MAS DEL PROCESO

GIL DIAZ EL FAYUQUERO MAYOR DEL SEXENIO, NO PODIA FALTAR EN ESTA RESEÑA DE LA IMPUNIDAD:

Campeón de la impunidad
Carlos Acosta Córdova

Fiel a la tradición de impunidad en México, que se afianza y perfecciona con los gobiernos del PAN; amparado en una inmensa trama de complicidades con representantes del Ejecutivo anterior y del actual, y también con empresarios, políticos y funcionarios del Poder Judicial, el exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz acumula una cauda interminable de hechos fuera de la ley que, lejos de llevarlo ante la justicia, lo convierten en uno de los grandes intocables del país. El vuelo 822 de United Airlines, que partió rumbo a Washington el miércoles 31 de enero a las 10 de la mañana, contaba entre sus pasajeros de primera clase a un personaje singular, que con mucha frecuencia entra y sale del país a la vista de todos, en virtud de que es un hombre público muy conocido. Pero esta vez lo hizo en sigilo, con pasaporte diplomático y acompañado, presuntamente, de Luis Mancera de Arrigunaga, el exprocurador fiscal de la Federación, abogado, amigo y exsubordinado suyo. Se trata de Francisco Gil Díaz, el exsecretario de Hacienda, quien desde hace tiempo se halla bajo el escrutinio público no sólo por su reciente incorporación como “consejero independiente” al gigante financiero inglés HSBC Holdings apenas un mes después de haber dejado el cargo –lo que está prohibido por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos–, sino por una larga lista de pendientes –con la justicia, la sociedad, la ética, la transparencia– derivados de una actuación pública marcada por la impunidad y la sospecha. Proceso intentó varias veces establecer comunicación con la oficina de Gil Díaz en México, a través de la dirección electrónica desde la cual el exfuncionario responde públicamente cada vez que se le hacen señalamientos en la prensa, con el fin de conocer los propósitos de su viaje a Washington y darle la oportunidad de expresar en estas páginas su versión acerca de lo mucho que se le imputa. La única respuesta fue el silencio. Una larga cola... La salida de Gil Díaz del país y las condiciones en que la hizo –en sigilo, con pasaporte diplomático y acompañado de un abogado– coincide casualmente con una demanda de arraigo interpuesta ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la exservidora pública Lilia Cortés García –directora jurídica de la Subsecretaría de Egresos hasta noviembre de 2002–, derivada de la averiguación previa 131/UEIDCSPCAJ/2006, integrada por la dependencia contra Gil Díaz por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y desacato. De hecho, el exsecretario está citado para comparecer esta semana ante el Ministerio Público, en la Mesa 8 de la Delegación Metropolitana de la PGR, para responder a las imputaciones de esos delitos. Sobre Gil pesa, además, la denuncia por abuso de autoridad y omisión de hechos sustanciales en un juicio de amparo, presentada el 9 de noviembre pasado contra la Secretaría de Hacienda por Julio Scherer Ibarra, tras casi seis años de una persecución sistemática que incluyó, además del acoso público, 14 denuncias penales, todas sin sustento, por lo que la PGR exoneró totalmente, en mayo pasado, a Scherer Ibarra. Los conflictos legales que enfrenta Gil Díaz se suman a la interminable lista de irregularidades que ha protagonizado a lo largo de su desempeño en el sector público: El desvío de recursos públicos a través de ISOSA, cercano a los 10 mil millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación, que no fueron enterados al erario. La simulación que permitió que la venta de Banamex a Citigroup se hiciera en la Bolsa de Valores y Roberto Hernández, su exjefe, no pagara impuestos por más de 3 mil millones de dólares. La manipulación entre ministros de la Suprema Corte para evitar que bancos beneficiados ilegalmente por Fobaproa no asumieran cartera chatarra. La “generosidad” para con parientes suyos a quienes favoreció otorgándoles concesiones para operar agencias aduanales. Los oscuros contratos entre ISOSA e Hildebrando, la polémica empresa del cuñado del presidente Felipe Calderón, mediante la cual ésta tuvo acceso a información confidencial de cientos de miles de contribuyentes. En esa lista también destaca la falta de transparencia en el programa Boletazo, y en otros de fiscalización a través de la banca, en los cuales se han gastado más de 3 mil millones de pesos del erario para promover el uso de tarjetas de crédito, cuyo único saldo es hasta ahora un beneficio pecuniario y fiscal para los bancos y las televisoras –que “regalan”, con recursos de la hacienda pública, autos y enseres domésticos–, pero también un peligroso sobreendeudamiento de las familias mexicanas a través del plástico: la cartera vencida de los bancos en tarjetas de crédito pasó de 2 mil 100 millones de pesos en el año 2000 a más de 12 mil millones de pesos en 2006. Finalmente –aunque no se agota la lista–, lo más reciente: la incorporación de Gil Díaz al Hong Kong Shangai Bank Holdings PLC., con sede en Londres a cuya subsidiaria HSBC México le correspondió supervisar y vigilar como secretario de Hacienda, hecho contrario al espíritu de la ley, y que de paso dejó al descubierto que Gil, aun siendo funcionario público de relevancia –como titular de la SHCP presidía la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)–, era miembro del Consejo Consultivo de la empresa estadunidense JE Roberts Cos. Inc, la principal accionista de Fénix Administración de Activos, la compañía que le ha hecho compras multimillonarias de activos y cartera crediticia al IPAB. Fénix fue la que le vendió cientos de casas, a precio de regalo, a los hijos de Marta Sahagún. Desacatos Gil Díaz es un hombre indiciado. La averiguación previa 131/UEIDCSPCAJ/2006, iniciada por la PGR el 15 de agosto de 2006, da cuenta de que, hasta el final de ese año, se negó en tres ocasiones a cumplir un mandato del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, acordado en sesión plenaria de los magistrados, de reinstalar en su cargo a Lilia Cortés García, quien injustamente fue separada en 2002 de su cargo como directora de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, cuando Gil era titular. En principio, el delito consumado fue abuso de autoridad, pero la reiterada negativa llevó a Gil a incurrir en el de desacato por la obstinada decisión de no acatar tres laudos favorables a Cortés García establecidos por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, lo que indujo a la demandante a solicitar a la PGR que instruya a las autoridades judiciales para prohibir a Gil Díaz que abandone la Ciudad de México. El proceso estuvo plagado de irregularidades, siempre en perjuicio de la demandante, al grado de que ésta tuvo que interponer, en mayo del año pasado, una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra de los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Laboral Héctor Arturo Mercado López, Alicia Rodríguez Cruz y Tarsicio Aguilera Troncoso, quienes, en una actitud deliberadamente en favor de Gil Díaz, nunca valoraron las pruebas testimoniales y documentales ofrecidas por Cortés García. Inclusive, la exfuncionaria presentó una querella por presunto soborno contra Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, oficial mayor de la PGR y quien ocupaba el cargo de directora general de Programación y Presupuesto “A”, adscrita a la Subsecretaría de Egresos en la SHCP cuando despidió a Lilia Cortés por negarse ésta a quitar candados presupuestales que le darían total discrecionalidad a aquella en el manejo del gasto público. De acuerdo con la denunciante, Barra y Gómez Ortigoza entregó el 9 de febrero de 2006, según consta en el voluminoso expediente, 50 millones de pesos a los citados magistrados a cambio de que ampararan a Hacienda y procuraran darle carpetazo rápido –incluida la no reinstalación laboral– al litigio de Cortés García, que llevaba ya cuatro años siendo un dolor de cabeza para el entonces titular de la dependencia. El propio Consejo de la Judicatura sugirió a la exfuncionaria que presentara una denuncia de hechos ante la PGR por la presunta comisión de delitos derivada del soborno. La procuraduría integró la averiguación previa DGII/153/DF/2006 para investigar el caso. Como consecuencia, Lilia Cortés demandó a Gil Díaz el 15 de agosto de 2006 por abuso de autoridad. La PGR inició entonces la averiguación previa 131/UEIDCSPCAJ/2006. Para noviembre, desatendido el tercer laudo del Tribunal que ordenaba la inmediata reinstalación de Cortés García, ésta denunció al secretario de Hacienda (entonces Gil Díaz, pero la responsabilidad recae ahora en Agustín Carstens) por desacato a una orden de un tribunal legalmente constituido, como lo es el TFCA. El 9 de ese mes, Lilia Cortés solicitó a la PGR efectuar la formal y oficial petición a las autoridades judiciales para que se prohíba a Gil Díaz abandonar el país, en virtud de que tiene abierta una averiguación previa por abuso de autoridad y porque está denunciado por desacato. Pero nada ha pasado. Hacienda desa-tendió los tres laudos favorables a Cortés García, determinados en sesión plenaria de los magistrados del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para que se le reinstalara con todo y sus derechos laborales. Y la PGR no hace gran cosa con la denuncia por el presunto soborno, ni se aplica con la correspondiente al desacato y la solicitud de arraigo. Por la impunidad y la indolencia con que se han conducido Hacienda y la PGR, el litigio de Lilia Cortés llegó ya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con el expediente 01922/2006-00 se estudia allí la revisión de una sentencia de amparo en la que, de manera insólita, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, presionado por los abogados de Gil Díaz, obliga al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a desdecirse de sus laudos favorables a Cortés García, a no reinstalarla bajo ninguna circunstancia y quitándole toda jurisdicción al TFCA en el caso. La denunciante, abogada al fin –y que ha replicado jurídicamente todas las actuaciones de Hacienda en su contra a lo largo de más de cuatro años–, interpuso el 6 de febrero pasado un incidente legal ante el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito –parte del juicio de garantías con expediente número DT443/2007– a efecto de que se declare el impedimento de los magistrados Héctor Arturo Mercado, Alicia Rodríguez y Tarcisio Aguilera para llevar su caso, toda vez que los tres, afirma, tienen un interés personal en el juicio debido a su estrecha amistad con Cecilia Barra y Gómez Ortigoza. Ella, insiste Cortés García, los ha instigado e incluso sobornado en beneficio del exsecretario de Hacienda y en perjuicio de la denunciante. La Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles prohíben expresamente a los magistrados atender un asunto en los que no puedan conducirse con imparcialidad e independencia. Por lo pronto, Gil Díaz deberá comparecer ante el Ministerio Público esta semana, en la Delegación Metropolitana de la PGR. Cinismo La misma piel dura ha mostrado Gil Díaz en todos los casos en que ha sido cuestionado públicamente. Oídos sordos antepuso a la Auditoría Superior de la Federación en los casos de la Integradora de Servicios Operativos, S.A. de C.V. (ISOSA) y los bancos rescatados que se negaron, con su anuencia, a asumir créditos que legalmente no debieron ir al Fobaproa. Ignoró al Banco de México cuando la institución se opuso a que la venta de Banamex al Citigroup se hiciera en la Bolsa de Valores para no pagar impuestos. Se burló de los diputados que le exigieron rindiera cuentas sobre las turbias operaciones de los hijos de Marta Sahagún con el IPAB. Y pasó por alto la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que le prohibía expresamente trabajar, antes de un año, en una empresa relacionada con sus funciones como empleado del gobierno. No obstante la conducta reiterada de desprecio a la ley y a la transparencia, no deja de llamar la atención el que Gil Díaz haya ignorado incluso al Senado de la República cuando éste le exigió información sobre el programa Boletazo y otros, mediante los cuales Hacienda le da no sólo recursos públicos a los bancos sino también facilidades fiscales para que promocionen –sobre todo en la televisión– el uso de tarjetas de crédito y de débito, y otros medios de pago electrónicos, con el fin último de fiscalizar más a los contribuyentes, de llevar pues un control más riguroso de las operaciones de empresas y personas físicas. En octubre, la senadora priista Amira Griselda Gómez Tueme presentó en el pleno un punto de acuerdo para exigirle a Hacienda la información correspondiente. La Comisión de Hacienda del Senado le dio plazo de un mes al entonces secretario Gil Díaz para que respondiera sobre las muchas dudas que había –y hay– en torno de aquellos programas. Una síntesis: En noviembre de 2004, la dependencia expidió un decreto por el que se otorgan estímulos fiscales a los bancos para promover el uso de medios de pago electrónico. Entró en vigor dos meses después, con la puesta en marcha de un fideicomiso denominado Fondo de Infraestructura de Medios de Pago Electrónicos (FIMPE). Los bancos aportarían mil 600 millones de pesos, deducibles de impuestos, para inversión en infraestructura, sobre todo la instalación de unas 300 mil terminales punto de venta (las máquinas en los negocios por cuya ranura se desliza el plástico) en pequeñas y medianas empresas. Por su parte, el gobierno aportaría 3 mil 100 millones de pesos entre 2005 y 2007 –ha erogado ya 2 mil 600 millones; dejó el compromiso al nuevo gobierno de destinar otros 500 millones– para que los bancos puedan hacer, como lo han hecho, grandes campañas de publicidad de impacto masivo para promover el uso del plástico; financiar el programa Boletazo en Televisa y otros programas en TV Azteca con aquel mismo fin; patrocinar sorteos para incentivar el uso de medios de pago electrónico y realizar toda una estrategia para generar la demanda por terminales punto de venta. En suma, los cientos de autos, enseres domésticos y premios en efectivo que “regalan” los bancos por los consumos con tarjeta, salen de recursos públicos, es decir, de los impuestos que todos pagamos. No se sabe de licitación alguna para la compra de los autos. En las consideraciones del Senado para exigir información a Hacienda están las siguientes: el beneficio para las televisoras, las cadenas de radio y los periódicos es claro: abultados ingresos por publicidad; para los bancos, no se diga: el número de tarjetahabientes, así como sus ingresos por intereses y comisiones por el uso de tarjeta han aumentado exponencialmente. Pero nada claro es el beneficio para el gobierno: ni los bancos ni el FIMPE informan al Servicio de Administración Tributaria (SAT) ni a oficina alguna de Hacienda sobre los resultados del programa. Y así lo ha reconocido el propio jefe del SAT, José María Zubiría Maqueo, quien recordó que aquellos están obligados a rendir un informe de resultados cada tres meses. De cuánto se ha incrementado la “bancarización” (cantidad de clientes por sucursal; sucursales por determinado número de habitantes), no hay un solo dato. Mucho menos de algún aumento en la recaudación o en la formalización de empresas y personas físicas. Otra cosa que también quiere el Senado que se le explique es el sospechoso paso de Porfirio Sánchez, uno de los principales asesores de Gil Díaz y creador del programa, a las filas de Televisa, donde ocupa un cargo con rango de vicepresidente. En noviembre pasado concluyó el plazo de un mes que le dio la Comisión de Hacienda del Senado para que informara sobre esos programas, y Gil Díaz simplemente lo ignoró, aunque tampoco la nueva administración ha hecho caso alguno a la demanda de información de los senadores. Fiel, pues, a su costumbre

