Los conservadores tras la reivindicación
Jorge Carrasco Araizaga
La derecha mexicana no le ha perdonado a Benito Juárez que la haya derrotado en la guerra civil del siglo XIX y haber acabado con el Estado confesional, por lo que ahora, con el PAN como gobierno y el activismo político de la Iglesia católica, pretende restablecer la influencia que tuvo hasta la conformación del Estado laico.
La presidencia de Felipe Calderón es, por tanto, más que una mera sucesión del gobierno de Vicente Fox; representa el ascenso al poder de la derecha ortodoxa y el regreso del conservadurismo del siglo XIX, afirma la historiadora Patricia Galeana en entrevista con Proceso.
A propósito de la publicación de su libro El Tratado McLane-Ocampo. La comunicación interoceánica y el libre comercio, la investigadora y exdirectora del Archivo General de la Nación (AGN) afirma que el PAN de hoy agrupa al mismo tipo de conservadores que desataron la guerra civil en México al pretender instaurar el Segundo Imperio.
Advierte que se ha querido presentar a Juárez como traidor a la patria por la firma del tratado entre su canciller Melchor Ocampo y el representante de Estados Unidos en México, Robert McLane; pero se oculta que los propios conservadores estuvieron dispuestos a ceder el istmo de Tehuantepec a ese país para que ya no apoyara a Juárez y establecer el Segundo Imperio en México, después del de Agustín de Iturbide.
El Tratado McLane-Ocampo, firmado el 14 de diciembre de 1859 aunque nunca fue ratificado por el Senado de Estados Unidos, cedía soberanía mediante el control a perpetuidad del derecho de vía por Tehuantepec, lo que le daría a ese país el control del comercio interoceánico, pero también libertad de movimiento de sus tropas y pertrechos militares.
Garantizaba además el libre tránsito entre Tamaulipas y Mazatlán, y desde Sonora hasta Baja California, a cambio del reconocimiento y apoyo militar de Washington al gobierno de Juárez, que se encontraba en guerra con los conservadores.
Galeana sostiene que desde que el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador dijo que era juarista, “la política se volvió a servir de la historia, y la historiografía neoconservadora se dedicó a atacar a Juárez, a acusarlo de proyanqui, a decir que sería panista, que estaría con Calderón y una serie de barbaridades”, descontextualizando la actuación del restaurador de la República en México.
Hay una gran manipulación en ese discurso, aclara, porque en primer lugar se debe entender quiénes son los liberales del siglo XIX y quiénes los neoliberales de ahora: “El liberalismo del siglo antepasado estaba construyendo el Estado nacional, y el neoliberalismo de ahora lo está destruyendo. Son dos cosas totalmente distintas”.
El liberalismo, expone, es una doctrina que lleva ya más de dos siglos de vigencia y ha tenido diferencias abismales en cada país y en cada momento histórico. “En Estados Unidos los liberales son lo que podemos llamar la izquierda de allá, mientras que en Europa nos encontramos con que son casi nazis, y ambos se dicen liberales porque el liberalismo nace ligado a la democracia y todos quieren decirse liberales y demócratas”.
Galeana menciona otra de las ironías: Mientras en el siglo XIX los estadunidenses eran considerados enemigos por los conservadores, los gobiernos panistas y los neoconservadores de la actualidad son absolutamente proestadunidenses.
Pero los nuevos conservadores mexicanos no le han perdonado a Juárez que los haya derrotado, que haya quitado sus bienes a la Iglesia católica y acabado con el Estado confesional. Y ahora, tal como ocurrió en el siglo XIX, la jerarquía católica mexicana utiliza “la calidad sacerdotal” para hacer política.
En la mayor parte de las obras dedicadas a Juárez, el tratado se pasa por alto, considerándolo sólo como un error inexplicable. Pero el compromiso bilateral, asegura la historiadora, “fue un modelo de negociación diplomática”, pues si bien permitía el control del paso comercial interoceánico por el Istmo de Tehuantepec, incluso vigilado por tropas estadunidenses, México no entregó más territorio a Estados Unidos, como lo quería Washington.
Sin embargo, aclara que no fue ratificado por la división que existía entre los librecambistas y los proteccionistas en el Senado estadunidense, contra la afirmación en el sentido de que “México se salvó de milagro” o de que el documento no fue aceptado por las diferencias que existían entre los estados del norte y el sur de aquel país.
Se trata de aseveraciones fuera de toda lógica porque, además de desconocer el trabajo de los diplomáticos mexicanos de esa época, dejan a un lado el comportamiento que tuvieron los congresistas estadunidenses frente al Tratado McLane-Ocampo, puntualiza Galeana, quien para la publicación de su libro revisó los debates, la votación y los argumentos de cada uno de los senadores estadunidenses frente al compromiso bilateral, donde encontró que tanto legisladores del sur como del norte votaron a favor y en contra de la ratificación.
Directora del Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y del Instituto Matías Romero durante el gobierno de Carlos Salinas, la especialista dedicó una década a la investigación y elaboración de El Tratado McLane-Ocampo. La comunicación interoceánica y el libre comercio.
El tema sigue siendo importante, dice, porque la sombra de la traición ha impedido que México tenga un paso comercial de ese tipo. Incluso refiere que estuvo presente en la reciente campaña presidencial de Nicaragua, y en Panamá se acaba de autorizar la ampliación del canal.
