SACA PROCESO AL SOL LOS TRAPOS SUCIOS DEL PAN

Se dio vuelo la revista Proceso este fin de semana sacando al sol los trapos sucios de gente como Manuel Espino, presidente del PAN. A continuación las notas que publicaron.

La primera tiene que ver con las marranadas en las que estuvo involucrado Espino cuando estaba de achichincle de Pancho Barrio en Chihuahua. Mucha de esta información ya la habíamos comentado en el blog desde el año pasado, por cierto--para que vean que a nosostros no se nos duerme:

Un rijoso de sucio pasado
Álvaro Delgado

Acusado de brindar protección a establecimientos que operaban de manera irregular, uno de ellos presuntamente propiedad de un narcotraficante, Manuel Espino Barrientos, actual presidente del PAN, fue despedido hace 13 años del cargo que ocupaba como jefe de la Oficina Desconcentrada de Gobernación en Ciudad Juárez, Chihuahua. En entrevista con Proceso, este dirigente reconoce su carácter rijoso y asegura que los señalamientos en su contra fueron producto de una “tergiversación periodística”.

Personaje de ostensible catolicismo, que para toda ocasión invoca a Dios, Manuel Espino Barrientos tiene una trayectoria política y administrativa que corresponde también a su talante “peleonero y hasta cabrón”, como se autodefine.

“Ni modo, crecí en un barrio de peleoneros y eso no me lo he quitado. En la política si me tengo que poner los guantes, pues ándale, compañero, a ver de a cómo nos toca. A veces (lo hago) por desahogo personal, no tanto por estrategia”, declaró al reportero cuando todavía era secretario general del Partido Acción Nacional (PAN).

Y en efecto, la conducta rijosa del presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN –un partido que postula la ética en la política– es ya recurrente, como lo demuestran las expresiones que usa para descalificar a sus adversarios dentro de su partido, al candidato perredista Andrés Manuel López Obrador –al que califica de “porro”– y a la escritora Elena Poniatowska, esa “pobre señora”, como le llamó en su más reciente entrevista con el diario La Jornada.

Pero el comportamiento de Espino trasciende la estridencia verbal de la extrema derecha y su historial registra negociaciones oscuras.

Descalabro

Nacido en Durango capital, donde se inició en el activismo religioso en la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM), de la mano del panista Carlos Garcianava, Espino se avecindó desde entonces en Sonora, pero fue en Chihuahua donde cuajó como dirigente político, ya como militante de la Organización Nacional del Yunque.

En ese estado ascendió a secretario general del PAN y luego, al triunfo de Francisco Barrio como gobernador, en 1992, se le nombró jefe de la Oficina Desconcentrada de Gobernación en Ciudad Juárez. De este cargo fue despedido 11 meses después, en lo que se considera como el episodio más negro en su expediente.

–¿Por qué salió del gobierno de Chihuahua? –le preguntó el reportero, el viernes 3 de marzo.

–Salí porque había una serie de problemas internos, incluso algunas traiciones del equipo, que no eran todos necesariamente del PAN. Para evitar mayores complicaciones, me salí de ahí, renuncié y Pancho Barrio me invitó a que me incorporara en su equipo en el gobierno del estado. Me fui a Chihuahua a la Secretaría de Educación.

–¿Traiciones en qué sentido?

–Pues gente que no hacía bien su tarea y que estaba cometiendo algunas irregularidades; yo mismo les puse demanda penal por ello.

En realidad, Espino fue despedido por órdenes del propio Barrio, en 1993, cuando se comprobó que protegía establecimientos que operaban de manera irregular, entre ellos un bar que presuntamente era propiedad de narcotraficantes.

Testimonios de sus colaboradores lo hundieron y fue echado, de manera fulminante, de la administración pública estatal, como publicó El Diario de Juárez, en su edición del 24 de septiembre de 1993:

El jefe de la Oficina Descentralizada del Estado en Ciudad Juárez, Manuel Espino Barrientos, fue removido de su cargo al concluir una investigación realizada por la Oficina de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia, en la que se le involucra en “hechos no muy claros en beneficio de ciertos negocios del ramo del alcohol”, dijo una fuente que informó ayer sobre el caso.

