DEL PROCESO SEMANAL

EL CHAYOTE DE FECAL, TODA UNA FICHITA.

Más que un alfil…
Daniel Lizárraga

El gobierno de Felipe Calderón se reencuentra con un pasado de ominosa memoria. El mandatario decidió colocar a Juan Camilo Mouriño como jefe de la Oficina de la Presidencia, un despacho que fue eliminado desde la administración de Ernesto Zedillo y que durante la gestión de Carlos Salinas fue ocupado por José María Córdoba Montoya, de quien se decía que era el número dos del país. Lo mismo se asegura hoy de Mouriño, también de origen extranjero, en quien el presidente confía las decisiones más importantes.

En la estructura burocrática, Juan Camilo Mouriño aparece como jefe de la Oficina de la Presidencia, pero en los hechos se desempeña como un vicepresidente. Tiene tanto poder que fiscaliza al gabinete y mueve piezas dentro del PAN. Todos los asuntos pasan por sus manos.

A los 36 años de edad y con una carrera partidista de 10 años, Mouriño es ahora el número dos en México, como lo describe la prensa de Vigo, España, sede del emporio empresarial de su padre, Carlos Mouriño Atanes, cuyo valor se tasa en millones de euros.

Este madrileño nacionalizado mexicano tiene un solo jefe: Felipe Calderón. Llegó a ese puesto mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2006. Su amplio margen de maniobra le permitió, por ejemplo, clasificar como reservado por ocho años el Acuerdo para la Seguridad de América del Norte.

Sus amigos celebran su astucia, destacan su olfato político y rinden tributo a su agilidad para solucionar problemas. Quienes no lo son, lo tildan de autoritario, maquiavélico y dueño de una vasta red de influencia que incluye a legisladores, acaudalados empresarios, dueños de medios de comunicación, líderes partidistas y gobernadores.

Dentro de la cofradía calderonista destacan la habilidad de Mouriño para negociar sin exponer al jefe, como sucedió durante el conflicto con las televisoras en la aprobación del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

El pasado 11 de septiembre, Mouriño presionó al coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Santiago Creel, para que eliminaran de la ley la prohibición de que los particulares paguen y difundan spots. Aunque sus gestiones no dieron resultado, a partir de esa coyuntura pudo cultivar una estrecha relación con el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, y con el director general de TV Azteca, Pedro Padilla.

Apagafuegos

La segunda semana de febrero de 2007, un grupo de 10 senadores del PAN exigió a su coordinador, Santiago Creel, una reunión con Mouriño para reclamarle los cambios en las delegaciones federales. Estaban quitando, dijeron, a personas provenientes del servicio profesional de carrera para colocar a los amigos de Calderón. El caso más drástico, según ellos, estaba en Durango.

El funcionario aceptó reunirse con estos legisladores media hora. Durante los primeros 20 minutos, en una de las salas de juntas de la torre de El Caballito, les mostró los resultados de una encuesta sobre cómo Calderón recuperó su imagen pública, a pesar del desajuste en el precio de la tortilla. Segundo a segundo les hizo sentir el nivel de información clasificada en su poder. Cuando se prendió la luz de la sala, no hubo más reclamos.

Mouriño fue el encargado de supervisar durante el Grito de Independencia –el 15 de septiembre pasado–, que el Estado Mayor Presidencial tuviera aceitado el operativo para tapar de la vista de Calderón y de las cámaras de televisión a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador dispuestos a increparlo.

El 12 de abril de 2007, la empresa Imaginería Casa de Publicidad ganó un contrato en Los Pinos por 240 mil pesos para desarrollar estrategias de difusión. En una de sus cláusulas puede leerse: “Se cuenta con la autorización del jefe de la Oficina de la Presidencia”.

Lo mismo sucedió con otras asesorías, como la brindada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey para el proyecto México: Visión 2030, que costó 1 millón de pesos. El propio Mouriño palomeó la remodelación del sótano de la casa Miguel Alemán por 69 mil pesos.

En 2008, su oficina contará con un presupuesto de 50 millones de pesos, de los cuales alrededor de 87% se canalizará en sueldos y el resto podrá utilizarse en asesorías, comidas y viajes.

Orígenes políticos

En 1997, Mouriño se incorporó al PAN de Campeche impulsado por su padre, un acaudalado empresario español, dueño del equipo de futbol Celta de Vigo, quien se empeñaba en verlo como diputado. Juan Camilo ganó los comicios por el V Distrito en esa entidad. A partir de ese momento inició una vertiginosa carrera que ningún otro miembro del PAN ha logrado, ni siquiera Calderón. En 2000, llegó a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal.

