ESTA SEMANA PROCESO NOS ACERCA MAS DATOS DE LA CORRUPCION E IGNOMINIA EN QUE SE DESENVUELVEN LOS OCUPANTES DE LA CABAÑITA DE LOS PINOLES.
NOTA ORIGINAL:
Impunidad con aval
Jesús Cantú
A confesión de parte, relevo de pruebas. La Cámara de Senadores decretó la indefensión de la ciudadanía frente a los malos gobernantes, cuando aceptó en la primera conclusión de su dictamen que “el marco legal para la desaparición de poderes está rebasado por la realidad y la compleja vida actual. La legislación vigente fue pensada para un sistema político que ha sido superado por la dinámica política que en los últimos años ha vivido el país”.
En el pasado, con el presidencialismo metaconstitucional no se requería de leyes o procedimientos para remover a los gobernadores; bastaba la voluntad presidencial para decidir la suerte de los mismos. El presidente ponía y quitaba gobernadores a su antojo. Carlos Salinas de Gortari removió, por los más diversos motivos, a 11 gobernadores.
En 1991, hizo que Ramón Aguirre y Fausto Zapata renunciaran a las gubernaturas de Guanajuato y San Luis Potosí, respectivamente, para dar paso a las concertacesiones. Después del alzamiento zapatista, en enero de 1994, forzó la renuncia de Elmar Seltzer al gobierno de Chiapas.
Durante su administración, Ernesto Zedillo obligó a renunciar a seis ejecutivos estatales, entre los que destacan Rubén Figueroa Alcocer, de Guerrero, y Julio César Ruiz Ferro, de Chiapas, luego de las matanzas de Aguas Blancas y Acteal.
En aquellos tiempos, las disposiciones constitucionales y legales eran irrelevantes. Luis Echeverría fue el último presidente que recurrió a éstas para remover a los gobernadores; quienes le sucedieron, simplemente comunicaban su decisión, que era acatada de manera inapelable. Sin embargo, una vez agotado el modelo presidencialista no se construyeron los mecanismos jurídicos que brinden sustento a la gobernabilidad democrática.
Actualmente, el perfeccionamiento de la normatividad electoral se ha convertido en el aspecto central, pese a que el rasgo más democrático del sistema mexicano consiste en la realización de elecciones para elegir gobernantes y representantes populares. No obstante, es necesario el establecimiento de una legislación que permita el control ciudadano en el ejercicio del poder. Mientras no se cumpla con esta condición, se dará el caso –como ocurre ahora– de que hay autoridades democráticamente electas dentro de un régimen autoritario en el cual la ciudadanía no tiene manera de defenderse frente a la arbitrariedad, displicencia o ineptitud de sus gobernantes.
El reconocimiento por parte del Senado de que el artículo 76 constitucional y su ley reglamentaria no le permiten declarar la inexistencia de poderes en Oaxaca equivale a dejar la vía libre para los abusos, atropellos y torpezas de los gobernadores, a pesar de que en su dictamen estableció que es patente la ingobernabilidad por la que atraviesa el estado y que “se ha perdido la vigencia plena del orden jurídico y de las instituciones”.
Pese a los señalamientos contenidos en el documento que la Comisión de Gobernación elevó a la consideración del pleno, los senadores –en amplia mayoría– estimaron que no era aplicable la fracción III del artículo 2 de la Ley Reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución, que a la letra señala:
“Se configura la desaparición de poderes de un estado únicamente en los casos de que los titulares de los poderes constitucionales: (…) III.- Estén imposibilitados del ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico.”
Con su decisión, los senadores cancelaron la única vía legal transitable para resolver el problema de Oaxaca. Las disposiciones de los artículos 110 y 111 constitucionales, que regulan los procedimientos para instaurar un juicio político o una declaración para proceder penalmente contra los gobernadores, establecen que las resoluciones de ese cuerpo colegiado se enviarán a las legislaturas locales, “para que en el ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.
Más allá de que es impensable que el Congreso de Oaxaca, con mayoría priista, proceda contra Ulises Ruiz, la Constitución de dicha entidad es todavía más restrictiva en cuanto a las causales para actuar en contra del titular del Ejecutivo estatal.
El voto de los senadores avaló las torpezas e ineptitud de Ulises Ruiz y, de pasada, los abusos, atropellos y arbitrariedades cometidos por Mario Marín, pues decretó la impunidad de los gobernadores y la inutilidad del Senado, al menos en esa materia. Con claridad meridiana este cuerpo legislativo exhibió los límites de las instituciones mexicanas y la inexistencia de un régimen democrático que permita a los ciudadanos sancionar los excesos de quienes los gobiernan. Nuevamente se expresa la indefensión en que se encuentra la ciudadanía. l
Secreto de dos ISOSA-Hildebrando
Jesusa Cervantes
Diego Hildebrando Zavala, cuñado del presidente electo Felipe Calderón Hinojosa, no sólo fue beneficiado por el gobierno foxista mediante contratos millonarios para su empresa Hildebrando, sino que ha tenido acceso a información privilegiada.
Por sus manos han pasado todos los asuntos jurídicos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), como juicios civiles y mercantiles, deudores, amparos contra actos, juicios de nulidad y cancelación de patentes aduaneras, entre otros, lo que se traduce en un acceso único a información detallada sobre los contribuyentes.
Esos valiosos datos se los proporcionó Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda y Crédito Público, quien a través de su controvertida empresa Integradora de Servicios Operativos, S.A. (ISOSA), le ha extendido contratos desde 1996. Lo hizo bajo la condición de firmar una cláusula de “confidencialidad” por 12 años.
Es decir, durante dos sexenios nadie ajeno a Zavala y a Gil puede conocer el contenido de “los programas” o “cualquier información de la cual llegare a tener conocimiento” el hermano de Margarita Zavala de Calderón.
La cláusula incluye información “relacionada con cualquier entidad integrante” de ISOSA, es decir, se aplica a los fideicomisos Aduanas I, Aduanas II y otras empresas que Gil Díaz conformó para realizar el llamado cobro DTA (Derecho por Trámite Aduanero) y que la Auditoría Superior de la Federación consideró irregular, ya que esas entidades no reportaron a la Tesorería de la Federación 10 mil millones de pesos en ingresos.
La relación Hildebrando-ISOSA fue revelada durante el segundo debate de la pasada campaña presidencial, cuando Andrés Manuel López Obrador habló de los servicios que el cuñado del hoy presidente electo ha prestado a la administración pública federal. Pero entonces el contenido de los contratos, las cantidades millonarias, sus alcances y el tiempo que lleva la relación “contractual” entre Diego Hildebrando Zavala y Francisco Gil no se habían dado a conocer en su totalidad.
Proceso obtuvo copia de algunos contratos firmados de 1998 a 2004. En el más reciente, Hildebrando se comprometió a prestar sus servicios del 24 de enero de 2005 al 23 de enero de 2006.
Confidentes
El vínculo entre Francisco Gil Díaz y el cuñado de Felipe Calderón comenzó entre 1996 y 1997. Por ese tiempo, ISOSA, la empresa creada por el entonces subsecretario de Ingresos, tenía tres años de haber sido creada y, para cobrar el DTA, se apoyaba en otra compañía formada en aquellos años: la Integradora de Activos, S.A. (IASA).
A través de ésta se establecieron los primeros contratos de ISOSA con Hildebrando, según consta en diversos documentos.
El trabajo de Hildebrando consistió en diseñar y desarrollar “el principal sistema de información de la Administración Jurídica General del SAT”, conocido como Júpiter (Jurídica: Programa Integral para la Toma de Decisiones, Evaluación y Resolución).
La función de Júpiter, según el SAT, es “integrar todos los procesos legales y administrativos de la administración general jurídica en un sistema de información que apoya la toma de decisiones y la operación diaria. A través de este sistema, las administraciones locales y centrales jurídicas realizan el inventariado, control y seguimiento de los juicios de nulidad, consultas, autorizaciones, recursos administrativos, asuntos penales, amparo contra actos y asistencias legales, entre otros”.
Este programa permite llevar el control de los litigios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que actualmente tiene 40 mil juicios vigentes y 2.5 millones de asuntos registrados.
Sin ser funcionario federal, el cuñado de Felipe Calderón ha tenido acceso a información privilegiada, pues han pasado por sus manos los padrones de pequeños y grandes contribuyentes, con todo y sus problemas fiscales.