Espino Barrientos asumió el cargo de jefe de la oficina local hace 11 meses y hace meses había afrontado una investigación interna por actos de soborno realizados por inspectores de esa dependencia.

Las principales acusaciones en contra de Espino Barrientos fueron presentadas por Héctor Flores, el anterior archivista de la dependencia, pero habilitado como inspector de vinos y licores.

Flores denunció algunos de los supuestos arreglos que el jefe de la oficina tenía con personas dedicadas a la venta de bebidas.

Según la nota publicada en primera plana y en interiores, firmada por Rafael Navarro, la renuncia de Espino “le fue solicitada por el propio secretario de Gobierno, Eduardo Romero, ya que comprobó que sostenía estrecha relación con dueños de bares y cantinas, por recibir automóviles y muebles de esos mismos propietarios que se usaban en la oficina de alcoholes, y por dejar que funcionaran varios antros sin tener permisos legalmente expedidos.”

La revista Cuarto Poder publicó, en noviembre de 1993, otros testimonios de funcionarios que investigaron los señalamientos contra Espino y que acreditaban la protección que éste daba a dueños de giros negros y al menos a un negocio que pertenecía a narcotraficantes.

La revista desplegó, también, fotografías de inmuebles propiedad de Espino, que con su sueldo de apenas 8 mil pesos mensuales difícilmente pudo adquirir. Él alegó que eran apoyos de su suegro quien, según se comprobó, no era un hombre acaudalado.

De acuerdo con los informes rendidos por la Oficina de Asuntos Internos a Marcos Molina, director de Gobernación del gobierno estatal, Espino era un funcionario “recalcitrante y conflictivo”, pero también incurrió en actos de corrupción.

Por ejemplo, proporcionó protección a un número no determinado de bares y cantinas, entre ellos Cactus, Porto Alegre, Elegantes, Fórum, Video bar 33, Princesa, Salón México, Excálibur e Internacional, así como a las distribuidoras Budweisser-Corona y al empresario Federico de la Vega Mathews.

Hizo además, según las investigaciones, peticiones de mujeres, licores y salón de fiestas al dueño del Salón Forum, Salvador Flores, y otorgó permisos verbales a bares; a otros establecimientos les permitió cierres y ventas de licor en horarios prohibidos y cobró por su instalación a negocios como Gilberto, Fiesta y Rapiditos Bip Bip, propiedad de Pedro Zaragoza, miembro de la poderosa familia dedicada a la venta de leche.

Pero el testimonio que hundió a Espino fue el de Rosario García de Blancas, jefa de la División de Licores de la oficina encabezada por él, cuyo informe textual entregado a la Oficina de Asuntos Internos, y publicado por la revista Cuarto Poder, ocasionó el despido del funcionario.

Venta de protección

El testimonio de García de Blancas, quien en 1996 aspiró a dirigir el PAN en Juárez, se produjo en septiembre de 1993, un año después de que Barrio ganó las elecciones y 11 meses después de que Espino fue nombrado director de Gobernación en esa ciudad fronteriza, bajo las órdenes de Eduardo Romero, secretario de la Función Pública del gobierno de Vicente Fox.

La funcionaria dijo en su testimonio: La semana pasada estuvo Lalo Romero en la Oficina de Gobernación y parece ser que de ahí surgió todo, pues por primera vez Manuel dobló las manos. De acuerdo con la conversación que tuve con él, me dijo que estaba entre la espada y la pared, pues le propusieron una salida decorosa a cambio del escándalo (sic).

Todo esto es muy sensible, porque a Manuel fue puesto por el gobernador y es evidente que se tiene que dar una salida armoniosa. A mí me mandó llamar el ingeniero Murguía para preguntarme acerca de Manuel (...)