Aunque era poco conocido entre los panistas, contaba con el poderío económico de su familia. “No sean gachos, invítenme”, suplicaba Mouriño al grupo de amigos de Calderón cuando salían a comer juntos luego de sesionar en San Lázaro. Durante esa etapa, el ahora mandatario era coordinador de los diputados panistas. En esta cofradía estaban Cuauhtémoc Cardona, Francisco Blake, Rodolfo Dorador, César Nava, Jordi Herrera y Alejandro Zapata. Todos ellos ocupan hoy cargos públicos.

Una vez incorporado a los amigos de Calderón, el diputado por Campeche se hizo de todas las confianzas de su coordinador. Versiones obtenidas por Proceso dentro de ese círculo indican que no tuvo mejor carta de presentación que su dinero.

Un emporio

En el sureste mexicano, la familia Mouriño es propietaria del corporativo Grupo Energético del Sureste (GES), el cual cuenta con 38 gasolinerías. Dentro de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo se calcula que para obtener ganancias relevantes se requieren cuando menos cinco estaciones de servicio. La familia Mouriño tiene seis veces más.

Otro de sus brazos financieros es Transportes Especializados Invancar –a Juan Camilo sus amigos lo apodan Iván–, la cual cuenta con una flota de vehículos con permisos para suministrar productos de Pemex. En las páginas de transparencia de Pemex Refinación y en el sistema de compras gubernamentales (Compranet) no existen rastros sobre el número de contratos asignados a esta empresa. Tampoco cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores.

En la década de los noventa, Juan Camilo fue secuestrado. Su familia pagó millones de dólares por liberarlo. Acerca de este episodio, no existe mayor información.

El olfato empresarial de la familia Mouriño la ha llevado a embarcarse en nuevas inversiones. De acuerdo con un comunicado emitido por GES, a partir de 2008 el consorcio fabricará, junto con una empresa española, torres eólicas de última generación para atender, principalmente, el mercado estadunidense.

Apenas el pasado 29 de marzo, Calderón puso en marcha una central eólica en Juchitán, Oaxaca, que con un costo de mil millones de pesos forma parte del Programa de Energías Renovables a Gran Escala. El mandatario no habló de inversiones privadas, pero su gobierno quiere que en 2008 se aprueben las reformas estructurales para que los particulares puedan participar plenamente en la generación de energía.

“El staff de Los Pinos no da entrevistas”, informó Miguel Monterrubio, funcionario de la Coordinación de Comunicación Social, cuando Proceso solicitó un encuentro con Mouriño.

Sin embargo, este criterio no siempre se aplica. En su agenda de actividades –obtenida por este semanario mediante la Ley de Transparencia– consta que el 19 de diciembre de 2006 concedió una entrevista al diario Faro de Vigo.

“El número dos del Gobierno de México”, es una frase recurrente en ese periódico para referirse a él. “Hijo de padre gallego será la mano derecha del presidente de México”, es otra de las expresiones.

En la entrevista –publicada el 26 de diciembre de 2006–, Mouriño ensalzó la decisión del gobierno para enfrentar al narcotráfico por medio del Ejército, y presumió la detención del “líder de un grupo radical que estaba poniendo en jaque a Oaxaca”. Desde entonces, Flavio Sosa, líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) sigue tras las rejas.

Faro de Vigo le preguntó a Mouriño si tenía alguna inquietud en ser el próximo candidato presidencial del PAN. “Pues mira, la verdad es que no me marco techos así. Las cosas se han ido dando. La política es un tanto de voluntad y de objetivos propios, pero también de mucho de circunstancias. No siempre está en la decisión de uno, depende de muchas cosas”, respondió.

Antes de que terminara su período como diputado –gestión cuestionada por su papel al frente de la Comisión de Energía– intentó ser alcalde de Campeche, pero en esa segunda aventura por las urnas perdió ante el priista Fernando Ortega. La carrera política de Mouriño no terminó ahí, aunque no volvió a competir en las urnas. Poco a poco adquirió mayor notoriedad dentro del PAN, aunque siempre discreto, a la sombra de Calderón.

Cuando el presidente Fox designó a Calderón como titular de la Secretaría de Energía (Sener), éste a su vez llamó a Mouriño para nombrarlo coordinador general de Asesoría y Enlace Institucional. Tiempo más tarde, ascendió a subsecretario de Electricidad en esa dependencia, pero su paso por el gobierno sólo duró ocho meses.

