CUANDO ESTE HABLA DE LO QUE SABE...

Periódico Reforma.
José Woldenberg.

Minihistoria de la justicia electoral

El Tribunal Electoral tiene hoy la más que importante misión de desahogar una serie de juicios de inconformidad en relación a la elección presidencial, luego de lo cual realizará el cómputo de los votos y declarará (o no) la validez de la elección. A nadie escapa su centralidad y las repercusiones políticas de sus decisiones. Por ello vale la pena revisar de manera panorámica y esquemática la evolución reciente de la justicia electoral.Hasta 1986 no existía en nuestro país tribunal electoral alguno. Antes de esa fecha si un partido se encontraba inconforme con una resolución de la autoridad electoral (entonces la Comisión Federal Electoral encabezada por el secretario de Gobernación), podía apelar... ante la propia CFE. De esa manera dicha autoridad era prácticamente irrecusable. Con la reforma de 1977 se le otorgó a la Suprema Corte la posibilidad de revisar, a través del recurso de reclamación, las resoluciones de los Colegios Electorales. No obstante, la Corte sólo estaba facultada para emitir "observaciones" que los Colegios podían o no tomar en cuenta. La propia Corte, así, se encontraba sometida a esos cuerpos que calificaban políticamente la elección.Ante el avance del pluralismo y la necesidad de contar con una vía para resolver los conflictos entre los partidos y entre ellos y la autoridad electoral, se fue abriendo paso la idea de construir una fórmula judicial para procesarlos. En 1986 se excluyó a la Suprema Corte de toda intervención en asuntos electorales y se creó una institución jurisdiccional de tipo administrativo, el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Se trató del primer tribunal y podía revisar los actos de la CFE, no obstante, seguía supeditado a las decisiones que en última instancia tomaban los Colegios Electorales. Eran ellos los encargados de autocalificar las elecciones de diputados y senadores y el Colegio de la Cámara de Diputados, la presidencial. Los magistrados de aquel tribunal eran electos por la Cámara de Diputados a propuesta de los diferentes grupos parlamentarios por lo que en el imaginario público tenían una identificación partidista. La vida de ese tribunal fue breve y las elecciones de 1988 pusieron en evidencia sus limitaciones, pero fue el germen de lo que llegaría a ser una auténtica justicia electoral.La reforma de 1989-1990 que construyó al IFE fue también la que creó al Tribunal Federal Electoral (Trife). Se trató de un órgano jurisdiccional en plena forma que tenía encomendada la tarea de vigilar la legalidad de los actos del IFE. Esa reforma inició el desarrollo de un sistema de justicia electoral digno de tal nombre. Se precisaron los recursos que estaban al alcance de los partidos y los ciudadanos para impugnar resoluciones del Instituto, así como los mecanismos para hacerlos efectivos. Quedaron establecidos los plazos, los sujetos legitimados para presentarlos, las causales de improcedencia y desechamiento, las reglas para respetar la garantía de audiencia, las pruebas que podían aportarse, etcétera. No obstante, se mantuvieron vigentes los Colegios Electorales por lo cual el Tribunal no tenía la última palabra en la calificación de las elecciones. Se trataba de un sistema jurisdiccional cuyo último eslabón era político. Sus magistrados eran propuestos por el Presidente y requerían de las dos terceras partes de los votos en el Senado para ser aprobados.No fue sino hasta 1993 cuando se eliminó la autocalificación de las elecciones para diputados y senadores. Ello fortaleció al Trife y convirtió en un proceso plenamente judicial el desahogo de las quejas, los litigios y la calificación de las elecciones. No obstante, la calificación de la elección presidencial continuó estando sujeta al Colegio Electoral, es decir a un órgano legislativo.Fue en 1996 cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pasó a sustituir al Trife. Como su nombre lo indica se le incorporó al Poder Judicial, sus magistrados fueron propuestos por la Suprema Corte (ya no por el Presidente) y aprobados por el Senado (con lo que perdieron cualquier vínculo de origen con el Ejecutivo), todas las decisiones del órgano administrativo electoral (IFE) pueden ser recurridas ante el Tribunal, puede conocer de los asuntos de las elecciones federales y locales, y al eliminarse la calificación política de la elección presidencial quedó en manos del Tribunal la última y definitiva palabra.Luego de 10 años de funcionamiento real y productivo en el que todas las controversias entre partidos o entre ellos y la autoridad administrativa electoral han sido resueltas por el Tribunal y acatadas por todos los partidos -lo cual se escribe fácil pero es una de las construcciones civilizatorias más relevantes de los últimos años-, le llega al Tribunal el asunto más espinoso con el cual se haya topado. Las ventajas están a la vista: se trata de un Tribunal probado, con experiencia y con amplias facultades. Y los partidos litigantes están acostumbrados y obligados a respetar sus resoluciones. Recordemos, además, que los senadores de todos los partidos aprobaron la designación de los magistrados.Nadie en su sano juicio puede pretender suprimir los conflictos electorales. Las energías y pasiones que desatan los comicios así como los errores de la autoridad y las estrategias de los partidos, de vez en vez construyen diferendos de muy diverso grado e intensidad. Lo importante, sin embargo, es contar con una vía y una institución capaz de resolverlos. Y para ello (por fortuna) contamos con el TEPJF.