Desde hace unos días (Espino) me dio la orden de no ir en contra de nadie. Yo sé que hay muchas irregularidades. Una de ellas la detecté el pasado fin de semana en el Gilberto’s Discoteque. Encontré a nueve menores e intenté clausurarlo. Cité a la dueña y ésta habló con Espino antes de hablar conmigo. Cuando estuvimos juntas me dijo que había hablado con Manuel, que ya todo estaba arreglado.

Yo fui con él y le reclamé. Él me pidió, por favor, que no la afectara, que le echara la mano. Los negocios que protege Espino son: Cactus, Porto Alegre y El Elegantes, que lo acabo de cerrar porque no tenía permiso. En esa ocasión me sentí en peligro y hasta hablé a la Policía Municipal, pues sé que es un negocio de narcos y me hablaban como si ya estuviera arreglado todo. “Entonces, así quedamos”, me decía uno de los encargados.

Yo le pregunté que si me estaba ofreciendo dinero y él me dijo que dinero o lo que quisiera. Yo le advertí que si me volvía a insinuar, iba a dejar en actas el ofrecimiento y el señor se calló.

Después fue alguien de Gobernación y me dijo que había quedado la impresión de que El Elegantes lo cerré para cotizarme más, que no era poquitera, como Manuel.

Otros de los negocios son el Princesa, el Forum y el Bar 33. Pero el mayor escándalo es en el Princesa, donde Manuel tiene mano libre y se dice que tiene una mujer.

De acuerdo con información publicada en Cuarto Poder, Barrio decidió despedir a Espino, pero fue sometido a una fuerte presión para evitar un escándalo por Jorge Manzanera, entonces presidente estatal del PAN y uno de los jefes en Chihuahua, junto con Eduardo Turati, de la Organización Nacional del Yunque infiltrados de ese partido a través de la fachada de Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana (DHIAC).

A casi 13 años de distancia de ese episodio, Espino insiste en su versión de que su salida de la oficina en Juárez no tuvo que ver con prácticas de corrupción.

–El testimonio de Rosario García de Blancas le atribuye a usted esas conductas.

–No, Rosario García, tú puedes preguntarle. Ella es amiga mía, y esos supuestos testimonios son de aquella época y fue una tergiversación periodística. Tengo los datos de los periodistas de la época.

–Están los documentos.

–Sí.

–Como la protección a antros.

–Ella era la encargada de eso, yo no.

–¿Qué pasó con las demandas que presentó?

–Ahí alguna prosperó, otras se quedaron a dormir el sueño de los justos.

Fue en ese contexto que Espino tuvo una de las abundantes confrontaciones que ha sostenido –como hasta ahora– con Javier Corral, quien como diputado local fue el autor del dictamen de la Ley Estatal de Alcoholes. Mientras el primero declaró que daría 10 días a los municipios para que adecuaran sus reglamentos respectivos, el segundo declaró que el Congreso alzaría “la más enérgica protesta ante la indiferencia de las autoridades”.

Tan enconado era el enfrentamiento entre la corriente doctrinaria de Corral con la que ésta definía en Chihuahua como la de Yunque-DHIAC, que –según Espino– “el gran perdedor” en las elecciones de julio de 1998 fue Barrio, el gobernador que entregó el poder al priista Patricio Martínez.

“Es imposible que no se le atribuya esta derrota, porque en términos electorales no gana el que recibe los votos, sino (pierde) el que entrega la estafeta, y aquí le va a entregar la estafeta a Patricio”, declaró, el 9 de julio de ese año, al reportero de El Norte de Juárez Armando Delgado.

Según Espino, Barrio cometió muchos errores políticos: “Me parece que trató de meterse mucho con el PAN, sobre todo bajo la dirigencia de Javier Corral Jurado. Fueron tres años en los que se afectó un poquito la imagen del gobierno y del partido por esa excesiva relación. Creo que también (…) se dio una actitud facciosa desde la misma presidencia del partido, tratando de segregar a las personas que no les parecían gratas, me incluyo entre ellas.”

– ¿Una especie de purga?

–Creo que sí. Obviamente hubo mucha gente que se sintió lastimada por esa actitud de la dirigencia estatal pues no participó, como lo había hecho en otras ocasiones, en esta contienda electoral.