La publicación constituye la primera investigación dedicada al tema que utiliza tanto los archivos de la SRE como del AGN, institución que ella misma dirigió durante la administración de Ernesto Zedillo.
La historiadora da a conocer además documentos que no habían sido considerados, entre ellos los últimos informes de McLane sobre los propósitos expansionistas de Estados Unidos, y cómo ese negociador favorecía que se invadiera a México por segunda ocasión en poco más de una década con el propósito de obtener territorio de Sonora, Chihuahua y Baja California.
“Ya sabíamos de este afán expansionista del gobierno del presidente James Buchanan, pero es interesante ver cómo McLane fundamenta esa posible intervención y el momento en que lo hace”, apunta la investigadora.
Contraria a las condenas que se han lanzado contra el documento, Galeana asegura que el tratado fue una negociación diplomática que permitió una alianza militar entre México y Estados Unidos en la perspectiva de la invasión francesa, pues tenía una convención adjunta que equivalía a ese pacto.
“Fui directora del Matías Romero, donde se forma a los defensores de nuestros derechos e intereses ante el mundo, y siempre analizábamos esa negociación, pues estando al borde del precipicio, de desaparecer como país, con la guerra civil casi perdida, sin recursos, y con la intervención francesa en movimiento, Juárez y Ocampo logran convencer a los estadunidenses de que no van a venderles territorio y consiguen cambiar un tratado de venta territorial por uno de tránsito comercial.”
Si no se hubiera firmado, enfatiza, Estados Unidos no habría reconocido al gobierno de Juárez y se habría consolidado el Segundo Imperio. “Después de leer todos los informes militares de ese momento, he llegado a la conclusión de que el gobierno juarista no habría resistido el ataque por mar y por tierra que estaban organizando los conservadores”.
Agrega que sin resistencia republicana se habría consolidado el Segundo Imperio, pues la intervención francesa –que se dio prácticamente al mismo tiempo que la Guerra de Secesión en Estados Unidos– contaba con un gran apoyo de la población mexicana gracias al monopolio educativo y religioso de la Iglesia católica, cuya cabeza máxima, el cardenal Antonio del Castillo y Dávalos, era uno de los grandes artífices del Imperio.
La investigadora asegura que el tratado representó “un riesgo calculado para detener otro mayor”. Ocampo –quien fue fusilado por los conservadores por haberlo firmado– “quería que las tropas estadunidenses estuvieran en México porque los liberales estaban perdiendo la guerra y tenían la confirmación de que ya veían las bayonetas francesas, por lo que México se iba a convertir en un protectorado francés”.
Historiografía neoconservadora
No obstante, el tratado no se puede ver sólo a la luz de la guerra civil, sino que también debe entenderse como un asunto internacional que venía desde mucho antes, pues el paso interoceánico, el libre comercio y los pasos comerciales ya se habían planteado desde el tratado de 1831 firmado entre Estados Unidos y Gran Bretaña.
El tema, en efecto, había sido objeto desde entonces de negociaciones entre esos dos países, que discutieron la viabilidad del paso interoceánico no sólo en México, sino en Nicaragua y Panamá, donde finalmente Estados Unidos empezó a construirlo a principios del siglo XX.
Patricia Galeana plantea que para los liberales mexicanos del siglo XIX fue un drama que los dos países paradigmáticos del liberalismo –Francia y Estados Unidos– fueran los que agredieran a México.
La idea de Ocampo era que si México se convertía en un país liberal y dejaba de ser un bastión del conservadurismo, de la corrupta Iglesia de Roma, como la calificaban los protestantes, no sólo dejaría de ser agredido, sino que iría por el mismo sendero del liberalismo de Estados Unidos, manifiesta la historiadora.
Hay que reconocer también, matiza, que el gran valladar para la intervención de Estados Unidos en México, además de los conservadores, fue la Iglesia católica, que no quería saber nada de los anglosajones protestantes.
En cambio, financiaba la guerra de los conservadores contra Juárez, y por esa razón el gobierno republicano nacionalizó sus bienes. “Juárez tiene que adelantar las Leyes de Reforma a pesar de que ni él ni Ocampo querían hacerlo, precisamente para no darles más argumentos a los conservadores, quienes desde los púlpitos decían que Juárez estaba en contra de la religión católica, lo que no era cierto, pues ambos la profesaban.
“Lo que ellos querían era ganar la guerra para reformar las estructuras de la sociedad y acabar con los restos coloniales”, entre ellos el monopolio económico, religioso y social de la Iglesia.
Expresión de ese monopolio se observó cuando el ejército francés invadió a México en 1862 y fue recibido con guirnaldas y bajo palio en la Catedral de Puebla. “Lo mismo ocurrió en cada una de las poblaciones en las que entró: se tocaban las campanas e incluso había Te Deum”. El propósito de la Iglesia era que la gente recibiera a los franceses como los salvadores de la religión católica en México.
Desde luego, señala, el Papa Pío nono estuvo en una actitud militante contra el liberalismo mexicano. “Fue tan activista como Karol Wojtyla (el Papa Juan Pablo II) y Joseph Ratzinger (el actual Papa Benedicto XVI) lo fueron contra el comunismo”.
