Del Proceso

Gamboa Patrón: “No habrá marcha atrás” al gasolinazo

jesusa cervantes

* Posponen diputados integración de la comisión que investigará la riqueza de Fox

México, D.F., 1 de octubre (apro).- El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados propuso otorgar mayores recursos a los estados, para neutralizar el impacto que tendrá el aumento a los combustibles.

Sin embargo, el coordinador del PRI, Emilio Gamboa, afirmó que “no habrá marcha atrás” a dicha medida.

Gamboa Patrón negó que el aumento de dos centavos por mes al litro de gasolina y diesel sea “un capricho de partido”, y anticipó que el presidente Felipe Calderón publicará el acuerdo el 15 de diciembre próximo, para que entre en vigor el 1 de enero de 2008.

La aclaración del diputado priista se originó luego de que el coordinador de los perredistas, Javier González Garza, dijo que “existen recursos que se pueden sacar de partidas presupuestales para cubrir ese impuesto (de la gasolina), pero si no lo quieren hacer entonces es un problema político y de decisiones políticas”.

González Garza adelantó que su partido espera una coordinación con las “fuerzas sociales”, como los sindicatos, para enfrentar no sólo el gasolinazo, sino toda la escalada de precios… “Vamos a estar pegados a ese movimiento”, advirtió.

El legislador perredista adelantó que este martes 2 de octubre integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) protestarán frente al palacio legislativo de San Lázaro contra el incremento del precio en los principales productos de la canasta básica. Dijo que al menos 30% han sufrido modificaciones a la alza.

Así mismo, agregó, los sindicalistas de la UNT reclamarán al secretario de Hacienda, Agustín Carstens --quien comparecerá este mismo martes ante los diputados como parte de la glosa del Informe de Gobierno--, la falta de control en los precios y la generación de la espiral inflacionaria que inició desde que el actual gobierno asumió las riendas del país.

González Garza dijo que mientras productos como la carne, el pollo, el huevo, la tortilla y otros productos de primera necesidad se incrementan hasta en 30%, el gobierno sigue insistiendo en que la inflación es de apenas 3.9%. “Antes vivíamos en Foxilandia… ahora no sé cómo llamarlo”, ironizó.

En tanto, el priista Emilio Gamboa Patrón urgió al secretario de Economía, Eduardo Sojo, a que haga su trabajo y evite el incremento en los productos de primera necesidad, pues aún no ha aumentado la gasolina. “Además, por un aumento de dos centavos al litro de gasolina no se justifica que se disparen los pecios”, señaló.

--¿Buscarán una reunión con Sojo para pedirle que evite la escalada de precios?

--Esa es una función del gobierno, quien lo debe hacer es Acción Nacional, que es gobierno en este momento.

Gamboa Patrón olvidó, en el caso de la gasolina, fueron los priistas quienes enviaron una carta a Felipe Calderón en la que le demandaron que retrasara la entrada en vigor del aumento.

Por otra parte, el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados e integrantes del PRD, Luis Sánchez Jiménez, rechazó los reproches que Andrés Manuel López Obrador lanzó contra los legisladores perredistas por no haber impedido el aumento a la gasolina.

Sánchez Jiménez calificó de lamentables las consideraciones de López Obrador y dijo que ese tipo de cuestionamientos deben hacerse al interior de su partido. Dijo que los perredistas quieren a López Obrador “la duda es si López Obrador quiere al PRD”, lanzó.

Posponen comisión que investigará a Fox

En otro tema, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Héctor Larios, informó que la integración de la comisión legislativa que investigará la riqueza del expresidente Vicente Fox se pospuso 15 días más.

“Nos falta definir quién presidirá, los alcances, los integrantes y la duración”, explicó el panista, quien calificó como “una polvareda política” el escándalo generado por la opulencia de Fox.

