NOTAS DEL PROCESO

El Proceso de esta semana también le entra a los pleitos del lavadero político, balconeando el intercambio de cacayacas entre Manuel Esyunque y Juan Cagüila Mouriño. Va la primer nota al respecto de Alvaro Delgado:

No hay tregua
Álvaro Delgado

Se acerca una crucial elección interna para Acción Nacional. Unos creen necesario que el presidente de la República controle a su partido; otros están convencidos de que el partido es el que debe influir en las decisiones del presidente, los gobernantes y los legisladores que le deben el cargo. En la primera esquina, Felipe Calderón; en la otra, la gente de Fox y de Espino...

“¡No entienden, no entienden! ¡Yo no quedé en esto con el presidente!”, tronó Manuel Espino al recibir de parte de Juan Camilo Mouriño, vía fax y en una “hoja ciega”, la propuesta de boletín para poner fin a otro capítulo de la confrontación entre la cúpula del Partido Acción Nacional (PAN) y el gobierno de Felipe Calderón.

Era el lunes 16 de abril, tres días después de que –en Los Pinos– Espino propuso a Calderón un pacto: no exhibir públicamente a prominentes funcionarios por “interferir indebidamente” en la integración del Consejo Nacional del PAN y evitar un nuevo escándalo, a cambio de cesar ese proselitismo desde la estructura gubernamental.

El enojo de Espino obedeció a que Mouriño Terrazo, jefe de la Oficina de la Presidencia, planteó la exoneración de los funcionarios del gobierno señalados porque el PAN “no encontró elementos suficientes” de su indebida intervención en tareas partidistas. “¡Ahora resulta que hasta disculpas les tenemos que pedir!”.

Todavía antes de la sesión del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el propio lunes 16, el secretario particular de Calderón, César Nava Vázquez, insistió en negar el comportamiento faccioso de servidores públicos, pero le fueron exhibidas pruebas de las quejas y tuvo que deponer su actitud.

Así, aunque cuidadoso para preservar la esencia del pacto que aceptó Calderón con Espino, el comunicado no suprimió los señalamientos que acreditan la intervención gubernamental en asuntos partidistas, aunque prevaleció el criterio de impunidad:

“El CEN ratifica que quienes pudieran haber incurrido en acciones no permitidas, lo habrían hecho a título personal. También certifica que hasta ahora no se ha afectado el proceso de renovación del Consejo Nacional, por lo que, en aras de su vida interna, se da por cerrado el caso.

“El Comité Ejecutivo Nacional otorga un voto de confianza a los servidores públicos a quienes se les atribuyen esos hechos, que no corresponden a nuestra práctica política, y los exhorta a que cuiden al presidente de México, al gobierno federal y al partido del que forman parte, desempeñándose conforme al código de ética de Acción Nacional.”

La respuesta de Calderón contra Espino se produjo sólo unos días después y fue inequívoca: el sábado 22, en la conmemoración del 20 aniversario de Acción Juvenil, no sólo hizo ostensible una vez más su repulsa al presidente de su partido –apenas si lo saludó y le negó el abrazo que dio a todos los miembros del presídium–, sino que previamente amenazó con no asistir al festejo del organismo celebrado en la ciudad de Puebla.

En efecto, Calderón aceptó participar sólo si se cancelaba la intervención de Carlos Abascal Carranza como orador en el encuentro juvenil con la ponencia El liderazgo de los jóvenes para un partido humanista de vanguardia, una actividad que se había anunciado incluso en conferencia de prensa.

Espino cedió: el exsecretario de Gobernación y secretario general adjunto del PAN ni siquiera estuvo en el presídium del evento celebrado en Puebla, un estado donde este domingo 29 se desarrollará la asamblea para elegir a los 18 consejeros estatales, cuyos números se anticipan adversos para Calderón.

Ese mismo día habrá otras 10 asambleas estatales que definirán, en buena medida, la fortaleza de las dos fuerzas –los espinistas y calderonistas– que se disputan el control del Consejo Nacional, cada una de las cuales asegura tener la mayoría.

Los incondicionales de Calderón filtran que tienen la mayoría y Espino alardea proponiendo apuestas, y critica: “Están cometiendo un error en hacerse llamar calderonistas. ¿Y si no ganan? No están cuidando al presidente”.

El PAN no es el PRI

La reyerta entre facciones en el PAN, que ha sido intensa desde que Espino ganó la presidencia del partido en marzo de 2005, ha llegado a extremos inéditos por el uso de todos los recursos –al menos violatorios del código de ética partidista– para alcanzar el dominio del Consejo Nacional, el máximo órgano de dirección de ese partido y que elige al presidente del CEN.

Aun desde antes de que, el pasado 29 de marzo, Enrique Navarro Flores, secretario de Fortalecimiento Interno del CEN del PAN, anunció que había recibido quejas sobre la intervención de servidores públicos federales en el proceso de integración del Consejo Nacional, el propio Espino había advertido desde noviembre del año pasado de la pretensión de Calderón de apoderarse del PAN.