Cuando Juárez inició la Reforma para limitar –porque no le quitaba todos sus fueros– a la Iglesia, Pío IX elaboró un documento para condenar la legislación. Inclusive, a la llegada de Maximiliano de Habsburgo a México hizo un sílabus en el que enlistó los “errores” cometidos por este país, y que eran todas las ideas del liberalismo, incluido el principio de soberanía nacional.
El apoyo social a la invasión francesa propiciado por la Iglesia católica contrastó con lo ocurrido durante la primera invasión de Estados Unidos, entre 1846 y 1847. Cuenta la historiadora que en ese entonces hubo estados del país que no mandaron hombres ni recursos económicos para defender territorios que no les importaban y que no sentían propios, e inclusive Justo Sierra O’Reilly –padre del fundador de la Universidad Nacional de México– estaba en ese momento negociando la anexión de Yucatán a Estados Unidos.
Asegura que en el caso de la invasión francesa, a pesar del control de la Iglesia sobre la población, era insostenible seguir justificando su presencia debido a las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército francés, y porque el imperio –que era de origen liberal– estuvo en permanente confrontación con las autoridades eclesiásticas.
Benito Juárez, quien había encabezado la resistencia, se convirtió entonces en el factor de integración de una nación contra la ocupación extranjera, “con lo que consolida el Estado nación en México y derrota al Estado confesional”.
Sin dudar, Patricia Galeana afirma: “Hoy nos encontramos tan fragmentados como en el siglo XIX. Los ánimos se han exacerbado porque los neoconservadores quieren regresar las cosas al punto de donde consideran que nunca debieron salir; es decir, antes de Juárez”.
Indica que Calderón, para arrancar con un discurso menos conservador que su antecesor, Vicente Fox, ha parafraseado al propio Ocampo, quien también era de Michoacán. Calderón, en efecto, aludió a Ocampo en medio del conflicto poselectoral. Si Ocampo dijo: “Yo me puedo doblar, pero no me quiebro”, Calderón expresó el pasado 20 de julio ante las manifestaciones en su contra: “Yo ni me quiebro ni me doblo”.
A diferencia de Fox, Calderón sí pertenece al panismo ortodoxo, el grupo que no le perdona a Juárez que haya derrotado a los conservadores. Por eso “vemos ahora a la Iglesia militante, clericalista, usando la calidad sacerdotal para hacer política, y por eso vimos a los arzobispos haciendo campaña a favor de Calderón en los púlpitos y en los atrios de las iglesias”.
Y pregunta: “¿Por qué se extraña el señor (Norberto) Rivera Carrera (arzobispo primado de México) de que entren a hacer manifestaciones cuando está diciendo misa si él todo el tiempo está haciendo política, desde el púlpito y con sus declaraciones cotidianas?”.
Fraude estilo panista
Álvaro Delgado Y José Palacios
Yucatán reafirman que ese partido ha adoptado las prácticas priistas que antaño denunció. Más
aún, la imposición de Xavier Abreu ofrece motivos para investigar el uso de recursos públicos por el gobernador Patricio Patrón.
MÉRIDA, YUC.- El Partido Acción Nacional (PAN) en Yucatán afronta una paradoja cruel: ya en el gobierno, reproduce en sus propias filas la defraudación electoral que padeció como oposición a manos del PRI, y que incluso precipitó la muerte de su expresidente Adolfo Christlieb Ibarrola en 1969.
Las prácticas fraudulentas de la elección interna del domingo 17, ya sujeta a litigio de alcance nacional, produjeron también una tragedia: el deceso de una militante como consecuencia de las presiones para votar a favor del “candidato oficial” panista, Xavier Abreu Sierra, quien fue coordinador estatal de la campaña de Felipe Calderón.
Maximiliana Um Balam, del municipio de Chankom, afirmó que su familia fue presionada para votar por Abreu Sierra con la amenaza de no ser favorecida por el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), justamente por el coordinador de este programa federal y promotor del precandidato panista en esa demarcación, Evaristo Pech Balam.
“Lo más grave es que mi señora madre, María Flora Balam y Pech, quien era militante activa, al ser víctima de las amenazas se sintió muy mal y, en consecuencia de ello, falleció”, declaró Maximiliana, en uno de los numerosos casos documentados de presión, coacción y compra del voto en la contienda interna del PAN, en la que tuvieron derecho a sufragio 12 mil 762 militantes activos, y a partir de la cual se gesta una ruptura.
Y es que en la elección del domingo 17, conforme al expediente integrado por la precandidata Ana Rosa Payán y del que Proceso tiene copia, fue “sistemática, constante y reiterada (la) compra, coacción e inducción al voto, realizada a lo largo de la precampaña y en especial el día de la jornada electoral y aun después de ella” para favorecer a Abreu Sierra, lo que se materializó en la entrega de arena, grava, tabicón, cobijas, enseres, becas, placas de taxi, dinero en efectivo y hasta comilonas con bebidas alcohólicas.
Entre las “múltiples anomalías” registradas desde el inicio de la contienda se reprodujeron viejos vicios en el padrón electoral. Contrario a la normatividad interna, convalidada por el Comité Ejecutivo Nacional, se “infló” súbitamente la lista nominal en casi mil militantes y se “rasuró” a simpatizantes de Payán, lo que “fue determinante en el resultado”.
