DEL PROCESO DE ESTA SEMANA

Van algunas notas del Proceso de esta semana, empezando con esta, que pone en evidencia el hecho de que la disque guerra contra el narco del CEROTE CON PATAS no sirvió, como hemos insistido en este blog, más que para pura CHINGADA:

El narrco ahí sigue
Ricardo Ravelo

La guerra del presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico, en medio de fuertes decomisos y algunas detenciones, no ha alterado el negocio de las drogas, que sigue creciendo en el territorio nacional con algunos signos alarmantes: policías de por lo menos 20 entidades protegen a los narcos, las batallas de los cárteles han cobrado ya unas 2 mil 500 ejecuciones con inédita crueldad. Y mientras los militares recogen estupefacientes en las calles, las dependencias policiacas responsables de la seguridad nacional languidecen en medio de despidos, disputas e inoperancia…

Cumplidos 12 meses de que Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República y le declaró la guerra al narcotráfico, el balance no sólo es negativo, sino alarmante: la violencia se ha incrementado en el país; los cambios y la rotación de mandos policiacos de nada han servido, y las complicidades de las policías con el crimen organizado siguen estrechándose en la mayoría de las entidades.

A pesar de los cuantiosos decomisos de drogas y la detención de algunos personajes del narcotráfico –acciones que el gobierno ha celebrado en toda oportunidad–, la cocaína y otros alcaloides ingresan en grandes cantidades por las aduanas, puertos y aeropuertos, de suerte que la campaña emprendida por el gobierno federal no ha alterado el negocio de las drogas.

Los cárteles que operan en el país –de Juárez, de Sinaloa, del Golfo y de Tijuana, con todas sus ramificaciones– mantienen estables sus estructuras criminales, no obstante que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública sostienen que se les ha golpeado y que están debilitados. Lo cierto es que las principales arterias del crimen organizado funcionan en casi todo el territorio nacional con la protección de la policía.

Mientras tanto, los cambios de mandos en la Secretaría de Seguridad Pública y las estrategias de su titular, Genaro García Luna, han probado ya su inoperancia. Y la promesa presidencial de recuperar “los espacios de convivencia para la sociedad” no ha podido cumplirse: las balaceras y las ejecuciones se multiplican en todas partes y estremecen a la población.

En el primer año del gobierno de Felipe Calderón, en el país se han cometido, según datos oficiales, poco más de 2 mil 500 ejecuciones, la mayoría de las cuales se mantienen impunes.

Estos primeros 12 meses terminan como iniciaron: agitados por el crimen organizado, como pudo confirmarse apenas el pasado jueves 29 de noviembre, en la jornada de terror que vivieron los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo.

En Río Bravo, Tamaulipas, fueron ejecutadas seis personas, entre ellas Juan Antonio Guajardo Anzaldúa –quien fue senador de la República, diputado federal y local, así como dos veces alcalde de ese municipio–, días después de haber denunciado que el crimen organizado estaba infiltrado en el proceso electoral del estado y tras haber cuestionado severamente al gobernador tamaulipeco, Eugenio Hernández, por sus presuntas ligas con el narco.

Guajardo Anzaldúa era una voz crítica de los hombres del poder en Tamaulipas: había señalado, en distintas ocasiones, que el exgobernador Tomás Yarrington estaba relacionado con el cártel del Golfo y que el actual procurador de la entidad, José Guadalupe Herrera, “sirve a los intereses de ese cártel”, pues tiene dos hermanos que operan en esa organización criminal (Proceso 1610).

Semanas atrás, Guajardo fue amenazado de muerte. Por ello la PGR le asignó cuatro escoltas de la AFI para su protección, pero la tarde del pasado jueves, cuando arribó al restaurante La Rockola, propiedad de su hermana, fue asesinado junto con otras cinco personas, dos de las cuales eran agentes federales y otras dos colaboradores cercanos.

En San Luis Potosí fueron ejecutadas cinco personas, en pleno Centro Histórico, por un comando armado que se enfrentó con la policía. Entre los muertos figuran dos escoltas del empresario Roberto García Navarro, propietario de la empresa de chicles Canel’s, a quien presuntamente pretendieron secuestrar.

