¿QUE CREEN? ME ENCUENTRO NOTAS DE PROCESO

Retorno incendiario
Verónica Espinosa y Rodrigo Vera

A las feroces disputas de los panistas por el poder en todos los niveles, en todo el país e incluso en organizaciones conservadoras internacionales, se suma una escalada de provocaciones y jugadas rudas entre la administración calderonista y la dirigencia nacional blanquiazul, encabezada por Manuel Espino. Tal es la hoguera de la que intenta resucitar políticamente Vicente Fox.

La reaparición política del expresidente Vicente Fox y de algunos miembros de su gabinete, auspiciada por el líder nacional del PAN, Manuel Espino, con objeto de contrarrestarle poder a Felipe Calderón, está ahondando las ya de por sí fuertes diferencias entre la dirigencia panista y la Presidencia de la República.

En el fondo de esta disputa está la enconada lucha por el poder entre “grupos” y “fracciones” panistas, la cual también se ha visto reflejada en varias entidades del país, entre ellas Yucatán, Aguascalientes, Guerrero, Querétaro, Campeche y el Distrito Federal.

Lo anterior ha provocado no solamente una división interna del partido, sino además su “ruptura” con los principios “éticos y morales” que le dieron origen. En el PAN –según algunos de sus propios militantes y exmilitantes– ahora lo que predomina es la “ideología del poder”.

El panista Javier Corral, senador en la pasada legislatura, comenta alarmado: “Traer al expresidente Vicente Fox a la actividad política, así sea a través de la Democracia Cristiana, es un acto de provocación de Manuel Espino hacia Felipe Calderón”.

Señala que con la “reaparición de Fox”, así como con la incorporación de algunos miembros de su gabinete a la dirigencia del PAN, lo único que Espino está logrando es “ahondar las diferencias entre el partido y la Presidencia de la República”.

Agrega enfático: “El verdadero gabinete de sombra al que se enfrenta Calderón no es, como se pensaba, el de Andrés Manuel López Obrador, quien ya va de caída, sino el que ahora le puso Espino en el propio PAN”.

–¿Y a qué atribuye el que Fox se haya prestado a este juego?

–A una insensatez más de Fox, porque al prestarse a este juego sólo demuestra que no ha aprendido todavía de política. No aprendió cuando estaba en el gobierno y no ha aprendido ahora como expresidente. El foxismo le está haciendo cargar muchos lastres al PAN, y ahora a Calderón.

“Más que las provocaciones de Espino a Calderón, ahora el problema es Fox, quien está generando mucha polémica y confusión en el interior del partido, por prestarse a este juego de vencidas. Si él mantuviera una posición discreta sería más benéfico para el país.”

–Ya se comenta que pretende un maximato como el de Calles.

–¡No! ¡Por favor! Esas cosas las intentan quienes realmente ejercieron el poder, quienes supieron gobernar, no una persona como Fox, que sólo dilapidó el poder y no sabe ni para qué sirve, que dejó que se lo arrancaran los grupos fácticos de poder.

De esta manera, se refiere al impulso que Espino le está dando a Fox para que sea el nuevo dirigente de la Internacional Demócrata del Centro (IDC), organización compuesta por partidos y organizaciones políticas conservadoras de diversos países.



“Alhóndigas qué incendiar”



Por su parte, Fox hizo su reaparición política a finales de diciembre, en una comida que le organizó en la ciudad de León el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva. Éste ensalzó ahí la figura del expresidente y su “aportación histórica a la democracia mexicana”.

A su vez, el expresidente reveló sus intenciones y las de su mujer, Marta Sahagún: “Lejos de estar tranquilos en el hogar, estamos llenos de inquietudes. Hay muchas alhóndigas más qué incendiar, muchos retos más que enfrentar. Ustedes cuentan con Marta y conmigo para servirles, para seguir trabajando por México”.

La semana pasada se anunció que Fox participaría en la inauguración de la sede, en la Ciudad de México, de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), que preside Espino. La noticia inmediatamente provocó polémica: se dijo que era una provocación más de Fox y Espino contra el presidente Calderón, justo cuando éste realizaba un viaje por Europa. Pero ante las críticas, a última hora Fox desistió de ir al acto, que se realizó el viernes 26.

En otra maniobra, Espino incorporó al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN a tres personajes del círculo foxista: al exsecretario de Gobernación, Carlos Abascal, le dio la Secretaría General Adjunta del partido; al excanciller Luis Ernesto Derbez lo colocó al frente de la Secretaría de Relaciones Internacionales, y a quien fuera secretario de Trabajo, Francisco Javier Salazar, le dio la Secretaría de Acción de Gobierno.

Inmediatamente, varios analistas políticos calificaron a este nuevo equipo como un “gabinete paralelo” desde el cual el “foxismo” pretende tener injerencia en el actual gobierno.

Édgar González Ruiz, autor de estudios sobre la familia Abascal y acerca de la relación del expresidente con la ultraderecha católica, señala que “Fox y Espino están aprovechando la impopularidad de Calderón para realizar todas estas maniobras, las cuales incluso están llevando al ámbito internacional, valiéndose de la IDC y de la ODCA”, por lo que, asegura, “el actual conflicto en el PAN se está internacionalizando, algo que anteriormente no se había visto”.

La raíz de la enemistad de Fox y Espino con Calderón, coinciden todos, es que el actual mandatario no era realmente el candidato panista a la Presidencia que aquellos impulsaron, sino Santiago Creel. Y por otro lado, era Carlos Medina y no Espino el candidato de Calderón para presidir el PAN.

Javier Corral señala que, ahora, la intención de Espino es la “consolidación de su corriente, calificada de extrema derecha, al interior del PAN. Ese es su objetivo. Y aquí las diferencias personales se están llevando a otros ámbitos”.

–¿No puede hablarse de un golpe de Estado desde el PAN?

–No. Eso es imposible. Lo que intenta Espino es tener una relación preponderante, desde el partido, con la Presidencia de la República. Por eso incorporó a Abascal, cuya presencia e imagen refuerzan a su corriente.

“Creo que si Espino ve que no puede reelegirse en la dirigencia del partido, impulsará a Abascal. Es, pues, una jugada de doble banda. Pero mientras tanto estos enfrentamientos están tensando al partido”.

Resulta “inquietante”, dice, que ahora Abascal, Derbez y Salazar pretendan “contrapesar” el poder de la Presidencia de la República, siendo que ellos “tuvieron la oportunidad de ejercer el poder y no lo hicieron”.



Sin principio alguno



Para Eugenio Ortiz Gallegos, quien durante 47 años militó en las filas del partido y ocupó en él cargos importantes, “la síntesis de todo este fandango es que el PAN ya perdió el rumbo, se convirtió en un partido que sólo busca el poder por el poder”.

Autor del libro La mancha azul; del PAN al neoPAN, Ortiz Gallegos agrega: “El PAN nació para que los ciudadanos participaran en la política desde una perspectiva ética. Ese fue el sentido que le dieron sus fundadores, como Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna. El imperativo era tener una ideología, convicciones morales bien definidas y promover el desarrollo del pueblo. Hoy acabó por imponerse la ideología del poder”.

Y pone como ejemplo las recientes disputas en Yucatán, Aguascalientes, Guerrero y otros estados, donde los panistas han llegado al extremo de asesinarse.

En Yucatán, el pasado 16 de enero, Ana Rosa Payán Cervera –dos veces alcaldesa de Mérida, senadora, diputada local y federal, así como exdirectora nacional del DIF foxista– renunció al PAN luego de 23 años de militancia porque consideró que fueron atropellados sus derechos.

Al no proceder el recurso que presentó ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) panista para impugnar la elección interna de candidato a gobernador en Yucatán, en la que resultó ganador Xavier Abreu, Ana Rosa Payán se salió. Actualmente ya tiene ofertas de otros partidos para ser su candidata a la gubernatura. Se informó que el martes 30 decidiría por cuál contenderá.

