RAMIREZ DE LA O:PRESUPUESTO SIN CAMBIO

Presupuesto sin cambio
Rogelio Ramírez de la O
1 de enero de 2007

Nota original:

El presupuesto que propuso el gobierno al Congreso no contenía ningún cambio hacia una nueva dirección. Lo que aprobó el Congreso está en la misma línea, aunque enmendó errores en la propuesta original. Lo importante es que no corrige las tendencias indeseables en el aumento del gasto y no marca nuevas prioridades para el desarrollo.

La tendencia del gasto bruto desde 2001 ha sido aumentar sin freno y ésta se ha mantenido con un gasto aprobado de 2 mil 260 billones de pesos, cifra muy cercana a la propuesta del gobierno, pero 40% mayor en términos reales al gasto de hace seis años, a finales de la administración del presidente Zedillo.

En dólares, ha saltado de 113 mil millones en 1999-2000 a 200 mil millones en 2007, es decir 77%. Como porcentaje del Producto Interno Bruto, el salto fue de 2 puntos porcentuales a 23%, incrementos rara vez sostenibles, como lo comprobamos en los años 80 y en la primera mitad de los 90.

La propuesta original marcaba algunas prioridades, pero de ellas no se desprendía ninguna estrategia central. Por ejemplo, se propuso aumentar el gasto en Seguridad. Por dependencia, el gasto de Defensa Nacional aumentaría 16% en términos reales; en Marina 14%; y en Seguridad Pública 58%. El único otro renglón que mostraba un aumento significativo en la propuesta fue el de Salud, de 24%, empujado por el costo del Seguro Popular.

En sentido contrario, el gasto se reducía en Comunicaciones y Transportes (-42%), Energía (-62%), Desarrollo Social (-6%) Medio Ambiente (-21%), Función Pública (-22%), Pemex (-14%) y CFE (-7%). Las aportaciones a estados y municipios no crecerían. Así, la reasignación presupuestal consistía en reducir el gasto en la mayoría de renglones para dirigirlo hacia Seguridad y Salud.

Esto no significa que varias de las reducciones propuestas no estuvieran más que justificadas. Por ejemplo, sabemos que la Secretaría de la Función Pública es una enorme y costosa burocracia de dudosos beneficios a la sociedad o al mismo gobierno. La Secretaría de Energía no tiene mayor contribución o influencia en las decisiones estratégicas de Pemex y de la CFE. Sin embargo, fue claro que el plan era una reducción general en la mayoría de renglones, más que dar una nueva dimensión y menor costo al aparato gubernamental.

La oportunidad de comenzar una nueva administración con un gobierno menos obeso y costoso se dejó pasar. Por otra parte, las reducciones que se propusieron no fueron bien explicadas y en todo caso debieron ser mucho mayores. En contraste, el gasto debió ser mucho mayor en las áreas de apoyo al crecimiento económico. Por ejemplo, la pequeña industria, la agricultura, y la infraestructura.

El Congreso corrigió varias de estas deficiencias en el margen y con eso ayudó al gobierno a no enfrentar el rechazo de los sectores productivos, pero eso no suple la ausencia de un proyecto central. Por ejemplo, en Comunicaciones y Transportes aumentó el gasto propuesto por el gobierno en 42%; en Medio Ambiente 32% y en Desarrollo Social 27%. Las aportaciones a estados y municipios aumentaron 6%.

Ya con los cambios hechos por el Congreso, las reducciones modestas en el gasto que proponía el gobierno quedaron diluidas y el Presupuesto final perdió aún más su dirección. Pero lo más grave es que se mantuvo el alto nivel de gasto bruto, a pesar de que los ingresos se proyectan a la baja.

El principal problema de los ingresos es la caída de los petroleros, tanto por un menor precio como por un menor volumen. Sin embargo, en lugar de plantear un proyecto de reforma fiscal integral (el cual debió haber preparado desde la campaña, para no perder un año) el gobierno propuso mini-aumentos de impuestos, dando la impresión de que sólo quería cubrir huecos. De ahí el menor deducible para automóviles y gastos en restaurantes, el aumento de impuestos a cigarros, la mayor base del impuesto al activo y la propuesta de impuesto a los refrescos, esta última cancelada por el Senado. No hubo, a pesar de la caída de ingresos petroleros, una propuesta sobre las vías para aumentar la recaudación.

El gobierno desaprovechó la oportunidad de un primer año con reforma fiscal y con ajuste de las estructuras burocráticas. Es fácil decir que ésta se puede hacer en el segundo año, pero nunca ha sido aconsejable dejar las cosas fundamentales para más tarde.

En un año muchas cosas pueden suceder. La apuesta por el gradualismo y por un presupuesto que no presentara dificultades al Congreso, dando a todos un poco de lo que exigen y concediendo cambios en el último minuto, en apariencia refleja un gran consenso político. Pero con una estructura fiscal insostenible, el consenso de nada sirve.

Es una pena que el gobierno no proponga una reducción del gasto bruto, cuando menos en los 2 puntos porcentuales del PIB en que aumentó en sólo seis años. Más aún, cuando en el mismo lapso el ingreso tributario cayó un punto del PIB. Es decir, sin altos precios del petróleo ahora tendríamos un alto déficit fiscal. La urgencia de una política fiscal comprometida con la eficiencia es aún mayor cuando el gobierno insiste en reducir la tasa del Impuesto Sobre la Renta. Nunca ha sido aconsejable reducir impuestos sin compensarlos con reducciones de gasto o con impuestos más eficientes. Si la razón es que el gobierno considera que su reforma fiscal sería aumentar los impuestos al consumo, en especial a medicinas y alimentos, su propuesta será en extremo controvertible y por lo tanto incierta. Por ello es aún más urgente la reducción del gasto.

Posponer los debates difíciles en espera de encontrar un buen ambiente político más tarde es riesgoso y sólo se justifica en situaciones de gran crisis. El gradualismo en las políticas públicas urgentes no tiene buenas recomendaciones. La administración de Miguel de la Madrid aplicó una política gradualista que resultó en una caída del ingreso por habitante de 13% acumulado en su sexenio.

rograo@gmail.com

Analista económico