Pero también, según el expediente, funcionarios y militantes del PAN hicieron uso electoral y partidista de recursos y programas públicos: “El apoyo de la estructura gubernamental hacia el precandidato Xavier Abreu Sierra es claro, al sumarse al equipo de campaña e incluso ser sus representantes, (lo que) acredita la intervención del gobernador en el proceso”.
El mismo día de la jornada electoral, en todo el estado se procedió al acarreo de votantes, entrega de despensas y abierto proselitismo en los 106 municipios, como el que efectuó la hermana del gobernador Patricio Patrón, Cecilia Patrón Laviada, en la entrada del local donde se instalaron centros de votación en Mérida, “ofreciendo a los militantes activos que llegaban a sufragar todo tipo de apoyos a cambio de que su voto lo hicieran a favor del precandidato Xavier Abreu Sierra”.
Así, las prácticas de adulteración de la voluntad popular de las que tanto se quejaron aquí los panistas en las décadas de hegemonía priista, sobre todo en la era del cacique Víctor Cervera Pacheco, ahora las aplicaron a sus correligionarios en el proceso interno para suceder al gobernador Patrón Laviada, identificado como el principal artífice de la fraudulenta elección de Abreu, quien declinó entrevistarse con los reporteros.
El objetivo de Patrón Laviada y la dirigencia del PAN, cuya estructura está “subordinada” a él, fue imponer como ganador a Abreu Sierra en una “elección de Estado”, afirma Payán, cuyo recio discurso de denuncia –que define como un “ya basta”– tiene hundido al panismo en una de sus peores crisis de su historia, a cinco meses de las elecciones constitucionales, las primeras de Calderón como legalizado jefe del Ejecutivo.
“Es un PAN contra otro PAN y hay que ver cuál es el que va a ganar”, afirma Payán, quien dice estar al frente del panismo que es congruente con los principios y valores partidistas, y ubica a Patrón y a Abreu en el extremo de la delincuencia electoral por el uso de recursos y estructura del gobierno, a la que se sumaron alcaldes, regidores y diputados federales y locales. “Están hasta preocupados, porque se les pasó la mano”, comenta.
Con el antecedente de la elección interna presidencial de 2005, cuando los equipos de Santiago Creel y Calderón se acusaron de prácticas fraudulentas –sobre todo a favor del segundo y que quedaron impunes–, en el proceso para elegir al candidato a suceder a Patrón Laviada afloraron, según Payán, numerosas conductas ilegales e inmorales que, de no ser resueltas en el Comité Ejecutivo Nacional, serán llevadas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El candidato de Patrón
Pero no sólo Payán se dice víctima de una elección fraudulenta, sino también Luis Correa Mena, el tercer aspirante, quien fue coordinador estatal de la precampaña de Creel en Yucatán y adversario de Abreu, quien a su vez representó a Calderón, cuyo único triunfo en el sureste del país en la elección del 2 de julio fue precisamente en esta entidad.
“Lo digo de manera directa: la impunidad es la invitación a la comisión de nuevos delitos”, afirma Correa al evocar la elección interna presidencial, pero también a la falta de sanción de conductas irregulares que se observaron en el actual proceso, como la “cargada” a través del acopio de firmas que hizo Abreu para comprometer el voto, irregularidad que ignoraron las dirigencias local y nacional del PAN.
“Desde el momento en que se presume que un candidato tiene las preferencias de la familia del gobernador y que se promueve como preferido de los funcionarios públicos, de alguna manera se vulnera el ambiente democrático, como lo vulneró la colecta masiva de firmas y que de alguna manera coacciona el voto, como lo dije en su momento”, afirma en alusión a la conducta del delfín de Patrón Laviada.
Calificado de “ilegítimo” por Payán y Correa Mena, Abreu Sierra ya fue reconocido por la Comisión Electoral Interna y el comité estatal al obtener, el domingo 17, el 50.51% de los votos (5 mil 346) por 36.18% de la exalcaldesa de Mérida (3 mil 829) y 13.31% (mil 409) del hijo de Víctor Manuel Correa Rachó, prócer del PAN en el estado, que se fundó apenas cinco meses después que el nacional.
Sólo Payán procedió a impugnar los resultados ante las instancias internas, cuyo fallo local deberá emitirse el martes 2 de enero. Sobre éste, Payán no tiene mayor esperanza, por lo que tiene previsto enviar al CEN del PAN, que encabeza su amigo Manuel Espino, el expediente de las irregularidades para que sea anulada la elección y ella declarada candidata.
El alegato jurídico de Payán, sustentado en numerosas pruebas, exige anular la votación registrada en varios centros de votación, que de realizarse invertirían el resultado a su favor, y aun invoca la aplicación de la causal de “nulidad abstracta” en la intervención gubernamental en el proceso.
Los pecados de Payán
La elección interna tiene convertido a Yucatán, también, en la arena de la disputa nacional de la derecha electoral: Payán, integrante del CEN, es amiga de Espino, adversario a su vez de Calderón, cuyo alfil en el estado es el oficialmente designado candidato a gobernador, por lo que se teme, como lo exige la parte agraviada, la nulidad del proceso y una nueva imposición desde “el centro”.