“Nos vemos en las urnas”, amenazó Payán al dejar el PAN. Con ella, salieron unos 6 millares de militantes de los municipios de Mérida, Tizimín, Mama, Abalá, Opichén, Progreso y Hunucmá, por lo que el panismo yucateco quedó convulsionado.

En Acapulco, Guerrero, el pasado 4 de enero fue asesinado el diputado local panista Jorge Bajos Valverde mientras estacionaba su camioneta. Le dispararon varios sujetos que iban a bordo de un automóvil e inmediatamente se dieron a la fuga.

Según la versión de la Procuraduría del Estado de Guerrero, el panista Aldy Manuel González planeó el asesinato con el propósito de que su esposa, Jacqueline Orta, se beneficiara con esa diputación, ya que ella es la suplente de Bajos Valverde.

A su vez, Jacqueline Orta ha señalado que su esposo es inocente y que hubo línea del gobierno de Zeferino Torreblanca para declararle formal prisión a su esposo. Dos hermanos del diputado panista asesinado ocupan puestos clave en el gobierno estatal: César Bajos es director de Comunicación Social, y José Antonio Bajos es subsecretario de Finanzas.

Y en Aguascalientes, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat fue expulsado del Consejo Político Estatal (CPE) del PAN, bajo la acusación de dividir a ese partido y de violar sus estatutos.

Esta medida fue acordada por 70 de los 84 integrantes del CPE, luego de que Reynoso Femat se negó a dar marcha atrás a un endeudamiento por 2 mil millones de pesos para proyectos de inversión, aprobado en diciembre pasado por el Congreso local.

El dirigente del PAN estatal, Antonio Martín del Campo, declaró que ya es imposible para su partido cargar con los errores de su gobernador, por lo que se desliga de las acciones de Reynoso:

“Ya estamos hartos de estar cargando con todas las trapacerías del mandatario, tanto en su actuar como gobernador, como en su actuar como miembro del PAN. ¡Ya estuvo bueno!”

La disputa entre Espino y Calderón, a decir de algunos, se reflejó también en las elecciones internas del PAN para elegir a su dirigente en el Distrito Federal.

Por un lado contendió Carlos Gelista, a quien Espino le brindó abiertamente su apoyo a finales del año pasado, y por otro Mariana Gómez del Campo, quien es prima de Margarita Zavala, la esposa de Calderón. Debido a esta relación familiar, se dijo que tenía el apoyo de Los Pinos.

Gómez del Campo dijo que se enfrentó a una “guerra sucia” por parte de algunos grupos panistas. “Hay que acabar con la onda grupera”, señaló al respecto, y negó que haya tenido el apoyo de Los Pinos: “Si así hubiera sido, me habría convertido en diputada federal”.

Mientras tanto, en Campeche, Jorge Nordhausen González fue depuesto como presidente del PAN estatal por órdenes de Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia. En su lugar, fue impuesta Nelly Márquez Zapata, incondicional de Mouriño.

Nordhausen promovió un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar su destitución, y esa instancia le dio la razón. Pero la Presidencia de la República maniobró para imponer a Márquez Zapata, lo que implica un desacato al mandato judicial.

Ante este pleito en Campeche, Manuel Espino se ha mantenido cauteloso, no encuentra aún la manera de enfrentar las maniobras de la Presidencia de la República (Proceso 1577).

En Querétaro, la pugna interna del PAN echó abajo la elección del nuevo comité estatal, celebrada en diciembre pasado, en la que ni Luis Bernardo Nava ni Ricardo Anaya lograron la mayoría de la votación para presidir ese partido. Los 64 integrantes del consejo estatal realizaron tres rondas de votaciones, que arrojaron 32 votos para cada uno de los contendientes.

Bernardo Nava –funcionario federal agrario– es considerado como el candidato de El Yunque, organización encabezada por el actual secretario de Gobierno de la entidad, Ernesto Botello Montes. Éste, a su vez, intenta abrirse camino para convertirse en el próximo candidato a gobernador del estado y así relevar a su jefe Francisco Garrido Patrón cuando éste termine su período en menos de dos años, con lo que se prolongaría el yunquismo en el poder.

Ricardo Anaya, actual secretario particular del gobernador Garrido, aparentemente es apadrinado por la corriente doctrinaria que se consolidó en el sexenio del gobernador Ignacio Loyola Vera, a partir de que éste rompiera con el grupo ultraconservador que lo respaldó en su campaña. Anaya es cercano a otros liderazgos, como el de Diego Fernández de Cevallos. Otra de las cabezas más visibles de este neopanismo local es el exalcalde de la capital queretana, Armando Rivera Castillejos.

La segunda convocatoria para retomar la elección interna se programó para el 24 de febrero. La nueva contienda se vislumbra igual de reñida entre los “duros” y los “neos”, como se califica en Querétaro a estas corrientes.

Al respecto, Javier Corral indica que en algunos casos “el partido no ha podido conducir estos diferendos porque es parte de los intereses de uno u otro grupo. No hay, pues, un arbitraje imparcial”.

Y reitera que el “interés personal o de grupo se está imponiendo al ideal democrático”. Ejemplifica con el caso de Ana Rosa Payán, para quien fue “más fuerte su interés personal que el mejoramiento del partido”.

Y concluye: “Hay una ruptura con el motivo original con el que nació el PAN, que quería ser un referente moral en la política, un instrumento civilizador y lograr el bien común desde el poder”.


El nuevo PAN, represivo y entreguista
José Gil Olmos

El poeta Hugo Gutiérrez Vega ha sido de izquierda y humanista gran parte de su vida, aunque no oculta que en su juventud militó en el Partido Acción Nacional (PAN), hasta que los dirigentes de esta organización lo expulsaron por intentar acercarla a la corriente demócrata cristiana, que en sus inicios estaba ligada a la iglesia de los pobres y a la teología de la liberación.

Originario de Guadalajara, Jalisco, poeta y ensayista, embajador de México en Grecia de 1988 a 1995, exrector de la Universidad Autónoma de Querétaro, Gutiérrez Vega sostiene que la Organización Demócrata Cristiana actual –cuya sede en América Latina preside el panista Manuel Espino–, es totalmente distinta a la que se creó en 1947.

“Antes la organización estaba más cerca de la izquierda cristiana, a la doctrina social de la Iglesia católica contenida en las encíclicas Libertas praestantissimum y Rerum novarum, en la cual se decía ‘no habléis con los obreros del cielo mientras tengan el estómago vacío’; hoy la democracia cristiana en la que está el PAN se encuentra más cerca del neoliberalismo, del capitalismo salvaje, de la represión y del movimiento cubano de Miami”, explica el director del suplemento La Jornada semanal.

El escritor fue militante panista hasta que se ligó a los movimientos sindicales de Valentín Campa y Demetrio Vallejo a finales de los cincuenta.

“Nosotros considerábamos que era indispensable inclinar al PAN hacia la izquierda cristiana, y por eso establecimos relaciones con la Cuba revolucionaria y participamos en el movimiento sindical de (Valentín) Campa y (Demetrio) Vallejo. Por ello tuve que salir del país exiliado a Belice. A mi regreso –dice– entré en conflicto con el partido, dirigido por Adolfo Christlieb. Así fue como Manuel Rodríguez Lapuente, Carlos Arreola (y yo) fuimos invitados a salir del PAN. ¡Nos expulsaron!”.

Pero eso no los arredró, cuenta Gutiérrez Vega, quien, al lado de Francisco José Paoli Bolio y Miguel Ángel Granados Chapa, trató de organizar un Movimiento Demócrata Cristiano. La experiencia duró algunos meses y fracasó por falta de apoyo.

Después, recuerda, pasó a las filas de la izquierda, mientras que algunos de sus antiguos compañeros, como Manuel Rodríguez, continuaron con su intento de instalar el movimiento demócrata cristiano en el PAN. Todo fue en vano.



