INICIATIVA DE MODIFICACIÒN DE LA LEY DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA

INICIATIVA DE MODIFICACIÒN DE LA LEY DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA

(Análisis y Comentarios)

Mario Di Costanzo, Secretario de la Hacienda Pública, Gobierno Legítimo

El proyecto de reforma a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía consiste principalmente en la modificación de los artículos 2, relativo al objeto de dicha Comisión; 3, correspondiente a las atribuciones de ese órgano desconcentrado; y 10, en lo relativo al otorgamiento de permisos.

Es conveniente recordar que el 31 de octubre de 1995, se promulgó la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, este ordenamiento transformó a la Comisión Reguladora de Energía pasando de ser un órgano consultivo en materia de electricidad, como lo estableció su decreto de creación en 1993, a uno desconcentrado de la Secretaría de Energía, con autonomía técnica y operativa.

Su objeto fue el de constituir a un ente regulador del sector para atender las actividades que en ese momento habían sido recientemente abiertas a la participación de los sectores social y privado.

En lo relativo a la electricidad, se le dieron atribuciones para regular la cogeneración, el autoabastecimiento, la pequeña producción y la producción independiente de electricidad, así como la importación y exportación de la misma.

En materia de hidrocarburos, las atribuciones fueron para regular el transporte y almacenamiento del gas natural que no estén relacionados con su explotación, producción o procesamiento, la distribución de gas natural, el transporte y almacenamiento de gas licuado de petróleo por medio de ductos, así como las ventas de primera mano tanto de gas natural como de gas licuado de petróleo

En este punto vale recordar que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha señalado que las modificaciones llevadas a cabo en 1995, atentan contra `la naturaleza y espíritu del Artículo 27 Constitucional, por la que se debe tener en cuenta en todo caso, el hecho de que las reformas contenidas en esta iniciativa podrían acentuar la inconstitucionalidad que ya existe en las actividades de la Comisión Reguladora de Energía.

Esta Comisión ha sustentado en sus atribuciones para otorgar permisos, expedir la metodología para fijar precios y tarifas, aprobar términos y condiciones para la prestación de los servicios, expedir disposiciones administrativas de carácter general –llamadas directivas–, dirimir controversias, requerir información y aplicar sanciones.

Sin embargo su desempeño ha dejado mucho que desear, ya que ha sido objeto de múltiples observaciones por parte de la Auditoria Superior de la Federación, quien particularmente como resultado de la Revisión de la Cuenta Pública de 2002, señaló lo siguiente:

LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD

· El control y la supervisión de la CRE en el otorgamiento de los permisos de la generación eléctrica, no ha sido eficiente en algunos casos, ya que de la muestra revisada, se determinaron diversos incumplimientos de la LSPPE y de su reglamento por parte de los permisionarios, y en un caso existe evidencia de vender energía eléctrica producida, lo cual es violatorio de la normatividad respectiva. Cabe señalar, también, que los permisos revisados no están fundados ni motivados.

· En otros casos, la CRE no vigiló adecuadamente el cumplimiento de las condiciones y términos de operación establecidos en los permisos, lo que ha propiciado la presunción de diversas infracciones a la Constitución, a la LSPPE y su reglamento.

· El Instituto de Investigaciones de la UNAM, en un estudio realizado, opinó que la LSPPE y su reglamento, presumiblemente, contravienen el espíritu de la Constitución; sin embargo, es el Poder Judicial de la Federación la única autoridad competente para determinar lo procedente en esta materia

Por ello, a pesar del carácter colegiado de sus actos, sus decisiones han sido poco transparentes y de dudosa legalidad, de acuerdo con el propio Auditor Superior de la Federación.

De esta manera, al proponer la reforma petrolera la “apertura a la participación de los sectores social y privado en las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos y petroquímicos básicos,” se hace necesario, según la iniciativa enviada al Senado de la República, la ley de la Comisión Reguladora, se ajuste a la “nueva situación”.

Es decir, que las adecuaciones propuestas a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, se derivan de las nuevas atribuciones regulatorias provocadas por los cambios que se proponen a la Ley Reglamentaria al Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, que busca abrir a la iniciativa privada el transporte, almacenamiento y distribución, de petrolíferos y petroquímicos básicos, entre otros.

En suma, las modificaciones a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, proponen que esta regule las actividades “nuevas” que surgen de las inconstitucionales modificaciones a la ley reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo.

LA SITUACION DE CITIGROUP EN EUA CONFIRMA QUE QUIEN ESTUVO DETRÁS DE LA COMPRA DE AEROMEXICO FUE ROBERTO HERNANDEZ

Y SE PUEDE EXTENDER A BANAMEX EN MÉXICO

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo
Noviembre 6 de 2007

Las situación por la que atraviesa el banco Citigroup en Estados Unidos quién al tercer trimestre del año reconoció pérdidas de entre 8 y 11 mil millones de dólares, confirman que quien realmente estuvo detrás de la adquisición de Aeromexico fue Roberto Hernández (ex dueño de Banamex) ya que financieramente no se puede explicar como Banamex quién es una subsidiaria de el Citigroup, pudo haber decidido incursionar en un “nuevo negocio para ellos” como lo es la aviación, cuando su matriz en los Estados Unidos atraviesa por una grave crisis financiera.

Es claro que las pérdidas registradas por el gigante norteamericano tienen su origen en la crisis hipotecaria del mercado en los Estados Unidos, que estallo con el aumento el número de deudores que no pudieron seguir pagando sus hipotecas, de esta manera Citigroup es uno de los mayores bancos afectados: en octubre reportó una caída de 57 por ciento en sus ganancias del tercer trimestre, y sus títulos bursátiles han retrocedido 30 por ciento en lo que va del año.

A pesar de lo anterior Citigroup precisó que no prevé reducir sus dividendos para este año y que proyecta mejorar sus números para el mes de junio del 2008.

Sin embargo esta decisión necesariamente afectara la operación de Banamex en nuestro país, ya que de ser cierto que los directivos de la institución en los Estados Unidos, “no prevén reducir sus dividendos” necesariamente se verán obligados a tomar utilidades de sus filiales en otros países para mantener los dividendos de sus accionistas.

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LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON LOS HABITANTES DE TABASCO

Y EXHORTA A LOS DIPUTADOS A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA INTEGRAL DE SALVAMENTO Y RECUPERACION ECONOMICA PARA EL ESTADO

La Secretaria de la Hacienda Publica del Gobierno Legitimo manifiesta su solidaridad con los habitantes de Tabasco y exhorta a los diputados a aprobar un programa integral de salvamento y recuperacion economica que debera incluir entre otras cosas: la condonacion de deudas derivadas de creditos a los sectores productivo y social de la entidad, la condonacion de la cartera vencida de los creditos al consumo otorgados a las personas fisicas a traves de las tarjetas de credito de los diferentes bancos.

Asi como la condonacion de adeudos hipotecarios del Infonavit y Fovissste

Asimismo se recomienda que dicho programa debera ser financiado con la creacion de una partida especial en el Presupuesto de Egresos de la Federacion cuyos recursos provendrian de las siguientes fuentes:

1.- De la reduccion de los Recursos destinados al IPAB-FOBAPROA: 25,000 mmp.
2.- De los ingresos que resulten por la diferencia entre los primeros 3 dolares, entre el precio de la mezcla mexicana de petroleo de exportacion estimado en la Ley de Ingresos para 2008 y el precio promedio observado durante 2008: 21,000 mmp
3. Del ahorro en 1% de las percepciones de los mandos superiores de la administracion publica: 2,000 mmp

EN LA LEY DE INGRESOS EL SENADO ESTA OBLIGADO A LIMITAR LA CAPACIDAD DE REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA DEL IPAB

Elaborado por Mario Di Costanzo S
ecretario de la Hacienda Pública Gobierno Legítimo
Octubre 29 de 2007

Actualmente, la Ley de Ingresos permite al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) mediante el Artículo 2º realizar operaciones para refinanciar sus pasivos, pero la de dudosa legalidad de las mismas obliga a exigir que se limiten esas facultades del organismo y se pongan candados para evitar que siga incrementando su deuda a costa del erario y en beneficio de particulares.

Para entender esta imperiosa necesidad, veamos lo siguiente:

De acuerdo con la información del Informe sobre la Situación de las Finanzas Publicas al mes de junio de 2007, la deuda bruta derivada del Rescate Bancario ascendió a 743 mil 051 millones de pesos, cifra que representa aproximadamente 40% del Presupuesto de Egresos para 2008.

Cabe mencionar que en virtud de algunos activos que el IPAB ha podido vender y debido a la cobranza de créditos ya pactada en el programa de capitalización y compra de cartera, la deuda neta del rescate bancario al mismo mes ascendió a 713 mil 084 millones de pesos.

Esta deuda, que genera intereses a cargo de los contribuyentes por casi 60 mil millones de pesos, ha modificado su estructura debido a que el IPAB ha pagado o prepagado deudas derivadas directamente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) y por lo tanto de dudosa legalidad por instrumentos que el IPAB utiliza para refinanciar sus pasivos o por créditos que ha obtenido de las mismas instituciones rescatadas.

Esto ha sido posible por la capacidad de refinanciamiento para el IPAB que está contemplada en el Artículo 2º de la Ley de Ingresos, que le permite al Instituto “contratar créditos o emitir valores con el único objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago…”

Por ello hasta ahora nada garantiza que operaciones “ilegales” no sean pagadas a los bancos, en una especie de lavado de dinero, en materia de deudas, borrando con ello el rastro de las operaciones ilegales llevadas a cabo en su momento por el Fobaproa.