Benito Rosel Isaac, presidente de la Gran Comisión del Congreso local y con una militancia de más de 40 años en el PAN, admite que no fue un proceso impecable, pero califica de desproporcionada la acusación de que fue una “elección de Estado” y anticipa su rechazo a una intromisión del CEN por la amistad de Payán con Espino.
“Ya no estamos para que se nos trate con consentimientos. Por mucha simpatía que tenga la persona (Payán) en el CEN, no quiere decir que tengamos que aceptar esas simpatías como buenas para el estado. Lo que se quiera en Yucatán se gana en Yucatán. No se trabaja en el CEN o en el centro para tener buena imagen en Yucatán.”
–¿No ve usted posibilidad de que el CEN anule la elección por la relación Espino-Payán?
–No, no lo creo. Espino tiene un papel muy preponderante en la política nacional. Vamos saliendo de una elección presidencial. Tenemos que cuidar muchísimo las formas y él es el primero que las tiene que cuidar.
–¿Incide en este litigio la rivalidad de Espino con Calderón, cuyo coordinador de su campaña aquí fue Abreu?
–No voy a entrar en detalles de la rivalidad de Espino. El partido es el partido y el gobierno es el gobierno. No voy a abonar si existe o no existe esa rivalidad. Pero hoy más que nunca el partido tiene que estar y actuar conforme a lo que la militancia ha decidido, sobre todo una militancia como la de Yucatán.
Allegado a Calderón como lo fue a Carlos Castillo Peraza, Rosel forma parte del grupo de Patrón Laviada, si bien alguna vez lo calificó de “advenedizo” y aun se alió transitoriamente con Payán en el proceso de hace seis años. “Pero cuál fue mi sorpresa que la señorita no reconoce su derrota y dice que hubo fraude, y desde luego ya no la acompaño”.
El viejo panista evoca, también, la manera en que Payán llegó a la alcaldía por segunda ocasión, en 2001: Registrado como candidato único Luis Correa, repentinamente el CEN encabezado por Luis Felipe Bravo Mena, amigo de ella, dispuso que la convención se votara por un sí o un no, “pero nuestra sorpresa es que se impone el voto del no y se acaba la convención”.
Esta maniobra, que Rosel le atribuye a Payán, implicó solicitar al CEN postular a un candidato no panista, el empresario Gustavo Ricalde Durán, dueño del equipo de beisbol Leones de Yucatán.
“La señorita Payán se va a México y vuelve con la promesa de que, si Ricalde Durán declina, ella sería la candidata. Sabemos de una visita de la señorita al señor”, revela Rosel, quien después comunicó a sus promotores que él no sería obstáculo para la ambición personal de nadie.
“Y así surge la señorita Payán como candidata nombrada por el CEN. Desde luego a los panistas de Yucatán, al menos los que creemos que las cosas deben resolverse democráticamente, no nos gustó la intervención del centro... Ahora parece que estamos repitiendo el cuento: ‘Me inconformo, me voy al CEN y si no se me recibe me voy al Trife’. Ahí está la amenaza.”
Acusa, también, a Payán de usar su cargo como directora del DIF nacional, en el que estuvo 10 meses: “No hay que olvidar que tiene su residencia en Mérida y podría venir los fines de semana, pero también podríamos decir que podría estar aprovechando su cargo para, esos fines de semana, hacer por su causa, porque ya había externado su opinión de querer ser candidata, pero fuera de los fines de semana el estado que más visitó fue Yucatán”.
–¿Repartía recursos del DIF?
–¡Todo! ¡Todo lo que reparte el DIF! Y qué bueno, hay gente necesitada en Yucatán. Pero si vamos a eso, entonces yo me pregunto: ¿no somos 31 estados? Vino mucho en tan poco tiempo... Ahí están las bitácoras.
–¿Cuántas visitas hizo a Yucatán?
–¡Ufff! ¡Innumerables! A veces sin motivo, como las dos veces que vino con el presidente Vicente Fox, que vino a otras cosas que no eran del DIF. Posiblemente venía a ver a su familia, aprovechando el viaje, pero venía. Si lo que queremos es hacer interpretaciones maliciosas, vamos a hacerlas. Ahí están las bitácoras de viaje.
El viejo panista afirma que el pleito de Payán con Patrón Laviada viene de hace seis años y se recrudeció cuando ella fue alcaldesa.
Posible ruptura
Las pruebas entregadas por Payán, sin embargo, son rotundas: El expediente de 41 fojas y 46 anexos (copia del cual tiene este semanario) contiene elementos, documentos y testimonios, algunos de ellos notariados, que describen con nombres y apellidos, como lo exigió Patrón Laviada, la intervención de la estructura gubernamental y del PAN en la elección interna.
No son nuevas las acusaciones contra Abreu Sierra y el uso faccioso de recursos públicos: Comenzó en el gobierno de Patrón como secretario de Desarrollo Rural –como tal enfrentó un escándalo jamás aclarado de regalo de borregos–, luego fue secretario de Desarrollo Social y renunció para coordinar la campaña de Calderón.