Seis años después, como secretario general del PAN, Espino se desquitó de Corral: No lo apoyó en la campaña de 2004 para el gobierno estatal.

De la mano de Manzanera, quien ahora es el estratega electoral de Calderón en el PAN, Espino se coló en la administración municipal de Barrio en Juárez (1983-1986), apenas dos años después de que llegó a Chihuahua procedente de Durango, donde fue acólito y parte de un coro parroquial, actividades que mezclaba con el activismo político y el reclutamiento entre boy scouts.

Con Barrio trabajó como jefe del Departamento de Control de Unidades de la dirección de Seguridad Pública municipal, básicamente encargado del mantenimiento de las patrullas. Entre 1986 a 1988, en el gobierno priista de Jaime Bermúdez Cuarón, ocupó también puestos en Seguridad Pública.

En mayo de 2003, Espino declaró al diario El Universal que ingresó a DHIAC en 1984, a invitación de Raymundo Gómez Ramírez, presidente del comité estatal panista y quien se desempeñaba como director de Servicios Públicos Municipales con Barrio.

Según Espino, DHIAC no era de un organismo de ultraderecha: “Era un grupo que tenía entre sus miembros a pura gente decente.”

Como parte de esa “gente decente”, se vinculó con muchos activistas de extrema derecha de todo el país, entre ellos Manzanera quien, como secretario de elecciones del CEN del PAN que encabezaba Carlos Castillo Peraza, inscribió a Espino en la lista para diputados plurinominales por Chihuahua.

Connivencia

Mientras ejercía la diputación, en la LVI Legislatura Federal, Espino fue enviado por Calderón como delgado del CEN del PAN a Sonora, cuando se perfilaba la sucesión de Beltrones en el gobierno estatal y el candidato más aventajado era el panista Adalberto Rosas, El Pelón.

Espino cambió las cosas: Canceló la convención, expulsó a Rosas y, en las elecciones, ganó el priista Armando López Nogales, hoy colaborador de Roberto Madrazo.

En un escrito enviado a Proceso, El Pelón Rosas afirma que el arribo de Espino a la presidencia del CEN del PAN “es sin duda un punto de inflexión en la larga lucha que han librado los intereses bancarios y financieros por hacer del PAN un instrumento incondicional de la ultraderecha”.

Lo ocurrido en Sonora lo demuestra: “En 1997, todavía como miembro de ese partido, y como precandidato a gobernador, me tocó enfrentar a estos intereses, quienes por medio de su agente Espino, y con procedimientos típicamente fascistas, abortaron la realización de la convención democrática que el partido tenía que realizar en Sonora para elegir al candidato que contendería en ese mismo año por la gubernatura del estado.”

Espino, añade, “gozaba prácticamente de poderes plenos en el ejercicio de sus funciones” y “sus capacidades operativas en Sonora se vieron singularmente fortalecidas por la estrecha alianza que estableció con el entonces gobernador Manlio Fabio Beltrones, con quien medió un entramado de negociaciones hacia la dirección nacional, para terminar facilitándole la victoria electoral al PRI, al imponer una figura gris como candidato del PAN a la gubernatura”.

Evoca Rosas: “Desde entonces advertí que los procedimientos de Espino en Sonora no eran un hecho aislado, sino que detrás de sus acciones estaba una maquinaria bien estructurada, cuyas redes desplegaban una ofensiva sistemática para tomar control vertical del partido. De hecho, los dispositivos para abortar la convención en Sonora, estaban ya inscritos en el vertiginosos ascenso de este brazo ultraderechista que empieza a consolidarse con la dirigencia de Bravo Mena. Fue notorio el ascenso que esta corriente tuvo en las concertacesiones con el salinismo, uno de sus principales puntos de apoyo.”

El “ala derechista” del PAN, explica Rosas, cuestionó su fidelidad doctrinaria por participar en movilizaciones de productores agropecuarios “que atacaban las políticas económicas neoliberales de (Carlos) Salinas”, a las que se sometió ese partido y que impuso como condición paramilitar en él.