El mismo día, en Hidalgo, fueron hallados los cuerpos de cinco personas en el interior de una camioneta estacionada en el acotamiento de la carretera México-Laredo, en el municipio de Ixmiquilpan. Los muertos tenían la boca tapada con cinta canela y estaban atados de pies y manos.

En su guerra contra el narcotráfico, el presidente Felipe Calderón tiene un enemigo enquistado en la estructura de poder: los policías. Según datos consultados en la PGR, existen investigaciones en curso –otras más han sido consignadas con detenidos a los juzgados federales– que revelan las vinculaciones de los cuerpos policiacos con el narcotráfico en más de 20 estados del país, sobre todo en aquellas entidades que son asiento o corredores de los cárteles de la droga.

Los casos más críticos son Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, Michoacán, Jalisco, Campeche, Tabasco, donde, de acuerdo con datos oficiales, el grupo armado Los Zetas y los miembros del cártel de Sinaloa trabajan directamente con algunos mandos policiacos, tanto estatales como municipales.

Explosivo y sin diques que lo contengan, el narcotráfico y la violencia derivada de esta actividad se recrudecen, como en los primeros meses de gobierno, a pesar de que el presidente Calderón decidió echar mano de unos 22 mil efectivos militares (10% de los elementos del Ejército, conformado por unos 200 mil militares), así como de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Policía Federal Preventiva (PFP).

Además, el tráfico de drogas –imparable en todo el país– y las ejecuciones, se multiplican a pesar de que el presidente Calderón incorporó a su gabinete a funcionarios de la pasada administración que fueron protagonistas de la “lucha” contra el crimen organizado, cuya experiencia –se dijo– era importante para dar continuidad a la política contra la delincuencia.

Tal es el caso de Eduardo Medina Mora, quien durante el sexenio de Vicente Fox se desempeñó como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), primero, y como secretario de Seguridad Pública, después.

Al segundo cargo llegó por una tragedia atribuida al narcotráfico: el derribamiento y explosión de un helicóptero –el accidente ocurrió el 21 de septiembre de 2005 en San Miguel Mimiapan, Estado de México–, en el que murieron varios funcionarios del Gabinete de Seguridad, entre ellos Ramón Martín Huerta, quien fungía como secretario de Seguridad Pública.

Este caso –que evidenció la vulnerabilidad del gobierno frente al narco y las complicidades de altos funcionarios con el crimen organizado– nunca se aclaró. Por el contrario, el entonces presidente Vicente Fox ordenó guardar la investigación durante 10 años invocando “razones de seguridad nacional”.

Los funcionarios

Ahora que el libro La diferencia, escrito por Jorge G. Castañeda y Rubén Aguilar, reveló los desatinos y titubeos del entonces presidente Fox para nombrar a los miembros de su gabinete, cobra relevancia el hecho de que Medina Mora llegó a la Secretaría de Seguridad Pública a través de una recomendación.

Según datos confirmados por Proceso, Medina Mora se convirtió en el poderoso secretario de Seguridad Pública gracias en buena medida a su cercanía con María Amparo Casar, quien fungió como jefa de asesores del entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, exjefe de Medina Mora. Creel lo acogió y lo nombró director del Cisen sin considerar su nula experiencia en tareas de inteligencia, pues gran parte de su carrera profesional la desarrolló como abogado corporativo de la empresa Desc, especializada en perfiles de acreedores y clientes (Proceso 1572).

Su nula experiencia fue evidente durante su desempeño como secretario de Seguridad Pública: puso en marcha, sin éxito, el programa México Seguro para detener la violencia del narcotráfico; realizó cambios en las filas de la Policía Federal Preventiva; rotó a mandos medios y altos; quiso profesionalizar a la corporación… Pero dicha policía terminó sumida en un descrédito que parece irreversible.

A pesar de sus fallas, el presidente Felipe Calderón lo nombró procurador general de la República, cargo en el que ha sido criticado por la falta de articulación de una política criminal integral, lo que con frecuencia lo confronta con el Gabinete de Seguridad Nacional. A la vuelta de un año de gobierno, la PGR –institución legalmente facultada para combatir el crimen organizado– está reducida a servir como una pieza de apoyo del Ejército y la Marina.

