TEMORES PREFABRICADOS.

Ricardo García Sainz en la Jornada:

Ricardo García Sainz
Temores prefabricados

La aprobación de leyes no ha obedecido al fortalecimiento del desarrollo de México ni de las condiciones de convivencia .
A medida que se fue fortaleciendo la figura de Andrés Manuel López Obrador como candidato a la Presidencia de la República, el gobierno de Fox y los grupos de privilegiados desarrollaron tres grandes esfuerzos.

El primero consistió en desprestigiarlo por conductas propias y de sus colaboradores o por similitudes con gobiernos que creen no son aceptables por los electores de este país, o por calumniosas desviaciones en su administración de la ciudad de México.

El segundo fue el de garantizar abusos y privilegios en nombre de la legalidad presuponiendo que la certeza jurídica es sinónimo de inmovilismo, lo que de ser cierto impediría que el futuro gobierno defina su rumbo y promueva las modificaciones urgentes y necesarias para recuperar el país.

Finalmente, el tercero buscó aplicar una serie de medidas para impedir que el nuevo gobierno, el que resulte electo por la voluntad de la mayoría del electorado mexicano, tenga la posibilidad de una tersa y ordenada transición al cambio que tanto urge.

Con esta finalidad se ha planteado la autonomía de dependencias clave, como las responsables de la política fiscal y bancaria y, lamentablemente, ya fue aprobada la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuyo propósito central es poner "límite a la tentación de aplicar medidas populistas". La justificación de esta ley es una confesión de los abusos cometidos por el actual y los anteriores gobiernos en el manejo del presupuesto al amparo de la absoluta discrecionalidad que tuvieron.

Resulta ridículo leer que las tentaciones populistas de un gobierno de izquierda quedarán limitadas o que la ley impide a los políticos utilizar los ingresos extraordinarios del petróleo para promover a sus partidos, candidatos, o que inclusive el Ejecutivo beneficie a grupos particulares. Estas propuestas están basadas en el adivinar el futuro o en sus propias y vergonzosas experiencias.

El mito de la legalidad considera el respeto a la ley como base del equilibrio nacional. Por supuesto es falso. La ley en su esencia, en sí misma, no es ni buena ni mala: es una regla impuesta por quien tiene autoridad para hacerlo, por lo que su contenido está determinado por los intereses legítimos o deleznables de las mayorías legislativas. Las peores aberraciones se han cometido en nombre de la ley.

En nuestro caso, México, el orden jurídico vigente es de mala calidad, es el resultado de la suma de 70 años de legislar por el grupo en el poder para dotar de seguridad jurídica a cualquier capricho u ocurrencia del dictador en turno y para preservar los intereses de las "castas divinas" desarrolladas por las aberraciones del propio sistema.

A estas siete décadas se suman los años de las concertacesiones del PRI y del PAN, de las que nacen aún peores engendros legislativos, cuyo precio será pagado por los propios tricolor y blanquiazul en la elección presidencial del próximo 2 de julio.

En este proceso de componendas en lo oscurito, nacen el IPAB-Fobaproa, que enriqueció aún más a los ricos, liberó de toda responsabilidad a los rapaces, e impuso una deuda colectiva de 1.2 billones de pesos que nunca acabaremos de pagar.

En el ejercicio bipartidista de convertir el quehacer legislativo en moneda de cambio para comprar complicidades, se continúa el desmantelamiento de la seguridad social con la ficción de crear reservas y se construye una crisis laboral desde el Poder Legislativo que debió hablar fracturado al Instituto Mexicano del Seguro Social y abierto el camino de su ansiada privatización. Estas concertacesiones del PRI y del PAN, en el Poder Legislativo han llegado a tal extremo que su máximo logro, el desafuero de López Obrador, cayó en el ridículo y su despropósito fue tan grotesco que el Ejecutivo federal tuvo que dar marcha atrás.

El jueves 30 de marzo, el Senado de la República, la alianza PRI-PAN, aprobó sin cambios las reformas a las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, proceso en el que se exhibió a todo color el lamentable proceso legislativo que arranca con la aprobación por unanimidad de la iniciativa en la Cámara de Diputados en 18 minutos de negligencia, desinterés, ignorancia y apatía, hasta un debate en el Senado en el que a las numerosas razones e inconvenientes de la propuesta hecha por senadores del PRI y del PAN, y obviamente del PRD, se opuso sólo el silencio de los senadores "Televisa", seguros de ganar la votación por la solidez de vínculos inconfesables.

La aprobación de las reformas fue calificada de inmediato por la Comisión Federal de Competencia como un desprecio a los consumidores y una clara violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los medios culturales califican esta aberración jurídica como un error histórico y exigen a Fox ejercer el poder de veto del Ejecutivo, obligándolo a definir su postura presidencial o a exhibir sus complicidades. Los propios legisladores interpondrán, para frenarla, un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que también tendrá que definir su compromiso con la certeza jurídica tan cómodamente invocada cuando sirve para perpetuar los privilegios.

Frente a esta situación que tanto ha lastimado a México, el próximo gobierno tendrá que romper el inmovilismo de la amañada legalidad existente, con un nuevo orden jurídico que cancele privilegios y abra oportunidades y seguridad para todos, inclusive para los privilegiados.

Se requieren leyes claras, ciertas, exigibles y de aplicación general, sin discrecionalidad de la autoridad; leyes que nazcan del propósito que se dice tener y no como ha ocurrido en todo el prianismo, que las leyes surgen de componendas ajenas al proceso legislativo condicionadas por intereses inconfesables. En los años recientes la aprobación de las leyes no ha obedecido a fortalecer nuestro desarrollo y condiciones de convivencia, se ha convertido el proceso legislativo en moneda de cambio para comprar complicidades.

El nuevo orden jurídico necesario para la cancelación de los actuales desmedidos privilegios preocupa a quienes se oponen al diferido cambio, cuando nuestra preocupación debe ser la opuesta, la de reformar el orden jurídico para crear las leyes que den certeza jurídica pero que estén orientadas al bienestar colectivo, a la defensa de los derechos de los particulares, a la mejor distribución del ingreso, a la apertura de oportunidades para todos, a la cancelación de privilegios y a la exigibilidad individual de las responsabilidades. En síntesis, deben ser leyes que ante ellas todos seamos iguales y sustento de paz, seguridad y libertad.

El nuevo orden jurídico, por su contenido, principios y propósitos, debe ser sólido sustento de la democracia e impedimento de caudillismo.

Una razón mas para votar por AMLO y la mayoría perredista al Congreso.