DEL PROCESO.

Censura y reforma del Estado.
jorge carrasco araizaga México, D.F. (apro).-

En medio de las aclamaciones a la Reforma Electoral y del amplio respaldo que en su momento tuvo la decisión de la Corte de enmendar la llamada Ley Televisa, hay un tema que ningún poder del Estado siquiera ha mencionado como parte de la agenda de la Reforma del Estado: el control de los medios de comunicación a través de la publicidad oficial.

Como ocurría en el régimen autoritario del PRI, la distribución de la pauta publicitaria en México, se sigue haciendo en forma discrecional, como premio o castigo por parte de los gobiernos en turno.

En la actualidad, no hay ningún mecanismo para que los medios castigados por no compartir la línea del gobernante local o federal, se defiendan de esa designación arbitraria.

Mucho menos se sabe realmente cómo ni bajo qué criterios se distribuyen esos recursos, que son públicos. En el caso del Ejecutivo federal, la información es parcial. Y en muchos estados los gobernadores son totalmente opacos en esta materia.

En el caso de los poderes Legislativo y Judicial, que también manejan importantes pautas publicitarias, tampoco han mostrado interés en que se regule el tema.

Lo que está en juego con la distribución discrecional de los recursos de la pauta gubernamental, es la libertad de expresión, pues la inmensa mayoría de los medios depende de esos ingresos para sobrevivir, por lo que en muchos casos atan su línea editorial a la pauta publicitaria oficial.

No se trata de que el Estado mantenga a los medios, sino que los recursos que gasta en sus campañas los distribuya de forma transparente, controlada y racional, como lo establecen instrumentos internacionales, tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos, de los que México forma parte.

No hacerlo, implica dejar al arbitrio del gobernante el manejo de recursos según se porten los medios y los periodistas ante la autoridad y que, en la práctica, constituye una censura sutil, pero efectiva.

Ese es un verdadero problema relacionado con la libertad de expresión, que termina en autocensura de muchos medios para no perder esos ingresos.

Pero no tiene nada que ver con la supuesta agresión a ese mismo derecho que argumentó la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) en relación con la Ley Televisa y, sobre todo, en la recién aprobada Reforma Electoral.

Lo que los empresarios de la radio y televisión defendían no era ni siquiera la libertad de empresa, sino su libertad a seguir beneficiándose del derroche de recursos de las campañas electorales.

En una trascendente resolución, que le llevó semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo, en junio pasado, las reformas a la leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, que el Congreso de la Unión había aprobado para perpetuar el monopolio de los medios electrónicos, en especial el duopolio de Televisa y TV Azteca.

El argumento principal de los ministros fue el derecho que tiene el Estado, y no empresas particulares, a explotar el espacio radioeléctrico, que es propiedad de la nación.

Sin atentar contra el mercado, la Corte estableció que esa explotación debe ser en beneficio de todos los interesados, sin que el dinero sea el principal argumento para otorgar una concesión.

Tres meses después, el Senado de la República resistió el embate de la CIRT y aprobó la Reforma Electoral, para limitar el gasto en propaganda electoral.

Primero fue el Poder Judicial y, luego, el Judicial los que, en forma sorprendente, salieron en defensa del interés colectivo.

Ahora su silencio, junto con el del Poder Ejecutivo, respecto de la necesaria regulación de la publicidad oficial, levanta dudas sobre el alcance que puede tener la Reforma del Estado, para el desarrollo de los medios de comunicación en México, en un verdadero sistema democrático. (28 de septiembre de 2007)