MOTIVOS ELECTORALES, LO DE LOS OPERATIVOS.

Jaime Martínez Veloz

Destino electoral del operativo policiaco en BC.

El crimen organizado lastima y lacera la vida nacional. La sociedad sufre la impotencia de verse atrapada entre el temor ante el flagelo de la delincuencia y la incapacidad o complicidad gubernamental. El dinero que ingresa en el país por asuntos del narcotráfico es equiparable al total de los ingresos de las remesas familiares. Millones de dólares generados por el trasiego de la droga compiten en desventaja con los recursos que el Estado destina a las instituciones dedicadas a combatirlo.

Funcionarios y policías de todos los órdenes de gobierno y de casi todos los par-tidos políticos se han visto involucrados en escándalos públicos, relacionados con los asuntos del narcotráfico. Combatir la inseguridad pública es un reclamo nacional. El gobierno de Vicente Fox implementó un supuesto programa de combate a la inseguridad, al que llamó "México Seguro", cuyas acciones más visibles eran los operativos policiacos, con el propósito de inhibir y combatir la delincuencia. La actual administración federal ha diseñado una nueva modalidad de los programas del anterior sexenio, con el componente de una nueva dosis de espectacularidad y carga publicitaria.

Michoacán y Baja California son hasta hoy los destinatarios de la cruzada mediática contra el crimen organizado. Antes de algún resultado comprobable y verificable, los sesudos periodistas de Tercer Grado alaban y aprueban los operativos de marras, cuya eficacia hasta hoy no ha traspasado el terreno de lo mediático.

En el caso de Baja California, entidad asolada por el secuestro, el narcotráfico, el tráfico de indocumentados, de armas y de quién sabe cuántas cosas más, el gobernador panista Eugenio Elorduy declaro hace un mes que "Baja California no era Michoacán". Un mes después se traga sus palabras, admite y presume la estrecha colaboración con el gobierno federal para la implementación del operativo en Baja California, que antes de ponerse en marcha se anuncia por todos los medios el enorme despliegue policiaco. La primera pregunta es: ¿se anuncia el operativo para que los malandrines tomen sus precauciones?

El operativo policiaco en Baja California se hace acompañar de un operativo de comunicación, con evidente propósito electoral. La candidez de los priístas y perredistas les ha impedido entender que los panistas no cederán un ápice de lo que ellos consideran suyo, y van a defender Baja California con todo lo que tengan a su alcance. El multipublicitado operativo policiaco forma parte de la estrategia electoral para consolidar la hegemonía del PAN en el Estado. Enla lógica de ese partido, el poder es el fin supremo y todas las acciones deberán estar subordinadas a conservarlo. No importa qué tenga que hacer para conseguirlo o conservarlo. Los principios de Morín pueden esperar.

Sin embargo, reducir la complejidad del fenómeno delictivo bajacaliforniano al tema de la policía municipal de Tijuana sólo es posible si se tiene como propósito mantener intacta la estructura que ha permitido que Baja California sea una entidad donde el Estado mexicano ha claudicado a ser el garante de la seguridad nacional.
En Baja California sólo dos instituciones funcionan a cabalidad: el crimen organizado y las trasnacionales. Los gobiernos únicamente han sido gerencias de paso, funcionales a esos intereses. Como país, no tenemos control de nuestras fronteras. Los puertos y aeropuertos se encuentran administrados por empresas extranjeras. Los españoles del Grupo Aeroportuario del Pacífico controlan los aeropuertos de Tijuana y Mexicali. La multinacional china Hutchinson controla el puerto de Ensenada, y las costas del Estado sirven para pasar todo lo que se pueda, principalmente drogas e indocumentados. Bandas de polleros gringos por medio de flotillas estadunidenses usan las costas del Pacífico para el lucrativo negocio de tráfico de indocumentados.

Lo más grave de este tema en el estado es que el actual gobernador, Eugenio Elorduy, ha realizado transacciones financieras con empresas acusadas por Estados Unidos de ser lavadolares del dinero proveniente del narcotráfico. El que fue su secretario de Seguridad Publica cuando era presidente municipal de Mexicali está preso en el penal de la Palma, acusado de ser operador de los cárteles de la droga. ¿Cuál puede ser la autoridad de un gobernante que hace negocio con los delincuentes y después dice que los va a combatir?

Por ello, creo que existe un enorme pesimismo en cuanto a resultados efectivos del operativo policiaco-militar que ayer se implementó en Baja California. Se requiere en nuestro estado el diseño de una estrategia integral para combatir el flagelo de la inseguridad, alejada de las coyunturas y los intereses político-electorales.

Se requiere un acuerdo bilateral México-Estados Unidos para que, en el marco de sus respectivos territorios y responsabilidades legales, cada quien haga lo suyo en sus ámbitos de su competencia. La hipocresía de Estados Unidos es ilimitada: el principal motor del narcotráfic, radica en los millones de consumidores y adictos estadunidenses. Es necesario un trabajo de inteligencia permanente y constante en la entidad, diseñado bajo un solo mando operativo, ajeno a cualquiera de los grupos de interés de la localidad; también es indispensable la utilización de tecnología de punta (detectores de huellas dactilares) en los espacios de ingreso en la entidad, que eviten la discrecionalidad o la maniobra de los encargados de la vigilancia; pero sobre todo se requiere la creación de un solo mando nacional, con respeto (que no complicidad) a las soberanías estatales.

El crimen organizado fue fortalecido y organizado desde los sótanos del poder, y combatirlo sólo será posible cuando exista un Estado que entienda que su fortaleza no está en los organismos policiacos, sino en el pueblo organizado.

PD: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha propinado un duro revés a los panistas, que al estilo de los sicarios aprobaron sin ningún respeto a los procedimientos legislativos una reforma electoral alejada de los intereses del pueblo bajacaliforniano. Bien por la Corte.