México D.F. a 10 de mayo de 2007
BOLETÍN DE PRENSA
Las amenazas lanzadas el día de ayer por Miguel Ángel Yunes, Director General del ISSSTE son una muestra de la desesperación en que se encuentran los operadores de Elba Esther Gordillo ante el rotundo fracaso jurídico y social de la regresiva modificación a la Ley del ISSSTE y la presentación de miles de amparos de los trabajadores en todo el país.
Es importante señalar que los trabajadores que interpongan los amparos NO pueden resultar afectados ya que, en primer lugar, en la mayoría de los casos, en el procedimiento del amparo, se están impugnando artículos específicos y no la ley en su integridad, en segundo término, por que de considerarse o lograrse la suspensión del acto, lo que quedarían sin efecto serian las nuevas disposiciones contenidas en la “nueva ley” sin lesionar de ninguna manera, los derechos los adquiridos y la antigua ley.
De manera adicional, la aseveración de Yunes es mentirosa, en virtud de que tanto el derecho a la salud, como a la jubilación emanan de principios consagrados en nuestra Constitución Política, por lo que el Estado Mexicano esta obligado en todo momento, a otorgar atención médica, seguridad social y servicios sociales a sus trabajadores.
Por ésta razón ningún juez puede ordenar que a un trabajador se le retiren sus derechos por estar ejerciendo, otro derecho consagrado en la propia Carta Magna.
Es importante mencionar que tanto los artículos 103 y 107 constitucionales y como su ley reglamentaria no condicionan la presentación de la demanda de amparo ni su resolución a la pérdida o coacción en el ejercicio de los derechos de los trabajadores.
Por ello, resulta absolutamente falso y tendencioso afirmar con el objeto de amedrentar a los trabajadores que el ISSSTE podría dejar de ejercer sus obligaciones y suspender los derechos que tienen los trabajadores.
Mas aún, si Miguel Ángel Yunes niega la atención a los trabajadores o a los familiares de los trabajadores al servicio del Estado, que recurran al amparo, estaría incurriendo en una flagrante violación a la ley de responsabilidades de los servidores públicos por lo que serìa acreedor a juicio político.
Mario Di Costanzo, Secretario de la Hacienda Pública; Berta Luján, Secretaria del Trabajo y Asa Cristina Laurell, Secretaria de Salud.
BOLETÍN DE PRENSA
Las amenazas lanzadas el día de ayer por Miguel Ángel Yunes, Director General del ISSSTE son una muestra de la desesperación en que se encuentran los operadores de Elba Esther Gordillo ante el rotundo fracaso jurídico y social de la regresiva modificación a la Ley del ISSSTE y la presentación de miles de amparos de los trabajadores en todo el país.
Es importante señalar que los trabajadores que interpongan los amparos NO pueden resultar afectados ya que, en primer lugar, en la mayoría de los casos, en el procedimiento del amparo, se están impugnando artículos específicos y no la ley en su integridad, en segundo término, por que de considerarse o lograrse la suspensión del acto, lo que quedarían sin efecto serian las nuevas disposiciones contenidas en la “nueva ley” sin lesionar de ninguna manera, los derechos los adquiridos y la antigua ley.
De manera adicional, la aseveración de Yunes es mentirosa, en virtud de que tanto el derecho a la salud, como a la jubilación emanan de principios consagrados en nuestra Constitución Política, por lo que el Estado Mexicano esta obligado en todo momento, a otorgar atención médica, seguridad social y servicios sociales a sus trabajadores.
Por ésta razón ningún juez puede ordenar que a un trabajador se le retiren sus derechos por estar ejerciendo, otro derecho consagrado en la propia Carta Magna.
Es importante mencionar que tanto los artículos 103 y 107 constitucionales y como su ley reglamentaria no condicionan la presentación de la demanda de amparo ni su resolución a la pérdida o coacción en el ejercicio de los derechos de los trabajadores.
Por ello, resulta absolutamente falso y tendencioso afirmar con el objeto de amedrentar a los trabajadores que el ISSSTE podría dejar de ejercer sus obligaciones y suspender los derechos que tienen los trabajadores.
Mas aún, si Miguel Ángel Yunes niega la atención a los trabajadores o a los familiares de los trabajadores al servicio del Estado, que recurran al amparo, estaría incurriendo en una flagrante violación a la ley de responsabilidades de los servidores públicos por lo que serìa acreedor a juicio político.
Mario Di Costanzo, Secretario de la Hacienda Pública; Berta Luján, Secretaria del Trabajo y Asa Cristina Laurell, Secretaria de Salud.
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