Cuando se denunciaron los múltiples contratos que Hildebrando ha firmado con órganos federales (Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, Banobras, Instituto Mexicano del Seguro Social y las secretarías de Energía y de Desarrollo Social), además de entes autónomos como el Instituto Federal Electoral, Diego H. Zavala rechazó haber incurrido en el tráfico de influencias y haber tenido acceso a la información que cada dependencia vació en el software que su empresa le instaló.
Pero al menos en el caso de IASA e ISOSA, la extensa cláusula de confidencialidad a la cual se obligó Hildebrando sugiere la posibilidad de que sí haya gozado de acceso a algo más que software.
Por ejemplo, en los contratos SL-447/98; SL-356/99; SL-358/99 y SL-030/00, firmados entre 1998 y 2000 por Hildebrando e IASA, se incluyeron en una cláusula décima tres párrafos en los que se indica que “los programas de computación” son “documentos oficiales para ambas partes, incluyendo su documentación, manuales y materiales relacionados”. Por ese motivo, los firmantes del contrato “se obligan a mantener su contenido en la más estricta confidencialidad y por lo tanto no revelarán a terceros dicha información en forma alguna”.
Ambas partes se obligan a guardar en absoluta confidencialidad los datos que mutuamente se proporcionen, “así como de cualquier información respecto de la cual llegaren a tener conocimiento, incluyendo, sin limitar, información relacionada con cualquier entidad integrante de LA EMPRESA (IASA), así como con cualquier otra sociedad de la que llegare a tener conocimiento (como podría ser ISOSA) y/o con cualquier cliente de dichas entidades o sociedades, así como de los programas, su estructura y contenido”.
Para cerrar, Hildebrando e IASA se comprometen a “indemnizar a la parte afectada” por concepto de daño y perjuicio “causado por incumplimiento” de la cláusula, es decir, por comentar la relación laboral y mencionar cualquier documento al que se haya tenido acceso.
Este semanario cuenta así mismo con copias de otros documentos subsecuentes, firmados entre 2001 y 2004 y en los cuales ya es ISOSA la empresa que contrata al cuñado de Felipe Calderón. En los contratos SL-171/01, SL-113/02, SL-042/03 y SL-146/04, la cláusula de confidencialidad creció de tres párrafos a poco más de una cuartilla.
A diferencia de los contratos anteriores, sólo Hildebrando “se compromete y obliga a mantener en la más estricta confidencialidad toda la información y documentación que ISOSA le proporcione (…) por lo que no divulgará información y documentación a ningún tercero (…) ni la aprovechará para su beneficio o el de terceros”.
Además, Hildebrando “se asegurará” de que sus empleados no hablen con nadie de lo que conozcan y vean; incluso, tendrá que responder ante ISOSA por actos u omisiones de sus empleados, amén de mantener en un lugar seguro “y fuera del alcance de terceras personas dicha información”.
Pero ISOSA concede a Hildebrando algunos beneficios en esta misma cláusula. Por ejemplo, la empresa particular es propietaria exclusiva de la información que le entregue a ISOSA, aunque se la concede a la empresa de Gil para el cumplimiento del contrato. Es decir, la información se considera un “secreto industrial y comercial” de Hildebrando.
Luego aparece la novedad: “la obligación de confidencialidad para ambas partes tendrá una vigencia de 12 años, contados a partir de la fecha de divulgación de la información por cualquier de las partes”. Se aclara que esto no aplicará cuando “la información sea divulgada al público” por razones ajenas a las empresas.
A partir de 2001, fecha en que se hizo más estricta la cláusula de confidencialidad, ISOSA empezó a ser vigilada y fiscalizada de manera especial por el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, quien desde que asumió el puesto consideró que los ingresos obtenidos del cobro del DTA por ISOSA y demás empresas creadas por Gil Díaz para este fin, debieron haber ingresado a la Tesorería de la Federación, pues de lo contrario se ha generado un quebranto a la nación.
De hecho, en sus revisiones de las cuentas públicas de 2001 a 2003, la ASF reportó que ISOSA ha provocado un quebranto a las arcas federales por 10 mil millones de dólares.
Su argumento es que el dinero que ingresa por el DTA a los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II –que forma parte de la estructura de ISOSA– son ingresos de la Nación tipificados como “derechos, impuestos y aprovechamientos”.
Sólo para Hildebrando
La relación contractual entre Hildebrando e IASA e ISOSA fue autorizada desde el principio por el fideicomiso Aduanas I, cuyo comité técnico avaló la implantación del software en el área jurídica.
Según el periodista Miguel Badillo (en su libro ISOSA, fraude a la Nación), “el comité técnico del fideicomiso Aduanas I recibe solicitudes de equipamiento y modernización de funcionarios del SAT, e instruye efectuar inversiones. Las autoridades del SAT ratifican lo anterior y el titular de la Administración General de Aduanas, José Guzmán Montalvo, ratifica los acuerdos tomados por los consorcios de empresas privadas”.
Así lo demuestra la “atenta nota” en papel membretado que la Administración General de Tecnología de la Información (AGTI) del SAT dirigió al administrador único de ISOSA, Gonzalo Rojo Nava, el 28 de octubre de 2004, a fin de ordenar la aprobación del contrato SL-146/04 con Hildebrando, que se empezó a gestionar desde julio de 2004 para que el servicio se prestara de enero de 2005 a enero de 2006. En el documento, del cual Proceso tiene copia, se señala:
“Derivado de las necesidades informáticas de la Administración General Jurídica y con relación al proyecto denominado ‘Desarrollos para Jurídica’, mismo que se encuentra incluido en los acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso Aduanas I de fecha 22 de julio de 2004 (...) es necesario realizar la apertura del subproyecto denominado ‘Mantenimiento para el Sistema Júpiter’, el cual requiere de la contratación de horas de mantenimiento y soporte para cubrir los requerimientos de los usuarios del Sistema Júpiter, el cual es el principal sistema de información de la Administración General Jurídica”.
Después, el administrador de la AGTI, Carlos Moisés Cárdenas Cisneros, le pide a Rojo Nava que le envíe la cotización “a fin de proporcionar el visto bueno correspondiente” del administrador central de Atención a Usuarios, Jorge Montoya Castro. Para ello le remite también un Anexo “A” con los términos de referencia.
En dicho anexo, del cual este semanario también tiene copia, se establece el significado del sistema Júpiter y se recuerda que fue desarrollado por Hildebrando en 1997, que cuenta con 72 instalaciones y mil 800 usuarios, y que mediante él se han tramitado más de 2 millones de asuntos.
De igual forma, se revela que el contrato con Hildebrando se ha renovado desde 1998 a fin de mantener “la continuidad en el ritmo de trabajo y sustentar los constantes cambios que requiere la aplicación, así como para capitalizar la experiencia que el proveedor ha adquirido al haber participado en la creación y evolución del sistema a la fecha”.
Se recuerda en el documento que Júpiter “es el sistema medular de la Administración General jurídica” del SAT y justifica la intervención de Hildebrando “en virtud de que al interior de la institución no se cuenta con desarrolladores suficientes y con el conocimiento necesario del código del sistema”. Esa contratación también tiene el propósito de “subsanar” las observaciones hechas por el Órgano Interno de Control (se supone que del SAT).
En el mencionado Anexo “A” se advierte que, si el mantenimiento del sistema Júpiter no se asigna a Hildebrando, “no existe la certeza de una completa transmisión del conocimiento por parte del proveedor y (existe el riesgo de) la pérdida de la sinergia y compenetración que se han ganado a lo largo de los años, habiendo demostrado esta empresa gran calidad en sus entregables y compromiso con nuestra institución”.
Antes menciona que de no renovarse el contrato con Zavala, el poco personal de la institución que conoce parte del sistema “no se dará abasto para cubrir los requerimientos del usuario ni algunos de los compromisos establecidos ante el jefe del SAT mediante los proyectos de la AGJ (Administración General Jurídica)”.
Y más: “Otro riesgo destacado es el hecho de que en los próximos meses se rediseñen varios proceso del SAT, incluyendo el jurídico, de recaudación y asistencia al contribuyente por el proyecto Plataforma, que seguramente requerirán de cambios en los flujos de información y la lógica de negocio, por lo que se necesita que la plataforma tecnológica sea capaz de evolucionar en los procesos”.
A su vez, el 10 de noviembre de 2004, Hildebrando cerró la pinza. Envió un oficio al director de Adquisiciones y Proyectos de ISOSA, Gabriel Benítez Leyva, en el que argumenta por qué debe conservar los contratos con la empresa creada por Gil:
“El haber acompañado a ISOSA y el SAT durante varios años permite desarrollar un conocimiento de dichas entidades a nivel de sus actividades, de su personal, de su estructura, de su reglamento, de sus usuarios del sistema, etcétera; en consecuencia, resulta mucho más fácil y productivo para nuestro personal el poder interactuar con los responsables del proyecto.”
