EL SENADO DEJA IR LA OPORTUNIDAD.

León Bendesky

Senado vs. BdeM

La responsabilidad de administrar los intereses colectivos la confiere la sociedad y, además, la paga con sus recursos, extraídos por el Estado. Cuando quienes desempeñan esa función se alejan de su encargo, se advierten de manera más clara las grandes limitaciones que tiene un sistema que se toma formalmente por una democracia. Eso ocurre de manera constante en México.

La "cosa pública" es el escenario en el que se exhiben las contradicciones sociales y las pugnas del poder; también habrían de expresarse ahí los grandes acuerdos que sirven para acrecentar la cohesión social. Eso no ocurre todavía en México.

Estas cuestiones son aún más evidentes cuando el marco institucional, que incluye: las reglas de funcionamiento, las normas de conducta, las prácticas de operación de las entidades públicas y la rendición de cuentas de quienes las dirigen, es tan informe como el que prevalece en el país. Este rasgo, sin embrago, resulta muy rentable para ciertos grupos políticos y para los grandes intereses económicos. Así, hay mucha resistencia para ordenar mediante la ley, el desempeño de los funcionarios y el manejo de los recursos públicos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y judicial y en los organismos que tienen un estatuto de autonomía.

Un caso reciente muestra, de nuevo, la manera en que se toman decisiones en los altos niveles del gobierno y la administración pública y que afecta a un organismo cuya función requiere de modo esencial un entorno de plena confianza entre los agentes económicos: se trata del Banco de México (BdeM).

BdeM, según se desprende de la definición oficial, es el banco central del Estado mexicano y opera con un rango constitucional autónomo en sus funciones y administración. Su objetivo básico es crear las condiciones para mantener la estabilidad del poder adquisitivo del peso, o sea, evitar que se deprecie. Además debe promover un adecuado desarrollo del conjunto del sistema financiero.

El banco central debe renovar ahora a uno de los cinco miembros que forman su junta de gobierno para ocupar el cargo de subgobernador. El procedimiento legal indica que el presidente de la República propone a un candidato que debe ser aprobado por el Congreso, en este caso por la Cámara de Senadores.

La normatividad señala quiénes pueden ser candidatos para ocupar este cargo, y entre las condiciones que se establecen está la de una probada experiencia de trabajo y antigüedad en el sector financiero (este último requisito se puede suplir con conocimientos relevantes en la materia). El candidato presidencial que fue propuesto para el cargo contaba, sin duda, con los requerimientos formales y aquí no se trata de cuestionar ni a la persona ni sus atributos profesionales, sino los procedimientos que se siguieron para su rechazo por parte de la Comisión de Hacienda del Senado.

En efecto, dicha comisión consideró que la actuación de Carlos Hurtado como ex subsecretario de Egresos de Hacienda no avalaba su designación de subgobernador del BdeM. Esa determinación compete a las atribuciones de la comisión de referencia, pero el modo de hacerlo indica una forma de concebir la política que expresa la grave fragilidad institucional con la que funcionan el gobierno y el Estado.

Según una reseña periodística, el procedimiento de ratificación se habría llevado a una situación de muerte súbita, en la que tanto la fracción panista como la de oposición buscaban conseguir los votos necesarios para conseguir el nombramiento en un caso y el rechazo en otro. El PAN quería, por supuesto, apoyar la propuesta presidencial y el asunto se convirtió en un diferendo de facciones más que en una consideración política y técnica sobre el trabajo del banco central.

La polémica en torno del sector financiero está encendida desde la crisis de 1995 y la quiebra que provocó en el sector bancario. Eso llevó a la privatización de los bancos y a la debacle del Fobaproa y la creación del IPAB. En ese entorno el BdeM salió muy afectado, pues, como debe recordarse, el entonces senador panista Fauzi Hamdan impulsó una adición en la ley del IPAB que impedía al gobernador Guillermo Ortiz para ocupar su lugar en la junta de gobierno. El argumento era, nada menos, que había incurrido en responsabilidades graves asociadas con la crisis financiera. Esa cuestión constituía una clara anomalía en las funciones de una entidad pública que debía no sólo gestionar el salvamento de los bancos y su transferencia al sector privado, sino constituirse en el seguro de los depósitos.

Esta nueva disputa en torno al BdeM indica la debilidad institucional que prevalece en el sector. Pero los senadores no enfrentaron esa situación como una oportunidad para abrir de modo decisivo una necesaria y cada vez más impostergable reforma de la gestión financiera en el país y de quienes la dirigen. Lo que se mostró de nuevo fue el carácter decadente de la llamada clase política y burocrática, su improductividad como factor eficaz de transformación y, finalmente, su falta de responsabilidad.