En entrevista con el reportero, Espino le recordó a Calderón que, como expresidente del PAN, sabía que una autoridad no debe intentar controlar a ese partido, y le advirtió que si pretendía meter un solo dedo en el PAN, le cortaría el brazo.

“Es una expresión que se me hace muy fuerte, pero que describe lo que el PAN piensa de esto: Si este gobernante quiere meter un dedo en el proceso interno del partido, el partido no le corta el dedo, le corta el brazo completo.”

Pero el propósito de Calderón y su facción de controlar el PAN los ha llevado a ofrecer una embajada a Espino al menos en dos ocasiones, según lo acreditó el reportero: la primera oferta se la hizo llegar Mouriño a través de Navarro Flores, y después fue en una reunión entre ambos:

–¿Oye, presidente, que me estás ofreciendo que me vaya de embajador?

–No, yo no, pero no es mala idea. ¿Por qué no lo piensas?

Conforme se ha ido desahogando el proceso de registro y contienda municipal y estatal para la elección de delegados a la Asamblea Nacional, que se celebrará en León, Guanajuato, los días 2 y 3 de junio, y de consejeros nacionales en sus dos modalidades –150 por inciso A, e igual número por inciso B–, se han multiplicado en todos los estados del país las acusaciones de manipulación por parte de dirigentes locales y de altos servidores públicos federales.

El domingo 11 de marzo, en entrevista con el diario Norte de Juárez, Chihuahua, Espino fue específico al denunciar el proselitismo de servidores públicos federales, aunque trató de mantener al margen a Felipe Calderón:

“Hay funcionarios públicos panistas que están ejerciendo una indebida presión en el proceso. Quiero aclarar esto: no hay una política de gobierno para eso, es a título de panistas que son algunos funcionarios, que están cayendo en la tentación de usar el peso de su responsabilidad de gobierno para incidir en el proceso interno.”

–Dinos nombres de esos funcionarios –le pidió a Espino el periodista Manuel Aguirre.

–No, porque yo ofrecí dárselos solamente al presidente Felipe Calderón en su momento.

–¿Qué es lo que está haciendo el partido al respecto?

–Pues simplemente decirles que este no es un partido de Estado, que este no es el partido del gobierno, que este no es el PRI.

–¿Son muchos los funcionarios en esa situación?

–Muchos se me hace poco.

El código de ética para los servidores públicos del PAN es claro: “Para Acción Nacional la política es eminentemente ética”, establece desde el inicio, y en relación con su partido indica: “Evitaré usar o permitir el uso del cargo o comisión para coaccionar o inducir alguna conducta a la militancia panista. Respetaré el derecho de los subalternos a votar libremente en las asambleas o convenciones partidistas”.

Sin embargo, funcionarios gubernamentales han sido señalados por operadores de Espino de pretender arrebatar, con el uso de la estructura gubernamental, el control del Consejo Nacional. Al frente de la facción que a sí misma se denomina “calderonista” está Mouriño, quien coordina la estrategia junto con el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y Germán Martínez Cázares, secretario de la Función Pública y delfín de Calderón.

De acuerdo con miembros del CEN del PAN, la intervención de los incondicionales de Calderón prevalece inclusive después de las denuncias públicas, con el propósito de “comprar lealtades” mediante el ofrecimiento de chambas en la administración pública federal, particularmente las delegaciones de las secretarías de Estado y organismos descentralizados.

“Están cometiendo el mismo error de marzo de 2005: dicen en los medios que van ganando, pero esta es una batalla que se gana dentro del partido. Los medios no votan”, afirma Erik Porres, exsecretario particular de Espino, quien sigue de cerca el proceso de integración del Consejo Nacional a pesar de su condición de secretario técnico de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), que preside Espino.

Funcionarios facciosos

La identidad plena de los funcionarios federales que han intervenido “indebidamente” en el proceso partidista ha sido mantenida en secreto hasta para los miembros del CEN del PAN –al único al que le exhibieron las evidencias fue a Nava–, pero operadores calderonistas señalan, en corto, a varios de ellos.

Además del tabasqueño Francisco Javier Soberano Miranda, allegado a Abraham González Uyeda, subsecretario de Gobernación y excoordinador de giras de la campaña de Calderón, que fue el único nombre que se filtró a los medios a raíz de la denuncia de Navarro Flores, hay otros prominentes personajes que se han colocado al frente de equipos para la operación política.

Mouriño opera a través de Carlos Flores Gutiérrez, director general de Enlace Institucional de la Oficina de la Presidencia, responsable de incorporar a la nómina de las delegaciones federales a quienes se declaren “calderonistas”, designado él mismo candidato a consejero nacional por el Distrito Federal.

Otro es Arcadio Echeverría Lanz, director general adjunto de Gestión, un campechano que fue publirrelacionista del secretario particular de Vicente Fox, Emilio Goicoechea, exhibido en fotografías publicadas esta semana por Proceso con el presunto narcotraficante Genaro Caro Quintero.

