ARTÍCULOS DE PROCESO

Agradezco a los lectores que nos enviaron los artículos de Proceso. Salen tres:

SOBRE LA BRUTALIDAD POLICIACA EN ATENCO

Sin técnica y sin ética
Alejandro Gutiérrez

Ante la "ausencia de técnica" en las operaciones de las policías Federal Preventiva (PFP) y de las corporaciones locales en casos como el de Sicartsa, Atenco y Cancún, existe "el enorme riesgo de que se pudiera utilizar a la PFP militarizada para que intervenga en posibles conflictos postelectorales, luego de la votación del 2 de julio", advierte el consultor en seguridad Ernesto Mendieta Jiménez.

Doctor en seguridad pública por la Atlantic Internacional University, considera que "están prendidos los focos rojos" ante ese escenario posible, y señala que "el llamado es para alertar a quienes van a tomar decisiones, que vayan pensando que no es ética ni legal ni técnica ni políticamente prudente hacerlo".

En entrevista, considera que ante la posibilidad de que en los comicios del 2 de julio próximo se reduzca el margen de diferencia entre los contendientes presidenciales, los partidos políticos inconformes podrían iniciar protestas.

"En ese caso –explica–, vemos a la PFP interviniendo en control de manifestaciones poselectorales. Nuestra preocupación es que ganando cualquiera de los candidatos por poco margen, habrá la preocupación del oponente de que por fuerzas ajenas a la voluntad del votante se hayan dado esos puntos de diferencia. Por ejemplo, si gana el PAN, pudiera ser el caso de que el PRD denuncie que hubo apoyos del gobierno federal, o viceversa, lo cual lleve a protestas."

Entrevistado el viernes 12 en su oficina de la Ciudad de México, Mendieta considera que "a partir de la forma de operar en Cancún, Sicartsa y Atenco, la pregunta sería si la PFP es capaz de enfrentar estas manifestaciones en la forma adecuada para proteger los intereses reales… Creo que la respuesta es obvia".

–¿Qué seguiría?

–Pues el Ejército… que no lo veo factible. A eso nosotros le llamamos el efecto Chernobyl, porque con la explosión del reactor sucedió igual que en los operativos: se "fundieron" todas las alarmas y todos los procedimientos establecidos.

Soluciones miopes

Con base en un análisis de la Norma de la Organización de las Naciones Unidas denominada Experiencia Internacional sobre el Uso de la Fuerza Policial, y del documento denominado Comportamiento ético en el uso de la fuerza legítima por los integrantes de las instituciones de seguridad pública, elaborado por Mendieta y por el filósofo Alberto Constante, el especialista afirma que los operativos mencionados estuvieron lejos de las normas reconocidas a nivel internacional.

Explica que estos documentos contienen disposiciones para que las corporaciones policiales utilicen la fuerza con proporcionalidad y sólo en caso extremo. "El caso extremo se refiere al uso de la fuerza en casos absolutamente necesarios y estrictamente indispensables", apunta.

Director del Instituto de la Policía Judicial Federal de la PGR y exfiscal especial Antisecuestros de la extinta Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, Mendieta fue el responsable de elaborar el estudio técnico sobre las responsabilidades oficiales en el choque de la policía de Cancún y PFP con los globalifóbicos, en septiembre de 2003.

"Si sólo buscas estudiar estos casos desde la perspectiva judicial –indica–, no te alcanza para entenderlo. Necesitas recurrir a la criminodinámica, que es la técnica que te lleva a distinguir la verdadera causa de las causas."

Por ejemplo, dice, "si en Atenco o Sicartsa sólo se ve quién golpeó o quién disparó, está bien, eso te da la causa de las lesiones o del homicidio, que son las causas mediatas, pero sólo eso no te permite ver el fondo. Y quedarse en ello es muy miope. Tienes que estudiar las causas mediatas y las causas remotas".

Sostiene: "En principio, ves policías no capacitados, insuficientemente equipados, sin supervisión de campo que pueda orientar en la toma de decisiones. En un segundo nivel, las causas mediatas están en la falta de planeación, coordinación, operación, profesionalización y descontrol en la cadena de mandos e inexistencia de mandos de campo".

