NOTAS DE PROCESO

Salen las notas más relevantes del Proceso de esta semana, pero antes de que otra cosa pase, quiero hacer referencia a esta nota de la página de Proceso respecto a la demanda del PRD para que se investigue a Antonio José Sola, el asesor de imagen español de fecal (del ultra-conservador y fascistoide Partido Popular de españa) que está orquestrando la guerra sucia contra el peje:

Pide el PRD investigar a asesor español del blanquiazul
jenaro villamil /apro



03/06/2006

* La solicitud la hizo Horacio Duarte ante Gobernación

México, D.F., 2 de junio (apro).- El representante de la coalición Por el Bien de Todos ante el IFE, Horacio Duarte, solicitó ante la Secretaría de Gobernación una investigación en torno a la actuación del español Antonio José Solá Roche, asesor del candidato panista Felipe Calderón Hinojosa y presunto responsable de la “propaganda negra” contra el sol azteca.

A través de un oficio enviado al secretario ejecutivo del IFE, Manuel Bernal, Duarte subraya que, el segundo párrafo del artículo 33 de la Constitución, “dispone que los extranjeros no pueden inmiscuirse de ninguna manera en asuntos políticos del país”.

Apunta que los medios de comunicación han hecho público que Solá Roche participa en distintas formas en la campaña de Calderón Hinojosa, “fundamentalmente en el diseño y estrategia de difusión de propaganda negra que divulga el referido partido político en contra del candidato de la coalición Por el Bien de Todos”.

También detalla que el artículo 25 párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece la obligación de los partidos políticos de incluir, en su declaración de principios, la obligación de “no aceptar pactos o acuerdos que los sujete o subordine a cualquier organización internacional o la haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros”.

Lo que me llamó la atención es no es la nota en si, sino la foto de Horacio Duarte, representante del PRD ante el IFE, que sale en la foto. Lo que trae en la mano es el DVD que el IFE le mandó a los mexicanos en el extranjero. Es decir; el asunto, da a entender la foto, ya se trató en el IFE. ¿Entonces por que ningún medio ha dicho nada? Esa es información importante que se tiene que dar a conocer para que la gente sepa como se está manipulando el software del IFE para favorecer a fecal.

Bueno, salen ahora si las nota de esta semana del Proceso:

SOBRE FECAL Y EL FOBAPROA

La Impunidad
Álvaro Delgado

“Como mexicano, hasta el límite de mis fuerzas me opondré a que yo o mis hijos paguemos un solo centavo de ese dinero”, dijo Felipe Calderón sobre el Fobaproa. Sin embargo, de un día para otro cambió de parecer y, como presidente del PAN, instruyó a los diputados panistas para aprobar la conversión de los multimillonarios pasivos del mencionado fondo en deuda pública, en diciembre de 1998. Y garantizó que los grandes beneficiarios del salvamento bancario –altos funcionarios, empresarios, banqueros– y, sobre todo, él mismo, quedaran al amparo de la impunidad.

Mientras en público enarbolaba un combativo discurso contra la corrupción y la impunidad del rescate bancario, una posición que duró 10 meses, Felipe Calderón se reunía a negociar –en privado– con altos funcionarios del gobierno de Ernesto Zedillo, con quien finalmente pactó, personalmente, la aprobación en la Cámara de Diputados del gigantesco endeudamiento para los mexicanos a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

Y la noche del 12 de diciembre de 1998, desde la comodidad de su casa, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) atestiguó la suma de los votos de los diputados priistas y panistas que –salvo 12 de éstos– aprobaron convertir en deuda pública los pasivos del Fobaproa, cuyo costo supera el millón de millones de pesos.

Curiosamente, la cifra actualizada del costoso rescate bancario convalidado por Calderón –1.3 billones de pesos– supera la que el PAN le atribuye, en su más reciente promocional, a las ofertas de campaña de Andrés Manuel López Obrador, a quien acusa de llevar la deuda del Distrito Federal a más 40 mil millones de pesos, poco más de lo que se paga cada año, en promedio, sólo de intereses por el rescate bancario.

Pero Calderón no solamente pactó con Zedillo convertir deudas privadas en deuda pública mediante la aprobación de la ley que sustituyó el Fobaproa por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y cuyos costos están pagando los contribuyentes, sino que garantizó, en los hechos, la impunidad a los altos funcionarios que instrumentaron el salvamento y quienes se beneficiaron de él, es decir, los grandes empresarios y banqueros.

Ninguno de los responsables está en la cárcel, los recursos para financiar campañas priistas como la de Zedillo y Roberto Madrazo no se devolvieron y los funcionarios que el PAN supuestamente había logrado destituir e inhabilitar siguieron en sus puestos, incluido Guillermo Ortiz Martínez, gobernador del Banco de México y operador del rescate bancario como secretario de Hacienda de Zedillo.

Todavía el mediodía del 11 de diciembre de 1998, la víspera de la aprobación del Fobaproa, uno de los operadores de Calderón en la negociación, Carlos Medina Plascencia, coordinador de los diputados panistas, alardeaba del pacto para la renuncia de Ortiz Martínez, mientras los priistas se reían de él.

“Yo no miento, porque es parte de la formación que me dieron mis padres y de mi religión”, se ufanaba el católico Medina, quien insistía en el trueque Ortiz- Fobaproa, cuya aprobación tenía entre sus principales promotores al gobernador de Guanajuato, Vicente Fox, ya enfilado como candidato presidencial.

El propio Calderón reconoció públicamente el pacto el 9 de diciembre, cuando afirmó que el PAN no daría su voto si Zedillo no cumplía con la renuncia de Ortiz. “Es su bronca”, desafió y lo reiteró al día siguiente, en la víspera de la aprobación de una deuda que desde el principio afirmó que era un “fraude a la Constitución” y “nula de pleno derecho”.

Calderón narró, más ampliamente, este acuerdo en entrevista con el periodista Salvador Camarena para el libro Los suspirantes, los precandidatos de carne y hueso, editado por Planeta el año pasado, antes de que Calderón ganara la candidatura presidencial del PAN:

Yo llegué a un acuerdo con Ernesto Zedillo. Él le pediría la renuncia a Guillermo Ortiz, incluso me preguntó si aceptaría que lo nombrara secretario de Comercio. Empecé a operar ese acuerdo, hablé con Fox y con otros gobernadores que estaban en ejercicio, así como con los coordinadores (legislativos). A la semana, Zedillo me citó otra vez, me dijo que estaba muy apenado, que no iba a poder cumplir con lo que habíamos dicho, que había hablado con Guillermo Ortiz, que él no quería renunciar”, relata el hoy precandidato a Los Pinos.

–Pues es su problema, presidente, no el mío –comentó Calderón en la conversación con el entonces jefe del Ejecutivo.

–Compréndame –pidió Zedillo.

–A mí no me venga con ese cuento –repuso el panista, según su propio relato.

