LAS CAUSAS POPULARES QUE NO SE DEFIENDEN, SON DERROTADAS.

Gustavo Iruegas.

La quinta decisión.

Cuando don Miguel Hidalgo y Costilla avanzaba hacia la ciudad de México a la cabeza del ejército insurgente enfrentó en el Monte de las Cruces a las tropas realistas que, al mando de Torcuato Trujillo, había enviado el virrey Venegas para detenerlo. La batalla fue cruenta y los soldados realistas sobrevivientes huyeron a México en espera del inminente asalto final. Aunque el triunfo insurgente estaba a la vista, el generalísimo decidió no atacar. Ordenó a sus tropas volverse y marchar hacia Querétaro.

Los críticos de la decisión de Hidalgo argumentan que si hubiera cargado sobre la capital, la independencia de México se habría logrado antes y en mejores condiciones que las conseguidas en 1821. Sus defensores sostienen que el escrúpulo de Hidalgo obedecía en primer lugar, a que el ataque no habría tenido éxito porque la ciudad estaba defendida por tropas bien organizadas y pertrechadas mientras el ejército insurgente no era más que una turba que formaba columnas rudimentariamente armadas y, en segundo, a que, en caso de triunfo, habría cometido una matanza como la que se cometió en Guanajuato.

Un suceso menos documentado, pero igualmente aleccionador, referido a que, cuando México fue invadido y ocupado por Estados Unidos y se discutían los términos del tratado de Guadalupe, había entre los mexicanos una corriente de opinión que insistía en luchar hasta la muerte contra los invasores; sostenía que el enemigo no era dueño de más terreno que el que pisaba y que la población debería hostilizarlos como había hecho cuando entraron a la ciudad de México, abandonada por Santa Anna y su Estado Mayor. La opinión de esos mexicanos fue desestimada y la capitulación significó la pérdida de 2 millones 400 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional.

Apenas tres lustros después, don Benito Juárez optó por resistir la invasión francesa y defender la República "como se pueda, con lo que se pueda y hasta donde se pueda" y triunfó.

Muchos otros episodios semejantes se pueden encontrar en las páginas de nuestra historia. En tiempos modernos, el gobierno de Miguel de la Madrid decidió interrumpir el conteo electrónico de los votos aduciendo "la caída del sistema" para robar la elección que su candidato Carlos Salinas de Gortari había perdido frente a Cuauhtémoc Cárdenas. Indignada por el descarado despojo, la población se movilizó para protestar y realizó varias concentraciones multitudinarias en el Zócalo, semejantes a las que se han realizado últimamente pero, hasta entonces desconocidas en este país. En una de ellas, la multitud enardecida y furiosa pedía a su líder asaltar el palacio nacional. Cuauhtémoc se negó.

En círculos de la izquierda mexicana hay quien dice que esa negativa permitió la usurpación de la Presidencia de la República. Otros argumentan que una "toma de la Bastilla" hubiera terminado en una masacre y le habría significado un baño de sangre a la nación. De manera un tanto maniquea, el episodio se presenta bien como un costoso error de la dirigencia, bien como un acto de responsable prudencia de Cárdenas.

Quizá ninguna de las dos opciones era correcta. Tal vez el recurso a la resistencia civil no estaba suficientemente asimilado por la cultura política nacional. En todo caso, hoy no es así y en ello descansa la rebeldía popular en defensa de la democracia que conmociona al país.

A lo largo de los últimos seis años se han intentado, de manera creciente, trucos, trampas y rapacerías sobradamente conocidos por la población. Solamente el poderoso respaldo popular impidió la defenestración del candidato popular. En la última etapa, la electoral, el IFE incumplió con su misión de organizar elecciones confiables y en el intento de imponer sus resultados perdió la credibilidad y la confianza pública. Nuevamente la sociedad se reunió en formidable asamblea y, esta vez, exigió el recuento de todos los votos.

El tribunal electoral decidió revisar menos de 10 por ciento de las casillas y con ello desechar la petición popular de repetir, no el ejercicio electoral, sino la cuenta de los votos. La asamblea popular decidió continuar reunida en los lugares en que estaba: la Plaza de la Constitución y el Paseo de la Reforma con las calles que los conectan, hasta que las autoridades atiendan su petición.

El movimiento ha sido emplazado a celebrar el próximo 16 de septiembre una convención que decida el rumbo a seguir. Mientras tanto una serie de eventos, fechas y plazos se cumplirán. Para cada uno de ellos, el movimiento tendrá posición y respuesta. Antes de finalizar el mes el tribunal electoral emitirá su veredicto. Al iniciar septiembre el Presidente rendirá su último informe al Congreso de la Unión minutos después de que se haya instalado la nueva legislatura. Esa misma semana el tribunal entregará la constancia de mayoría al candidato triunfador, presumiblemente apócrifa. Llegará la noche de la ceremonia del Grito de Independencia en el Zócalo y la mañana del desfile militar en la ruta ahora ocupada por el movimiento democrático. Por la tarde se iniciará la convención popular para señalar rumbos, fijar programas, definir funciones y, sobre todo, asumir responsabilidades.

No todos los movimientos de resistencia popular triunfan, pero todas las causas populares que no se defienden son derrotadas.