PROCESO SALE BIEN CARGADITO

Y COMO PODIA FALTAR A LA CITA DE LOS CRIMINALES DE LA SEMANA ,LA MAMA DE CHUCKY:


Elba Esther pasa más facturas
José Gil Olmos

Luego de su triunfo electoral con Felipe Calderón, y tras recibir los puestos públicos requeridos para sus allegados en el actual gobierno, Elba Esther Gordillo se propone reforzar el Panal mediante alianzas con el PAN en 10 de los 14 estados donde habrá elecciones este año. Así lo revela un documento confidencial obtenido por Proceso, en el cual se asienta además que el registro de ese partido peligrará si los actuales consejeros del IFE son desplazados. El plan de la maestra prevé incluso apoyar la candidatura de Enrique Jackson para presidir el PRI. Triunfante en las elecciones de 2006 y en la repartición del gabinete calderonista, Elba Esther Gordillo se propone ahora reforzar el Partido Nueva Alianza (Panal) en las 14 elecciones estatales de 2007, y para ello echará a andar un operativo electoral con un costo estimado en 700 millones de pesos que se aplicará a través de la estructura del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Esta revelación y otras, como la de que el Panal establecerá alianzas con el PAN en 10 estados del país para consolidarse y obtener al menos 10% de la votación nacional, se hallan contenidas en un documento confidencial que, elaborado por el presidente del Panal, Tomás Ruiz, y aprobado por Elba Esther Gordillo, llegó a manos de Proceso. Se trata de un extenso memorándum que admite además el apoyo a la candidatura de Enrique Jackson para la presidencia nacional del PRI en las elecciones de este domingo 18, pues plantea que si el sinaloense gana, “el trabajo político sería menos riesgoso y más rentable”. El diagnóstico que entregó Tomás Ruiz a la maestra Gordillo reconoce la necesidad de utilizar toda la estructura nacional del SNTE para los fines electorales del Panal, pero advierte que, dada la existencia de conflictos internos, es preciso gastar 330 millones de pesos para incentivar el activismo de los maestros en los 14 estados donde este año habrá elecciones para alcaldías, diputaciones y gubernaturas. ¿De dónde saldrá el dinero?, se pregunta al profesor Homero Polito, miembro del SNTE desde hace 35 años y exsecretario del mismo en Veracruz, Puebla y Colima, quien sin dudar señala que los millones de pesos saldrán de las arcas del sindicato, del bolso de algunos gobernadores e incluso del gobierno federal. Pero no sólo de ahí, señala a su vez Noé Rivera –exoperador político y electoral de Elba Esther Gordillo–, sino también del Fideicomiso para la Vivienda del Magisterio (Vima), organismo que durante el gobierno de Vicente Fox recibió mil 800 millones de pesos que, asegura, fueron empleados con fines electorales. Viejos conocedores de las prácticas políticas y sindicales de Elba Esther Gordillo, el profesor Homero Polito y Noé Rivera recuerdan que la maestra nunca ha presentado un informe financiero sobre el uso de los 160 millones de pesos mensuales provenientes de las cuotas en el SNTE y de los recursos de Vima. Pero aseveran que con ellos cubren todos los gastos de campañas electorales y las elevadas percepciones de los miembros de la dirigencia: 85 mil pesos mensuales en compensaciones de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, 65 mil de los representantes a nivel nacional y 50 mil de los secretarios generales de los estados. Esto, sin tomar en cuenta su sueldo mensual base: 30 mil pesos. Pero sobre todo, insisten, ese dinero se utiliza para pagar los bonos, el transporte, las comidas y el teléfono de los maestros que realizan el trabajo electoral, ya sea como promotores del voto, como observadores y hasta como representantes de casilla. Gastos de los que no se tienen registros en Hacienda ni en la SEP. Sin embargo, Polito señala que muchos maestros ya no están convencidos de seguir las órdenes de Elba Esther y que a ello se debe la desesperación de la maestra para consolidar al Panal, por lo cual acudió a pedir la ayuda de Calderón y del líder panista Manuel Espino e intenta influir en el proceso interno del PRI apoyando a Enrique Jackson. “Sabe que su ciclo se está cumpliendo, que se está cerrando. Por ello quiere consolidar a su partido y dejárselo a su yerno Fernando González y a su hija Maricruz Montelongo”, explica. Los hechos le dan razón al maestro Homero Polito. El 6 de febrero, cumpleaños de Gordillo, la maestra se reunió en privado en Los Pinos con el presidente Felipe Calderón, a quien le solicitó apoyo para realizar el cuarto congreso del SNTE y le expresó su molestia por el “golpeteo” en algunas publicaciones donde se acusa al sindicato de ser la causa principal del atraso educativo. Y es que en varios periódicos se ha dado seguimiento a la pésima calidad educativa y a estudios internacionales –uno de los cuales fue elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)– que responsabilizan al SNTE del rezago educativo. En el diario Milenio, por ejemplo, la encuestadora María de las Heras publicó un sondeo telefónico nacional según el cual 49% de los consultados