Lo mismo ocurrió con Genaro García Luna, ingeniero mecánico de profesión, quien inició su carrera en los sótanos del Cisen al lado de Jorge Tello Peón. Fue director de la AFI durante el régimen foxista, y aunque durante esa administración se le acusó de tener presuntos nexos con el cártel de Sinaloa (Proceso 1519), el presidente Calderón lo nombró secretario de Seguridad Pública.

Poco antes de concluir el sexenio de Fox, García Luna inició una fuerte campaña de autopromoción: a través de la Asociación Civil México Unido contra la Delincuencia no sólo difundió sus “aciertos” policiacos, sino que afianzó su nombramiento en la administración de Felipe Calderón con la publicación del libro Contra el crimen: ¿Por qué 1,661 corporaciones de policía no bastan?, donde expone la descomposición y los vicios de los cuerpos policiacos, los cuales pretende ahora unificar.

Pero durante su primer año de gestión al frente de la SSP, García Luna no ha podido superar los vicios y fallas que cuestiona en su libro. En el capítulo Vll, titulado “Contra el crimen”, el propio García Luna reconoce la corrupción en las filas policiacas, insuperable hasta la fecha:

Hoy en día más del 93% de la policía en México es municipal y estatal. En los modelos más eficientes de seguridad en el mundo la policía más importante es la de proximidad social, misma que cuenta con formación, sistemas, logística y métodos de vanguardia. En cambio, en nuestro país las policías municipales registran en general el mayor rezago conceptual y estructural; es decir, las corporaciones que están en contacto directo con la sociedad son, paradójicamente, las más abandonadas.

Esto obedece en parte al modelo que aceptó la corrupción como mecánica operativa. Se asumió como ventaja cohabitar con el hampa, se justificó la operación policial con recursos no institucionales. El hecho es que la relación entre sociedad y el principal punto de contacto con la autoridad se rompió, lo que generó un círculo vicioso: una policía despreciada, sin la vigilancia y atención que requiere para su desarrollo; en consecuencia, sin capacidad para prevenir y combatir los delitos.

García Luna no ha podido resolver estos viejos vicios que, por el contrario, se han agudizado en el primer año del gobierno calderonista, con una agravante: el funcionario tiene constantes confrontaciones al interior de la SSP y roces frecuentes con el procurador Eduardo Medina Mora.

El titular de la SSP ha ido de ensayo en ensayo en materia de seguridad pública: ha rotado a la mayoría de los mandos medios y altos y ha despedido a cientos de policías –la mayoría recurrió al amparo porque afirman que fueron corridos injustificadamente–, pero estas medidas no han podido frenar la marejada de violencia que azota al país.

No es todo: al inicio del sexenio, sin la aprobación del Congreso, García Luna incorporó a 10 mil militares a las filas de la PFP y anunció su proyecto de unificar a la PFP y a la AFI en una policía única. Su idea no ha sido aprobada.

Pero lo más grave son las diferencias que se observan en la SSP. Por ejemplo, en marzo de este año Ardelio Vargas Fosado –exfuncionario del Cisen que fue considerado pieza clave en la SSP– renunció a la titularidad del Cuerpo Federal de Policía. La razón: sus enfrentamientos con García Luna. Vargas Fosado tuvo que regresar al lado de su compadre Eduardo Medina Mora, quien lo designó responsable del Centro de Inteligencia de la PGR.

De 2000 a 2007, en la PFP han sido dados de baja 3 mil 728 elementos, según datos oficiales. Entre las bajas destacan 799 por incumplimiento de los requisitos de permanencia, 142 casos de abandono de empleo, 2 mil 187 renuncias y 254 casos con denuncias no especificadas.

El personal que ha causado baja incluye lo mismo altos mandos que cabos de la policía. En la lista figuran 19 comisarios generales, 42 comisarios jefe, 59 comisarios, 75 inspectores generales, 480 subinspectores, mil 107 suboficiales, 316 sargentos primeros, 217 sargentos segundos y 373 cabos, entre otros.

