sábado, marzo 15, 2008

FECAL Y EL MARTITO VIOLARON LA LEY: EXPERTOS JURISTAS.

Raúl Carrancá y Rivas, doctor en derecho, no tiene duda: “Sí hay conflicto de intereses. No puedo ser un alto funcionario del Estado y hacer negocios que tengan que ver con mis familiares; y aunque no fueran parientes cercanos, no lo puedo hacer”. Agrega que el delito está tipificado en el Código Penal Federal y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El doctor en derecho público y ciencia política, Francisco Venegas Trejo, considera que el caso del actual secretario de Gobernación no es “insólito”. Quien fuera también director del Seminario de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dice que “siempre se ha practicado, a nivel político, el sacar beneficios y ventajas de la situación de poder o puesto que ocupan”. A esto, indica, la norma jurídica mexicana lo llama tráfico de influencias.

Francisco Venegas Trejo precisa que, como servidor público, Mouriño debió mantenerse al margen de las operaciones de negocios –aun siendo socio y con el derecho de serlo–, para evitar suspicacias.
En todo caso, dice el jurista, “Mouriño se debió eximir de firmar los contratos como apoderado legal de Ivancar y dejar que otro miembro de la asamblea general lo hiciera, para no figurar y ponerse en evidencia. De no demostrarse que los contratos fueron obtenidos por licitación pública, sino por adjudicación por Pemex, el secretario puede ser sujeto de responsabilidades administrativas, en cuanto que era servidor público”.

Denunciado por el superior jerárquico
Para Aída Lazcano, catedrática de la UNAM, son claras las violaciones flagrantes al orden legal, tanto penal como administrativo, toda vez que cualquier funcionario que realice acciones contrarias a su encargo y se beneficie de su posición, perpetra un delito. “Al momento que estás en el poder y lo utilizas en beneficio propio y de tu familia, allegados o amigos, queda claro el tráfico de influencias y, además, el conflicto de intereses”.
La catedrática asegura que la comisión de un delito conocido por el superior jerárquico debe ser denunciado a las autoridades competentes, de lo contrario agrava la situación, porque se convierten en cómplices, y una vez más se violenta el marco jurídico.
“Si nadie acata las normas, de qué sirve que los diputados legislen al respecto”, dice Lazcano.

México: sin justicia
Víctor Villagrana de Ávila, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, dice que en México se tiene un sistema legal sin justicia, ni equidad, ni igualdad. “Si se roban una gallina, los llevan a la cárcel; pero no sucede lo mismo si se roban millones de pesos del gobierno”.
Villagrana considera que los mexicanos no tienen confianza en el sistema legal, porque todo se ha convertido en un mercado, en el que la justicia se puede comprar y vender al mejor postor.
“Los privados se metieron a lo público; y los servidores públicos, a lo privado. Los empresarios que llegaron al poder hacen negocios con los bienes del Estado sin ningún escrúpulo”, considera.
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Mouriño, negocios al amparo del poder

De los 10 contratos y convenios, más cuatro modificaciones que Transportes Especializados Ivancar suscribió con Pemex desde que Juan Camilo Mouriño incursionó en la vida pública, seis fueron formalizados por el secretario de Gobernación –y avalados por el jurídico de Pemex, a cargo de César Nava Vázquez–, con lo que habría incurrido, por lo menos, en conflicto de intereses. Uno de los contratos, que firmó como funcionario federal, implicaría responsabilidades penales y administrativas. Además, los ingresos que obtuvo como contratista de la paraestatal no los incluyó en sus declaraciones patrimoniales, las cuales, desde que llegó a Los Pinos, permanecen cerradas y sin acceso a la opinión pública

Ana Lilia Pérez