Y en último nivel, tanto en Cancún como en Sicartsa y Atenco "se vio en las causas remotas una falta de concepción de la misión policial en una sociedad democrática, instituciones civiles militarizadas, falta de profesionalización del servicio, subordinación prácticamente incondicional de las policías locales ante la PFP".

"En el caso de Atenco o en Sicartsa, el Ejercicio que no vemos que se esté haciendo es el ejercicio criminológico. Se buscan soluciones miopes. Por ejemplo, no vemos que los operativos tengan una coordinación en el marco del federalismo, donde haya mando y procedimientos. Sólo vemos diferentes masas de contingentes policiales actuando en el mismo lugar y al mismo tiempo, no como un grupo unificado y coordinado con los mismos intereses", sostiene.

Indica que es "universalmente reconocida", en la aplicación de la fuerza, la aplicación de "niveles de control", que van desde la presencia física del oficial, las órdenes verbales de éste, el empleo de técnicas suaves, el uso de armas intermedias y hasta el de la fuerza letal, dependiendo del nivel de resistencia de los manifestantes.

En el caso de la utilización de "armas intermedias", como macanas, toletes o el "PRD-24" (prevention and reaction, un tolete de 24 pulgadas con mango transversal), existen recomendaciones específicas, pues aquéllas "nunca deben ser utilizadas para producir lesiones mortales. Incluso, la técnica prohíbe golpear en la cabeza, que fue lo que vimos en Atenco, porque en el menor de los casos su uso es denigrante para el sujeto a controlar, de acuerdo a las normas establecidas por la ONU, y en el peor de los escenarios pueden ocasionar lesiones mortales".

El especialista, en cuyo currículum se indica que ha tomado e impartido cursos en Estados Unidos, en países europeos y en Israel, concluye: "El agente policial es parte del proceso de impartición de justicia, pero no se puede convertir en el juez ni en el ejecutor de una sanción. Es decir, su intervención no es punitiva, pero desgraciadamente eso fue lo que vimos en Atenco".

SOBRE EL PAN COMPRANDO EL VOTO RURAL:

El PAN compra el voto rural
Jesusa Cervantes

Una serie de documentos y cartas intercambiadas entre diputados panistas y funcionarios del gobierno de Fox detallan la forma en que, con dinero del erario, el panismo no sólo inyecta millonarios recursos a la campaña de Calderón. También, indican, está configurando un nuevo corporativismo para arrebatar al PRI y al PRD, mediante apoyos provenientes de los programas oficiales, el "voto verde" del medio rural.

Con recursos federales inyectados a la campaña presidencial de Felipe Calderón, el PAN proyecta minar "la gestión social" del PRI y del PRD en sectores donde se concentra el llamado "voto verde": la zona rural.

Documentos internos del grupo parlamentario del PAN, así como diversas misivas entre diputados federales de ese partido y funcionarios federales (en poder de Proceso), demuestran que los legisladores de Acción Nacional se propusieron no sólo canalizar recursos del gobierno con fines electorales, sino también dar pasos contundentes hacia un nuevo corporativismo.

El documento Programa de capacitación en programas federales – elaborado en 2004 por el expriista Arnulfo Montes Cuén, veterano en el manejo de programas federales, y el Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) de la Cámara de Diputados– establece con toda claridad los objetivos de los panistas: 1. "Crear contrapeso a la gestión social que hacen el PRI y el PRD en el sector agropecuario, campesino y rural"; 2. "Generar a través de la gestión: estructuras sociales que le den fuerza a Acción Nacional en los próximos procesos electorales", y 3. "integrar a la población del campo mexicano a organizaciones civiles identificadas con Acción Nacional".

En el documento, mediante el cual el PAN pudo gestionar casi mil 400 millones de pesos provenientes de nueve programas gubernamentales (Proceso 1540), los legisladores Javier Castelo, de Sonora, y Jorge Luis Preciado, de Colima, señalaron que se debe garantizar que los diputados panistas "cuenten con información clara, práctica y operativa de todos los programas del gobierno federal".