Para evitar lo anterior los senadores deben modificar el Artículo 2º de la Ley de Ingresos, para limitar la capacidad de refinanciamiento de pasivos del Instituto, excluyendo de ésta, la posibilidad de refinanciar los pasivos o deudas derivadas del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, así como cualquier operación que estuviese con alguna observación de la Auditoria Superior de la Federación y que a la fecha no este solventada.

Hay que recordar que de acuerdo al último reporte de la Auditoría Superior de la Federación, aún existen observaciones sin solventar con respecto al Rescate Bancario y el IPAB utiliza esta facultad de refinanciamiento como una fuente alternativa de allegarse recursos, lo que le permite refinanciar operaciones cuestionadas o “ilegales” y borrar su rastro.

Por ello el IPAB ha utilizado esta facultad legal para “lavar deudas” en un proceso similar al “lavado de dinero” entendiéndose este procedimiento como el cambiar o borrar el rastro de una deuda de “dudosa legalidad o procedencia, por una deuda aparentemente legal”.

Para mostrar lo anterior conviene mencionar que en el mes de octubre de 2002, el IPAB cambió los seis pagarés de saneamiento de Banco del Atlántico, por una “línea de crédito simple” por 48 mil 779 millones de pesos, que le fue otorgada por BITAL. Esto es equivalente a “lavar una deuda”.

La operación fue realizada de la siguiente manera: hasta el mes de septiembre de 2002 Bital, como resultado de su cuestionada fusión con Banco del Atlántico, se hizo dueño de los “pagarés de saneamiento” que eran a favor de Atlántico; como la operación de fusión entre los dos bancos ha sido sumamente cuestionada, tanto por el costo para el IPAB como por el hecho de que el senador Diego Fernández de Cevallos participó como abogado de Bital en contra del IPAB, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario prefirió “desaparecer” o bien “liquidar” pagarés, solicitando un préstamo a BITAL para liquidarlos.

A fin de cuentas el beneficiario seguía siendo Bital, con la única diferencia de que jurídicamente hablando, la “nueva deuda” del IPAB con Bital ya no es producto de los “pagarés de saneamiento” (que han desaparecido), sino obedece a una “operación de refinanciamiento” es decir a un préstamo simple de Bital hacia el IPAB.

Claro que hubo un “premio adicional para Bital” y es que los pagarés de saneamiento de Banco del Atlántico que vencían entre 2005 y 2008 fueron modificados y el “crédito simple contratado con Bital por 39 mil millones de pesos aproximadamente” venció en su totalidad en 2005, acortando casi tres años el periodo de vencimiento del préstamo.

Más aún si revisamos, el “listado” de pagarés a cargo del IPAB en su página de Internet, hasta el mes de septiembre de 2002 aparecían los pagarés de Banco del Atlántico; pero si revisamos el mismo “listado” para el mes de junio de 2004, los “pagarés de Atlántico” ya no aparecen.

De hecho, tal y como el IPAB lo anunció el 1 de octubre de 2002, “da por concluido el saneamiento del Banco del Atlántico”, lo que prácticamente deja sin posibilidad de investigación una operación sumamente cuestionada, cuyo costo fiscal se estimo en 48 mil 779 millones de pesos.

El Articulo 2º de la Ley de Ingresos le otorga la posibilidad al IPAB de “endeudarse con el único objeto de llevar a cabo operaciones de refinanciamiento de deuda”, si bien es cierto que esta posibilidad le ha permitido al IPAB cumplir con sus viejas deudas, emitiendo nuevas deudas, también es cierto que esto le ha permitido “borrar” con este mecanismo operaciones que llevó a cabo el FOBAPROA y que han sido cuestionadas o “sumamente cuestionadas” como lo es el caso de la fusión BITAL-ATLÁNTICO, o como el saneamiento de Banca Serfin ahora en poder de Santander o el propio programa de capitalización y compra de cartera.

De esta manera, mientras que el saldo de los pagarés por “saneamiento” disminuyó entre diciembre de 2000 y diciembre de 2007, al pasar de 214 mil 368 millones a 80 mil 274 millones de pesos, los pagarés por “Refinanciamiento” aumentaron considerablemente en el mismo periodo al pasar de 187 mil 672 a 651 mil 705 millones de pesos, representando casi 87.9% del saldo deudor del IPAB.

Por ello, el IPAB está aprovechando la facultad que tiene para refinanciar sus pasivos, para “lavar deudas” de operaciones que han sido altamente cuestionadas, como lo son las derivadas de las intervenciones bancarias y los saneamientos que en su momento llevó a cabo el Fobaproa y el Programa de Capitalización y Compra de Cartera PCCC).

Por lo anterior, es preciso que se limite la capacidad de refinanciamiento del IPAB excluyendo de la deuda del Instituto todas las operaciones que han sido cuestionadas por la Auditoria Superior de la Federación...

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Banamex pagó Aeroméxico con parte de los intereses de pagarés Fobaproa

Arrigunaga, uno de los diseñadores del rescate, es empleado del banco: Di Costanzo

Banamex, la marca con que opera en México el estadunidense Citigroup, compró Aeroméxico con sólo una porción de los recursos que el propio Fobaproa-IPAB entregó como parte de los intereses que le generaron los pagarés derivados del nuevo programa del rescate bancario.

Además, Banamex tiene impuestos diferidos que no pagó por 5 mil 205.6 millones de pesos (unos 500 millones de dólares) que están registrados en sus activos al cierre del primer semestre del año, según revelan informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

De acuerdo con un amplio análisis elaborado por la secretaría de la hacienda pública del denominado gobierno legítimo encabezado por Andrés Manuel López Obrador, Banamex recibió del Fobaproa pagarés por montos de aproximadamente 79 mil millones de pesos, que al final del “saneamiento” se transformaron en una erogación por casi 104 mil millones de pesos (a valor actual).

Adicionalmente, el Fondo Bancario para la Protección al Ahorro (Fobaproa) le compró indebidamente créditos por aproximadamente 7 mil millones de pesos, al adquirir cartera con todo e intereses moratorios.

Además, entre el 21 de julio y el 29 de diciembre de 2005, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) realizó a Banamex pagos anticipados por 31 mil 820 millones de pesos (unos 3 mil millones de pesos) derivado del Nuevo Programa para sustituir los antiguos pagarés.

Más adelante, durante 2006 el IPAB canalizó 28 mil 960 millones de pesos (alrededor de 2 mil 800 millones de dólares) como otro pago anticipado a Banamex derivado de la estrategia de saneamiento financiero para lograr ahorros en pagos futuros.

Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública, recordó que uno de los principales artífices de la estrategia del extinto Fobaproa, Javier Arrigunaga, es ahora un empleado más de Banamex.

El especialista señaló: “Una vez más, como si poseyera al genio de la lámpara y su suerte fuese inagotable, Banamex libró todos los aparentes obstáculos legales que al menos en teoría le impedían participar en la compra-venta de Aeroméxico y adquiere la estratégica línea aérea en una operación plagada de recelos”.

Un factor de sospecha es, justo decirlo, la decisión de las autoridades para “cerrar” la subasta en una hora determinada e impedir así la entrada de otra oferta que hubiera permitido elevar el costo de la aerolínea hasta por lo menos 260 millones de dólares.

Así, de esta manera se le vendió a Banamex una línea aérea en 249.1 millones de dólares, en prácticamente el precio de un solo avión de vanguardia.

Al no permitir esa puja dejando correr más tiempo para la subasta, las autoridades incumplieron de plano el mandato que les obliga teóricamente a maximizar la recuperación en el proceso de venta de Aeroméxico, pues conforme a la ley era su responsabilidad “tutelar por una sana administración del activo y proceder a la venta de los bienes al mejor precio posible”.

El secretario de la Hacienda Pública recordó que en 2001 se vendió Banamex a Citigroup en casi 125 mil millones de pesos en beneficio de particulares y mediante una operación bursátil que los libró de pagar impuestos por casi 12 mil 500 millones de pesos

Di Costanzo Armenta se preguntó: “¿No resulta por lo menos ilegítimo (no hablemos ya de legalidad) aceptar que la línea aérea se compre con recursos vinculados de una u otra forma con transacciones financieras en las que figura o figuró dinero de los contribuyentes que Banamex recibió vía rescate bancario?”.

Por ello, consideró que las autoridades tendrán que responder muchas interrogantes, más temprano que tarde, en un proceso que está plagado de sospechas y múltiples irregularidades.

Altibajos en la BMV

La venta de Aeroméxico provocó brevemente una tendencia alcista en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que benefició a algunas empresas que habían registrado cierres a la baja, pero la euforia duró poco porque hubo toma de utilidades que al final propiciaron un cierre a la baja en el mercado de valores, señaló Roberto Galván, presidente de Vanguardia Investment.

De hecho, al concluir la sesión de ayer el índice de precios y cotizaciones de la BMV cerró con una caída de mil 12.72 puntos, 3.08 por ciento menos respecto del cierre previo, al ubicarse en 31 mil 823.40 unidades, lo que fue considerado por algunos analistas como “un viernes negro”.

–¿La venta de acciones de Aeroméxico resultó favorable para la BMV?

–Pues sí, pero más bien se efectuó dentro de una coyuntura alcista ante expectativas de reportes, sobre todo de América Móvil. Pero sí podemos decir que lo de Aeroméxico contribuyó un poco a las actividades de la bolsa, pero se trató de una euforia que pasó muy rápido.