"Cuando se levanta el polvo hay que esperar que baje para poder ver exactamente qué es lo que tiene sustento y qué es lo que exactamente hace ruido y polvareda. Yo esperaría ya no comentar sobre estos temas hasta que se baje un poco la polvareda", atajó.



Cárcel de 3 a 41 años a cuatro militares por caso Castaños


arturo rodríguez garcía

* Otros cuatro fueron absueltos; apelarán la decisión ante la CIDH

Monclova, Coah., 1 de octubre (apro).- La justicia civil encontró culpables del delito de violación a cuatro de los ocho soldados inculpados por el caso Castaños., tres de los cuales fueron sentenciados a 41, 31 y 21 años de prisión y, uno más, a tres años nueve meses; este último, alcanza libertad bajo fianza. El resto de los militares fue exculpado.

De esa forma, concluyó el primer juicio por violación encauzado por autoridades civiles contra los militares que, el 11 de julio de 2006, abusaron sexualmente de 14 bailarinas y sexoservidoras que trabajaban en centros nocturnos ubicados en la zona de tolerancia del municipio de Castaños.

Tal como lo adelantó la agencia Apro el pasado jueves 27 de septiembre, el juez segundo en Materia Penal, Hiradier Huerta Rodríguez, condenó a Omar Alejandro Rangel Fuentes, Juan José Gaytán Santiago, Fernando Adrián Madrid Guardiola y Angel Antonio Hernández Niño.

Rangel Fuentes fue sentenciado a 41 años cuatro meses de cárcel por agredir sexualmente a cinco mujeres aquella noche; Gaytán Santiago deberá compurgar 21 años de cárcel; Madrid Guardiola, fue sentenciado a 31 años dos meses de prisión por abusar de dos mujeres, y Hernández Niño fue condenado a tres años nueve meses de prisión y 20 mil 843 pesos de multa. Este último sólo fue acusado de lesiones, por lo que podrá salir bajo fianza.

El juez Huerta Rodríguez exculpó del delito de violación al resto de los soldados debido a que las agraviadas se retractaron o no los identificaron. Se trata de Norberto Francisco González, Rosendo García Jiménez, Casimiro Ortega Hernández, y Norberto González Estrada.

A la insólita audiencia judicial, sólo asistieron dos de las 14 mujeres agraviadas. Ambas se mostraron inconformes por la sentencia absolutoria concedida a cuatro militares pues, insistieron, sí cometieron los delitos por los que fueron acusados.

Agregaron que no esperaban esta decisión de la justicia coahuilense, y que tampoco estaban conformes con las penas otorgadas a los soldados, mismos que dañaron sus vidas para siempre.

Una de las agraviadas incluso llevó a la niña que nació en febrero pasado, producto de la violación cometida por Madrid Guardiola, condenado a 31 años ocho meses:

“¡Qué bueno que le dieron esa sentencia, pero merecía muchos más!, porque no le alcanzará la vida para pagar el daño que me ha hecho”, sostuvo conteniendo el llanto.

En entrevista vía telefónica, el procurador general de Justicia, Jesús Torres Charles, informó que se apelará la sentencia, al considerar que existen elementos que el juez no tomó en consideración para emitir su fallo.

La abogada coadyuvante, Sandra de Luna González, coincidió con el procurador y agregó que buscarán apelar ante las instancias judiciales nacionales e internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sostuvo que se trató de una “salida política” lo ocurrido hoy en el juzgado segundo, y además calificó de “absurda decisión del juez, que actuó de forma misógina”.

“Estoy tranquila”, añadió, porque los cuatro militares que fueron absueltos esta tarde quedan sujetos a la justicia militar, “tan pronto como salgan de ahí (Centro de Readaptación Social para Varones) habrá personal de la Procuraduría de Justicia Militar para ser juzgados por el delito de abandono de servicio”.

Más tarde, el juez Huerta Rodríguez apuntó que los encausados serían conducidos al penal militar de Mazatlán, Sinaloa, de donde el 18 de agosto de 2006 fueron trasladados para iniciar el proceso judicial por el fuero común.