Finalmente, el proyecto de Hildebrando para el mantenimiento fue aprobado y firmado el 3 de enero de 2005, para que se aplicara del 24 de ese mes al 23 de enero de 2006. El contrato fue por 6 millones 712 mil 922.20 pesos, sin incluir el IVA.
Pagos inexplicados
Todos los contratos que Hildebrando firmó con IASA e ISOSA se relacionan con el proyecto Júpiter, primero para desarrollarlo y después para ampliarlo y darle mantenimiento.
A juzgar por los ocho contratos cuya copia tiene Proceso –y de los cuales han dado cuenta en parte la revista Contralinea y el diario La Jornada–, los pagos a Hildebrando suman 26 millones 757 mil 74.99 pesos, ya tomando en cuenta los generosos descuentos que Diego H. Zavala realizó a ISOSA –de 8% en algunos casos, como los contratos SL-447/98 y SL-146/04– “como apoyo a la economía nacional”.
Lo que se desconoce es de dónde han salido los casi 27 millones que se han entregado a Hildebrando. En primera instancia parecería que fue del fideicomiso Aduanas I, pero el periodista Miguel Badillo dice en su citado libro que, ante los duros cuestionamientos de la ASF, Gil Díaz intentó liquidar el instrumento financiero en 2003, aunque no lo logró hasta 2006.
Badillo agrega que, según el reporte obtenido a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), en el primer trimestre de 2005 Aduanas I contaba con 19 mil 523 millones de pesos.
Según otra consulta de Proceso ante el IFAI, actualmente el fideicomiso Aduanas I cuenta con “cero pesos”; está extinto.
Igualmente, se informa que Aduanas II fue liquidado en mayo del presente año y en su lugar se conformó el Fideicomiso Público para el Programa de Mantenimiento de los Medios de Informática y el Control de Autoridades Aduaneras (Fidemica), con un fondo de 2 mil 707 millones 183 mil 364 pesos a la fecha.
También se reporta que en 2004 se creó otro fideicomiso, denominado Contraprestaciones al Artículo 16 de la Ley Aduanera, el cual tiene un monto de 5 mil 669 millones 96 mil 236 pesos.
El caso es que hasta ahora no se conoce con certeza con cuáles fondos se pagaron a Hildebrando los casi 27 mil millones de pesos que Proceso pudo documentar. Gil Díaz ya se va de Hacienda y aún no ha explicado cuántos recursos recibió ISOSA ni cómo funcionó. l
Vicente regalado
Daniel Lizárraga
Según la información que a regañadientes y en deliberado desorden entregó a Proceso la Presidencia de la República, a Vicente Fox lo han halagado con corbatas, chamarras, crucifijos, puros, hebillas, libros... y hasta con una toalla.
Rodear al presidente de la Repú-blica de obsequios es un ritual que sobrevivió a la alternancia partidista; Vicente Fox recibió por lo menos 18 esculturas de caballos, nueve pares de botas, tres sillas de montar, látigos de piel, espuelas, hebillas con su nombre, sombreros y 35 cajas de puros de prestigiadas marcas internacionales.
Esos presentes fueron enviados a Los Pinos, sigilosa o abiertamente, por 380 per-
sonas, entre ellas decenas de panistas y funcionarios públicos de todos los niveles. Algunos de éstos hicieron esfuerzos significativos por halagar al presidente aun a costa del erario. Por ejemplo, alguien le envió una réplica, en plata y a escala, de una torre de la Comisión Federal de Electricidad.
Entre los remitentes destacan decenas de gobernadores, ya sean cercanos a Andrés Manuel López Obrador –como el actual líder nacional del PRD, Leonel Cota–, panistas o priistas. Adivinaron o alguien les informó de los gustos de Fox, a quien le mandaron 15 chamarras de piel, cazadoras y deportivas, de marcas como Solito, Gore Tex y Dockers.
Todo esto de acuerdo con una relación de los regalos llegados entre enero de 2003 y junio de 2005 a la Presidencia de la República, que fue proporcionada a este semanario después de un largo litigio ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Finalmente, el pasado lunes 16 llegó la respuesta de la Unidad de Enlace a la solicitud que recibió desde el 18 de enero del presente año.
En ese documento oficial no aparecen los nombres de grandes empresarios o representantes de trasnacionales en México. Proceso tampoco ubicó a dueños de medios de comunicación, accionistas de bancos o miembros de las familias más ricas del país. Aproximadamente 85% de quienes enviaron los regalos son o fueron funcionarios con posibilidades de manejar recursos públicos; el resto son mandatarios de otras naciones.
No obstante, la Presidencia insinuó que este reportero podría ser objeto de alguna demanda por difundir la identidad de quienes mandaron los más de 800 obsequios. Con la lista de regalos y la de nombres, se incluyó el siguiente mensaje:
“La Unidad de Enlace cuenta con un CD que contiene información pública sistematizada en la lista de regalos enviados al C. Presidente de la República, el cual incluye los nombres de las personas que los hicieron. Así mismo, en cumplimiento a los estándares internacionales y a la legislación, la información puede imprimirse, reproducirse, respaldarse y procesarse sin problema alguno; en este sentido, sólo hacemos de su conocimiento que, de acuerdo a la legislación aplicable, es su responsabilidad el uso, difusión, comercialización, alteración total o parcial que se le dé a la información entregada.”
Proceso difundirá en su página de internet (www.proceso.com.mx) las dos relaciones completas que la Presidencia se vio obligada a entregar a este reportero: tanto los 380 nombres como los 803 regalos, pues considera que, a partir de la resolución del IFAI, se trata de información pública y por lo tanto cualquier ciudadano puede consultarla, sin importar sus propósitos, de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia.
Las listas se mostrarán por separado porque así las envió la Unidad de Enlace de Los Pinos: no hay manera de relacionar cada nombre con el objeto o los objetos que obsequió al presidente.
De esa forma, no puede saberse quién envió una escultura en plata y piedras semipreciosas; quién una cara de cerámica con certificado de autenticidad del Conaculta-INAH o un juego de mancuernillas con tipo y color de piedra preciosa intercambiable.
Tampoco hay manera de conocer el origen de cajas de regalos nada comunes, como una que contenía una corbata color verde seco, con las águilas utilizadas históricamente en el escudo nacional en amarillo, del diseñador Pineda Covalín, así como un juego de gargantilla y aretes en forma de lira, de un estilo utilizado en Europa durante el siglo XIX y diseñado por Ofelia Murrieta.
Otra caja llevaba una botella de champaña Heidsieck & Monopole Blue Top Brut, con hojas impresas al pie en forma de botas vaqueras, y un juego de plumas negras con filos dorados marca Aldo Domani Limited.
La Unidad de Enlace de Los Pinos ordenó alfabéticamente los nombres de quienes enviaron los regalos. Por separado, enlistó los objetos sin dividirlos en categorías, lo mismo artículos de uso personal, obsequios que provienen del extranjero, artesanías entregadas en giras de trabajo, vinos, litografías, libros, símbolos religiosos, medallas, placas conmemorativas de sus propios programas de gobierno y productos perecederos.
Sin embargo, en la lista puede comprobarse que de enero de 2003 a junio del año pasado al presidente Fox le regalaron 67 esculturas, de las cuales 18 representan caballos. Alguna son lujosas, como la “pieza de Arthur Court ‘Phoenix Bowl / Horse 10-1780’”, un tazón de cristal, con adornos en el borde y con tres cabezas de caballo en plata.
Hay también una medalla de la virgen de Guadalupe con su cadena de plata; una corbata de la firma Hermès; una escultura de doña Josefa Ortiz de Domínguez con una antorcha en la mano, elaborada en resina negra, y una caja con 50 discos compactos.
Otros objetos son de uso personal, como un juego de mancuernillas de Tiffany’s, cinco fuetes, dos látigos de piel y una colección especial de cinco relojes: “The Swatch Swiss Collection”.
Quedando bien con el jefe
En la resolución del IFAI a favor de la solicitud tramitada por este reportero, se advierte que los funcionarios están impedidos legalmente para aceptar o recibir objetos que impliquen conflicto de intereses, así como de personas a quienes regulen, supervisen o con actividades vinculadas a sus tareas oficiales.
“Dicha prohibición subsiste incluso un año después de que un servidor público haya dejado el cargo. Es importante señalar que sólo la publicidad de los obsequios y los nombres facilitan hacer valer la norma referida”, puntualizaron los comisionados del IFAI en su resolución aprobada por unanimidad.