considera al SNTE un obstáculo para la modernización educativa, mientras que 74% rechaza la pretensión de que la maestra Gordillo participe en la reforma educativa. A pesar de este tipo de publicaciones, la actividad de la lideresa del magisterio no ha disminuido, al punto de que mientras se hallaba enfrascada apoyando la candidatura de Enrique Jackson para presidir el PRI, recibió la buena noticia de que, por resolución judicial, la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, creada por ella, podrá tener representantes en los órganos de gobierno del ISSSTE, algo que antes sólo podía hacer la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), encabezada por el priista Joel Ayala, uno de sus principales enemigos políticos. Además, en estos días también se supo que Pablo Hiriart, director de uno de los diarios capitalinos, La Crónica Hoy, tuvo que abandonar su puesto por una exigencia de la maestra. De acuerdo con el columnista Raymundo Riva Palacio (El Universal, 9 de febrero), Elba Esther Gordillo y Jorge Kahwagi Macari –exdiputado del PVEM y actual secretario general del Partido Nueva Alianza (Panal)– se reunieron en Buenos Aires a finales del año pasado. Ahí, el hijo del dueño de La Crónica le pidió apoyo para ser el candidato presidencial del Panal en el 2012, a lo cual Elba Esther accedió, pero bajo dos condiciones: destituir a Hiriart por haber publicado notas en contra de su yerno Fernando González, subsecretario de Educación Básica, y reorientar hacia las autoridades del Distrito Federal la agresiva línea editorial del diario. Sus exigencias se cumplieron: Hiriart dejó La Crónica, y con él también salieron dos de sus principales columnistas, José Carreño Carlón y Otto Granados, ambos extitulares de Comunicación Social de la Presidencia de la República durante el sexenio de Carlos Salinas. Acostumbrada a jugar a la vez en varias pistas, la maestra reinició, así mismo, las juntas de trabajo con sus colaboradores en el penthouse de lujo que tiene en Polanco. Ahí acudieron el director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes; el director de la Lotería Nacional, Francisco Yáñez; el subdirector de Educación Básica, Fernando González; el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Roberto Campa, y el líder nacional del SNTE, Rafael Ochoa, con quienes definió las acciones políticas en puerta. Pero lo más importante para Elba Esther es apuntalarse electoralmente, y para ello encargó al nuevo presidente del Panal, Tomás Ruiz, diseñar un plan a nivel nacional para lograr posiciones en los comicios y consolidar su propio partido político. El gasto millonario Fue así como el presidente del Panal y eterno aspirante al gobierno de Veracruz, Tomás Ruiz, envió a Gordillo el pasado 7 de febrero un memorándum en el que le presenta el plan de operación para fortalecer y “expandir” el Panal en las elecciones de este año y rumbo a las que se efectuarán en 2009, cuando será renovada la Cámara de Diputados. En el documento –una copia del cual se halla en poder de Proceso–, Ruiz revela que el Panal carece de una estructura propia, pues en realidad está montado en la del SNTE; reconoce que el PAN está dispuesto a aliarse sólo en 10 de los 14 estados donde habrá elecciones este año; y señala que, ante la debilidad de la estructura de militancia del Panal, se dedicará parte del presupuesto al “reclutamiento” de cuadros del PRI y del PAN. El proyecto electoral está basado principalmente en la estructura y en los recursos financieros del SNTE, pero sobre todo en el dinero que pueda conseguir Elba Esther Gordillo del gobierno federal, señala el exoperador político de la maestra, Noé Rivera. De otra manera, añade, no se explica por qué las prerrogativas que el Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó para el Panal este año, por 187 millones 505 mil 882 pesos, no alcanzan, y que en el plan ideado por Tomás Ruiz se hagan requerimientos que tendrán un costo de 700 millones de pesos. De acuerdo con el memorándum –aprobado ya por la maestra–, 60 millones de pesos se destinarían al gasto corriente del Comité Ejecutivo Nacional del Panal y de los comités de las 14 entidades donde habrá comicios; 5 millones se aplicarán a capacitación; 95 millones a propaganda, y 15 millones de pesos a la realización de convenciones. Los mayores gastos serían para la estructura electoral, a la que le dedicarían 220 millones de pesos; a la estructura de activismo corresponderían 110 millones; a los candidatos, 135 millones, y a infraestructura, 60 millones de pesos. Tomás Ruiz justifica ese enorme gasto no sólo por las condiciones negativas que atraviesa el Panal, sino también por las consecuencias que en el partido puede tener la posible remoción de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) o la derrota de Enrique Jackson. “Es indiscutible –precisa el documento– la afectación política que podríamos sufrir por la no llegada de Enrique Jackson Ramírez a la presidencia del CEN del PRI; entre las razones más significativas está el enorme interés de los maestros por contar con la alianza con el