El 6 de agosto Apro publicó que las mayores dificultades para el proceso se presentaron cuando dos víctimas, Wendy y Nubia, se desistieron de sus declaraciones, y alegaron que la entonces directora del Instituto Coahuilense de las Mujeres, Guadalupe Frayre Camacho; las abogadas Sandra de Luna y Martha Castillón, del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Corpovvi), y Jacqueline Campbell Dávila, vocera de la diócesis de Saltillo, les pagaron para acusar a los militares.

Campbell Dávila interpuso una denuncia de hechos para que se investigaran los desistimientos, pero hasta el momento las autoridades no le han dado respuesta.

Las demás víctimas, entrevistadas por esta agencia, denunciaron que familiares de los soldados y personas de aspecto militar les habían ofrecido dinero y, posteriormente, las amenazaron para que se desistieran de sus dichos.

De acuerdo con el expediente judicial, Wendy y Nubia sí fueron violadas, pero su desistimiento terminó favoreciendo a los presuntos agresores.

Finalmente, el juez Hiradier Huerta consideró, en conferencia de prensa, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos careció de los datos necesarios para emitir una opinión sobre el caso. Dijo que los expedientes compartidos –no su totalidad-- fueron del arranque del proceso, por lo que faltó a la CNDH actualizar su información.

Y este mismo lunes el juez Huerta lamentó la filtración.

Dijo sospechar del presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Natalio Dávila Moreira, como el presunto autor de la filtración del fallo.

Huerta Rodríguez anunció que interpondría una denuncia al Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que haga una investigación sobre el tema, pues los únicos funcionarios judiciales enterados con anticipación del sentido de la sentencia eran el magistrado presidente Gregorio Pérez Mata y Dávila Moreira.



PAN: El empleado Germán Martínez

alvaro delgado

México, D.F., 1 de octubre (apro).- Quizá para algunos hagan falta todavía más evidencias, porque se resisten a las ya acumuladas en 10 meses, pero con las ya exhibidas queda más que claro para qué quería Felipe Calderón el gobierno: para sólo ganar el Partido Acción Nacional (PAN).

Recuperar el PAN, dicen los calderonistas, esa horda contrapuesta a la que encabeza Manuel Espino, su odiado rival de pensamiento compartido.

Sólo así se entiende que las acciones desde el poder gubernamental se hayan orientado desde hace exactamente 10 meses --que hoy, 1 de octubre, se cumplen-- a imponer la hegemonía de Calderón en ese partido, que padece una crisis más honda de lo que reconocen sus propios militantes.

Aquí se ha descrito, con pruebas, el intervencionismo gubernamental --con todo el poder de la nómina-- en el proceso de integración del nuevo Consejo Nacional, electo en la Asamblea Nacional de junio, en León, Guanajuato, y en la elección de Acción Juvenil, que terminó por ser anulada por esa razón, con el consecuente enojo de la facción calderonista.

Ahora la separación, que no renuncia, de Germán Martínez Cázares de la Secretaría de la Función Pública (SFP) repite otra vez el fenómeno: la utilización del poder público para dirimir querellas partidistas, a contrapelo de la responsabilidad de combatir la corrupción gubernamental y privada, que para ello se supone que existe esa dependencia.

¿Con qué credenciales Martínez se presentará ante los consejeros nacionales del PAN para solicitar su voto? ¿Qué expedientes de logros exhibirá para garantizarles que será tan eficaz como dirigente nacional del PAN tanto como lo fue como servidor público durante casi 10 meses y que implicó la primera baja en el gabinete más bien grisáceo?

Martínez Cázares se cuidó, en efecto, de no imitar las espectaculares promesas de Francisco Barrio, el zar anticorrupción de Vicente Fox que se tornó en rotundo fracaso, como en realidad lo fue todo el primer sexenio panista, pero tampoco trae en sus alforjas más capital que la voluntad de su jefe, que de suyo no garantiza nada.