Uno más: Juan Manuel Llera Blanco, secretario técnico de la Oficina de la Presidencia y allegado a Mariana Gómez del Campo Gurza, sobrina de Calderón y presidenta del PAN en el Distrito Federal.

En la Secretaría de la Función Pública (SFP), según los informantes de la facción de Espino, el operador más prominente, además del propio Germán Martínez, es el subsecretario Salvador Vega Casillas, un expriista michoacano discreto que coordinó la oficina de Calderón en la campaña, y quien también negocia con comités estatales la integración de consejeros a cambio de delegaciones federales.

En lo que se refiere a los estados, en dos delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se ha identificado el uso del cargo con fines partidistas: la delegada en Nuevo León, Margarita Arellanes Cervantes, empleó a panistas del municipio de Sabinas Hidalgo en el que resultó electa, y el delegado en Baja California Sur, Héctor Jiménez Márquez, dio cobijo a militantes de Mulegé que le dieron su voto.

En Veracruz, la facción hegemónica encabezada por Alejandro Vázquez Cuevas, presidente estatal panista, era afín a Espino, pero la entrega de la delegación de la Secretaría del Trabajo al hermano del dirigente, Alfonso Vázquez Cuevas, significó unir fuerzas con el alcalde del puerto, Julen Rentería, quien hizo campaña por Calderón.

En otros estados la reacción del grupo hegemónico es a la inversa, como en Guanajuato: La facción afín a Espino ganó, salvo dos, todas las posiciones para el Consejo Nacional, y en respuesta se nombraron delegados federales allegados a Calderón. De hecho en la primera gira de Beatriz Zavala, titular de la Sedesol, a Guanajuato, los funcionarios estatales impidieron al delegado, Justino Arriaga, subir al templete.

En Jalisco pactaron los grupos del PAN cuya estructura formal es afín a Calderón: el exgobernador Ramírez Acuña ocupó el primer lugar de la lista para consejero nacional, pero entró también el secretario particular del gobernador Emilio González Márquez, Antonio Gloria Morales, quien había sido repudiado en Lagos de Moreno.

Por ahora, los allegados a Espino en el CEN del PAN no han querido hacer pública información de la que disponen para exhibir a altos burócratas federales en “indebida interferencia” durante la integración del Consejo Nacional, que podría incluso tipificarse como delito por realizarla en horario laboral y con recursos públicos.

Apenas el martes 17, un día después de haberse emitido el comunicado que intentaba cerrar el capítulo de la participación de funcionarios en el proceso partidista, el propio Espino confió en que se inhibirían conductas análogas.

“Creo que van a disminuir considerablemente, ojalá fuera totalmente. El voto de confianza que ha dado el CEN a todos esos servidores públicos lo vamos a hacer vigente. No habrá procesos de sanción en contra de nadie. Confiamos en que el compromiso de ellos con el PAN, con el presidente de México, con el gobierno que encabeza el presidente Calderón, es un compromiso de lealtad.”

A pregunta expresa, Espino se comprometió a denunciar ante la Procuraduría General de la República (PGR) a servidores públicos del gobierno de Calderón si eventualmente desvían recursos del erario: “Si tuviera las pruebas contundentes de ellos, sí lo haría”.

–De otra manera se volvería cómplice.

–Así es.

Ahora nos explicamos por que repentinamente salen un montón de notas sobre las "investigaciones" de la SFP contra funcionarios de Fox. Es para que Germán Mentiras, que es el delfín de fecal, se pueda lucir mientras le pegan a los espinistas. Ahora cuadra. Y ahora cuadra por qué le están haciendo el trabajo sucio los del Unimierdal al CEROTE CON PATAS; para que el ReforPAN no se embarre en el pleito y no quede mal con nadie en el PAN.

Continuando con las marranadas panistas balconeadas por el Proceso de esta semana, también balconearon a la Manzana Azul:

Táctiva violenta y clientelar
José Gil Olmos

El Partido Acción Nacional (PAN) y el gobierno de Felipe Calderón cuentan con un nuevo plan llamado Manzana Azul: un agresivo programa de operación política que prevé el espionaje, acoso laboral a los adversarios, reclutamiento, cooptación e incluso compra de simpatizantes y de votos con recursos de los programas estatales y federales.

Pero además Juan Camilo Mouriño, el jefe de la Oficina de la Presidencia, tejió una estructura de más de 600 delegados de dependencias federales en los estados con un perfil panista.

Ante la estrategia, en el Senado de la República, PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia aprobaron un punto de acuerdo para pedirle a Felipe Calderón que reconsidere los nombramientos de los delegados de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), “a fin de que prevalezca el perfil profesional y se abandone el criterio político partidista de esos servidores públicos”.

La nueva configuración de la estructura panista, montada en los programas federales, coincide con las elecciones que habrá este año en 14 estados, y el plan Manzana Azul será aplicado en los próximos comicios municipales en Veracruz.