Los intentos



Gutiérrez Vega asegura que perteneció a un movimiento social cristiano que no tiene nada que ver con la actual Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) en que se inserta el PAN. Ésta, dice, se convirtió en un organismo neoliberal que viola todos los principios de la doctrina social cristiana.

Cuenta que a finales de los cincuenta, cuando él y otros panistas intentaron inclinar a ese partido hacia la democracia cristiana, no lo consiguieron porque para entonces, desde Monterrey, los empresarios ya eran los dueños del PAN. Lustros después apareció el neopanismo y los fundadores ya no cabían en el partido.

Algunos de aquellos ideólogos, como Manuel Gómez Morín, Efraín González Luna y Adolfo Christlieb tuvieron razón en oponerse a la denominación demócrata cristiana, “no solamente porque iba en contra de las leyes que prohíben que los partidos tengan denominaciones religiosas, sino también porque Gómez Morín era un hombre de espíritu laico. En eso tenían razón, pero nosotros también; queríamos que el partido se inclinara hacia el pensamiento social cristiano, a la teología de la liberación y a los mejores aspectos de la democracia cristiana”, dice Gutiérrez Vega.

–¿Qué diferencias hay actualmente en el PAN con aquella organización demócrata cristiana? –pregunta el reportero.

–Todas –dice con vehemencia.

Luego aclara que con la organización demócrata cristiana actual el PAN tiene muchas afinidades: con los cubanos de Miami, con los chilenos que apoyaron o se callaron con el golpe de Estado de Augusto Pinochet en 1973.

“De hecho, el PAN siempre tuvo recelos de la democracia cristiana por su cercanía con la teología de la liberación, por el pensamiento del personalismo de Emmanuel Mounier o Jacques Maritain, aunque gente como Gómez Morín o González Luna, a quienes respeto profundamente, entendían las propuestas de la democracia cristiana, como la dignidad humana, al grado de que las incluyeron en los principios del partido. Nosotros proponíamos cosas más amplias, como el fortalecimiento del sindicalismo, por ejemplo. Éramos los comunistas.”



Cuestión de matices



Para Gutiérrez Vega, la ODCA fue penetrada por la extrema derecha, sobre todo en Chile, y asegura que los cubanos de Miami son los que aportan buena parte del dinero a la organización. Y es que la ODCA defiende el neoliberalismo y está en contra del pensamiento social de la Iglesia.

–Ha habido varias crisis en el PAN. ¿Está en ciernes una nueva crisis por estas posiciones radicales?

–Ha habido varias crisis, pero al final el PAN se ha convertido en un organismo neoliberal que está en contra de cualquier forma de planeación social y ha dejado de tener su pensamiento democrático. Le bastaron unos cuantos meses en el poder para dejar de serlo. Eso es lo que ha pasado, perdió la esencia demócrata. También ha perdido por completo el pensamiento social cristiano. Si se es neoliberal no se puede ser cristiano; son como el agua y el aceite.

–¿Se han cumplido las profecías de los propios panistas fundadores de que el PAN se convertiría en un partido de empresarios y se olvidaría de la democracia cristiana?

–Eso es lo que ha estado ocurriendo, es cada vez más un partido al servicio de la oligarquía y lo mismo está pasando con la Iglesia católica, que se ha olvidado del pensamiento social cristiano. Los cardenales Juan Sandoval Íñiguez y Norberto Rivera, al igual que Onésimo Cepeda, nada tienen que ver con el pensamiento social de la Iglesia, la cual forma parte de un aparato de corrientes internas de ultraderecha en la que coexisten el PAN, el Yunque, el Episcopado, los banqueros, los oligarcas, así como Televisa y TV Azteca. Ellos son los dueños del país.

Entrevistado en la víspera de la inauguración de la sede de la ODCA en la Ciudad de México, que preside Manuel Espino, y a la que estaban invitados Vicente Fox y Felipe Calderón, el escritor señala que este hecho por sí solo demuestra que la ultraderecha ya está posicionada en el poder en México.

–¿Qué significado tiene que Vicente Fox intente regresar a la política a través de la ODCA?

–Bueno, en principio creo que lo deberían admitir en esta organización porque es neoliberal, precapitalista; ha sido servidor de la oligarquía y de los empresarios, y es incondicional de Estados Unidos. Además se peleó con Cuba y Venezuela. Creo que deberían nombrarlo presidente honorario de esta organización, que es de extrema derecha.

–¿Qué busca Espino al liderar la ODCA y promover a Fox a la Internacional Demócrata Cristiana?

–Creo que intenta legitimar su presidencia, ligándola a una organización que tuvo prestigio. Creo que intenta adornarse, pero conviene decir que esto ya no es la democracia cristiana, es algo distinto, ahora es la ultraderecha y la oligarquía empresarial.

–A Felipe Calderón, ¿cómo lo ve?

–Veo muy confusa su posición. En su viaje a Europa lo que más se vio fue una política diplomática errática, como la de Fox. Lo más claro es que Calderón se ha posicionado en la ultraderecha, pero afortunadamente en el Congreso no tiene mayoría y eso le impide hacer una serie de barbaridades que se hubieran llevado al carajo al Estado laico: ya tendríamos la educación religiosa, y la extrema derecha y el neoliberalismo se hubieran impuesto.

–¿Qué diferencias ve entre Calderón y Espino?

–Veo a Espino totalmente en la extrema derecha y a Felipe Calderón apenas en los umbrales. Pienso que si hay conflicto entre Espino y Calderón es por los matices de postura dentro de la extrema derecha.

En realidad, añade, estamos ante un movimiento “neodemocristiano” y esto es un riesgo para el país, porque mientras en América Latina se lucha contra la oligarquía mundial, México se inclina por un gobierno ligado al capitalismo salvaje, al neoliberalismo y a servir al imperialismo de Estados Unidos.


Las trampas del IFE
Rogelio Flores Morales

Las omisiones y complicidades del Instituto Federal Electoral (IFE) en relación con el caso Amigos de Fox persisten en el nuevo sexenio, y en los hechos la transparencia informativa en ese organismo público se torna cada vez más sombría.

Una prueba de ello es la reiterada negativa del máximo órgano electoral a la solicitud de este semanario para tener acceso total a los expedientes del caso.

La larga historia de este via crucis se inició en junio de 2004, cuando a través de la Unidad de Enlace del IFE, Proceso solicitó el “expediente completo” del caso Amigos de Fox, en particular la información proporcionada al organismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Dos meses después, el 6 de agosto, el Comité de Información del IFE respondió a esa petición con una negativa, al señalar en su resolución CIO33/2004 que “es jurídicamente imposible atender en su totalidad la solicitud formulada (…) por lo que se niega el acceso a la información clasificada como confidencial y temporalmente reservada”.

El IFE se escudó en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y argumentó que “se podrá clasificar como información reservada aquélla cuya difusión pueda comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional”. Así, el comité consideró que la entrega del expediente Amigos de Fox podría comprometer la seguridad del Estado y se negó a proporcionar la información.

Pese a ello, y poco después de que Proceso interpusiera un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el IFE dio marcha atrás parcialmente en su postura y notificó que los documentos estarían disponibles, previo depósito de 37 mil 304 pesos, que serían utilizados para pagar las fotocopias.

En los oficios de respuesta a la solicitud de información, el IFE señaló textualmente que “la información desclasificada del expediente Q-CFRPAP 19/00 PRI vs AC por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos se encuentra a su disposición en copias simples, en las oficinas de la Dirección del Secretariado de este Instituto”.

De inmediato, este semanario hizo los depósitos bancarios en la cuenta No. 2223201 de Scotiabank Inverlat a nombre del “IFE Transp. y Acceso a la Información Pública”. Sin embargo, al revisar los documentos fue evidente el engaño. Las fojas inconexas del expediente entregadas por el IFE –nueve cajas de archivo muerto– contienen, en su mayor parte, tachaduras que encubren nombres, cifras o datos que pueden ser relevantes.