¿Qué trayectoria tiene Martínez para que, como él y sus incondicionales murmuran en comederos, sea electo --casi como un trámite-- sucesor de Espino en la sesión del Consejo Nacional dentro de casi medio año, en marzo de 2008? Salvo haber sido dos veces diputado federal, sin presentar iniciativas de relieve, y haber representado al PAN ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) en las elecciones de 2000 y de seis años después, no posee mayores méritos.

Si acaso puede ufanarse de haber compilado discursos y artículos periodísticos de Carlos Castillo Peraza, de quien se dice discípulo, como los recogidos en El porvenir posible, el mamotreto que confeccionó junto con Alonso Lujambio, el imparcial presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), y que dejó fuera piezas fundamentales del pensamiento del expresidente panista que renunció al PAN por la traición de Calderón al pretender sustituirlo como candidato, en 1997, a la jefatura de gobierno capitalino.

No, Martínez poco puede mostrar a los panistas para que, en automático --como lo pretende--, sea electo presidente del PAN, salvo la evidencia de que se trata de un capricho de Calderón, entretenido en la grilla partidista y ajeno al ejercicio de gobierno, salvo cuando ve su desplome en las encuestas y decide posponer, de manera populista, la entrada en vigencia del aumento al precio de las gasolinas.

Por eso, aunque este panorama es más que nítido, es preciso puntualizarlo otra vez: lo que en el PRI era deleznable --la subordinación del partido oficial al jefe del Ejecutivo-- está siendo una virtud en Calderón, que emerge como el gran elector y, una vez emitido el dedazo a favor de Martínez, la borregada lo acata sin chistar y se reproduce la cargada.

Hasta en estas palabrejas, propias del priismo, son reproducidas en el PAN, tal como lo describe el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo, en un diagnóstico preliminar realizado por la comisión del CEN de ese partido que prepara las reformas estatutarias que eventualmente se aprobarán en la Asamblea Nacional Extraordinaria, en enero, y que se publica en el semanario Proceso.

Y la importancia de este fenómeno de degradación del PAN no es sólo de incumbencia de quienes militan o simpatizan con ese partido, sino que se trata de un asunto que concierne a la sociedad, no sólo porque con sus impuestos dota de fabulosos emolumentos a la alta burocracia panista, sino porque está en marcha una involución política inadmisible para el país.

Por cierto, Martínez debe aclarar públicamente de dónde obtendrá recursos no sólo para vivir --porque no se le conoce más empleo que el que acaba de dejar--, sino para su prematura campaña por la presidencia del PAN, cuya elección será hasta dentro de seis meses.

Pero algo es seguro: la cruenta lucha entre facciones en el PAN --que no es de ideas-- se profundizará hacia marzo y un primer capítulo será este sábado 6 cuando, en la primera sesión del nuevo Consejo Nacional, discuta --si es que discute-- la presencia de El Yunque, la organización secreta ultraderechista que tiene amplias parcelas de poder en la vida del país.

Apuntes

Por cierto, mandos de El Yunque quisieron dar una muestra de poder este domingo en la Ciudad de México, pero hicieron el ridículo: lidereados por José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo de Seguridad Pública y Justicia Penal --un organismo financiado por la Coparmex--; la Unión Nacional de Padres de Familia; la Coordinadora Ciudadana, y otros membretes de esa organización ultraderechista, apenas convocaron a un puñado de personas en un breve tramo de la avenida Insurgentes. Vaya fracaso, a pesar de llevar, con engaños, a indígenas del estado de México y Querétaro… Obviamente, no protestaron por la carestía de los productos básicos por cuyas alzas Calderón clama inocencia en otra más de sus alevosas campañas de radio y televisión… Ortega Sánchez, cuñado de Jorge Serrano Limón, ha hecho, sin embargo, una denuncia que es preciso tomar muy en cuenta: afirma que la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, a quienes el Ejército Popular Revolucionario (EPR) reclama como militantes, fueron secuestrados por agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y, aunque esta organización guerrillera asume una ideología contrapuesta a la de él, considera inadmisible reactivar la guerra sucia. Le asiste la razón… En Jalisco, el gobernador Emilio González Márquez alienta la impunidad: Sigue en el cargo el procurador de Justicia, Tomás Coronado, identificado por víctimas de participar en prácticas de abuso sexual infantil...