Al respecto, el artículo 45 de la Ley Fe-deral de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos indica que, cuando los funcionarios de cualquier jerarquía reciban de una misma persona algún bien cuyo valor acumulado durante un año exceda 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, deberán poner esos regalos a disposición de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
En este caso, de acuerdo con el resolutivo del IFAI elaborado por el comisionado Alonso Lujambio, la aplicación de la mencionada ley tendría que tomar en cuenta el precio de los obsequios y los puestos de quienes los enviaron. Pero entre los remitentes de regalos que enlistó la Unidad de Enlace de la Presidencia destaca el nombre de Eduardo Romero Ramos, precisamente el titular de la SFP y, como tal, el funcionario encargado de vigilar la aplicación de la norma.
Otros funcionarios o exfuncionarios foxistas quedaron bien con el presidente: Alejandro Gertz Manero, exsecretario de Seguridad Pública; Alma Rosa Moreno, exdirectora del Sistema de Administración Tributaria; Carlos Abascal, secretario de Gobernación; Benjamín González Roaro, exdirector del ISSSTE; Cristóbal Jaimes, titular de la Comisión Nacional del Agua; Emilio Goichochea Luna, secretario particular del presidente; y Fernando Elizondo, secretario de Energía.
En la misma tesitura están: Fernando Sánchez Ugarte, director de la Comisión Federal de Competencia; FranciscoBarrio, exsecretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo; Ana Teresa Aranda, secretaria de Desarrollo Social; Ignacio Carrillo Prieto, fiscal especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado; Josefina Vázquez Mota, exsecretaria de Desarrollo Social; Pedro Cerisola, titular de Comunicaciones y Transportes; y Santiago Creel, exsecretario de Gobernación.
En la lista aparecen personajes que aho-ra están abiertamente confrontados con el régimen foxista, como el exgobernador perredista de Zacatecas, Ricardo Monreal Ávila, y el excoordinador de la campaña de López Obrador, Jesús Ortega.
Sin embargo, debido a la forma en que la Presidencia hizo pública la información, no hay manera de conocer cuáles de estos funcionarios enviaron a Los Pinos tres bustos de Vicente Fox, o la pintura al óleo en la que aparece acompañado de su esposa, Marta Sahagún.
Exhibición
El 4 de octubre, el vocero presidencial Rubén Aguilar anunció que ya se prepara un museo para exponer los archivos y los obsequios de Vicente Fox, así como una biblioteca subterránea.
En casi año y medio que abarca la solicitud de Proceso, Fox sólo recibió 30 condecoraciones, medallas y reconocimientos tanto del país como extranjeros. En comparación, le enviaron 35 cajas de puros, ocho juegos de mancuernillas y 16 agendas y calendarios.
Junto a esos obsequios, el presidente tendría que colocar en su museo 112 botellas de vino, sin contar las que llegaron en cajas. De acuerdo con la relación proporcionada por la Unidad de Enlace, algunas otras botellas llegaron acompañadas de productos perecederos –como ostiones ahumados– o envueltas en forma poco común, como las cinco botellas de vino tinto Egri Caberner cosecha 1999, procedente de Hungría, que llegó en un portafolio, o la botella de tequila José Cuervo que alguien envió dentro de una caja de madera pintada a mano y con herrajes diminutos.
En la petición de acceso a la información se incluían las tarjetas de agradecimiento, pero no se enviaron. Si la Unidad de Enlace hubiera satisfecho la demanda podría saberse quiénes le regalaron al presidente una caja con 12 botellas de vino argelino, un barco tallado en marfil, un crucifijo de piel, dos candelabros de plata y siete fotografías enmarcadas de sus cabalgatas por el norte del país o de giras de trabajo en México y en el extranjero. Previsiblemente, alguien le obsequió a Vicente Fox tres sillas de montar.
Sin embargo, con los datos obtenidos puede anticiparse el perfil de la biblioteca subterránea. Muchos de los 493 libros, folletos, guías y planos que aparecen en la relación son ediciones de gobiernos estatales, pero más de 70% de los anaqueles serían ocupados por los volúmenes que contienen las decisiones más recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y sin embargo Vicente Fox fue obsequiado con un paquete de 26 tomos de literatura universal con cubiertas de piel, y otros 16 “finamente empastados”, como indica el reporte.
En su libro La familia presidencial bajo sospecha de corrupción, las periodistas Anabel Hernández y Arelí Quintero detallan que en el rancho La Estancia hay centenares de reses, venados, avestruces, borregos, así como caballos broncos y pura sangre. Hasta el momento, desde Los Pinos no se ha aclarado si los animales fueron comprados o regalados.
En su edición 1523, Proceso documentó que a finales de 2001, dos meses después de llegar a la Presidencia, Vicente Fox se hizo de una casa en Cuajimalpa, Distrito Federal. Aparentemente –según una investigación de Antonio Jáquez– esa propiedad se compró mediante un fideicomiso a nombre de los cuatro hijos del presidente; sin embargo, en realidad se trató de un regalo del empresario Roberto González Barrera. No obstante, el inmueble no se incluye en la lista.
La petición de Proceso abarcó también los regalos que llegaron a las oficinas de Marta Sahagún, Ramón Muñoz y Eduardo Sojo. Y a pesar de que existía un mandato expreso del IFAI para que se revisaran los archivos, la Unidad de Enlace de la Presi-dencia respondió que a esos despachos no llegaron obsequios y que por lo tanto esos datos no existen.
Entre la información oficial hay un dato que parece de broma: al presidente Fox le regalaron una toalla. El 19 de julio de 2000, el diario Milenio difundió el primer gran escándalo del gobierno de la alternancia: alguien dentro de Los Pinos ordenó la compra de toallas y cada una costó más de 4 mil pesos.
Ufff...
Francisco Castellanos y Rodrigo Vera
AMORA, MICH.- Marta Sahagún se defiende de sus coterráneos que la cuestionan por estar levantando, “ilegalmente” y sin haberlos consultado, un “faraónico y costoso” edificio ultramodernista –puro acero y cristal– en el que piensa instalar el Centro de las Artes de Zamora.
“Yo respeto sus opiniones. Son muy válidas. Pero la realidad es sólo una; es un Centro de las Artes que merece Zamora, que le va a traer turismo y espectáculos, y que va a promover la cultura”, dice la esposa del presidente Vicente Fox, que con esta obra piensa pasar a la historia regional como la gran mecenas de su terruño.
Rodeada de guardias que la cuidan de los actos de protesta de los zamoranos, Marta levanta el índice de su mano ensortijada y recalca con orgullo:
“Espero que Zamora y toda la región puedan disfrutar de lo que tiene. Este centro se hizo, en coordinación con el gobierno federal y estatal, con el profundo espíritu de lograr el mejoramiento de Zamora”.
Es la tarde del miércoles 18. Marta acaba de impartir aquí –en un auditorio del DIF– una “conferencia magna” a la que llamó “El rol de la mujer en un mundo globalizado”. Recibió aplausos y sonrisas del selecto público que asistió con invitación. Desde antes de aterrizar el helicóptero que la trajo, toda la zona fue acordonada por policías municipales y elementos del Estado Mayor Presidencial. Se cerraron calles y el tráfico se desquició.
Un grupo de inconformes pensaba realizar un acto de protesta ante Marta, reclamarle personalmente. Fue imposible debido al fuerte dispositivo policiaco. Los manifestantes se replegaron al lugar donde se construye el Centro de las Artes, a un costado de la llamada “catedral inconclusa”. Ahí sacaron sus pancartas: “Fox y Marta, un peligro para México”… “Adiós, mamá Martota”… “Pedimos respeten el área de catedral”... “No al robo de calles”. “Marta, primera lavadora de dos patas”.
Pero hasta allá llegó la policía y desbarató violentamente la manifestación.
–Allá hay gente protestando. ¿Usted no va para allá? –preguntaban los periodistas a Marta, que salía de su conferencia magna.
–No, no voy para allá. Pero el próximo mes de noviembre vendremos el presidente y yo a inaugurar el Centro de las Artes. El centro se va a terminar en el mandato del presidente Fox.
–Se dice que se está construyendo de manera ilegal.
–¡Por favor! Nunca se hace un proyecto que no esté sustentado de manera legal, que no tenga bien asegurados sus recursos. De lo contrario, este centro nunca se hubiera hecho –juró la zamorana.
Sin embargo, cada vez son más las voces que se oponen al Centro de la señora Sahagún, puesto que se construye de manera “totalmente ilegal” y en medio del más completo hermetismo. ¿Cuánto costará? ¿Quién lo está financiando? ¿Qué servicios artísticos y culturales ofrecerá? Es un misterio.
