EL BOTÍN DE LAS PRIVATIZACIONES.

Privatizaciones y estatizaciones

lunes, 12 de marzo de 2007

Jesús González Schmal La privatización de bienes del Estado en áreas estratégicas, pese a su recurrente fracaso, que ha obligado a los gobiernos a la reestatización con costos elevados a cargo del erario, sigue siendo práctica compulsiva de los regímenes alineados al neoliberalismo y a la nueva democracia cristiana. Es una obsesión insistir en concesionar áreas consideradas esenciales para la soberanía nacional como instrumentos estratégicos de soporte al desarrollo y a la creación de empleos para que se rijan con criterios capitalistas clásicos. Lo sorprendente es que nadie repara en la lógica más elemental de pensar que, si una actividad industrial (Pemex, CFE) o de servicios (carreteras, ferrocarriles) es deseada por capitalistas particulares para su explotación, ello no procede de que, en inversión y rendimiento, no lo sea para el Estado (calculando incluso su misión social no lucrativa, pero sí de sentido fiscal redistributivo), sino porque para el particular la ventaja es el casi nulo valor de la inversión original, tomada a precio de ganga o subasta, si no es que de concesión simple y llana. En los dos esquemas, los resultados financieros son obvios porque no hay costo significativo de origen, ya que en su mayor proporción es la aportación de activos nacionales, obras de infraestructura que representan décadas de inversión a cargo del presupuesto nacional. Es la verdadera radiografía de las privatizaciones que se oculta en las apariencias cuando se anuncian como las grandes soluciones financieras para ahorrar. El remate de los bienes públicos que se regalan con la esperanza de generar utilidades a los favorecidos y que no pocas veces, después de pocos años de retirar las utilidades, se les regresan al Estado, quien tiene que cargar con la responsabilidad de quiebras fraudulentas pero que, por tratarse de servicios públicos imprescindibles, tiene que asumirlas al costo que sea y a fondo perdido. El caso de los aeropuertos es típico. Se construyen con esfuerzos presupuestarios durante décadas, y se trata de recuperar los costos de operación y crear fondos para el mejoramiento mediante la fijación del pago por derecho de uso, a cargo de los pasajeros, usuarios del servicio. Estos ingresos van a la SHCP, y más tarde, a través de lo que determinan los presupuestos que aprueba el Congreso, se destinan a diversos rubros del gasto público. De repente en 1994 con la fiebre de las privatizaciones se dice que es mejor que el Estado salga de esa actividad para que particulares operen y exploten los aeródromos nacionales. Aparecen grupos españoles de dudoso origen, ofrecen un modesto plan de inversión, hacen que el gobierno renuncie al ingreso por derechos de uso de aeropuerto y se quedan con la concesión por 50 años prorrogables a 100 con derecho a percibir íntegros los pagos que por el uso del aeropuerto tienen que aportar en la compra del boleto viajeros nacionales y extranjeros. Negocio redondo porque convierten las centrales aéreas en gigantescos centros comerciales y, aun incumpliendo los compromisos de inversión, la concesión queda a su arbitrio ya que el gobierno no podría cerrar de un día para otro la prestación del servicio. El Grupo Aeroportuario del Pacífico que tiene en su poder 11 aeropuertos nacionales de primera importancia y ahora el aeropuerto de Toluca, cedido a otro grupo español, son ejemplo claro de estos trafiques. Este mismo esquema se propone para las autopistas construidas por empresas que obtuvieron a cambio la concesión para su explotación. Al poco tiempo se declararon en quiebra, no se pudo interrumpir el servicio, el gobierno las recuperó y las tuvo que reconstruir por la baja calidad de su primera edificación. Caso palpable no sólo es la supercarretera del Sol Acapulco, sino libramientos como el de Querétaro a San Luis y muchos más. Lo increíble es que ahora el gobierno de Calderón quiera reincidir en ese fracaso salinista. Apegados a la Constitución, México tiene una extraordinaria fórmula, que se conoce como de economía mixta, en la que Estado e iniciativa participan cada uno en su propia responsabilidad. Ya no más negociantes propios ni extranjeros a la caza de infraestructura pública para su explotación, sino hacia el sentido de inversión en infinidad de rubros nuevos que requieren urgentemente de verdaderos empresarios, responsables socialmente.