PRI, estableciendo que el trabajo político y de campo sería menos riesgoso y más rentable. Esto nos obligaría a contar con alianzas desfavorables en términos políticos por estar suscritos sólo al Partido Acción Nacional. “La remoción de los consejeros electorales del IFE puede traer afectaciones directas, si no preparamos argumentación y esquemas estratégicos orientados a contraatacar campañas mediáticas referentes al registro de nuestro partido y la participación en la elección federal presidencial de 2006”, plantea el exdiputado federal por Veracruz. Tomás Ruiz reconoce igualmente que el Panal tiene una estructura de militancia débil, que en 80% de los estados su infraestructura está desmantelada y que en sus oficinas, prácticamente desiertas, no tiene mobiliario ni equipo de cómputo. Las metas político-electorales para el Panal que expone el también exdirector de la Lotería Nacional y exsubsecretario de Hacienda son ambiciosas: firma de 10 acuerdos de alianza con el PAN en igual número de estados; fortalecimiento de la estructura electoral y de movilización del Panal; reclutamiento de los mejores cuadros medios del PRI y del PAN; dar prioridad a las candidaturas a diputados locales, y reorganizar los 14 comités de los estados donde habrá elecciones este año. Adicionalmente, conseguir de 10 a 12% del total de la votación promedio en cada entidad y lograr que el Panal tenga 55 diputados federales tras la elección de 2009. Para ello necesitan los 700 millones de pesos que, sostiene Tomás Ruiz, serán manejados con estricta disciplina tratando de evitar que estos recursos se queden en ciertos dirigentes, como ocurre normalmente. Desde hace varios años, Elba Esther Gordillo ha utilizado al SNTE con fines electorales. Si antes lo hacía para el PRI, y luego se le atribuyó hacerlo para el PAN, ahora lo hace para su propio partido, el Panal. “Ha utilizado el dinero de las cuotas sindicales, pero ahora creo que usará recursos públicos como el año pasado, cuando empleó 900 millones de pesos que el presidente Vicente Fox le inyectó a los tres fideicomisos que maneja Elba Esther –para la vivienda (Vima), para el desarrollo tecnológico de los maestros y para el retiro del magisterio– y que canalizó a apoyar las campañas de los candidatos del Panal e incluso de Felipe Calderón”, sostiene Noé Rivera. Excolaborador cercano de la maestra –a quien le ayudó a transformar la estructura sindical del magisterio en una red electoral de alcance nacional–, Noé Rivera explica que Elba Esther Gordillo maneja con absoluta discrecionalidad los recursos que recibe para los tres fideicomisos del SNTE. “Estoy seguro de que los 700 millones de pesos que le está pidiendo Tomás Ruiz los va a meter en la bolsa de negociación oscura que hará con Felipe Calderón el 15 de mayo, el Día del Maestro”, sostiene.

Y MAS DE LA MAMA DE CHUCKY, JIJA DE SU MAL DORMIR, ARPIA ELECTORAL QUE TRAICIONO A MEXICO A TRAVES DE HUESTES INFAMES DE "EDUCADORES DEL FRAUDE":


El cajero de la maestra
José Gil Olmos y Alejandro Gutiérrez

Francisco Yáñez Herrera maneja las finanzas de Elba Esther Gordillo. Por sus manos han pasado miles de millones de pesos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y ahora es el director de la Lotería Nacional, aunque desde hace dos años tiene pendiente una demanda judicial por presunto fraude. De acuerdo con documentos en poder de Proceso, el 19 de junio de 2003 Marco Antonio Tapia Lizárraga, administrador de la empresa Optimización de Proyectos de Ingeniería y Construcciones, S.A. de C.V., denunció ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a Francisco Yáñez por haberle dado un cheque sin fondos. Vima, un fideicomiso del SNTE que tan sólo el año pasado recibió 900 millones de pesos del gobierno federal, contrató en 2001 los servicios de la empresa mencionada para realizar ocho trabajos, entre ellos la construcción del penthouse de Elba Esther Gordillo en Galileo número 7, colonia Polanco, del Distrito Federal. En septiembre de 2002, Proceso (1352) publicó parte de los gastos que el SNTE realizó para la construcción del penthouse de Gordillo. Entonces se publicaron las facturas de la empresa Mabasa y los costos de los materiales utilizados. La nueva documentación revela que Vima también contrató a Optimización de Proyectos de Ingeniería y Construcciones para la edificación del penthouse y para reforzar las oficinas de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) del PRI, que para entonces dirigía también Gordillo. A juzgar por las facturas 705 y 618 de esta segunda empresa, se habría desviado dinero público y de los maestros –proveniente de Vima– para esos gastos personales de la lideresa magisterial. El adeudo total de Vima con Optimización de Proyectos de Ingeniería era de 1 millón 387 mil 595 pesos. Actualmente, la deuda se habría quintuplicado por la acumulación de intereses. De acuerdo con el expediente del caso, Tapia Lizárraga, además de presentar la demanda envió a la profesora Gordillo una carta en la que le explica que durante dos años pidió a Vima, en vano, el pago de sus servicios. La