Comunicado de la Secretaría de Educación, Ciencia y Cultura

Un jugoso negocio la educación, para unas cuantas empresas; hay poco que celebrar, afirma Sosa Elízaga

México, Distrito Federal
Martes 15 de mayo de 2007


* Subraya que 93 por ciento de las escuelas rurales carece de aulas, bibliotecas y hasta sanitarios

* Destina el gobierno espurio 18 mmdp a Enciclopedia, pero el 82 por ciento de las escuelas públicas no tiene computadoras

* En los últimos años han desaparecido el mayor número de escuelas normales rurales, denuncia la secretaria de Educación

En este quince de mayo, día de los maestros y maestras, hay, desgraciadamente, poco que celebrar: la educación pública en nuestro país se ha convertido en un inmenso negocio, del que se benefician unas cuantas empresas y al que se rinden cuentas a organismos internacionales, mientras que se desprecia la voluntad y aspiraciones del pueblo de México, y se desconoce el Artículo Tercero de nuestra Constitución, aseguró la secretaria de Educación, Ciencia y Cultura, Raquel Sosa Elízaga.

Manifestó que del presupuesto federal que hoy se destina a la conducción de la educación, sólo 9 mil millones se orientan a la educación básica. De acuerdo con la información del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el 93 por ciento de las escuelas rurales y de zonas marginadas no tienen aulas adecuadas, sanitarios, biblioteca; más del 60 por ciento de los niños de primaria padece desnutrición; la Secretaría de Educación Pública reconoce que ni siquiera tiene un padrón adecuado de los maestros que imparten bachillerato en escuelas públicas del país, explicó.

En contraste, aclaró, pretende destinarse 18 mil millones de pesos a Enciclomedia, aunque el 82 por ciento de las escuelas del país no tenga computadora; se gastarán 1,500 millones de pesos en programas de evaluación educativa, y cerca de 30,000 millones de pesos en proyectos de inversión en bachillerato tecnológico (el 90 por ciento del presupuesto de inversión de la Secretaría) sólo para satisfacer las exigencias del Banco Mundial y la OCDE.

Hizo énfasis en que han desaparecido la mayor parte de las escuelas normales rurales, y no se destina a la formación de los maestros ni el 1 por ciento del presupuesto federal de la educación.

Además, y esto es lo más ominoso, se cobran cuotas ilegales a padres y madres de familia de primaria, secundaria y bachillerato, del orden de 8 mil millones de pesos. Y se excluye de la educación media superior a más del 30 por ciento de los jóvenes en edad escolar. Sólo 18 de cada 100 jóvenes accede a la Universidad, subrayó.

Eso sólo puede ocurrir porque la titularidad de la Secretaría de Educación Pública del gobierno espurio la ocupa una persona que carece totalmente de conocimientos en educación, pero es administradora de empresas, agregó.

Recordó que administró, por ejemplo, los padrones de beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social y a todos los delegados de esa institución, para amenazar, durante la campaña de Calderón, a quienes pretendieran votar por Andrés Manuel López Obrador. Esa persona, que hoy decide sobre el destino de los recursos educativos del país a discreción, recibe un salario bruto mensual de 228,000 pesos, mientras que un maestro de secundaria difícilmente llega a 5,000.

Eso ocurre también porque el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido secuestrado desde hace dieciocho años por quien únicamente se ha dedicado a enriquecerse y sembrar un régimen de terror entre los maestros, añadió.

Afirmó Sosa Elízaga que cómplice también del fraude electoral, para el que utilizó a más de 30,000 maestros, directores y supervisores de escuelas en el país; cómplice del crimen contra el pueblo de Oaxaca perpetrado por Ulises Ruiz; ahora está lista para adueñarse de 160,000 millones de pesos de las pensiones de los trabajadores del estado y maestros, sobre la base de las ilegales contrarreformas a la Ley del ISSSTE.

Es por estas razones que la Secretaría de Educación, Ciencia y Cultura ha decidido convocar a maestros y maestras, padres y madres de familia y estudiantes de todos los niveles educativos, a que recuperemos la dignidad de la escuela y del proceso educativo en su conjunto. La educación pública, gratuita, laica, democrática y nacional es un derecho de todos los mexicanos, hombres y mujeres, y es una responsabilidad inexcusable del Estado, destacó.

Llamó a constituir una red de contralores ciudadanos en educación con el apoyo de la Asociación de contralores ciudadanos, y basados en la exitosa experiencia del gobierno del Distrito Federal, bajo la conducción de Andrés Manuel López Obrador. Quienes se incorporen libremente a este programa, vigilarán que:

• No se realicen cobros de cuotas ilegales en las escuelas;
• Se cumpla con la obligación del Estado y el derecho de todos los mexicanos a recibir educación básica en el sistema de educación pública nacional;
• No se excluya ilegalmente a los estudiantes que aspiren a cursar el nivel medio superior y superior;
• Los servicios educativos sean prestados con calidad, oportunidad y eficiencia;
• La educación sea laica y promueva valores democráticos y nacionales;
• Existan garantías de seguridad para los estudiantes en la infraestructura educativa y que los recintos tengan condiciones mínimas de dignidad y adecuación a las tareas educativas que se realicen;
• No sea utilizada en forma alguna la infraestructura ni las actividades educativas para la realización de proselitismo político, ideológico o religioso, ni en beneficio de grupo o persona alguna, sino exclusivamente para los fines establecidos por la Constitución.

La secretaria de Educación, Ciencia y Cultura informó que los interesados en inscribirse en este programa podrán acudir a las oficinas de la Secretaría de Educación, Ciencia y Cultura del Gobierno Legítimo de México, en Ave. Ejército Nacional no. 359, México D.F., llamar al teléfono 55 45 61 00, extensión 201; obtener la información en la página Internet de la Secretaría:
http://www.secc.gobiernolegitimo.org.mx o escribirnos al correo electrónico: secc@gobiernolegitimo.org.mx

Aseguró que la educación es nuestro derecho: no permitamos que se siga pervirtiendo, manipulando y utilizando para beneficio de unos cuantos.

Fuente: Gobierno Legítimo de México