Roberto Galván manifestó que la venta de Aeroméxico se presta a suspicacias porque es de cuestionarse que el IPAB ajustara los tiempos de la subasta a los de Banamex, por lo que se puede hacer una lectura de que hubo preferencia por el postor que resultó ganador.

Resulta absurdo, dijo, que el IPAB fijara una hora para cerrar la subasta con el argumento de que prolongarla por más tiempo le hubiera implicado un alto costo, cuando llevaba años a cargo de Aeroméxico y lo que eventualmente hubiera perdido por esperarse un poco más lo hubiera recuperado de haber permitido que la puja siguiera.

“Fue un criterio muy poco inteligente porque si el precio por cada acción de Aeroméxico ya prácticamente se había duplicado respecto de la oferta original, en realidad se podría haber obtenido mucho más, ya que nadie sabía hasta dónde podían llegar las ofertas”, dijo.

Ponderó que aun cuando Aeroméxico sea considerada una empresa que trabaja en números rojos, los pasivos que acumula le servirán para obtener diversas deducciones fiscales, pero además lo más importante de esa empresa radica en su posición estratégica en la aviación nacional por el número de rutas y la presencia que tiene tanto en todos los aeropuertos del país, como en muchos del extranjero.

Así que, puntualizó, su venta resultó a todas luces “un negocio redondo” para el ganador, más aún porque por ley una subasta llevada a cabo en la BMV no obliga al comprador a pagar ningún impuesto.

No obstante, agregó, ese no era el único mecanismo con el que se podía vender Aeroméxico y, entre las dudas que deja el reciente proceso con el cual ganó Banamex y el grupo de empresarios representados por José Luis Barraza, se incluye el porqué el gobierno no optó por la licitación.

Fuente: La Jornada

LA NEGRA HISTORIA DE CINTRA Y LA VENTA DE AEROMEXICO A BANAMEX CONFIRMAN EL CONTUBERNIO ENTRE EL PODER POLITICO Y EL ECONOMICO:

CONTINUANDO EL PAGO DE FACTURAS DEL 2 DE JULIO

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo
18 de octubre de 2007

Antecedentes:

En 1994, la banca capitalizó más de 507 millones de dólares correspondientes a los pasivos de Mexicana de Aviación: 150 millones de dólares correspondientes a las deudas acumuladas con Aeropuertos y Servicios Auxiliares; 150 millones de dólares en préstamos con cinco bancos comerciales; 87 millones de dólares con el grupo Falcón que en ese momento encabezaba Carlos Abedrop y más de 120 millones de dólares con acreedores diversos.

Así la Controladora de Empresas Aéreas, entre las que destacaban Aeroméxico y Mexicana de Aviación, reprivatizadas en los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, respectivamente.

Originalmente fueron vendidas a un grupo de empresarios, entre los que sobresalían los hermanos Pablo e Israel Brener Brener, del Grupo Xabre. Pablo fue miembro de la comisión de financiamiento del PRI para la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari.

El grupo Cintra fue dirigido por Gerardo de Prevoisin Legorreta, quien huyó del país luego de un fraude al corporativo.

Desde su exilio, reconoció haber entregado 8 millones de dólares de la empresa a la campaña presidencial de Ernesto Zedillo.

Entre sus accionistas se encontraban Eugenio Clariond Reyes Retana (presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios entre junio de 1997 e igual mes de 1999, accionista del Grupo Financiero Serfin y cabeza del Grupo IMSA, y adelantado promotor del pase de charola en favor de Francisco Labastida Ochoa en 1999) y Carlos Gómez y Gómez (presidente de la Asociación de Banqueros de México y accionista del Banco Santander Mexicano).

El consejo de administración, en 1997, lo presidía Ernesto Martens Rebolledo, y participaban, entre otros, Enrique Hernández Pons (Grupo Herdez), Adolfo Lagos Espinosa (director general de Serfin), José Serrano Segovia (Transportación Marítima Mexicana) y María Eugenia Sidaoui Dib (consejera suplente).

En la sesión número 12 del Subcomité de Recuperaciòn de Activos de Fobaproa, (26 de agosto de 1997), se abordó el asunto de la empresa Cintra: "Alberto Mulás (director de activos corporativos del subcomité) explicó la situación de la venta pública de acciones de Cintra; se pretende que el Fobaproa aporte un 6 por ciento de capital accionario del cual es propietario, para que la oferta pública de acciones alcance 24 por ciento (240 millones de acciones)".

Por su parte, el director general del fondo, Javier Arrigunaga, explicó que "en caso de que el fondo aceptara dicha propuesta perdería la posibilidad de tener una prima de control, al vender en el futuro el capital restante perteneciente al Fobaproa. Se sugirió que el 6 por ciento que se pretende adicionar a la tenencia accionaria de Nacional Financiera y al gobierno federal se aporte a prorrata de la tenencia de todos los accionistas en forma proporcional a su tenencia en el fideicomiso, de tal forma que Fobaproa siga manteniendo la mayoría de las acciones".

El escenario se complicó cuando el IPAB tuvo que rescatar la deuda de estos bancos que participaban en el capital y consejo de administración de ambas aerolíneas y posteriormente de Cintra, cuando la banca extranjera se negó a adquirir instituciones como Serfin e Inverméxico que mantenían en sus balances acciones de estas aerolíneas.

Fue Ana María Botín del Grupo Santander quien se opuso a cerrar la compra del banco que presidía Carlos Gómez y Gómez sino se eliminaba la participación en Cintra.

Por ello, en septiembre de 1999, el IPAB adquirió la participación de Serfin en Cintra, lo que representó una erogación de 515.7 millones de pesos, un rescate que determinó que el IPAB se convirtiera en el accionista mayoritario de esa controladora. Antes de verse presionado por la banca extranjera para sanear a los bancos con problemas y eliminar de su balance el capital de las aerolíneas, el IPAB sólo controlaba el 6 por ciento de Cintra.

Al momento de vender Mexicana de Aviación, el IPAB controlaba el 46.5 por ciento de Cintra.

Lo que mal empieza mal acaba:

La venta de CINTRA estuvo mal planeada desde su inicio por la propia Junta de Gobierno del IPAB.

Lo anterior se desprende de las propias Actas de la Junta de Gobierno del IPAB al observarse que nunca fue clara y contundente la decisión adoptada por la Comisión Federal de Competencia (CFC) en torno a que si el IPAB debía o no separar las líneas aéreas que conformaban CINTRA (Mexicana y Aeromexico), de hecho la “consulta realizada por el IPAB ante la CFC” que dio como resultado que el IPAB decidiera vender por separado a las dos aerolíneas atentaba contra el objetivo primordial de la venta de activos del IPAB, que es el de “Maximizar el valor de recuperación de los bienes vendidos para reducir el costo fiscal del rescate bancario”

Por ello del Acta 18 de la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del IPAB (que está en su página de Internet) se observa, que durante el desarrollo de la sesión Adalberto Palma uno de los vocales en ese momento advirtió, que la decisión de separar a las aerolíneas (Mexicana de Aviación y Aeromexico) iba en contra del mandato de ley para el IPAB en virtud de que al separarlas para su venta, el valor de recuperación no seria el máximo por lo que se tenía que “pelear” u “objetar” la recomendación a la consulta realizada ante la CFC.

Sin embargo la mayoría de la Junta de Gobierno del IPAB decidió ignorar la recomendación de Adalberto Palma y diseñar el esquema de venta de Mexicana y Aeromexico por separado.

Era obvio que el separar a las aerolíneas además de restarle valor a CINTRA iba provocar que ya una vez vendidas sus problemas financieros se acentuaran y difícilmente podrían sobrevivir.

De esta manera, uno de los últimos activos importantes heredados del fallido rescate bancario, fue nuevamente regalado por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), y se agregó a la lista de bienes prácticamente regalados en subastas públicas.

Para corroborar lo anterior sólo basta recordar los casos SERFIN y Bancreser, instituciones cuyo costo de saneamiento y las finanzas públicas supero los 120 y 100 mil millones de pesos respectivamente y fueron vendidos en 19 mil millones de pesos y 9 mil millones de pesos cada uno.

Por ello la operación de CINTRA, conjuga por una parte la ineficiencia del IPAB para maximizar la recuperación de activos y con ello cumplir con su propia ley y por la otra, abre nuevamente la sospecha de que mediante el uso de información privilegiada; BBV-Bancomer obtuvo un gran beneficio en detrimento de la operación de venta de CINTRA y con ello disminuyó la posibilidad de reducir el costo fiscal del rescate bancario.

Para ello sólo basta hacer un breve recuento de los acontecimientos:

Cuando el 8 de febrero del 2005, en su calidad de accionista mayoritario de la empresa controladora Cintra, el IPAB decidió iniciar de manera formal el proceso de venta de las dos principales aerolíneas del país, (Mexicana y Aeroméxico) nunca imaginó que BBVA Bancomer en uso de información que pudiera ser considerada como “privilegiada” adelantaría la venta de sus acciones y con ello, pondría en graves problemas al Consejo de Administración de la controladora, en su estrategia de venta.