El documento de 11 páginas que contiene el nuevo plan de Acción Nacional empezó a circular en Veracruz hace semanas. Lo firma el líder del partido en la entidad, Víctor Alejandro Vázquez Cuevas, Pipo, un joven político cercano al líder nacional Manuel Espino y que aspira a ser en 2010 el primer gobernador panista del estado.

Fruto envenenado

A diferencia de otros planes electorales que ha utilizado anteriormente el PAN, en Manzana Azul se menciona el uso o la “orientación” de los programas gubernamentales en beneficio de los candidatos blanquiazules.

La idea de los panistas es formar una estructura con los jefes de manzana que ya están identificados con su partido “y con aquellos que a partir de este momento serán reclutados, cooptados o comprados”. Empezarían con el municipio de Veracruz, donde cuentan con funcionarios “que ya han sido capacitados para la ejecución del programa”.

De ahí avanzarían hacia los municipios que no gobiernan, con la meta de conquistar todo el estado para 2010.

El uso de los recursos federales tiene un antecedente fresco: en la elección de 2006 se descubrió que Josefina Vázquez Mota se sirvió de los programas Oportunidades y Seguro Popular de la Sedesol para atraerle votos a Felipe Calderón (Proceso 1535).

En esta ocasión, Manzana Azul plantea varias acciones:

1.- Compra de votos, credenciales de elector de simpatizantes del PRI y de representantes de casilla en lugares donde existe poca presencia de los medios de comunicación.

2.- Operar una campaña de desprestigio a través de volantes e internet, de manera anónima, en contra de la vida pública y privada de los candidatos del PRI, PRD o Convergencia.

3.- Desarrollar programas municipales de asistencia social en las colonias o comunidades más marginadas, con el apoyo de los programas federales, donde es más fácil manipular a la población y orientar su voto con base en la información que vayan proporcionando los jefes de manzana.

4.- Instruir, el día de la elección, la presencia de los coordinadores municipales de los programas sociales cerca de las casillas para registrar quiénes acuden a votar, intimidar e inducir el voto en aquellas donde se tiene registrada una votación adversa para el PAN.

5.- Retirar o destruir propaganda de los candidatos del PRI, PRD y Convergencia en las calles de las manzanas correspondientes con el apoyo del personal del ayuntamiento.

6.- Los funcionarios municipales de los primeros niveles que han sido intensamente capacitados durante los últimos meses, serán la espina dorsal en las actividades logísticas, coordinación y apoyo de la operación de Manzana Azul 2007, dirigiendo, coordinando y orientando las acciones de los jefes de manzana.

7.- Los empleados municipales de otros niveles serán invitados y coordinados por sus jefes de inmediato para el apoyo logístico y operativo de Manzana Azul 2007.

El plan es tan agresivo que plantea incluso el seguimiento de los adversarios, “vigilando” las visitas que reciben o indagando su situación económica y familiar.

Además se incluye la participación de las mujeres e hijos de los panistas, así como de maestros o sacerdotes simpatizantes del PAN, para convencer a los presidentes de casilla y a sus familias para que pertenezcan a ese partido.

En caso de que fueran reticentes, se considera “realizar visitas y llamadas telefónicas en el número que fueran necesarias para acosarlo e intimidarlo. Así como mantener presencia de miembros de Acción Nacional cerca de la casa del presidente de casilla para mostrarle que está vigilado”.

Otro de los novedosos instrumentos panistas es el acoso laboral: “Investigar dónde y con quién trabaja, para conocer el tipo de patrón y compañeros que tiene. Si el patrón es panista, plantearle la situación; si no, acosarlo a través de los compañeros de trabajo simpatizantes del PAN”.

Además, se propone una intensa campaña de volanteo, panfletos para “desmoralizar” a los priistas y, si es necesario, el uso de la fuerza:

“Si alguna casilla se está perdiendo para Acción Nacional, los jefes de manzana instruirán a su grupo para originar la violencia a fin de quitarla del lugar y llevarla a otro sitio propio para Acción Nacional; otra salida será provocar la anulación por irregularidades.

“Si el nivel de violencia lo permitiera, los miembros del grupo se apoderarán de las urnas y se dirigirán a las casas de seguridad más cercanas o más difíciles de localizar”.

Respecto de la estrategia panista, el diputado perredista Alejandro Sánchez señala que “Manzana Azul no es más que las prácticas viejas que llevó a cabo el PRI. Es, a través de jefes de manzana, de líderes territoriales, bajar todos los programas sociales que tiene el gobierno federal. Percibimos que se trata de un programa piloto en Veracruz, pero no dudamos que lo estén aplicando en los 14 estados donde va a haber una elección”.

–¿Se está formando una estructura político electoral?

–Sí, el objetivo general es posicionar en el territorio su liderazgo y prepararse para 2007, y más adelante permanecer más de 12 años en el poder para garantizar los programas del capital extranjero. El PAN necesita no sólo las instancias de gobierno, sino también la mayoría en el Congreso de la Unión, lo que le daría la posibilidad de tener las grandes reformas que necesita.

