KAMEL FELIZ, LA SUPREMA CORTA LE LIMPIO LAS PENAS Y EL NEGRO FIDEL LE AUMENTA LA CHEQUERA

LA PRIVATIZACIÓN ENERGÉTICA YA DA SUS FRUTOS A LOS NEFASTOS EMPRESARIOS DE ESTE PAÍS DE CARICATURA, DONDE LA LEY VALE MENOS QUE EL PAPEL HIGIÉNICO EN SUS MANSIONES.

DEL PROCESO SEMANAL

Reaparece Nacif, de la mano de Herrera
Regina Martínez

La nueva mayoría priista del Congreso de Veracruz aprobó la firma de contratos de varios ayuntamientos con la empresa Proenermex para que les venda energía eléctrica destinada al alumbrado público durante los próximos 15 años. La oposición –PAN, PRD, Convergencia y PT– denunció que esa operación, más que beneficiar a los municipios, proporcionará al menos mil 875 millones de pesos al dueño de esa firma y amigo del gobernador Fidel Herrera, José Kamel Nacif Borge, el Rey de la Mezclilla, con artilugios legaloides que violan todas las normas y ponen de cabeza el estado de derecho...

XALAPA, Ver.- Dos semanas antes de que concluya el ejercicio constitucional de los ayuntamientos de Veracruz, la mayoría priista del Congreso del estado autorizó a cinco municipios, el pasado 14 de diciembre, la firma de contratos de suministro de energía con la empresa Procedimiento Energético Mexicano, S.A. de C.V. (Proenermex), cuyo administrador único es José Kamel Nacif Borge, el Rey de la Mezclilla.

Con la oposición de los legisladores de otros partidos –la mayor parte de ellos surgidos del PAN y del PRD–, los diputados priistas avalaron la propuesta de que en una primera etapa, que más tarde podría extenderse a los demás ayuntamientos, los municipios de Xalapa, Orizaba, Tuxpan, Córdoba y Coatzacoalcos adquieran durante 15 años de Proenermex energía eléctrica que, a precios actuales, representaría un ingreso global de mil 875 millones de pesos para Kamel Nacif.

Mediante este contrato, las futuras cinco administraciones del mismo número de municipios quedan comprometidas a erogar en conjunto cada año, durante una década y media, alrededor de 125 millones de pesos a precios actuales.

La anterior Legislatura había congelado esta propuesta ante el escándalo que envolvió al gobernador Fidel Herrera Beltrán por su relación con el cuestionado empresario de origen libanés al que la periodista Lydia Cacho involucró en una red de pederastas en su libro Los demonios del Edén.

El PRI, partido que tras las recientes elecciones municipales y legislativas controla el Congreso local, desempolvó las solicitudes, archivadas desde 2006 debido a que entonces el PAN y el PRD se opusieron a dar entrada a las propuestas de 89 municipios que pretendían comprar el energético a Proenermex para el alumbrado público.

A la sazón, según denunció a Proceso el alcalde perredista de Ciudad Mendoza, Sergio Rodríguez Cortés, los ayuntamientos fueron presionados por el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Rafael Murillo Pérez, para que firmaran dichos convenios. Convertido en “promotor de la empresa de Kamel Nacif”, Murillo giró oficios a los gobiernos municipales para “sugerirles”, por instrucciones del gobernador Herrera Beltrán, entablar esa relación comercial.

No obstante, ante las versiones y evidencias de que Kamel Nacif y el gobernador Herrera Beltrán mantenían una “estrecha relación de amistad” –el propio Fidel había reconocido en 2005 que era su “amigo”–, la anterior Legislatura, donde el PAN y el PRD hacían mayoría, determinó aplazar la discusión de las más de 80 solicitudes de autorización que ya habían enviado los gobiernos municipales.

A pesar de ello, en la sesión legislativa del 14 de diciembre pasado, los priistas aprobaron los dictámenes correspondientes tras un acalorado debate, con el rechazo de PAN, PRD, Convergencia y PT por considerar que se violentaron diversos artículos de la Constitución (25, 27 y 28, entre otros).

Aunque, de acuerdo con documentos consultados por Proceso, la accionista principal de Proenermex es una hija del Rey de la Mezclilla, Rosa Lisette Nacif Benavides, mientras que José Kamel Nacif Borge funge como administrador único, los diputados priistas argumentaron que José Kamel no figuraba en el acta constitutiva de la empresa, por lo que no se le podía adjudicar su propiedad.