misiva del constructor, fechada el 19 de febrero de 2004, señala: “El año pasado fui al sindicato y se me informó que mis facturas ya se habían pagado a Vima, fue así que el 19 de junio de 2003 presenté una denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. “Posteriormente recibí una llamada del Lic. Francisco Yáñez para llegar a una negociación (...) me dio largas y finalmente me recibió, y así me di cuenta de que este llamado era sólo para engañarme una vez más”. El quejoso agrega que al presentar el cheque del Banco Serfin, cuenta 09091571132 del Fideicomiso de Vivienda para el Sector Banobras Fiduciario, no pudo cobrarlo “por no tener saldo suficiente”. Entonces se entrevistó con Yáñez y éste se comprometió formalmente a pagarle en efectivo, lo que nunca sucedió. Cuando le dijeron que el fideicomiso “estaba cerrado” y que Francisco Yáñez ya no trabajaba ahí, Tapia Lizárraga se enteró también de que en los documentos contables del SNTE las facturas de la constructora aparecían como pagadas, aunque no precisaron a quién. Por ello, el denunciante pide a las autoridades iniciar una investigación, que el SNTE y Vima aclaren la situación e informen a quién le pagaron el importe de las facturas, cuándo lo hicieron y cuál fue la forma de pago. ¡Lotería! Antes de llegar a la Lotería Nacional, a Francisco Yáñez sólo se le conocía porque siempre traía un maletín, supuestamente lleno de dinero, y porque invariablemente estaba al lado de la maestra Gordillo. Hoy ya no necesita el maletín: el 6 de diciembre pasado su nombre apareció en el portal de la Lotería Nacional como nuevo director. Francisco Yáñez estudió la licenciatura en administración financiera en el Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua, su estado natal. En 1998 Simón Vargas, uno de los principales operadores de Elba Esther Gordillo, lo propuso para hacerse cargo de Vima, que ya presentaba problemas financieros. Al año siguiente Gordillo, entonces responsable de Acción Política del SNTE, solicitó a su equipo –en el que estaban Noé Rivera, Tomás Vázquez Vigil y el propio Yáñez– que realizara una auditoría interna. Rivera, exoperador electoral de Elba Esther Gordillo, reveló que después de dos meses la auditoría descubrió un desfalco de 650 millones de pesos; casi 65 mil viviendas entregadas en pésimas condiciones; falta de facturas; compra de terrenos irregulares y a sobreprecio; carencia de uso de suelo en las construcciones, y manejo oscuro de cheques (Proceso 1572). Ante el riesgo de que sus directivos fueran investigados por presuntos fraudes, en 2001 Vima cerró sus operaciones como facilitadora de vivienda, aunque mantuvo activo su registro en Banobras para los fines particulares de Elba Esther Gordillo. Desde entonces, Yáñez ha sido una de las personas de mayor confianza de la maestra, sigue manejando financieramente Vima y la CNOP. En 2003, cuando la maestra se quedó seis meses al frente de la coordinación del PRI en la Cámara de Diputados, él fue oficial mayor. Yáñez aprovechó esa cercanía para colocar a su hermano Ricardo, quien fue delegado del ISSSTE en Chihuahua de 2004 a 2006, pese a que el propio extitular de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, lo inhabilitó por nepotismo y corrupción. El nuevo director del ISSSTE, el también elbista Miguel Ángel Yunes, nombró a Ricardo Yáñez coordinador general de desarrollo delegacional, con un sueldo de 153 mil pesos mensuales. Los Yáñez fueron cuestionados en los medios a partir de septiembre de 2005, cuando la secretaria de Promociones Económicas de la Sección 42 del SNTE, Sonia Madrid Bojórquez, fue asesinada en la ciudad de Chihuahua. Investigaba el manejo de los seguros de casi 19 mil profesores. La procuraduría estatal arrestó a los presuntos responsables del homicidio, incluido el autor intelectual, Héctor Jesús Faudoa Villegas, propietario de la empresa Aries Consultores y quien administró desde 1998 los seguros de los maestros. Había cometido fraude en pagos, duplicidad en el cobro de los seguros y alteración de la suma asegurada. El 8 de marzo de 2006, El Heraldo de Chihuahua difundió unas grabaciones telefónicas, que no forman parte del expediente judicial y en las cuales Faudoa Villegas decía que el conflicto inició cuando en la sección sindical se dieron cuenta de que él tenía negocios con Francisco y Ricardo Yáñez. Las investigaciones de la profesora Madrid Bojórquez los obligaron a cambiar de aseguradora. A Francisco Yáñez se le calcula una fortuna superior a 500 millones de pesos, y es conocido como coleccionista de autos y joyas. Además, se le atribuyen propiedades en Chihuahua y el Estado de México (es vecino de Emilio Chuayffet). Noé Rivera, quien encabeza a un grupo disidente del magisterio, señala que Yáñez “se ha hecho muy rico por el manejo de millones de pesos a través de Vima y en el Fovissste, otorgando créditos directos y recibiendo porcentajes de las constructoras”. Pero, continúa, “hoy Yáñez es un funcionario federal y tiene que informar qué se ha hecho con miles de millones de pesos en el manejo de vivienda magisterial”.