Esto, afirman, porque se impone "desarrollar un proyecto de gestión social en todo el país para aprovechar los programas federales", de manera que "este modelo de capacitación se dé a los 'cuadros militantes panistas' (…), desde el comité directivo nacional hasta el comité directivo municipal más modesto".

Elaborado a finales de 2004, ese manual señala que los trabajos debían empezar con "los programas sociales de mayor impacto social", de manera que, para mediados de 2005, los legisladores panistas solicitaron el respaldo de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Josefina Vázquez Mota, quien ahora se desempeña como coordinadora de la campaña por la Presidencia de Felipe Calderón.

En una carta fechada el 28 de junio de 2005 y dirigida a Josefina Vázquez Mota, los diputados panistas Armando Rangel Hernández, José Isabel Trejo Reyes y Jorge Luis Preciado plantean a la secretaria:

"Los suscritos, diputados federales del GPPAN, te exponemos que, en relación a los programas de Adultos Mayores, Apoyo Alimentario (Diconsa), Empleo Temporal y Vivienda (…), te solicitamos una reunión de trabajo con un grupo parlamentario de 15 diputados de nuestro grupo para acordar acciones de conjunto con esa secretaría a tu cargo."

Una carta que el director del Programa de Atención a Adultos Mayores, Javier Reygadas Robles Gil, remitió al diputado Jorge Luis Preciado, muestra que, para el 9 de septiembre (fecha de la misiva), los planes ya estaban en marcha:

"Por medio de la presente –dice Reygadas a Preciado–, le comunico que el Programa de Atención a los Adultos Mayores está realizando el levantamiento de una encuesta a nivel nacional para integrar el padrón de beneficiarios que serán apoyados este año (…). En octubre, estaremos en posibilidades de iniciar la entrega de apoyos."

Y algo similar estaba ocurriendo, también, con el Programa de Empleo Temporal (PET), de acuerdo con otra misiva que el titular de éste, José de Jesús Castellanos López, dirigió el 11 de agosto al mismo legislador Preciado:

"Hago referencia a su escrito de 28 de julio del presente año que dirige a la atención de Antonio Sánchez Díaz de Rivera, subsecretario de Desarrollo Social y Humano, y mediante el cual se pide se atiendan las solicitudes que varios diputados le han presentado para ingresar personas al PET, informándole al mismo tiempo que suman la cantidad de 9 mil 607 potenciales beneficiados en nueve estados (…). Le informo que dichas solicitudes, tal y como habíamos acordado, nos sean presentadas para que puedan ser validadas y eventualmente autorizadas…"

Y, en un informe que el diputado Jorge Luis Preciado ofreció un poco después a sus compañeros de partido, se precisan cifras y se habla de otras dependencias federales involucradas.

Luego de asentar que ya se estaba tramitando la disposición de 72 millones de pesos, el escrito señala:

"Los funcionarios ofrecen un acuerdo con la Sagarpa para la transferencia de 100 millones de pesos para atender las necesidades de los diputados; por su parte, el diputado José Isabel Trejo Reyes ha establecido negociaciones con Hacienda para que el citado traspaso de recursos se logre exitosamente en los próximos días."

Y por lo que se refiere al Programa Oportunidades, resulta igualmente reveladora una misiva que dirigió a Preciado el secretario técnico de dicho programa, Rodolfo Guzmán García, quien fue el primer vocero que tuvo Josefina Vázquez Mota en la Sedeso.

Fechada el 13 de septiembre de 2005, la carta se refiere a una relación de "localidades que son atendidas por Oportunidades y (que) se desprenden de la lista que ustedes nos remitieron en su oficio sin número, de fecha 28 de julio del año en curso, enviado al licenciado Antonio Sánchez Díaz de Rivera, subsecretario de Desarrollo Social, solicitando la incorporación de 11 mil seis familias al padrón de Oportunidades…".