Por si fuera poco, la aparatosa construcción quedó prácticamente empalmada a la “catedral inconclusa”, o Santuario Guadalupano, una obra de estilo neogótico que el pueblo lleva más de un siglo edificando y que es más vasta que la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y que la catedral de Notre Dame, de París. Está entre las 15 catedrales más grandes del mundo. Es, pues, la joya arquitectónica de los zamoranos y el principal atractivo de esta ciudad.
La diócesis de Zamora, el Colegio local de Arquitectos, organizaciones civiles, grupos ambientalistas, académicos, algunos funcionarios municipales, así como gran parte de la población se oponen abiertamente al Centro de las Artes, pero nada han logrado, ya que Marta consiguió el apoyo de los gobiernos federal, estatal y municipal.
El canciller de la diócesis de Zamora, el sacerdote Jesús Ruiz Ochoa, señala:
“Estoy verdaderamente sorprendido. Cuando vi esa obra tan aparatosa exclamé como los italianos: ‘¡Mamma mia¡ ¡qué es esto!’. Nunca imaginamos que, tapando la catedral, se iba a construir una obra tan grande y tan alta, que además desentona con la arquitectura de nuestra catedral y de la ciudad. ¡Hombre! uno no necesita ser experto para darse cuenta.”
El canciller resalta el enorme daño que el Centro de las Artes le hizo a la catedral neogótica que comenzó a erigirse en 1898 con esculpidos bloques de piedra y cantera que donaron varias generaciones de feligreses. Ahora, a principios del siglo XXI, están por terminarse sus torres puntiagudas.
“¡Imagínese! Tantos y tantos años de trabajo que le llevó al pueblo hacer su catedral. ¡Más de un siglo! No es sólo un bien municipal o estatal. No, no. La catedral es un bien del país. Sí, se está afectando al patrimonio nacional”, comenta el sacerdote.
–¿Qué hace el Instituto Nacional de Antropología para proteger la catedral?
–Nada. Y eso también causa sorpresa, puesto que la gente del INAH se nos deja venir tan pronto ve que queremos modificar alguna barda o algo así. La otra vez íbamos a restaurar parte de un retablo y el INAH nos puso muchas trabas. Ahora, para asombro de todos, no apareció para nada.
–¿La actual administración de la diócesis tiene también una responsabilidad en esto?
–Mire, no es que los sacerdotes nos lavemos las manos, pero simplemente no estuvimos al tanto de la construcción del Centro de las Artes. No se nos informó. El proyecto no se divulgó. Pensábamos que iba a ser un inmueble modesto, acorde con la arquitectura del lugar, no ese edificio tan grandote y desentonante. Si a mí me hubieran mostrado el proyecto, por supuesto que lo habría rechazado.
Señala el canciller que, por parte de la diócesis, quien “de manera directa” estuvo al tanto del asunto fue el propio encargado del Santuario Guadalupano, el padre Raúl Ventura, a quien –por cierto– Marta Sahagún le regaló hace más de un año un órgano tubular, que aún se fabrica en Alemania con maderas especiales y a la medida del lugar donde se colocará en el santuario.
Todos en ascuas
Hace unos días, el padre Ventura –quien al principio apoyaba el proyecto de Marta– dijo desencantado al periódico Z de Zamora que la obra “la impusieron sin tomar en cuenta a nadie”. Y que hasta el enrejado del atrio corre peligro de ser tumbado, sin que el INAH meta las manos.
Por su parte, el Grupo Exsem –integrado por más de 100 exseminaristas del seminario de Zamora– reparte una carta abierta en la que lamenta “que no se haya tomado en cuenta a la ciudadanía” y el hecho de que las autoridades municipales hayan cedido “ilegalmente” una calle céntrica –la Justo Sierra, que “pertenece a toda la sociedad”– para que también sobre ella se construyera el Centro de las Artes.
Hasta el Colegio de Arquitectos de Zamora-Jacona, en un manifiesto, dice desconocer en qué consiste el controvertido centro de Marta Sahagún:
“Desconocemos el proyecto integral, la parte conceptual arquitectónica y urbana, los argumentos de integración al entorno y contexto urbano, el impacto ambiental y visual y otros no menos importantes para evaluar.”
El arquitecto Arturo Lúa, miembro de ese cuerpo colegiado, abunda:
“Desde el principio, la obra nació irregularmente, pues si fuera legal, no tendrían por qué esconder información. Se supone que la está financiando el gobierno federal.”
–¿Saben ustedes cuánto costará?
–No. Nadie quiere proporcionar cifras. Aunque por ahí se habla de que costará unos 130 o 190 millones de pesos. Ignoramos a qué costos se refieran. Sabemos que la diseñó el arquitecto Jorge Serrano, quien ha realizado obras importantes. En el aeropuerto de la Ciudad de México, por ejemplo. Se dice que él tiene nexos directos con Marta y que está haciendo un conjunto habitacional en el rancho del presidente Fox.
–Marta Sahagún asegura que en noviembre vendrá a inaugurar el Centro de las Artes.
–Es imposible que la obra esté terminada el próximo mes. A menos que venga a inaugurar el puro cascarón. Le tocará concluirla al nuevo presidente, Felipe Calderón.
Menciona el arquitecto Lúa algunas irregularidades de la obra, como el hecho de que ni siquiera hubo decreto de expropiación del área sobre la que se construye. “Debió haber un decreto en el que se hablara sobre sus fines de utilidad pública”, dice.
En agosto del año pasado, ese semanario dio cuenta de las presiones y amenazas que sufrían los propietarios de inmuebles de la zona, a quienes se les obligaba a vender sus propiedades al gobierno estatal, para que ahí se construyera el Centro de las Artes. Los atemorizados vecinos se organizaban, protestaban ante varias instancias. Nadie les hacía caso. Uno de sus líderes, Ignacio Peña, ya señalaba entonces que todas las autoridades estaban “coludidas” con Marta: “Son como los gatos que se tapan su excremento unos con otros”, decía (Proceso 1503).
Ahora, Lúa menciona algunas leyes que son violadas por quienes construyen el Centro de las Artes: Ley de Obras Públicas, Ley de Asentamientos Humanos, Ley de Expropiación, así como los reglamentos municipales de construcciones y del centro histórico.
Repudio generalizado
Construida por la poderosa trasnacional mexicana Ingenieros Civiles Asociados (ICA), del empresario Bernardo Quintana, la obra de Marta Sahagún es, en este momento, un descomunal esqueleto de acero cuya base rectangular mide unos 40 metros de ancho por unos 150 de largo. Hacia lo alto, se han levantado tres niveles de plataformas metálicas. Y ya se empiezan a colocar paredes completas de puro cristal.
Día y noche, a marchas forzadas trabajan muchos obreros, plomeros, electricistas y soldadores traídos de fuera. Ninguno es de Zamora. Llevan cascos metálicos a la cabeza. Pululan como hormigas, colgados de las larguísimas columnas blancas de hierro. Altas grúas de color amarillo circulan alrededor de la obra.
El supervisor general de los trabajos, el ingeniero Rubén Sierra, está sentado en una ancha mesa cubierta de planos enrollados, frente a su computadora portátil. Entran y salen sus subalternos que llegan a pedirle instrucciones.
–¿Cuánto costará la obra? ¿Quién la financia? –se le pregunta al ingeniero.
–No lo puedo decir.
–¿Qué características tendrá?
–No estoy autorizado para dar información a la prensa. ICA construye y yo sólo superviso. Me limito a cumplir con mi trabajo –dice, encogiendo los hombros.
Afuera, elementos de la Policía Muni-cipal vigilan la estructura dinosáurica y desbaratan los plantones de ciudadanos que llegan a protestar. Son, sobre todo, manifestantes que provienen de la organización Medio Ambiente Zamorano (MAZ), del Colegio de Michoacán, estudiantes universitarios, exseminaristas y gente que viene de comunidades aledañas.
Felipe Peña Verduzco, de El Colegio de Michoacán, advierte que lo grave no es “la falta de armonía de la obra con su entorno” ni que se le “haya impuesto a la población”, sino que, para hacer su estacionamiento subterráneo, se “están extrayendo de su subsuelo miles de metros cúbicos de agua potable, que se están tirando al drenaje”.
Esto –añade– puede provocar “el hundimiento o resquebrajamiento” del mismo Santuario Guadalupano, puesto que el terreno del área es muy blando y acuoso, anteriormente era zona lacustre.