–Pero, ¿qué opina? –exploró el presidente.

–Opino lo siguiente: como mexicano me avergüenza tener un presidente sin palabra, con permiso –espetó Calderón, quien nunca más hablaría con Zedillo mientras éste fue presidente.

No había necesidad, porque de los detalles se encargaron otros miembros del PAN, entre ellos Carlos Medina Plascencia, Diego Fernández de Cevallos y Santiago Creel. Por parte del gobierno fueron clave José Ángel Gurría, secretario de Hacienda; Ismael Gómez Gordillo, procurador fiscal; Francisco Labastida, secretario de Gobernación, y Jorge Alcocer, subsecretario.



Archivos borrados



Con el argumento de que su decisión fue por “el bien de México”, el PAN rehuye sistemáticamente el tema Fobaproa, cuya historia está proscrita en ese partido. Boletines, conferencias, entrevistas y discursos de la dirigencia panista encabezada por Calderón no existen en los archivos de su página de internet prácticamente en todo 1998, justo durante el debate del tema.

El único boletín en todo el año fue emitido el 29 de enero –dos meses antes de que Zedillo enviara las iniciativas sobre el tema a la Cámara de Diputados– y el siguiente está registrado hasta el 6 de marzo de 1999. También hay un solo discurso de Calderón, el 1 de enero de 1998, y de ahí brinca hasta el año 2000.

El archivo histórico de la Sala de Prensa del PAN registra, también, un solo material en “Conferencias”, el 23 de julio de 1998, y va hasta el 6 de marzo del año siguiente. En “Entrevistas” hay una, el 18 de agosto. En las dos, el presidente panista culpa al gobierno de Zedillo por el Fobaproa.

“El gobierno de esta administración, al que pertenecen Gurría, Ortiz y Zedillo, es el responsable del enorme boquete económico que se le está dejando al país con el tema del rescate bancario”, afirmó en la conferencia del 23 de julio, y en la del 18 de agosto advirtió que el PAN no aprobará los pasivos del Fobaproa hasta que el PRI devuelva los créditos que no pagó y fueron a ese fondo.

Calderón aludía a la información sobre donativos y créditos canalizados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de empresarios o banqueros como Gerardo de Provoisin, Carlos Cabal Peniche –Banca Unión–, Ángel Isidoro Rodríguez El Divino –Banpais–, Jorge Lankenau –Banca Confía– y de Banca Serfin.

“Los fondos, los fondos que recibió el PRI en sus diversas campañas están siendo un indicio de la vinculación entre el poder político y el económico. Y sobre ningún hecho, y menos sobre los que tienen esta vinculación política y económica, deben caer en la impunidad. Ningún acto en contra del interés nacional debe quedar impune.”

Y advirtió: “Como mexicano, hasta el límite de mis fuerzas, me opondré a que yo o mis hijos paguemos un solo centavo de ese dinero que vino a financiar a la maldición de México, que es el PRI”.

Ese fue el compromiso público de Calderón desde que Zedillo envió a la Cámara de Diputados, el 31 de marzo de 1998, un paquete de iniciativas para reformar el sistema financiero, en uno de cuyos artículos transitorios proponía convertir en deuda pública los pasivos del rescate bancario, que al 28 de febrero de ese año ascendían a 552 mil millones de pesos.

Pero del desenlace del Fobaproa, que contradijo todo el discurso de Calderón y de sus operadores en la Cámara de Diputados y de Fox, no hay registro en los archivos electrónicos del PAN. Ni siquiera los boletines sobre las propuestas que, desde el CEN, se formularon para darle solución al problema.

Todo vestigio desapareció, como lo adelantó al día siguiente de la aprobación el diputado Germán Martínez, actual representante del PAN ante el Instituto Federal Electoral: “Ha quedado cerrada la herida, pues se terminó el debate del Fobaproa... Los panistas seguiremos cerrando las heridas de los problemas nacionales”.



Ni amnistía ni olvido



La herida, sin embargo, no ha cerrado, por la sangría presupuestal que se inició por el rescate bancario desde 1995 y que continúa hasta ahora después del pacto entre el PAN y el gobierno de Zedillo, quien en marzo de 1998 instrumentó una maniobra calculada:

Como los repartidores de pizzas, el 31 de marzo un motociclista de la Secretaría de Gobernación entró veloz al salón de sesiones para entregar, directamente a la presidencia de la Mesa Directiva, un paquete con las iniciativas, a la que los priistas quisieron darle trámite presuroso.

Los dirigentes perredistas de El Barzón se percataron y, junto con el PAN, frenaron la intentona, aunque algunos de ellos ni siquiera se dieron cuenta, o eso decían, de lo que pretendía Zedillo con el paquete de iniciativas en el cual, escondido en un artículo transitorio, se solicitaba convertir en deuda pública los pasivos del rescate bancario.

“Los de El Barzón fueron los primeros que se dieron cuenta y comenzamos a enterarnos lo que era el Fobaproa, pero no conocíamos lo que realmente implicaba. La bomba no se conocía”, reconoció Fauzi Hamdan, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Eran tiempos en que Hamdan calificó de “fraude a la Constitución” las operaciones del Fobaproa para emitir pagarés con el aval del gobierno y era una deuda “nula de pleno derecho”, porque no fue autorizada por el Congreso. Santiago Creel, operador también de Calderón, era otro de los duros críticos.

Creel, presidente de la Comisión de Gobernación, aseguró que el PAN no aprobaría el endeudamiento: “Como el Fobaproa no se entregó a tiempo, se la hemos regresado al presidente para que pague los costos políticos. Y en tanto el Ejecutivo no los absorba, simple y llanamente el asunto quedará como una pizza que no ha sido pagada”, decía en agosto.

Desde abril, el PAN había hecho mancuerna con el PRD para evitar la aprobación que pretendía Zedillo. Inclusive Calderón y López Obrador, su homólogo perredista, se reunieron varias veces para exigir información al gobierno y evitar pasar el costo a los ciudadanos.

López Obrador había dado a conocer, el 15 de julio, la propuesta del PRD para fortalecer el sistema financiero y castigar a los grandes deudores, y una semana después dio a conocer actas del Fobaproa que acreditaban complicidades, lo que provocó el enojo de las cúpulas empresariales, entre ellas la encabezada por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Eduardo Bours, actual gobernador priista de Sonora.

Entonces apareció Diego Fernández de Cevallos en una reunión de diputados: “Vine a esta junta porque Felipe Calderón me dijo, hace tiempo, que me diera una vuelta algún martes… y bueno, lo que quiero decirles es que nos estamos quedando atrás en esta discusión. La gente está pensando que somos aliados del gobierno y que somos unos tontos. ¿Cómo está eso de que estamos de acuerdo con que no se deben dar los nombres de los beneficiarios del Fobaproa? El grupo tiene que ser mucho más agresivo”.