“Los inversionistas son otros, y la contratación de este servicio será en beneficio de los propios ayuntamientos, pues obtendrán un 10% de ahorro”, aseguró la presidenta de la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Congreso, la priista Marilda Rodríguez Aguirre.

E inclusive el gobernador Herrera Beltrán, interrogado sobre su relación con Kamel Nacif, llegó a afirmar que, independientemente de lo que diga la justicia, “en Veracruz no quiero pederastas, ni en el sector eléctrico ni en el PAN ni en ningún lado”.

Según Fidel Herrera, Proenermex es una “empresa muy positiva, cuyos propietarios –aseguró– son David Troice Jalife, Jacobo Troice Jalife, Jaime Abad Cherem y Carlos Carrera”.

Y, al igual que lo hicieron los legisladores priistas en la tribuna, el mandatario estatal aseveró que Proenermex ya no era propiedad de Kamel Nacif, pues “vendió sus acciones” a los empresarios mencionados.

Sólo que el acta constitutiva de Proenermex que fue enviada al Congreso para discutir las solicitudes –una copia de la cual se halla en poder de Proceso– menciona en efecto a dichos empresarios como miembros del Consejo de Administración de la compañía, pero su administrador único sigue siendo José Kamel Nacif Borge, y la accionista principal Rosa Lisette Nacif Benavides, de acuerdo con algunas modificaciones que se le hicieron apenas en febrero de este año.

El mandatario estatal dijo además que la generación independiente de energía, aprovechando fuentes perdidas u olvidadas como las “de la industria textil, que tenían 50 años cerradas, está abatiendo los costos por lo menos en un 10%”. (En realidad, dichas plantas dejaron de operar a principios de los años noventa.)

Respecto a la oposición de los panistas a recibir suministros de energía de fuentes generadoras pertenecientes a particulares, Herrera Beltrán manifestó que ellos “desconocen el Plan Nacional Energético, e ignoran la trayectoria y trabajo de Felipe Calderón como secretario de Energía, quien interpuso un amparo contra la negativa de generación independiente de energía. Y lo ganó”.

Proenermex, indicó, genera energía eléctrica a través de la planta hidroeléctrica Santa Gertrudis, municipio de Nogales, “en la que invirtió 38 millones de dólares”, y tiene capacidad para suministrar alumbrado público a 20 municipios de la entidad.

Lo que no han dicho las autoridades estatales es que, con estos contratos, los ayuntamientos quedan obligados a comprar el energético a Proenermex durante los próximos cinco trienios y que, de acuerdo con cifras de la Sefiplan, sólo Xalapa destinó en 2006 más de 25 millones de pesos a alumbrado público.

Más aún, el jueves 20 de diciembre, la mayoría priista autorizó así mismo al alcalde panista de Boca del Río, Francisco Gutiérrrez de Velasco, contratar energía eléctrica para el alumbrado público con la empresa Hidrorizaba, S.A. de C.V., cuyo propietario no se menciona, pero que, de acuerdo con lo expresado en la tribuna por el perredista Fredy Ayala, podría ser también “propiedad del señor Kamel Nacif, ya que es una persona que al parecer es dueño de otras 14 compañías como éstas”.

Los artilugios

La oposición acusó a los priistas de haber hecho “legal lo ilegal, convirtiendo en lícito lo ilícito”, al aprobar los dictámenes referidos de manera inconstitucional. Por medio de una “estratagema legaloide”, expusieron los legisladores, pretenden hacer creer que dicha contratación traerá beneficios a los municipios, “cuando en realidad sólo beneficiará a los dueños de la empresa”.

Aun cuando la Comisión Reguladora de Energía otorgó un permiso de generación de fluido eléctrico a Proenermex, únicamente lo hizo para el autoabastecimiento, no para comercializarlo ni para convertir a los ayuntamientos en socios, manifestó en entrevista con Proceso el legislador panista Jesús Mancha Alarcón, y explicó que la empresa de Nacif recurrió a la fórmula de asociar a los ayuntamientos donándoles una acción con valor de un peso.

Pero, advirtió, el permiso está a nombre de Proenermex, y hasta el momento ningún ayuntamiento puede figurar como socio de la empresa “porque, por ley –artículo 36 de la Ley de Servicio de Energía Eléctrica–, no puede serlo”.