Como funcionario de la Sener, Mouriño presentó su declaración patrimonial en la que da a conocer que tiene dos casas, ocho cuentas bancarias –cuyos montos van de los 41 mil pesos a los 25 mil euros– y que usa una camioneta Grand Cherokee modelo 1999, con un costo de 230 mil pesos, así como un BMW X5 modelo 2004, con un valor estimado en 655 mil 856 pesos.

Pasado redivivo

Cuando Calderón llegó a la Presidencia decidió colocar a Mouriño en un despacho que había sido eliminado desde la administración de Ernesto Zedillo. El anterior jefe de la Oficina de la Presidencia fue el controvertido José María Córdoba Montoya. Entre el papel que jugó este último en el sexenio de Carlos Salinas y las atribuciones de Mouriño prácticamente no existen diferencias.

Un reportaje de Proceso publicado en su edición 805, del 6 de abril de 1992, describió así las funciones del salinista:

“Formalmente, Córdoba Montoya coordina, asesora y supervisa las actividades de la Presidencia y controla todo lo que rodea y surge de ella. Su campo de acción es más que amplio; abarca todo.

“Desde asesorar al presidente, hacer seguimiento del cumplimiento de acuerdos y órdenes presidenciales, verificar los programas e instrucciones del titular del Poder Ejecutivo, coordinar y hacer el seguimiento de los acuerdos del gabinete especializado (económico, agropecuario, bienestar social, política exterior y seguridad nacional), atender, tramitar y responder a las solicitudes de audiencias presidenciales, recibir quejas e informar de ellas al presidente, hasta preparar y coordinar, con el Estado Mayor, las giras nacionales e internacionales”, se apuntó.

El catálogo de funciones de la oficina encabezada por Córdoba fue reeditado por Calderón. Pero no sólo son similares en sus tareas. Según las crónicas del sexenio, Córdoba era un hombre callado. Escuchaba, observaba, tomaba notas. Pero sobre todo, miraba. Hablaba con quien tenía que hablar. Su palabra pesaba.

Mouriño se comporta de la misma manera. Atento siempre hacia su jefe sabe qué hacer cuando éste alza una ceja. Mira con detenimiento a los secretarios cuando hablan. A veces llega con el presidente a los actos, pero luego se separa sigiloso.

Es el alfil de Calderón cuando se requiere una operación discreta. En el primer año de gobierno fue quien propuso al entonces líder nacional del PAN, Manuel Espino, que se fuera de México como embajador. También ordenó la integración de una lista negra de los miembros de El Yunque, quienes intentaron sabotear la candidatura de Calderón e intervino en los procesos electorales en Yucatán y Michoacán, como lo refiere el reportero Álvaro Delgado en su libro El engaño. Prédica y práctica del PAN.

Ahí mismo el autor documenta cómo Mouriño impuso delegados federales y manejó a la dirigencia del PAN de Campeche a conveniencia de su familia. El capítulo, “Campeche; Mouriño el cacique” inicia con la reconstrucción de una escena en la cual Carlos Mouriño –hermano del jefe de la Oficina de la Presidencia– exige la renuncia al presidente estatal panista, Jorge Nordhausen.

“En el momento más áspero de la discusión, Carlos Mouriño –hablando siempre en plural– intentó negociar posiciones en la Cámara de Diputados local a cambio de que Nordhausen dimitiera. Encendido, este último le gritó: ¡Todavía no toman el poder y ya quieren ejercerlo! ¡Ahora sí que está jodida la cosa, que un cabrón que ni siquiera es miembro activo venga a pedirme a mí, al presiente del partido, que renuncie! ¡Pues no!”

Cinco meses después, Nordhausen fue destituido.

Mouriño trabaja alejado de los medios y cerrando la puerta a todo aquello que pueda afectar la imagen de su jefe y la suya propia. Desde su oficina han impedido que se divulguen resultados de las encuestas hechas antes de que asumieran el poder. En respuestas a solicitudes de acceso a la información, reservó los resultados, los cuestionarios, el número de preguntas y hasta los temas.

Uno de los primeros sondeos, realizados antes del 1 de diciembre de 2006, consistió en pulsar el estado en que Fox dejó la imagen presidencial. Los resultados, de acuerdo con una versión obtenida por Proceso, fueron demoledores. Los calderonistas calculan siempre. Miden obsesivamente.