Al cabo de una reunión de la diputación en Puerto Vallarta, Jalisco, el PAN encabezado por Calderón formuló una propuesta, el 20 de agosto, en la que reiteraba que no habría impunidad contra quienes cometieron abusos en el rescate bancario, proteger ahorradores y evitar transferir una gigantesca deuda a los contribuyentes mediante el IPAB.

La propuesta presentada en la Cámara de Diputados –a la que asistieron también Fox y Fernández de Cevallos– subrayaba: “Acción Nacional afirma categóricamente que los créditos otorgados de manera fraudulenta y vendidos posteriormente al Fobaproa no deben ser pagados por el pueblo de México, menos aún aquéllos que subrepticiamente y de manera ilegal financiaron campañas políticas”.

Ese mismo día, Calderón y Medina Plascencia se entrevistaron, en Los Pinos, con Zedillo: “Nos dijo que era un trabajo de mucha seriedad y de mucha responsabilidad, que lo reconoce y lo agradece”, contó el diputado al reportero y reiteró que no habría impunidad contra nadie.

–En aras de llegar a un acuerdo para resolver el problema económico-financiero, ¿podrían olvidarse las responsabilidades?

–No, de ninguna manera. Esto es insoslayable.

Inclusive, Creel dijo estar integrando demandas de juicio político contra funcionarios que violaron la Constitución y denuncias penales y administrativas contra servidores públicos, empresarios y banqueros beneficiados con créditos fraudulentos.

–¿No habrá impunidad?

–¡No puede haber impunidad! –garantizó Creel– ¡Esto no está a negociación! Y esto lo quiero decir con todas sus letras: aquí hay responsables: empresarios, banqueros y funcionarios públicos. Nadie puede pensar o intuir que habrá componenda.

Aseguró al reportero que “sería absurdo e incongruente” que el PAN afirmara que las operaciones del Fobaproa eran inconstitucionales y, a la vez, no fincar responsabilidades. “Aquí no hay amnistías ni olvido al agravio contra los mexicanos”.

Entre los funcionarios que el PAN pretendía sancionar estaban los funcionarios de la SHCP: Ortiz Martínez, extitular; Martín Werner, subsecretario; Eduardo Fernández, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Javier Arrigunaga, director del Fobaproa, y Miguel Mancera, exdirector del Banco de México.



Temor a Dios



El PAN inició una campaña de propaganda para decir que había alcanzado una solución al Fobaproa: Calderón apareció en promocionales de televisión, en horario estelar: “México es un gran país. Tendremos el país que queremos para nosotros y nuestros hijos”.

Fue hasta el 19 de noviembre que el PAN presentó la iniciativa de ley del IPAB, elaborada con el auxilio de especialistas, que ratificaba no convertir en deuda pública créditos irregulares y la negativa a la impunidad, como la destitución de Ortiz.

Pero intervino el procurador fiscal, Ismael Gómez Gordillo, quien modificó la iniciativa, la cual quedó como la quería el gobierno, tal como lo advirtieron análisis de diputados panistas y los asesores Juan Auping y Ricardo Solís, que lo detallan en el libro Del Fobaproa al IPAB, testimonios, análisis y propuestas: “La Secretaría de Hacienda había tomado la iniciativa panista como un disfraz para reintroducir su propia propuesta, que era inaceptable por significar una carga excesiva e innecesaria para el contribuyente”.

Ambos expertos, asesores de Calderón, escriben: “En una propuesta de ley, como ésta, la mayoría de los artículos no contienen lo fundamental. Y eso fue lo que realmente sucedió. El PAN empezó a hacer propaganda nacional sobre la nueva iniciativa sin caer en la cuenta de que el sentido de la ley había cambiado radicalmente. A los diputados, con debate maratónicos, se les trató de convencer de que era la mejor opción”.

Y añaden: “El hecho mismo que la coordinación del GPPAN (Grupo Parlamentario del PAN) no le informó oportuna y claramente a sus diputados sobre el sentido radical de los cambios efectuados permite concluir que una de dos cosas: algunos diputados de las áreas económica y jurídica del GPPAN intervinieron directamente para facilitarle a Ismael Gómez Gordillo el cambio de la iniciativa de ley del PAN, sin informar oportuna y correctamente a la coordinación; o, si es que se le informó a la coordinación, ésta no captó el sentido de los cambios efectuados que contravenían todas las intenciones del PAN expresadas públicamente en múltiples ocasiones”.

Al final, el 12 de diciembre de 1998, la bancada del PAN se unió a la del PRI y aprobaron, juntos, la conversión de la deuda derivada del rescate bancario mediante el Fobaproa, cuyo costo fiscal –el impacto en los contribuyentes mexicanos– no sólo no se redujo, sino que a diario aumenta y supera ya el millón de millones de pesos. Ortiz Martínez y otros funcionarios se quedaron en sus cargos.

Quien sí dejó el cargo de presidente del PAN fue Calderón, quien el 6 de marzo de 1999 afirmó que la aprobación del Fobaproa fue “la decisión de política pública más difícil en la historia del partido”, pero no dio muestras de remordimiento:

“Termino esta responsabilidad con la satisfacción del deber cumplido, plenamente conciente de mis aciertos y mis errores. Termino con la conciencia tranquila y limpia. No quiero ser aquel que, en la parábola, se quejó de lo poco que había recibido y lo enterró. Yo lo mucho que recibí lo puse aquí, y lo puse entero, porque temo a Dios y porque me duele profundamente México.”

A últimas fechas fecal ha cambiado de choro para responder a lo del fobaproa. Ya no niega que no tuvo el PAN nada que ver--no puede hacerlo; las evidencias son contundentes. Lo que hace ahora es decir que el PAN lo que aprobó fue el IPAB. Como si el IPAB fuera una institución transparente e impoluta. No lo es. Para empezar el IPAB no fincó responsabilidades ni ha detenido el pago de deuda de 80% de los fraudes del FOBAPROA. No sólo eso. El IPAB fue usado a sus anchas para hacer jugosas transas por los BRIBIESCA. Así lo dice Proceso en esta otra nota:

Ganancias Instantáneas
Jesusa Cervantes y Verónica Espinoza

La comisión especial legislativa sigue encontrando datos que confirman el contubernio de Miguel Khoury y los Bribiesca Sahagún con el IPAB para hacer fabulosos negocios: los créditos obtenidos de una sola subasta les reportaron casi inmediatamente una ganancia superior a mil millones de pesos... También el PAN y distinguidos amigos del presidente Fox aprovecharon esas gangas.

La familia presidencial y el PAN han sido algunos de los beneficiarios del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), hoy Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Con la complicidad de funcionarios de este organismo, los panistas han gozado de información privilegiada, lo que les ha permitido hacer negocios multimillonarios.

Información en poder de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que indaga los contratos otorgados a la empresa Construcciones Práctica y que ha derivado en el descubrimiento de “actos ilícitos” de los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, confirman el tráfico de influencias de los hijos de Marta Sahagún de Fox.