Operadores electorales

Desde mediados de febrero, Juan Camilo Mouriño empezó a palomear a los nuevos delegados de las secretarías de Estado en el país. Su trabajo no llamó la atención hasta principios de abril, cuando se detectó que la mayoría de los 31 delegados de la Sedesol eran panistas sin experiencia en la función pública: exlegisladores, excoordinadores en la campaña calderonista o empresarios que apoyaron al ahora presidente de la República.

En Veracruz se designó como delegada de Sedesol a Alma Delia Lamadrid Rodríguez, coordinadora de capital humano en Industrias John Deere; en Yucatán, a Fernando Medina Gamboa, exgerente del Banco del Atlántico y Grupo Empresarial Minsa; en San Luis Potosí, a Jorge Viramontes, gerente general de Avisa Acero; en Aguascalientes, a Pedro Vargas de la Mora, director de Coparmex de 1983 a 1988; y en Campeche a Mario Alberto Ávila, tesorero del Consejo Coordinador Empresarial.

Mientras que en Tabasco se designó a la diputada local y coordinadora de la fracción panista 2004-2006, Dora María Scherrer Palomeque; en Chiapas, al exdelegado estatal panista y excandidato a gobernador Francisco Rojas Toledo; en Colima, a la excoordinadora estatal de la campaña calderonista, Liduvina Sandoval; en Durango, al consejero del PAN Félix Chaidez; en Guanajuato, al exedil de Salamanca José Justino Arriaga. De forma similar ocurrió en los demás estados.

En Semarnat ocurre lo mismo: destaca que en Tabasco se haya designado a María Yolanda Cabal, cuyo mayor mérito es habar sido diputada local y federal, que en el Estado de México se nombrara a Ricardo Tejeda Nichols, hijo de Max Tejeda, exdiputado federal y dirigente panista en Guerrero; y en Campeche a Ramón Dimas, pediatra y exdiputado federal suplente.

En cuanto a la Secretaría de Trabajo, designó en Veracruz a Alfonso Vázquez Cuevas, hermano del dirigente panista Alejandro Vázquez, el autor del programa Manzana Azul. Sin embargo, ese delegado fue impugnado por el secretario de Gobierno del estado, Reynaldo Escobar, quien manifestó: “No se puede nombrar para un cargo relacionado con la creación y promoción de empleos a una persona que apenas ha terminado la secundaria”.

En el propio PAN salieron críticas a los nombramientos de los delegados. El diputado federal Jorge Rubén Nordhausen Gonzalez denunció que en Campeche “tenemos una maestra de preprimaria al frente del Registro Agrario Nacional, y un técnico en informática al frente de la Procuraduría Agraria”.

El 18 de abril, los senadores del PAN recibieron en su oficina al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña. Al día siguiente el legislador coahuilense Ernesto Saro Boardman confirmó que “fue una larga reunión, de dos horas y media, en la que hubo quejas de compañeros por la disputa aparente en torno a los delegados”. Lamentó “que en algunas regiones se dé esa pugna entre el Ejecutivo y el partido sobre quién pone los delegados” y criticó: “Es algo que en Acción Nacional criticamos toda la vida”.

Carlos Rojas, diputado del PRI y exsecretario de Desarrollo Social, sostiene en entrevista que los delegados con perfil partidista no sólo politizarán los programas, sino que van a destruirlos “porque hay una enorme incapacidad, por lo menos en el terreno profesional y académico”.

–Estaríamos hablando de una estructura electoral paralela al PAN, que opera con recursos de la federación. ¿Eso no configura un delito?

–Siempre y cuando se metan en el trabajo electoral, pero cuando no hay elecciones igualmente van a realizar trabajo de cooptación partidista, trabajo proselitista. A mí me parece absolutamente incorrecta y carente de ética esa decisión que ha tomado el gobierno de Calderón. 

Se tardaron unas semanas, pero que bueno que finalmente balconean esto en el Proceso. Esto se tiene que saber a nivel nacional.

Hay más marranadas panistas; el franquista español José Solá vuelve a meter su cuchara en los asuntos internos de México. Esta vez metiendo su cuchara en las elecciones de Yucatán:

El regreso de Solá: Ahora enturbia Yucatán
Jenaro Villamil

La mano del español Antonio Solá Reche, el consultor político estelar de Felipe Calderón, comenzó a observarse de lleno en la guerra de spots de la contienda yucateca: La candidata del PRI, Ivonne Ortega, aparece en una escena del Congreso local apoyando al exgobernador Víctor Cervera Pacheco con un anuncio que dice: “No hay cambio ni nueva generación, son los mismos que han quebrado al país”.