EL PELELE SIN PODER DARLE GUSTO A NADIE:


PGR y SRE desaconsejaron las extradiciones
Ricardo Ravelo

Un par de documentos oficiales, uno de la Procuraduría General de la República (PGR) y otro de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cuyas copias obtuvo Proceso, sugieren la posibilidad de que varias de las extradiciones de capos concedidas por México a Estados Unidos hayan sido ilegales. Hay de por medio juicios abiertos y sentencias aún no purgadas… Presionado por los hechos de violencia del narcotráfico desatados en las últimas semanas y por el reacomodo de los cárteles, el presidente Felipe Calderón dio un giro inesperado a la política que regula las extradiciones de narcotraficantes al decidir, el mes pasado, el envío de capos a Estados Unidos, a pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) habían emitido fallos y opiniones jurídicas tendientes a impedir la entrega de connacionales a otro país. Según los jueces que fallaron en estos casos, muchos de los narcotraficantes extraditados aún tienen juicios abiertos en territorio nacional o sentencias que no están compurgadas. Pese a ello, el gobierno de Calderón, empañado por las acometidas del crimen organizado, prepara la extradición de otras 40 personas, entre narcotraficantes y homicidas, reclamados por el gobierno estadunidense. En dicha lista se incluye al exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid, preso por su relación con el cártel de Juárez y con quien fue el jefe de esa organización, Amado Carrillo Fuentes. El famoso Chueco, como le llaman sus amigos, solicitó a la agencia antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) apoyo para acogerse al programa de testigos protegidos en Estados Unidos para evitar su traslado. Hace varios meses, Villanueva envió un escrito a la DEA a través de sus abogados en el que se queja de que en México no tiene garantías para declarar lo que sabe sobre la infiltración del cártel de Juárez a la Presidencia de la República durante el sexenio de Zedillo. Y expone que si se le otorga protección proporcionará información detallada sobre las complejas relaciones entre narcotraficantes y algunas personas allegadas al sucesor de Carlos Salinas. Presidente maniatado Urgido de legitimidad, el presidente Calderón echó mano de las extradiciones como segundo recurso, después de los operativos militares, de forma similar al que instrumentó el gobierno de Colombia a principios de los noventa para deshacerse de los integrantes de los cárteles de Cali y Medellín. En aquel tiempo, en Colombia la medida resultó no sólo escandalosa, sino ineficaz. Ahora, en esa nación existen cerca de 360 pequeñas organizaciones exportadoras de cocaína que utilizan a México como el paso más seguro para llegar a Estados Unidos, su principal mercado, según se asienta en un informe de la Policía Nacional de Colombia al que Proceso tuvo acceso. Américo Delgado de la Peña, defensor de Osiel Cárdenas Guillén, cabeza del cártel del Golfo, y de otros narcotraficantes, asegura que el presidente Calderón recurrió a las extradiciones para su propio beneficio político. Pero critica la fragilidad del mandatario, pues, dice, carece de interlocutor ante el crimen organizado, así como de una política sólida para enfrentar la avasallante violencia provocada por el narco, pese al despliegue del Ejército en varios estados. –¿Usted considera que el presidente utilizó este instrumento para legitimarse? –pregunta el reportero al octogenario abogado de los narcotraficantes. –Yo no percibo otra lectura. También es clara la obediencia del gobierno de México con sus contrapartes de Estados Unidos. Estas extradiciones son decisiones políticas y el presidente pasó por alto la ley para su propio beneficio. –¿Cree usted que las extradiciones frenen la violencia del narcotráfico? –No, para nada. La cosa está peor. Ese no es el problema: lo grave es la corrupción entre los hombres del poder y las redes que tejió el narcotráfico en las instituciones. Con sus operativos, el presidente sólo ve hacia fuera: cree que el problema sólo está en las calles. Debería combatir el narcotráfico en la PGR y en otras dependencias que están podridas de corrupción. Pero por lo visto el presidente está maniatado por todas estas añejas complicidades. Y explica que su propio cliente, Osiel Cárdenas, estaba tan confiado en que nunca sería extraditado, que continuaba dirigiendo su negocio desde el interior del penal del Altiplano. No se preocupó por interponer un amparo, a pesar de que disponía de una veintena de litigantes con los que solía hablar casi todos los días para mantenerse fuera de su área de castigo. El abogado dice que existe un acuerdo suscrito por la SRE, dependencia que decide quién puede ser extraditado, en el que se asienta que Osiel no podía ser entregado al gobierno de Estados Unidos debido a que enfrenta varios juicios en tribunales nacionales. La legislación ninguneada Después de una intensa búsqueda por parte de un grupo especial del Ejército Mexicano, Osiel Cárdenas fue detenido el 14 de marzo de 2003 en Matamoros, donde tenía su escondite. Jefe del cártel del Golfo y del grupo Los Zetas, Cárdenas Guillén cayó prisionero en plena fiesta: cuando festejaba los 15 años de su hija. La PGR tenía el dato de que su detención podía concretarse porque entre los policías tamaulipecos que lo protegían corrió la versión de que en la fiesta se prepararía carne asada. Parte del rastreo del capo en Matamoros se basó precisamente en el olfato. “Donde huela a carne asada, ahí caemos”, dijeron los policías. Pero no pudieron detectar el olor de la carne. Al día siguiente, el Ejército lo arrestó en medio de un intenso tiroteo. De inmediato el capo fue llevado al penal del Altiplano (conocido entonces como La Palma), desde donde siguió dirigiendo al cártel del Golfo. Un año después, el 9 de marzo, el gobierno de Estados Unidos presentó ante la SRE la solicitud formal de extradición. En su solicitud, el gobierno estadunidense explicaba: Por nota diplomática 498 de 9 de marzo de 2004, el gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en México, presentó la solicitud formal de extradición internacional de Oziel Cárdenas Guillén, alias “Osiel Cárdenas Guillén”, alias “Ingeniero”, alias “El Señor”, alias “Noventa y Uno”, alias “Fantasma”, alias “El Loco”, alias “El Patrón”, alias “El Cabezón”, alias “Madrina”, alias “Memo”, quien es requerido con fundamento en el Tratado de Extradición de los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América… En ese mismo acto la nota diplomática 499 de la misma fecha contiene las garantías sobre la no aplicación de la pena de muerte y la pena de cadena perpetua (esta última ya no es impedimento para la extradición) al reclamado en caso de que sea extraditado… La petición sufrió un revés: el 4 de febrero de 2005, el juez de la causa emitió su fallo y lo remitió a la SRE, dependencia que, en un oficio firmado por el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez Bautista, enteró a la PGR del caso. Dice la resolución: Primero: En atención a que este órgano jurisdiccional estima que en el caso no satisfacen los requisitos de procedibilidad requeridos al respecto, se opina que, al menos por ahora, no resulta procedente conceder la extradición solicitada por los Estados Unidos de América respecto de Oziel Cárdenas Guillén… en relación a los hechos concretos materia de la presente resolución. En otro párrafo, el fallo apunta: La entrega de Oziel Cárdenas Guillén… queda diferida hasta que se resuelvan en definitiva las causas penales que tiene abiertas en su contra en territorio nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Tratado de Extradición. El de Osiel no es el único caso. Otro capo de peso completo que tampoco debió ser extraditado es Miguel Ángel Arriola Márquez, cabeza del llamado clan de Los Arriola, quienes alcanzaron su etapa más boyante en el tráfico de drogas cuando Patricio Martínez era gobernador de Chihuahua (1998-2004). Luego se ligaron a El Chapo Guzmán y se acercaron al cártel de Juárez e hicieron amistad con el líder de esta organización, Vicente Carrillo Fuentes. Detenido en septiembre de 2004 junto con su hermano Luis Raúl, Miguel Ángel Arriola Márquez fue solicitado, casi de inmediato, por el gobierno de Estados Unidos. Poco después de su aprehensión, el capo era considerado una de las cabezas más importantes del narcotráfico, pero, al igual que en el caso de Osiel, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR negó su extradición. El argumento expuesto al abogado Marco Antonio Valenzuela Barrios reza: …En atención a su escrito presentado en esta institución el 16 de junio de 2006 relacionado con la situación jurídica de Miguel Ángel Arriola Márquez, hago de su conocimiento que mediante el oficio DGEAJ/0713/2003 del 18 de mayo de 2006, esta Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica informó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que el requerido tiene un proceso penal pendiente en territorio nacional que impide su entrega al país requirente en tanto se concluya el mismo… A pesar de que los narcotraficantes enviados a Estados Unidos enfrentan acusaciones y sentencias por delincuencia organizada, el presidente Felipe Calderón, quien ha ponderado en su discurso el respeto a la legalidad, impuso un criterio más político que jurídico al momento de extraditarlos. Aunque endeble, la decisión presidencial parece tener sustento en el llamado Protocolo al Tratado de Extradición del 4 de mayo de 1978, revisado en el sexenio de Ernesto Zedillo y firmado el 13 de noviembre de 1997 por los procuradores de México y Estados Unidos, Jorge Madrazo y Janet Reno, respectivamente. Este acuerdo bilateral establece en su primer capítulo que ambas partes (México y Estados Unidos) acuerdan habilitar “la entrega diferida y temporal” de los capos del narcotráfico. El argumento legal señala: La Parte Requerida, después de conceder una solicitud de extradición formulada de conformidad con este tratado, podrá entregar temporalmente a una persona que haya recibido una sentencia condenatoria en la Parte Requirente, con el fin de que esa persona pueda ser procesada en la Parte Requirente, antes o durante el cumplimiento de la sentencia en la Parte Requerida. La persona así entregada deberá permanecer en custodia en la Parte Requirente y deberá ser devuelta a la Parte Requerida al término del proceso, de conformidad con las condiciones determinadas por acuerdo entre las partes. En otro párrafo, el protocolo precisa que la entrega temporal no procederá si se atenta contra los requisitos del tratado de extradición en el rubro sobre ejecución de sentencias penales, es decir, si la persona solicitada está compurgando una pena en su país de origen. Acciones contraproducentes Válvula de escape del gobierno de Calderón, las extradiciones se precipitaron en los primeros días del nuevo régimen ante el aumento de la violencia del narcotráfico, pero no han surtido efecto contra las ejecuciones; por el contrario, éstas se multiplican en el país. Y es que dicha medida no parece tener ningún impacto en el campo del tráfico de drogas. En completo sigilo, el 19 de enero último el gobierno federal extraditó a 10 narcotraficantes y cuatro criminales más que fueron solicitados por Estados Unidos. Entre los extraditados iba Héctor Luis Palma Salazar, El Güero, expistolero de Miguel Ángel Félix Gallardo y exjefe del cártel de Sinaloa; Ismael Higuera Guerrero, El Mayel, pasador de droga del cártel de Tijuana; Gilberto Garza, El Güero Gil, operador del cártel de Juárez –hoy dividido por el cártel de Sinaloa–, y Miguel Ángel Arriola Márquez, cabecilla de un ramal vinculado a El Chapo y a Vicente Carrillo Fuentes, que de manera vertiginosa adquirió notoriedad al ligarse con la narcopolítica. Con base en el protocolo referido, Osiel Cárdenas y Miguel Ángel Arriola no eran extraditables, afirma Delgado de la Peña. Al momento de ser extraditados –19 de enero de 2007–, Osiel Cárdenas tenía abiertos los procesos 22/2004 (portación de arma de fuego prohibida), el 34/2004 (acopio de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército), y el 51/2004, 8/2002, 16/2002 y 169/98 (por violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada). Todos los cargos estaban en la fase de instrucción, previa al desahogo de pruebas. Miguel Ángel Arriola, por su parte, tenía en trámite varias causas penales, como la 236/04 sin fallarse (delincuencia organizada y narcotráfico), un amparo para alcanzar su libertad y el oficio 0970/06 por otro cargo en la modalidad de exportación de cocaína. Otro de los extraditados, Saúl Saucedo Chaides, miembro del cártel de Sinaloa, tenía un juicio en trámite. Y aunque ya había ganado todos los juicios y sólo permanecía en prisión por el juicio de extradición, Héctor Palma Salazar, El Güero Palma, de acuerdo con el abogado Américo Delgado, tenía en trámite una revisión constitucional de sus asuntos. Por lo que respecta a Ismael Higuera, El Mayel, enfrentaba varios juicios por narcotráfico contenidos en la causa penal 24/00. Delgado de la Peña, a quien se conoce en el ámbito penal como “el rey de la extradición”, considera que estas extradiciones son signo “de la obediencia, por no decir entreguismo”, del presidente Calderón. Este abogado, que acaba de cumplir 81 años y es uno de los hombres más avezados en temas de narcotráfico, lamenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya “cerrado los caminos jurídicos” para que los capos ya no puedan defenderse y de esa manera ajustar el criterio político al jurídico con un objetivo: “quedar bien con Estados Unidos”. –¿Cree usted que jurídicamente ya no hay nada qué hacer contra las extradiciones políticas? –Hay recursos, pero el campo es más estrecho. Muchos de mis clientes saben que tarde que temprano se tendrán que ir al otro lado, en una suerte de viaje sin retorno, y lo que me piden como defensor es sólo ganar tiempo mediante argucias legales, porque saben que seguramente ya no volverán a ver a su familia. Y, al igual que su par colombiano Gustavo Salazar Pineda, defensor del cártel de Medellín y de su jefe, Pablo Escobar, afirma: “En Colombia ya no hay defensa contra la extradición. Todas las decisiones son políticas y al gobierno le vale madre la ley. Lo que hacen los capos es contratar un abogado sólo para que acelere la entrega, porque el tiempo que transcurre no se toma en cuenta en Estados Unidos”. También defensor de los hermanos Amezcua Contreras, de Benjamín Arellano Félix y de los hermanos Arriola Márquez, Delgado de la Peña dice: “El camino que sigue México es el de Colombia. Aquí manda Estados Unidos. La DEA puede venir y llevarse a quien quiera, como pasó con Juan García Ábrego y posiblemente con Francisco Javier Arellano Félix, El Tigrillo, y no pasa nada. El gobierno de Calderón sólo obedece, baja la cabeza y calla”.