Hay que recordar que al mes de enero de 2005, la tenencia accionaría de CINTRA se encontraba distribuida de la siguiente manera: el gobierno mexicano controlaba casi el 60%, (el 46.5% estaba en manos del IPAB, el 10.2% en poder de la SHCP, y el 3.5% en manos de Nacional Financiera), Bancomer controlaba el 13.5%, Banamex el 9.7%, Scottiabank el 6.2% y se encontraban en manos del mercado aproximadamente el 10.4%.
Sin embargo, una vez que BBV-Bancomer en su calidad de accionista conoció de las intenciones de parte del Consejo de Administración de CINTRA de vender tanto a Mexicana como a Aeromexico, el 8 de febrero del 2005, optó por deshacerse de su participación en la empresa.

La decisión de BBV-Bancomer puede explicarse por dos razones:

1) Por que la estrategia de venta adoptada por el Consejo de Administración de CINTRA, buscaba vender a las empresas Mexicana y Aeromexico separadas y esto no le generó confianza a Bancomer.

2) Por que Bancomer sabía que el hecho de vender a las empresas Mexicana y Aeromexico por separado “disminuiría el precio de la acción, y con ello su porcentaje de la venta que como accionista de CINTRA le correspondía.

De esta manera, y de acuerdo con los registros de operaciones de la BMV, se observó que desde mediados de abril, tan sólo 2 meses después del anuncio de la venta de CINTRA, Bancomer vendió su participación en CINTRA que significaban aproximadamente 134 millones de acciones, que representaban el 13.5% del total.

Estas operaciones se realizaron a un precio de 8.10 pesos por acción, lo cual significó un ingreso para Bancomer de aproximadamente 1,805 millones de pesos.

Pero además la operación realizada por Bancomer, estableció “implícitamente” un piso mínimo al valor total de CINTRA, ya que si por 13.5% se habían obtenido 1,805 millones de pesos, el 100% de CINTRA se ubicaría en alrededor de 8,000 mil millones de pesos (800 millones de dólares).

Esta situación provocó problemas a la estrategia de venta adoptada por el IPAB, ya que con las aerolíneas vendidas por separado jamás alcanzarían un valor de 800 millones de dólares.

Sin embargo el IPAB decidió mantener su estrategia y se anunció como ganador de la subasta por Mexicana de Aviación al Grupo Posadas quién se hizo de esta aerolínea a un costo de 165.5 millones de dólares, (1,650 millones de pesos).

Esto nuevamente resulta absurdo y difícil de entender para los contribuyentes que se preguntan ¿ Cómo es posible que Bancomer con la venta de sólo el 13.5% de la acciones de CINTRA , haya obtenido más dinero que el IPAB al vender la totalidad de la línea aérea Mexicana de Aviación ?.

Pero eso no es todo, hay que recordar que el precio de la acción de CINTRA al que vendió Bancomer fue de 8.10 pesos y el valor actual de la acción de CINTRA es sólo de 4.57 pesos la acción.

Esto complico desde ese momento la operación futura de venta de Aeromexico haciendo que resultara prácticamente imposible que el IPAB pudiera vender en más de 200 millones de dólares a la otra línea aérea (Aeromexico) con lo “al final del día, CINTRA se habría vendido en aproximadamente 330 millones de dólares, cuándo pudo haber obtenido 800 millones de dólares.

Cabe destacar que esto no hubiese sucedido si Bancomer no hubiera actuado como lo hizo.

Sin lugar a dudas, la actitud asumida por Bancomer es una clara utilización de información privilegiada puesto que la decisión de vender sus acciones fue después de que en su calidad de accionista de CINTRA conocía perfectamente los planes de venta de la controladora así como las posibles dificultades que la estrategia adoptada enfrentaría, sin embargo resulta muy absurdo que a la CNBV no a la fecha no le haya llamado la atención, los movimientos realizados por Bancomer.

Más aún es obligación de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados llamar a cuentas a los funcionarios implicados en esta operación.

Hay que recordar que los ingresos que obtenga el IPAB, por estas ventas de activos tienen forzosamente que ser destinados a la disminución del costo fiscal del rescate bancario, y que por ley están obligados a maximizar la recuperación de activos, para disminuir el costo fiscal del rescate bancario.

Por ello en la operación realizada por el IPAB con CINTRA existen graves violaciones a la ley del IPAB y se debe presumir e investigar el uso de información privilegiada por parte de Bancomer, ya que todo esto ha disminuido las posibilidades de reducir el costo fiscal del rescate, haciendo más pasada la carga para los contribuyentes, lo que equivale nuevamente a lesionar el interés público.

Cabe mencionar que si el Consejo de Administración de CINTRA hubiera colocado las acciones de la controladora tal y como lo hizo Bancomer, los ingresos por esta operación hubiesen sido de aproximadamente 8,000 millones de pesos (800 millones de dólares), en vez de ello lo que recibió por Mexicana de Aviación, no representa ni siquiera el 10% de los recursos fiscales que serán destinados al IPAB en el Presupuesto de 2006.

El IPAB no recibió el dinero de la venta de mexicana:

A pesar de que el 20 de diciembre del año pasado, el Grupo Posadas pagó a CINTRA 165.5 millones de dólares por Mexicana de Aviación, el IPAB aún no recibe los recursos producto de dicha venta y por lo tanto estos no han podido destinarse a reducir el costo fiscal del rescate bancario, tal y como lo mandata la propia ley del IPAB.

Lo anterior se desprende del documento titulado “Consorcio Aeromexico: Proceso de Venta” el cual está en la propia página de Internet del Instituto.

Esta situación obedece a que el IPAB a nadie había informado que “el precio pagado por las acciones de Grupo Mexicana (Mexicana de Aviación), estaba sujeto a un mecanismo de “ajuste de precio” entre CINTRA y Grupo Posadas, que se pactò en el contrato de compra-venta.

Este mecanismo implica que Grupo Posadas llevará a cabo una auditoria a la situación de Mexicana de Aviación para determinar si el vendedor (CINTRA), le dijo “toda la verdad” sobre la situación financiera de Mexicana de Aviación o si esta tiene vicios ocultos que implicarían que el IPAB recibiera aún menos recursos por la venta de Mexicana de Aviación.

Es decir que el precio final por Mexicana de Aviación podría ser aún hasta un 15% inferior a los 165.5 millones de dólares, en los que supuestamente se subastó.

De esta manera de los 165.5 millones de dólares pagados por Grupo Posadas el 20 de diciembre, a la fecha el 85% de ellos (140.67 millones de dólares) todavía se encuentran en la Tesorería de Consorcio Aeromexico (antes CINTRA) y el restante 24.82 millones de dólares, se encuentran en un “fideicomiso de garantía” que servirá para llevar a cabo el “ajuste de precio y contingencias” que se podrían detectar en la mencionada auditaría que realiza el grupo posadas. Esto contraviene abiertamente la Ley del IPAB ya que el Instituto ya debió de haber aplicado esos recursos para reducir el costo fiscal del rescate bancario.

Es importante mencionar que al momento de su venta, el IPAB detentaba, es decir era el dueño del 46.5% de las acciones de CINTRA por lo que el ingreso que el IPAB recibiría y que debería de haber sido destinado a reducir el costo fiscal del rescate bancario era de aproximadamente 76.87 millones de dólares (800 millones de pesos), sin embargo dada esta situación los recursos podrían ser de hasta un 15% menos de lo originalmente proyectado.

La situación se complica aún mas ya que al estar depositados los recursos en la tesorería de Consorcio Aeromexico (antes CINTRA) el IPAB podría vender a Aeromexico con todo y esos recursos en su “caja” complicando aún más el seguimiento de los recursos pagados por el Grupo Posadas.

Al respecto conviene mencionar que de acuerdo a cifras de CINTRA, el grupo Aeromexico esta operando desde el 2003 con utilidades y también muestra recuperación en sus índices operativos, por lo que se nos vuelve a recordar que: en México, se socializan las pérdidas y se privatizan las utilidades.

Finalmente es pertinente mencionar que a pesar de que los recursos provenientes de la venta de mexicana de aviación no han sido ni siquiera determinados e ingresados al IPAB, los funcionarios que integran el Consejo de Administración de CINTRA cobraron “su jugoso y cuantioso bono especial que recibirán por haber llevado a cabo una venta tan exitosa”.

Al vender Aeromexico a Banamex, se violó la ley del IPAB:

La venta de Aeromexico se complicò y sobre todo con el interés que mostró Gastón Azcarraga, presidente actual de Mexicana de Aviación, por Aeromexico.

Lo anterior en virtud de que si a Gastón Azcàrraga le negaron el derecho de entrar a la subasta por Aeromèxico, la Comisión de Competencia (CFC) tiene que explicar las razones de negar la entrada a Gastón Azcarraga y el por qué no ha actuado de la misma manera en el caso de los Bancos.

Y es que de acuerdo con informes dados por la CFC, este organismo señalo que Gastón Azcarraga, no podía adquirir la aerolínea en virtud de que se generaría nuevamente un monopolio ya que (Mexicana y Aeromèxico) detentaría como mínimo el 38.8% del mercado aéreo total, pero este podría ser de más del 58%.

En este caso, la CFC tendría que explicar el por qué en el caso de los bancos, particularmente con BBV-Bancomer y Citygroup, quienes detentan aproximadamente el 50% del mercado, se ha actuado de manera tan flexible por este organismo regulador.

Lo anterior se complicó aún más ya que independientemente del monto que ofrecieran por el Consorcio Aeromexico, la familia SABA y BANAMEX, estaban impedidos por la ley del IPAB para adquirir mediante subasta o cualquier otra forma, algún activo proveniente del rescate bancario.