“En esa forma el concepto de bien común, que contempla la existencia de un Estado regulador de la economía, fue reducido a una expresión mojigata e hipócrita de la mayoría de los dirigentes panistas, ahora cautivos de la cofradía juramentada y ultraderechista que asaltó la dirección nacional del partido.”

Y advierte: “Ubicando en este contexto la hegemonía de la ultraderecha en las estructuras de mando de Acción Nacional, podremos entender que el ascenso de Espino a la presidencia de ese partido no es un problema que se limite a la vida interna de esa organización política, sino que son acontecimientos que definitivamente ponen en peligro la vida democrática e institucional de la República.”

Todo esto de Espino con los giros y el narco, como dije, lo habíamos reportado en el Sendero del Peje desde el año pasado gracias a una nota de un periódico de Chihuahua encontrada originalmente por Maquilator. Vemos con gusto que finalmente lo ponen a la vista a nivel nacional en Proceso.

La segunda nota de Proceso que exhibe la hipocresía panista es esta:

Catecismo olvidado

Álvaro Delgado

“Para Acción Nacional la política es eminentemente ética”, sentencia desde su primera línea el Código de Ética de ese partido y, en consecuencia, prescribe, la ética debe regir “a la acción política y al político (del PAN) tanto en su aspecto público como personal”.

De acuerdo con ese documento axial, “la política tiene una dimensión ética que contempla la correcta selección de los medios para realizar objetivos dignos y valiosos. No es justificable que los fines sean absolutos y mediaticen al hombre”, como tampoco lo es el “uso de medios que dañen la dignidad de las personas”.

Porque, de acuerdo con los Pilares del humanismo que postula el partido, “esta dignidad debe ser reconocida y garantizada a todo ser humano, sin importar su condición de hombre o mujer”, que “sea rico o pobre, sabio o ignorante”, y sin hacer ninguna clase de distingos por “su raza, cultura, religión o creencia…”.

Eso se advierte en el papel a los militantes, jerarcas y servidores públicos del PAN, aunque en los hechos ellos se alejan de su propio catecismo:

“¡Cobarde!”, grita Felipe Calderón a su adversario Andrés Manuel López Obrador, y lo reta a que “no se esconda entre las enaguas” de la escritora Elena Poniatowska, a quien el presidente del PAN, Manuel Espino, califica de “pobre señora” que le da “lástima”, además de tildar al candidato perredista de “animador de cantina”, “mimo” y “amenaza número uno para el país”.

La colección de epítetos contra López Obrador la enriquece otro prominente panista, Diego Fernández de Cevallos, quien le dice “porro”, “loco”, “engreído”, “fatuo” y “cobarde” –su palabra favorita.

Y, más aún, Calderón lo compara con el presidente venezolano Hugo Chávez y dice que el tabasqueño “es un peligro para el país”.

Dicho comportamiento de los panistas más destacados no sólo contraviene sus documentos internos y principios, sino también la legislación federal en materia electoral, por lo que apenas el pasado miércoles 12 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictaminó que, en los cuadernillos de promoción electoral distribuidos entre mexicanos que residen en el extranjero, el PAN “denigra” a López Obrador. Y le ordenó modificarlos.

Pero nada de esto es nuevo. El propio Felipe Calderón ya fue sancionado por el Instituto Federal Electoral (IFE) debido a que violó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) cuando era presidente de ese partido, en el contexto de las elecciones de 1997.

El 6 de abril de ese año, Calderón acusó a Alfredo del Mazo y a Cuauhtémoc Cárdenas, contrincantes de Carlos Castillo Peraza por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, de haber obtenido sus bienes “lucrando con la miseria del pueblo de México, porque han vivido de la deshonestidad propia y de la heredada”.

Por su parte, López Obrador, quien entonces presidía el Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que no se sumaría a la “política de lodazal” del PAN, en tanto que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una queja ante el Consejo General del IFE por violaciones al artículo 38 del Cofipe.

Ese artículo obliga a los partidos, en el inciso p), a “abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos o a sus candidatos, particularmente durante las campañas electorales y en la propaganda política que se utilice durante las mismas”.