PASTA DE CONCHOS NO SE OLVIDA, Y LOS CRIMINALES SON SEÑALADOS:


Crímenes a la luz
Arturo Rodríguez García

Aunque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Grupo México pretendieron ocultar información sobre la explosión que hace un año mató a 65 mineros en Pasta de Conchos, el Centro de Reflexión y Acción Laboral y la Pastoral Laboral desmontaron las mentiras del consorcio minero y sacaron a la luz las criminales omisiones de la dependencia federal. Con base en esos expedientes, se espera que pronto sean procesados funcionarios públicos y directivos del Grupo México. A punto de cumplirse un año de la explosión que cobró la vida de 65 trabajadores y dejó lesionados a 13 en la mina Pasta de Conchos, y a unos días de que se consigne la averiguación previa en el fuero común por el presunto homicidio, se ha acreditado plenamente que desde hace seis años la empresa del Grupo México y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) permitieron que la mina operara pese a sus múltiples deficiencias de seguridad. Además de las malas condiciones de trabajo en el complejo minero, quedaron manifiestas irregularidades administrativas y fiscales de la empresa, lo que –a decir de un abogado de los deudos de las víctimas– podría configurar delitos graves que llevarían a la cárcel a directivos del Grupo México y a funcionarios de la mencionada secretaría, quienes se han esmerado inútilmente en ocultar información vital para las investigaciones. Aunque se ha mantenido en reserva la averiguación de la fiscalía especial para el caso Pasta de Conchos, de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, el titular de esta dependencia, Jesús Torres Charles, adelantó que de acuerdo con las pesquisas podrían fincarse responsabilidades a entre cuatro y 10 personas. Sin embargo, el fiscal del caso, Jorge Ríos Coss, reconoce que sólo podrán configurar el delito de homicidio culposo, con lo que los responsables, de ser declarados culpables por el juez Sergio Tamez, podrán quedar libres bajo fianza. El Código Penal de la entidad establece en su artículo 26 que “se conduce con culpa quien decide realizar una conducta y ésta viole un deber de cuidado”. Y se considera que existe dicha violación cuando el daño se hubiera podido evitar si el presunto responsable hubiera cumplido con sus deberes asignados. El Código Procesal Penal, en su artículo 223, relativo a los delitos graves que no alcanzan fianza, incluye sólo el homicidio doloso, ya sea simple o calificado. Los delitos El viernes 12 de enero, el Grupo México adelantó su estrategia jurídica. Juan Rebolledo Gout, uno de sus directivos, reiteró a la agencia Notimex que la mina Pasta de Conchos cumplía con todas las medidas de seguridad y no era posible fincar responsabilidades mientras no se comprobara la causa de la explosión. Por su parte, deudos de los mineros fallecidos citaron esas declaraciones de Rebolledo y le pidieron al gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, que el caso no quedara impune. El mandatario les respondió que se lleva a cabo una investigación seria con la cual “se sentará un precedente para que tragedias así no vuelvan a ocurrir”. “Si en México alguien asesina a una persona, ¿qué pasa? Va a la cárcel. Aquí mataron a 65 personas y (los responsables) tienen que ir a la cárcel”, agregó. En efecto, la Pastoral Laboral de la Conferencia del Episcopado Mexicano y familiares de los mineros consideran que existen pruebas suficientes para enjuiciar, por delitos graves que no alcanzan fianza, al extitular del Trabajo Francisco Xavier Salazar Sáenz y altos directivos de Grupo México, controladora de Industrial Minera México (IMMSA), propietaria de la mina. Lo anterior, con base en la información que han recabado en los últimos 11 meses y que integraron en el documento Una cuerda de vida para los mineros del carbón, al que tuvo acceso este semanario. El abogado Manuel Fuentes Flores, asesor de la Pastoral Laboral y representante de Elvira Martínez –viuda del minero Jorge Vladimir Muñoz y la única que se negó a recibir la “ayuda humanitaria” de 750 mil pesos que entregó la empresa–, asegura que el extitular de la STPS incumplió la fracción IV del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece como una de sus obligaciones la de vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en las empresas. A pesar de que prometió una investigación a fondo, el delegado de la STPS en Coahuila, Raúl Sarmiento, afirmó entonces que nadie había sido citado para declarar sobre el caso Pasta de Conchos. Sin embargo, el equipo de la Pastoral Laboral se enteró en noviembre de que en la dependencia ya había concluido una indagatoria y alentó a Elvira Martínez para que solicitara la información correspondiente. Ella lo hizo el 15 de noviembre, y la secretaría respondió el 30 de ese mes con una negativa, fundada en la supuesta “falta de interés jurídico” de la viuda, horas antes de que concluyera el sexenio foxista que clasificó ese expediente como “información reservada” por dos años. Cuando Elvira Martínez inició un juicio de amparo contra la decisión de la STPS, el departamento jurídico de ésta ofreció como prueba de la reserva el expediente de su investigación interna, por lo que al solicitar copia de lo actuado el juez tuvo que entregar el informe a Manuel Fuentes, abogado de la viuda. La investigación interna de la STPS sobre el caso Pasta de Conchos revela que las anomalías de la mina están registradas desde el año 2000. El expediente consta de dos secciones, que suman cerca de mil 500 fojas. Entre los documentos hay actas de inspección que demuestran la falta de medidas de seguridad, desperfectos eléctricos y deficiencias en la construcción del complejo minero, así como falseamiento de formatos de inspección y de testimonios, igual que la inclusión forzada de trabajadores que no eran miembros de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Todo ello documentado desde 1999, lo que en opinión del abogado Manuel Fuentes es suficiente para que el delito se clasifique como grave. Los miembros de Pastoral Laboral informaron de la situación a los medios y acreditaron su coadyuvancia en la averiguación previa del Ministerio Público del fuero común, al que los deudos de los mineros entregaron la investigación del Órgano Interno de Control el pasado 7 de febrero. De esa forma, el actual titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, se vio obligado a reconocer que la dependencia a su cargo incurrió en “una actitud negligente” y agregó que revisan “si se procede penalmente” contra el personal involucrado. Mentiras de la empresa Una semana después de la tragedia en la mina, Proceso (número 1530, 26 de febrero de 2006) publicó un reportaje en el que se demuestra, por testimonios de trabajadores y con base una inspección realizada el 7 de febrero de 2006 por la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, que la mina no era segura: las vigas, mal colocadas para ser reutilizadas, provocaron un efecto dominó; además, no se había aplicado dolomita para inhibir el polvo de carbón que es altamente explosivo; había desperfectos eléctricos que no sólo fueron tolerados, sino que se ordenaba a los electricistas “puentear” tomas de electricidad en equipos de por sí deficientes, obsoletos y prohibidos. Días después, el 2 de marzo, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) difundió una investigación de campo con la que llegó a conclusiones semejantes, que a su vez fueron ampliadas por expertos del Capítulo de Ingeniería, Geología, Minería y Metalúrgica del Colegio de Ingenieros de Perú, quienes fueron atraídos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como tercería para sustentar la recomendación 26/2006, emitida el 17 de julio. Además, la Pastoral Laboral continuó la investigación realizada por el Cereal y, junto al expediente del órgano interno de la STPS, el pasado lunes 29 de enero entregó a la fiscalía especial para el caso su propio documento, con cuyo material probatorio podría sustentarse la acusación de homicidio con agravantes, así como la configuración de otros delitos. La investigadora del Cereal Cristina Auerbach solicitó a Proceso las imágenes del interior de la mina, aportadas en exclusiva para el semanario por rescatistas a tres días de la explosión, así como las vistas aéreas que ubicaban los equipos eléctricos. Tras visitar la zona, Auerbach obtuvo testimonios sobre las deficiencias e integró material novedoso sobre la operación del yacimiento desde 1998, que desmiente los informes de Industrial Minera México y de la STPS, a las cuales coloca como responsables de la tragedia por omisiones deliberadas, toda vez que estaban conscientes de los riesgos. Por ejemplo, en las diapositivas cinco y seis del informe que presentó IMMSA a la Cámara de Diputados, fechado el 28 de marzo de 2006, la empresa asegura que “los tiros (túneles) estaban ademados (sostenidos) por vigas de acero en el cielo y muros laterales de mampostería”. En contraste, además de los testimonios, Cristina Auerbach obtuvo un video titulado Rescate minero que unos trabajadores grabaron clandestinamente en 1999. Ahí, en el minuto 16, se puede observar que la mina tenía fallas estructurales. Entre el minuto 47 y el 52 se ve que no había emparrillados (red metálica obligatoria) en el techo; tampoco hay separadores (vigas colocadas entre cada ademe) ni señales preventivas. Dos fotografías de Proceso confirman lo anterior y fueron aportadas al Ministerio Público como parte de la prueba. Así mismo, en la diapositiva número 20 del “informe” de IMMSA para los diputados se asegura que la mina estaba polveada. Sin embargo, en el video referido se observa que desde entonces no se estaba aplicando el procedimiento, que también es obligatorio. Al material probatorio sobre esta parte se agregaron las fotografías de este semanario y nueve imágenes más, obtenidas por el Cereal, que muestran uno de los túneles reconstruido hace poco tiempo. A decir de la investigadora, IMMSA asegura en su documento que la mina estaba bien ventilada, pero se ha demostrado que no era así, ni en lo referente a los equipos ni a la estructura. Además, la empresa dijo que contaba con equipos eléctricos apropiados para usarlos en minas de carbón. Sin embargo, como publicó este semanario y confirmó el Cereal, los transformadores eran de un modelo que data de hace 20 o 25 años y no eran aptos para trabajar en presencia de una alta concentración de metano. Con imágenes de Proceso y siete fotografías más que tomaron los trabajadores, se pudo constatar que los equipos no eran blindados, como marcan las normas. Por los testimonios de electricistas, que serán citados por la fiscalía, se sabe que dichos equipos sólo se pintaban para darles la apariencia de que eran nuevos. Trabajadores con 19 años de antigüedad sostienen que los equipos no se han cambiado desde que ellos ingresaron a la empresa. En las imágenes conseguidas por la Pastoral Laboral se identificó una máquina de soldar oculta a 450 metros de la entrada y que no debía estar dentro de la mina, ya que su uso está prohibido en las operaciones modernas porque produce chispas. Su uso está sujeto a estrictas mediciones de metano, pero los trabajadores sostienen que nunca se aplicaban esas medidas de seguridad. IMMSA también le informó a la Cámara de Diputados que en el turno previo al del siniestro no se detectaron anomalías. Pero de nuevo los sobrevivientes y otros trabajadores contradicen esta versión: entrevistados horas después los hechos atestiguaron que en el segundo turno no funcionaron dos de las máquinas principales (minero continuo uno y cuatro) debido a las altas concentraciones de gas, y que se descompuso el cable de telesillas en el cañón (túnel) de acceso. Administración fraudulenta El procurador Jesús Torres Charles afirmó que, en cuanto a la averiguación previa por homicidio, no existe posibilidad de enjuiciar a Francisco Xavier Salazar Sáenz, pero asegura que los informes aportados por Pastoral Laboral pueden contribuir a robustecer el expediente. “Necesitamos saber si son documentos que corresponden a la mina. No queremos que se piense que dudamos de las personas que los entregaron, pero nuestro trabajo es demostrar y hacer el perfeccionamiento de pruebas”, explicó. Para Torres Charles, “difícilmente se puede configurar un delito especial. Junto con toda la información que tenemos, es posible que se desprendan otro tipo de responsabilidades en materia penal federal: fiscales, administrativas y civiles. Remitiremos copia certificada a las instancias competentes”. Hace tres semanas, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación sobre el caso, pero hasta ahora no se ha informado sobre sus acciones. El fiscal del estado asegura que están colaborando. Al dar vista al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la propia PGR podrían configurarse delitos de servidores públicos e iniciarse los procesos correspondientes por abandono, ejercicio indebido de la administración pública, cohecho, contra la fe pública y otros. En cuanto a los directivos de la empresa, posiblemente se les configure el delito de fraude fiscal y responsabilidades por violaciones a la Ley Minera, a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley de Seguridad Social, así como al menos nueve normas oficiales mexicanas y sus reglamentos. Entre las pruebas aportadas por la Pastoral Laboral a la fiscalía del estado están las fechas de accidentes laborales donde ya habían resultado lesionados al menos seis de los trabajadores que murieron en la explosión del 19 de febrero. En algunos casos, un solo trabajador registraba siete accidentes laborales en cuatro años. Según los testimonios, la cifra es muy superior, pero es difícil documentarlo, pues no todos los mineros estaban dados de alta en el IMSS. Para el abogado laboralista Manuel Fuentes, una de las denuncias más prometedoras tiene que ver con que los trabajadores fueran dados de alta ante el IMSS con un salario menor que el real, lo mismo que con las irregularidades en la clasificación del riesgo de trabajo. Y es que la empresa registró en el IMSS a cada minero con un salario de 80 pesos, cuando les pagaba 300, además de que injustificadamente modificó la clasificación de riesgo laboral en diferentes ocasiones. Además, la lista de trabajadores de la mina muestra que los trabajadores recibían salarios diferentes, a pesar de tener la misma función, en detrimento de los subcontratados y violentando así el principio de que “a trabajo igual, salario igual”. Esa situación ha obligado a las viudas de los mineros a posponer el trámite de su indemnización (cuya fecha límite es el 19 de febrero), pues esperan que se restaure el nivel salarial de sus familiares para tener una pensión justa. Para ello, el IMSS tendrá que cobrar las cotizaciones reales a IMMSA y deslindar responsabilidades penales. De las ilegalidades en la administración podrían desprenderse otros delitos, como evasión fiscal. Con el conjunto de pruebas, el abogado Manuel Fuentes considera que en el fuero común existe una ruta no explorada: conforme a la fracción XXI del artículo 223 del Código Procesal Penal de Coahuila, se considera como grave el delito de “administración fraudulenta”. Para configurarlo deben concurrir tres circunstancias: que sea continuado, que el daño exceda 5 mil salarios mínimos y que los ofendidos sean cinco o más personas. El Código Penal establece así mismo que debe ser el titular de los bienes administrados quien padezca del daño, por lo que, dice Fuentes, los deudos están analizando si podrían interponer esa denuncia que, de configurarse el delito, podría ocasionar que los responsables fueran sentenciados a una pena de entre dos y ocho años de prisión, sin derecho a fianza