De manera paradójica, los indicios más reveladores del caso Amigos de Fox no se encontraron en las fojas fotocopiadas, sino en los propios resolutivos del Instituto.

En el “Acuerdo de la Comisión del Consejo para la Transparencia y el Acceso a la Información”, fechado el 25 de noviembre de 2004 y firmado por los consejeros Andrés Albo Márquez, María Teresa de Jesús González Luna y Marco Antonio Gómez Alcántar, se presenta una relación de los documentos que permanecen clasificados como “reservados” o “confidenciales”.

En total, son 157 los documentos a los que el IFE niega el acceso, y la mayoría son anexos, lo que representa miles de fojas que estarían a la espera de ser desclasificadas.

Cosa juzgada



El pasado 15 de noviembre, Proceso solicitó, por segunda ocasión, a través de la Unidad de Enlace del IFE, el expediente “completo” del caso Amigos de Fox, esta vez sin “tachaduras u obstrucciones visuales de ningún tipo”, puesto que el proceso judicial ya había finalizado.

Una semana antes, el 8 de noviembre, Arturo Quintero Treviño, abogado de Vicente Fox y Lino Korrodi en el caso Amigos de Fox, demandó al entonces presidente y al excoordinador de esta asociación por incumplimiento en el pago de 3 millones de dólares.

El abogado declaró que el juicio ya había finalizado, por lo que era pertinente reclamar el pago de sus honorarios atrasados. “Se prestó el servicio con éxito favorable, se les defendió por espacio de más de tres años con un éxito absoluto. No existe ninguna condena en contra de ellos y simplemente se han negado a pagar”, dijo Quintero en aquella ocasión.

En ese contexto, la solicitud de Proceso cobró vigencia. Sin embargo, la resolución del Comité de Información del IFE a la nueva petición de abrir los expedientes fue exactamente la misma que la de 2004.

Esta vez, en la resolución CI003/2007, firmada por Antonio Horacio Gamboa Chabban y Rodolfo Javier Vergara Blanco, se asienta que “prevalecen los criterios de reserva y confidencialidad vigentes en la versión pública del expediente Q-CFRPAP 19/00 PRI vs AC”, formulados en la resolución de 2004.

Como si padecieran amnesia, los funcionarios del IFE pusieron “a disposición del solicitante la versión pública del citado expediente”, previo pago de 36 mil 764 pesos por concepto de fotocopias. Es decir, sugieren que se pague nuevamente para obtener las mismas fojas tachonadas que entregaron en la anterior ocasión.

No obstante, el Comité de Información del IFE también dio a conocer que “solicitará al área competente del instituto que realice la gestión necesaria para comprobar si la averiguación previa a la que alude el expediente Q-CFRPAP 19/00 PRI vs AC ha concluido o no, por lo que una vez que se cuente con la respuesta correspondiente se le hará de su conocimiento”.

Por lo pronto, Proceso interpuso un recurso de revisión en contra de la resolución del comité, en espera de no caer en un nuevo engaño del IFE, el organismo “público” y “autónomo” que, según sus principios, se rige bajo los principios de certeza, legalidad e independencia.


¿CONOCEN A "PACO EL OPACO"?


El comprador ingobernable
Gloria Reza M.

Contrario a su pregonada “mano firme”, Francisco Ramírez Acuña se caracterizó, como gobernador de Jalisco, por la negligencia con que gastó las partidas asignadas a su oficina. Según comprobó Proceso en documentos de la Contraloría General del Estado de Jalisco, los derroches del actual secretario de Gobernación no se justificaban, carecen de comprobantes o sencillamente omitieron los requisitos estipulados en la ley.

GUADALAJARA, JAL.- No es Dubai, pero en el despacho de Francisco Ramírez Acuña cuando era gobernador de Jalisco se pagaron lujos de jeque: en unos cuantos meses de 2005 y 2006 se gastaron 104 mil pesos en el lavado de alfombras persas, 212 mil pesos en cartas de felicitación, casi 38 mil pesos en un traje, 62 mil en una estufa inteligente y 43 mil en tazas térmicas.

En el mismo lapso, y sin comprobar el gasto, se reportó una erogación de aproximadamente 700 mil pesos en combustible de avión, además de la compra de artículos promocionales, entre ellos camisetas azules (el color del Partido Acción Nacional) cuyo destino exacto se desconoce, o al menos no aparece en una primera revisión efectuada al despacho del gobernador por la Contraloría General del Estado dentro de su programa Auditoría continua y cero observaciones.

Según documentos en poder de este semanario, el despacho del gobernador debe comprobar gastos –algunos excéntricos– por al menos 2 millones 655 mil pesos.

Proceso obtuvo esta información en un paquete de auditorías solicitadas a través de la Ley de Transparencia, que incluye la efectuada a la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), cuyo titular, el arquitecto Claudio Sainz David, y sus principales subordinados no han comprobado gastos administrativos por más de 1 millón de pesos desde 2003.

De acuerdo con dichos documentos, tan sólo en 2005 el despacho del gobernador no comprobó gastos por 1 millón 900 mil pesos, correspondientes principalmente a su quinto informe de gobierno y al Congreso Internacional de la Familia.

La contraloría le advirtió a la directora de Relaciones Públicas del despacho, María del Rocío Acero Reyes, que “deberá comprobar documentalmente los eventos” (el informe de gobierno y el congreso mencionado), pero ella no lo hizo.

Además, llama la atención que el gasto total por ambos hechos no concuerda con los datos recopilados en la auditoría: mientras que en la revisión al “rubro de arqueos al fondo revolvente” se especifica que por el quinto informe se gastaron 859 mil 572.76 pesos, y en el Congreso Internacional de la Familia 592 mil 828.96 pesos (lo que suma 1 millón 452 mil 401.72 pesos), dentro del “rubro de deudores diversos” se registra una erogación de 1 millón 900 mil pesos por las mismas actividades.

Otro dato: aunque Francisco Ramírez Acuña decidió “romper con la tradición” y presentar su informe por escrito ante el Congreso del Estado, ahorrando así al Poder Legislativo 150 mil pesos en instalaciones y acondicionamiento para la ceremonia, el entonces gobernador gastó 860 mil pesos al rendir ese informe en las 12 regiones administrativas de Jalisco.

En cuanto al Congreso Internacional de la Familia, que se efectuó el 7 y el 8 de febrero de 2005 en la Expo Guadalajara, mil 400 personas pagaron una cuota de recuperación de 250 pesos cada una; por lo tanto, el estado percibió 350 mil pesos.

Entre las compras injustificadas de 2005 sobresale la adquisición, entre abril y agosto, de dos autos compactos con un precio unitario de 92 mil 850 pesos, adquiridos en Nissan Vamsa. Se señala como responsable de la operación al entonces secretario particular del gobernador, Édgar Alberto Chávez Navarro, quien ahora sigue trabajando con Ramírez Acuña en la Secretaría de Gobernación. También adquirió otros vehículos semicompactos a 182 mil cada uno y una Cargo-Van 316 Sprinter Mercedes Benz para 17 pasajeros, con un costo de 547 mil 500 pesos.

Al respecto, la contraloría señala que la “Dirección Administrativa deberá instruir al responsable de las compras para que las justifique, y deslindar responsabilidades”. No obstante, se omitió explicar para qué se erogó 1 millón 97 mil 200 pesos en vehículos.

En lo referente a los gastos que hizo en octubre y diciembre de 2005 la Secretaría Particular del despacho del gobernador, sobresalen los siguientes: lavado de tapetes persas –no se especifica cuántos– por 104 mil 430 pesos y una “estufa maestra con horno” por 62 mil pesos.

A principios del año se habían pagado 91 mil pesos en “artículos promocionales” –sin especificar cuáles–, y en abril se erogaron 73 mil 500 pesos por playeras azules impresas. Tampoco se detalla la cantidad de prendas ni con qué finalidad, pero las campañas políticas estaban a la vista.