EL FELIFE Y SU CARIÑO POR SERVIR.........AL PELELE Y LOS QUE TRAICIONARON A MEXICO, SUS PATRONES:


Consejeros "inamovibles"
Jesús Cantú

Más allá del debate en torno a la actuación del Instituto Federal Electoral (IFE) durante los pasados comicios por la Presidencia de la República, la autonomía del mismo se coloca nuevamente en el centro de la discusión por tres asuntos fundamentales y trascendentes para la vida institucional: la remoción del consejero presidente y los consejeros electorales; el recorte presupuestal aplicado por la Cámara de Diputados, y la decisión inicial de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación de no distribuir entre los medios de comunicación electrónica un programa del Frente Amplio Progresista, aunque finalmente se haya dado marcha atrás en ese acto de censura.. Si entendemos la autonomía como la potestad del IFE para tomar sus decisiones estrictamente apegado a la ley y sin injerencia de terceros, existen tres formas básicas de vulnerarla: violentando sus atribuciones, su presupuesto o su estabilidad. Y justamente las tres están en el fondo del debate, aunque sólo una se halla claramente prevista en la Constitución: la inamovilidad de los consejeros electorales y del presidente. El sustento jurídico de la autonomía financiera es muy endeble, mientras que las atribuciones del organismo están previstas en las leyes reglamentarias. Además, el IFE no se encuentra entre los órganos enlistados en el artículo 105 de la Constitución con facultad de interponer controversias constitucionales, aunque cabe advertir que los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí permiten asumir que puede hacerlo. La Constitución garantiza la inamovilidad, que no impunidad, de los integrantes del órgano de gobierno con derecho a voz y voto, e inclusive señala que las únicas vías para removerlos son el juicio político y la declaración de procedencia. En ambas se requieren causas graves, también expresamente manifiestas en la misma Carta Magna. Tales disposiciones y la fragmentación existente en el Congreso de la Unión aseguran la permanencia de los consejeros del IFE, salvo que al menos dos de las tres mayores fuerzas políticas –en las que necesariamente tiene que estar el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional– acuerden su remoción. Lo anterior es una realidad incuestionable, pues la vía alternativa que hoy plantean dos de esas fuerzas (PRI y PRD) representa aún mayores exigencias que las vías previstas en la Constitución. Es decir, la declaración de procedencia requiere sólo de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados (en este caso, la independencia del Poder Judicial puede compensar cualquier abuso del Legislativo); el juicio político exige la mayoría absoluta de los diputados y las dos terceras partes de los senadores, mientras que la reforma constitucional reclama las dos terceras partes de los integrantes de ambas cámaras y la aprobación de la mayoría de los Congresos estatales. Más allá de que las razones de los grupos parlamentarios del PRI y el PRD para demandar la remoción de los consejeros puedan ser cuestionables, tendrían que contar con el consenso de las fracciones del PAN, uno de los grupos políticos que presuntamente fueron favorecidos con las decisiones de la autoridad electoral. En consecuencia, este es el flanco más blindado de la autonomía del IFE. Es en los otros dos temas donde se presentan las debilidades. En el terreno de la autonomía presupuestal, el Constituyente Permanente protegió al IFE del Poder Ejecutivo, pero no del Legislativo, de modo que, para modificar el presupuesto, éste sólo requiere de la mayoría simple de los diputados. Así, los legisladores han obligado al IFE a ajustar su presupuesto de operación en seis de los últimos 10 años, en porcentajes que van desde 5.5% hasta 13.7% de este año. La reducción del presupuesto de operación del IFE en 2006 –de 885.8 millones de pesos, 11.1% del total, incluyendo la partida para el voto en el exterior– ha sido la más cuantiosa, pero pudo aplicarse al voto de los mexicanos en el extranjero, por lo que esa partida disminuyó hasta la cuarta parte de lo que originalmente se había solicitado. Este año, el recorte es de 720 millones de pesos –sin posibilidades de compartirlo con las organizaciones políticas y sin partidas extra que afectar–, lo que representa 13.7% del presupuesto de operación del IFE, en desmedro de la eficacia y eficiencia de la institución. Sin embargo, lo que vulnera la autonomía del IFE es la debilidad presupuestaria, no la imposibilidad de reducir el presupuesto que el mismo instituto asignó previamente a los partidos políticos. Constitucionalmente la Cámara tiene la facultad de modificar el presupuesto de egresos, y podría alegarse que las atribuciones del instituto fueron invadidas si los diputados hubieran alterado el financiamiento público para los partidos, pero lo que hicieron fue blindar el que determinó el Consejo General del IFE en noviembre pasado. De acuerdo