Y VUELVE A LA PALESTRA UN VIEJO CONOCIDO DEL BLOG, EL FASCISTA DE PACOTILLA GIBER DE SONORA, BOURS:


Su primer "preso político"
Jesusa Cervantes

“Quien entra a Sonora a hacer negocios tiene que consultar antes a los Bours porque ellos se tienen que llevar una participación; si no lo hace, se convierte en su enemigo.” La afirmación es del presidente municipal de Villa Juárez, Ernesto Cornejo Valenzuela, una de las primeras víctimas del gobernador Eduardo Bours Castelo, pues fue encarcelado el 13 de septiembre de 2003, el mismo día en que el mandatario asumió su cargo. Entrevistado por Proceso, el edil sostiene que las desavenencias con Bours se iniciaron desde que no apoyó a éste en la contienda interna del PRI cuando fue candidato interno. Además, dice, es su rival de negocios, pues ambos tienen empresas en el ramo de los fertilizantes. Cornejo sugirió que la entrevista con la reportera se realizara en un poblado sonorense donde no hubiera teléfonos, “porque (el gobernador) todo lo tiene intervenido y para él yo soy su enemigo político, aunque el brazo ejecutor de todo el bajo mundo es su hermano Ricardo”. En los comicios de 2003, él contendió por la presidencia municipal bajo las siglas del Partido Fuerza Ciudadana, que en esa época ganó sólo un municipio en todo el país, precisamente el de Villa Juárez, Sonora. Relata: “El triunfo se recibió muy bien. Lo malo fue cuando Bours tomó posesión como gobernador, el 13 de septiembre de ese año. Ese mismo día (dos antes de que yo asumiera la presidencia municipal) me mandó un grupo antisecuestro sin ninguna orden de aprehensión. Eran como las 8 de la noche. Iba por la carretera con mi esposa, mi hija de seis años y otra de 20 días de nacida, cuando un centenar de policías me cerró el paso, sacaron armas largas y cortaron cartucho. Cornejo fue a parar a la cárcel de Huatabampo, acusado de tres delitos: asonada o motín, quema de patrullas y resistencia a particulares, cargos por lo que se debían purgar seis años de condena. Asegura que ese fue un aviso para atemorizar a la sociedad sonorense. Estuvo tres meses en prisión. Los resquemores El alcalde de Villa Juárez considera que el origen de la venganza se remonta al 2000, cuando él le ganó a los Bours una empresa en una subasta. “Desde entonces han tratado de quitármela pero no han podido. Hasta le fecha el asunto se encuentra en litigio”. Las diferencias con el clan se acentuaron tres años después, cuando Cornejo le retiró el apoyo a Bours en la contienda interna del PRI para designar a su candidato a la gubernatura. Eso le caló y lo dejó ver durante su campaña. Cuando iba a Villa Juárez decía a la gente: “No puede haber un cacique en el pueblo y que no los deje vivir (se refería a mí). Yo prometo que cuando sea gobernador lo primero que voy a hacer es quitárselos”. Cornejo sostiene que nunca le pudieron comprobar ninguno de los delitos, pero le dejaron abierto el proceso por asonada o motín. “El objetivo de las autoridades era que no reclamara la presidencia municipal que había ganado. Querían impedir que tomara posesión”. –¿Quién? –Pues Eduardo Bours, para qué voy a culpar (al procurador) Abel Murrieta. Las órdenes eran de Eduardo. Y el que ordenaba en la procu era su Ricardo; Abel y Roberto Tapia sólo son los brazos ejecutores del gobernador. Cornejo agrega que Eduardo Bours “es un hombre sin escrúpulos, con mucho rencor. No se detiene para nada, para nada”. Los Bours empezaron teniendo el poder político y económico en Ciudad Obregón, “pero ahora tienen también el Poder Judicial, así como todo el estado”. Como no se le comprobó el tercer delito, Cornejo reclamó la presidencia municipal, pero el regidor interino le dijo que no podía regresársela “porque si lo hacía le iba a ir muy mal con el gobernador”. Sin embargo, siguió intentando recuperar el cargo, pero desistió cuando uno de sus hermanos, de 39 años, fue baleado en un supuesto asalto. No le robaron nada, sólo lo centraron y le dispararon. Su hermano quedó con la medula espinal desbaratada y tuvo que trasladarse con él a la Ciudad de México, donde fue sometido a un tratamiento. La gente del pueblo le recomendó dejar todo por la paz, pero Ernesto Cornejo se volvió a lanzar como candidato, esta vez con el respaldo del Partido Acción Nacional (PAN), y volvió a ganar. Antes de la toma de posesión, dice, varios líderes sociales que lo apoyaron fueron perseguidos, otros encarcelados; sus empresas fueron cateadas. “Yo me tuve que amparar contra cualquier detención”. Incluso se exilió en la Ciudad de México mientras llegaba el día de la toma de posesión. Confiaba en que una vez lográndolo ya no le podrían hacer nada, pues contaría con fuero constitucional. “Me lo hicieron una vez, no dos. Ahora estoy prevenido”, responde y luego suelta una carcajada