Los ensayos de García Luna se extendieron a lo largo de todo este año: Tras una balacera en Cananea, Sonora, entre policías y presuntos Zetas, el titular de la SSP despidió a cerca de 300 mandos medios y altos de la PFP en el país, por pérdida de confianza. Algunos agentes permanecen en la institución, supuestamente porque siguen siendo investigados por sus presuntas ligas con el crimen organizado.

Pese a su insistencia en el proyecto de crear una policía única –algo así como una Policía Nacional con un solo mando en todo el país–, el Congreso de la Unión no ha entrado a la discusión de este proyecto, que está “congelado”.

Entre tanto, el narco sigue matando como nunca, sin freno ni recato, y con la máxima crueldad…

Y por si fuera poco, ahora le acaba de salir otro pariente inómodo al PELELE:

Un primo bajo sospecha
Raúl Monge

Como candidato del PAN a la Presidencia, Felipe Calderón se comprometió a que durante su gestión ningún familiar suyo trabajaría en el gobierno. Como presidente, admitió en un alto puesto del IMSS a un primo hermano de Margarita Zavala –Carlos Felipe Castañeda Gómez del Campo– al que se atribuyen acciones poco transparentes para adjudicar contratos por cientos de millones de pesos…

Apesar de que el presidente Felipe Calderón se comprometió a no incluir familiares en su gobierno, un primo político suyo fue dado de alta en la nómina del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) apenas 13 días después de que el michoacano asumió la Presidencia de la República.

Un primo hermano de Margarita Zavala Gómez del Campo, Carlos Felipe Castañeda Gómez del Campo, fue nombrado –el 14 de diciembre de 2006– director de Innovación y Desarrollo Tecnológico del IMSS, cuyo director general es uno de los funcionarios más cercanos al jefe del Ejecutivo, Juan Molinar Horcasitas.

El funcionario, de 47 años de edad, se estrenó en el cargo adjudicándole a una de las empresas del magnate Carlos Slim –de manera poco transparente– un contrato de servicios por mil 500 millones de pesos.

Durante el segundo tramo del sexenio de Fox –de 2003 a 2006–, Castañeda laboró en Petróleos Mexicanos, donde fue pieza clave en la modernización tecnológica, según presume en su ficha laboral.

Fungió como asesor de la Subdirección de Sistemas de Información Financiera de Pemex y estuvo al frente del proyecto de fusión que culminó con la instrumentación de procesos y controles financieros de la paraestatal y sus organismos.

Además, consigna la ficha, tuvo bajo su supervisión directa toda la tecnología relacionada, participó activamente en su reorganización e “impulsó un cambio importante en la administración, planeación y adquisiciones de hardware, logrando una relación capacidad/costo/inversión rentable para Pemex”.

En el mismo período, también fue líder de “los proyectos de tecnología más importantes de la Dirección Corporativa de Finanzas, entre ellos el Sistema de Consolidación Contable Institucional, el de Transformación del Proceso Financiero en Pemex y organismos subsidiarios, y el de desarrollo del Sistema de Controles Internos”.

Su estancia en la paraestatal coincidió con la mejor cosecha de contratos que su primo, Hildebrando Zavala Gómez del Campo –cuñado de Felipe Calderón–, obtuvo de Pemex en la anterior administración, mediante la empresa Meta Data, S.A. de C.V., de la que Margarita Zavala fue accionista.

Una promesa incumplida

Durante una reunión con miembros del Consejo Nacional Empresarial Turístico, en el tramo final de su campaña electoral, Felipe Calderón anticipó (13 de junio de 2006): “En mi presidencia, no trabajará ningún familiar mío en el gobierno federal, y, por supuesto, estarán totalmente sujetas al escrutinio público las obras y los servicios que se contraten”.

Redondeó: “No tengo nada qué ocultar. Jamás he otorgado un contrato a ningún familiar mío y nunca lo haré. Soy padre de tres hijos y los puedo ver de frente a los ojos, porque tengo las manos limpias”.

