PENSION VITALICIA Y BONO MILLONARIO.

El PEJE anda promoviendo como oferta de campaña, enviar al Congreso una iniciativa de ley para elevar a rango Constitucional el tope salarial de los funcionarios públicos: Presidente de la República, secretarios de Estado, Diputados y Senadores, Jueces y Magistrados, Gobernadores y ediles municipales. Dice AMLO que esa propuesta la enviará el mismo día que tome posesión del cargo, como un homenaje al bicentenario del natalicio de Benito Juarez, para honrar su memoria de austeridad republicana.

Y ahora salen los consejeros de la judicatura federal que quieren su pensión vitalicia y un bono de entre 6 y 8 millones de pesos, veamos esta nota de la Jornada:

Cuentan con el apoyo del ministro presidente de la Corte, Mariano Azuela Güitrón .

Pensión vitalicia y bono millonario, demandan consejeros de la Judicatura.

Es la tercera vez en 10 años que lo solicitan.
De 6 a 8 millones de pesos, el ''pago de marcha'' que piden para cada uno.
No tienen derecho, advierten fuentes de la Suprema Corte.

JESUS ARANDA.

Con el aval del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
Mariano Azuela Güitrón, los consejeros de la Judicatura Federal insisten en aprobar un acuerdo general para que, al cumplir su plazo constitucional de cinco años en el cargo, reciban ''pensión vitalicia'', como la de los ministros de la Corte, así como un ''bono de marcha'' de entre 6 y 8 millones de pesos para cada uno.

En 10 años que lleva constituido el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ésta es la tercera ocasión en la que los consejeros ''externos'', es decir, los que son nombrados por el Senado (2) y por el presidente de la República (1), los cuales se suman a los tres que designan la Suprema Corte y al ministro presidente, pretenden recibir una pensión a la que no tienen derecho ni legal ni constitucionalmente.

De acuerdo con fuentes judiciales de primer nivel, los principales impulsores de la medida son los consejeros Constancio Carrasco y Miguel A. Quirós Pérez -designados en 2004 por el Senado-, así como María Teresa Herrera Tello, ex consejera jurídica del presidente Vicente Fox,
quien en 2004 fue propuesta por el propio Ejecutivo federal como consejera.

Sus prestaciones Cabe señalar que los consejeros reciben sueldo similar al de los ministros de la Corte, es decir, más de 180 mil pesos mensuales más pago de chofer, seguro de gastos médicos, gastos de representación, teléfonos celulares y dos autos a su servicio. Además de su aguinaldo de 60 días, cuentan con fondo de retiro, donde el funcionario ahorra hasta 10 por ciento de su
salario mensual y el gobierno federal aporta la misma cantidad, lo que en términos generales les representa más de 200 mil pesos anuales extras.

Si bien los consejeros ''externos'' terminan su gestión en 2009, trascendió que su interés por aprobar dicho acuerdo radica en que Azuela Güitrón entrega el cargo el primero de diciembre de 2007, y nada garantiza que su sucesor apruebe las aspiraciones económicas de los funcionarios.

Aun cuando consejeros consultados han rechazado la existencia del citado convenio, no sería la primera vez que esconden tal información; en 2003 el actual ministro de la Corte y entonces consejero Sergio Valls negó la existencia del acuerdo 20/2003, en el que los consejeros homologaron sus pensiones a las de los ministros de la Suprema Corte, con la diferencia de que la reforma constitucional de 1994 y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación sólo conceden pensión vitalicia a los magistrados que cumplan 15 años en el cargo, quienes perciben ciento por ciento de su salario los dos primeros años, y 80 por ciento el resto de su vida.

En aquella ocasión, la ''única condición'' que pusieron los consejeros para percibir su pensión después de cinco años fue que al cumplir su encargo contaran con ''un mínimo'' de 25 años en el servicio público, aunque el salario para tomar en cuenta la pensión sería el de consejeros.

Dos años antes, los consejeros externos ya habían intentado algo similar, bajo la presidencia de
Genaro Góngora Pimentel en la Corte y el Consejo, pero el primero en oponerse fue el propio ministro presidente.

Cuando se hizo público el asunto, ministros indignados impidieron que los consejeros se salieran con la suya. De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas, los más interesados en
obtener la pensión vitalicia y el ''bono de marcha'' son los consejeros externos, ya que los que provienen del Poder Judicial Federal -Adolfo O. Aragón Mendía, Elvía Díaz de León y Luis María Aguilar- se han encargado de afirmar en público y privado que una vez que terminen su encargo regresarán a su puesto de magistrados de circuito y recibirán en su momento los beneficios previstos en la ley.

''Ganarse la vida''
Mientras, personajes que integraron en su momento el CJF y fueron designados consejeros por el Senado o por el Ejecutivo federal, como Alfonso Oñate Laborde, Sergio Melgar Adalid, Sergio Valls Hernández y Manuel Barquín Alvarez -y actualmente Carrasco, Quirós y Herrera Tello-, consideran que la prohibición constitucional de que al dejar su cargo los consejeros no puedan litigar durante dos años les cierra prácticamente la puerta para ''ganarse la vida''.

En esta ocasión, además del apoyo de Azuela, los consejeros cuentan con el visto bueno de los ministros Sergio Valls y Margarita Beatriz Luna Ramos, quienes siendo consejeros vieron con buenos ojos la aprobación de la pensión.

Sin embargo, ministros consultados consideran que no es válida esta postura, ya que desde que aceptaron el cargo conocían a la perfección los pros y los contras, y una vez que se compruebe oficialmente la existencia del acuerdo -porque necesariamente tendría que hacerse público como
acuerdo general o en el Diario Oficial de la Federación- exigirán al pleno de la Corte que ordene la revocación del mismo por ser a todas luces inconstitucional e ilegal, además de poco ético.

Estos señores de la Suprema Corte son los que, según nos quieren hacer creer algunos editorialistas, representan el Estado de Derecho, una de las instituciones mas sólidas con que cuenta el Estado mexicano. Flaco favor se hacen estos señores ministros al demandar tan desorbitadas prestaciones, que lejos están de ser Republicanas y austeras.Probablemente y de seguro, haya sus excepciones entre el cuerpo colegiado, pero el que haya recomendados en la plantilla laboral y estos son los que manifiesten su codicia, nos habla de que urge una reforma en la integración de esos cuerpos ministeriales.

Una razón mas para votar por AMLO y la mayoría perredista en el Congreso.