Además, en los documentos se revela cómo el IPAB subvaluó gran parte de los bienes embargados que, a la postre, le otorgó a través de una “subasta pública” a Construcciones Prácticas, propiedad de Miguel Khoury Siman, socio empresarial de Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún.

Jesús González Schmal, diputado federal por Convergencia y presidente de la citada comisión especial, asegura:

“La mecánica del delito ha sido que si el valor del inmueble que se va a subastar es muy alto, el IPAB lo subvalúa porque supuestamente son activos con un precio bajo en el mercado. Pero no sólo eso, ha permitido que la empresa Construcciones Prácticas, léase Bribiesca Sahagún, lo adquiera mucho más barato o incluso a un precio supuestamente mayor, si el avalúo del IPAB es alto. Ese ha sido su modus operandi.”

Los documentos que tiene la comisión especial, añade, son una prueba contundente e irrefutable de que actuaron en contubernio, con un alto costo para el erario federal.

Entre los mencionados documentos se encuentran parte de los “libros blancos” de las subastas a que el IPAB convocó; avalúos de la Subsecretaría de Finanzas de Celaya, Guanajuato; el informe detallado sobre la venta de activos del IPAB de 2000 a 2005 y parte del expediente 85/99 del juicio que trabajadores entablaron contra la empresa Plaza Industria (propietaria original de los conjuntos habitacionales que fueron a parar a manos de Khoury y Manuel Bribiesca Sahagún). Proceso cuenta con copias de todos ellos.



Ganancias rápidas



Lo que más ha llamado la atención de la comisión especial legislativa ha sido la subasta de bienes del IPAB en la que resultó beneficiada Construcciones Prácticas, así como el valor real de los bienes, lo que se pagó por ellos, y las millonarias ganancias que obtuvieron Khoury y los Bribiesca Sahagún.

El primer dato revelador es que el IPAB mintió al Senado de la República cuando le envió el “Informe detallado” de los bienes subastados entre 2000 y 2005, pues en este documento se establece que Construcciones Prácticas únicamente ganó dos subastas; sin embargo, de acuerdo con los “libros blancos” de las subastas que el mismo instituto entregó en diversos momentos a la comisión, las subastas ganadas por dicha empresa fueron cuatro.

Dichas subastas se llevaron a cabo en 2004: la obtención de 27 créditos (que incluyen fraccionamientos y predios rústicos) se realizó el 3 de febrero de 2004; la relativa al predio El Chilar (donde Construcciones Prácticas edificó los fraccionamientos Las Brisas I y II etapas), el 1 de abril; la referente a 275 departamentos en Puebla, el 29 de abril; y la cuarta subasta que ganó la empresa de Miguel Khoury se refiere a un inmueble subastado el 15 de junio.

De acuerdo con los documentos del IPAB, el valor en libros de todos esos bienes inmuebles es de mil 314 millones 602 mil 731 pesos, pero Miguel Khoury Siman pagó solamente 34 millones 944 mil 621 pesos.

Tan sólo en la primera operación –la adquisición de los créditos–, Khoury y Bribiesca ganaron mil 279 millones 658 mil 110 pesos.

A ello habría que sumarle que para la construcción o remoción de departamentos, tanto Khoury como Manuel Bribiesca hijo recibieron de la entidad gubernamental Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) 162 millones de pesos (en números cerrados), cantidad que recuperaron inmediatamente porque la mayoría de las casas fue pagada a Construcciones Prácticas e Imobiliaria Kilate (constituida por Khoury y Bribiesca) con créditos del Fovissste. Así se establece en documentos que el IPAB entregó a la comisión especial el 19 de octubre de 2005.

De los cuatro bienes que Construcciones Prácticas obtuvo del IPAB, tres incluían departamentos o predios donde ya se edificaban fraccionamientos, aun antes de que se les otorgara la zona (Proceso 1543). Así, el total de las casas que Bribiesca y Khoury recibieron del IPAB fue de mil 424; y construyeron 537, lo que da un total de mil 962 casas.

Pero eso no es todo. De acuerdo con documentos de la Sociedad Hipotecaria Federal, en los que se establece tanto la factibilidad de la construcción como los precios de venta de los departamentos (entre 266 mil y 833 mil pesos cada una), los jóvenes habrían ganando 826 millones 371 pesos. Esa ganancia neta fue casi inmediata porque los créditos hipotecarios fueron absorbidos en gran parte por el Fovissste.



Plan de negocios ejemplar



El paquete de 27 créditos que Khoury y los Bribiesca adquirieron del IPAB el 3 de febrero de 2004, que fue la base de sus ganancias, estaba conformado por adeudos que las compañías Plaza Industrial, Urbanizadora Americana y Constructora Inmobiliaria Latina tenían con Bancrecer, banco que fue absorbido por el Fobaproa y cuyos bienes pasaron al IPAB para que los subastara.

Aunque sólo se conocen 23 créditos incluidos en este paquete (cuatro no se han podido localizar), ahí estaban incluidas mil 150 casas que conformaban los fraccionamientos llamados originalmente Solidaridad, El Zapote, Viznagas I y Viznagas II (sic en el Registro Público de la Propiedad de Celaya).

Los fraccionamientos sólo eran propiedad de Plaza Industrial, cuyos trabajadores emprendieron un juicio para que se les liquidaran todos los salarios caídos, cuando Bancrecer embargó los inmuebles por falta de pago de los créditos que había otorgado.

Ese juicio se dirime en la Junta de Conciliación de Guanajuato (expediente 85/99); como estos bienes fueron adquiridos por Construcciones Prácticas del IPAB, el abogado de la empresa, Rubén Ayala Chaurand, interpuso el recurso de “tercerías” para que Construcciones Prácticas no pague dichos salarios. La pugna todavía no se resuelve.

En sus alegatos, Ayala Chaurand presentó, entre otros documentos, el “convenio modificatorio de fecha 29 de julio de 2004 al contrato de cesión onerosa de créditos de derechos litigiosos de fecha 10 de febrero de 2004 celebrado entre Bancrecer y Construcciones Prácticas”.

En ese documento se establece que el paquete de créditos –el cual, en libros del IPAB, vale mil 183 millones de pesos y fue adquirido en 8 millones 100 mil pesos– está conformado por los créditos perdidos de Plaza Industrial, Urbanizadora Americana y Constructora Inmobiliaria Latina.

También se revela que dichos créditos le costaron al banco 2 mil millones de pesos, aproximadamente; mucho más de lo que el IPAB estableció como valor en libros. Es decir que por bienes que costaron al erario 2 mil millones de pesos, Construcciones Prácticas sólo pagó 8 millones.