No obstante, el 14 de diciembre de 2006 –13 días después de que Calderón arribó a Los Pinos–, el Consejo Técnico del IMSS aceptó una propuesta expresa del director Molinar Horcasitas y aprobó el nombramiento del primo hermano de Margarita Zavala como director de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

El cargo que desempeña el pariente político de Calderón, quien ya había transitado antes por el IMSS –fue consultor para el desarrollo de diversos sistemas de recaudación de pagos y se encargó de diseñar y aplicar el llamado Expediente Clínico Electrónico 2000-2003–, no es menor.

Según el manual de operaciones del IMSS, a la dirección que ahora encabeza Castañeda corresponde contratar los servicios externos en materia de tecnologías de información, innovación y desarrollo tecnológicos, así como la adquisición, arrendamiento y mantenimiento de los equipos de cómputo, programas y paquetería de software, servicios de desarrollo de aplicaciones y rediseño de procesos.

Igualmente, se encarga de administrar y operar las redes y sistemas institucionales de comunicación, de datos, texto, video y voz. Y entre sus funciones tiene la de integrar el programa anual y hacer requisiciones extraordinarias de bienes de inversión, servicios y recursos en materia de tecnologías de información.

El hecho de que el primo político del presidente Felipe Calderón se haya incorporado a esas relevantes funciones en el presente sexenio podría reducirse a un incumplimiento de palabra del ocupante de Los Pinos, de no ser por lo que estipula la legislación.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 47, fracciones XII, XV, XVI y XVII, en correlación con el artículo 86, establece restricciones e impedimentos de orden legal para que los funcionarios puedan intervenir, solicitar, designar, contratar, promover, suspender, remover, cesar o sancionar a su cónyuge y a los familiares que se encuentren comprendidos dentro del cuarto grado de parentesco, por consanguinidad, por afinidad o civil.

Y de acuerdo con el Código Civil vigente en materia federal, los familiares comprendidos dentro del cuarto grado de parentesco son los siguientes:

Parentesco por consanguinidad: padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hermanos, medios hermanos, tíos, sobrinos carnales, primos hermanos, y tíos y sobrinos segundos carnales.

Parentesco por afinidad: suegros, padrastros, padres de los suegros, abuelos de los suegros, bisabuelos de los suegros, yernos o nueras, hijastros o entenados, cuñados y hermanastros, sobrinos carnales del cónyuge, tíos segundos, primos hermanos y sobrinos segundos del cónyuge…

“Engaños...”

Más aún, al primo político de Calderón se le atribuye haber adjudicado de manera poco transparente, entre junio y agosto de 2007, cuatro contratos de servicios tecnológicos e informáticos por un monto cercano a los mil 600 millones de pesos. Uno de ellos, por mil 500 millones, fue otorgado a una de las empresas de Carlos Slim.

El pasado 19 de junio, la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico del IMSS publicó en el Diario Oficial de la Federación y en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales de la Secretaría de la Función Pública (Compranet) la convocatoria número 016, referente a la licitación pública nacional número 00641259-016-07 para la contratación del “servicio de telecomunicaciones del IMSS a través de una red privada virtual 2007 y el servicio de CCOSTIC” (Centro de Control Operativo de Servicio de Tecnología de la Información y Comunicaciones).

Inicialmente, 27 empresas nacionales y trasnacionales compraron las bases. Entre las participantes se encontraban Nexitira de México, S.A. de C.V.; Tanderberg; Alcatel E-Business Distribution, S.A. de C.V.; Hewlett-Packard México, S. de R.L. de C.V.; Siemens Enterprise Communications, S.A. de C.V.; Ericsson Telecom, S.A. de C.V., y Uninet, S.A. de C.V.

Ericsson Telecom está considerada como una de las empresas que van a la vanguardia en tecnología e información, y Uninet es una subsidiaria de Teléfonos de México que cuenta con la red pública de datos más grande del país, asegura la empresa de Slim en su portal en internet.

A última hora, en la fase previa a la adjudicación de los contratos de servicios, otras dos firmas obtuvieron las bases de licitación: Sitcom Electronics, S.A. de C.V., y Teléfonos de México, S.A. de C.V.