En la elección interna del 2 de octubre de 2005, Calderón arrasó con 71% de la votación, muy por encima de la media nacional, que fue de 55%, y en algunas casillas votó casi 90% del padrón, lo que fue atribuido por el equipo de Creel al acarreo de militantes y entrega de despensas y otros regalos por parte de la estructura gubernamental, de la que disponía Abreu.
En la elección constitucional, el 2 de julio, Calderón ganó Yucatán debido a la intervención del gobierno estatal, según denuncias opositoras que jamás fueron investigadas por los órganos electorales, como tampoco lo fueron las relativas a la elección interna del candidato presidencial panista, en la que apenas se anularon unas casillas.
Correa Mena acreditó las ilegalidades e inmoralidades en la elección interna como coordinador de Creel, pero ahora decidió cambiar su estrategia: “En esta contienda no salí a cazar mapaches. Si hubiera salido, estarían los animalitos en su jaula. Yo salí a buscar al militante activo de manera directa y a tratar de hacer una propuesta”.
Y advierte: “En el PAN cuestiones como la conveniencia van ocupando un espacio más importante que los valores y las convicciones”.
Por su parte, Payán dice que su amistad con Espino no debe influir en la decisión del CEN. Y advierte que el lema de Calderón de ganar el gobierno sin perder el partido se ha diluido: “Estamos integrando gobierno, ganando posiciones, pero también estamos perdiendo el partido. El proceso interno del PAN en Yucatán es muestra de ello”.
Recia en su discurso, convencida de que se efectuó una “elección de Estado” y surgió un candidato “ilegítimo”, por la intervención del gobierno estatal y la estructura del PAN subordinada a él, la expresidenta de la Asociación Nacional Cívica Femenina (Ancifem) asume que podría ser expulsada de su partido.
Payán dice que ya basta de conductas fraudulentas en su partido: “De alguna manera me convierto en vocera de todos los panistas que queremos luchar por el PAN. Sé que levantando la voz, por una parte, le puedo hacer daño al partido, pero callada le hago más daño”.
En cuanto a posibles acercamientos con perredistas y con priistas que la acechan para postularla como candidata independiente, admite que serían posibles, pero afirma: “Yo puedo decir que era panista y no era militante. Hoy soy una militante panista y me voy a morir siendo panista. No le quepa a usted ni a nadie la menos duda”.
Meta: el poder en la tierra
Rodrigo Vera
TEXCOCO, MÉX.- El período presidencial de Felipe Calderón coincidirá con el de monseñor Carlos Aguiar Retes como presidente del Episcopado mexicano.
–El sexenio de Calderón será también el suyo –se le comenta al jerarca religioso.
Aguiar Retes reflexiona un momento y contesta: “Sí, sí. Y mire, a las instituciones las encabezamos personas. Las relaciones institucionales se ven o no favorecidas por los contactos personales. Yo espero que en nuestro caso la relación personal vaya creciendo y madurando. Espero que así sea”.
Piensa que puede aprovechar esa buena relación con el presidente Calderón para impulsar una “verdadera libertad”, que permita a la Iglesia poseer medios de comunicación masiva, impartir educación doctrinal en las escuelas públicas y dar auxilios espirituales en hospitales públicos, reclusorios, cuarteles del Ejército...
–De los tres principales candidatos a la Presidencia, quedó la impresión de que el Episcopado siempre tuvo mayor afinidad con Calderón –se le comenta.
–Bueno, los tres candidatos se autodefinieron como católicos. Pero la diferencia es que Felipe proviene de una familia con una formación religiosa mucho mayor. Además, por su formación filosófica, que es también propia de su partido político, tiene una postura muy cercana a la doctrina social de la Iglesia. En ese terreno, sus convicciones y valores son muy claros.
Aguiar Retes habla de las reuniones que, por separado, tuvieron los candidatos presidenciales con todos los obispos del país en abril pasado, en una asamblea plenaria del Episcopado, y en las que externaron sus posturas sobre temas que interesan a la jerarquía eclesiástica.
Dice que, ahí, Andrés Manuel López Obrador no se definió en asuntos que tienen que ver con el “derecho a la vida”, como el aborto o la eutanasia: “Nos dijo a los obispos que, de ser presidente, esos temas los sometería a la consulta, al consenso de la población”.
–¿Y Felipe Calderón?
–Él sí expresó claramente su convicción de que la vida hay que defenderla a toda costa. Mostró una posición afín al Episcopado. Mire, nosotros estamos a favor de la democracia, la entendemos como un mayor consenso entre los sectores sociales. Pero hay puntos en los cuales no podemos transigir. Por ejemplo, no podemos estar en contra de la vida ni de los derechos humanos, pues son piezas fundamentales para la buena organización social de cualquier país.
Amigos de la familia
Aguiar Retes charla con Proceso en su austera oficina de la catedral de Texcoco, diócesis de la que es obispo. Un escritorio y unos macizos sillones de madera componen todo el mobiliario, que se ve diminuto entre los gruesos y altos muros del edificio colonial.
Apenas en noviembre pasado, Aguiar Retes fue designado por sus compañeros obispos como nuevo presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), cargo que desempeñará durante tres años, con derecho a reelegirse por otro trienio, como ya es tradición en el Episcopado.