Y PARA REDONDEAR LA NOTA, MAS DE LA CORRUPCIÓN Y ABUSOS DE LOS CRIMINALES BOURS, REPRESORES, PROTO-ESPÍAS

El imperio de los Bours
Jesusa Cervantes

Nada los detiene. Lo mismo están en la nómina del gobierno de Sonora que al frente de empresas que se expanden rápidamente. Se trata del clan Bours, en el que figuran por lo menos tres hermanos del mandatario estatal: Ricardo, Javier y Gerardo, así como varios primos. Sus tropelías son múltiples: despojos, negocios ilícitos, amenazas… terror. Todo ello con la venia de su pariente, el gobernador Eduardo Bours Castelo. Al amparo del gobierno de Sonora, en sólo tres años el clan Bours –que incluye a hermanos y primos del mandatario Eduardo Bours Castelo– ha multiplicado su poder económico y político, tarea que a sus antecesores les llevó 50 años. Y es que todo lo han obtenido mediante el terror, el tráfico de influencias, la violación sistemática de la ley, así como por el despojo de tierras a ejidatarios. Si bien la familia Bours se inició en los negocios a principios de la década de los cincuenta con Bachoco, una compañía productora y comercializadora de productos avícolas, muchos de los giros comerciales en los que ha incursionado el clan familiar despegaron desde que Eduardo Bours –El Chapo, como lo llaman en la entidad– asumió la gubernatura. Una de esas empresas, Edificadora Pibo –acrónimo de Pineda-Bours–, por ejemplo, es la encargada de construir los tramos carreteros al gobierno estatal; otras, como Boza –Bours-Zarazoza–, aprovechan los apoyos crediticios que les otorga Nacional Financiera (Nafinsa), mientras que algunos familiares se beneficiaron con la venta de unidades de transporte urbano cuando el gobierno ordenó cambiar el parque vehicular; otros vendieron al gobierno grandes extensiones de tierra en condiciones ventajosas. Lo más escandaloso: varios de los hermanos del mandatario ganaron el concurso de licitación para operar la empresa exportadora de camarón más importante del país: Ocean Garden. Así mismo obtuvieron la autorización para crear una intermediaria financiera. El caso más notorio es el de Ricardo Bours Castelo, a quien el mandatario colocó en la paraestatal Operadora de Proyectos Estratégicos, constituida como fideicomiso público ante el banco J. P. Morgan, S.A., que se encarga de aprobar todo tipo de obra pública en la entidad. Ese “fideicomiso impulsor” –que a pesar de ser público se maneja como si fuera privado y nunca rinde cuentas–, maneja los millonarios depósitos que le entregan los gobiernos federal y estatal y los canaliza a los trabajos de reparación de tramos carreteros o al pago por los predios expropiados o comprados. Ricardo es el vicepresidente de dicho fideicomiso creado hace dos años. En su comité técnico incluye a connotados empresarios sonorenses, cercanos a Eduardo Bours desde que éste era titular de la Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial (UCABE), antecesor del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Uno de ellos es Ricardo Mazón Lizárraga, dueño de concesiones de telecomunicaciones en Chihuahua y exvicepresidente del Banco del Atlántico, una de las instituciones crediticias intervenidas por el gobierno en la década de los noventa. Según el auditor canadiense Michael Mackey –contratado por el Congreso de la Unión para revisar las operaciones del Fobaproa– al banco de Mazón Lizárraga se le detectaron autopréstamos y créditos cruzados. Otro es Carlos Alberto Zaragoza de Cima, quien, según la auditoría de Mackey, se benefició con 25.2 millones de pesos, y actualmente es dueño de varios hoteles. Los demás integrantes del comité son: Arturo Ortega Molina, exportador de productos bovinos; Germán Tapia Mejía; Humberto Swarbeck Noriega, empresario agrícola y directivo de Bachoco, la reconocida empresa de la familia Bours; Nikita Kyriakis Georgouses, constructor residencial, quien ha formado parte de los consejos consultivos de Nafinsa en el estado; Mario Laborín Gómez, director de Nafinsa desde el sexenio foxista. Además, Laborín es cuñado del gobernador, pues su hermana Lourdes está casada con Eduardo Bours. Otro de los controvertidos empresarios del consejo técnico del “fideicomiso impulsor” es Sergio Mazón Rubio, quien a su vez está asociado en varios negocios con Javier Bours Castelo, otro de los hermanos del mandatario, y Miguel Khoury Simman, el socio de Manuel Bribiesca Sahagún. En 2004, por ejemplo, Sergio, Javier y Miguel crearon Finpatria, una Sociedad Financiera de Objeto Limitado (Sofol) y obtuvieron del gobierno federal la autorización para gestionar créditos de Nafinsa para la construcción de viviendas. Leyes pisoteadas Entre las obras que tiene a su cargo el fideicomiso destacan la construcción de la carretera costera, cuya inversión es de 200 millones de dólares, así como todas las vialidades de Hermosillo, la redefinición de uso de suelo en el Vado de Sonora, el desarrollo de proyectos turísticos millonarios como el de la Bahía de Kino, el desarrollo de la marina en Guaymas que cuenta con bulevar costero, club de pesca, villas comerciales y terminal de cruceros o los desarrollos turísticos en Puerto Peñasco, donde el clan Bours invierte en el Spa Resort, Sonoran Sun Resort y Sonoran Sea Resort (Proceso 1565). En la inversión del desarrollo de Puerto Peñasco participa también el Grupo Mazón junto con el clan Bours de Ciudad Obregón, según reveló el reportero José Gil Olmos en Proceso 1565. Ricardo Bours es quien otorgó la autorización del desarrollo turístico mediante el fideicomiso impulsor. Un negocio redondo. Aunque las decisiones las toman Ricardo Bours y sus colaboradores, algunas veces participan funcionarios estatales, sobre todo cuando algún proyecto afecta terrenos ejidales o tierras de alguna comunidad indígena. Entonces, el comité técnico instruye a uno de sus miembros para que “gestione” los trámites ante las autoridades estatales. El diputado local del Partido del Trabajo (PT) Mónico Castillo se muestra indignado porque, dice, la creación de ese fideicomiso contraviene las leyes locales que prohíben la participación de familiares del gobernador –hasta en cuarto grado de consanguinidad– en proyectos de la administración pública. Y enumera las leyes que limitan esta participación: la de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado y de los municipios, en su artículo 63, fracción XVII; la de Obras Públicas del estado de Sonora, en el artículo 30, fracción I; la de Adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios relacionados con bienes muebles de la administración pública estatal, artículos 19, 33 y 39. En entrevista, Castillo truena: “La excusa de Eduardo Bours es que su hermano no está en la nómina y que por lo tanto no es empleado del gobierno. Lo que sí es cierto es que Ricardo tiene en sus manos todos los proyectos detonadores del estado. “Todavía peor, todos los grandes empresarios o por los menos los allegados al gobernador están en ese fideicomiso y deciden. Cualquiera que tiene una empresa puede concursar pero no estar en la toma de decisiones. ¡Eso es inmoral!”. El panista Carlos Villalobos Organista, quien fue senador en la pasada legislatura, asegura que el 25 de mayo de 2005 presentó un punto de acuerdo en el que exhortaba al gobernador Eduardo Bours a reconsiderar el nombramiento de su hermano. En su intervención en tribuna Villalobos criticó el nombramiento de Ricardo Bours y explicó que los integrantes del Comité Técnico del fideicomiso en realidad eran las mismas personas del Comité de Financiamiento de la campaña del actual gobernador de Sonora. “Lo anterior se presta a confusiones y suspicacias, pareciera que a través de este fideicomiso se están devolviendo los favores”, expuso el legislador. Los negocios de los primos Los ejemplos de la impunidad con la que se manejan los integrantes del clan Bours desde que su pariente llegó al gobierno son innumerables, dicen algunos de los empresarios que han tomado distancia del gobierno. Uno de los pleitos más recientes es el de las empresas Wacove Construcciones, S.A. de C.V. y Constructora Industrial de Cajeme, S.A de C.V., a las cuales se les negó la concesión del gobierno para construir un puente peatonal con valor de 30 millones de pesos, a pesar de que ganaron la licitación el año pasado. Su caso ya se encuentra en la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la Ciudad de México en el expediente 637/2006. Proceso tuvo acceso al documento y, según las autoridades federales, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Sonora violentó su propio proceso interno al descalificar a las citadas empresas y otorgar el contrato de obra a otra compañía. El 9 de noviembre de 2006, la SFP ordenó al gobierno de Sonora reponer la licitación y evaluar “únicamente” la propuesta de los denunciantes por considerar que tenían razón en sus alegatos. Así mismo, le solicitó a la Contraloría estatal implementar medidas que eviten inconsistencias en futuras licitaciones. El gobierno de Bours Castelo repuso el proceso, pero volvió a descalificar a los constructores. Los representantes de ambas compañías interpusieron una nueva queja ante la SFP. Sin embargo el martes 6, empleados del gobierno estatal advirtieron a los denunciantes “que más les vale que ganen el juicio en México o de lo contrario se van a tener que ir del estado”, comentó uno de los afectados, quien se negó a dar su nombre por temor a represalias. Pero el gobierno de Bours no sólo viola los concursos de licitación, también trasgrede las leyes locales que prohíben la contratación de familiares hasta en cuarto grado de consanguinidad en cargos públicos. Es el caso de Edificaciones Boza –acrónimo de los apellidos Bours-Zaragoza, de Navojoa–, según se desprende de las cédulas de registro del propio gobierno sonorense, en las que figura dicha compañía como “proveedora del gobierno” en los rubros de “desarrollo, promoción y vivienda”. Edificadora Boza se benefició, en 2005, con dos contratos de licitación pública, adjudicados por la Junta de Caminos del estado de Sonora. Los tipos de obra van desde reconstrucción de “calles a tramos en algunos municipios”. El dueño de Edificaciones Boza, Ángel Bours Zaragoza, es primo del gobernador e hijo del expresidente municipal de Navojoa, Ángel Bours Urrea. Boza, al igual que la empresa Pibo (de la familia Pineda-Bours, asentada en Obregón), construye casas de Infonavit –según el propio padrón del instituto–, y ambas reciben también apoyos de Nafinsa, donde por lo menos Boza cuenta con registro. Actualmente Nafinsa es encabezada por Mario Laborín Gómez. Intimidaciones y despojos El ejidatario de Navojoa Mario Duarte Godoy acusa de despojo a Ángel Bours. Dice que el empresario intenta quitarle sus terrenos para construir en ellos una zona residencial. Exagricultor –“pues eso ya no sirve para sembrar”– y pensionado del Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS), del que recibe 2 mil pesos mensuales, Duarte Godoy exhibe documentos expedidos por el comisariado ejidal de Navojoa fechados en 1974, en los que se le otorga el certificado de derecho agrario número 2685286 que lo ampara como propietario de las parcelas 149, 417, cuya superficie es de 9-65-00 hectáreas. Asegura que cuando la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) escrituró los predios, funcionarios de este organismo “se juntaron con otras personas” que no vivían ahí ni tenían la posesión y a pesar de todo les entregaron el terreno. “Esa gente (de Corett) otorgó un poder a otra persona –dice Duarte Godoy–, quien pidió un préstamo bancario, con la idea de no pagarlo, y así el banco se quedó con mi propiedad, que inmediatamente compró Boza”. Y a pesar de que el banco Santander, institución encargada de rematar el predio, advirtió a los Bours que no podía hacer la entrega física del terreno, pues “ahí vive gente desde hace tiempo”, Ángel Bours respondió: “Yo los saco”. Al principio, dice Duarte Godoy, le ofreció de 30 mil a 40 mil pesos por sus terrenos. “Pero no me dejé –recuerda–. Le dije: nos vamos a juicio porque el terreno es mío”. En ese momento empezó el tormento para Mario Duarte, quien desde 2002 fue demandado por el empresario Ángel Bours para desalojarlo de un terreno. Boza solicitó un juicio “reivindicatorio” pero las leyes que rigen esta figura establecen que quien es primero en tiempo es primero en derecho, por lo que el señor Duarte exige que se le respete su posesión. Sin embargo, los juzgados por los que ha pasado el proceso lo rechazan porque –dice el propietario del predio en litigio–, los querellantes tienen influencias, Ángel Bours es primo del gobernador y al igual que sus familiares es gente que se dedica a comprar tierras baratas para luego construir ahí sus fraccionamientos. Durante el proceso, Duarte Godoy ha sido amenazado para que se desista y entregue las tierras que legalmente le pertenecen. El 25 de enero pasado, dice, recibió un mensaje telefónico intimidatorio: “deja en paz a los Bours”. No sólo eso, autos con vidrios polarizados comenzaron a merodear por el predio donde vive y cuenta que varias veces ha sido derribada la cerca que delimita su terreno. Otro intento de despojo es el de la familia Bours Griffith, según denunció a TV Azteca el 5 de octubre pasado el dirigente estatal de El Barzón, Francisco Mitre. Éste relató que los Bours Griffith han comprado juicios a Banamex por 463 mil pesos, cuando el valor real de la tierra agrícola es de 10 millones de pesos. “Tenemos conocimiento de que este señor ha comprado otras tres propiedades en esas condiciones. Eso es tráfico de influencias, porque él (Bours Griffith) argumenta que con el poder del dinero se puede todo”. Jaime Caracho, otro de los afectados, dijo a la televisora que “las resoluciones de los tribunales son infantiles, violan las leyes en primera, segunda y tercera instancia; todo a favor de los Bours”. El poder de la familia El propio gobernador violó la ley del estado al comprar a unos primos, los Bours Muñoz, una extensión de 8 millones 473 mil 88 metros cuadrados. El monto: 9.5 millones de pesos, según consta en el folio 164091 del registro público ubicado en Obregón. Entre los dueños del predio figuraba también Guillermo Pineda Cruz, otro de los directivos de Bachoco y emparentado con Eduardo Bours Castelo, además es socio de la empresa Pibo. El diputado Mónico Castillo propuso al Congreso local el pasado 21 de noviembre la creación de una comisión plural que investigue “la compra y adquisición de terrenos en Ciudad Obregón, presuntamente hecha a familiares consanguíneos del gobernador de Sonora”. De igual manera, demandó que se indagara la adquisición de más de 200 unidades que concesionarios del transporte urbano hicieron a Camiones y Tracto Camiones de Sonora, S.A. de C.V., empresa distribuidora de vehículos Mercedes Benz, de la cual es director Gerardo Bours Castelo, otro hermano del gobernador. Los concesionarios fueron obligados por el gobierno estatal a realizar el cambio vehicular al crear el llamado programa SUBA para la sustitución de camiones, pero sólo 25 de los 330 concesionarios compraron las unidades a Gerardo Bours. El pasado 28 de diciembre, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso local exoneró al gobernador con el argumento de que la compra se realizó entre particulares y no con el gobierno. Pero aún queda pendiente el caso del terreno familiar, lo cual como lo prueban los documentos, sí hubo una adquisición de terrenos a los primos del gobernador. Para corroborar que la familia Bours ha adquirido decenas de propiedades y empresas, Proceso solicitó varios registros públicos, pero las autoridades alegaron que esa información no se puede difundir. Además, el consorcio Fertilizantes Tepeyac, que posee la familia del gobernador desde principios de la década de los cincuenta, ha sido sometida a nueve auditorías sanitarias por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido a que maneja productos de alto riesgo. A pesar de que a mediados de los noventa el gobierno federal implementó un programa para que este tipo de empresas se sumen de manera voluntaria a las auditorías, Fertilizantes Tepeyac se ha negado sistemáticamente. Y es que utiliza sustancias prohibidas en Estados Unidos, como paratión, endosulfán y asodrín.

Y EL PROGRESO Y LAS INVERSIONES DAN MAS "PLACERES" AL CRIMINAL ROBERTO HERNANDEZ, VIEJO SOCIO DEL FRAUDE A MEXICO, Y DIGNO REPRESENTANTE DE LA MAS DESPRECIABLE OLIGARQUIA NACIONAL:

Televisa: nueva mancuerna
Jenaro Villamil

Con una reciente inversión de 110 millones de dólares para adquirir un paquete accionario que controlaba la familia Aramburuzabala, Roberto Hernández se convirtió en el segundo accionista más importante de Televisa después de Azcárraga Jean. Desplazó así a Carlos Slim, quien, a pesar de que seguirá siendo socio de la empresa hasta el año 2009, ya no tiene derecho a veto en el Consejo de Administración del consorcio. De manera paulatina y a través de la compra de Certificados de Participación Ordinaria (CPO) en el mercado bursátil internacional, el exbanquero Roberto Hernández se convirtió en menos de un año en el segundo accionista más importante de Televisa, con cerca de 11% de la compañía, desplazando a Carlos Slim, su rival más importante en el mercado de telecomunicaciones, que se ha quedado con menos de 2% del control de la firma. La recomposición accionaria en el consorcio de medios más importante de México y América Latina ha convertido a Roberto Hernández en el nuevo aliado de Emilio Azcárraga Jean en las batallas por cerrar la competencia a una posible “tercera cadena” televisiva en México y a otros inversionistas que busquen difundir contenidos audiovisuales; por controlar en este sexenio los organismos reguladores del sector –Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Cofetel– y por rivalizar con Telmex en el mercado de la telefonía celular e internet. La guerra soterrada entre Televisa y Telmex por el mercado de telecomunicaciones se ha agudizado con el mayor poder que adquirió Roberto Hernández en el negocio de Azcárraga Jean, al tiempo que Carlos Slim ha disminuido su participación en el consorcio y ha invertido en el mismo lapso 2 mil 900 millones de dólares para comprar compañías de televisión por cable en Colombia, Brasil, Perú y Argentina, además de que proyecta invertir este año 800 millones de dólares más en Sudamérica, con el objetivo de rivalizar con sus exsocios en la difusión de contenidos. En contraste, el avance más reciente de Roberto Hernández fue la adquisición, por 110 millones de dólares, de 18 millones 100 mil CPO de Televisa, pertenecientes al paquete accionario que controlaban la madre y la hermana de María Asunción Aramburuzabala, cabeza del Grupo Modelo. Este paquete le permite a Roberto Hernández y a su socio Alfredo Harp Helú tener una parte de las acciones más valiosas de la compañía, desplazando por completo a Carlos Slim. Dicha operación bursátil se realizó el 21 de diciembre de 2006 en Nueva York, por medio de la operadora Acciones y Valores de México (Accival), la casa de bolsa fundada en 1991 por el propio Roberto Hernández y otros inversionistas que permitió a Hernández adquirir Banamex durante el gobierno de Carlos Salinas. Informes bursátiles reportan que antes de esta transacción millonaria, Roberto Hernández fue acumulando CPO de Televisa en el mercado bursátil. Los mismos análisis reportan que Sinca Inbursa, propiedad de Carlos Slim y sus hijos, y Grupo Modelo, de Aramburuzabala y su socio Carlos Fernández, ya no tienen ningún control ni derecho de veto en el seno del Consejo de Administración de la compañía. Otros analistas bursátiles revelaron a Proceso que Carlos Slim Domit, quien tiene un asiento en el mismo Consejo de Administración de la compañía, no ha asistido a las últimas cinco reuniones de este órgano directivo donde participan otros empresarios y funcionarios de Televisa, como Pedro Aspe Armella, Alberto Bailleres, Claudio X. González, Germán Larrea, Fernando Senderos, Lorenzo Zambrano Treviño, Roberto Hernández y la propia María Asunción Aramburuzabala. Dos viejos socios Antes de la venta reciente por 110 millones de dólares de las acciones de sus familiares, María Asunción Aramburuzabala, la mujer más acaudalada de México, vendió 60 millones de acciones de la serie CPO por un total de 240 millones de dólares, en enero de 2006. En aquella ocasión, la vicepresidenta del Grupo Modelo afirmó estar “muy satisfecha” con su inversión en Televisa y explicó que la decisión de vender parte de sus acciones formó parte de “una estrategia a largo plazo de diversificación de activos y liquidez”. De la nueva venta de acciones el pasado 21 de diciembre, ni Aramburuzabala ni el Grupo Modelo han dado una explicación pública. Proceso buscó infructuosamente la versión de la joven ejecutiva, cuya fortuna está valuada en mil 800 millones de dólares. Sólo se pudo confirmar que los adquirentes fueron Roberto Hernández y Alfredo Harp. Hernández es un viejo amigo de Aramburuzabala, desde la época en que la actual esposa del embajador estadunidense en México, Tony Garza, estuvo casada con Manuel Medina Mora, exdirector de Citigroup Banamex. La venta de estas acciones representa una reconfiguración de la sociedad que las familias Aramburuzabala y Slim establecieron en 1999 y 2000 con Emilio Azcárrraga Jean para apalancar al heredero de El Tigre Azcárraga. En ese entonces, Azcárraga Jean enfrentaba las aspiraciones de sus otros parientes y accionistas, principalmente las familias Burillo Azcárraga y Cañedo White, que buscaban tener el control de Televisa, la empresa que controla 65% de las concesiones de televisión y más de 80% de la audiencia. El ingreso de Grupo Carso y Grupo Modelo al consorcio televisivo representó un voto de confianza para Azcárraga Jean, de apenas 31 años de edad, quien enfrentaba deudas con familiares y bancos, y tuvo que despedir a más de 9 mil empleados para reducir los costos de la empresa. La composición accionaria de Televicentro, la controladora de Televisa, quedó entonces de la siguiente manera: Azcárraga Jean, con 51%; Inca Inbursa, de Carlos Slim, con 25%, y Grupo Modelo con el 24% restante. En el 2002 se hizo una compleja reestructuración accionaria para crear un fideicomiso formado por los tres grupos e intercambiar las acciones de Televicentro por CPO, que son títulos de crédito a largo plazo que emite una sociedad fiduciaria sobre bienes, valores o derechos que tiene en fideicomiso. En esencia, Slim y Aramburuzabala intercambiaron sus acciones en Televicentro por otras de un fideicomiso que controlaba 17% de Televisa, que comenzó a cotizar como empresa pública en la Bolsa de Valores de México y de Nueva York. Las tres familias acordaron un calendario bajo el cual se comprometían a no vender su parte accionaria antes del 1 de julio de 2005. La familia Slim aceptó mantener al menos una tercera parte de su participación en el fideicomiso hasta el 1 de julio de 2009. Convinieron también respaldar al comité técnico controlado por Azcárraga Jean y sus dos principales colaboradores: Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia. Bajo estos acuerdos, la desinversión de Aramburuzabala en Televisa irá acompañada de una venta total de los títulos de la familia Slim a partir de junio del 2009. Desde mediados de 2005, la influencia del exdueño de Banamex y uno de los empresarios más cercanos al expresidente Carlos Salinas y al entonces primer mandatario Vicente Fox, se comenzó a sentir en Televisa. En paralelo, las diferencias entre el equipo de jóvenes ejecutivos encabezado por Emilio Azcárraga Jean y el magnate Carlos Slim, se agudizaron, en especial, ante las sospechas de que existían “empresas pantalla” o brokers como TV Promo. También surgieron diferencias por el manejo informativo de los principales noticiarios de la televisora y por el crédito de Inbursa a TV Azteca, competencia de Televisa. El momento estelar de la influencia de Roberto Hernández en Televisa fue durante una encerrona en el restaurante Rodavento, en Valle de Bravo, a principios de febrero de 2006, en plena campaña electoral. Al convivio entre accionistas, periodistas e invitados especiales –como el exjefe de la CIA William Tennet– acudieron los tres candidatos presidenciales que encabezaban las preferencias: Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón y Roberto Madrazo. El vicepresidente ejecutivo Bernardo Gómez fue el “maestro de ceremonias” y el entrevistador principal de los tres candidatos. Durante la visita de López Obrador, Roberto Hernández reprochó al candidato de la coalición Por el Bien de Todos las acusaciones de haber evadido impuestos en la operación de venta de Banamex a Citibank. “Soy su villano favorito”, le dijo Hernández a López Obrador, según recuerdan diversos asistentes a la encerrona en Valle de Bravo. López Obrador respondió que sus diferencias no eran personales, sino políticas. Le reprochó como “amoral” evadir impuestos en la venta de Banamex a Citibank por 12 mil 500 millones de pesos. El exjefe de Gobierno capitalino retó a Roberto Hernández a sostener un debate público. Y el nuevo socio de Televisa esquivó la propuesta. En paralelo, los desencuentros entre Televisa y Carlos Slim se agudizaron. En plena puja por el control de Univisión, la compañía televisiva más grande de habla hispana en Estados Unidos, el hijo del dueño de Grupo Carso adquirió 3.5% de las acciones del consorcio en venta, generando reacciones negativas en el sector bursátil estadunidense por presunto tráfico de “información privilegiada”. Televisa perdió su apuesta por comprar Univisión, debido a los candados legales aplicados por Estados Unidos, pero los Slim ganaron cerca de 30 millones de dólares con la operación, al comprar a 34 dólares las acciones y luego venderlas en 40 dólares. Desacuerdo de gigantes En septiembre y octubre de 2006, la SCT promovió un Acuerdo de Convergencia para regular el mercado de telecomunicaciones, que en el país representa 50 mil millones de dólares, de los cuales 30 mil millones están en el mercado de telefonía móvil, 15 mil millones en telefonía fija, 3 mil 500 millones en televisión abierta y mil 500 millones de dólares en televisión restringida, de acuerdo con los datos de la propia secretaría. En esencia, el acuerdo busca permitir que Telmex entre al mercado audiovisual –televisión restringida–, a cambio de que Televisa pueda también competir en telefonía e internet. La gestión del acuerdo desembocó en un fuerte desencuentro entre Televisa y Grupo Carso, pero también entre la compañía telefónica Avantel, de Roberto Hernández, que se negó a firmarlo. El Acuerdo de Convergencia estuvo a punto de abortar. El entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, exempleado de Roberto Hernández en Avantel, se enfrentó públicamente a su homólogo de la SCT, Pedro Cerisola, quien trabajó para Carlos Slim. Gil Díaz criticó el cambio de título de concesión de Telmex para que pudiera entrar al mercado de televisión restringida y exigió que la compañía de Carlos Slim pagara una contraprestación. Slim y Cerisola vencieron finalmente, pero Avantel y otras compañías telefónicas encabezaron un litigio en contra de Grupo Carso por su condición monopólica en el mercado de telefonía fija y celular, que obligó a la Comisión Federal de Competencia a ponerle tres condiciones a Telmex para ingresar al mercado audiovisual y facilitar la competencia. Al mismo tiempo, la Comisión Federal de Competencia emitió desde finales de noviembre de 2006 una opinión sobre los contenidos audiovisuales que proponen la concesión de nuevas frecuencias de radio y televisión, así como la apertura en el mercado de producción y distribución de contenidos. Esta opinión, que beneficia a Telmex y a otros posibles competidores de Televisa, en especial a los promotores de la “tercera cadena” de televisión abierta, ha generado nuevos desencuentros entre los dos gigantes de telecomunicaciones. Bloqueo La confluencia de intereses entre Roberto Hernández y Televisa en la actualidad no es sólo para enfrentar al Grupo Carso ante el proceso de convergencia en telecomunicaciones, sino también para evitar que la Cofetel o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le den entrada a un nuevo competidor en el mercado de televisión abierta. Y ese nuevo competidor, hasta el momento, sólo tiene un nombre y apellido para Luis Téllez, titular de Comunicaciones y Transportes, y para los comisionados de Cofetel, Eduardo Ruiz Vega y Francisco González Abarca: Telemundo. El jueves 15 de febrero, durante una entrevista realizada en el programa Fórmula Financiera, Luis Téllez dijo explícitamente que “Telemundo no puede entrar a México porque nosotros tenemos restricciones, que también las tienen los estadunidenses para la televisión mexicana. Por eso para Televisa fue tan difícil participar en la compra de Univisión, porque no podía tener más de 20%… creo que el 25%. “Entonces nosotros tenemos una legislación espejo (sic) y, por supuesto, vamos a ayudar a nuestras empresas. Creemos que nuestras empresas de radio, como las de ustedes, las empresas de televisión, son empresas fuertes, importantes, que generan empleos, generan opinión, generan cultura y, por lo tanto, si llegáramos a ese punto, Telemundo entraría en las condiciones que establece la ley mexicana.” En entrevistas previas en la prensa, tanto Ruiz Vega como González Abarca habían sostenido que no puede existir una “tercera cadena” y objetado el ingreso de una empresa extranjera al mercado televisivo mexicano. En ambos casos, los intereses de Roberto Hernández y de Televisa confluyen, a pesar del enfrentamiento entre el actual subsecretario de Comunicaciones, Rafael del Villar, y el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, Gonzalo Martínez Pous, quienes se ampararon en contra del Senado por la designación de Ruiz Vega y González Abarca como comisionados de Cofetel. Cuatro colaboradores claves de Luis Téllez forman parte de la red de influencias de Roberto Hernández: el actual subsecretario de Transportes, Manuel Rodríguez Arregui, es hijo de la asistente personal de Hernández, responsable del manejo financiero de sus inversiones; el director general de Política de Telecomunicaciones, Pablo González Manterola, fue representante legal de Avantel durante el período en el que Francisco Gil Díaz fungió como director general; el subsecretario Rafael del Villar fue asesor de Gil Díaz en la Secretaría de Hacienda, y Gonzalo Martínez Pous ocupó la misma unidad de asuntos jurídicos en el Banco de México, cuando Gil Díaz fue vicegobernador. Paradójicamente, los comisionados de Cofetel impugnados, Eduardo Ruiz Vega y Gerardo Francisco González Abarca, recibieron el aval de Televisa y también de TV Azteca para llegar a este organismo, que aún carece de atribuciones plenas para regular el mercado televisivo. Si prospera el amparo promovido por Rafael del Villar y Martínez Pous, Televisa no pierde su influencia sobre los órganos reguladores del mercado de televisión y telecomunicaciones. Y menos Roberto Hernández, su segundo accionista en importancia.