Angélica Morales, regidora panista del ayuntamiento y quien siempre se ha opuesto a la obra, señala que “Marta lo que quiere es pasar a la historia como la gran benefactora de Zamora, por eso levanta esta construcción digna de un faraón. Pero, paradójicamente, con la obra se ha ganado el repudio de los zamoranos porque pisotea sus derechos”.
–¿Realmente Zamora requiere de un centro de las artes de esta magnitud?
–No, obviamente que no. Es un centro de relumbrón que sólo satisface la vanidad de la señora. Cada que uno va a preguntar sobre la obra, la justifican diciendo que es de la señora Sahagún. Que Marta para allá, que Marta para acá. Como si ella tuviera licencia para violar las leyes, así como James Bond la tiene para matar. El presupuesto anual del municipio es de 200 millones de pesos. De modo que el dineral que están gastando en la obra bien podría destinarse a necesidades urgentes.
“Además, de dónde va a salir después el dinero para darle mantenimiento al Centro de las Artes, para pagar la nómina de sus empleados y maestros. Ni siquiera sabemos cuáles son sus objetivos. En fin, se necesitarán muchos recursos para que no se convierta en un elefante blanco.
“El centro se ha convertido en un problemón para las autoridades de gobierno en todos sus niveles. Los gobiernos federal y estatal no explican nada. Nuestro presidente municipal tampoco. Como en un juego de ping-pong, unos a otros se avientan la bola. Nadie quiere hacerse responsable.”
En efecto, el alcalde de Zamora, Pablo Gutiérrez Galván, ha manifestado que “este es un proyecto que se venía manejando con anterioridad” a su arribo a la alcaldía –en enero del año pasado–, por lo que él nada tiene que ver. Tampoco –se justifica– se aplican recursos municipales en la obra.
reglamentos y eludió consultas públicas, sino en conocer su costo y sus particularidades.
A los pies de Marta
Jorge Carrasco Araizaga
La primera etapa de la ofensiva judicial de Marta Sahagún contra Proceso culminó como ella lo esperaba: con la satisfacción de sus deseos de ser declarada víctima de “daño moral”. De la mano de un juez de primera instancia, alcanzó en las últimas semanas del sexenio de su esposo, el presidente Vicente Fox, a insistir en la imagen que creó de sí misma como defensora de la dignidad de los mexicanos y, en especial, de las mujeres.
En una sentencia más que anunciada, el juez décimo segundo de lo Civil en el Distrito Federal, Carlos Miguel Jiménez Mora, resolvió que la revista y la periodista Olga Wornat incurrieron en “conductas ilícitas” al publicar un escrito sobre la nulidad del matrimonio religioso de Marta Sahagún con Manuel Bribiesca Godoy.
La publicación fue considerada por el juez como un “ejercicio periodístico irresponsable”, resultado de una “maquinación y artificio” por parte de Wornat, con la “concertación” de Comunicación e Información, S.A. de C.V. (CISA, editora de Proceso) para violar el derecho a la intimidad de Sahagún.
Como culpables, las condenó a indemnizar a la presidenta de la Fundación Vamos México con 1 millón 958 mil 580 pesos, cantidad que para Reporteros Sin Fronteras, organización defensora de la libertad de expresión en el mundo, resulta exorbitante y sólo podría explicarse porque se trata de la esposa del presidente alegando un “absurdo sentimiento de atentado al honor”.
El fallo se conoció el pasado lunes 16 y al día siguiente Sahagún salió a celebrarlo: “Por supuesto que estoy contenta, por supuesto que cualquier hombre o mujer estaría contento al haber… hecho valer su derecho, en este caso mi derecho a la intimidad… Y estoy contenta no solamente por mí, estoy contenta de manera particular por muchas, muchas mujeres que en muchos momentos no son respetados sus derechos, en muchos sentidos, como es éste: el derecho a la intimidad”. (sic.)
Autoerigida en defensora del decoro de los mexicanos, añadió: “No se pueden venir a meter, así como así, con la intimidad. Y no pueden venir a calumniar y a mentir simplemente porque les da la gana. Eso no puede volver a suceder en México”.
La resolución que causó esa complacencia de Sahagún no fue sorpresiva, pues ya desde mayo pasado Jiménez Mora había resuelto en el mismo sentido (Proceso 1540).
Presionado por el equipo legal de Sahagún, el juez actuó en aquella ocasión de forma apresurada, ya que emitió su sentencia pese a que aún faltaban pruebas por desahogar. Ante esa irregularidad, la Primera Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal le ordenó reponer el procedimiento judicial para recibir las probanzas pendientes.
Pero además se le abrió un expediente de queja administrativa por violar el artículo 220 de la Ley Orgánica del TSJDF, referente a las faltas graves cometidas por los jueces en la instrucción de un juicio.
La principal de las pruebas que se negó a desahogar fue el reconocimiento judicial de Fox sobre el respaldo que le dio desde la Presidencia de la República a la demanda de su esposa, cuando declaró que “nunca antes una primera dama tuvo las faldas” para demandar a una “pseudoperiodista” y a una “revista muy conocida” por “difamación, calumnia (y) meterse en su vida privada”.
Con esa y otras pruebas, la defensa del
semanario argumentó que se trataba de una
agresión desde la Presidencia de la Repú-blica en violación del derecho a la información y a la libertad de expresión, salvaguardados en los artículos 6º y 7º de la Constitución, respectivamente.
Obligado por la Sala, el juez tuvo que pedir a Los Pinos el reconocimiento judicial de tales declaraciones, pero en su resolución del 16 de octubre asentó que éstas “resultaron inoperantes”, pues no son “hechos modificativos o extintivos de la litis” (materia de la demanda). Y remató: “El supuesto agravio” que le causó a Proceso esa declaración “en nada perjudica los requisitos de la demanda”.
El juez mantuvo sus criterios y resolvió que Sahagún sufrió una “alteración profunda” en sus sentimientos, decoro y vida privada por el trabajo periodístico de Wornat publicado en este medio “sin su consentimiento”.
Desde diciembre pasado, el juzgador ya había mostrado su voluntad de sentenciar cuanto antes sobre la demanda que la esposa de Fox interpuso en mayo de 2005, pues entonces anunció que ya estaba listo para hacerlo.
Los “argumentos” del juez
Patrocinada por la influyente abogada Ligia Cuevas de Velasco, esposa de un magistrado en Materia Penal, Sahagún decidió iniciar su ofensiva legal cuando el escenario político estaba dominado por los señalamientos de la propia Wornat sobre el presunto tráfico de influencias y otras ilegalidades por parte de los hijastros de Fox, especialmente Manuel Bribiesca Sahagún.
El objeto de la acción judicial de Saha-gún no fueron esas imputaciones, sino un texto que la periodista de origen argentino había publicado tres meses antes en Proceso (edición 1478) bajo el título Hasta que la Iglesia nos separe, en el que dio a conocer parte del expediente eclesiástico sobre la nulidad religiosa del primer matrimonio de Sahagún.
Wornat reveló que uno de los principales alegatos de Sahagún ante los tribunales de la Iglesia católica fue la mala relación de pareja que tuvo con Bribiesca –con quien procreó tres hijos– desde que fueron novios.
En el expediente eclesiástico están asentadas, entre otras, las siguientes expresiones de Sahagún: Un dato que considero fundamental es que Manuel y yo tuvimos relaciones sexuales antes de casarnos, y con la huella moral y religiosa en la cual yo había sido educada, al haberme entregado sexualmente para mí era un peso moral enorme, ya que era una niña bien, y me sentía… (obligada) a casarme…
Recuerdo que se consumó el matrimonio, pero no tengo clara memoria de esa noche, tampoco recuerdo la luna de miel como buena y debo decir que no hubo una buena relación sexual, ya que para Manuel todo se redujo a sexo. Lo anterior lo recuerdo con mucho repudio…
¿Por qué digo que hubo una falta de entendimiento profundo en la intimidad? Porque el sexo que tuvimos fue muy malo, poco cálido, muy frustrante, y esto traía muchos pleitos. Yo en esta área fui muy fría con él, ya que la sexualidad era a la fuerza, no había apetito sexual, no se me antojaba como hombre. En cambio, Manuel era fogoso y erótico…”
La revelación (febrero de 2005) de esas declaraciones –las cuales ahora forman parte de la misma sentencia, de donde hoy son reproducidas– constituyó para el juez “una ilicitud”, toda vez que Sahagún “se vio afectada en su derecho a la intimidad”, “sufrió una intromisión en su vida privada” y “se le dañó gravemente su reputación”.