Su antecesor, monseñor José Guadalupe Martín Rábago, sólo estuvo tres años en el puesto; no quiso reelegirse por motivos de edad. Así, la designación recayó en Aguiar Retes, cuyos dos períodos a los que tiene derecho concluirán en 2012, coincidiendo con el sexenio del panista Felipe Calderón, cuya devota familia michoacana lo bautizó así en honor al mártir mexicano San Felipe de Jesús.
Comenta Aguiar Retes que uno de sus primeros encuentros con Calderón fue justamente en la reunión de abril pasado. Después, el 23 de octubre, Aguiar Retes fue a la casa de transición de Calderón junto con otros prelados con la finalidad de invitar al ya presidente electo a la asamblea plenaria que los obispos realizaron a mediados de noviembre.
Calderón asistió de buen grado a esa reunión, en la que Aguiar Retes fue designado presidente de la CEM. Ahí se felicitaron mutuamente.
–¿Se ha reunido con Calderón ya como presidente de la República en funciones? –se le pregunta al obispo.
–El día que tomó posesión, el 1 de diciembre, fui invitado a la comida que ofreció en el Museo de Antropología. Ahí me tocó saludarlo nuevamente.
Entre los jerarcas que asistieron a ese banquete estuvieron el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México; Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia y vicepresidente del Episcopado; así como Rodrigo Aguilar, actual obispo de Tehuacán.
Revela Aguiar Retes: “El presidente Calderón invitó a esa comida a monseñor Rodrigo Aguilar por motivos personales, pues éste fue su maestro en la preparatoria, allá en la ciudad de Morelia”.
–Tengo entendido que, además, el actual vicepresidente del Episcopado fue amigo de Luis Calderón Vega, el padre de Felipe.
–Bueno, no hay que olvidar que Suárez Inda es el arzobispo de Morelia, la ciudad natal del presidente. Y hoy el arzobispo es amigo de la madre de Calderón.
–¿Hay entonces buenas relaciones personales entre la familia Calderón y miembros de la jerarquía católica?
–Así es. Y el presidente tiene un gran respeto no sólo por la Iglesia católica, sino también por otras iglesias. Durante su campaña, se reunió con los evangélicos y con la comunidad judía, por ejemplo.
La “verdadera” libertad
El 25 de enero de 2006, Calderón sostuvo un encuentro con el grupo interconfesional Por México, integrado por representantes de la Iglesia católica, ortodoxa y anglicana, así como por líderes de iglesias evangélicas. Les prometió que, de llegar a la Presidencia, tendrían medios de comunicación masiva, podrían impartir educación religiosa en las escuelas públicas, evangelizar a los militares y todas los demás puntos enmarcados en la propuesta eclesiástica de “libertad religiosa”.
En el 2000, cuando Vicente Fox era candidato presidencial, hizo promesas similares que plasmó en un documento conocido como el “decálogo”. Pero ya en la Presidencia no cumplió. “Todo quedó en un buen propósito. El tema nunca estuvo en la agenda pública”, dice Aguiar Retes, quien como nuevo presidente del Episcopado ya trazó un plan para satisfacer esas demandas:
“El presidente de la República puede tener coincidencias muy fuertes con la Iglesia. Está bien, pero el presidente no lo puede hacer todo. Se necesita también a las fuerzas políticas expresadas en el Congreso. La clave no está, pues, en el poder Ejecutivo, sino en el Legislativo”.
–¿Ahora piensa usted influir en el Congreso?
–Así es. Espero que, durante este período en el que fui elegido, se puedan hacer contactos personales en el Congreso que nos ayuden a llevar a cabo la anhelada reforma en materia religiosa que necesita el país, para así alcanzar la democracia plena.
“Hace falta que las leyes mexicanas garanticen la libertad religiosa. Actualmente, la Constitución sólo garantiza la libertad de creencia y de culto; esto es, que cada quien pueda creer en lo que mejor le plazca y realizar el culto convenido, para que nadie lo obligue a creer en algo distinto. Pero esto es apenas una pequeña parte de la verdadera libertad religiosa. De manera que hablamos de un asunto de leyes, y las leyes dependen del Legislativo. Por eso son más importantes las relaciones con el Congreso que con el Ejecutivo”.
–En términos prácticos, ¿cómo operará la CEM en el Congreso?
–A través de su presidencia y de su secretaría general, el Episcopado (que representa a cada obispo para estos casos que desbordan su competencia individual) implementará una relación institucional con el Senado y con la Cámara de Diputados.
–¿Ante quiénes se hará labor de convencimiento?
–Fundamentalmente ante los líderes de las bancadas. Hay que entrar en relación personal con ellos. Es indispensable hablar, porque muchos políticos piensan que, en materia de relaciones Iglesia-Estado, ya no hay nada qué hacer después de que, en el sexenio de Salinas de Gortari, se dio el reconocimiento jurídico a la Iglesia y la relación diplomática con la Santa Sede. Fue un gran paso, por supuesto, pero aún falta alcanzar la libertad religiosa.
“A los diputados y senadores vamos a clarificarles, por un lado, que la libertad religiosa es más que la libertad de culto y de creencia. Y por otro, que ésta libertad es también un derecho humano consagrado por la ONU y varios países, entre ellos México, para poder alcanzar una verdadera democracia.”