Y ALGO DE LA REPRESION HISTORICA, TEMA ACTUAL POR EL TERROR DEL PELELE Y CAMARILLAS A LOS PERIODISTAS CRITICOS:


Mal comienzo
Jesús Cantú

“Mal empieza la semana para quien ahorcan en lunes”, dice el adagio popular, y ese parece ser el caso al comienzo de este sexenio en materia de libertad de expresión. Mencionemos dos ejemplos: primero, el caso del periodista José Gutiérrez Vivó, quien en diciembre recibió una advertencia directa desde la oficina de comunicación de la Presidencia de la República, en la que se le conminaba a portarse bien, y segundo, la actitud de la Secretaría de Gobernación de que debe evitarse la difusión de programas cuando, de acuerdo con el criterio de esa dependencia, se violen las disposiciones constitucionales. Al parecer, el nuevo gobierno ignora el texto de los artículos 6 y 7 de la Constitución, así como el contenido de los tratados internacionales firmados y ratificados por México. Sobre todo el artículo13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, en su párrafo segundo, dice que el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión “no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley”. Y agrega, en su tercer párrafo: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. La única excepción que prevé el párrafo cuatro de ese ordenamiento es el de los espectáculos públicos. Dice que éstos “pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2”. Amagos de censura En el caso de Gutiérrez Vivó, el comunicador denunció el pasado 6 de diciembre, durante la entrega de los Premios Nacionales de Periodismo del Club de Periodistas de México, A.C., que el equipo de comunicación del gobierno de Felipe Calderón le dijo textualmente: “Están castigados. Vamos a ver cómo se comportan. Si quieren difundir nuestra información, bien; si no, también. Cuando consideremos que hay un buen comportamiento, entonces se arreglará una audiencia con el presidente Felipe Calderón, para ver cómo se solucionan las cosas”. Al día siguiente, Gutiérrez Vivó explicó en una entrevista televisiva que le llamó Maximiliano Cortázar, director de Comunicación Social de la Presidencia, para señalarle que esa no era su forma de actuar. El segundo caso –alusivo al mensaje de Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México el pasado 20 de noviembre, cuando fue investido como “presidente legítimo”– puso en entredicho la actuación del director general de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), Eduardo Garzón, y los argumentos del subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Miguel Alessio Robles. Ambos funcionarios creen que su tarea consiste en evitar a toda costa la difusión de programas que ellos consideren violatorios de la normatividad vigente. Al final, tuvieron que aceptar la difusión del programa del Frente Amplio Progresista (FAP) En el comunicado difundido por la dirección de Garzón, se arguye que la dependencia “ha estado en todo momento apegada a derecho” y respalda la declaración del subsecretario de que las únicas dos posibilidades de transmitir el programa del Frente Amplio Progresista (FAP) eran: una decisión política del secretario (Francisco Ramírez Acuña) o que el Partido de la Revolución Democrática modificara el contenido. Gobernación mencionó que su propuesta estaba encaminada a “promover un ánimo de diálogo y concertación”, “fortalecer las instituciones democráticas del país” y “subrayar el compromiso irrestricto del Ejecutivo federal con la absoluta libertad de expresión”. De igual manera es preocupante el silogismo del subsecretario Alessio Robles, quien adujo que la censura previa “existe cuando no se conocen los contenidos”, pero cuando éstos se conocen previamente se puede impedir la difusión sin incurrir en dicha práctica. Por eso alegaba que debe impedirse la difusión de programas cuyos contenidos ataquen a la moral, los derechos de terceros, provoquen algún delito o perturben el orden público. Alessio Robles olvida que la Ley Federal de Radio y Televisión establece en su artículo 10 que Gobernación sólo puede emitir observaciones a los concesionarios y permisionarios, imponer las sanciones administrativas (multas) en caso de violaciones a las disposiciones legales y “denunciar los delitos que se cometan en agravio de las disposiciones de esta ley”. En este caso, lo que procedía era distribuir el programa entre los concesionarios y permisionarios para su difusión. Si éstos hubieran considerado que se violaban la Constitución y la Ley de Radio y Televisión, les correspondía presentar las denuncias correspondientes ante el Instituto Federal Electoral (IFE), para que lo revisara de conformidad con la normatividad electoral, y ante el Ministerio Público Federal, para que decretara si existía algún delito. Además no debe olvidarse que la Ley de Cinematografía sí establece expresamente la atribución de dicha dependencia de: “Autorizar la distribución, exhibición y comercialización de películas en el territorio de la República Mexicana, a través de cualquier forma o medio, incluyendo la renta o venta de las mismas”. Viejas historias La censura en México tiene múltiples expresiones que van desde el “enlatamiento” o mutilación de películas, hasta el asesinato de periodistas. Algunas veces las autoridades presionan a los propietarios o directores para que obliguen a los periodistas incómodos a acatar “las reglas del juego”. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, RTC tenía congeladas las autorizaciones de más de 40 películas, entre ellas La sombra del caudillo, filmada 30 años antes. Y fue la presión de la opinión pública para que se autorizara la exhibición de Rojo amanecer, tras varios meses de “enlatamiento”, la que permitió la exhibición de otras cintas. A pesar de ello, Rojo amanecer no se escapó del corte de algunos fotogramas –unos 100 segundos–, donde se aludía al papel del Ejército en la matanza del 2 de octubre de 1968. Ese aspecto lo relató uno de los guionistas de la película, Xavier Robles, en su crónica publicada el 5 de octubre de 1997 en La Jornada. Por lo que concierne a los medios escritos, es memorable el golpe a Excélsior, perpetrado por Luis Echeverría. Su sucesor, José López Portillo, desató una persecución contra medios y periodistas en el último año de su sexenio. El último director de Comunicación Social de esa administración, Francisco Galindo Ochoa, arremetió contra las revistas pornográficas y Presidencia retiró la publicidad a algunas más, entre ellas este semanario. La administración de Miguel de la Madrid se distinguió por los ataques a un grupo editorial que publicaba, entre otras, una revista política (que resultaba incómoda al gobierno) y una policiaca. Con Carlos Salinas se intensificó el acoso contra articulistas y directores de medios de comunicación; además hubo dos decenas de periodistas asesinados. Y con Ernesto Zedillo, la Secretaría de Gobernación actuó para que en los puestos de venta se escondieran los medios impresos con temática relativa al sexo. A ello se sumaron las sanciones a comentaristas de radio, así como la intromisión presidencial para evitar que Ricardo Rocha sustituyera a Jacobo Zabludovsky en el noticiario nocturno de Televisa. En el sexenio foxista destacaron las demandas que por difamación y calumnias interpusieron Martha Sahagún de Fox y el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos contra periodistas, así como el hostigamiento contra Gutiérrez Vivó, el retiro de los programa radiofónicos Voz pública e Inocente o culpable de Paco Huerta, y el despido de uno de los hijos de Guadalupe Loaeza, quien trabajaba en la oficina de la Presidencia. A lo largo de su quehacer profesional, Paco Huerta sufrió presiones de los distintos gobiernos, pues sus programas fueron retirados del aire en varias ocasiones: en 1982, cuando radiodifusora ABC, en la que trabajaba el comunicador, fue comprada por Mario Vázquez Raña; en 1990, el dueño de la difusora en la que transmitía el programa de Huerta decidió cancelar su espacio, luego de que el presidente Carlos Salinas le dijo que le daría más concesiones sólo si salía del aire Huerta; y en noviembre de 2004, en Radio Fórmula, tras una discrepancia en un desayuno con Vicente Fox y su esposa, el director operativo informó al comunicador que su programa salía por falta de rating. Los rostros de la represión son múltiples, pero los efectos siempre son los mismos: limitaciones a la libertad de expresión e intimidación en el gremio periodístico. Por ello es pésima la señal que envía el gobierno de Calderón, que en sus dos meses de gestión ya puso en la mira a Gutiérrez Vivó y su empresa Infored, así como el decomiso de un programa de una fuerza política opositora

Y UN TRAIDOR A A DEMOCRACIA QUE RONDA LOS PASILLOS DE LOS PINOLES DEL PELELE, DANDOLE DE COSCORRONES CADA QUE SE QUEIRE SALIR DE GUACAL:


No me voy, no me voy, no me voy...
Daniel Lizárraga

Vicente Fox les paga a los colaboradores de sus nuevos proyectos mediante la nómina de la Presidencia y sigue haciéndose presente en la política nacional, ante el silencio de Felipe Calderón y su gabinete. La locuacidad de Fox contrasta con el silencio que mantuvo acerca de sus bienes no declarados y la asignación irregular de contratos durante su sexenio... Rota su promesa de guardar silencio, de nuevo está desatado, ávido de los reflectores perdidos. “No voy a emitir juicios sobre el gobierno anterior, del cual además, orgullosamente, formé parte”, sentenció el presidente Felipe Calderón el 26 de enero pasado en Davos, Suiza, durante su primera vista oficial a Europa. Días después, Vicente Fox, el exgobernante al que así había protegido, se adjudicó en público la victoria del PAN en 2006 y confirmó que su intervencionismo en el proceso electoral obedeció a un desquite contra su acérrimo enemigo político, Andrés Manuel López Obrador. En su presentación como conferencista internacional, realizada en el Centro de las Artes John F. Kennedy, de Washington, Fox no reconoció el trabajo proselitista de Calderón. “Pagué el costo político (del desafuero contra López Obrador), pero 18 meses más tarde yo tuve la victoria. El día de la elección, el candidato de mi partido ganó”, dijo Fox en su conferencia del 12 de febrero, frotándose las manos y con una sonrisa socarrona. Sin embargo, la postura del exmandatario no provocó críticas en el actual gabinete. En la residencia oficial de Los Pinos hubo silencio. Tampoco respetó Fox su “decisión” de guardar silencio durante todo este año, como lo había ofrecido cuatro días después de que dejó el poder. Cuando asistieron a la misa dominical en la parroquia la Purísima Concepción, en San Cristóbal, dijo: “Marta y yo regresamos aquí a casa y ahora vamos a llevar una vida privada, ya no vamos a tener información, ni conferencias de prensa para ustedes”. Y en un intento de Marta de agregar un comentario, Fox la calló: “Chitón, chitón, ya”. El 27 de noviembre, cuatro días antes de abandonar Los Pinos, Vicente Fox inau-guró su propia escultura en bronce, en la llamada Calzada de los Presidentes. Eran las últimas horas de su gobierno marcado por el despilfarro, la desaparición de recursos públicos en una de las cuentas personales de Fox, el ocultamiento de propiedades y de violaciones al marco legal, aun cuando algunas de las pruebas documentales de estas irregularidades provienen del propio gobierno federal y se han conocido mediante la Ley Federal de Transparencia. Sin embargo, la administración calderonista no ha iniciado –por lo menos públicamente– las investigaciones correspondientes. Vicente Fox dejó Los Pinos sin explicar cómo fue que el gobierno de Ernesto Zedillo le depositó en una de sus cuentas personales 24 millones 150 mil pesos. El dinero provenía del erario y formaba parte de la bolsa destinada al equipo de transición que trabajó de julio a noviembre de 2000. Fueron seis los depósitos realizados al fideicomiso privado F/084, abierto en Inbursa por Vicente Fox. Proceso obtuvo copias de los recibos 032, 033, 034, 035, 046 y 051 en poder de la Secretaría de Hacienda. El dinero salió de la dependencia en calidad de “donativo”, por lo que Fox no tuvo la obligación de comprobar el uso de esos recursos públicos. Por otra parte, Hacienda manejó 45 millones 264 mil pesos para pagar los sueldos de las 315 personas del equipo de transición. En total, el gobierno de Zedillo entregó 69 millones 264 mil pesos al equipo de su sucesor, y una parte de esa cantidad se desvió a la cuenta privada de Vicente Fox. El 24 de noviembre de 2000, Carlos Rojas –entonces coordinador financiero del equipo de transición– anunció que el dinero aportado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sería la base para constituir el Fondo Nacional de Becas. Ni un solo peso del erario llegó a ese destino, de acuerdo con documentos oficiales a los que este semanario tuvo acceso después de una investigación que inició en enero de 2005 y concluyó en noviembre de 2006. Al responder a un paquete de solicitudes de información, la SHCP, la Secretaría de Educación Pública y la Presidencia reconocieron finalmente que nunca hubo transferencias del fideicomiso privado F/084 hacia las cuentas del Fondo Nacional de Becas. Lino Korrodi, uno de los creadores de la asociación Amigos de Fox, aceptó por vez primera, en entrevista con Proceso (número 1562), que él personalmente consiguió donativos para el período de transición por 60 millones de pesos, que también fueron depositados en el fideicomiso mencionado. “Lo que sí puedo confirmar es que de ahí salieron sueldos y gastos, aunque algunas personas abusaron metiendo en nómina a gente balín. Sinceramente, hubo mucho dinero gastado en superficialidades. Nunca se controló adecuadamente”, reveló el empresario. Pese a la intervención del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el gobierno de Fox se negó a rendir cuentas sobre el uso que le dio al dinero del fideicomiso. La Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene el oficio IFAI/JPGA/022/025, fechado el 9 de junio de 2005, mediante el cual el comisionado Juan Pablo Guerrero pidió que se dieran a conocer esos documentos. Desde entonces (hace ya un año con ocho meses) la dependencia no ha respondido. La Presidencia, con Fox, nunca aclaró esto a pesar de que se le solicitó una entrevista al exvocero Rubén Aguilar. Lo que sí hubo, en contraparte, fue un acto de censura por parte de directivos de El Universal para que no se publicara la primera parte de esta investigación en su ya extinta publicación La Revista. Sello foxista A lo largo de su sexenio, Fox aceptó más de 3 mil 560 regalos, muchos de los cuales debieron enviarse al Nacional Monte de Piedad o donarse a una organización de asistencia social, toda vez que su valor supera el límite de 485 pesos estipulado en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. No obstante, Fox y Marta Sahagún se fueron a vivir a uno de sus ranchos, La Estancia, sin regresar ni uno solo de esos obsequios, de acuerdo con una investigación de este semanario (Proceso 1574). Durante la segunda semana de diciembre, el nuevo secretario de la Función Pública, Germán Martínez, firmó un acuerdo mediante el cual exigió a los integrantes del gobierno no aceptar regalos cuyo costo supere los 485 pesos. Sin embargo, nada dijo de lo sucedido en el sexenio foxista, aun cuando las pruebas documentales sobre las violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades están dentro de los archivos de la propia dependencia. Así mismo, en julio de 2005 salió a la venta el libro El gobierno del cambio bajo sospecha de corrupción escrito por Anabel Hernández y Arelí Quintero. En uno de sus capítulos, las periodistas documentaron cómo Fox fue transformando unos áridos terrenos en la comunidad guanajuatense de La Gorda Atorada –en Nuevo Jesús del Monte, municipio de San Francisco del Rincón– en el imponente rancho La Estancia. Más de 300 hectáreas de esa propiedad –área equivalente a la mitad del Bosque de Chapultepec– están dedicadas a la siembra de agave azul. Además, tiene una lujosa casa con lago artificial y acabados en mármol, así como aproximadamente 100 hectáreas de sembradíos de papa, cebolla y ajo, amplios espacios para venados, llamas, avestruces, borregos y caballos pura sangre. Cuando apareció este libro, el vocero presidencial, Rubén Aguilar, aseguró que todos los bienes de Vicente Fox aparecían en su declaración patrimonial (Proceso 1500). Luego el propio Fox insistió en su inocencia durante una entrevista de televisión: “Ahí en el Rancho San Cristóbal nací, y ahí voy a seguir viviendo. No hay nada nuevo”, dijo. Sin embargo, poco antes de que concluyera el sexenio, Fox y Sahagún organizaron comidas y fiestas de despedida en La Estancia. En la prensa nacional y en la guanajuatense aparecieron fotografías de la finca. De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos –en su artículo 47, fracción XVIII–, “todo servidor público, incluido el presidente, debe presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de su situación patrimonial” o será sancionado. El sábado 18 de noviembre visitaron a Fox en La Estancia el cardenal Norberto Rivera, el empresario Olegario Vázquez Raña y el director del diario El Universal, Juan Francisco Ealy. Ese día ellos fueron los únicos invitados a la comida con Fox, de acuerdo con información obtenida por la corresponsal de Proceso en Guanajuato, Verónica Espinosa. La siguiente semana, el sábado 25 de noviembre, acudieron allí varios miembros del gabinete foxista, empresarios, amigos cercanos y familiares. “Tanto calor agarró la velada, que los helicópteros del Estado Mayor Presidencial parecían taxis sobrevolando la comunidad, llevando y trayendo a los numerosos invitados”, describió la reportera. Un día después, los diputados federales y senadores del PAN acudieron a una comilona convocada por Fox y Marta Sahagún en la misma finca. Ese día el rancho quedó evidenciado en todos los medios de comunicación, ya que en pleno festejo el mandatario se desmayó. “Algunos de los invitados a la comilona de birria y tequila revelaron que en realidad el desmayo se debió a la resaca y a la desvelada de la prolongada reunión de la tarde anterior con su gabinete”, reportó Espinosa. El propio Felipe Calderón, ya como presidente electo, acudió a La Estancia con su esposa Margarita Zavala y sus tres hijos. El domingo 8 de octubre, la familia llegó al territorio de los Fox en un helicóptero del EMP. Al igual que Vicente Fox, Calderón se vistió de pantalón de mezclilla y sombrero. La agencia oficial Notimex difundió fotografías del encuentro. Poco después del medio día, la gente de San Francisco del Rincón se sorprendió al ver en la carretera León-Cuerámaro una camioneta Hummer con placas de circulación LYF-68-71 del Estado de México; el conductor era Vicente Fox, y en el lugar del copiloto iba Felipe Calderón, quien cargaba sobre las piernas a uno de sus hijos. En la parte trasera viajaban Marta Sahagún, Margarita Zavala y dos de sus hijos. Como escolta iba otra Hummer con al menos cinco elementos del EMP, según la crónica del corresponsal de La Jornada, Martín Diego Rodríguez. En ninguna de las declaraciones patrimoniales de Vicente Fox como presidente aparece la compra de una camioneta Hummer, cuyo precio en el mercado va de 43 mil a 78 mil 504 dólares. A dos meses de haber asumido su cargo, el secretario de la Función Pública, Germán Martínez, no se ha ocupado de cómo Fox remodeló en secreto esa finca durante su mandato y adquirió al menos una Hummer. Financiamiento presidencial Ahora instalados en La Estancia, Vicente Fox y su esposa transformaron la casa materna en el “Centro Operativo del Rancho San Cristóbal”, que tiene los departamentos de Gerencia Operativa, Comunicación y Academia, Administración, Sistemas y Asesorías. En estas oficinas trabajan al menos siete personas cuyos sueldos van de los 47 mil 973 a los 17 mil pesos y están en la nómina actual de la Presidencia. Al frente del equipo estuvo inicialmente la expresidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Sari Bermúdez, quien se encargó de ordenar el archivo de Fox. En una entrevista con la revista electrónica Reporte Índigo, la exfuncionaria reconoció que ese material oficial será enviado al “Centro de Estudios para la Democracia” que pretende construir Fox en San Francisco del Rincón. En la entrevista concedida a la reportera Anabel Hernández, Bermúdez reconoció haber recibido un salario de 119 mil 680 pesos durante diciembre y enero pasados para colaborar con Fox. “Para mí fue un honor”, añadió. Entre el personal que trabaja en el “Centro Operativo” apareció también el subdirector de área Alejandro Olalde Pérez, quien al menos hasta marzo de 2006 fungió como representante de la fundación Vamos México, de acuerdo con información del Gobierno de Guanajuato. Otros colaboradores identificados del expresidente son: Jorge Cabrera Bohórquez –exempleado del Conaculta–, Gregorio T. López Maciel –especialista en comercialización–, María Magdalena Aguirre Navarro, Tania Castillo Bernal y Mónica Adriana Guzmán Flores. La Presidencia asegura que la incorporación de Sari Bermúdez a su nómina fue decidida directamente por Vicente Fox, en apego a un reglamento interno que opera desde 1988. El 3 de diciembre pasado, Felipe Calderón firmó un decreto de austeridad para reducir el 10% de su propio sueldo y el de sus colaboradores. Pero esta medida no incluye el sueldo de los expresidentes y no altera sus privilegiadas prestaciones. Auditoría oculta En la auditoría 2015, realizada por auditores de la desaparecida Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), ahora Secretaría de la Función Pública (SFP), se descubrió que durante el gobierno de Fox se realizaron gastos excesivos, daño patrimonial, fraude e irregularidades administrativas en la asignación y distribución de contratos para la remodelación de Los Pinos por un monto de 66.5 millones de pesos. Bajo el mando del panista chihuahuense Francisco Barrio, la Secodam acusó a la Oficina Ejecutiva de Presidencia de la República de haber desembolsado esos 66 millones de pesos en obras sin licitación y subcontratadas, de acuerdo con una investigación de la revista Contralínea (también difundida en Proceso 1547). Días antes de que asumiera la Presidencia, Fox ordenó asignar directamente cuatro contratos y dos convenios modificatorios a las empresas Humberto Artigas y Asociados y MYO, S.A. de S.V, con el argumento de que se trataba de un asunto de seguridad nacional. Pero esa justificación resultó insuficiente cuando los auditores de Barrio descubrieron que las compañías presentaban problemas para documentar la compra de equipo y enseres domésticos. Este semanario hizo una solicitud de acceso a la información pública no sólo para conocer por completo la auditoría mencionada, sino también para saber si de ella derivaron juicios administrativos y penales. El pasado 3 de febrero, la SFP que encabeza Martínez Cázares notificó que el asunto aún está en manos de la Dirección General de Responsabilidades, no obstante que data de 2001. Un ejemplo de las irregularidades: “El contratista Humberto Artigas y Asociados subcontrató las cuatro obras que le adjudicó la Presidencia con las empresas: Técnicas Avanzadas de Promoción Inmobiliaria; Contrataciones y Destajos Especiales; BM Arquitectos y GBI, de quienes proporcionó facturas por 23 millones 833 mil pesos, aspecto que contraviene el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, que en el penúltimo párrafo establece que no se podrán ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones de los contratos. “Las adquisiciones se efectuaron en forma directa con poca justificación; se otorgó financiamiento al proveedor mediante un anticipo que no cumplía con los requisitos; se aceptó facturación global que, al omitir una descripción específica, representó una limitante para efectuar un sondeo en el mercado y en su caso determinar un sobreprecio”, dice una copia de la auditoría firmada por el subsecretario Roberto Muñoz Leos. Las obras eran para la remodelación de las cabañas 1 y 2 de Los Pinos –donde ahora vive Calderón con su familia– así como para la residencia Miguel Alemán, los exteriores de Los Pinos y una casa anexa a la residencia oficial. La escultura de Fox puede verse en la Calzada de los Presidentes junto a la de Ernesto Zedillo. Así quedó registrada la gestión del gobernante que, según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, puso en riesgo las elecciones con su intervención constante a favor de Felipe Calderón

Y LA FAMOSA "ESTANCIA" MILLONARIO RANCHO DEL TRAIDOR A LA DEMOCRACIA Y ADEMAS LADRÓN CIÁNICO, SIGUE SIENDO NOTA:

La casita del ensueño
Jorge Torres

El glamour presidencial desapareció y los Fox regresaron a sus orígenes. Desde diciembre pasado, el expresidente Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún respiran el olor a campo que tanto añoró el guanajuatense mientras ocupó la Presidencia de la República. Meses antes de finalizar el sexenio, Vicente Fox mandó construir la que sería su residencia tras salir de Los Pinos: el rancho La Estancia, en Guanajuato (Proceso 1543), un polémico terreno que comparte con su hermano José Fox a las afueras del pueblo Nuevo Jesús del Monte. El encargado de diseñar y construir su casa de retiro fue el arquitecto Humberto Artigas del Olmo, el mismo que se encargó de remodelar las cabañas de Los Pinos. Sin embargo, para el Registro Público de la Propiedad del municipio de San Francisco del Rincón, esa residencia del expresidente no existe. Tampoco para la Secretaría de la Función Pública, ya que Vicente Fox no la reportó en su última declaración patrimonial como funcionario. Sin curiosos En el ocaso de su sexenio, Vicente Fox giró instrucciones al Estado Mayor Presidencial para cerrar con dos retenes el acceso a La Estancia, ubicada a pocos kilómetros del rancho San Cristóbal y a unos metros de Nuevo Jesús del Monte. El primero se ubicó a la salida de la comunidad, y el segundo en la entrada principal del rancho, además de que un grupo de militares vestidos de paisanos vigilaban los alrededores desde los cerros… Desde entonces y hasta el fin de la gestión presidencial de Fox, sólo permitió el ingreso del arquitecto Artigas del Olmo –quien pudo terminar la construcción en unos meses–, de los trabajadores y de familiares y amistades, no obstante que la brecha que bordea esa controvertida propiedad es federal y de acceso público. La entrada de materiales de construcción se justificó como parte de la remodelación de las cabañas existentes en La Estancia –una de las cuales pertenece a José Fox– para no despertar sospechas de la nueva finca, lo que permitía no declarar la propiedad y evadir la rendición de cuentas. Y así fue. En su última declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública, Vicente Fox afirma que sólo posee tres terrenos y dos casas, una en Guanajuato y otra en el Distrito Federal. Sobre los terrenos asentó que uno lo adquirió en 1995, otro en 1998 y el último en febrero de 2004. Y en cuanto a las casas, señaló que la de Guanajuato la compró en 1995 y que la del Distrito Federal fue adquirida en agosto de 2001 (aunque de esta última no mencionó su costo). Como de cuento Construida en las faldas de los cerros que le dan relieve al rancho La Estancia, la casa del expresidente consta de una sola planta, con un amplio recibidor, un comedor para 16 personas, una sala, un bar con cava propia empotrada en la pared, un cuarto de servicio, una cocina con un cuarto de parrillas y dos recámaras, una para invitados y la que habitan Marta y Vicente. La recámara principal, que tiene dos camas –como la acondicionada para invitados–, cuenta con un balcón que domina un jardín acondicionado por Marta, donde se aprecian algunos pinos en pleno desarrollo. El balcón tiene un barandal de hierro, dos sillas y una mesita también metálicas. Decorada a base de madera y cantera, la casa luce amplios vitrales y espejos de agua a un costado de los escalones que conducen a la puerta principal. Al fondo del amplio comedor de madera para 16 comensales hay una sala ante una chimenea. Esa sala da acceso al bar, una espaciosa habitación acondicionada con cantina y una cava empotrada en la pared. El bar exhibe un espejo de agua en el piso y un ventanal que filtra la luz al pasillo central desde los nichos de cantera que alojan el sistema de iluminación. En el pasillo que conduce a las recámaras pueden admirarse dos grandes óleos con las imágenes de Marta Sahagún y Vicente Fox. A Marta se le ve cruzada de brazos y ataviada de un saco café, mientras que la figura de Vicente Fox monta un caballo blanco bajo las nubes que suelen surcar el espacio de su rancho. Del lado izquierdo del pasillo se localiza la recámara de visitas, y al fondo y del lado derecho de la finca se llega a la recámara principal. Desde las sillas metálicas instaladas en el balcón, el expresidente Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún pueden observar los venados que se pasean por los alrededores.