El IFE acreditó que Calderón violó esa disposición y procedió a sancionar al PAN con el equivalente a 400 días de salario mínimo vigente, unos 10 mil 600 pesos, en una resolución dictada el 4 de junio de 1997. Y el mismo día impuso un castigo similar al PRI.

Esto, porque el PAN se quejó a su vez de la conducta injuriosa del presidente del PRI, Humberto Roque Villanueva, quien acusó al PRD y al PAN de ser partidos “antinacionales y antipatriotas que comulgan con las tesis invasoras al país”, así como por un artículo e imágenes publicados en La República, órgano oficial de ese partido.

La publicación ilustró un artículo –titulado Amenaza permanente contra la democracia, el fascismo, ayer y hoy– con una fotografía de Adolfo Hiltler que, en el brazo izquierdo, ostentaba un brazalete a manera de escudo con las siglas del PAN, acompañada de un fotomontaje que mostraba el rostro de Calderón con uniforme nazi y la swástica en el brazo derecho.

En ese periódico, los priistas advertían sobre el panismo: “Los fascistas simulan luchar por la democracia”, tal como ahora los panistas –quienes asocian a López Obrador con la “dictadura” de Chávez– afirman que el perredista “es un peligro para México”.


Televisa y pago de facturas

Es el militante panista Vicente Fox quien, desde finales de 2003, ha encabezado una sistemática campaña en contra de López Obrador identificándolo con el “populismo”. E inclusive, aun después de que se frustró la embestida panista para desaforar al tabasqueño, Fox arreció sus ataques contra el perredista en la contienda electoral.

En marzo, el lunes 6, Calderón anunció el “relanzamiento” de su campaña y asoció a López Obrador con Hugo Chávez, mientras que el propio Fox arreciaba sus ataques al candidato perredista, al punto de que el 16 de marzo éste le salió al paso en un tono insolente: “¡Cállate, cha-cha-la-ca!”.

Luego, mientras se verificaba una intensa campaña de spots, el partido en el poder impulsó la aprobación de las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión en el Senado que, según opositores panistas, constituyó un intercambio para dar mayor apoyo a Calderón, quien siempre asumió públicamente una posición ambigua al respecto.

Respaldados por Televisa, Fox, Calderón y Fernández de Cevallos olvidaron lo que de esta empresa decían cuando el PAN era todavía oposición y se quejaban del trato inequitativo y de la manipulación informativa en los noticiarios.

Y no sólo eso, sino que, hace 10 años, cuando Fox acababa de asumir la gubernatura de Guanajuato y era inminente el proceso electoral de 1997, condenó la “guerra sucia” que se estaba realizando contra los gobiernos panistas.

“Lo que hay que denunciar –manifestó– es que hoy todas las decisiones que se toman en el aparato priista, desde Los Pinos hasta abajo, tienen un sentido electorero. Ejemplo de ello fueron la remoción de (Sócrates) Rizzo en Nuevo León y mantener una peligrosa sobrevaluación del tipo de cambio. Eso se decide por razones electorales. Otro caso: el programa que anunció Zedillo contra la pobreza para favorecer a 4 o 6 millones de amas de casa, con un sentido totalmente electoral. Eso debería diferirse –recomendó– para después de las elecciones de 1997.”

La mano de Ramón Muñoz

Ahora, a partir del “relanzamiento” de la campaña de Calderón, el candidato panista, su partido y el gobierno de Fox aplican una estrategia electoral conjunta que incluye el uso de información de programas sociales de la administración foxista, como Oportunidades y Seguro Popular.

Después de que esta revista dio a conocer un documento de la Coordinación Política de la campaña panista que demuestra lo anterior (Proceso 1535), con la participación directa de funcionarios federales, como el vocero presidencial Rubén Aguilar y Ramón Muñoz Gutiérrez, consejero de Fox y candidato a senador, el equipo de Calderón guardó silencio.