con el Cofipe, el IFE debe calcular el financiamiento de los partidos con una fórmula debidamente establecida en la ley, conforme a la cual las únicas dos variables que puede afectar la institución son los elementos y factores con los que se calculan los costos mínimos de campaña, cada tres años al concluir la elección federal, y cada año con la actualización correspondiente. Aunque formalmente el Consejo General del IFE no aprobó sino hasta el pasado miércoles 7 el acuerdo donde establece los costos mínimos de campaña para el siguiente trienio, la realidad es que desde el 30 de noviembre pasado, cuando los consejeros aprobaron el presupuesto para los partidos políticos, implícitamente afirmaron que los actualizarían aplicando únicamente la tasa de inflación anual. En noviembre de 1997, última ocasión en que se modificaron los elementos y factores con los que se fijan los costos mínimos, el acuerdo del caso fue adoptado justamente antes de aprobar el presupuesto de los partidos para 1998. Así, el problema no es que los diputados asuman atribuciones constitucionalmente establecidas para el IFE, sino el estado de indefensión en que dejan a la institución con recortes desproporcionados. Por ello, más que una controversia constitucional, lo que procede es que dicho organismo haga una propuesta (aunque no sea formalmente, pues no tiene atribuciones legales al respecto) para reformar la ley y establecer un parámetro totalmente independiente para determinar el presupuesto, con las debidas diferencias del año electoral y del año no electoral. De esta forma, se garantizaría la autonomía presupuestal de la institución y se mejoraría su eficiencia, pues contaría con un presupuesto no negociable ni modificable para sufragar sus gastos de operación y de inversión, lo que también la haría invulnerable en este aspecto. Precisamente sería la misma solución que se utilizó para determinar el presupuesto de los partidos políticos

MAS DEL BALCONEO A LOS MANIRROTOS DEL FELIFE:


Derroche, hasta para defenderse
Jenaro Villamil

Al golpe que recibió el IFE por su conducta en el proceso electoral de 2006, se suman ahora nuevos escándalos y una confrontación entre los consejeros. Pese a que cuatro de ellos argumentaron que no procede legalmente la controversia constitucional contra la Cámara de Diputados –que redujo el presupuesto de la institución–, la mayoría (mínima) se impuso para interponer el recurso. Y ya entrado en gastos, el IFE contratará para ello un despacho de abogados externos... es decir, un nuevo acto de derroche. Inmersos en escándalos por suntuosos gastos en viajes al extranjero, divididos en dos bloques claramente confrontados, y bajo la lupa de los legisladores del PRI y del PRD que demandan renovar el Consejo General para avanzar en la reforma electoral, los consejeros del IFE abren otro flanco conflictivo: la reciente controversia constitucional ante la Suprema Corte contra la Cámara de Diputados por haberles reducido 720 millones de un total de 5 mil 255.3 millones de pesos de presupuesto para los gastos de operación del instituto en este 2007. El IFE no mide en dispendio para defenderse. Por órdenes del director jurídico del instituto, Rolando de Lassé Cañas, y con el aval del consejero presidente Luis Carlos Ugalde, el organismo contrató un despacho externo encabezado por Arturo Saldívar Lelo de Larrea, al que le pagará 2 millones 500 mil pesos por haber redactado el documento –259 cuartillas– de la controversia, y por cabildear con los ministros de la Suprema Corte en defensa de “la autonomía” del IFE. Saldívar Lelo de Larrea es considerado uno de los juristas más acreditados en materia de amparo, pero también uno de los más caros y discretos. Defendió a varias empresas y fue promotor, en el 2001, del proyecto para una nueva ley de amparo que incluyera a los organismos autónomos, como el IFE. A pesar de que se frustró ese intento, el jurista contratado por el instituto estableció una relación cercana con los ministros de la Corte. La contratación de los servicios de Saldívar Lelo de Larrea se realizó a través de la partida 3601 para gastos externos, y no se le informó de ello al Consejo General. El monto a pagar, de acuerdo con fuentes de la Dirección Jurídica del IFE, es uno de los más altos en lo que corresponde a una cotización de ese tipo, y además relega a más de 100 abogados y juristas que el propio organismo tiene en su nómina para proporcionar “asesoría legal” al Consejo General, a la Secretaría Ejecutiva y a todas las direcciones ejecutivas y unidades técnicas. Cuatro de los nueve consejeros que votaron en contra de la controversia –Virgilio Andrade, Marco Antonio Gómez, Lourdes López y Rodrigo Morales– coinciden en señalar que el IFE puede perder el caso porque no se acredita plenamente la supuesta invasión a la autonomía del organismo. Otros especialistas señalan que al IFE le puede suceder lo mismo que a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: Hace unos días la Corte rechazó una controversia