Por ello la Comisión de Vigilancia y la Auditoria Superior de la Federación están obligados a fincar responsabilidades a Maria Teresa Fernández, (Secretaria Ejecutiva del IPAB) y a la Junta de Gobierno del Instituto por aprobar la operación contraviniendo el marco jurídico del Instituto y las normas para vender activos.

Para corroborar lo anterior, solo basta señalar que el 12 de agosto de 1999, el Instituto de Protección al ahorro Bancario (IPAB) dio a conocer su programa de Enajenación de Bienes, en el cual se sustentarían todas las operaciones de venta de activos que realiza el Instituto.

De ahí que el propio IPAB y en cumplimiento del articulo décimo tercero transitorio. Emitió el Programa de Enajenación de Bienes en el cual estableció que:

El Programa de Enajenación de Bienes seria de aplicación obligatoria en los procesos de delegación de administración y/o enajenación de Bienes a que se refiere el artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Y en dicho programa se estableció que “No podrán constituirse como Oferentes y Adquirentes las personas que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos”:

viii) Personas físicas que en su carácter de accionistas de una Institución, que haya sido sujeta a programas de saneamiento financiero en términos del artículo Séptimo Transitorio de la Ley o implementados por el Instituto de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley, hayan formado parte del grupo de control de dicha Institución en términos de la Ley de Instituciones de Crédito.

Lo anterior quiere decir que ni la familia SABA, ni Banamex, podìan entrar a la subasta, ni mucho menos adquirir Aeromexico, en virtud de que ambos fueron apoyados en su momento por el Fobaproa ya que este adquirió créditos o cartera de Banamex (véase Bank Report de Banamex) y también la familia SABA aparece dentro del Acta de Entrega del Fobaproa al IPAB como uno de los “originadotes de flujos en los Programas de Capitalización y Compra de Cartera” lo anterior consta en la información que se encuentra en la propia Cámara de Diputados, por lo que resulta absurdo que los legisladores se pronuncien y exijan transparencia en la operación, cuando ellos no se han pronunciado en torno a esta irregularidad.

Pero por si lo anterior no fuera suficiente, el articulo 64 de la ley del IPAB, establece que la enajenación de los bienes deberá ser mediante subasta pública o por licitación publica, siendo claro que en el caso de Aeromexico, lo que se ha hecho es una oferta pública de acciones a través de la bolsa de valores (oferta hostil), figura que no esta establecida en la ley del IPAB.

Articulo 64

La enajenación de los bienes será mediante subasta publica, a menos que por la naturaleza o condiciones de venta de los bienes específicos respectivos, la junta de gobierno considere que ese procedimiento no permita obtener las mejores condiciones económicas para el instituto, caso en el que la propia junta de gobierno podrá autorizar que las ventas se realicen por licitación publica con las reglas, términos y condiciones que la misma establezca.

En la enajenación de acciones representativas del capital de las instituciones, se seguirán los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior preferentemente con instituciones financieras.

Cuando se trate de la enajenación de bienes que, por sus características específicas, no sea posible la recuperación a valor de avalúo, debido a las condiciones imperantes en el mercado, la junta de gobierno podrá autorizar la enajenación a precio inferior. Esto, si a su juicio, es la manera de obtener las mejores condiciones de recuperación, una vez consideradas las circunstancias financieras prevalecientes.

De esta manera se puede concluir que la operación de venta de Aeromexico a Banamex, además de haber violado el marco jurídico del IPAB, representó una pérdida para las finanzas públicas y para los contribuyentes, más aún si consideramos que el costo para el Fobaproa-IPAB de haber saneado a estas empresas (Mexicana y Aeromexico; es decir CINTRA) fue de poco mas de 500 millones de dólares y después de casi 8 años se recuperaron sólo 350 millones de dólares.

Pero esta pérdida es mayor si consideramos que en el año 2000 Adalberto Palma, mejor conocido como el vocal “incomodo” del IPAB, recomendó que se explorara la posibilidad con la Comisión Federal de Competencia de vender junto y no separado a CINTRA, lo que hubiese generado ingresos por aproximadamente 1,500 millones de dólares, cifra casi 5 veces superior a lo que finalmente se obtuvo.

Finalmente conviene señalar que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Antonio Ortega Martínez, (hermano del aspirante a la Presidencia del PRD), está obligado a investigar minuciosamente no sólo la venta de Aeromexico, sino todo el fracaso para las finanzas públicas del caso CINTRA, más aún porque atrás de Banamex, se encuentran empresarios que apoyaron fuertemente la campaña de Felipe Calderón.

ANEXO 1:

ACTA DE LA SESIÓN 18 DE LA JGIPAB

Acto seguido, el Lic. Gustavo Castillo dio lectura a la nota “Cintra, S.A. de C.V.”

Al término de la presentación, el Lic. Alejandro Creel sugirió que la contratación de los terceros especializados que participarán en el diseño de las estrategias de venta de Cintra, S.A. de C.V. se hiciera en el marco de la resolución de la consulta de fecha 2 de octubre de 2000 dictada en el expediente CON-29-2000 por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia.

Al respecto, el Lic. Gustavo Castillo precisó que se trataría de un procedimiento de invitación restringida.

El Dr. Carlos Noriega y el C.P. Mario López Araiza señalaron que el Instituto debía hacer explícito su acatamiento a la resolución de este órgano desconcentrado.

En cuanto a la resolución misma, el Dr. Carlos Noriega apuntó que era importante ya no retrasar la venta para evitar que continúe el deterioro de la empresa y permitir su sano desarrollo.

Por su parte, el Ing. Adalberto Palma dio lectura a una serie de consideraciones sobre el pronunciamiento de la Comisión Federal de Competencia, a saber:

“1. Recordemos que conforme a la Ley que rige al Instituto es nuestra obligación tutelar por una sana administración del activo y proceder a la venta de los bienes al mejor precio posible.

2. En este orden de ideas, es necesario que el Instituto contrate un asesor financiero independiente que determine las distintas opciones de venta de Cintra, S.A. de C.V., conforme a criterios generales de negocio y que permita al Instituto cumplir con su Ley.

3. El oficio expedido por la Comisión Federal de Competencia si bien es cierto tiene el carácter de consulta, impone un criterio en el proceso de venta, ya que textualmente dice: ‘que la opción de venta conjunta y de dejar sin efecto las resoluciones dictadas en los expedientes CNT-25-95 y RA-21-95 de la Comisión Federal de Competencia, relativos a Cintra y Subsidiarias, consolidaría una concentración de las prohibidas por la Ley Federal de Competencia.’

Por ende, no obstante que en principio se puede sostener que no causa un agravio directo al Instituto por ser una consulta. Sin embargo, no podemos soslayar que limita las opciones de venta de nuestro activo. Y por tanto, ese hecho puede en sí mismo tener el sustento de un agravio al IPAB.

4. En base en lo anterior manifiesto que en mi opinión la Junta de Gobierno debe pronunciarse a favor de que el Secretario Ejecutivo estudie los medios de impugnación disponibles al Instituto a fin de que, de ser procedente, se promueva acción de amparo y con ello evitar que se nos limiten las opciones de venta.

5. A mayor abundamiento propongo que se analice con cuidado el tema del acto consentido para que no caigamos en el supuesto de que en un futuro sea improcedente una acción de amparo en contra de una resolución que expida la Comisión Federal de Competencia, lo cual implicaría un serio daño al interés jurídico del Instituto en el tema de Cintra.

6. Finalmente no podemos dejar de considerar el hecho de que eventualmente el Congreso de la Unión a petición de la Comisión de Comunicaciones y Transportes nos podría solicitar una explicación del tema de la Comisión Federal de Competencia.

” El Lic. Alejandro Creel solicitó incluir otros argumentos en apoyo a la decisión de acatar la resolución de la Comisión Federal de Competencia: evitar el deterioro de la empresa, el tiempo transcurrido con la empresa en medio de conflictos, y el respeto a las decisiones de las autoridades en la esfera de su competencia.

Por último, el Sr. Julio César Méndez inquirió a los presentes sobre la conveniencia de invitar a Bancomer, S.A. y al Banco Nacional de México, S.A., en su calidad de accionistas de Cintra, S.A. de C.V., a un grupo de trabajo que estudiaría la enajenación de las acciones representativas del capital social del consorcio.

Sobre el particular, el Lic. Carlos Isoard se pronunció por la conveniencia de la participación de esos accionistas, sujeto al establecimiento de reglas para evitar conflictos de interés; a su vez, el Ing. Adalberto Palma sugirió que habida cuenta que aún no se definía la naturaleza y alcance del grupo de trabajo, se estudiara el tema en una sesión posterior.

Discutido lo anterior, con el voto en contra del Ing. Adalberto Palma Gómez los presentes adoptaron el siguiente:

Acuerdo IPAB/JG/00/18.7

Con fundamento en los artículos 61 a 64, 68 fracción XIII y 80 fracciones VI a VIII de la Ley de Protección al Ahorro Bancario; y 14 fracciones VI, XXVIII a XXX del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario; la Junta de Gobierno: (i) acata el contenido y alcance de la resolución de la consulta de fecha 2 de octubre de 2000 dictada en el expediente CON-29-2000 por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia, sobre la consulta de fecha 31 de agosto de 2000 realizada por los representantes legales de Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple; del Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple; de Nacional Financiera, S.N.C.; de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de este organismo público descentralizado; (ii) autoriza la selección mediante invitación restringida de los terceros especializados que coadyuvarán en el diseño del esquema que permita obtener el máximo valor de recuperación posible de Cintra, S.A. de C.V. en el marco de la resolución de la consulta dictada por la Comisión Federal de Competencia; y (iii) instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario que se sometan a la consideración del órgano de gobierno los posibles esquemas de enajenación de Cintra, S.A. de C.V.

LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL DEBE TRANSPARENTAR SU GASTO, SI ES QUE VERDADERAMENTE REQUIERE MAS PRESUPUESTO PARA 2008

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo

La Secretaria de la Defensa Nacional, debería primero transparentar su gasto si es que en verdad requiere un mayor presupuesto para 2008, lo anterior en virtud de que de acuerdo a los datos proporcionados en el Proyecto de Presupuesto se observa que podría existir una “sobrestimación en los gastos por concepto de servicios personales” de más de 12 mil millones de pesos.

Para corroborar lo anterior hay que señalar que de los 34 mil 711.9 millones de pesos presupuestados para el próximo año para la SEDENA, el 85.1% corresponderán al pago de servicios personales (sueldos de los militares), al ascender a 29 mil 538.1 millones de pesos, los gastos proyectados para este concepto.



De esta manera, si revisamos el analítico de plazas y percepciones de la SEDENA se observa de acuerdo a la información entregada a los diputados, existen en dicha dependencia 199 mil 545 plazas, de las cuales, 45 corresponden a Generales de División, 150 plazas a Generales de Brigada, 342 a Generales Brigadier, 760 plazas de Coronel, 2,966 de Mayor, 30,614 de Cabo, y así sucesivamente hasta llegar a 67, 561 plazas de soldados.

Sin embargo, se observa que por ejemplo, los Generales de División, perciben un sueldo bruto anual de 113 mil 068 pesos, es decir 9 mil 422 pesos mensuales más prestaciones brutas por 193 mil 312 pesos anuales, es decir 16 mil 109.3 pesos mensuales, por ello, de según la información contenida en el presupuesto de egresos, la percepción total bruta mensual para un General de División para el próximo año sería de 25 mil 531.7 pesos.

De tal manera que si multiplicamos las percepciones totales de los Generales de División por el numero de plazas que se tienen de esa jerarquía, se obtiene que la nómina de la SEDENA para los Generales de División en el 2008 será de 13 millones 787 mil 100 pesos.

Así si realizamos el cálculo de la nómina para cada rango militar se obtiene que el pago a los 760 Coroneles 177 millones 519 mil 280 pesos, que el pago a los 67,561 soldados será de 4 mil 462 millones 944 mil 538 pesos y el pago de las 197 mil 345 plazas que se tienen con rango militar, generará una nómina total de 17 mil 360 millones 590 mil 830 pesos.

Cabe destacar que esta nomina obtenida con los datos contenidos en el Presupuesto de Egresos para 2008, resulta inferior en 12 mil 148 millones de pesos, al gasto por concepto de servicios personales que se incluye en el Presupuesto asignado a la SEDENA para 2008 (29 mil 538.1 millones de pesos).



De lo anterior se desprende que los gastos en servicios personales se han sobrestimado en el Presupuesto de 2008, y sólo bastaría realizar un reasignación presupuestaria para que la SEDENA adquiera el equipo militar que le hace falta (radares, aviones, humvies, etc) o bien las percepciones de los altos mandos militares (Generales, Coroneles, Tenientes y Mayores) son muy superiores a lo que se ha informado en el Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008, y por ello es necesario que se asignen 7 mil millones de pesos adicionales a la SEDENA para adquirir el equipo que se requiere.

Es claro que en cualquiera que sea el caso, los diputados tienen la obligación de solicitar a la SEDENA una mayor transparencia e información respecto a las asignaciones del gasto que realiza la Defensa Nacional.

Ya que para muchos nos parece absolutamente increíble que la percepción mensual de un General de División, de Brigada o Brigadier, sea de aproximadamente 25 mil pesos mensuales, o bien que la nómina del ejercito se de casi 30 mil millones de pesos.

Cabe destacar que la información contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008, nos permite concluir, que el incremento de 40% en los sueldos de “la tropa” ofrecido por Felipe Calderón en el 2007 nunca se materializó y que buena parte de este, si es que se otorga en el 2008, provendrá de los 7 mil millones de pesos adicionales que está solicitando la SEDENA y que equivalen a la totalidad de los ingresos adicionales obtenidos por haber revisado a la alza en 1 dólar, el precio del petróleo proyectado para el próximo año.

Comentario: ese ha sido una de los principales factores que ha tronado no nada más la economía del pueblo, de la gente humilde, sino hasta ha hecho que la diferencia entre media y clase alta se dispare como nunca -hasta entre los potentados hay niveles, quienes recogen migajas (veanse chuchos y gente de esa calaña) y quienes se llevan la mayor tajada-. El presupuesto al estar mal distribuido y tener un gobierno exageradamente caro, las condiciones de vida para los mexicanos, el margen para el comercio y beneficio nuestro es casi nulo. Familias enteras sobreviven bajo el mismo ritmo de vida que dos o tres generaciones, con un tope de ingreso y que si bien varia por generaciones, no altera el fondo del asunto, el cual es que los mexicanos dentro de la política economica del neoliberalismo simplemente ha servido para beneficiar a unos cuantos y eso hasta colegas panistas honesto me lo han sabido reconocer. Así es que debemos organizarnos como ciudadania para tomar el poder que hoy día el espurio por más que intenta no puede ejercer...

Vicente Fox mintió como Candidato, como Presidente y ahora lo hace como Ex presidente

Descargue el audio desde el sitio de la SHP

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo
Octubre 3 de 2007

- Debe ser Juzgado por Traición a la Patria y por Violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

- Cobró dos veces (2005 y 2006) el Seguro de Separación Individualizado

Vicente Fox debe ser juzgado no sólo por enriquecimiento ilícito sino por negligencia, perjurio y traición a la patria, ya que de las declaraciones patrimoniales del ahora expresidente, se observa que no sólo engaño a la gente como candidato, sino también como Presidente de la República falseo sus declaraciones patrimoniales aún y cuando estas se hacen “bajo protesta de decir verdad”, ya que además del desmesurado incremento en su patrimonio, se observan acciones que de por si constituyen delitos de orden administrativo y penal.

Fox el Candidato (1999):

En octubre de 1999, se informó que, de acuerdo a la información proporcionada por Enrique Vilatela, en ese entonces Director General de Bancomex, la familia FOX tenía un adeudo por 3 millones 121 mil dólares y que el Bancomext les reestructuro dicho pasivo para quedar en 440 mil dólares, (sólo el 14% de lo que recibieron).

Adicionalmente se señaló que los adeudos totales de la familia FOX, con seis bancos ascendían a 12 millones 198 mil dólares, de los cuáles 5 millones 211 mil dólares se encontraban ya en el FOBAPROA.

Fue entonces cuándo Cristóbal FOX, reconoció que lo anterior era cierto, sin embargo "Vicente había tomado la decisión de retirarse de las empresas dónde detentaba el 20% de las acciones.

Lo anterior fue lo que origino que el 5 de junio del 2000, cuando Vicente Fox era aún candidato, su apellidó apareció en una lista de más de 700 personas y empresas, que figuraban en un anexo del Acta de Entrega del Fobaproa al IPAB y que estaban denominados como "activos" originadores "flujos" en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera.

A consecuencia de ello, diputados federales del PRD enviaron una carta solicitando a Vicente Corta, quién ese entonces se desempeñaba como Secretario Ejecutivo del IPAB, la ampliación de la información proporcionada por dicho instituto, en torno a dichas listas en las que figuran entre otros muchos, los apellidos de los candidatos a la Presidencia de la República por parte del PRI y del PAN.

A partir de entonces, el candidato PANISTA publico sus declaraciones patrimoniales y señalo públicamente que ya no era accionista de las empresas de su familia y que si tenía algún crédito en Fobaproa, lo desconocía.



Evidentemente Vicente FOX, mintió en sus afirmaciones por las siguientes razones:

1.- Las operaciones del Programa de Capitalización y Compra Cartera, fueron realizadas principalmente durante 95, 96,97, debido a que como su nombre lo indica fue un intento desesperado de las autoridades para capitalizar a los bancos que a la postre quebraron.

2.- Vicente Fox, sabía que estaba en Fobaproa, del cuadro se observa que él fuè socio de las empresas entre 1995 y 1997.

3.- Aún más, si una parte de los créditos recibidos por la familia Fox, tal y como lo acepto su hermano (5 millones 211 mil dólares) estaban en Fobaproa, y a decir de Cristóbal FOX, el Grupo Fox fue víctima también de la crisis, como muchas empresas nacionales, ¿Por Qué Vicente Fox, declaro públicamente que durante 1995, 1996 y 1997 recibió casi un millón de pesos como participación de utilidades del grupo al que pertenecía y que fue víctima de la Crisis?

4.- Si Vicente Fox recibió durante esos tres años un millón de pesos y detentaba el 20% de grupo Fox, implica que el grupo obtuvo utilidades durante esos tres años por alrededor de 5 millones de pesos y sin embargo dejó de pagar, para que su deuda fuera absorbida por el Fobaproa.

5.- Sin embargo Cristóbal y Vicente Fox señalaron en su momento, que para 1999 el candidato Panista ya no forma parte del grupo, pero Vicente Fox, en su declaración patrimonial estableció que para 1998 y 1999 recibió aproximadamente 108 mil pesos, producto de regalías , intereses y dividendos.