El documento aporta un dato que corrobora lo declarado el año pasado ante la primera comisión especial por una exempleada de los jóvenes socios: el IPAB vendió a los Bribiesca casas distribuidas por todo en el país. En aquel momento, sólo se aportaron pruebas de inmuebles ubicados en Acapulco, pero los nuevos documentos indican que la mancuerna Bribiesca-Khoury posee fraccionamientos en 15 ciudades de la República: Acapulco, Campeche, Irapuato, Morelia, Guanajuato, Etla, La Paz, Los Cabos, Mérida, Ciudad Juárez, Veracruz, Chihuahua, Hermosillo, Tepic y Durango.

Las autoridades que llevan el juicio laboral de los exempleados de Plaza Industrial –que trabajaron en El Zapote y Las Viznagas I y II– establecieron un embargo por 46 millones 232 mil 407 pesos, pero en su alegato Construcciones Prácticas mandó hacer otro nuevo avalúo, que estuvo a cargo de la Subsecretaria de Finanzas del gobierno de Guanajuato.

Los documentos obtenidos por Proceso revelan que en un documento expedido el 29 de septiembre de 2004, el gobierno local le asigna a los predios un valor de 72 millones 998 mil 636 pesos.

Del paquete de 27 créditos que el IPAB vendió a 8 millones 100 mil pesos a Construcciones Prácticas en 2004, el gobierno estatal valuó tres de ellos en casi 73 millones de pesos. Aún falta conocer el avalúo del resto de los créditos y otros bienes subastados.

El diputado Jesús González Schmal exclama indignado: “¡Esto es inaudito! Pero a eso aún hay que sumarle la exorbitante utilidad millonaria que obtuvieron estos dos jóvenes con la venta y con el dinero que obtuvieron de la entidad gubernamental SHF para remozar”.

A Manuel Bribiesca hijo se le involucra en el millonario negocio de Miguel Khoury porque, si bien las subastas sólo fueron asignadas a Construcciones Prácticas, de la cual sólo es dueño Khoury, fue Inmobiliaria Kilate (constituida por ambos) la que comercializó las casas de Acapulco.

Hay otro indicio. Dos de los fraccionamientos que son objeto del litigio laboral (Las Viznagas I y II) están siendo invadidas por los extrabajadores de Plaza Industrial en represalia por la falta de pago de sus salarios.

En un recorrido, la reportera Verónica Espinoza constató que quien se ostenta como representante de todos los trabajadores afectados, Narciso Sánchez Rangel, también figura como representante de la empresa Inmobiliaria Kilate y ha ofrecido en venta las casas por 5 mil pesos.



La familia ampliada



Los Bribiesca Sahagún y Khoury no son los únicos beneficiados con el Fobaproa y los bienes que pasaron al IPAB. El propio partido de las manos limpias, Acción Nacional, ha sacado ventaja de estos manejos indebidos.

De acuerdo con el informe detallado que el instituto envió al Senado de la República sobre la venta de activos entre 2000 y 2005, el Partido Acción Nacional aparece como ganador de subastas.

El primer bien del IPAB que adquirió el PAN le fue asignado el 23 de octubre de 2002. Se trata del edificio ubicado en paseo de la Reforma número 136 y estacionamientos localizados en la calle Lucerna número 73. El pago fue de 88 millones 207 mil 959 pesos, a cargo de la Fundación Humanismo Político, A.C., organismo creado por el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado (LVI Legislatura). De hecho, las oficinas alternas de los senadores panistas están en ese edificio.

El segundo bien que compró el PAN al IPAB en subasta fue el 13 de diciembre de 2002; es un inmueble ubicado en Hermosillo, Sonora, y el adquiriente fue el llamado Consorcio Panista, representado por Wadi Amar Shabshab, actual senador blanquiazul por Quintana Roo.

Así mismo, el 11 de abril de 2003, Cosme Mares Hernández, amigo del presidente Vicente Fox, pagó 9 millones 439 mil 808 pesos por dos terrenos ubicados en Manzanillo, Colima, y por 163 casas en el municipio de Villa de Álvarez, del mismo estado.

Otro miembro del círculo de la familia presidencial que aprovechó las gangas del IPAB fue Olegario Vázquez Raña, quien adquirió en 254.2 millones de dólares la cadena de hoteles Camino Real.

Finalmente, el empresario Efraín Dávalos Padilla –un viejo conocido de Cristóbal Fox, hermano de Vicente Fox– pagó 46.2 millones de pesos en total para ganar cinco subastas del IPAB, que incluyeron 94 bienes inmuebles localizados en Baja California Sur, Sinaloa y Yucatán; 305 lotes en el fraccionamiento Villas de San Francisco, en San Francisco del Rincón, Guanajuato (donde está el Rancho San Cristóbal del presidente); otros 82 inmuebles en Baja California Sur, Sinaloa y Sinaloa; más un terreno en Culiacán.

El resto de las notas se refieren a marranadas de Fox:

Hotelería foxista
Verónica Espinoza

En una operación que podría alcanzar los 9 millones de dólares, el famoso Parador San Javier de Guanajuato será vendido a inversionistas entre los cuales se hallarían los hijos mayores del presidente Fox, Vicentillo y Ana Cristina. En la inversión intervienen dos amigos de ambos, con el respaldo financiero de un poderoso amigo de Marta Sahagún, Olegario Vázquez Raña. Y aunque tales versiones han sido denegadas, testimonios de empleados del establecimiento las confirman y el propio dueño del hotel, entrevistado por Proceso, dice no poder afirmarlas ni negarlas…

GUANAJUATO, GTO.- Un contrato de compraventa podría sellar el destino de uno de los hoteles más tradicionales de esta ciudad, el Parador San Javier, edificado sobre una vieja hacienda de beneficio minero del mismo nombre, y entre cuyos distinguidos huéspedes figuraron, en 1970, los integrantes de la histórica selección de Brasil que, con el astro Pelé a la cabeza, ganó el Mundial de Futbol ese año.

Aparentemente –así lo indica el contrato– los compradores son los integrantes de un muy joven matrimonio conformado por la leonesa Viridiana Vera Castillo y el irapuatense Jorge Leal Kirchbach. Pero esta operación tiene sobre sí la sombra de los hijos mayores del presidente Fox, Ana Cristina y Vicente Fox de la Concha.

Aparece –eso sí, de manera formal– el respaldo de la poderosa empresa hotelera Camino Real –propiedad del gran amigo del matrimonio Fox-Sahagún, Olegario Vázquez Raña– que, por primera vez, entrará a Guanajuato y que, simultáneamente con el Parador San Javier, concreta ya operaciones para la adquisición de terrenos o inmuebles en al menos otras tres ciudades del estado.

Ana Cristina –quien, por cierto, obtuvo un empleo en el área de Relaciones Públicas de Camino Real– y su hermano Vicentillo visitaron el hotel en varias ocasiones durante el último año e hicieron un recorrido de reconocimiento. Ambos son amigos de la pareja Leal-Vera. “Vicente y yo somos amigos, sí. Muy buenos amigos, comemos juntos con frecuencia”, dice Jorge Leal Kirchbach.