Pero de todos los contratistas interesados, únicamente General Data Comm de México, Uninet y Vision Holdings México llegaron hasta la fase final del procedimiento y entregaron al IMSS los sobres sellados con propuestas técnicas y económicas.

Uno de los concursantes inconformes –que pide reservar su nombre, para no ser vetado en ulteriores concursos– afirma que el retiro de la puja de 26 empresas no fue casual. Asegura que obedeció a los discrecionales candados impuestos por Castañeda Gómez del Campo y su equipo –que, por cierto, denuncia, proviene de Hewlett-Packard México– con el propósito de favorecer a proveedores específicos.

Al no haber más que tres ofertas concretas, Castañeda Gómez del Campo resolvió, el pasado 30 de julio, repartir el pastel y adjudicó a la subsidiaria de Telmex, representada por Gustavo Santiago López, el contrato para la prestación del servicio de “telecomunicaciones a través de una red virtual”, por el que la firma de Carlos Slim cobrará poco más de mil 500 millones de pesos.

El otro contrato, correspondiente al CCOSTIC, fue otorgado a General Data Comm de México, S.A. de C.V., y a Vision Holdings México, S. de R.L. de C.V., por 58 millones de pesos.

Un par de semanas más tarde, la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico del IMSS lanzó una nueva convocatoria, esta vez para el mantenimiento de los equipos “multimarca” y “Kioskos”. La licitación pública nacional quedó registrada con el número 00641259-020-07.

“... y candados”

Según documentos obtenidos por el reportero, 10 empresas consiguieron las bases y presentaron en tiempo y forma sus propuestas técnicas y económicas: Microser, S.A. de C.V.; Datos Veracruz, S.A. de C.V.; Soluciones Integrales B2W, S.A. de C.V.; Sonda Pissa, S.A. de C.V.; Tec Electrónica, S.A. de C.V.; Alternativas en Computación, S.A. de C.V.; Q Plus, S.A. de C.V.; Ofi Store Computación, S.A. de C.V.; Grupo Promotor de Tecnología y Servicios, S.A. de C.V., y Renta de Datos, S.A. de C.V.

Pero de nueva cuenta los “candados” impuestos por Castañeda –requerimientos que sólo un puñado de empresarios están en capacidad de cumplir– limitaron las posibilidades de por lo menos la mitad de los concursantes para adjudicar una de las tres partidas en que fue divida la licitación.

Según el fallo emitido el pasado 20 de agosto, la partida 1 (mantenimiento correctivo para los equipos “multimarca”) se la llevó en su totalidad la empresa Ofistore Computación, S.A. de C.V., con una oferta de casi 14 millones 740 mil 43 pesos. Por el mismo concepto, Sonda Pissa, S.A. de C.V., había tasado sus servicios en 6 millones de pesos, pese a lo cual no ganó el concurso.

Las partidas 2 y 3 fueron en su totalidad para Sonda Pissa, con una oferta de 5 millones 194 mil 884 pesos y 6 millones 423 mil 914 pesos, respectivamente. Y la partida 4 (mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos “Kioskos”) la obtuvo Tec Electrónica, S.A. de C.V., con una oferta de 6 millones 423 mil 914 pesos

Según el empresario inconforme con el manejo de las licitaciones en el IMSS, en este caso sucedió algo curioso. Afirma que al no poder cerrar las bases a un solo competidor, Castañeda Gómez del Campo descalificó “mediante engaños” a tres empresas que ofrecían condiciones y precios más ventajosos para el IMSS.

Así mismo, asegura que Ofistore Computación, que ganó la partida 1, es una firma poco conocida en la prestación de servicios informáticos, al extremo de que carece de página en internet.

Ofistore fue fundada en marzo de 1999 por Rocío Cardona Utrilla, con un capital social de 300 mil pesos, según consta en el folio 246474 del Registro Público de la Propiedad del D.F. El objeto social de su giro es: fabricación, venta, comercialización, importación y exportación de equipo y artículos para oficina…

Como pueden ver, fecal sigue con su ya añeja tradición del NEPOTISMO (y la MENTIRA y el latrocinio, desde luego).


Una razón más para apoyar al peje en el 2007.