delgado@proceso.com.mx



Tamaulipas: Denuncian diputados panistas que el narco penetró las campañas del PRI


de la redacción

México, D.F., 1 de octubre (apro).- Legisladores tamaulipecos del Partido Acción Nacional denunciaron hoy la presunta penetración del crimen organizado y del narcotráfico en las campañas políticas del PRI, por lo que solicitaron la intervención inmediata de los titulares de las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública federal, así como de la Procuraduría General de la República.

En un desplegado publicado en diversos diarios de de esta capital, los panistas advierten que desde el inicio de este proceso, que culminará el próximo 11 de noviembre, se han suscitado una serie de acontecimientos que han puesto en riesgo la imparcialidad y legalidad de las próximas elecciones.

“Hoy, lamentablemente hemos pasado de los delitos comunes electorales, al crimen político organizado, al encontrarse la delincuencia organizada y el narcotráfico directamente ligados con el manejo de su estructura en las campañas electorales operando a favor de los candidatos del gobernador Eugenio Hernández Flores”.

Identificados con el alcalde con licencia de Reynosa y candidato a diputado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el diputado local Alejandro Sáenz Garza, la senadora Lázara Nelly González Aguilar; y los diputados federales, Raúl García Vivián, Luis Alonso Mejía García, Omeheira López Reyna y César Varástegui Ostos, culpan directamente al gobernador priista, Eugenio Hernández Flores, de las amenazas, actos violentos y secuestros, que han derivado en algunos casos de la renuncia de candidatos de Acción Nacional por temor a su integridad física y la de su familia, como son los casos de Ciudad Mante, Nuevo Guerrero y Reynosa.

Añaden que no obstante de tratarse de hechos públicos, la Procuraduría del estado no ha iniciado averiguación alguna. Simplemente, dicen que no confían en el procurador. Y es que el procurador de Tamaulipas, José Guadalupe Herrera Bustamante, tiene su historia.

La revista Proceso en su edición 1610 del 9 de septiembre pasado, reveló que al gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, no le importaron los antecedentes turbios de José Guadalupe Herrera Bustamante. Tampoco, la vinculación de una parte de su familia con el cartel del Golfo. Ya había sido procurador de Justicia del estado; y pese a su negra historia, recibió el aval del Congreso tamaulipeco para repetir en el cargo…

Cuando José Guadalupe ocupó la Procuraduría por primera vez, se desempeñaron como agentes de la Policía Ministerial del estado (PM) algunos de los que la PGR identifica como líderes del cartel del Golfo, entre ellos Carlos Landín Martínez y Juan Carlos de la Cruz Reyna, alias el JC, detenidos recientemente. El primero fue arrestado el pasado 17 de julio por agentes federales estadunidenses en McAllen, Texas; el segundo, en la Ciudad de México a finales de agosto último.

Pero el gobernador Hernández Flores no consideró estos antecedentes y desde junio pasado incluyó a José Guadalupe en su equipo de asesores. Luego, el 7 de agosto, lo designó primer subprocurador de Tamaulipas. Y tras la renuncia de Aníbal Pérez Vargas como procurador, el mandatario lo propuso ante el Congreso estatal, el 28 de agosto, para que ocupara la vacante. El sábado 1 la petición fue aprobada en el pleno legislativo por mayoría. Sólo se abstuvieron cinco de los 32 diputados.

Por todo ello, los legisladores panistas demandaron a la PGR que inicie la averiguación correspondiente sobre los nexos del procurador de la entidad con la delincuencia organizada, denunciados por la revista Proceso.

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