Este tipo de trabajos, aun cuando se realizan con recursos públicos, están reservados, toda vez que desde la Oficina de la Presidencia se consideraron “vitales” para la toma de decisiones. Esto fue ratificado por el IFAI.

Mouriño se cubre las espaldas para que no trascienda con quiénes se entrevista. Al verse obligado a entregar una copia de su agenda de trabajo, mediante la Ley de Transparencia, registró la mayor parte de sus reu-niones como “privadas”. La discreción con la que ahora se maneja en Los Pinos implicó cerrar su declaración patrimonial. Es decir, podrán calcularse sus ingresos antes de convertirse en jefe de la Oficina de la Presidencia, pero no podrá saberse con cuánto contará al cierre del sexenio

DEL CASO ARISTEGUI:

Ajuste de cuentas
Jenaro Villamil

En una decisión que peca contra su dios, el rating, Televisa decidió no renovarle el contrato a la periodista Carmen Aristegui, responsable del noticiario más escuchado de W Radio. A diferencia de otras ocasiones, el Grupo Prisa, copropietario de la estación y proclamado defensor de la modernidad informativa (en Europa), avaló ese acto de censura y venganza política.

Tras cinco años al frente de la conducción de Hoy por Hoy, después de año y medio de tensiones con Televisa y de una efímera defensa del consorcio español Promotora de Informaciones, S.A. (Prisa), que finalmente cedió a las presiones, la empresa W Radio decidió suspender abruptamente el contrato con la periodista Carmen Aristegui, bajo el pretexto del “proceso de renovación, actualización y expansión” de la estación y de “un nuevo modelo de organización y trabajo” que está implantando en otros 10 países.

Para Carmen Aristegui se trató de un último intento por vulnerar la autonomía editorial de su noticiario, mientras que sus colaboradores Denise Dresser y Lorenzo Meyer coincidieron en que se trata de un “contragolpe” y de un “ajuste de cuentas” en contra de la periodista y del espacio informativo que en menos de dos años se convirtió en un punto de referencia crítico, plural y profesional, además del noticiario más escuchado en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, según el último reporte de la empresa INRA, especializada en medición de audiencias de radio.

“El modelo editorial que la empresa quiere no es compatible con el que yo he defendido, y la empresa decidió no renovar el contrato, después de cinco años de mi participación”, afirma Aristegui al ser consultada por Proceso.

“La otra opción hubiera sido aceptar un modelo en donde las decisiones editoriales no estuvieran a mi cargo. El convenio original, que se firmó desde que estuvimos Javier Solórzano, Carlos Loret de Mola y yo al frente de los espacios noticiosos, era entre una empresa y nosotros como periodistas. Iba implícito el respeto a los criterios periodísticos”, añade.

La periodista subraya que no se trató de una decisión “estrictamente mercantil”, porque el noticiario estaba en su mejor momento de audiencia, por encima incluso de los segmentos informativos de Radio Fórmula.

“En este país no nos chupamos el dedo. Nadie puede suponer que son razones de control de calidad. Y si no son razones comerciales, entonces son razones políticas y son profundamente deleznables”, afirma a su vez el historiador Lorenzo Meyer, analista permanente de Hoy por Hoy, al comentar la salida de Carmen Aristegui.

“Lo que vemos es la respuesta de la empresa que entregó la cabeza de Carmen y ha disminuido el pluralismo informativo”, agrega Meyer, quien describió el hecho como un “ajuste de cuentas” de Televisa, del gobierno de Felipe Calderón y con una gran responsabilidad del Grupo Prisa, “una empresa que presumía modernidad europea pero, como vimos en su cobertura de las elecciones de 2006, entre un periódico como La Crónica de Hoy y El País no existen diferencias”.

Meyer subraya la responsabilidad política del presidente Calderón en un creciente clima de intolerancia y censura a los informadores, e incluso precisó que en la dirección editorial de Prisa en México se encuentra uno de los cuñados del primer mandatario, Juan Ignacio Zavala.

Denise Dresser coincide en que se trata de un “ajuste de cuentas” y de un “contragolpe” de Televisa contra la periodista, después del golpe que el consorcio recibió cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó que aspectos medulares de Ley Televisa eran anticonstitucionales y luego de que el Congreso aprobó este año la prohibición de compra de tiempo-aire para fines políticos electorales.

“Este es un efecto perverso de la concentración mediática y de la falta de competencia. Carmen se había vuelto incómoda no sólo para Televisa, sino para los otros medios electrónicos, a raíz de la reforma electoral”, reflexiona Dresser.