Y añade: "La entrega de esta base de datos cumple uno de los acuerdos en nuestra reunión de trabajo del pasado jueves 8 de septiembre, celebrada en la sede de Oportunidades, con el propósito de encontrar juntos vías para atender su petición conforme a las normas establecidas en nuestras reglas de operación 2005".



Dinero "legitimador"



Pero para que los diputados federales panistas pudieran capitalizar el respaldo que les ofreció la secretaria Josefina Vázquez Mota, se decidieron finalmente a echar mano de la receta corporativista de Montes Cuén.

En esencia, los 62 diputados panistas involucrados en el programa han estado procurando que las organizaciones sociales beneficiadas con recursos del gobierno federal "fortalezcan el trabajo político de nuestro partido con la población objetivo del campo mexicano".

Por ello, sabedores de la poca presencia que tiene el PAN en las zonas rurales, los panistas dirigieron su trabajo a la creación de 22 agrupaciones, como se mencionó en la entrevista que Montes Cuén ofreció a Proceso en su edición 1540.

E inclusive en el documento titulado Principales logros y avances en programas federales (presentado por Preciado el 25 de agosto de 2005 y donde se da cuenta de la obtención de mil 300 millones de pesos que serían destinados a la desarticulación de organizaciones del PRI y del PRD), existe un punto que especifica:

Con el Programa de Atención a Adultos Mayores "buscamos que las organizaciones tradicionales (CNC, CCI, UNTA, UNORCA, etcétera) no les quiten sus apoyos a los adultos mayores, puesto que de un total de 2 mil 100 pesos que el gobierno federal les otorga, los líderes campesinos del PRI y PRD prácticamente les quitan en promedio mil pesos".

Así, enfatiza, "¡las agrupaciones del PRI y el PRD dejarían de percibir 330 millones de pesos!".

El diputado federal Jorge Luis Preciado informó entonces a sus compañeros de bancada que la Secretaría de Desarrollo Social les había autorizado 330 mil apoyos para los adultos mayores y que, como "la meta" era entregar "330 mil cartas", era indispensable notificar "a cada diputado interesado de la cantidad de apoyos aprobados por estado".

En seguida se apuntaron 20 diputados federales a los cuales se les autorizó un monto de 26 millones de pesos.

En otro documento de la misma fecha, Preciado establece que para este programa, "por instrucciones de la Sedeso, se aprobaron todas las solicitudes", y subraya que con esos apoyos "se legitimará" el trabajo del PAN "en las localidades rurales e indígenas de alta marginación en donde tradicionalmente no hemos tenido presencia significativa".

Más aún, continúa, "con el apoyo del GPPAN, logramos capacitar los días sábados y domingos de cada semana a 3 mil 200 miembros del PAN, en 27 estados de la República, para la operación y ejecución de programas federales de alto impacto social y proyectos productivos".

En el resumen que entregó Preciado el 25 de agosto de 2005, queda de manifiesto que los legisladores panistas solicitaron a la Sagarpa, del Programa Alianza para el Campo, 900 millones de pesos para repartir en 28 estados de la República.

"Funcionaros de la Sagarpa –asevera Preciado– comprometieron estos apoyos con la intervención de los diputados Molinar Horcasitas y Trejo Reyes (…). Se acordó que los recursos serán entregados vía ejecución nacional por conducto de organizaciones campesinas nacionales (Fenpa, Conafor, Fundar, Opamex, UPS, ABC, Opasur y Movimiento Campesino, A.C.), todas integradas por diputados del GPPAN."

Y es que, de acuerdo con el manual que los legisladores panistas siguen para utilizar los programas sociales federales, debían crear de inmediato, junto con la dirigencia nacional del PAN, 10 organizaciones sociales campesinas por cada uno de los 300 distritos electorales.

Aunque los diputados del PAN sólo pudieron fundar 22 organizaciones sociales campesinas, en ellas, prosigue el informe, "participan poco más de 123 mil personas, las que trabajan con una clara vinculación a favor de Acción Nacional en el campo mexicano".

A la bancada del PAN se le encomendó "crear cuadros panistas en todo el país que desarrollen modelos sociales para aprovechar y ejecutar programas federales en beneficio de personas y productores agropecuarios que apoyen en procesos electorales al PAN".