Este nuevo spot, transmitido desde el 20 de abril, se suma a la crispación política entre los dos principales contendientes, la priista Ivonne Ortega y el panista Xavier Abreu; al espionaje político “Operativo Aro Azul” que se ha denunciado; a la guerra de rumores por internet; a las acusaciones de “traición” contra la expanista Ana Rosa Payán; a la destrucción de propaganda de los aspirantes opositores al blanquiazul y, sobre todo, a un despilfarro que amenaza con rebasar el tope de 15 millones de pesos por cada candidato.

El nombre de Solá Reche no es nuevo para los políticos yucatecos. Ana Rosa Payán, exalcaldesa de Mérida, quien renunció al PAN en protesta contra el presunto fraude en los comicios internos, recuerda que él asesoró en los comicios de 2004 al candidato del blanquiazul Manuel Fuentes Alcocer, quien contendió contra Víctor Cervera Pacheco, el mítico “hombre fuerte” que gobernó en dos períodos Yucatán pero fue derrotado por el PAN rumbo a la alcaldía de Mérida.

“Él fue el autor de aquél slogan: ‘Que regrese Víctor Cervera… pero a su rancho”, precisó Payán Cervera. Esa frase apareció en los espectaculares de Mérida durante la contienda de 2004. Desde esa fecha, Payán recuerda que vio a Solá frecuentemente en Mérida, cercano primero a Adrián Fernández, coordinador de la precampaña de Santiago Creel; luego, como estratega de Felipe Calderón, y enseguida como consultor del alcalde panista Manuel Fuentes Alcocer.

“Es un joven muy inteligente y simpático. Conoce bien a los yucatecos. La última vez que tuve un encuentro con él fue en un evento de la campaña de Felipe Calderón. Ahora asesora a Xavier Abreu y trabajó para el ayuntamiento de Mérida”, confirma Ana Rosa Payán.

A su vez, la exdiputada local y candidata a alcaldesa de Mérida, Silvia López Escofié, denunció desde inicios de año a Antonio Solá, a raíz de la detonación de dos bombas en el puerto de Progreso y en las oficinas del periódico Por Esto!

López Escofié, política cercana a Ana Rosa Payán y quien también renunció al PAN, demandó a legisladores federales integrar una comisión especial. “No se descarta que esos atentados formen parte de una campaña de ansiedad y miedo colectivos que con tanto éxito aplicó Antonio Solá en la pasada elección presidencial”, afirmó la candidata.

En retribución por sus servicios de consultoría política, el ayuntamiento encabezado por Fuentes Alcocer contrató entre 2005 y 2006 a Solá Reche para “impartir cursos de relaciones públicas a directores del ayuntamiento”, según se anotó en la nómina de la Subdirección de Control de Presupuestos y Contable del municipio.

El 26 de mayo de 2006, la Oficialía Mayor expidió a Antonio Solá un pago de 4 mil 339 pesos, y otro de 2 mil 895, por “expedición de boletos de avión”. El 17 de enero de 2005 la misma dependencia le había cubierto otros 3 mil 549 pesos por vuelos.

Lo que no registra el ayuntamiento de Mérida es el costo de los cursos, pero extrabajadores del municipio consultados por Proceso revelan que, por cada asesoría, el socio de la consultoría Ostos & Solá cobra entre 3 mil y 5 mil dólares diarios.

De vuelta al Mayab para asesor al PAN y al gobierno de Patricio Patrón, Antonio Solá no se hospeda en ninguno de los hoteles de la ciudad, sino en la casa de Itzimná de Xavier Abreu.

A él se le atribuye la frase “gancho” de la campaña de Acción Nacional, “Para que vivas mejor”, que ha inundado las estaciones de radio y televisión yucatecas, en sincronía con los spots del gobierno de Calderón y de la administración de Patrón Laviada.

Mientras tanto, el último monitoreo realizado por Orbit Media, S.A. de C.V., indica que del 26 de diciembre de 2006 al 31 de marzo de 2007, tanto Ivonne Ortega como Xavier Abreu han estado cerca del tope de gastos. La primera ha utilizado 11 millones 990 mil 646 pesos, y Abreu Sierra 11 millones 242 mil 687, en televisión, radio, prensa, espectaculares, autobuses e internet.

Muy atrás de ese monto, Ana Rosa Payán ha erogado 1 millón 42 mil 726 pesos, y el candidato del PRD, Héctor Herrera, Cholo, apenas 969 mil 373 pesos.

Sin embargo, Payán afirma que el gasto del PRI y del PAN puede “rebasar los 100 millones de pesos”, mientras que el popular comediante Héctor Herrera estima que ambos partidos están desviando fondos públicos para apoyar a los dos principales candidatos.

La prioridad: ser visible

El uso intensivo de la imagen mediática es una de las recomendaciones centrales de Antonio Solá. Militante del Partido Popular durante el gobierno de José María Aznar, vinculado a la Fundación de Análisis y Estudios Sociales (FAES) que preside el propio Aznar, y socio de la consultoría Ostos & Solá, asegura que quien “mejor se posicione visualmente será el que gane, porque el voto es más emotivo que meditado, y se marcan las casillas en las papeletas por simpatía del candidato”.