La analista política recuerda que el presidente Calderón estaba “muy molesto” con Aristegui durante la campaña electoral, pero subrayó que el “contragolpe” de Televisa es un mensaje también para Los Pinos: “Así como intentan callar la voz de Carmen, que Calderón recuerde que también fue presionado por las televisoras para no aprobar la reforma electoral”.

Para José Antonio Crespo, aún no está claro si se trata de un caso de autocensura de Televisa o de una orden de censura directa de Los Pinos. Esto se definirá, agrega, “si ninguna otra empresa radiofónica le otorga un espacio informativo a Carmen”.

En todo caso, dice, “su salida genera un hueco enorme en materia de análisis crítico, independiente y de información que no se basaba en las versiones oficiales”.

La “cobardía”

“Hay otra aspecto preocupante de la salida de Carmen: la presión política de Televisa fue tan eficaz que logró que el Grupo Prisa cediera”, reflexiona Denisse Dreser, en clara referencia al cambio del consorcio español que en tres ocasiones distintas defendió a Carmen Aristegui frente a los intentos de censura de Televisa.

Una de esas ocasiones fue en noviembre de 2006, cuando se incrementaron los rumores de una posible salida de Aristegui de W Radio. En esa ocasión intercedió por ella José Luis Cebrián, directivo de Prisa, quien le advirtió a sus socios de Televisa: “Si tocan a Carmen, tocan también a Prisa”.

El mismo mes de noviembre, Aristegui recibió en España el premio Ondas, otorgado por ese consorcio mediático, propiedad de la familia Polanco. Distintos observadores interpretaron que este reconocimiento era una manera de “blindarla” ante un posible ataque de Televisa.

Ahora, sin embargo, el exsenador y presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), Javier Corral, considera que la actitud de Prisa refleja una actitud “igual de miserable que la de sus socios y son peor de cobardes que el peor de los empresarios nuestros, porque navegan en el esquema de la inversión neutra”.

Promotor de una apertura para la inversión extranjera en materia de medios electrónicos, Corral reconoce que el caso de Aristegui y W Radio lo ha llevado a replantear esa posición porque Prisa está demostrando que tiene prácticas mercantiles y de censura iguales a las del monopolio televisivo mexicano.

“Creímos que Prisa era otra cosa, porque piensas en personajes interesantes, como José Luis Cebrián o Alex Grijelmo, pero ya muerto el viejo Jesús Polanco, se verifica que los juniors se entienden con los juniors”, afirma Corral, en clara referencia a la sociedad entre el hijo de Polanco y Emilio Azcárraga Jean.

“Prisa manda una muy mala señal de endurecimiento informativo. Están cerrando espacios y eliminando una plataforma de expresión donde los temas de la reforma a los medios se podían tocar”, indica el exsenador panista y promotor de la acción de anticonstitucionalidad contra la Ley Televisa.

Un comunicado de la AMEDI advierte que la decisión del Grupo Prisa, responsable de administrar los contenidos de las radiodifusoras de Televisa, “confirma los riesgos que ocasiona la concentración de muchos medios en pocas manos”.

“El acaparamiento de frecuencias radiofónicas y televisivas en unas cuantas empresas se ha convertido en uno de los diques más importantes para el desarrollo de la democracia en este país. Esa concentración puede significar restricciones para la libertad de expresión como la que, en la práctica, está ocurriendo con la supresión del programa de la periodista Carmen Aristegui”, destaca el texto de la AMEDI.

–¿Se trata de un caso de censura? –se le pregunta a Corral.

–Sin duda alguna. Es una cancelación a la libertad de expresión. Ahora lo quieren llamar incompatibilidad editorial, pero es censura. Es una decisión que refleja una enorme falta de respeto a las audiencias.

Corral precisa que la AMEDI envió su comunicado en la tarde del viernes a la dirección editorial de Prisa en España, específicamente a Juan Luis Cebrián. Al momento de la entrevista aún no había una respuesta.

Historia de acoso

Desde abril de 2006, fecha en que se discutió y aprobó en el Senado la Ley Televisa, Aristegui se convirtió en una periodista incómoda para la empresa por entrevistar a los senadores que criticaban esta legislación.

Durante el proceso electoral, la periodista dio un seguimiento puntual a escándalos como el de la empresa Hildebrando, propiedad del cuñado del entonces candidato presidencial panista Felipe Calderón y hermano de Juan Ignacio Zavala, actual responsable de la operación del Grupo Prisa en México.