Y aunque él y su esposa Viridiana fueron muy enfáticos en asegurar a Proceso que ni Ana Cristina ni Vicentillo ni el presidente Fox participan en la adquisición de este hotel, personal del mismo asegura que Leal ha comentado que Vicente sí le entrará con una parte de la inversión.

Y el aún propietario del hotel, Guillermo Vera Aceves –tío de Viridiana–, no se atrevió a desmentir esas versiones, que desde hace meses circulan no sólo entre sus empleados, sino también en esta ciudad y en León.

Vera Aceves declaró que el hotel será adquirido por un grupo de inversionistas, entre quienes figuran familiares como su sobrina –de quien dijo: “sí es muy amiga de Ana Cristina”–, y aunque se niega a mencionar a los demás, señala:

“El que está dando la cara es Jorge Leal, el esposo de mi sobrina; y están ella y mi hermano Fernando, su papá. No sé si Ana Cristina o Vicente están en ese grupo; no puedo asegurar que están, pero tampoco puedo afirmar que no están.”

–Usted es el vendedor… ¿No lo sabe? ¿Puede afirmar que en ese grupo de inversionistas no están Ana Cristina o Vicente?

–No, no. No puedo asegurar nada… Pero que ellos –Viridiana y su esposo– son socios y que quienes dan la cara son ellos, sí.

Aunque por razones de seguridad ninguna de las partes accedió a informar del monto de la transacción, se calcula que oscilará entre 7 y 9 millones de dólares, de los cuales una parte será entregada a Vera Aceves. La otra se invertirá en la remodelación del hotel para ajustarlo a los estándares del Camino Real. De hecho, el propio Leal supervisa los trabajos en dos habitaciones que servirán de muestra para el resto. Muebles de madera, alfombras, lámparas de ónix, lavabos y regaderas nuevos reemplazan a los anteriores.

La adquisición del hotel se efectuará mediante la integración de un fideicomiso que involucra el crédito con el que se cubrirá la mayor parte de la compra, otorgado por Banorte y respaldado por Camino Real, con Jorge Leal a la cabeza como fideicomitente.

“Pero ya cuando escrituremos –pues mi esposa Viridiana quedará como propietaria–, el hotel será de ella y de mis hijos. Yo entraré en la operación nada más”, señaló Leal Kirchbach.

De acuerdo con los planes, la firma Camino Real se haría cargo del hotel a partir del 15 de agosto, fecha en que el establecimiento será cerrado al público para su remodelación.

Viridiana es integrante de una familia de empresarios del sector hotelero, pero ni ella ni su esposo tienen experiencia en el ramo. “Soy doctor en economía, investigador repatriado del gobierno federal, académico, investigador; tengo negocios con mi esposa en el sector educativo, y estoy en negocios de la construcción, de casas de interés medio, de urbanizaciones y de ese tipo”, explicó el propio Jorge Leal.



La conexión Olegario



Es bien sabida la estrecha relación que el empresario Olegario Vázquez Raña, dueño del Grupo Ángeles y de la cadena hotelera Camino Real, entre muchos otros negocios, logró entablar sobre todo con Marta Sahagún, desde que comenzó el actual sexenio. Inclusive en esta etapa alcanzó la presidencia de la Cruz Roja, y en la sede de esta institución instaló una oficina para la esposa del presidente.

Inclusive el primer mandatario acudió junto con Sahagún a la inauguración del nuevo Hospital Ángeles en la ciudad de León. Y, más recientemente, Vázquez Raña fue uno de los invitados de los Fox a la boda de Paulina Fox de la Concha, con tal deferencia que acompañó a Marta Sahagún al rancho de La Estancia –donde ésta organizó una cena con trío y velas para un pequeño grupo de invitados–, mientras Lilián de la Concha, la exesposa de Vicente Fox, fungía como anfitriona del festejo para los recién casados en San Cristóbal.

En la cadena Camino Real trabaja Ana Cristina desde hace más de año y medio, y, según declaró en enero de 2005 a una reportera de El Universal, su función consistía en ese entonces en promover los centros de consumo del hotel –es decir, los seis restaurantes del Camino Real de la Ciudad de México–, así como en organizar eventos y atender a la prensa.

Sin embargo, el 19 de marzo de ese mismo año, Ana Cristina visitó el Parador de San Javier e hizo un recorrido guiada por directivos del mismo. Ahí comenzaron a surgir los primeros comentarios sobre su interés en adquirirlo, aunque inicialmente se pensó que iba representando a la cadena de Vázquez Raña.

Un año después, su hermano Vicentillo hizo lo propio. “Ajá… qué padre”, fueron los comentarios que el personal escuchó del hijo del presidente Fox mientras hacía el mismo recorrido por las instalaciones del Parador de San Javier, hotel con 100 habitaciones, 12 suites, tres salones, restaurante, cafetería, bar, discoteca, alberca, terraza y el servicio –como negocio separado– de una pequeña plaza de toros ubicada detrás, en la salida a Dolores Hidalgo.

Aunque los propios empleados fueron testigos de esta visita –resguardada por el Estado Mayor Presidencial– y no obstante que uno de los guías de Vicentillo era el propio Jorge Leal Kirchbach, éste negó a Proceso que Fox de la Concha hubiera estado en las instalaciones.

“Ni Vicente Fox hijo ni Vicente padre, en la vida, han estado en el hotel. Vicente (hijo) ha comido en Guanajuato, pero no ha estado en el hotel en los últimos 20 años; definitivamente…”

–¿Ustedes se conocen, son amigos?

–Claro que lo conozco, tengo una amistad. Tengo relación con muchísima gente, de todos los partidos políticos. Sí, no lo voy a negar; comemos frecuentemente. Sí somos amigos, aunque yo le llevo 20 años de edad.

–¿Cómo se respalda el crédito bancario?

–Con dos cosas: el activo y las cuentas por cobrar de Camino Real. Ellos no han cerrado un hotel nunca en su vida. No vienen a jugar al hotelero. Vienen a hacer una inversión seria y a operar un hotel de categoría (…). No hay magia, no hay nadie comprando el hotel; lo que se está haciendo es, por medio de un banco, adquirir los activos del hotel, y posteriormente se hará la remodelación, que es bastante importante. De ahí se garantiza, con el mismo hotel ya remodelado y con las cuentas por cobrar de Camino Real, en paquete.

Asegura que los Fox “no tienen el interés ni la capacidad económica para invertir en esto”; le preocupa que las versiones circulantes puedan “frenar esto que queremos hacer”, e insiste en que los acercamientos con los directivos de Camino Real los buscó él directamente desde diciembre del año pasado.

No obstante, a personal del hotel le ha dicho que, además de la inversión familiar y la aportación del crédito bancario, “una parte la pone Vicente”.

Y ante sus propios empleados ha expresado –a raíz de que una revista local mencionó el interés de los hijos del presidente Fox por el hotel– su temor “a los periodicazos”.