Posteriormente, el 6 de abril de 2006 se adquirió un traje para caballero de 37 mil 800 pesos. La solicitud de compra no tenía la firma de autorización requerida, pero la contraloría no hizo ningún señalamiento al respecto. De igual forma, en agosto pasado el despacho del gobernador destinó 212 mil pesos a cartas de felicitación, sin especificar a quién y cómo se enviaron, mientras que en febrero del año pasado se registró una compra de “tazas térmicas” por 43 mil 125 pesos.



Fuera de toda regla



La contraloría también encontró que en julio de 2005 el despacho del gobernador, a través de la Secretaría de Administración, adquirió combustible para avión por 678 mil 500 pesos, pero no se presentó factura ni orden de compra, ni se especificó qué aeronaves lo utilizarían.

Dentro del mismo ramo del combustible, la contraloría menciona que la Secretaría Particular del gobernador cuenta con 21 vehículos, pero durante noviembre de 2005 sólo cotejó 25 mil 649 de los 120 mil pesos que se dieron en vales de gasolina, por lo cual sólo se hicieron observaciones no solventadas por 4 mil pesos. No se especificó qué vehículos se abastecieron con esa suma. Los auditores se percataron además de que nueve de esos autos no tienen tarjeta de circulación, 11 no presentan el emblema del Poder Ejecutivo y tres carecen de póliza de seguro.

Otra observación no solventada: de los 214 millones 283 mil 508 pesos que se presupuestaron para la Unidad de Dependencias Auxiliares (que conforman, entre otras, Asuntos Internacionales, Atención Ciudadana, Giras y Eventos, Relaciones Públicas y Comunicación Social), no se ejercieron 30 millones 533 mil 432 pesos, correspondientes a 18 partidas del presupuesto de 2005.

Las partidas que no se ejercieron son las correspondientes a la Fundación Juan de Oñate y a las subrogaciones. Entre tanto, la de gastos para difusión, información y publicaciones oficiales se utilizó sólo 12% de los 10 millones 463 mil pesos asignados. Y en el mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte aéreo se gastó únicamente el 39% de los 3 millones 836 mil que le correspondían.

Las que se ejercieron en menos de la mitad fueron la de mantenimiento y conservación de maquinaria, así como la de capacitación especializada, con montos asignados de 2 millones 472 mil pesos y 654 mil pesos, respectivamente.

En tanto, a “utensilios para servicio de alimentación” se destinaron 180 mil 130 pesos; a medicinas y productos farmacéuticos, 83 mil 817 pesos, y en mantenimiento y conservación de instalaciones se gastaron 7 millones 119 mil 677 pesos.

Por su parte, la directora administrativa del despacho del gobernador, María del Rayo Aceves, no pudo aclarar la diferencia acreedora por 193 mil 356 pesos en el fondo revolvente de la cuenta Banamex 5414915 que se registró en 2005, por lo que la contraloría recomienda fincar responsabilidades al servidor público que hizo mal manejo de los recursos. No obstante, no se inició procedimiento alguno.

De acuerdo con los documentos referidos, Aceves no llevó un adecuado control de los cheques de 2003 a esa fecha; 29 de ellos por un total de 219 mil 623 pesos no han sido cobrados, por lo que la funcionaria “debió investigar por qué existían esos documentos tan antiguos sin cobrar, así como proceder a cancelar y concentrar los importes a la Secretaría de Finanzas”, apunta la contraloría.

Otra deficiencia administrativa es que se expidieron seis cheques que van desde los seis hasta 354 pesos, cuando esas cantidades debieron cubrirse en efectivo.

Por otro lado, Jorge Salinas Osornio, ya designado coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de Jalisco, se desempeñó la mayor parte del sexenio de Ramírez Acuña como secretario particular y, por ende, fue responsable del despacho del gobernador.

Pero cuando fue designado coordinador del Comité Para el Desarrollo del Estado (Coplade) tenía tanta prisa por asumir el cargo que no entregó adecuadamente la ratificación de su renuncia en el Tribunal de Escalafón y Arbitraje. En este caso, la ley establece que tal plaza se considera activa y, por lo tanto, el sueldo puede fluir normalmente.


Extradiciones inútiles
Sandra Bibiana Flórez


La experiencia de Colombia indica que las extradiciones de narcotraficantes –alrededor de 600– no han logrado abatir el negocio de la droga en ese país. Pulverizadas y multiplicadas, las mafias colombianas recurren ahora, para llevar los estupefacientes al hemisferio norte, a los cárteles mexicanos. Con todo, los colombianos afirman que su experiencia puede servirle a México. De hecho, los mexicanos Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, procurador y secretario de Seguridad Pública, respectivamente, viajaron a Bogotá para recibir “asesoría” en materia de lucha contra el narcotráfico.



BOGOTÁ.- A pesar de que Colombia ha extraditado a cerca de 600 personas durante los últimos 27 años –en su mayoría a Estados Unidos– por delitos de narcotráfico y lavado de activos, el negocio de las drogas sigue boyante y mantiene su dinámica.

Aunque las autoridades lograron desarticular los grandes cárteles de Medellín y Cali, surgieron cientos de pequeños y sofisticados cárteles, ya que, de acuerdo con expertos consultados por Proceso, este instrumento jurídico de cooperación internacional no ha funcionado como se esperaba.

Pese a ello, Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, procurador general de la República y secretario de Seguridad Pública de México, respectivamente, viajaron la semana pasada a Colombia para “aprender” de la experiencia de ese país en la lucha antinarcóticos. Ambos sostuvieron una reunion con el presidente colombiano Álvaro Uribe. En dicho encuentro se enfatizó la necesidad de “intercambiar experiencias” para “aprender reciprocamente de problemas que son comunes”, como los del narcotráfico, declaró Medina Mora.

El funcionario mexicano consideró de “una enorme riqueza la experiencia colombiana” en la lucha de los cárteles de la droga y señaló que ambos gobiernos acordaron incrementar la cooperación de esta materia.



Los “baby cartels”



El Ministerio del Interior y de Justicia suministró a Proceso información en el sentido de que el gobierno de Uribe ha hecho efectivas 458 extradiciones y aprobado 521 de las 827 solicitudes.

Uribe Vélez es el mandatario que mayor uso ha dado a esta figura en Colombia, e inclusive capos como Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela (antiguos jefes del cártel de Cali), así como los líderes guerrilleros de las FARC Ricardo Palmera (alias Simón Trinidad, acusado del secuestro de tres personas en 2003) y Omaira Rojas (Sonia) tuvieron que subirse al avión de la DEA para rendir cuentas ante las autoridades estadunidenses.

Según el Reporte mundial de drogas 2006 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), los precios de la cocaína en las calles de Estados Unidos y Europa son estables, y además el alcaloide es superior en términos de pureza. Un kilo cuesta 35 mil dólares en Estados Unidos, y 50 mil euros en Europa. Colombia tiene el mayor porcentaje de cultivos de coca en el mundo (54%), y le siguen Perú, con 30%, y Bolivia, con 16%.

Carlos Medina, subdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes, aseguró a esta corresponsal en junio pasado –cuando hizo público su último estudio– que en Colombia las casi 86 mil hectáreas cultivadas de coca produjeron el año pasado 776 toneladas métricas de cocaína tipo exportación, 279 más de las que estimaba la policía y 231 más que las previstas por Estados Unidos.

A su vez, el director de la fundación Seguridad y Democracia, Alfredo Rangel, aseguró en entrevista: “La extradición ha sido muy eficaz para combatir a los cárteles de la droga, pero no al narcotráfico. Ha ayudado a desmantelar a los principales cárteles que operaron en Colombia. No obstante, su impacto en el volumen total de producción de droga ha sido prácticamente nulo. No hay una correlación entre el incremento de las extradiciones y la disminución de la droga exportada. Parecería ser que entre más colombianos se extraditan, mayor es la producción de droga en Colombia”.