Para ello, era preciso "tener acceso a los padrones nacionales" de los cuatro programas sociales de mayor impacto; "diseñar cientos de macroproyectos con el padrón de Oportunidades" y, sobre todo, "agendar de manera inmediata con secretarios de Estado y enlaces para formular acuerdos".

Fue así como se pudieron gestionar y repartir los mil 300 millones de pesos que mencionó el diputado Preciado en su informe del 25 de agosto de 2005.

Todo, según los panistas, porque "no podemos seguir en desventaja con el PRI y el PRD, que cuentan con áreas técnicas especializadas en estos temas".



Disputas y demandas



Sin embargo, al igual que en las organizaciones priistas, en el corporativismo panista no dejan de producirse disputas por el dinero.

De acuerdo con el informe del legislador Preciado, en 2005 se logró obtener para el programa de Vivienda Rural un monto de 115 millones de pesos, de los cuales la organización fundada por Montes Cuén, Fenpa, había tramitado 55 millones de pesos.

El 6 de febrero, la Sedeso informó a Montes Cuén que todo estaba listo para la entrega del dinero, pero que previamente debía reunirse con Preciado.

Por la noche, éste le dijo a Montes Cuén que, de esa cifra, tendría que darle 27.5 millones de pesos para destinarlos a la campaña presidencial de Felpe Calderón, o de otro modo la Sedeso no le entregaría los recursos.

Montes Cuén se negó y, en efecto, al día siguiente se encontró con que la Sedeso ya había trasladado el dinero que correspondía a Fenpa hacia otra agrupación, Huehuetépetl.

Ante esto, Montes Cuén interpuso, el 7 y el 10 de abril, dos denuncias penales ante la PGR contra Josefina Vázquez Mota y otros funcionarios de Sedeso por desvío de recursos federales a la campaña presidencial de Calderón.

A su vez, el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados anunció que este lunes 15 de mayo interpondría, ante la Secretaría de la Función Pública, una denuncia contra Josefina Vázquez Mota y diversos funcionarios de Sedeso por haber incurrido en una irregularidad derivada de la modificación, ilegal, de las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Rural, con el fin de que la Sedeso sea la que maneje los recursos de vivienda en lugar de Fonahpo.

SOBRE LAS PROMESAS REPETIDAS DE CALDERÓN (¿CALDEFOX?)

Las mismas promesas
Carlos Acosta Córdova

Ya sea porque Fox no cumplió con sus ofertas de campaña, ya porque Felipe Calderón no tiene nada nuevo que ofrecer, el candidato panista repite muchas de las propuestas, ideas, palabras y hasta cifras que aquél utilizó en su campaña rumbo a la Presidencia. Así, Calderón promete un número de nuevos puestos de trabajo similar al de Fox: 1 millón 300 mil anuales, aunque en realidad el presidente sólo ha logrado crear un promedio de 170 mil, la cifra más baja de los últimos 18 años…





Como si no hubiera pasado el tiempo, como si el país estuviera a punto de experimentar por primera vez la alternancia en el poder y acabar con 70 años de gobiernos priistas, Felipe Calderón Hinojosa, quien dice ser "el candidato de las propuestas" y se anuncia como "el presidente de las soluciones", repite, una a una, en materia económica, las propuestas, las tesis, las ideas y hasta las fórmulas discursivas con las que Vicente Fox ganó, hace seis años, el voto de la mayoría de los mexicanos.

En temas como el empleo, los impuestos, salarios, finanzas públicas, energéticos, desarrollo regional y migración, el candidato panista ofrece, en suma, "más de lo mismo", como Fox solía decir de su contrincante priista Francisco Labastida Ochoa.

Fox no se anunciaba como el presidente del empleo, pero una de sus principales propuestas –más allá de las que ahora son motivo de mofa: 7% de crecimiento económico anual o la solución al conflicto de Chiapas en 15 minutos– consistía en hacer de México un país donde todo mundo tuviera trabajo, aunque "no cualquier trabajo", sino uno que le diera "a todos los mexicanos el ingreso suficiente para educar a su familia, gozar de vivienda digna, disfrutar de esparcimiento y, sobre todo, tener un patrimonio que le garantice una vejez sin sobresaltos, con una pensión suficiente".