Además de la presencia de Solá, los priistas subrayan –aunque no lo han confirmado– la presunta existencia de unos hackers de origen colombiano, pertenecientes a la empresa Extratel, que operan en el edificio del PAN y en la oficina de “Gobierno Digital”.

El uso intensivo de internet para difundir rumores o alterar la campaña del adversario es otra de las características de Solá. En España fue creador del sitio www.hazteoir.org, que difunde escritos y promueve el activismo conservador. Este sitio fue el inspirador del mexicano www.yoinfluyo.com, que representa a panistas y personajes de la extrema derecha. Jugó un papel fundamental en la campaña negativa de 2006.

Sin embargo, las especialidades de Solá son el contragolpe político y las tácticas para “calentar” la contienda. Experto en campañas de miedo, de rumores y en revertir las críticas del contrario, Solá ha aplicado puntualmente sus recetas en Yucatán.

El reportero Álvaro Delgado recuerda que el 1 de febrero de 2006, en plena campaña presidencial, Calderón fue recibido en la Universidad Tecnológica de México (Unitec) con cartulinas de rechazo por parte de varios jóvenes. Solá confeccionó varias para repartirlas y recomendó al candidato hacer la propia: “Respeto a la pluralidad” (Proceso 1531).

Lo mismo ha sucedido con los recientes escándalos protagonizados en la campaña electoral yucateca. El dirigente estatal del PRI, Nerio Torres, denunció un operativo de espionaje denominado “Operativo Aro Azul”, patrocinado por el gobierno de Yucatán. Incluye la contratación de expandilleros, como el líder de la banda Los Trompos, Carlos Huchim, quien en declaraciones a la prensa manifestó que la candidata del PRI, Ivonne Ortega, los contrató en su campaña.

A su vez, Ortega afirma que una de las estrategias del panismo es alentar el regionalismo del electorado yucateco, por lo que sus integrantes han hablado de un “cártel de gobernadores priistas” encabezado por el quintanarroense Félix González Canto, por el mexiquense Enrique Peña Nieto y por el campechano Jorge Carlos Hurtado.

Y, en entrevista con Proceso, la candidata priista denuncia que en la casa de campaña del PAN existe el Grupo Organizado de Reacción de Alerta (Goeras), cuyos miembros se pasean por colonias y municipios yucatecos. “La idea es atemorizar. Yo tengo cerca cinco agentes que permanentemente me vigilan y recibo llamadas intimidatorios”, afirma la candidata, sobrina en segundo grado de Víctor Cervera Pacheco.

–¿Es cierto que Cervera Pacheco la impuso a usted como su “heredera” política, tal como señalan los panistas y otros observadores? –se le cuestiona.

–Es mentira. Yo fui candidata a alcaldesa de Dzemul, en contra del propio Cervera Pacheco. Él era primo hermano de mi madre –se defiende Ivonne Ortega.

Tanto Ortega Pacheco como Ana Rosa Payán y Héctor Herrera han denunciado insistentemente la destrucción de su propaganda y la presunta compra de credenciales de elector. “Están como en los mejores tiempos del PRI: compran credenciales por mil pesos a cambio de despensas. Sospecho que pueden ser gente del PAN, del gobierno o del mismo PRI”, expresa Payán Cervera.

Contienda cerrada

A pesar de la asesoría de Solá y del intenso activismo del gobierno federal –Felipe Calderón ha visitado Yucatán dos veces en este año–, el blanquiazul está preocupado porque la ventaja de casi 20 puntos que Acción Nacional tenía sobre el PRI ha ido disminuyendo.

De acuerdo con Arcop, empresa contratada por el PAN, éste tiene ahora 54% de las preferencias, frente a 41% del PRI (13 puntos de diferencia). Ana Rosa Payán llegaría a 3%, y Héctor Herrera, del PRD, sólo a 2%.

Sin embargo, la diferencia se acorta en los porcentajes de “preferencia bruta”: la ventaja del PAN disminuye frente al PRI (45% contra 34%), mientras que la coalición PT-Convergencia, que postula a Ana Rosa Payán, acumula 16%, y el PRD sólo 2%.

Los cálculos del PRI revelan que la salida de Ana Rosa Payán le ha restado casi 25 mil votos al PAN, una cantidad significativa para un padrón de 1 millón 200 mil votantes. En el 2006 sufragaron 789 mil 155 personas, 67% de la lista nominal.

El índice de votos indecisos en las encuestas se ha elevado a raíz de la campaña del miedo. Los partidos revelan que rebasan el 20% de los encuestados.

Si Yucatán tiene un nivel de abstencionismo de más de 40% –como prevén algunos observadores ciudadanos–, el resultado entre el PAN y el PRI puede ser mucho más cerrado.

