EL SACRIFICIO DE LOS IGNORADOS.

Fin pactado.

Pablo Marentes.
7 de noviembre de 2006.

En las sociedades contemporáneas, con régimen federal presidencialista, el poder del Estado es asumido durante periodos determinados por una persona a quien los votantes le otorgan un mandato para desempeñar actividades ejecutivas auxiliado de sus más cercanos colaboradores, quienes habrán de operar los aparatos del Estado.

En las de organización parlamentaria, una mayoría homogénea o en coalición partidaria le otorga a un dirigente la confianza para formar y encabezar el gobierno y ejercer las facultades ejecutivas inherentes al encargo.

En condiciones excepcionales, la terminación del mandato puede anticiparse. En los regímenes parlamentarios, mediante una votación para ratificar o retirar la confianza al jefe del gobierno. Si se le retira, su gobierno cae.

En los regímenes republicanos, la conclusión anticipada del mandato del titular del Ejecutivo nacional es un proceso irrealizable.

Es difícil, mas no imposible de llevarlo a cabo, en el caso de ejecutivos regionales o locales. En México el artículo 76 de la Constitución señala que es facultad exclusiva del Senado "declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo estado".

Y, ¿cómo saben los ciudadanos de un estado y el Senado que han desaparecido los poderes? Mediante la actividad de los partidos políticos cuyo fin es, como lo señala el artículo 41, "promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, hacer posible que los ciudadanos tengan acceso al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y (también) mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo".

Por lo general son los partidos de oposición los que intentan hacer evidente que el gobernador no gobierna, que los ciudadanos no acatan las normas que elaboran los legisladores, ni son obedecidas las sentencias.

Eso es lo que ocurre en Oaxaca. Las oposiciones, los movimientos sociales y las personas tratan de remover a un gobernador heredado que pertenece a un grupo afiliado o que simpatiza con un partido que ha operado los aparatos del estado ininterrumpidamente desde hace 76 años, para beneficiar intereses particulares.

La situación no sería tan grave si partidos, movimientos, asociaciones y personas estuvieran enfrascados en escaramuzas preelectorales. En realidad la vida entera del estado de Oaxaca está alterada.

La alteración es consecuencia del lamentable desconocimiento del presidente Fox y de su secretario Abascal, de Gobernación, de la complejidad demográfica, política y cultural de Oaxaca.

También es producto de la abulia de su secretaria Aranda, de Desarrollo Social; del mutis que mantiene el secretario Reyes Tamez, de Educación; de la superficialidad de su comisionada Xóchitl Gálvez para el desarrollo de los pueblos indígenas; de la impericia de su secretario Medina Mora, de Seguridad Pública; y de la inacción del presidente Espino de su partido, Acción Nacional.

El sacrificio de los ignorados habitantes de los 570 minúsculos municipios y de los conjuntos de la eterna diáspora oaxaqueña continuará en aras de la corrupción de un ex gobernador y de la ineptitud de su sucesor, y del cinismo de una ralea que deja al país postrado en vísperas de una recesión continental grave y profunda, que mantendrá su entente con los directivos priístas a fin de asegurar a los miembros ¡todos! de la familia presidencial un pacífico tránsito hacia la condición de sencillos ciudadanos.

Profesor de la FCPyS de la UNAM