6.- Cabe recordar que de acuerdo a los Principios más básicos de Contabilidad, los dividendos son "las cuotas que al distribuir las ganancias de una compañía por acciones, corresponde a cada acción".

Fox como Presidente:

Declaración Patrimonial del 2001:

7.- En su declaración patrimonial del 2001, ya como Presidente de la República Vicente Fox, declaró ingresos adicionales por 60 mil pesos provenientes a una “actividad industrial o comercial”,

Es pertinente señalar que resulta ilegal que un Presidente de la República, tenga alguna actividad comercial o industrial, distinta a la de gobernar un país, más aún y cuando el derecho público establece que la autoridad sólo puede hacer aquello que expresamente le marca la ley, y el artículo 89 de la Constitución Política, no le otorga facultades al Presidente para tener actividades industriales o comerciales, distintas a las de gobernar al paìs.

Declaración Patrimonial del 2002:

8.- En su declaración patrimonial del 2002, Vicente Fox, vuelve a reportar ingresos por su participación en la empresa llamada “El Cerrito” lo que vuelve a constituir una grave falta ya que la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

Más aún el reporto en ese año un ingreso adicional de 572 mil 531 pesos, por concepto de “seguro de ahorro”, cabe destacar que en el Manual de Percepciones o Clasificación del Gasto Público, no existe ningún concepto relativo al “seguro de ahorro” y ninguna Aseguradora Comercial, vende un “seguro de ahorro”

(LFRASP)

ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

XI.- Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

Cabe destacar que esta violación de ley se repite en virtud de que mantiene su participación en empresas hasta 2004.

Declaración Patrimonial de 2003:

9.- En su declaración patrimonial de 2003, Vicente Fox, no reporto sus ingresos de manera ilegal si se revisa la declaración patrimonial entregada a la Secretaria de la Función Pública se observa que no se encuentran reportados sus ingresos de ese año, lo que constituye una violación a la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Declaración Patrimonial de 2004:

10.- En su declaración patrimonial de 2004, Vicente Fox, reporta ingresos por casi 3 millones de pesos, provenientes del reembolso de su participación en la empresa “DE EL CERRITO” y “otros” ingresos por 691 mil 328 pesos de los cuales no explica su procedencia.

Lo anterior implica que realmente fue hasta el 2004, cuando finalmente Fox dejó de participar ilegalmente (debido a la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos) en esta empresa.

Declaración Patrimonial de 2005:

11.- En su declaración patrimonial de 2005, Vicente Fox, reportó ingresos provenientes del Seguro de Separación Individualizado de los Servidores Públicos (el mismo que AMLO ha pedido que desaparezca) por 290 mil 539 pesos, lo verdaderamente absurdo e ilegal, es que Vicente Fox, no se separo de “ningún encargo” puesto que continuó como “funcionario público” un año más.

Declaración Patrimonial de 2006:

12.- En su declaración patrimonial de 2006, Vicente Fox, volvió a reportar ingresos provenientes del Seguro de Separación Individualizado de los Servidores Públicos, pero esta vez ascendieron a 267 mil 295 pesos, lo que sugiere que cobró esta prestación (“prebenda”) 2 veces, lo que constituye otra grave ilegalidad.

(Se Adjuntan Declaraciones Patrimoniales en archivo .zip)

Bajar aquí Declaraciones Patrimoniales

En servicios personales se gastaron $415 mil 213 millones en 8 meses: SHCP

Para comidas, viáticos, asesorías y representación, $9 mil millones: Di Costanzo

Juan Antonio Zúñiga / La Jornada

La nómina burocrática del sector público mexicano se elevó a 415 mil 213.5 millones de pesos hasta agosto de este año, 26 mil millones de pesos más que el monto utilizado para este fin en ocho meses de 2006, indican informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El crecimiento anual del gasto en servicios personales fue de 6.7 por ciento, y su volumen es de tal magnitud, que la totalidad de los recursos transferidos por Petróleos Mexicanos (Pemex) al gobierno federal, entre enero y agosto, representaron 80 por ciento de las erogaciones destinadas a cubrir la nómina del sector público.

Según los informes oficiales, el gobierno federal recibió 332 mil 873.4 millones de pesos de Pemex en los primeros ocho meses de este año, por la carga impositiva aplicada a la paraestatal. Esa cantidad fue menor en casi 103 mil millones de pesos a la recaudada en el mismo lapso por la aplicación de derechos, aprovechamiento y otros impuestos a Pemex.

Las transferencias de Pemex al gobierno federal por la vía impositiva disminuyeron, pero los gastos de la nómina burocrática se mantienen en ascenso, a tal grado que la recaudación total obtenida por la aplicación del impuesto sobre la renta en los primeros ocho meses del año fue equivalente a 88 por ciento del gasto en sueldos, prestaciones y apoyos relacionados con los servicios personales del sector público, durante el mismo lapso.

Subieron 3.6% los gastos personales

Sólo en agosto reciente, los gastos en servicios personales absorbieron casi 68 mil 300 millones de pesos, lo que representó un incremento de 3.6 por ciento en términos reales respecto a lo erogado en el mismo mes de 2006.

Los recursos destinados a la nómina burocrática se elevaron, pero el gasto neto total pagado por el sector público registró una disminución anual de 5.3 por ciento en agosto. Los ajustes y ahorros alcanzados en los distintos renglones del gasto no tocan los pagos por servicios personales de los trabajadores del sector público, pero menos aún las elevadas remuneraciones de la alta burocracia.

Al respecto, Mario di Costanzo, secretario de la hacienda pública del equipo de Andrés Manuel López Obrador, señala que en el presupuesto de egresos para 2008 se asignan 9 mil millones de pesos a gastos por concepto de Productos Alimenticios, Servicios de Asesoría y Consultoría, así como a Servicios Oficiales.

En la partida 2200, para Productos Alimenticios en las oficinas de directores generales, subsecretarios y secretarios de Estado, se asignan 671 millones de pesos. De esa cantidad, 29.7 millones corresponden únicamente a alimentos de la Secretaría de Hacienda y de éstos, un millón 26 mil pesos se destinan exclusivamente a la oficina del secretario.

El resto, indica Di Costanzo, se refiere a alimentos para las oficinas de los subsecretarios, directores generales y titulares del Servicios de Administración Tributaria (SAT), del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), de la Condusef (Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras) y otros organismos.

Sin embargo, los mayores montos para gastos alimenticios se destinan al Poder Legislativo, donde se dedican 89.4 millones para comilonas; la Secretaría de Agricultura, la de Comunicaciones y Transportes, Hacienda y el Poder Judicial.

Estas facilidades, indica, “son independientes de lo que reciben los altos funcionarios del sector público por diferentes conceptos que integran los sueldos que perciben mensualmente, donde ya se les otorgan algunos vales para despensa”.

Pero además, en la partida presupuestal 3800, denominada de “Servicios oficiales”, se propone asignar 5 mil 272.1 millones de pesos para gastos, entre los que figuran los viáticos y pasajes de los funcionarios públicos, así como otros gastos de representación. Los mayores gastos por “servicios oficiales” correrán a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con mil 861.8 millones de pesos; Sagarpa, con mil 41.6, y Hacienda, con 896.1 millones.

Otra partida se refiere al gasto en “servicios de asesoría”, la 3300, para la cual se destinan 3 mil 61 millones de pesos en 2008. Di Costanzo señala que no se detalla a qué tipo de asesorías se refiere, pues en el Legislativo “se cuenta con varios centros de investigación que han sido creados para dar apoyo y soporte técnico a los legisladores, y en el caso del Ejecutivo federal, cada secretaría y subsecretaría cuenta con una coordinación de asesores y un área de cómputo y sistemas, al igual que el resto de las entidades, por lo que estos gastos no se encuentran claramente justificados”.

CHINOGATE: La SHCP y el SAE mienten nuevamente

ES CLARO QUE LO UNICO QUE BUSCAN ES BORRAR EL RASTRO DEL DINERO QUE FUE GUARDADO POR ZHENLI Y QUE IBA A SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE FECAL

Mario Di Costanzo,
Secretario de la Hacienda Pública Gobierno Legitimo

La Secretaria de Hacienda del Gobierno Espurio y el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados (SAE), mienten y se contradicen al señalar que el dinero decomisado en la casa de las Lomas y que se presume es propiedad de Zhenli Ye Gon se encuentra depositado en el Banco de México (Banxico) a favor de la Tesorería de la Federación.

Es claro que tanto la SHCP como el SEA buscan borrar el rastro del dinero y confundir aún mas las investigaciones, hay que recordar que el 4 de julio pasado, el propio SAE informó en su comunicado de prensa que se anexa, que “los billetes se encuentran físicamente depositados en una institución bancaria de la Unión Americana……”.

Por ello, es totalmente absurdo que ahora se señale que estos ya están de regreso en el país y están depositados en el Banco de México, hay que recordar que el SAE no ha podido explicar que razones lo motivaron para sacar ese dinero del país y depositarlo en Bank of América, ya que si bien es cierto que la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en su artículo 29 establece claramente la posibilidad de asegurar bienes sobre los cuales se tengan indicios suficientes que son propiedad de la delincuencia organizada.

También lo es, que el mismo artículo establece que la persona que sufrió el decomiso puede demostrar la procedencia legitima y en consecuencia la autoridad deberá de devolver dichos bienes.

Por esta razón, y en virtud de que el dinero encontrado en la casa de las Lomas, es una prueba de un delito, debería de estar “custodiado en alguna bóveda” y no haberse depositado en algún banco (nacional o extranjero) generando intereses, lo anterior por la sencilla razón de que si se comprueba su procedencia ilícita, los intereses que genere también son ilícitos, ya que no puede haber nada legal, si se parte de alguna ilegalidad.