Esta que sigue se refiere a la "Colina del Asno" de Fox, que es 20 veces más grande que la Colina del Perro de López Portillo:

Fox no declaró su casa de retiro
Jorge Torres

En su más reciente declaración patrimonial, el presidente de la República, Vicente Fox, omitió incluir la lujosa residencia que mandó construir en su rancho La Estancia, en Guanajuato.

El 29 de mayo último, el mandatario envió el documento correspondiente al secretario de la Función Pública (SFP), Eduardo Romero Ramos, “bajo protesta de decir verdad”, pero ahí no se registra mención de su cabaña de retiro (Proceso 1543).

En su declaración, que entregó por vía electrónica a la SFP, sólo informa que posee tres terrenos y una casa en Guanajuato. Sobre los primeros, asegura que uno lo adquirió en julio de 1995; otro, en julio de 1998, y el tercero, en febrero de 2004. En cuanto al inmueble, sostiene que lo compró en agosto de 1995. También reporta ser propietario de una casa en el Distrito Federal, adquirida en agosto de 2001, aunque no indica su costo.

En su declaración correspondiente a 2006, el presidente asegura haber obtenido, por su cargo público, un ingreso neto de 2 millones 661 mil 181 pesos, y 1 millón 254 mil 171 pesos por “actividad financiera”. Señala también que por “reembolso” de capital de su rancho La Estancia, recibió 266 mil pesos, además de 267 mil 295 pesos por concepto de “seguro de separación individualizado”, y 982 mil 417 pesos por “actividad agrícola, arrendamiento e intereses de dependientes y cónyuge”, Marta Sahagún.

Fox reporta cuatro cuentas bancarias, cuyos saldos al 31 de diciembre de 2005 son 108 mil pesos por una; 3 mil pesos por otra, que atribuye a su esposa; 55 mil en una tercera, y en la cuarta 410 mil, las dos últimas también atribuidas a Marta Sahagún. Igualmente dice que posee “acciones” por casi 6 millones y medio de pesos.

Afirma ser propietario de cuatro fondos de inversión: el primero, por casi 1 millón de pesos; otro por 322 mil, que atribuye a un “dependiente”; el tercero, de su esposa, por 291 mil, y el último, también atribuido a su cónyuge, 2 millones 100 mil pesos.

En su declaración patrimonial, Fox dice que ya sólo cuenta con dos dependientes económicos: Marta Sahagún Jiménez y Rodrigo Fox de la Concha, pues “a partir de 2005, Ana Cristina y Paulina” ya no lo son.

Además, consigna los bienes inmuebles de su esposa: una casa, dos terrenos y una huerta en Guanajuato.

Y finalmente algo que originalmente había sido dado a conocer en una columna de opinión del Universal, pero que ya está escarbando Proceso a detalle:

Homicidio Pendiente
Verónica Espinoza

Cuando era por primera vez candidato a la gubernatura de Guanajuato, Vicente Fox ocasionó o se vio implicado en un accidente automovilístico que costó la vida a una anciana vendedora de periódicos. Aunque el entonces diputado federal no fue tocado por las autoridades, el conductor al que se culpó lo acusa a él de aquella muerte y, en todo caso, nunca supo que alguien pagara los daños ni las indemnizaciones correspondientes…

LEÓN, GTO.- Con el semáforo en amarillo, Alberto Almaguer Bustamante trató de cruzar la calle al volante de una pick-up cuando, de pronto, sintió un golpe en la parte trasera del vehículo que, sin control, invadió una banqueta y mató a una anciana de 83 años de edad.

Al bajar de la Dodge –en la cual lo acompañaban su padre y otros tres familiares–, en los momentos en que era detenido, Alberto vio que el causante del percance –un Tsuru II que exhibía el frente destrozado– era nada menos que el diputado federal y candidato del PAN a la gubernatura de Guanajuato: Vicente Fox Quesada.

Era el sábado 10 de noviembre de 1990. El cuerpo de la pobre vendedora de periódicos yacía allí, en pleno centro de León, cerca del mediodía, recuerda aún estremecido Alberto, quien, 16 años después –en aquél momento tenía 21 años–, declara a Proceso:

“Nunca me he sentido culpable ni he llevado una carga en mi conciencia, porque yo no fui el causante de ese choque. Pero cuando vi que el otro conductor era Vicente Fox, pues luego luego pensé: ¿Cómo va a decir que él fue? Ahí mero se hubiera echado la soga al cuello.”

Alberto Almaguer fue culpado del percance y pasó cuatro días en la cárcel, pero, a su juicio, nadie se hizo cargo de la indemnización correspondiente.

Y es que, según escribió el columnista Raymundo Rivapalacio el 17 de mayo último en El Universal, aquel fatal suceso “puso a Vicente Fox en el umbral de acabar con su carrera política, pero el PRI le perdonó su error”.

Tras rescatar los archivos correspondientes, Rivapalacio, quien tituló su trabajo Crimen sin castigo, asentó que el auto de Fox “arrancó cuando todavía tenía el semáforo en rojo”, y consignó que, después de aquellos hechos, “empezaron a suceder cosas extrañas con el expediente y la integración de la investigación, que al final de cuentas hizo que el conductor del auto compacto (Vicente Fox Quesada) ni siquiera fuera llamado a declarar ante el Ministerio Público.

“Más aún, los periódicos de la época desaparecieron de la hemeroteca local, porque había un fuerte interés de que todo fuera ocultado por el tiempo. Las influencias políticas aparecieron, pese a que nadie se imaginaba en ese momento que el homicida imprudencial se convertiría, años después, en presidente de México…”

Más aún, continúa, Fox nunca rindió una declaración ante el Ministerio Público, se desentendió de cualquier responsabilidad y pretendió incluso negar el incidente años después, en la campaña de 2000, cuando en un acto público un estudiante le echó en cara lo ocurrido. “Está claro que de haberse cumplido la ley –señala el columnista–, Fox nunca hubiera avanzado más en su carrera política”.

Y, además, según Rivapalacio, el expediente de ese choque fue puesto en manos del presidente Ernesto Zedillo y del entonces candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida, “con la recomendación de utilizarlo políticamente”, pero ambos se negaron a hacerlo.



Otra historia



Localizado por Proceso en su domicilio de la colonia San Juan Bosco, Alberto Almaguer Bustamante, ahora de 37 años de edad, accedió a contar su versión de aquel homicidio imprudencial.

Alberto ya está casado y trabaja en una institución de microcrédito que fundó Fox cuando fue gobernador, aunque no es panista. Pero su esposa sí.

Sorprendido por la búsqueda, Alberto cuenta que él y su familia hicieron todo lo posible por olvidar el incidente, debido al cual estuvo preso cuatro días en el edificio de Prevención del gobierno municipal, que en 1990 era encabezado por el panista Carlos Medina Plascencia.

