JUICIO POLÍTICO A LOS MAGISTRADOS DEL TEPJF.

Una nueva república.

Jesús González Schmal.
14 de octubre de 2006.

El Frente Amplio Progresista nació el 16 de septiembre, en la magna concentración popular del zócalo de la ciudad capital, en la que ciudadanos de toda la República, constituidos en Convención Nacional Democrática, resolvieron proseguir el esfuerzo de unidad, de definición ideológica y de objetivos que había conseguido la coalición Por el Bien de Todos.

La fase electoral concluyó el 6 de septiembre con la absurda resolución del TEPJF, que activó una inconformidad nacional cuyos alcances apenas se vislumbran. Se requería darle secuencia y viabilidad al potencial político comprometido en las largas jornadas de campaña nacional.

La rendición de protesta del presidente legítimo en la persona de Andrés Manuel López Obrador desencadenará acciones en el marco de la resistencia civil pacífica que se irán propagando como círculos concéntricos en el territorio nacional. El curso de esta estrategia estará condicionado a lo que ocurra el 1 de diciembre y el resultado que arroje el pendiente recuento ciudadano de votos, que se exige de la documentación que controla el IFE y que, al amparo del derecho a la información, tendrá que resolver favorablemente el Tribunal Colegiado que conoce en revisión dicha demanda popular.

El Frente Amplio acometerá a su vez tareas de intenso trabajo político para conseguir la amplitud, no sólo de los tres partidos que inicialmente lo promovieron e inscribieron ante el IFE, sino del mayor número de organizaciones ciudadanas con la finalidad de que la plataforma presentada por la coalición Por el Bien de Todos se enriquezca de nuevas aportaciones y se puedan trasladar al ámbito del Congreso, para su realización en reformas legislativas de fondo, a través de los grupos parlamentarios de los tres partidos.

Temas tan importantes como la creación de una entidad estatal en donde ahora existe el DF; la procuración de justicia efectiva, expedita y humanizadora; la administración de justicia imparcial, proba y ajustada a derecho; así como la coordinación y eficacia en los tres ordenes de gobierno en materia de seguridad pública; y un conjunto de reformas e innovaciones que se requieren, podrán lograrse con el más amplio respaldo ciudadano que ejercerá su derecho al plebiscito en las leyes y al referéndum, en las decisiones políticas trascendentes.

En el camino de estos esfuerzos, lo más importante será el espíritu que los anima. Si existe la experiencia de un fraude electoral que abre heridas al sentimiento nacional de quienes habían confiado en el cambio, la respuesta puede ser la insurrección o la reconstrucción con el compromiso de un trabajo cívico-político de gran envergadura. Como lo dijo AMLO en el aniversario de la Independencia: "hoy es un día histórico, se ha proclamado la abolición del actual régimen de corrupción y privilegios, y se han sentado las bases para la construcción y edificación de una nueva República...".

Esa nueva República será la idea motor de una inmensa articulación de voluntades dispuestas a sacudirse el egoísmo para sobreponer los intereses comunitarios, y remontar estructuras añejas que propician el desorden, la inseguridad, inestabilidad e ingobernabilidad. El interés superior de una nación merece este compromiso de sus hijos que todavía creen que la titularidad del derecho soberano les pertenece.

Será un precedente fundamental en esta línea política, el lograr que no quede impune el truculento proceder de la administración de justicia electoral. Es así, como lo sostiene el jurista Raúl Carrancá y Rivas, la resolución del TEPJF que supeditó su resolución a las disposiciones de la ley reglamentaria, ignorando los imperativos constitucionales de primera jerarquía e ineludibles en la más elemental lógica jurídica; no debe pasar desapercibido, por el daño que entraña a nuestro futuro democrático.

Los magistrados del TEPJF deben ser sujetos a juicio político porque, habiendo protestado guardar la Constitución, su conducta ha redundado en perjuicio de los "intereses públicos fundamentales y de su buen despacho". A ninguno de ellos le estaba permitido ignorar los principios ineludibles a los que debe someterse una elección. Haberlo hecho, y consumar el despojo, sin querer recontar los votos para satisfacer el principio constitucional de certeza, constituye una responsabilidad que la memoria nacional no podrá perdonar.