Agregó que “hoy en Colombia hay mucha más producción de cocaína que antes de que se implementara la extradición como un mecanismo punitivo. En un comienzo, se creyó que el fin de los grandes cárteles de Medellín y de Cali era el fin del narcotráfico. Ese fue un gran error, porque han sido sustituidos por pequeños cárteles que manejan un perfil social, político y económico mucho más bajo y que, en consecuencia, representan para las autoridades mayores dificultades para ubicarlos y combatirlos”.

Según informó a Proceso el general Óscar Naranjo, titular de la Dirección de Policía Judicial e Investigación (Dijin), son alrededor de 380 las organizaciones de este tipo que hoy funcionan en Colombia. Los baby cartels, como los denomina el alto oficial, encontraron en las mafias mexicanas aliadas estratégicas para distribuir la droga a varios países del hemisferio. Éstas, a su vez, aprovecharon la desarticulación de los grandes cárteles colombianos para penetrar en el negocio en Colombia.

Los cárteles colombianos emergentes no cuentan con la estructura necesaria para asumir los riesgos del transporte de droga a través de la frontera con Estados Unidos, mientras que los narcos mexicanos tienen la capacidad operativa y los contactos requeridos para fungir como intermediarios. Por eso, explicó Naranjo, México ha cobrado mayor injerencia en el narcotráfico, e inclusive en varios operativos se ha descubierto que muchas de las organizaciones colombianas obedecen ya instrucciones de mafias mexicanas.

El excanciller colombiano Augusto Ramírez Ocampo manifestó, por su parte, que “aunque los narcotraficantes algo le temen a la extradición y ésta ha sido una de las herramientas más útiles para que los gobiernos levanten verdaderas barreras judiciales a ese tipo de crímenes, esa medida no ha logrado disminuir las acciones de los extraditables, porque Colombia sigue siendo el más importante productor de coca y exportador de cocaína”.

Para Ramírez Ocampo, “no se tuvo en cuenta la capacidad de reproducción del crimen. Eso que estaba manejado por grandes capos, se convirtió en lo que hoy en Colombia se llama los traquetos: una gran cantidad de pequeños traficantes que no obedecen a un solo mando pero que, sumados, son capaces de exportar las mismas cantidades... Han logrado establecer una capilaridad muy grande e inventar nuevas rutas que están dando resultados. De uno o 10 capos, hemos pasado a 200 o hasta mil capos que exportan de manera directa”.

Ramírez concluyó que la extradición en Colombia ha sido un factor disuasivo, pero no tiene el poder suficiente para abatir el negocio. “Es un instrumento amenazante, pero tiene que estar acompañado por muchas otras medidas”.



Extradición politizada



La extradición en vez de ser un instrumento estrictamente jurídico o penal, se ha convertido en un recurso político. Y así lo señala Alfredo Rangel. “La extradición –manifiesta– ha operado como una espada de Damocles, que el Estado colombiano ha suspendido sobre las cabezas de los líderes de los grupos armados en Colombia y en ese sentido se ha utilizado políticamente”.

Recuerda que los guerrilleros Simón Trinidad y Sonia fueron extraditados en 2004 y 2005, respectivamente, luego de que las FARC se negaron a liberar a 63 secuestrados, como lo solicitó el presidente Uribe.

Con la extradición como amenaza, por ser una facultad discrecional del presidente de la república, continúa, los paramilitares optaron por los diálogos. Y ahora varios de sus líderes, como Santander Lozada, alias Salvatore Mancuso; Diego Fernando Murillo, Don Berna, y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, son requeridos por Estados Unidos bajo la acusación de tráfico de drogas.

El hecho es que, luego de las negociaciones con el gobierno –que comenzaron en 2002–, alrededor de 15 mil hombres dejaron las armas a finales de 2005 y hoy se encuentran en espera de que se les solucione su situación jurídica.

Álvaro Uribe Vélez suspendió la extradición de los jefes de las AUC que decidieron acogerse a la Ley de Justicia y Paz y esta determinación se mantendrá mientras los desmovilizados cumplan con los compromisos que adquirieron ante el gobierno, aunque no ha sido del agrado de la administración estadunidense, que ha invertido aproximadamente 4 mil millones de dólares en la lucha contra las drogas en Colombia.

Pero tal circunstancia se ha convertido, así mismo, en una oportunidad para capos que no pertenecían a los grupos paramilitares y vieron la posibilidad de evadir la extradición haciéndose pasar como tales, por lo que varios narcos compraron la franquicia a las AUC y lograron entrar en las negociaciones con el gobierno.

Para Alfredo Rangel, el uso político de la extradición “es muy útil porque puede allanar el camino para la paz, sobre todo para el cumplimiento de los acuerdos de paz por parte de personas que durante muchos años han estado vinculados al negocio de las drogas. Como la amenaza de la extradición no se cancela, sino que se suspende en el tiempo, funciona como una amenaza permanente”.



Guerra sangrienta



La historia de la extradición en Colombia ha estado plagada de hechos sangrientos.

Pese a que desde el 14 de septiembre de 1979 Colombia firmó un tratado de extradición con Estados Unidos, la fórmula no empezó a ponerse en práctica sino hasta 1984, cuando el presidente Belisario Betancur decidió adoptarla luego de que el narcotráfico asesinó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.

En ese año comenzó la década del “narcoterrorismo”, período en que los “extraditables”, liderados por los miembros del cártel de Medellín, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, El Mexicano, impusieron el terror en el país. “Prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”, fue la frase con la cual Escobar abrió su guerra contra la extradición.

La mafia asesinó a 40 jueces y 550 policías. Se calcula que unos 5 mil colombianos fueron víctimas del terrorismo del narcotráfico en esa época. Los carros-bomba lograron destruir estructuras fortificadas como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Entre 1988 y 1989, los crímenes adjudicados al narcotráfico crecieron 77%, y solamente en ese año la mafia perpetró 131 asesinatos.

Y no fue sino hasta noviembre pasado cuando se supo que detrás de la toma del Palacio de Justicia, que en 1985 realizó el grupo guerrillero M19, estuvo Pablo Escobar. Una Comisión de la Verdad delegada por la Corte Suprema de Justicia pudo establecer que el capo pagó 2 millones de dólares a la organización subversiva para que ingresara por la fuerza a la más importante sede de la administración de justicia y quemara los expedientes de los “extraditables”. En el dramático operativo murieron 100 personas, entre ellas 12 magistrados.

A raíz de la decisión presidencial de extraditar a los capos, los magistrados de la Corte Suprema comenzaron a recibir amenazas en el sentido de que serían asesinados si no declaraban la inconstitucionalidad de la Ley de Extradición. Y por órdenes de Escobar fueron abatidos personajes que, de una u otra forma, habían expresado su apoyo a la extradición, como el candidato a la presidencia Luis Carlos Galán, el exministro de Justicia Enrique Low Murtra, el procurador general Carlos Mauro Hoyos, los líderes de izquierda Bernardo Jaramillo y Jaime Pardo Leal, y periodistas de amplio reconocimiento nacional, como el director del diario El Espectador, Guillermo Cano.

En medio de un ambiente enrarecido, en 1991, durante la presidencia de César Gaviria, la Asamblea Nacional Constituyente prohibió la extradición de nacionales, y ello facilitó el sometimiento de Pablo Escobar a la justicia el mismo año, aunque en 1992 escapó de la famosa Catedral –una cárcel llena de lujos y comodidades– y un año después fue muerto por las autoridades cuando intentaba huir por el tejado de la casa donde se escondía.

No obstante que en 1997 el Congreso aprobó nuevamente la figura jurídica de la extradición, la avalancha de extradiciones no empezó sino hasta 2002, con la toma de posesión de Álvaro Uribe.