La cobertura de Carmen Aristegui se vio con malos ojos en el equipo de campaña del PAN y entre los directivos de Televisa. Ante sus más allegados, Emilio Azcárraga Jean consideró a la periodista como una “traidora” por criticar la Ley Televisa, y así lo hizo saber en el último brindis de 2006.

La primera represalia de Azcárraga Jean contra Aristegui se produjo en octubre de 2006, cuando suspendió del sistema de televisión satelital Sky, propiedad absoluta de Televisa, la transmisión del noticiario radiofónico de Aristegui en W Radio.

Sin informar a sus suscriptores y alegando “fallas técnicas”, Televisa hasta ahora no ha restablecido la señal de W Radio, que originalmente se transmitía en el canal 629.

El 6 de octubre de 2006, Aristegui comentó la situación en su espacio informativo:

“¿Tenemos Sky? No tenemos Sky. ¿Cuántos días llevamos sin Sky? Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo… nueve días. Bueno, esperemos que los especialistas y técnicos de Sky puedan resolver pronto esta situación técnica que, han avisado, es la que motiva nuestra salida del aire en estos días.”

Nunca se restableció la señal. También en la página de W Radio en internet ocurrieron constantes “fallas técnicas” relacionadas con el espacio informativo de Aristegui.

Durante 2007 Hoy por Hoy se convirtió en un punto de referencia informativa por el seguimiento del escándalo del gobernador poblano Mario Marín y del empresario textilero Kamel Nacif, acusados de coludirse para arrestar a la periodista Lydia Cacho, que denunció las redes de pederastia que involucraban a Nacif y a políticos priistas.

Así mismo, Aristegui informó sobre el caso de la indígena Ernestina Ascencio, presunta víctima de violación tumultuaria por un grupo de militares, a pesar de que el presidente Felipe Calderón adelantó que murió por “malestar gastrointestinal”.

Los intereses de la alta jerarquía católica se confrontaron también en Hoy por Hoy, al ventilarse las denuncias contra el sacerdote Nicolás Aguilar, acusado de pederastia y protegido por el cardenal Norberto Rivera.

Para Televisa y buena parte de los concesionarios, “la gota que derramó el vaso” fue la actitud crítica de Carmen Aristegui ante la reforma constitucional en materia electoral.

En su artículo “La reforma”, publicado en el periódico Reforma el 14 de septiembre, tres días después del reality show protagonizado por comentaristas y concesionarios frente a los senadores que aprobaron la reforma electoral, Aristegui se deslindó de las críticas de otros comunicadores de medios electrónicos. Señaló:

“Me pronuncio en contra del despliegue de fuerza e intimidación que se ha desatado en el más amplio espectro de los medios en el país en contra de los poderes establecidos, particularmente los del Congreso, por razones que distan mucho de las esgrimidas en esta pretendida cruzada libertaria. Me preocupa el tufillo golpista que percibo en algunos de mis colegas. No comparto en modo alguno la idea de que esta reforma constitucional ponga en riesgo ni mi libertad ni la de ningún ciudadano de este país, para expresar opiniones de ningún tipo”.

Los signos más preocupantes de un cambio en W Radio frente a la autonomía editorial de Carmen Aristegui se produjeron tras la llegada de Daniel Moreno como responsable del área de noticias, y del español Javier Mérida, responsable de Televisa Radio.

Esta decisión provocó que Carlos Loret de Mola anunciara el 26 de septiembre del año pasado que abandonaba la estación, donde era el responsable del noticiario vespertino, para incorporarse a la emisora 104.1 FM, de Radio Fórmula.

“Hubo cambios en el área de noticias, llegó al frente de Televisa Radio Javier Mérida, y Daniel Moreno, con un proyecto que me parece bueno, pero en el que yo ya no iba a tener las mismas funciones que ahorita, la misma capacidad de maniobra con respecto a dar las noticias”, explicó Carlos Loret de Mola en declaraciones a Reforma.

El golpe final

El golpe final contra Carmen Aristegui se produjo después de la salida de Carlos Loret de Mola, de cambios en la programación (en especial, la salida de Christian Ahumada, creador del personaje El Duende, y del periodista Salvador García Soto, ambos colaboradores de El Weso).

Antes de que terminara 2007, la empresa le comunicó a Carmen Aristegui, a través de Daniel Moreno, una serie de “observaciones” y le advirtió que tenía que cambiar el modelo editorial del programa.