Jiménez Mora estableció que Wornat “debió ceñirse… a la imagen de la actora en su calidad de esposa del titular del Ejecutivo federal, en su quehacer político y cuya voluntad se encuentra externada en actos públicos y entrevistas difundidas en radio y televisión”.
De esa manera, desestimó los argumentos y pruebas de la defensa sobre la voluntad de Sahagún para que mucho antes de esa fecha fueran publicados aspectos de su vida privada, como parte de sus acciones para figurar en los medios de información cuando desplegaba su activismo político.
Como ejemplo de esa actitud, ante el propio juez la defensa legal de la revista se refirió al libro La jefa. Vida pública y privada de Marta Sahagún de Fox, escrito también por Olga Wornat, con el consentimiento de Sahagún. En ese libro, publicado en 2003, la periodista abordó así mismo la vida sexual de la exesposa de Manuel Bribiesca Godoy, sin que en ningún momento ese hecho fuera impugnado por Marta Sahagún.
Pero el juez décimo segundo de lo Civil en el Distrito Federal resolvió que vincular la vida privada con la pública de Sahagún es un “signo irrebatible de maquinación y artificio”, y que Wornat les dio “una apariencia de interés público”.
Según el juzgador, el motivo del reportaje “es inseguro e incierto y producto de una conducta dolosa al manifestarse ostensiblemente en presentar circunstancias falsas, como lo es el vincular la vida pública y privada de la persona que se trata… lo que produjo… un daño en la esfera privada de la actora al revelar datos… que forman parte de sus derechos de la personalidad”.
De acuerdo con el juez, la prueba del daño “quedó constatado con la sola publicación del artículo” por parte de Proceso. A partir de esa circunstancia, dice, “hay coculpabilidad por existir una concertación en participar en esa violación”.
Sentenció que “el daño fue real” y quedó confirmado con “la sola publicación” del trabajo periodístico. Estableció incluso que la mera publicación fue “causa y efecto” del daño. Y así lo explicó: “Con la exhibición de dicho ejemplar y al tenerlo a la vista crea en el juzgador la certeza de ese daño”.
Por esa razón y porque Sahagún no reclamó ningún “daño psicológico”, para el juez resultó irrelevante que en su declaración testimonial, en agosto de 2005, la esposa de Fox haya asegurado que goza de buena reputación.
A lo largo de su sentencia, Jiménez Mora se afana en demostrar que hubo un daño “cierto, serio y externo”. Sobre todo, dice, fue “contundente” por “el dolo” de Wornat y la “culpa inexcusable con la que se condujo Proceso”.
Y tal como lo argumentó Sahagún en su demanda, el juez estableció que la revista debió abstenerse de la publicación por ser un “ataque serio” a la vida privada, conforme a la Ley de Imprenta y al Código Civil.
Según el juez, por admitir que el texto es de su autoría, la periodista “reconoció haber violado los derechos a la vida privada e intimidad” de Sahagún. Además, la culpó por no haber aportado las notas donde “constara el consentimiento de la esposa de Fox para revelar la causa de su divorcio eclesiástico”.
La condenó porque “no ejerció respetuosamente su libertad de imprimir y difundir al no respetar la vida privada”. Además, le reprochó “no haberse cerciorado si los hechos ya habían sido difundidos con anterioridad”.
Y haciéndose eco de las críticas públicas de Sahagún contra sus demandadas, el juez se dirigió a Proceso para indicarle que, como profesional de la comunicación, “debiste haber actuado con apego a la norma”. Y a Wornat la reconvino por no haber procedido conforme a la siguiente máxima: “Tienes el deber de informar con apego a la Constitución; es decir, sin traspasar los límites de la vida privada de las personas”.
A pesar de la insistencia de la defensa legal de CISA en el sentido de que en ninguno de los alegatos de su demanda Sahagún indicó en qué consistió el supuesto daño moral –con lo que incumplió lo establecido en el Código Civil–, el juez se limitó a señalar que la acusación sí reúne los requisitos de formalidad necesarios, pues relata “de manera concisa y precisa los hechos en que se funda”.
Bastó con que se publicaran hechos en detrimento de la intimidad de Sahagún para que se produjera el daño moral, dijo el juez. Y aseguró que la concisión y precisión del daño se encuentra en los siguientes párrafos de la demanda:
“La escritora Olga Wornat, al escribir y publicar revelando los detalles de una historia íntima, de su vida privada de la actora (sic), que plasmó en su petición de anulación de matrimonio religioso, atacó su vida privada, a la que tiene derecho, no obstante ser esposa de un servidor público como lo es el señor presidente de la República.
“Por lo tanto, la periodista y escritora Olga Wornat y la persona moral CISA, responsable de la publicación del artículo informativo difamatorio, no sólo por acatamiento de los límites que les imponen los artículos 6º y 7º Constitucional, debieron abstenerse de realizar tal expresión y publicación al dar publicidad a hechos de mi vida privada, al escribir y difundir hechos en detrimento de mi intimidad, no sólo ejerce sin responsabilidad su libertad de expresión, publicación y de imprenta, sino que con tal falta de respeto y ética a la actividad periodística, me ocasionó un daño moral…”. (sic.)
Para el juez esa aseveración y la presentación de un ejemplar de Proceso con el texto impugnado fueron suficientes para determinar que la revista y Wornat infringieron el artículo 6º de la Constitución y los artículos 1916 y 1916 bis del Código Civil para el Distrito Federal.
Además, le dio crédito a lo dicho por Sahagún en su libro Caminando, en el que niega haber revelado datos de su vida privada. Por el contrario, ninguna de las pruebas de las codemandadas fue avalada por el juez. De las pruebas de CISA, aseguró que “carecieron de eficacia probatoria”, por lo que “no desvirtuaron la ilicitud con que se condujo”. Y las pruebas de Wornat las desechó por “ser carentes de derecho y de elementos fácticos”.
A diferencia de su frustrado fallo de mayo pasado, en el que aseguró que fueron “ilícitos” los ingresos obtenidos por Proceso con la venta del número en que apareció el texto impugnado, ahora el juez estableció que la comercialización de la revista causó el daño.
Con esos argumentos resolvió condenar a las demandadas a pagar una indemnización solidaria de 1 millón 958 mil 580 pesos, en razón del número de ejemplares vendidos de la revista, que según lo dicho por Sahagún al juez fue de 65 mil 286 ejemplares. En el escrito de su demanda, Sahagún aseguró: “195 mil 858 personas leyeron la intromisión en mi vida privada y en mi intimidad”.
Reporteros Sin Fronteras
Marta Sahagún salió a celebrar el fallo al igual que lo hizo en mayo pasado, cuando anunció que la indemnización la destinaría a organizaciones no gubernamentales dedicadas a los niños con cáncer, las mujeres maltratadas y la pobreza.
“Estoy muy contenta, consciente de que no es un proceso concluido. Habrá que ir a la segunda instancia… con la misma rectitud que lo hemos hecho hasta ahorita” (sic). Refrendó entonces el patrocinio de Ligia Cuevas de Velasco, esposa del magistrado de circuito del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal Federal, Guillermo Velasco Félix.
La apuesta de Sahagún es que su abogada logre también que la segunda instancia, la Primera Sala del TSJDF, le dé la razón; tal y como lo hizo la Cuarta Sala de ese tribunal en septiembre pasado, cuando confirmó una sentencia por daño moral contra la propia Wornat.
Esa demanda fue interpuesta por su hijo mayor, Manuel Bribiesca Sahagún, por la publicación del libro Crónicas malditas desde un México desolado, en el que la periodista lo acusa de haber usufructuado el poder de su madre.
Montada en su triunfo de primera instancia, Sahagún desestimó, además, la continuación de las investigaciones legislativas sobre los negocios de su hijo: “La mentira no se puede documentar… nunca será documentada”.
El fallo del juez Jiménez Mora será recurrido por los abogados de las sentenciadas, pero ya fue rechazado a nivel internacional. Desde París, Reporteros Sin Fronteras (RSF) criticó el castigo impuesto por el juez. “¿Corresponde a la justicia cuantificar hasta el absurdo un sentimiento de ‘atentado al honor’, noción que es muy subjetiva por definición?”, se preguntó la organización no gubernamental.
“No nos corresponde a nosotros contestar los considerandos” (del juez) en su sentencia. “El fondo no se cuestiona”, pero resulta exagerado que se tenga que pagar esa indemnización por concepto de “daños morales” en un asunto en el que está involucrada la esposa del presidente Vicente Fox.