Sólo a pregunta expresa, el pasado lunes 10 de abril, el candidato Calderón se limitó a señalar que el documento es apócrifo y que “no estoy dispuesto a utilizar programas públicos ilícitamente para ganar la elección”.

Pero inclusive informantes de la Presidencia de la República aseguran que Ramón Muñoz Gutiérrez es uno de los diseñadores de la estrategia de “guerra sucia” del gobierno y el PAN para contrarrestar al candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador.

Y puntualizan que Ramón Muñoz –próximo senador plurinominal del partido con el cual desarrolla ahora su “sinergia”– utiliza las ramificaciones de la organización secreta a la que pertenece, El Yunque, para instrumentar la “guerra sucia” contra López Obrador.

Además, emplea a la agrupación política nacional Coordinadora Ciudadana, que preside Guillermo Velasco Arzac, mediante la página de internet Yo Influyo, en la que colaboran ideólogos de El Yunque como Federico Müggemburg y Luis Pazos, director de Banobras.

La Coordinadora Ciudadana y Velasco Arzac –quien es suegro de César Hernández, secretario particular de Ramón Muñoz– fueron protagonistas en las movilizaciones de la marcha de junio de 2004 contra la delincuencia, al igual que en el proceso de desafuero de López Obrador, a quien a menudo ridiculizan.

Una vez más se le duerme a Proceso. Aquí en el blog hemos mostrado con sendas evidencias que la guerra sucia contra el peje va más allá del yunque, y que tiene conecciones con la ultra-derecha fascistoide americana, como lo vimos en el caso del e-mail "México 2010" con la colaboración de Edgar González Ruiz.


La tercer nota de Proceso trata sobre el cobro de facturas del PAN por haber aprobado la ley televisa:

El descontón
Jenaro Villamil

¡La única chachalaca que se cayó es Andrés Manuel! –exclama un festivo Felipe Calderón que cuchichea con Chente Fox.

–Sí, pero de las encuestas –le revira Fox, divertido. Ambos chocan las manos en señal de acuerdo. La escena ha terminado. Es la rúbrica de un amplio segmento que presentó las “pesadillas” de Andrés Manuel López Obrador, acompañado por una chachalaca en un viaje onírico a través de su presente, su pasado y su futuro.

Más de una tercera parte de la emisión del domingo 9 de abril de El Privilegio de mandar fue una larga y reiterativa parodia de López Obrador que como candidato, como niño o como presidente siempre respondía con la frase: “¡Cállate, chachalaca!”.

Ojeroso, ante los consejos de Manuel Camacho, el personaje de El Peje responde: “¡Cállense, chachalacas!”. Sentado en una imaginaria silla presidencial, El Peje ordena por teléfono: “¡No quiero hablar con ningún banquero!”.

En otro de los gags le anuncian al atribulado Andrés Manuel, atormentado por su chachalaca, que el tren bala que construyó no funciona.

El claro sesgo de la emisión de ese programa de revista cómico-política, producido por Televisa, provocó una airada reacción del candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, quien acusó así el golpe:

“Aprovecho para mandar un mensaje respetuoso al dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, que vamos a estar pendientes de los contenidos y que los medios de comunicación tienen la obligación de informar con objetividad y profesionalismo, y que no se pueden convertir en el fiel de la balanza”.

Desde su programa La Otra versión, transmitido por TV Azteca, López Obrador afirmó al día siguiente: “nunca había pasado eso. Anoche (domingo 9 de abril) tenía mucho interés, porque uno sabe de esto. Están los spots, cambian el horario del programa, que es muy visto, de alto rating. Hubo un cambio, sin duda. Me dedican todo el programa: las chachalacas y las chachalacas y las chachalacas…, con el mensaje de que soy autoritario. Es el mensaje que están mandando”.

Las coincidencias no fueron pocas. El programa que cerró el mes de marzo con un rating de 26.2 puntos –ligeramente por debajo de la telenovela La Fea más bella que lo sustituyó en los horarios de los lunes a las 22 horas–, cambió ahora a los domingos, fuera de los segmentos informativos nocturnos y después del programa de mayor audiencia: el concurso Cantando por un sueño. A pesar de ello, su contenido será sujeto a monitoreo de la Comisión de Fiscalización del IFE.

