DEL PROCESO.

La dignidad y la desvergüenza
Álvaro delgado México, D.F., 17 de diciembre (apro).-

Con una supuesta gallardía que jamás exhibió cuando las condiciones verdaderamente lo exigían, y que sólo revela la impostura de su conducta, Luis Carlos Ugalde presentó su renuncia a la presidencia del Instituto Federal Electoral (IFE) sólo para darse un brochazo de dignidad.

El mejor contraste lo representa Alicia Elene Pérez Duarte, quien renunció a su cargo de fiscal para la Atención de Delitos Cometidos contra Mujeres, porque sencillamente su trabajo no tenía sentido ni destino después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impartió cátedra de cómo garantizar impunidad a criminales pederastas coludidos con el poder público, como el emblemático gobernador Mario Marín Torres.

Se trata de dos conductas que revelan la concepción del servicio público y, también, el respeto que cada quien tiene de sí mismo:

Ugalde se aferró al cargo no para preservar la autonomía e independencia del IFE, desvirtuados ambos principios desde que hace cuatro años fue elegido él y los otros ocho consejeros --que ahí siguen--, sino para representar los intereses justamente de quienes lo impusieron --y quienes quieren seguir manteniéndolo-- y lucrar económicamente como forma de vida.

Pactada una jugosa liquidación y cobijado política y financieramente por los beneficiarios de la defraudación electoral --entre ellos los delincuentes impunes que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los panistas chihuahuenses del Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (Celiderh)--, Ugalde aprovechó la ineptitud de los diputados para enrollarse en la bandera y presentar su renuncia.

Antes había sido trazado el plan para dejar en el mismo cargo, con todas las jugosas prerrogativas que implica, a otro consejero de la misma fauna oficialista: Andrés Albo Márquez, un exempleado de Roberto Hernández, uno de los más prominentes traficantes de influencias del país, que financia lo mismo a priistas que a panistas que a sesudos intelectuales.

Así, el presidente del IFE ya no será un subordinado de Elba Esther Gordillo, como Ugalde, sino un compañero de parrandas de Felipe Calderón, a quien inclusive estimuló para ser candidato a presidente del Partido Acción Nacional (PAN) y luego aspirante presidencial.

Hasta antes de haber sido designado consejero electoral, a propuesta del PAN, Albo Márquez fue director del Departamento de Estudios Sociopolíticos de Banamex, con cuyos fondos se financiaban francachelas en cantinas del centro de la Ciudad de México que servía, además, para hacer futurismo político. Calderón era asiduo, siempre acompañado de su amigo y asesor Guillermo Valdés Castellanos, el encuestador de GEA-ISSA y actual director del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen).

Junto con Arturo Sánchez Gutiérrez, María Teresa González Luna Corvera y Rodrigo Morales Manzanares, Albo forma parte del grupo amigo de Calderón y ahora es el presidente del IFE. No hay que olvidar que el operador para el nombramiento de estos personajes y el resto de los consejeros fue Germán Martínez Cázares, ni más ni menos que actual dirigente del PAN.

Por ello, Ugalde puede irse ya porque quedó alguien como él y, de paso --para encubrir la desvergüenza--, se dio un brochazo de dignidad, cuya esencia desconoce.

La abogada Pérez Duarte, en cambio, decidió que no tenía sentido seguir siendo fiscal en la Procuraduría General de la República (PGR), porque su trabajo ya es estéril: si la SCJN decidió, el 29 de noviembre, que Mario Marín no violó gravemente las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, y dejó sin posibilidad de investigar las redes de pederastia, nada podía hacerse.

Justamente el caso de la periodista hizo crear la fiscalía, en febrero del 2006, y desde entonces se integró una averiguación previa contra servidores públicos de Puebla y Quintana Roo, que no había sido consignada a un juez porque el procurador Eduardo Medina Mora obedeció la instrucción de su jefe, Felipe Calderón: no le muevas.

Si su cargo era una simulación, como la administración y la impartición de justicia, no tenía sentido permanecer en el servicio público.

Ese sí es un auténtico acto de dignidad.

(Por cierto, el procurador de Justicia de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, ha sido formalmente denunciado ante la PGR por su presunta responsabilidad en actos de pederastia, pornografía y explotación sexual infantil. En esa entidad recibió la protección del gobernador panista Emilio González Márquez y del cardenal Juan Sandoval Iñiguez, lo que hizo que las víctimas y sus familias busquen justicia a nivel federal. Ojalá y no, pero se perfila otro caso de impunidad.)Leer más...