Más aún, si el dinero depositado esta generando intereses, en virtud de estar depositado en el Bank of Amèrica, es muy probable que el propio Bank of Amèrica haya puesto ese “dinero sucio” a trabajar, es decir lo haya prestado a alguien o lo haya colocado en el mercado, adquiriendo bonos (para poder pagar los intereses que le esta pagando al SAE).

Por ello, es absurdo que ahora se diga que esos mismos billetes ya regresaron al Banco de Mèxico, ya que si es cierto que verdaderamente estàn de regreso, la posibilidad de que sean exactamente los mismos billetes es nula, por lo que ya se habra borrado el rastro de los billetes decomisados.

Esto es como si vamos al banco y depositamos un billete de 1,000 pesos y al mes siguiente vamos al banco y retiramos el mismo billete, cosa que es prácticamente imposible, más aún si se trata de 250 millones de dólares.

Es importante señalar de que la única posibilidad de que fueran los mismos billetes, seria solo que en realidad estos nunca hubieran salido del país, lo que evidenciaría la mentira del SAE en su comunicado del 4 de julio, y haría todavía más sospechoso todo este asunto.

En otras palabras, el dinero decomisado, en este momento tiene una característica especial, ya que además de ser dinero, en este momento es la prueba de lo que puede constituir un grave delito, por ello, tendría que estar resguardado en alguna parte y no depositado en un banco, más aún tendría que existir una relación detallada de la denominación de cada billete, así como sus números de serie, ya que de no ser así, los abogados de nuestro personaje, “el chinito” podrían argumentar que el dinero que esta depositado ahora en Bank of Amèrica, no es el mismo que les decomisaron y por lo tanto no se puede decir que era ese el que provenía del narcotráfico.

Sin embargo el asunto se vuelve más complicado por que el “chinito más famoso en México” después de Fumanchu, ha señalado la relación de ese dinero con la campaña de Calderón, acusando a un miembro importante del llamado en su momento “cuarto de junto” del entonces candidato Felipe Calderòn.

Hay que recordar que así como Fox tuvo a los “Amigos de Fox”, Felipe Calderón tuvo en su momento al llamado “Cuarto de Junto” que operaron en sus momentos, al margen del PAN, por ello, el propio Espino, se ha deslindado de las declaraciones del “chinito”, hay que recordar que el llamado “Cuarto de Junto” estuvo integrado en su momento, por: Max Cortazar, Abraham González, Mourinho, Vicente Corta, Javier Lozano, Jesús Reyes Heroles, Luis Tellez, así como el actual director del SAE (Luis Miguel Alvarez), entre otros muchos ex distinguidos pristas.

COMUNICADO DE PRENSA DEL SAE DEL 4 DE JULIO


PLENO CONTROL DEL SAE SOBRE EL
DINERO ASEGURADO EN LAS LOMAS

En relación a los recursos asegurados por la Procuraduría General de la República (PGR) el pasado día 15 de marzo, al ciudadano de origen chino nacionalizado mexicano, Zhenli Ye Gon, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) informa que en ningún momento ha dejado de ejercer los derechos sobre el monto depositado en Banjército, y por lo tanto, dicho dinero no ha estado, ni está, en riesgo.

En consecuencia, como institución que por ley tiene entre sus mandatos el de administrar los bienes asegurados por la PGR en procesos relacionados con delitos federales, el SAE tiene pleno control de los recursos, a través de la cuenta especial a la cual fueron destinados y con el respaldo de las respectivas fichas de depósito.

Luego de que la PGR aseguró el dinero encontrado en la residencia de Las Lomas, dicha dependencia realizó el depósito de los recursos en una cuenta especial a nombre del SAE en Banjército, institución bancaria que a su vez entregó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes las respectivas fichas de depósito.

Es a partir de ese momento que el numerario está respaldado por el banco mediante un estado de cuenta. Es una práctica bancaria común que si la moneda extranjera puede ser introducida al mercado cambiario local, se conserva físicamente, en este caso, en México. Pero al tratarse de un monto de tal magnitud, y de acuerdo con las sanas prácticas bancarias se transfirió el numerario al Bank of America.

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Es por esa razón que a pesar de que los billetes se encuentren físicamente depositados en una institución bancaria de la Unión Americana, los derechos sobre ese dinero están a salvo en México, incluyendo los rendimientos que generen, al amparo de la titularidad del SAE.

En apego también a las normas legales en la materia, una vez depositados los recursos en Banjército, el SAE instruyó a la Tesorería de la Federación (Tesofe) para que en su nombre hiciera una transferencia electrónica del monto en dólares de los recursos asegurados, al Banco de México, quedando dicho depósito a favor del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

El destino final de ese dinero, hoy sujeto de un litigio, será determinado por la autoridad competente del Poder Judicial, y sólo hasta entonces el SAE dispondrá de esos recursos. En caso de que el juez de la causa determine el decomiso, conforme a la legislación vigente, el SAE pondrá a disposición el dinero y los rendimientos generados para su distribución en tres tantos iguales entre el Poder Judicial, para reforzar los programas de procuración de Justicia; la PGR, para apoyar la lucha contra de la delincuencia organizada, y la Secretaría de Salud, para fortalecer los programas de Combate a las Adicciones.

En total fueron depositados 204 millones 105,676 dólares, luego de que se cubrieron diversos gastos, entre ellos, pago de seguros, traslados, comisiones por conteos y autentificación (cinco en total), además de la detección de 21,090 dólares falsos en distintas denominaciones. Por estos servicios se erogaron un total de un millón 438,960 dólares.

El monto de los intereses generados, al 30 de junio, es ligeramente superior a 1.6 millones de dólares, con lo que el saldo a esa fecha es de poco más de 205.7 millones de dólares. Por lo que respecta al numerario asegurado en Euros (201,460) éste continúa –sí físicamente- en Banjército, en virtud de que no existen cuentas abiertas en Banco de México en este tipo de moneda.

Conforme a las leyes mexicanas, y a las atribuciones legales del SAE, no hay en el procedimiento descrito ninguna irregularidad y sí, por el contrario, apego estricto a la normatividad. El dinero está a buen resguardo, y en esa condición estará hasta que la autoridad judicial correspondiente determine su destino final.

De ninguna manera los recursos asegurados se están compartiendo con el gobierno de los Estados Unidos.

Por todo lo anterior, el SAE reitera el pleno apego a la legalidad y transparencia en sus operaciones y decisiones.

Área de comunicación de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo de México.

Secretaría de la Hacienda Pública.

EL SISTEMA DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES ASEGURADOS (SAE) ESTA LAVANDO DINERO DE LA CAMPAÑA DE CALDERON

Mario Di Costanzo

Gobierno Legítimo de México, 6 de julio del 2007 (Secretaría de la Hacienda Pública).- Más allá de las declaraciones realizadas por Zhenli Ye Gon, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados, vuelve a mostrar la poca transparencia con la que opera, y todavía sin poder solventar las observaciones que le hiciera la Auditoria Superior de la Federación hace menos de tres meses, ahora vuelve a sorprender a todos, al señalar que los más de 204 millones de dólares encontrados en la casa de las Lomas en México D.F. se encuentran “seguros y están depositados” en una cuenta del Bank of América.

Mas aún el propio SAE ha señalado que a la fecha, los intereses generados al 30 de junio de este año, son poco más de 1.6 millones de dólares.

Sin embargo el SAE no ha podido explicar que razones lo motivaron para sacar ese dinero del país y depositarlo en Bank of América, ya que si bien es cierto que la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en su artículo 29 establece claramente la posibilidad de asegurar bienes sobre los cuales se tengan indicios suficientes que son propiedad de la delincuencia organizada.

También lo es, que el mismo artículo establece que la persona que sufrió el decomiso puede demostrar la procedencia legitima y en consecuencia la autoridad deberá de devolver dichos bienes.

Por esta razón, y en virtud de que el dinero encontrado en la casa de las Lomas, es una prueba de un delito, debería de estar “custodiado en alguna bóveda” y no depositada en algún banco (nacional o extranjero) generando intereses, lo anterior por la sencilla razón de que si se comprueba su procedencia ilícita, los intereses que genere también son ilícitos, ya que no puede haber nada legal, si se parte de alguna ilegalidad.

Aquí nota completa

Más info: www.revoluciones.org

Comunicado de la SHP: Consulta de Iniciativa Fiscal propuesta por el Gobierno Legítimo de México

Se informa a la ciudadanía que hemos puesto a su disposición la Iniciativa Fiscal que presentó el Gobierno Legítimo de México y los diputados del Frente Amplio Progresista.

Estarán disponibles tanto el documento integro como la presentación en diapositivas que fue presentada al senado. Permanecerán ambos documentos fijos en la columna derecha en el apartado "Iniciativas" en este espacio.

Por la atención prestada, muchas gracias.

Área de comunicación de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo de México.

Secretaría de la Hacienda Pública.

Comunicado de la SHP: Di Costanzo mañana en Hoy por Hoy

Se comunica a la ciudadanía que el titular de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo de México, Mario Di Costanzo, participará el día de mañana durante la emisión del programa Hoy por Hoy con Carmen Aristegui, será este jueves 21 de junio por el 900AM

Por la atención prestada, muchas gracias.

Área de comunicación de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo de México.

Secretaría de la Hacienda Pública.