Ése, según Fox, sería el primer punto para llevar a la nación por un "nuevo sendero de éxito, que permitirá a México afrontar el reto de la globalización como un país ganador". Ese "país ganador" que Calderón –supermotivado ahora por las recientes encuestas– ha llevado también a su discurso, al mismo tiempo que repite números.

Por ejemplo, Fox proponía crear 1 millón 350 mil empleos cada año, pues el millón que desde hacía 15 años venían proponiendo los gobiernos priistas resultaban insuficientes.

Y Calderón, según el público que tenga enfrente, afirma que creará 1 millón 300 mil puestos de trabajo anuales... o 1 millón, como prometió el martes 2. Aunque ese mismo día, el excoordinador de Políticas Públicas de la Presidencia de la República. Eduardo Sojo, recién integrado a la campaña del panista, trató de corregir: "No queremos ofrecer ningún número. Sin duda, Felipe está ofreciendo estabilidad económica y generar empleos".

Comos sea, los resultados del gobierno de Fox en materia de empleo han sido un desastre, pues según datos del Centro de Análisis y Proyecciones Económicas para México (CAPEM-Oxford Economic Forecasting), la generación de empleos apenas rondó los 170 mil nuevos puestos en promedio por año, la más baja de los últimos 18 años. Y si el presidente Fox insiste en que hay más empleo, en parte tiene razón, pero la mayoría de esos empleos se fueron a la economía informal, como lo ilustró el INEGI en sus estadísticas correspondientes a 2004: de cada ocho nuevos puestos de trabajo, sólo uno se creó en la economía formal.

De acuerdo con el CAPEM, Vicente Fox dejará un faltante de casi 6.5 millones de empleos, aunque en su campaña por la Presidencia criticaba duramente a Ernesto Zedillo porque, decía, dejaría un déficit cercano a los 4 millones de empleos.

Una de las más dramáticas consecuencias: que 1 millón y medio de mexicanos cruzan cada año la frontera buscando empleo en Estados Unidos, y aunque sólo una tercera parte se queda allá realizando uno de esos trabajos que, según Fox, "ni los negros quieren hacer", son mucho mejor remunerados que los que podrían tener en México, si los hubiera.

Según el economista Orlando Delgado Selley, con base en cifras del propio gobierno, "la cantidad de trabajadores que la economía nacional ha expulsado durante el gobierno del cambio equivale a 16% de la fuerza de trabajo nacional".

No es gratuito entonces, continúa el especialista de la UNAM, el crecimiento explosivo de las remesas que envían los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, que ya superan la extraordinaria cantidad de 20 mil millones de dólares. Y sólo para darle dimensión a esa cifra, Delgado Selley ejemplifica: El monto de las remesas es superior a toda la inversión extranjera directa, que ronda los 17 mil 805 millones de dólares; equivale a 71% de las exportaciones de petróleo crudo; representa la cuarta parte de la masa salarial del sector formal de la economía, y son mayores que los ingresos por turismo y que las exportaciones automotrices.

Lo peor, advierte, es que Felipe Calderón no tiene una propuesta definida en relación con los migrantes. "Ni por asomo menciona las correcciones que habría que hacer, en la parte laboral, al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá".

Y, en efecto, Calderón, como lo hizo Fox en su momento, sólo se queda en enunciados. En la presentación de su programa Empleo para todos, el martes pasado, el candidato que quiere ser "el presidente del empleo" se limitó a señalar que la generación de trabajos "bien pagados es la única solución sostenible a la migración por falta de oportunidades. El desarrollo regional se convierte en la piedra angular de la estrategia para evitar que millones de mexicanos crucen la frontera buscando un mejor futuro".

Así lo habían expresado también los priistas Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, como en seguida lo haría igualmente el panista Vicente Fox. Y en sus giras por los estados, Calderón insiste, como aquéllos, en que dará prioridad a las zonas rurales para proveerlas de caminos y de programas que eviten que millones de mexicanos se vayan a Estados Unidos.

