A siete décadas
El presidente Lázaro Cárdenas del Río lee el decreto de expropiación petrolera en el balcón central de Palacio Nacional, durante la magna manifestación de apoyo, el 23 de marzo de 1938
Por la verdad
El gobierno de Felipe Calderón miente por sistema, por hábito heredado del foxismo y por necesidad. Emplea el término bienestar para encubrir la miseria, llama empleo al desempleo, invoca la seguridad para justificar la multiplicación de la inseguridad que ha tenido lugar durante los 16 meses y medio que llevamos padeciéndolo. Pretende hacer pasar las inmundicias contractuales de Juan Camilo Mouriño como actos de honestidad. Dice estado de derecho para designar al atropello, la impunidad y la injusticia. Habla de austeridad mientras reparte entre sus altos funcionarios sueldos de 200 mil pesos o de más. Califica de instrumento contra la delincuencia a reformas legales que son, en cambio, graves márgenes de discrecionalidad para cuerpos policiales de vocación represiva y delincuencial. Su discurso convierte la inacción en acción, los fracasos en logros, las violaciones homicidas en gastritis crónicas, la corrupción en transparencia, el servilismo a Washington en ejercicio de soberanía nacional. Pronuncia normalidad en un entorno institucional dislocado y envilecido por quienes se encuentran en su cúspide.
Para consumar su propósito de entregar los hidrocarburos nacionales a las corporaciones extranjeras (con el consiguiente cobro de comisiones bajo el agua), el calderonato debe empeñarse a fondo en la mentira. Comenzó por afirmar que no existían tales propósitos y acabó por urdir un embuste televisivo para justificarlo: el “tesoro escondido” de los yacimientos en aguas profundas; para extraerlo, se dice, “México puede aprovechar la tecnología y la experiencia de quienes ya extraen el petróleo en aguas profundas”. El espot se sirve con una guarnición de ataques mediáticos contra quienes se oponen a la privatización y se decora con la cabeza parlante de Cuauhtémoc Cárdenas, exhibida por la secretaria de Energía, justificando –en vísperas del aniversario de la expropiación, qué vergüenza– la urgencia oficial de empezar los trabajos en aguas profundas. A todo eso recurre el grupo encaramado en el poder, y a más, con tal de no decir la verdad, que es la siguiente: quiere abrir la industria petrolera a las corporaciones trasnacionales para cumplir compromisos inconfesables y para quedarse con una buena tajada de los contratos que resulten.Leer más...
México SA
■ Fonatur, Nafin, SCT... más contratos a los Mouriño
■ Como siempre, democrática adjudicación directa
Al ya conocido cuan grueso inventario de instituciones gubernamentales que, por adjudicación directa en la mayoría de los casos, han firmado contratos con la familia Mouriño y procurado sus negocios, habrá que agregar cuatro que hasta el momento no habían sido reivindicadas por tales acciones: la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Nacional Financiera (Nafin), Fonatur y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
También hay que añadir cuatro “constancias de trámite para la construcción de estación de servicio” (léase cuatro nuevas gasolineras para el Corporativo GES, que ya cuenta con 38 en cinco estados sureños de la República), extendidas por la Subgerencia Regional de Ventas Zona Sur de Pemex-Refinación a partir del 17 de enero pasado (sirva de referencia que la víspera Juan Camilo fue nombrado secretario de Gobernación) y vigentes hasta el 23 de abril de 2008.
La suma amparada en los 11 contratos que esas cuatro instituciones gubernamentales firmaron con el clan Mouriño (dos corresponden a la Conagua, producto de dos “excepciones de licitación pública”; siete a Nafin; uno a Fonatur y otro a la SCT) es de cinco millones 24 mil 266 pesos con siete centavos, pero el realmente importante es el autorizado por la SCT (vigente del 16 de mayo de 2006 al 31 de diciembre de igual año): cinco millones de pesos, aprobado por el director general del Centro SCT Campeche y producto (garbanzo de a libra) de una licitación pública nacional.
Los otros diez, por 24 mil 266.07 pesos, resultan más costosos por su manejo y administración que por el monto en ellos involucrado. Incluso uno de los suscritos por Nafin (O-2636-2007, del 30 de septiembre de 2007) avala el pago de 226.09 pesos por concepto de “gasolina”. Sin embargo, da cuenta incluso de que el clan Mouriño pelea hasta el último centavo.
Por la denuncia de Andrés Manuel López Obrador se conocieron cinco de los siete contratos de Pemex con Transportes Especializados Ivancar (Tiesa), con Juan Camilo en su doble papel de apoderado legal y funcionario; otros dos fueron divulgados por Convergencia, y se espera que en breve se revelen los que la familia Mouriño suscribió con distintas instituciones del sector eléctrico gubernamental.
