DEL PROCESO.

Las reglas de la Corte.
jorge carrasco araizaga

México, D.F., (apro).- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá esta semana las reglas que podrían derivar en juicio político a los gobernadores de Puebla y Oaxaca, incluso a funcionarios federales como el procurador DE LA República, Eduardo Medina Mora.

El mismo lunes los ministros pueden llegar a un acuerdo, en sesión privada, para reglamentar el ejercicio de la facultad de la Corte, prevista en el artículo 97 de la Constitución, sobre la realización de investigaciones para el caso de graves violaciones a las garantías individuales, así como al voto público.

Al interior del pleno, varios ministros pretenden enmendar la propuesta de reglamento elaborada en el pasado receso vacacional del Poder Judicial por los magistrados Mariano Azuela, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Sergio Valls Hernández, de conocida posición conservadora; especialmente en el caso de los dos primeros.

Ese proyecto concibió la integración de débiles y restringidas comisiones investigadoras, casi de trámite, sobre todo porque sus resultados –de acuerdo con la Constitución– carecen de carácter vinculante, con lo que quedan en meras recomendaciones.

El propósito de los ministros que se oponen a esa propuesta es dotarles de “dientes” a los jueces o magistrados que sean designados por la Corte para tales investigaciones.

No se trata de darles facultades inquisitorias, de Ministerio Público. Lo que se pretende es que la investigación de los hechos sea considerada en el contexto de la probable existencia de violaciones a las garantías fundamentales.

Fijadas las reglas, se iniciarán los procedimientos de investigación para el caso de Puebla, San Salvador Atenco y Oaxaca.

En el primer caso, el ministro Juan Silva Meza ya produjo un informe, producto de una investigación de casi un año, en el que estableció la existencia de una concertación de autoridades del gobierno de Puebla, encabezado por el gobernador Mario Marín, para violar los derechos fundamentales de la periodista Lydia Cacho.

Con las reglas establecidas, es seguro que el reporte de Silva Meza sea modificado, aunque las evidencias son tan abrumadoras que, al final, la Corte podría hacer una recomendación de juicio político en contra del gober precioso.

De acuerdo con la ley, la decisión quedaría en manos del Congreso poblano. Pero dependerá de las negociaciones del PRI con el gobierno de Felipe Calderón, lo que podría derivar en impunidad.

Calderón necesita comprar estabilidad para su gobierno y el PRI está en condiciones de vendérsela. Cuando fue candidato presidencial, Calderón encabezó una farsa en contra de Marín.

En el discurso y para la fotografía “firmó” una solicitud de juicio político contra el gobernador poblano elaborada por congresistas del PAN en Puebla. En realidad nunca la firmó. Y más aún, como presidente ha ido varias ocasiones a ese estado acompañado por el gober precioso.

En la Corte hay quienes consideran que no sólo en Puebla, sino también en los casos de Oaxaca y San Salvador Atenco las investigaciones pueden derivar en recomendaciones de juicio político.

De nueva cuenta, el gobierno de Calderón tendrá una intervención directa, pues el PRI no está dispuesto a permitir la salida de Ulises Ruiz del gobierno de Oaxaca, sobre todo después de haber arrasado en las elecciones locales del domingo 5 de agosto, aun con el abstencionismo del 70 por ciento. Calderón puede negociar también su permanencia.

En San Salvador Atenco, Calderón tendrá que salir a defender a su ya de por sí desprestigiado procurador, señalado en la red de protección de Zhenli Ye Gon.

Como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y jefe político de la Policía Federal Preventiva, en el gobierno de Vicente Fox, Medina Mora está directamente involucrado en el exceso de fuerza y graves violaciones a los derechos humanos de los pobladores de ese municipio del Estado de México.

En la Corte hay quienes están dispuestos a hacer esas recomendaciones, pero hasta ahí podrían llegar. Y si en el Poder Judicial hay quienes se dicen dispuestos a hacer cumplir la ley, uno de sus principales integrantes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendría que predicar con el ejemplo.

El escándalo de presunta corrupción solapada por el hasta el lunes pasado presidente del tribunal, el magistrado Flavio Galván, tendría que derivar la renuncia de quienes estuvieran implicados, empezando por la del propio Galván. (10 de agosto de 2007)