La versión oficial, difundida a través del comunicado de W Radio, señala que “lamentablemente, tras un año de conversaciones no hubo posibilidad de un acuerdo entre ambas partes para incorporar a Carmen Aristegui a este modelo en México, basado en el trabajo en equipo y el derecho a la información plural y que obtiene el liderazgo de audiencia en todos los países”.

El comunicado presumió que este mismo modelo “de organización y trabajo” funciona en otros 10 países donde Unión Radio, propiedad de Prisa y a la que pertenece W Radio, tiene estaciones “donde profesionales de la categoría de Darío Arizmendi y Julio Sánchez Cristo, en Colombia; Iñaki Gabilondo y Carlos Francino, en España; Víctor Hugo Morales, en Argentina, y Max Aub, en Estados Unidos, trabajan con profesionalidad y absoluta libertad”.

En su última emisión, el 4 de enero, Carmen Aristegui informó que no se trataba de pláticas de más de un año, sino de una decisión de la empresa para no renovar su contrato. Esta decisión se tomó la tarde del jueves 3. El golpe final se había dado. Prisa cedió finalmente a las presiones de Televisa. En Los Pinos no se hizo ningún comentario. En el Senado se discute un posible punto de acuerdo sobre el caso para la próxima semana, a propuesta de Yeidckol Polevnsky

COMENTA GRANADOS CHAPA DEL CASO ARISTEGUI:

¿Por qué echan a Carmen Aristegui?
Miguel Ángel Granados Chapa

Nadie puede objetar el derecho de una empresa de radiodifusión a confeccionar su programación conforme a sus intereses que, sin embargo, deberían tener presentes los de sus usuarios, pues en último término el negocio de un concesionario consiste en conseguir el mayor público para vender la mayor cantidad posible de anuncios a la mejor tarifa. Porque no procedió conforme a esa lógica, sino ateniéndose a otros criterios ajenos a la operación comercial, es necesario buscar la causa verdadera del virtual despido de Carmen Aristegui, pues a eso equivale la decisión de W Radio de no renovar el contrato de una periodista que la prestigiaba y le daba a ganar dinero.

En la página del propio consorcio que prescindió de sus servicios constaban, todavía la mañana del viernes 4 de enero, las razones para contarla entre su personal: Carmen Aristegui, a decir de sus empleadores, es “una de las periodistas más reconocidas y respetadas de México, quien presenta de manera ágil y precisa el acontecer nacional e internacional”. Esa opinión coincidía con la que suscitaba casi universalmente el desempeño profesional de Carmen Aristegui. José Antonio Fernández, un periodista especializado en medios de comunicación, la sintetizaba señalando que ella es “la conductora de noticias de mayor prestigio en la radio y la televisión mexicana. Su estilo serio, analítico, de muy buen trato y valiente, se impuso (…) Sus niveles de credibilidad son muy altos. Es muy respetada en los círculos intelectuales y políticos”.

Apenas un mes atrás, el programa conducido por Carmen había obtenido una vez más el premio del Club de Periodistas, que se agregaba a los muchos otros reconocimientos que se le han prodigado, entre los cuales sobresale el haber ganado en dos ocasiones el Premio Nacional de Periodismo, una vez cuando el certamen respectivo era organizado por el gobierno federal y otra vez cuando ese galardón se ciudadanizó, al ser otorgado por un jurado profesional escogido por un consejo en el que participan universidades públicas y agrupaciones de concesionarios, editores y académicos dedicados a la comunicación. En España la periodista mexicana había recibido el premio Ondas Iberoamericanas de la cadena Ser.

Pero Carmen Aristegui, si bien significaba uno de sus activos más importantes, era también pluma de vomitar para la división de radio de Televisa y en general para esa empresa, que es remilgosa en cuanto concierne a la autonomía de sus comunicadores. Quizá ya no se les trata a puntapiés, o por mejor decir a patadas, como lo hacía Emilio Azcárraga Milmo –o con simple autoritarismo, como en el tiempo de Emilio Azcárraga Vidaurreta–, pero no son admitidas las expresiones sistemáticas de independencia profesional. Esa política de personal, uno de los pilares del funcionamiento del monopolio, se radicalizó en los últimos dos años, cuando durante el proceso electoral, y sobre todo en su secuela, fue creciendo la crispación social y se demandó de los conductores de radio y televisión una conducta militante a favor de los propios concesionarios y en contra de quienes presuntamente podrían dañarlos, como Andrés Manuel López Obrador.