Poco a poco han salido a la luz pública los contratos del clan Mouriño con el sector público. Difícilmente serán los únicos, pero hasta el momento se han documentado 42 (sin considerar las 38 gasolineras y las cuatro “constancias de trámite para la construcción de estación de servicio”), la mayoría de los cuales no serán investigados (si en realidad investiga algo) la comisión legislativa que, a modo, armaron los prianistas para el caso Mouriño.
Hasta donde se conoce, además de los siete contratos de Ivancar (firmados entre 2000 y 2004) con Pemex-Refinación y los once de las citadas cuatro instituciones gubernamentales, el clan Mouriño hace negocios (trasportación de petrolíferos, expendio de gasolina y vales para este combustible, cuando menos) con el Instituto Mexicano del Seguro Social (10 contratos), Diconsa (dos), El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur, uno) y Telecom (11), por un monto conjunto cercano a 114 millones de pesos.
Con el IMSS, de acuerdo con el registro del IFAI, diez son los contratos firmados con la empresa ESGES, del clan Mouriño, todos por adjudicación directa. La suma de ellos ampara más de 11 millones de pesos. De esa decena de contratos, seis se firmaron en tiempos de la “continuidad” (hasta el 16 de octubre de 2007), e implican alrededor de 5.4 millones de pesos.
Diconsa, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social, también ha sido generosa con la familia del secretario de Gobernación. Dos fueron los contratos firmados por el organismo gubernamental con la empresa ESGES para el “suministro de combustible (en sus) oficinas Campeche y Quintana Roo”, por un monto cercano a 11 millones de pesos. Lo sorprendente del caso es que fueron producto de una licitación pública nacional, de acuerdo con el registro del IFAI. El primero (PSG/059/2006) se formalizó el 2 de enero de 2006, y el segundo (PSG/287/2007) el primero de marzo de 2007.
En el caso de Telecom, 11 fueron los contratos firmados por el gerente estatal en Tabasco con el clan Mouriño, pero muy pequeño el monto involucrado, si se compara con otras minas: 259 mil 134 pesos. Eso sí, todos por democrática adjudicación directa y firmados a lo largo de 2007, cuando Juan Camilo reposaba entre algodones como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.
El contrato (CMP071874) que no queda claro es el que Fonatur, por medio de su gerente general sucursal Cancún, firmó con la empresa ESGES del clan Mouriño. Obvio es que fue resultado de adjudicación directa, pero el objeto del contrato queda en el aire, pues sólo establece que es “para trabajos en Mahahual”, el pequeño centro turístico ubicado en Quintana Roo, cerca del cual la familia dorada opera una gasolinera, con su respectiva tiendita, también propiedad del clan. ¿Qué “trabajos” serán?
En fin, de los 42 contratos documentados, de los que sólo serán “investigados” por la comisión legislativa que, a modo, aprobaron los prianistas, 37 han sido por adjudicación directa, es decir, 88 por ciento del total; dos resultado de “excepciones de licitación pública” y otro tanto por licitación pública nacional.
Entonces, como dicen los clásicos no se va, pero es obvio que tampoco puede quedarse.
Las rebanadas del pastel
Para el “catarrito” de Agustín Carstens, el gurú Alan Greenspan diagnosticó: “la actual crisis financiera en Estados Unidos será juzgada probablemente como la más grave desde el fin de la Segunda Guerra Mundial”… Las “golizas” del inquilino de Los Pinos son idénticas a las de Hugo Sánchez y sus ratoncitos verdes: pierden todos los partidos, salvo uno, pero aseguran que la descalificación para Pekín 2008 fue por “la mínima diferencia de un gol”. Pues no, es consecuencia de perder todos menos uno, pero todo indica que entre Pentapichichis se entienden… Y hoy, en pleno embate privatizador, el 70 aniversario de la expropiación petrolera. Habrá que ver.
Álvaro Uribe, señor de las sombras y Los Pinos
El señor de las sombras es también el mejor amigo de Felipe Calderón en Sudamérica. A pesar de las continuas declaraciones de Los Pinos sobre la guerra sin cuartel contra el narcotráfico, la política colombiana de “seguridad democrática” es tomada como ejemplo a seguir por la administración calderonista. Por eso la cancillería mexicana no ha expresado una sola protesta por el asesinato de cuatro jóvenes en Ecuador, a manos del ejército colombiano. Una vergüenza.Leer más...Hacer humo al país · El Fisgón
Retrato hablado · Hernández
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