Fox prometía "un México en el que quien salga a trabajar al extranjero lo haga porque lo desea y no porque está obligado, exponiendo su vida, a cruzar nuestra frontera con Estados Unidos". Y responsabilizaba al "PRI-gobierno" de que iniciaríamos el nuevo milenio "con más de 9 millones de mexicanos viviendo ilegalmente y en forma azarosa en Estados Unidos para poder alimentar a sus familias en este lado de la frontera".

Hoy hay 12 millones de mexicanos viviendo así en aquel país. Y Felipe sólo promete que dará mejores condiciones de vida para que no crucen la frontera, sin decir cómo, excepto por las obviedades de siempre: estabilidad económica, respeto al estado de derecho, entorno competitivo, desarrollo regional e inversión social.

"Felipe Calderón –concluye el analista económico Orlando Delgado–, nada dice, con precisión, de un cambio en la política económica que genere incentivos económicos a la inversión ni de recuperar para el Estado el papel promotor de la competitividad. Como desde la época de Miguel de la Madrid y los siguientes gobiernos, hasta el actual, Calderón parece insistir en dejarle 'al mercado' la tarea de impulsar el desarrollo económico del país. Llevamos casi 25 años con eso, y no ha funcionado."



Finanzas y energéticos



Y así como en el caso del empleo, en casi todos los temas en materia económica Calderón repite a Fox en términos que pueden tener dos lecturas: o propone lo mismo que Fox porque éste no cumplió, o porque el actual candidato panista no tiene nada nuevo que ofrecer.

Por ejemplo, en relación al sector financiero, Fox decía: "Seremos exigentes con el sistema financiero, para que a la brevedad alcance la eficiencia, calidad y la competitividad global". Seis años después, Calderón señala: "Es fundamental que nuestro sistema financiero alcance los niveles de eficiencia, profundidad y confiabilidad equiparables a los observados por nuestros principales competidores".

En cuestión de energéticos, Fox abordaba así el tema del petróleo: "Es necesaria una reforma fiscal que modifique el régimen de excepción que ha hecho de Pemex la caja chica del gobierno federal, su válvula de escape ante las crisis presupuestales". Como nada de eso cambió, Calderón repite: Para fortalecer a la paraestatal, es preciso "consolidar un nuevo régimen fiscal para Pemex que le permita a la empresa disponer de mayores recursos". Y Felipe, como lo hacía Fox, expresa que Pemex no necesita privatizarse, "pero sí transformarse, para ser viable en un mercado abierto a la competencia".

Según Fox, "cada una de las empresas petroquímicas de Pemex debe tener la flexibilidad de realizar las alianzas estratégicas que considere convenientes, como lo haría cualquier empresa global, sin las limitaciones actuales que les impiden conseguir socios". Ahora Calderón insiste: Hay que "permitir a nuestras empresas energéticas establecer alianzas estratégicas con otras empresas del sector a efecto de adquirir tecnología de punta".

Las puertas que Fox no pudo abrir por la oposición del Congreso y la sociedad, ahora Calderón se propone abrirlas de par en par. Fox aseveraba: Para ser más fuerte y con mayor rentabilidad, "Pemex debe concentrarse en las actividades medulares". Y Calderón: Es necesaria la "inversión complementaria a la del Estado en refinación, gas natural y petroquímica".


Política impositiva

Otro de los temas más coincidentes y polémicos es el de los impuestos. De acuerdo con Fox, uno de los medios fundamentales para estimular el ahorro interno –la base para hacer crecer la economía 7%– era una reforma fiscal que en lo tributario "simplifique las tasas y las exenciones, favorezca impuestos al consumo y establezca estímulos a la inversión y al ahorro de las personas tanto físicas como morales". Con esa reforma se facilitaría la incorporación de la economía informal al pago de impuestos.

