ACTO ADMINISTRATIVO vs ACTO PARLAMENTARIO.

Miguel Angel Granados Chapa en el Reforma:


Miguel Ángel Granados Chapa.

Erratas.

En un gesto de audacia contrario a la ley, el gobierno se apresta a corregir el desliz de los legisladores que paraliza el nombramiento de presidente de la Cofetel mediante un acto administrativo, cuando lo requerido es uno parlamentario.

Se inicia hoy la última semana de abril, final también del periodo de sesiones del Congreso de la Unión, último de la LIX Legislatura. Es una semana crucial para echar a andar la nueva legislación sobre medios electrónicos, objetada de diversos modos (ayer, por ejemplo, una multitud protestó contra ella en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México) que incluyen acciones legales como la de inconstitucionalidad emprendida por senadores inconformes con el contenido general de la reforma y resueltos a impedir que cobren vigor normas que no se apegan a, y aun atentan contra, la Constitución general de la República.

El tiempo ha complicado el diseño de esta reforma, ideada en el verdadero centro del poder público que son hoy las televisoras. El curso óptimo hubiera consistido en su aprobación en diciembre por las dos Cámaras, de modo que el presidente de la República realizara en enero los nombramientos de comisionados (habría dispuesto de 30 días a partir de la publicación de las enmiendas) y que al comienzo de marzo (concluido el otro plazo, también de 30 días, en que el Senado pudiera objetar las designaciones) la nueva Cofetel quedara integrada y lista para funcionar.

Pero la conciencia alerta de sectores sociales y legisladores atentos a la importancia de esta materia consiguió que el Senado no festinara la minuta enviada por la Cámara y la hiciera demorarse. Si bien a la postre la reforma fue consumada, no se realizó en los plazos previstos la integración de la Cofetel, descabezada en este momento porque los integrantes de su órgano de gobierno renunciaron.

El Senado ofreció a los autores de la ley, y al presidente de la República, muestra de su confiabilidad al aprobar la reforma contra viento y marea, no obstante el cúmulo de insuficiencias, errores y dislates de todo género que la afectan y que ya motivaron, en acto que sería de risa si no fuera tan grave, una reforma a la reforma, que se pretende que los diputados cocinen al vapor en estos días postreros de su función.

Pero ese Senado confiable no podrá dar nuevas pruebas de esa su condición porque el tiempo se acaba y no será esa Cámara, sino la Comisión Permanente, que empieza a actuar la próxima semana, la encargada de recibir noticia de los nombramientos y en su caso objetarlos.

Se abre el riesgo, remoto pero real, de que la Permanente, formada por 39 diputados y senadores, y cuya integración obedece a una variedad de factores no necesariamente regidos por la necesidad de echar a andar esta ley, no sea tan confiable como el Senado y sea capaz de entorpecer los nombramientos.

Hemos de estar alerta, en consecuencia, a un posible forzamiento de la situación. Claro que sería un atropello pero tenemos indicaciones de que en esta materia no hay escrúpulo que detenga la toma del poder por las televisoras. Sería grotesco y escandalizante pero el Presidente podría designar en las próximas horas o días a los miembros de la Cofetel y el confiable Senado declarar que no tiene objeciones a los nombramientos, alegando que el plazo de 30 días es potestativo, y por lo tanto renunciable, y que si llega pronto a una convicción sobre la idoneidad de los designados no tiene por qué dejar ese pendiente a la Comisión del receso.

No anuncio que así ocurrirá. Pero si ocurre no me sorprenderá. Ha habido y hay motivos para esperarlo todo en el proceso de reformar las leyes de radio, televisión y telecomunicaciones y poner su nuevo texto en práctica.

Se hizo claro que el gobierno está dispuesto a incurrir en una abultada ilegalidad al enmendar, mediante una fe de erratas, el desliz que hace imposible la designación del presidente de la Cofetel por el de la República.

He expuesto repetidamente en este lugar el problema pero no es redundante hacerlo de nuevo, no por sometimiento a la vacuidad formalista sino para ejemplificar el pleno irrespeto a la legalidad que priva en este proceso.

Por razones que nadie ha explicado, se dispuso en el artículo tercero transitorio que por esta única vez, la inicial, el presidente de la Cofetel no sea elegido de entre los cinco comisionados que integran su órgano de gobierno sino que el presidente de la República lo haga. ¿Cómo ha de hacerlo?: "siguiendo el procedimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 9-E de esta ley".

Pero ocurre que ni el último párrafo ni el artículo entero incluye procedimiento alguno, sino que enumera las seis facultades del presidente de ese organismo. En cambio, el artícu- lo 9-C sí se refiere al nombramiento de los comisionados pero su último párrafo, presumiendo que a ése hubieran querido referirse los legisladores, tampoco es aplicable al caso, porque contiene la regla para que el Senado intervenga en la designación, pero no el procedimiento que siga el Ejecutivo.

La senadora Dulce María Sauri hizo notar esta pifia, que imposibilita la designación de presidente de la Cofetel. Pero como se practicaba la consigna de no modificar ni en una coma la minuta de los diputados el error fue conocido y aprobado.

Ahora se quiere aliviarlo mediante una "fe de erratas", el procedimiento por el cual los editores del Diario oficial remedian sus yerros materiales. Pero el error no ocurrió en la publicación, acto administrativo, sino en la aprobación, acto parlamentario, por lo que sólo puede subsanarse por la misma vía. Pretender lo contrario hará susceptible de anulación el nombramiento del presidente de la Cofetel y todos y cada uno de los actos derivados.

Cajón de Sastre.

Mañana recibirá la Cámara de Diputados la minuta aprobada por los senadores a partir de la iniciativa de reforma a la reforma a la legislación en medios electrónicos. Lo menos que pueden hacer los legisladores de San Lázaro, que evidenciaron su irresponsabilidad al aprobar en diciembre la reforma que está tan mal hecha que aun sin ser aplicada ya es preciso modificarla, es no ajustarse a los designios de los senadores que quieren lavarse la cara de su sometimiento a los consorcios electrónicos.

Si se apresuran a aprobar la minuta tal como la reciben, nadie creerá sus excusas respecto de su error de diciembre.

Por otra parte, el próximo jueves 45 senadores, dos más de los necesarios, iniciarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad con que buscan impedir la vigencia de la reforma a las leyes de medios electrónicos.

Son claras las infracciones al texto constitucional en materia de competencia y de licitaciones (y también en materia electoral) por lo que pueden sus promotores fundadamente esperar que el tribunal constitucional les dé la razón.

Una razón mas para votar por AMLO y la mayoría perredista al Congreso.