Él conducía la camioneta de su papá, Marto Almaguer (fallecido hace unos seis años), quien lo acompañaba junto con sus otros dos hijos, Gerardo y David, y su sobrino Ezequiel Bustamante.

“Yo venía bien. El señor Fox fue el que se pasó el alto y me pegó en la parte de atrás. Cuando sentí el impacto, la camioneta me llevó hacia el lado izquierdo. Estaba una señora en la banqueta, afuera de un restaurante, y con el vehículo me la llevé.”

Fue cuando don Marto le dijo a su hijo que huyera. “Yo no quise, porque el que nada debe, nada teme. Inmediatamente me detuvieron unos agentes de Tránsito. Y ahí me fijé que el otro conductor era Fox. Luego luego me empezaron a decir: tú tuviste la culpa, tú tuviste la culpa”. Y se lo llevaron a rendir declaración.

–¿Usted viajaba con exceso de velocidad?

–No. Yo alcancé a pasar con la luz amarilla, y en ese momento Fox arrancó. No había más autos atrás de él, ni en el otro carril. Al pegarme yo perdí el control del vehículo y me subí en la banqueta. Tumbé un árbol, y me llevé a la señora.

–¿Él arrancó antes?

–Sí, antes de que su semáforo cambiara a verde.

–¿Por qué en ese momento usted asumió la culpa?

–Porque ahí me estaban presionando. Los agentes de tránsito y todos decían que yo había sido el culpable. Yo sabía que como él era candidato y andaba en campaña, no diría la verdad. No iba a echarse la soga al cuello.

“A todo mundo le conté las cosas como se las estoy diciendo a usted, pero nunca me hicieron caso. Los mismos policías decían que yo ya tenía qué estar en el Cereso. Yo les contestaba que no, porque yo no había cometido ningún delito.”

–¿Alguien le sugirió echarse la culpa para salvar a Vicente Fox?

–No. Pero no me escuchaban. Les explicaba que fue Fox el que me pegó atrás del vehículo, pero nunca me hicieron caso.

Alberto nunca volvió a ver a Vicente Fox ni supo que hubiera ido a declarar. Él, en cambio, estuvo acudiendo al juzgado a firmar cada semana, durante casi medio año, acompañado por un abogado que contrató su papá a partir de un anuncio público encontrado frente al edificio de Prevención.

“El abogado me decía que iba a haber careos, pero nunca estuve frente a nadie ni frente a Fox. Y un día me dijeron que ya, que todo el asunto había terminado y no había nada contra mí…”

–¿Pagó los daños al vehículo de Fox, o por la muerte de la anciana?

–Nunca me reclamaron o me obligaron a pagar algo a la familia de la señora, ni a Fox, nada”.

Pero, por lo visto, se tomaron providencias porque, durante la campaña presidencial de Fox, un hombre cercano a éste, Norberto Roque –actual subsecretario de Financiamiento al Campo, que fue miembro del gabinete foxista en Guanajuato e integrante de su equipo de transición antes de que Fox asumiera la Presidencia–, mandó localizar a Alberto Almaguer para filmar su testimonio respecto al accidente.

“A Norberto Roque lo conozco desde hace muchos años. Me mandó decir con mi hermano mayor que me iban a buscar unas personas que me preguntarían lo que pasó ese día. Vinieron y tomaron un video. No supe quiénes eran ni qué hicieron con ese video. Yo sólo les conté lo mismo que le estoy platicando a usted.”



Versiones mediáticas



Pero algunos diarios de la época y un libro del entonces dirigente estatal del PAN, Alfredo Ling Altamirano, dan versiones diferentes.

En su volumen Vamos por Guanajuato, Ling Altamirano registra: “El sábado 10 de noviembre, realizamos nuestra acostumbrada conferencia de prensa en la sala de juntas del partido; al terminar, a eso de las 11 de la mañana, en la esquina de Madero con Pedro Moreno, y acompañado por Arsenio Bañuelos –nuestro jefe de prensa–, Vicente sufrió un accidente de tránsito cuando iba arrancando su vehículo, un Tsuru II, modelo 1990, con placas GSJ-847. La imprudencia de Alberto Almaguer Bustamante, quien tripulaba una camioneta Dodge pick-up modelo 1979, con placas GP-9709, provocó el accidente al pasarse la luz roja a exceso de velocidad”.

En tanto que una nota del diario El Nacional de Guanajuato, firmada por Juan Antonio Martínez (después vocero de Ramón Martín Huerta en la Secretaría de Seguridad Pública y quien junto con éste falleció en el accidente del helicóptero), hace referencia a las distintas versiones que dieron Fox y Almaguer.

Allí, Juan Antonio Martínez recogió el testimonio de Fox, quien manifestó: “En el primer semáforo, estando la luz en verde, crucé a una velocidad de 10 a 15 kilómetros. En ese momento, me di cuenta de que venía esa camioneta a 80 kilómetros por hora. Alcancé a frenar lo que se pudo, y ocurrió el encontronazo.

“Si no freno –dijo Fox al reportero– sí nos agarra a mí y al coche. La camioneta pasó el alto totalmente, perdió el control 15 metros adelante y se trepó a la banqueta y le dio a la señora. La responsabilidad es del conductor de la camioneta. Fue una imprudencia. Se pasó el alto a exceso de velocidad.”

Y el propio reportero Martínez recogió la versión de Alberto Almaguer, quien expresó:

“Estaba en luz preventiva (amarilla) y me pasé, pero que quede bien claro que no estaba en alto. Iba a la mitad del cruce y me pegó atrás, me ‘colié’ y me fui contra el árbol y contra la señora que estaba en la puerta (…), circulaba a una velocidad lenta porque me había parado en el semáforo anterior.”

Inclusive el reportero consignó que mientras Fox fue puesto en libertad por su fuero como diputado, “el joven Alberto Almaguer quedó en calidad de detenido, y ayer las autoridades ni siquiera permitían a los medios hablar con él”.

Pero de acuerdo con una nota publicada días después por El Heraldo de León, tanto Alberto Almaguer como Vicente Fox tuvieron parte de la responsabilidad en este caso.

Publicada sin firma cuando se giró la orden de libertad bajo caución a favor de Alberto Almaguer, la nota de El Heraldo cita el informe número 2054 de la Dirección de Vialidad Municipal relativo al choque.

De acuerdo con dicho informe, señala el diario, “el conductor de la camioneta no respetó la indicación del semáforo; él mismo declaró en el lugar de los hechos y en su declaración oficial ante el MP que se pasó el semáforo cuando éste indicaba luz ámbar o preventiva, la que indica que debe hacer alto para ceder el paso a la transversal.

“Ello implica también que el segundo operador involucrado (Fox), debió tener para sí luz roja y, por lo tanto, debió haber hecho alto antes de llegar al cruce de arterias; aunado al manejo a la defensiva, pudo haberse percatado de la presencia de la camioneta antes del impacto…”

Varias razones más para votar por el peje y por el PRD para el congreso en el 2006.