Esta emisión coincidió también con la amplia difusión de la encuesta pagada por el PAN y elaborada por la empresa GEA-ISA (21 de marzo) que, por primera vez, colocó a Felipe Calderón Hinojosa por arriba de López Obrador (36% frente a 34%). Y, por supuesto, con la aprobación de la Ley Televisa.


El "fast track" de Fox

Como advirtieron en el Senado varios legisladores opositores a la minuta, el cambio en la cobertura informativa de Televisa y especialmente en El privilegio de mandar se notaría después de la aprobación de la polémica ley a la que no se le incorporó ningún cambio.

El presidente Vicente Fox contribuyó al fast track al publicar el 11 de abril en el Diario Oficial de la Federación esta ley, un tiempo récord de menos de 15 días después de su aprobación en el Senado. En promedio, el Ejecutivo federal ha tardado entre 50 y 62 días para publicar una ley a lo largo de este sexenio.

Y el agradecimiento también se ha retribuido en pantalla: las intervenciones de Fox se han incrementado notablemente en los noticiarios de las dos grandes televisoras; y en la colonia El Relaxo de El privilegio de mandar, aparece como un ecuánime patriarca que ha logrado controlar las ambiciones de Martita Según. Junto con el personaje de Roberto Madrazo, Chente Fox es de los mejor tratados.

Para Salvador Guerrero, analista de La Revista Mexicana de Comunicación, este programa “parece el segundo capítulo de la intervención televisiva. Entre Brozo y este programa hay una transición por la cual el cinismo no es visto como algo ajeno o propio de la clase política sino como un espacio creativo, corporativo y electoral que, con vocabulario accesible, permite reactivar un interés político por lo político y, al mismo tiempo, desarmar la autoridad.

“La primera entrega de la nueva época de El Privilegio de mandar –escribió Guerrero–, me parece, deja bien colocado a Roberto Madrazo en un musical curioso y entretenido donde el PRI parece aceptable y capaz de regresar; y a Vicente Fox, lo presenta como comprometido institucionalmente”.

El único que ha respondido formalmente a las acusaciones de López Obrador fue su propio imitador en el programa: el actor Fredy Ortega. “Él dio de qué hablar con la frase de chachalacas y de ahí se apoyaron los escritores de la serie, pero si el presidente Fox o cualquier candidato hubiera dicho algo similar, evidentemente el guión se centraría en lo que pasó en el transcurso de la semana”, afirmó el Mascabrother.

El actor también dijo que “sólo cumplimos órdenes… No intentamos molestar a nadie, incluso mi hermano y yo acatamos el libreto, que se nos hace interesante e ingenioso, pero no ofensivo”.

Eso de que sólo siguen órdenes es obvio. Hasta Joaquín López Dóriga lo hace en su noticiero.

Otro cambio notable fue en las mangas del chaleco. El viernes pasado trataron de justificar las mentiras de Manuel Espino diciendo que simple y sencillamente "se le fue el avión." Casi casi dicen "compréndanlo... es que se confundió." ¡LA MANGA POS QUE! Espino MINTIÓ y trató de implicar a la campaña del peje con el narcotráfico, pero resultó que el avión con cocaína que venía de Venezuela, además de ser americano, era piloteado por pilotos de la CONAGUA, la cual es una dependencia FEDERAL creada por Fox, dirigida por uno de los colaboradores más cercanos de Fox, y que, además, ha estado plagada de irregularidades y marranadas desde que fue creada.

Todo esto, desde luego, es para asquearnos. Pero que no les extrañe; después de todo el presidente del PAN es un corrupto que le daba protección a giros negros del narco, FeCal es un corrupto que se ha opuesto a que haya transparencia en la Secretaría de Energía, y Fox es un pinche MENTIROSO que no tiene el menor empacho en hacer chingaderas con tal de serguir encaramado en el poder.

Una razón más para votar por el peje y por el PRD para el congreso en el 2006.