Negociaciones con los capos



Estados Unidos ve en Colombia un aliado en la medida en que cumple con el tratado de extradición, especialmente cuando tiene en sus manos a mafiosos “puros” (no miembros de la guerrilla o paramilitares) o lavadores de dinero, y mantiene las fumigaciones de cultivos ilícitos.

Sin embargo, las autoridades estadunidenses llegan a negociar la extradición y la libertad de algunos capos a cambio de que éstos les proporcionen información útil para desarticular redes o capturar a otros narcos, así como elevadas sumas de dinero a manera de indemnización para el país, al punto de que muchos de estos capos pueden vivir tranquilamente en diferentes ciudades de Estados Unidos con sus familias.

Tal como lo revelaron los periodistas colombianos Jorge Lesmes y Édgar Téllez en su libro Pacto en la sombra, aunque las autoridades estadunidenses siempre lo negaron, cientos de narcos colombianos han negociado su situación jurídica con dinero e información en las cortes federales de Estados Unidos mediante el Programa de Resocialización de Narcotraficantes, puesto en marcha en 1996 por la entonces fiscal Janet Reno.

Baruch Vega, el hombre clave en los acuerdos realizados entre narcotraficantes colombianos y Estados Unidos, aseguró a Proceso en diciembre pasado que lo mismo sucede con miembros de las mafias de México.

Como aseguró la periodista colombiana María Ximena Duzán en su columna de opinión publicada en el diario El Universal el pasado 23 de enero, “los extraditables de hoy en día prefieren negociar con la justicia estadunidense y conseguir, a cambio de una buena suma de dinero, de delatar a uno que otro compinche y de revelar alguna ruta, su codiciada libertad... Ninguno cambiaría ese paraíso por someterse a la lentitud de la justicia colombiana en una miserable cárcel colombiana atestada de gente que lo puede matar en cualquier momento”.


El artífice de las extradiciones
Jorge Carrasco Araizaga

Cuando Felipe Calderón llegó a la Presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya le había servido la mesa: había legalizado la extradición de delincuentes que pudieran ser condenados a cadena perpetua. Una añeja demanda del gobierno de Estados Unidos, que el 19 de enero, con la extradición de 15 reos, le permitió a Calderón ganarse una estrellita en la frente.

Medio año le bastó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para remover de la Constitución Política, de las leyes secundarias y de los compromisos internacionales los obstáculos e interpretaciones que impedían la entrega de ciudadanos mexicanos a países donde podrían ser condenados a cadena perpetua, como la que –se prevé– se les aplicará a los narcotraficantes extraditados recientemente por el gobierno de Felipe Calderón a Estados Unidos.

Entre septiembre de 2005 y febrero de 2006, el máximo tribunal del país tradujo en distintas resoluciones las presiones de Estados Unidos a México en la materia. Éstas fueron reconocidas al menos por el ministro Genaro Góngora Pimentel, pero las negó públicamente su reiterado oponente en la Corte, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

Poco a poco, la Corte fue desmontando la estructura legal que durante décadas Estados Unidos combatió durante los gobiernos del PRI y del PAN de manera oficial, pero también por la vía de los hechos, como en el caso de Humberto Álvarez Macháin, secuestrado en 1990 por la Drug Enforcement Administration (DEA) y llevado ante la justicia estadunidense acusado de haber asesinado, cinco años antes, a su agente Enrique Kiki Camarena.

La SCJN empezó a levantar los obstáculos el 6 de septiembre de 2005, cuando decidió ir en contra de sus propias decisiones. La oportunidad se la dio una controversia constitucional promovida por una minoría de la Cámara de Diputados de Chihuahua en contra de las reformas a los códigos Penal y de Procedimientos Penales del estado, que habían sido aprobadas por el Congreso y publicadas por el Ejecutivo local en 2003.

Esa minoría legislativa acudió a la Corte para impugnar el fondo de esas reformas: la aprobación de la cadena perpetua a través de penas acumuladas. Apenas dos años antes, en 2001, la propia SCJN había fijado una doble jurisprudencia, en la que establecía la inconstitucionalidad de la pena de prisión privativa de la libertad en forma absoluta, conocida como prisión vitalicia o cadena perpetua. Y por esa razón impedía la extradición de mexicanos para sufrir ese castigo.

Presionado por la crisis de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, el Congreso de Chihuahua aprobó la acumulación de penas para sancionar a los responsables de los crímenes de mujeres o menores de edad, a quienes se les puede acusar también de secuestro. El objetivo de las modificaciones fue permitir la acumulación de penas por cada delito, aun cuando de esa forma se exceda el máximo de la pena de prisión, que en el caso de ese estado es de 60 años.

En Chihuahua, el homicidio doloso tiene una pena de 60 años y el de secuestro 45, con lo que a partir de las reformas un delincuente puede ser condenado hasta 105 años de prisión.

Los cambios a esos códigos pueden ser seguidos en otros estados del país, pues por seis votos a cinco, y luego de tres sesiones de discusión, el pleno de ministros de la SCJN determinó que una pena de más de 100 años es equiparable a la cadena perpetua, pero que en ningún caso viola la Constitución.

En un criterio totalmente contrario, la Corte había establecido en 2001 que, de acuerdo con el artículo 22 constitucional, en México estaban prohibidas las penas inusitadas y trascendentales, como la prisión vitalicia.

Pero como los seis votos fueron insuficientes para que el nuevo criterio se convirtiera en jurisprudencia –se requería un mínimo de ocho–, casi tres meses después el entonces presidente de la Corte, Mariano Azuela Güitrón, promovió la derogación de las dos tesis jurisprudenciales de 2001, lo que constituyó el paso más importante para permitir las extradiciones requeridas, sobre todo por Estados Unidos en el caso de los narcotraficantes, y por España en el de los ciudadanos vascos acusados de terrorismo.

A sólo 10 minutos de que terminara la sesión del 29 de noviembre de 2005, Azuela apresuró el histórico giro del máximo tribunal. En esa acción fue apoyado por el ministro Sergio Valls Hernández y por su sucesor en la presidencia de la Corte a partir del presente año, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien incluso consideró que se trataba de “un tema grave de urgente resolución”.

Azuela argumentó que el tema ya había sido discutido con suficiencia cuando se aprobaron las reformas de Chihuahua. En lugar de seguir con el debate, como lo pedían dos ministros, el entonces representante del Poder Judicial de la Federación aseguró que para no discutir más el tema les haría llegar a sus colegas las grabaciones de las discusiones previas en la materia.

Habló incluso de que en ese momento, sobre el tema de las extradiciones en México había un problema de inseguridad jurídica. “El presidente de la Corte –dijo– tiene conocimiento de que esto está generando dudas e inseguridades en juzgados y tribunales, y esto está relacionado con el tema de la extradición”.

Azuela –quien como presidente de la SCJN se distinguió por su cercanía con el entonces jefe del Ejecutivo, Vicente Fox– apresuró la votación y con el asentimiento de seis ministros y la oposición de cinco, la Corte echó abajo en definitiva las dos jurisprudencias que el máximo tribunal había aprobado apenas cuatro años antes.

La primera de las tesis, la 125, señalaba que la cadena perpetua era una pena inconstitucional. La otra, la 127, que para autorizar una extradición el gobierno de México tenía que exigir al país solicitante una garantía de que no impondría esa pena al reo. Ambos criterios fueron un verdadero valladar para las extradiciones.

De esa manera y a instancias de los ministros Azuela Güitrón, Ortiz Mayagoitia y Valls Hernández, en esa sesión de noviembre de 2005 la Corte determinó que en México sí existe la cadena perpetua y expresamente autorizó la entrega de delincuentes mexicanos para ser procesados y sentenciados en el extranjero.

A partir de esa fecha, la nueva tesis jurisprudencial establece que “la prisión vitalicia no constituye una pena inusitada, por lo que para tramitar aquélla no es necesario que el Estado solicitante se comprometa a no aplicarla o a imponer una menor prevista en la legislación”.

