienes pretendieran justificar el despido con esos móviles, por mayor inverecundia que prive en la universidad de Hidalgo. Verbalmente, eso sí, se hizo saber a Vargas que no cabía en el proyecto político del director del ICSH, Adolfo Pontigo, y que su presencia no convenía porque era comunista. Lo acusaron también de hacer "proselitismo político", ¡en la universidad hidalguense, enclave priista si los hay, donde se obliga a los estudiantes a acudir a actos de campaña de los candidatos tricolores!

Sorprendido por el artero ataque, pero no perplejo y mucho menos pasmado, Vargas González creyó posible resolver el conflicto iniciado con su despido dentro de los cauces universitarios. Cuando se convenció de que no sería así, acudió en queja a la comisión estatal de derechos humanos y luego a la junta local de conciliación y arbitraje. Desde el comienzo de esta fase de su lucha percibió la condición cenagosa del terreno en que se movía: el abogado al que la universidad contrató para enfrentarlo en el litigio laboral, José López Daniel, es el asesor jurídico personal de Gerardo Sosa, todavía poder verdadero y único en esa institución. El presidente de la junta laboral, Andrés Navarrete, es profesor del instituto del que despidieron a Vargas, o sea que su criterio estaba claramente sesgado a favor de su propio empleador.

Los abogados de la universidad (Francisco Fonseca y Fidel Hernández sustituyeron a López Daniel cuando Sosa le encargó otros asuntos) argumentaron que no hubo despido alguno y que, al contrario, Vargas había renunciado voluntaria y expresamente. Exhibieron un papel presuntamente firmado por el catedrático despedido, donde éste habría dicho estar "cansado del maltrato hacia mi persona y que mejor renuncio para ya no tener más problemas". La expresión es contraria a las convicciones de Vargas y sólo fue posible atribuírsela por tratarse de una falsificación. El afectado adujo un peritaje grafoscópico que mostró que no era su firma la que calzaba aquel papel. Y sin embargo la junta lo tuvo por bueno y en él basó su laudo, que consistió en decir que el empleador había probado su dicho, no así el profesor. Así se manifestó la junta, con notorio cinismo, después de haber rechazado 24 de las 43 pruebas ofrecidas por el ofendido.

La desvergüenza de la junta fue más allá. "Condenó" a la universidad, como única prestación debida, a pagar el importe de la prima vacacional: 29 mil 251 pesos, apenas más de mil pesos por cada uno de sus 23 años de trabajo, ejercidos con creciente calidad por su ininterrumpida preparación. Los abogados de la universidad habían llegado a plantear un arreglo, en la etapa de conciliación, en el que incluían una oferta de hasta 700 mil pesos como indemnización. Vargas no los aceptó porque ha insistido en ser reinstalado en su plaza, no sólo por vocación académica sino como prueba de que fue despedido arbitrariamente.

Navarrete, el presidente de la junta donde representa al gobierno estatal, se ufana de haber votado a favor de Vargas. No lo hizo, cuando más votó en contra de la ridícula e infame indemnización, cuando lo que debió hacer es excusarse por su condición de juez y parte (empleado que es, como hemos dicho, del empleador). Pudo votar como lo hizo porque estaba garantizada la mayoría de dos votos favorables a la universidad, el de su propio representante y el del sindicato académico de la misma institución, organismo gremial adosado a Sosa, sujeto a las órdenes de la patronal, que traicionó a Vargas, no obstante que es miembro de esa agrupación.

"Obra maestra de la infamia" llama el propio Vargas a ese laudo. Tiene plena razón.