Calderón ha evitado los términos "reforma fiscal" o "reforma hacendaria integral" empleados por Fox, que ocasionaron mucha irritación social, porque el planteamiento se asoció fundamentalmente con la imposición del IVA a alimentos y medicinas. Nunca pasó en el Congreso. Pero en el fondo lo que propone Felipe es también una reforma fiscal.

Dice el candidato panista que su política tiene un solo objetivo: crear empleos bien pagados "para que vivamos mejor". Para ello es necesario, plantea, crear un entorno competitivo, y uno de los pilares fundamentales de éste será simplificar los trámites fiscales, aumentar la base de contribuyentes y reducir la tasas impositivas, con la finalidad de hacerlas más competitivas. Una reforma fiscal, pues, que sería la base para alcanzar "altas tasas de crecimiento económico". Ante el chasco de 7% de Fox, Calderón prefiere no comprometerse a proponer una meta concreta de crecimiento económico.

Pero en los detalles el candidato se ha ido haciendo bolas . En sus ahora encendidos discursos de campaña promete que va a bajar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y que establecerá una tasa única para el mismo. Sin embargo, un día díce que la tasa de ISR, que hoy es de 29% –como límite máximo–, la bajará a entre 15% y 20%; otro día afirma que será de 23%, y luego da otra cifra. El caso es que en los documentos formales, como el que difunde en su página web, el que presentó el martes en el World Trade Center, sólo ofrece que la tasa del ISR "será menor a la vigente", sin arriesgar ninguna cifra.

Y no lo hace por el lío en que se metería. De hecho, la propuesta de imponer al ISR una tasa única, pareja para personas y empresas, es polémica en sí. Según los especialistas, primero tendría que reformarse la Constitución, pues ésta establece que los impuestos deben ser proporcionales, equitativos, legales, progresivos: a mayor ingreso, mayor impuesto. No se puede cobrar la misma tasa de ISR a un millonario que a una persona que gana 6 mil pesos mensuales.

Ahora, en caso de que una reforma así pasara en el Congreso –lo cual se antoja muy difícil–, la mayoría de los contribuyentes cautivos, personas físicas, se le echarían encima. Las personas que tienen ingresos de 5 mil a 15 mil pesos –cerca de 1.6 millones de un total de 2 millones, es decir, el grueso de contribuyentes– pagan actualmente una tasa de 17% de ISR. Entonces, no tendrían razón de estar felices con una tasa de 20% o 23%, como propone Calderón. Sería un golpe directo a las clases medias.

Más allá de enunciar la reducción de la tasa y de establecerla como única, Felipe no ha explicado los detalles de su posible instrumentación, la baja recaudación que implica ni mucho menos –que es el problema de fondo– cómo le va a hacer para que los millones de mexicanos que tienen ingresos y no tributan, la mayoría en la economía informal, sí paguen sus impuestos.

Las coincidencias entre Fox candidato y Felipe Calderón llegan hasta su visión del país.

Decía Fox: "Lo que está en juego el 2 de julio es continuar con más de lo mismo o iniciar un mejor proyecto de nación. Más de lo mismo significa continuar con salarios bajos y empleos informales. Más de lo mismo significa inestabilidad social, violencia en las calles y desintegración nacional".

Y Felipe, que en realidad promete más de lo mismo que Fox, manifiesta: "Lo que vamos a decidir este 2 de julio es entre empleo o deuda, entre estabilidad económica o crisis económica, es entre honestidad y manos limpias o corrupción, entre unidad o división entre mexicanos".

Cuando el entonces candidato Vicente Fox estaba en lo más alto de su popularidad, arrasando, prometiendo sacar al PRI de Los Pinos, esperanzando a millones de mexicanos por un cambio de a de veras, soltó esta perla contra el feneciente gobierno de Ernesto Zedillo:

"Ha faltado talento, liderazgo, visión y oficio de gobierno. Estamos listos para demostrar que las cosas pueden ser diferentes".

Felipe Calderón, según las encuestas, ahora está también en la cúspide –aunque con menos popularidad que el Fox candidato–, pero nunca se atrevería a repetir esa sentencia.

Una razón más para votar por el peje y por el PRD para el congreso en el 2006.