Desde ese momento, la nueva tesis comenzó a ser aplicada por los jueces y magistrados en los juicios de extradición, lo que facilitó la entrega de narcotraficantes a Estados Unidos decidida por Calderón y ejecutada el pasado viernes 19.

Los ministros que votaron en contra del nuevo criterio jurisprudencial fueron el entonces decano y ahora ministro retirado Juan Díaz Romero, Genaro Góngora Pimentel, José Ramón Cossío Díaz, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan Silva Meza.

Por desandar el camino iniciado por la Corte en 2001 estuvieron, además de Azuela, Ortiz Mayagoitia y Valls Hernández, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos y Olga Sánchez Cordero.

Díaz Romero y Góngora Pimentel le reprocharon abiertamente a Azuela su prisa por cambiar los criterios de la Corte. En su vano intento por propiciar el debate, Góngora señaló: “Si actualmente la prisión vitalicia o cadena perpetua no está prevista en ninguna legislación de nuestro país, considero improcedente hacer un pronunciamiento para permitirla a través de la jurisprudencia, pues con ello esta Suprema Corte de Justicia estaría legislando para ese fin”.

Si la Corte, prosiguió, modifica su jurisprudencia para permitir dicha sanción –que desde su punto de vista viola los artículos 18 y 22 de la Constitución, el primero referido a la readaptación social y el segundo a la prohibición de las penas inusitadas–, en nada contribuye al estado de derecho ni mucho menos a la ciencia penal, sobre todo si permanece la impunidad, si falla la procuración de justicia y si se colude la policía con los delincuentes.

Refirió entonces una información del periódico The New York Times, según la cual la prisión vitalicia no ha contribuido a solucionar el problema de la delincuencia en Estados Unidos, donde se ha llegado al extremo –dijo Góngora– de que en varias prisiones hay cementerios especiales para los que nunca salen.

Directo, les dijo a sus compañeros de pleno y en sesión pública: “Yo entiendo que en el problema de fondo están las extradiciones de los criminales que están pidiendo los Estados Unidos… Y entiendo que esa es una fuerza indudable para cambiar la jurisprudencia.

“Sin embargo, a pesar de que esto se dio en una cierta época, esta jurisprudencia, y a pesar de que en esa ocasión vi a todos los ministros tan seguros de aprobarla, menos dos (…), todavía sigo pensando que la jurisprudencia establecida, y esa que viene de los años cuarenta, respecto a que la prisión vitalicia va en contra del 22 constitucional, debe seguir siendo aplicable”.

Los argumentos de Góngora no impidieron la votación, pero cuando fundamentó su voto, el ministro Díaz Romero dijo: “Lamento que no se haya dado más oportunidad para cambiar impresiones, y yo inclusive, digo: no le hace que repitamos, pero hay que decir por qué sí o por qué no (cambiar las tesis jurisprudenciales)… No se dijo nada en cuanto al fondo… Está bien, hay urgencia”.

Góngora Pimentel aprovechó esa intervención para decirle a sus colegas: “Yo sí tomé nota del reproche del ministro decano. Está bien, hay urgencia; y es un reproche que todavía me duele, que lo siento, que no lo voy a olvidar nunca”. Irónico, rubricó: “Está bien… habrá que votarlo porque hay urgencia”.

Ya con la votación a favor de la extradición aun en el caso de que fuera para aplicar a los reos la pena de cadena perpetua, Azuela contestó a los reproches de sus colegas: “No veo cuál era la urgencia. Era un problema, precisamente, de buscar agilidad de decisiones cuando uno advierte que lo único que va a suceder es que se va a repetir todo lo que ya se dijo, por haberse dado esa situación hace poco tiempo. Más bien, yo diría, por no propiciar una dilación innecesaria en el debate de un asunto en donde ya cada quien tuvo su convicción claramente”.

El ministro Aguirre Anguiano le siguió en la palabra para contestarle a Góngora Pimentel, quien se había referido a las presiones y experiencias estadunidenses: “Quiero rechazar en este momento que la política legislativa criminal la señale la Corte, quiero rechazar que alguien se pueda sentir comparatista por noticias del New York Times y quiero rechazar también que fuerza alguna, extrajurídica, haya influido en la votación de cualquiera de los señores ministros”.

En medio de esa confrontación, cuando ya se había rebasado el tiempo reglamentario de la discusión en el pleno y el tema se había votado, Azuela levantó la sesión. Tres días después, el 2 de diciembre, el diario Los Ángeles Times publicó que la justicia estadunidense esperaba la extradición de unas 3 mil personas como resultado de la resolución de la SCJN.

En ese número están incluidos ciudadanos estadunidenses prófugos de su país, según declaraciones del procurador del distrito de Los Ángeles, Steve Cooley, uno de los principales promotores de la extradición desde México.

Aunque trascendental, la decisión de la Corte aún era insuficiente para agilizar las extradiciones. Y el 31 de enero de 2006, al resolver una contradicción de tesis, el máximo tribunal estableció que el Tratado de Extradición firmado entre México y Estados Unidos, vigente desde 1980, debe considerarse en forma independiente de la Ley de Extradición Internacional (LEI), en vigor desde cinco años antes.

El tratado con Estados Unidos fue ampliado en 1997, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, para permitir la extradición temporal como una forma de agilizar los procesos iniciados por Estados Unidos contra delincuentes mexicanos. El protocolo entró en vigor en 2001, ya en el gobierno de Fox.

Delincuentes requeridos por la justicia estadunidense impugnaron, mediante amparo, el tratado bilateral. Su impugnación consideraba que el instrumento iba más allá de la LEI por estar en contra de las garantías constitucionales. Explicaba que la Ley establece el compromiso del gobierno requirente a no aplicar la pena de muerte o alguna prohibida por el artículo 22 de la Constitución, como los azotes, los palos y tormentos de cualquier especie.

Además, le da al delincuente el derecho a ser oído en defensa, facilitándosele los recursos legales, aun cuando ya hubiere sido condenado en rebeldía. Ninguno de los dos requisitos figura en el tratado bilateral.

La discusión llegó a la Corte porque el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Distrito Federal había amparado a un delincuente contra el pedido de extradición a Estados Unidos con base en la LEI, mientras que el Segundo y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Distrito Federal habían rechazado los amparos, dándole primacía al tratado bilateral.

Con una votación de siete a tres, la Corte resolvió la contradicción estableciendo que el gobierno de Estados Unidos no debe cumplir con los requisitos de la LEI. Los ministros –excepto Díaz Romero, Góngora Pimentel y Silva Meza– señalaron que la Ley de Extradición Internacional sólo aplica cuando no existe tratado bilateral. Con esa decisión, las extradiciones se agilizaron todavía más.

Una semana después, el 7 de febrero de 2006, la Corte amplió los mecanismos para las extradiciones. Ese día, por unanimidad, avaló la constitucionalidad del artículo 14 de la LEI, según el cual “ningún mexicano podrá ser entregado a un estado extranjero sino en casos excepcionales a juicio del Ejecutivo”.

Esa fue parte de la resolución de una serie de juicios de amparo interpuestos por varias personas requeridas por la justicia estadunidense. El argumento de la impugnación establecía que la discrecionalidad del Ejecutivo para decidir las extradiciones era una violación a la garantía constitucional de legalidad.

Los ministros rechazaron ese argumento pues, según señaló Ortiz Mayagoitia, la interpretación administrativa que haga el Ejecutivo aún puede estar sujeta al control del Poder Judicial mediante un amparo.

Eso significa que una extradición autorizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores podrá seguir siendo impugnada ante los tribunales federales. Sin embargo, será suficiente que el Ejecutivo argumente que se trata de un “caso excepcional” para otorgar la extradición.

A partir de esas decisiones, la Corte empezó a negar los amparos a los delincuentes requeridos por Estados Unidos, pero también a los ciudadanos vascos requeridos por España bajo acusaciones de terrorismo