En su comunicado, difundido al día siguiente de las declaraciones festivas de Sahagún, RSF aseguró que la suma pedida “es exorbitante en relación con el perjuicio sufrido y, sin duda, no sería tan alta si la querellante no fuera la primera dama del país”.
Recuento ciudadano "Petición espejo" ante el IFE
Daniel Lizárraga
De acuerdo con una copia de la minuta de esa sesión que se encuentra en poder de este semanario y con base en información recopilada por éste, la reunión duró poco menos de 30 minutos. Los funcionarios del IFE asistieron sólo para aprobar de manera formal un expediente previamente acordado, discutido en privado, que luego se utilizaría como formato para dar respuesta a otros medios de comunicación y a 800 ciudadanos que también habían solicitado conocer la documentación electoral.
Sólo Eduardo Guerrero Gutiérrez, miembro de ese Comité de Información y director ejecutivo del Servicio Profesional de Carrera, intentó –en vano– advertir a sus compañeros Gregorio Castillo, Rodolfo Vergara, Francisco Guerrero y Antonio Horacio Gamboa Gutiérrez que impedir el acceso a las boletas implicaría violar tanto la Ley Federal de Transparencia como su reglamento interno.
Al intervenir en esa sesión del IFE –en la que finalmente sólo emitieron su voto Francisco Guerrero, Antonio H. Gamboa y el propio Eduardo Guerrero–, el director ejecutivo del Servicio Profesional de Carrera les dijo a sus pares que la obligación de las instituciones en México consiste en favorecer la rendición de cuentas, contribuir a la democratización y desmotivar la opacidad en asuntos oficiales. Pero sus argumentos no lograron convencerlos.
Pese a la insistencia de Eduardo Guerrero sobre los problemas que le podría causar al IFE esa negativa, toda vez que el artículo sexto de la Constitución garantiza el acceso a la información por parte del Estado, los integrantes de la comisión ignoraron los exhortos.
Eduardo Guerrero basó sus argumentos en el hecho de que las boletas, convertidas en votos, son documentos públicos, mientras que Francisco Guerrero y Horacio Gamboa se limitaron a votar, y lo hicieron en contra de la solicitud de Proceso. Las posturas estaban definidas desde antes de llegar a esa sesión extraordinaria.
Fue Gamboa quien, en su calidad de secretario técnico, concluyó la sesión: “No sé si hubiera algún otro comentario. En caso contrario, les pediría, si están de acuerdo con el asunto, con el proyecto de resolución… Entonces está aprobado por mayoría”.
Proceso obtuvo la copia de la minuta de la sesión del martes 5 de septiembre, luego de tramitar una solicitud de información al IFE para conocer los pormenores de la reunión. Este es el único documento con el que cuenta. Del resto de los debates internos no hay registros.
Uno de los argumentos utilizados por Eduardo Guerrero, el de apelar a la garantía constitucional de acceso a la información, representa el eje sobre el cual gira la demanda de amparo tramitada por Proceso.
El pasado viernes 13, la oficialía del Poder Judicial turnó al magistrado Julio Hernández el expediente RA 431/2006-5965 en el cual este semanario solicita que la sentencia de la juez María Guadalupe Rivera González sea revisada, toda vez que rechazó el amparo argumentando que se trata de un asunto electoral sobre el cual las únicas autoridades competentes son el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Nueva solicitud
A través de su abogado Miguel Cano, Proceso considera que la juez Rivera González no se percató de que está de por medio la violación a una garantía constitucional y que la petición de este semanario de ninguna manera pretende revertir el resultado de los comicios presidenciales.
Los tres integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito tienen ahora básicamente dos alternativas: ordenar a la juez Rivera González que admita la demanda y valore adecuadamente los argumentos que esgrime Proceso o, en su defecto, confirmar que no existe manera de abordar este asunto. También, estos magistrados pueden optar, debido a la importancia del caso, si turnan el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o lo analizan ellos mismos.
En su recurso de revisión, Proceso presentó tres antecedentes sobre cómo los ministros han atraído casos controvertidos. El propósito último sigue siendo que el Poder Judicial decida si la negativa del IFE al acceso a las boletas y la destrucción de éstas se apegan a la Carta Magna.
En tanto culmina el desahogo de este expediente, el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, declaró a la prensa que mientras no haya una decisión final sobre los más de 40 millones de votos emitidos, los consejeros ciudadanos mantendrán intactos y resguardados los paquetes electorales.
Ante los asistentes a un diplomado en las instalaciones del propio IFE, el martes 17, Ugalde explicó que si bien el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) los obliga a destruir las boletas, esperarán hasta que la Suprema Corte y el TEPJF emitan sus fallos.
A pesar de las afirmaciones de Ugalde, publicadas en el diario Excélsior al día siguiente, no hay mecanismos legales específicos que impidan la destrucción de los documentos electorales. Esto motivó a Proceso y a un grupo de investigadores y organizaciones no gubernamentales a tramitar un amparo.
Ahora, además de la solicitud de acceso a la información y el referido amparo –promovidos por el director de este semanario, Rafael Rodríguez Castañeda–, existe también una petición espejo ante el IFE; es decir, otra solicitud planteada en los mismos términos para acceder a los sobres que contienen los votos para presidente de la República, sólo que suscrita por este reportero.
Desde el 12 de septiembre, el reportero presentó un recurso de revisión ante el IFE, cuyo Consejo para la Transparencia –conformado por consejeros ciudadanos y representantes de los partidos– deberá ratificar la negativa del Consejo de Información de ese organismo a tener acceso a los paquetes o revocar la postura asumida por dicho comité el 5 de septiembre.
Los funcionarios del IFE deberán responder a este recurso de revisión el 23 de noviembre, cuando se venza el plazo de 50 días hábiles establecido en el reglamento de transparencia del organismo electoral.
Interpretaciones amañadas
La posición de Eduardo Guerrero, a contracorriente de los demás integrantes del Comité de Información del IFE, coincide con las tesis sostenidas por otros especialistas, quienes sostienen que las boletas sí son documentos públicos, por lo que, en consecuencia, las autoridades deben facilitar el acceso a esta documentación.
Al iniciar la sesión extraordinaria del martes 5 de septiembre, Rodolfo Vergara, quien funge como secretario técnico del Comité de Información, propuso un mecanismo para “simplificar la discusión”. Primero, dijo, se tratará el tema de las boletas –el común denominador de todas las solicitudes– y se dejarán para después las particularidades de cada una de ellas, por ejemplo, las copias de documentos oficiales.
–Sólo para quedar claros: ¿La argumentación que viene para responder a la solicitud de Rafael Rodríguez Castañeda (director de Proceso) se repetiría en todas las demás (peticiones)?” –preguntó Eduardo Guerrero a sus pares.
–Exactamente, así es –le respondió Vergara.
Eduardo Guerrero sostiene que, al rechazar el acceso a las boletas, el Comité de Información viola al menos cuatro artículos de la Ley Federal de Transparencia. Por principio –dijo a sus compañeros en aquella sesión–, todas las instituciones en México tienen la obligación de clarificar la gestión pública, favorecer la rendición de cuentas y contribuir a la democratización de la sociedad.
Y citó parte del artículo sexto: “… en la interpretación de la presente ley se deberá favorecer el principio de publicidad de la información en poder de los sujetos obligados”.
En la copia de la minuta consta cómo Eduardo Guerrero trató de persuadir a sus compañeros poniendo sobre la mesa este otro argumento:
“Las boletas electorales cumplen con los requisitos mínimos para ser consideradas documentos públicos, de acuerdo con la Ley de Transparencia y, en esta lógica, el IFE debe garantizar su difusión a cualquier ciudadano que las requiera.”
Sus compañeros desoyeron esta tesis y mantuvieron su postura de esgrimir una inédita interpretación del Cofipe: Las boletas, al depositarse en las urnas, se convierten en votos, arguyeron. Entonces, lejos de concebirse como documentos públicos, en realidad se transforman en la expresión política de los ciudadanos.
Antes de que finalizara la sesión extraordinaria del 5 de septiembre, Eduardo Guerrero detalló que en el propio reglamento interno del IFE –artículo 20– se precisa que la atención a las solicitudes de acceso a la información no está condicionada a que los ciudadanos –en este caso Proceso– justifiquen qué pretenden hacer con los documentos.
Y remató: “En particular, mi voto en contra se basa en las siguientes razones: en primer lugar, sostengo que la norma especial para atender las solicitudes que nos ocupan, relativas a las boletas, es la Ley Federal de Transparencia. Desde mi punto de vista, no existe contraposición entre esta última norma con el Cofipe. En segundo lugar, las boletas son documentos que contienen información pública”.
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