Por lo pronto, la cobertura en los medios de comunicación dista de ser equitativa. Por ejemplo, el reporte del 28 de marzo del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (IPEPAC), el organismo electoral yucateco, asienta que en televisión el PAN registró 30% del total de notas, el PRI 20%, el PRD 9%, y la coalición Todos Somos Yucatán 4%.

Situaciones como esta motivaron que el secretario de la Función Pública, Germán Martínez, y el gobernador Patrón Laviada firmaran el pasado 17 de abril un acuerdo de imparcialidad para “garantizar que las elecciones locales del 20 de mayo sean con la equidad que el pueblo yucateco demanda”.

Pero la declaración no incluyó las asesorías de consultores como Antonio Solá, que a pesar de su origen español y en franca violación de la ley electoral federal, asesoró la campaña de Calderón, presta sus servicios al gobierno panista y ahora se dedica a “calentar” la campaña yucateca.

Y cerramos con esta nota sobre la negativa del IFE a que se permita tener acceso a las boletas electorales. Quesque por que con las actas es suficiente. Nadamás que, como ha demostrado Sam de Revoluciones ya varias veces, las actas están MAL.

La desaparición de los "errores"
Jesús Cantú

Nuevamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se enreda en sus contradicciones. En esta ocasión asegura que las actas de escrutinio y cómputo de votos avaladas por el IFE satisfacen la petición de información del reportero Daniel Lizárraga, “en tanto que los datos que pudieran arrojar” las boletas están disponibles en esas actas. No repara en que la petición se origina justamente porque la información de dichas actas evidentemente no es veraz, confiable ni de calidad, y por lo tanto no satisface tres de los cuatro criterios que establece el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental como indispensables en toda información que proporcionen los entes públicos: “calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad”.

Precisamente porque tras el análisis de la información registrada en las actas es evidente que en casi 50% de las casillas la suma de votos no corresponde con el número de votantes, surge la necesidad de revisar “de manera conjunta” las boletas electorales, las actas de escrutinio y cómputo, y el estadístico de los votantes registrados en las listas nominales.

De acuerdo con los datos de las actas y los diversos medios de difusión de resultados electorales (Programa de Resultados Electorales Preliminares y cómputos distritales), en al menos 58 mil 481 casillas el número de votos y votantes no coincide (Proceso 1557) y sólo en 14 mil 709 (2 mil 870 en los cómputos distritales del IFE y 11 mil 839 en los conteos ordenados por el TEPJF) se acudió a la fuente original de la información (boletas y listas nominales) para corregirla. Pero además, al hacerlo, se confirmó que en un alto porcentaje de los casos la información registrada en las actas era incorrecta, más allá de que las sumas y restas minimizaran el impacto de esos errores sobre el resultado de la elección.

Por esas razones, la solicitud de revisar las boletas es precisamente para corregir la información consignada en los documentos que, según el tribunal, satisfacen la petición de información. Y justamente por lo mismo, en la solicitud se incluyó el acceso a boletas, actas y estadísticos: para realizar el análisis de manera conjunta y no aislada.

Por otra parte, es absolutamente inaceptable que el acceso a las boletas electorales atente contra la secrecía del voto, pues es imposible identificar a los votantes a través de las mismas, y mucho más lo es vincular votos y votantes. Precisamente porque la única información que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establece como estrictamente confidencial es la que los ciudadanos proporcionan al Registro Federal de Electores, no se solicitó el acceso a las listas nominales, sino únicamente a sus estadísticos, es decir, electores en la lista y número de votantes. La solicitud de información presentada por Daniel Lizárraga cuidó los extremos para mantener la secrecía del voto y el anonimato de los votantes.

Para entender lo que motivó la disposición del párrafo 2 del artículo 254 del Cofipe para destruir la documentación contenida en los paquetes al concluir el proceso electoral, es preciso recordar que el código se aprobó en agosto de 1990, meses después de que se destruyera la documentación electoral de la cuestionada elección presidencial de 1988. Había que borrar todas las huellas del fraude que llevó a Carlos Salinas de Gortari a la Presidencia de la República, y una vez que esto se consumó, era pertinente justificarlo con una norma que lo convirtiera en regla y no en excepción.

La resolución del tribunal anula toda posibilidad para esclarecer plenamente la verdad sobre el proceso electoral del año pasado, pero también la de perfeccionar los procedimientos electorales, ya que por manipulación deliberada o por errores involuntarios, las actas no son documentos veraces ni confiables. Y la única vía para corregirlos y prevenirlos (tanto los errores como las manipulaciones intencionadas) es precisamente recurrir a la fuente original de la información.

La decisión del TEPJF, como en 1989 lo hizo la Cámara de Diputados, desaparece las evidencias de una controvertida elección, borra todas las posibles huellas de un presunto fraude electoral y elimina pruebas de los errores y omisiones de la autoridad electoral.

Es decir, lo que hizo el TRIFE ahora fue repetir lo mismo que sucedió tras el fraude electoral de 1988. Hasta en eso se parecen a Salinas los panistas...


Una razón más para apoyar al peje en el 2007.