interpuesta por el organismo para que el máximo tribunal resolviera en torno a la propiedad de tres inmuebles del gobierno federal que la CNDH reclama para sí. El mismo día –miércoles 14– que el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo admitió la demanda del instituto contra la Cámara de Diputados, la Segunda Sala de la Suprema Corte desechó de manera definitiva el juicio de controversia de la CNDH, que había sido admitido el 4 de enero pasado. Virgilio Andrade y Rodrigo Morales coincidieron en señalar que no podían votar a favor de una controversia cuyo texto no fue redactado por ellos ni validar la pretensión de que sólo el consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, y el secretario ejecutivo, Manuel López Bernal, se responsabilizaran de la controversia. Durante el debate del 31 de enero, Virgilio Andrade, identificado como el más experto en asuntos jurídicos de los nueve consejeros, preguntó: “¿Quiénes van a ser los sujetos demandados? ¿Solamente la Cámara de Diputados o también el presidente de la República?”. Y respondió que si la controversia es contra la supuesta invasión a la autonomía presupuestaria del instituto, también debe demandarse al Poder Ejecutivo por no haber objetado el recorte de la Cámara de Diputados. “Si no se incluye al Poder Ejecutivo, creo que habría una situación constitucional extraña”, subrayó Andrade. La más crítica de los consejeros opositores es Lourdes López. De hecho, durante la sesión del Consejo General tuvo una agria polémica con el consejero presidente Luis Carlos Ugalde, y entre otras cosas dijo no advertir “limitante a la autonomía constitucional de que goza el instituto”. El consejero Marco Antonio Gómez Alcántar consideró que la propuesta arriesga “la autonomía y la seriedad de una institución como el IFE, puesto que su presentación, más que tener efectos legales, tiene o puede tener en los hechos efectos mediáticos exclusivamente”. Los cuatro consejeros que se oponen fueron respaldados por los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General, en especial Horacio Duarte, del PRD, y el priista José Alfredo Femat, así como por la mayoría de los representantes del Poder Legislativo. A pesar de que sólo cuentan con voz, éstos últimos patentizaron su desacuerdo con la controversia. Horacio Duarte se dio el lujo de ironizar y dijo que los consejeros promotores del recurso “ahora ya no tienen una interpretación literal de la ley”, pese a que en el pasado proceso electoral “fue letrista, letrista y letrista”. Femat insistió en que el IFE pretende ejercer “una atribución que establece el artículo 74 de la Constitución”, como si la Cámara de Diputados “quisiera estar organizando, conduciendo, preparando, llevando a cabo capacitación y desarrollo de los procesos electorales”, lo cual, afirmó, no ocurre en este caso y, en consecuencia, “no estamos frente a una situación de controversia”. Estos argumentos fueron finalmente descartados por la endeble mayoría de los otros cinco consejeros: Arturo Sánchez, Alejandra Latapí, Andrés Albo, María Teresa González Luna y el propio consejero presidente Luis Carlos Ugalde, quienes dijeron asumir la defensa de la “autonomía del IFE” y negaron en todo momento que se tratara de una revancha por el recorte presupuestal. “No estamos discutiendo el recorte. No estamos discutiendo la facultad exclusiva del artículo 74 constitucional… La litis del asunto es si la Cámara de Diputados puede decirle al IFE cómo ajustar ese recorte y, bien, si puede suplantar una facultad exclusiva que está en la Constitución”, resumió Ugalde. La remoción de los consejeros La confrontación se suma a la inminencia de que el PRI y el PRD impulsen una reforma para renovar todo el Consejo General o, por lo menos, acordar una “renovación escalonada” en el seno del organismo, propuesta en la que coincide el exconsejero presidente del IFE José Woldenberg, quien así lo expuso durante su intervención en el seminario sobre reforma electoral organizado hace dos semanas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En menos de un mes, tanto el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, como los senadores perredistas Ricardo Monreal y Leonel Godoy, e inclusive el exsecretario de Gobernación, Santiago Creel, actual coordinador del PAN en la cámara alta, coincidieron en la necesidad de discutir la remoción de los consejeros del IFE para dar paso a la “tercera generación” de reformas electorales, que se aplicarían en los comicios federales de 2009. Mientras tanto, dentro del instituto, las fracturas entre los nueve consejeros se agudizan. Un sector de la burocracia del IFE destaca que “por lo menos” el consejero presidente Luis Carlos Ugalde debe ser removido por tener “mayor responsabilidad política” en los errores y en la falta de credibilidad que afecta al organismo electoral autónomo. A los cinco consejeros que impulsaron la controversia se les conoce dentro del IFE como “El Yunque”, por actuar en forma sólida, por su cercanía con el PAN y