Carmen Aristegui acrecentó su conciencia y márgenes de acción profesional, haciéndolos más anchos de los que esa política y esa radicalización podían admitir. Por eso paulatinamente el beneficio corporativo que la empresa recibió con la presencia de la periodista se trocó en molestia y aun irritación crecientes para Televisa, que comenzó a hostigarla en un territorio en que no tenía que contar con el asentimiento de su contraparte española, el Grupo Prisa de la familia Polanco: unilateralmente suspendió la emisión de Hoy por hoy a través del canal 629 de Sky, pretextando un problema técnico que, de haber existido, hubiera sido resuelto en minutos, pero que perduró hasta el último minuto de la presencia de Carmen porque surgió de un impedimento político.

Durante meses, los intereses comerciales de Prisa neutralizaron los políticos de Televisa, y de esa oposición derivó una suerte de escudo protector para la mejor periodista en ejercicio en nuestro país. Pero cuando aquellos intereses del grupo español se convirtieron también en intereses políticos –en virtud de los cuales Juan Ignacio Zavala, cuñado del presidente Calderón, fue contratado por el consorcio de los Polanco–, Carmen Aristegui quedó a la intemperie y nada pudo impedir que, contrariando la lógica comercial del mayor beneficio en el menor tiempo, se resolviera no renovar su contrato, máscara de un despido que a nadie engaña, entre otras razones porque allí donde sí funciona la relación profesional entre el difusor y la periodista, su programa cotidiano de entrevistas en CNN, la relación contractual ha venido mejorando. Es que el consorcio de Ted Turner tiene claro cuán provechosa le resulta la aparición de la periodista en su pantalla.

Quizá la decisión de echarla de Televisa se engendró en junio de 2006, cuando en las vísperas de la jornada electoral Carmen Aristegui probó que la relación entre Hildebrando, una empresa informática propiedad de otro cuñado de Calderón, y el Instituto Federal Electoral hacía posible que en la página web del entonces candidato presidencial del PAN estuviera disponible información a la que sólo puede accederse a través del padrón electoral y que podía ser manipulada con fines aviesos. A partir de entonces se reputó a la periodista como contraria a las posiciones panistas en general y de Calderón en particular. Al paso de los meses, sobre todo después del 2 de julio, esa gratuita clasificación evolucionó hasta considerar a Carmen como una traidora que no hace honor a la amistad que en algún momento la vinculó con la familia que ahora radica en Los Pinos.

No sólo eso: también contó la constancia y la penetración con que la periodista se ocupó del caso de la señora Ernestina Ascencio, en que Calderón intervino de modo aberrante si bien eficaz (se consiguió impedir la indagación sobre la presencia militar en el ataque mortal a aquella mujer anciana en la sierra de Zongolica). Y si a eso se añade la persistencia de Carmen en ofrecer información sobre acusaciones al cardenal Norberto Rivera por su eventual protección a un cura pederasta; y si se agrega que la conversación entre el gobernador de Puebla Mario Marín y su amigo Kamel Nacif sobre la trama para vulnerar los derechos de Lydia Cacho por su denuncia de poderosas mafias dedicadas la pornografía infantil, fue conocida a través de su programa… se comprende la dimensión de los intereses a los que Televisa sabía conveniente servir defenestrando a Carmen.

A todo ello se unió el agravio que, según Televisa, le infirió la periodista al informar sobre el verdadero carácter de la reforma a las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, y su festejo ante la decisión de la Suprema Corte de declarar inconstitucionales sus principales artículos. Y por si algo faltara, la colmó su posición ante la reforma constitucional en materia electoral: no sólo se opuso a considerar que hay en ella ataque a la libertad de expresión, sino que, ejerciendo su propia autonomía, se abstuvo de figurar en el enfrentamiento de los concesionarios y sus comunicadores con el Senado de la República en septiembre pasado.

Su acusado sentido de la propia dignidad y su profesionalismo, acendrado desde entonces, permitió a Carmen Aristegui superar la crisis de noviembre de 2003. Entonces se produjo la ruptura del Grupo Imagen en que participaba y fue impedida de cumplir sus obligaciones profesionales por Pedro Ferriz, cuya vulgaridad tradujo a empellones físicos el choque de concepciones éticas que lo distanciaron de Carmen y de Javier Solórzano. Es seguro que las acrecidas virtudes personales y profesionales de la periodista le deparen el espacio que la sociedad reclama y que concesionarios duchos en identificar oportunidades para sus negocios pueden ofrecerle