El hecho es que Proenermex no utilizará la energía sólo en el autoabastecimiento, “sino que obtendrá un lucro de ello” para no tener que entregar los excedentes a la CFE. Y esto, puntualizó, es ilegal pues el mismo artículo 36 establece que los titulares de los permisos “no podrán vender, revender o por cualquier acto jurídico enajenar capacidad o energía eléctrica”.

Para generar energía eléctrica, expuso, la familia Nacif adquirió las hidroeléctricas con las que operaban las fábricas textileras de la región de Río Blanco, “aprovechándose de la necesidad de los obreros” que, al ganar laudos laborales, pasaron a ser propietarios de las instalaciones.

Ahora, con la finalidad de hacer socios a los ayuntamientos, Proenermex modificó el acta constitutiva original de la empresa para expedir acciones de “voto limitado”, es decir, “con voz sin voto, dentro del Consejo de Administración”, explicó Jesús Mancha.

En un oficio firmado por el apoderado legal de la empresa, Elías Abad Cherem, se indica que, “para la compra del suministro eléctrico a Proenermex, el municipio interesado deberá recibir una acción de voto limitado, a través de la celebración de un contrato de donación entre el ayuntamiento y uno de los accionistas”.

Para Proenermex, acotó el legislador, fue una gran idea hacer al ayuntamiento socio de la empresa. Sin embargo, es un artilugio legaloide con el que se pretende violar la Constitución y la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

“Si el ayuntamiento es copropietario de la empresa, ¿cómo es que se va a vender a sí mismo la energía generada por la empresa de la que es socio?”, cuestionó, y destacó que en el mismo contrato queda obligado de manera “forzosa” a mantener el convenio con Proenermex.

Refirió que en la cláusula séptima del contrato se estipula que entrará en vigor a partir de su firma y “permanecerá vigente por un plazo forzoso de 15 años contados a partir de la fecha de su inicio”, contraviniendo la legislación, según la cual un contrato de esta naturaleza puede ser cancelado “por voluntad del usuario”.

Aún más, tanto el PAN como el PRD pusieron en entredicho el supuesto ahorro del 10% que podría representar la compra de energía a una empresa privada, en virtud de que los ayuntamientos reciben un subsidio de 30% por parte de la CFE para el suministro de energía destinada al alumbrado público.

En la hipótesis de que el gobierno federal mantuviera ese 30% de apoyo, “estaría subsidiando a un particular” con tarifas regidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), denunciaron diputados panistas y perredistas en la sesión plenaria del 14 de diciembre.

Mancha Alarcón advirtió igualmente que la cláusula tercera del contrato ampara el título de permiso número E/588/AUT/2007 de la Comisión Reguladora de Energía a Proenermex, y con toda claridad indica que es “para autoabastecimiento” de la permisionaria y sus socios, y con esta calidad sólo figuran las empresas Global Denim, S.A. de C.V. y Global Jeans, S.A. de C.V. “No aparecen los ayuntamientos”, subrayó.

Conforme a la condición cuarta de dicho permiso, en los planes de expansión de la permisionaria está prevista la persona moral SKYTEX México, S.A. de C.V., pero en este caso “nuevamente no aparecen los ayuntamientos”, dijo.

Esto significa “que Proenermex no podrá entregar energía eléctrica al ayuntamiento, toda vez que éste no fue socio de la empresa al aprobarse el proyecto original, ni fue incluido en los planes de expansión de la permisionaria”. En consecuencia, para cambiar el destino del energético, tendría que obtenerse un nuevo permiso.

Aunado a ello, apuntó, el contrato especifica que la compañía proporcionará energía eléctrica a un precio menor en 10% a la tarifa que cobra la CFE hasta cierto límite de watts, “pero en ninguna parte dice cuánto costará cada watt que se sobrepase, y tampoco incluye los gastos operativos, de amortización de créditos, pagos de transmisión y distribución e impuestos”.

Mediante estos artilugios legaloides, remarcó, la firma de la familia Nacif buscó la manera de eludir la ley “de manera marrullera y tramposa, ya que con mentiras tratan aparentemente de donar una acción de voto limitado para que los ayuntamientos se conviertan en sus socios y así beneficiarse de manera particular”.

La diputada perredista Margarita Guillaumín sacó a relucir los escándalos de pederastia y las violaciones a garantías individuales que involucran al empresario textilero Kamel Nacif, mientras que el legislador de Convergencia Alfredo Tress anunció que se recurrirá a una controversia constitucional para hacer respetar la ley.

Tampoco ellos fueron escuchados.