por tomar las decisiones más importantes marginando a los otros consejeros. Además de Luis Carlos Ugalde, consejero presidente, en ese bloque se hallan: Arturo Sánchez, identificado como virtual “vicepresidente” del IFE por su amplio poder al frente de la institución y como cabeza de la Comisión de Administración; Andrés Albo, responsable de la Comisión de Fiscalización que deberá revisar en estos meses gastos por más de 2 mil millones de pesos de los partidos en los comicios del 2006; Alejandra Latapí, responsable de relaciones interinstitucionales, y María Teresa González Luna, vinculada familiarmente al PAN y quien prácticamente responde a lo que defina esta mayoría de consejeros. Del otro lado, existe un grupo menos sólido, pero que concuerda en la mayoría de sus posiciones. Son los otros cuatro consejeros que votaron en contra del recurso de anticonstitucionalidad. Ellos son Virgilio Andrade, identificado como el consejero más sólido en conocimientos jurídicos y cercano al PRI; Lourdes López, la única consejera que admitió públicamente la posibilidad de abandonar el cargo ante la reciente crisis; Marco Antonio Gómez Alcántar, el más joven de los consejeros y cercano al Partido Verde, y Rodrigo Morales, quien paulatinamente se ha distanciado de las posiciones de los consejeros más proclives al PAN, a pesar de su añeja amistad con Felipe Calderón. Fueron precisamente Rodrigo Morales y Virgilio Andrade dos de los consejeros que realizaron una visita a Manlio Fabio Beltrones, a finales de agosto del año pasado, en medio de la peor crisis poselectoral de la historia reciente. Ambos le expusieron su diagnóstico de la situación a quien se perfilaba como futuro coordinador del PRI en el Senado de la República. –¿Y usted cómo nos ve? –se animaron a preguntarle a Beltrones. –Impresentables –atajó Beltrones mientras se servía una taza de café. Desde entonces, para los dos consejeros quedó claro que un sector de los futuros legisladores del PRI, más el bloque de los diputados y senadores del Frente Amplio Progresista, que juntos suman mayoría simple en las cámaras, impulsarían la renovación del Consejo General del IFE. La gira frustrada Otra manifestación del desprestigio que arrastra el consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, se produjo en una gira por el interior del país para promover los Cuadernos de las Elecciones Federales del 2006. El 19 de enero pasado, Ugalde hizo escala en Guadalajara, acompañado por la consejera María Teresa González Luna. Al iniciar la presentación de los folletos en la librería del Fondo de Cultura Económica, Ugalde fue increpado por José Luis Sánchez, líder del Movimiento Patriótico Democrático Nacional. “Usted llegó al IFE como consecuencia de una negociación entre el PRI y el PAN, impulsado particularmente por Elba Esther Gordillo –le dijo Sánchez a Ugalde–. Se conocen sus vínculos con la familia Zavala, particularmente con el propio Felipe Calderón. Con estos antecedentes, evidentemente usted no es garantía de imparcialidad; eso, sin tomar en cuenta el perfil de otros consejeros, quienes también respondían a otros intereses de la clase política dominante.” Con el rostro enrojecido, Ugalde escuchó el último reclamo de José Luis Sánchez: “El IFE ahora es una institución desprestigiada en la que no creen los mexicanos, y usted, como presidente, si tuviera dignidad y vergüenza, renunciaría”. Ugalde respondió que el IFE mantiene “buena imagen” y que las elecciones federales del 2006 “fueron limpias”, aunque admitió que sí eran necesarias reformas electorales. Afuera del recinto, resguardado por policías estatales vestidos de civil, un grupo de manifestantes, simpatizantes del PRD, le gritaban: “¡Fraude, fraude!”, e intentaban ingresar a la librería. Ugalde tuvo que abandonar el centro cultural del FCE escoltado por una valla de policías y guaruras que lo condujeron hasta su vehículo. De ahí se alejó a toda velocidad. Tampoco le fue bien durante un programa en la estación Radio Metrópolis, de la capital tapatía. Durante 20 minutos, los radioescuchas le reprocharon su actitud al frente del IFE. Ugalde se retiró antes de que terminara la emisión. Después de los sucesos de Guadalajara, se suspendieron las giras promocionales de Ugalde. El coordinador de Comunicación Social del IFE, Gustavo Lomelín, presentó su renuncia el 31 de enero. Desde julio del año pasado, la mayoría de los consejeros demandaron a Ugalde la remoción de Lomelín. Argumentaron que él era el responsable de la “crisis de imagen” y de la “mala relación” con los medios. El pasado domingo 11, durante una intervención pública, Luis Carlos Ugalde respondió así a la demanda de su remoción y de los otros consejeros: “Lo que está en juego no es Ugalde o los consejeros en persona, sino la independencia de los consejeros, pues si cuando se enojen los partidos se corre a los consejeros, los próximos llegarán aterrados a tratar de no hacer nada que afecte a las fuerzas políticas”

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