Aguiar Retes indica que el principal operador eclesiástico en el Congreso será Leopoldo González, secretario general de la CEM y quien tiene además bajo su cargo el Departamento de Relaciones Iglesia-Estado. “Monseñor Leopoldo González será la pieza clave para hacer toda esta relación con el Congreso. Y por supuesto, yo estaré al pendiente de la marcha de estas relaciones e intervendré cuando sea necesario”, dice.
–¿Qué cambios constitucionales quiere la Iglesia?
–Fundamentalmente, que se modifique el artículo 24 constitucional, que garantiza la libertad de culto y de creencia. Queremos que ese concepto se amplíe por el de libertad religiosa, como lo estipula la ONU, y donde ya se abarca todo el derecho humano a la expresión, asociación, gestión y servicio de una fe.
Aguiar Retes lamenta, por ejemplo, que en las escuelas públicas no se dé instrucción religiosa: “La Iglesia no quiere que la educación pública deje de ser laica. No. Que siga siendo laica. Pero no un laicismo contrarreligioso, sino simplemente un laicismo que exprese la neutralidad del Estado ante las distintas creencias, donde se respete el derecho de los padres de familia a que sus hijos sean educados conforme a su fe. Eso es lo que todavía no está garantizado.
“El 90% de la educación en este país la imparte el Estado, pero la imparte sin enseñanza religiosa. ¿Qué significa esto? Que no toma en cuenta el gran aporte que dan las religiones a cualquier sociedad. La fe le da un elemento extraordinario a la persona, la fortalece espiritualmente porque le da una relación con la trascendencia. El saber que tras la muerte hay una vida eterna hace que todas sus luchas no se vean frustradas.
“Actualmente, la enseñanza religiosa que recibe el niño o el joven en su hogar no se ve complementada en la escuela pública. Por eso decimos que, en ese campo, no hay todavía liberad religiosa”.
Aguiar Retes habla también de los “permisos” que deben solicitar los ministros de culto para dar “auxilios espirituales” en los hospitales, reclusorios o cuarteles del Ejército: “Se necesita una petición explícita del interesado para poder darle un auxilio espiritual, y este permiso se puede o no se puede dar. La autoridad puede decir: ‘Yo prohíbo que a esta institución ingresen sacerdotes’. Y lo está haciendo conforme a la ley. De manera que aquí hay una restricción legal”.
–¿La libertad religiosa incluye el que la Iglesia pueda poseer medios de comunicación masiva?
–Por supuesto, también incluye ese renglón.
–¿Y el que los ministro de culto puedan acceder a cargos de elección popular?
–Hay que tomar en cuenta que el sacerdote es también un ciudadano. Por lo tanto, las leyes civiles no le pueden prohibir ese derecho. En América Latina, Europa, Estados Unidos y Canadá, los ministros de culto pueden postularse a cargos de elección popular, porque son ciudadanos con todos sus derechos. Aunque aquí son las leyes eclesiásticas quienes hacen esa prohibición, porque esos cargos no son compatibles con la función religiosa. Más no por eso, la ley civil se los debe impedir.
Agrega: “Que quede claro que nosotros no estamos pidiendo ningún privilegio. Sólo queremos que en el país estos derechos sean reconocidos, como en cualquier democracia”.
También evalúa el período que le toca presidir: “La época álgida de las relaciones entre la Iglesia y el Estado ya quedó atrás. Actualmente no padecemos la persecución ni el ataque. Creo que estamos viviendo un proceso de crecimiento en esas relaciones. Vamos avanzando. Vamos entendiéndonos”.
Y enfatiza, sobre todo, que la jerarquía católica reconoce plenamente el triunfo de Felipe Calderón en los pasados comicios presidenciales, por lo que llevará una relación “institucional” con su gobierno.
–¿El Episcopado no reconoce entonces al llamado “gobierno legítimo” de López Obrador?
–Evidentemente que no reconocemos a ese gobierno. Eso sí, a López Obrador lo reconocemos como un líder con fuerza política. Sin embargo, esa fuerza se está desgastando. López Obrador tiene que rectificar, de lo contrario se hundirá.
–Al gobierno de Calderón se le tacha de ser de ultraderecha. Se dice que la Iglesia es una de sus principales aliadas. ¿Qué opina al respecto?
–Mire, según las últimas estadísticas, 88% de los mexicanos se declaran católicos. De manera que hubo católicos que votaron por López Obrador, por Madrazo y por Calderón. La Iglesia estuvo en las tres opciones, no pudo ser de otro modo.
“Además, quienes emitieron su voto fueron casi 60% de los ciudadanos empadronados. La población católica está muy por encima de esa cifra. Y la Iglesia, después de la familia, sigue siendo la institución más confiable en este país, de manera que el Episcopado se manejó siempre con imparcialidad, no había por qué inclinar la balanza hacia un lado u otro. Finalmente, los tres candidatos presidenciales nos mostraron su respeto hacia la institución eclesiástica. Con cualquiera de ellos en la Presidencia hubiéramos llevado buena relación”.
El plagio de navidad
Carlos Martínez García
Sí, en Navidad suceden milagros. Y uno de ellos ocurrió cuando un político como Lié-bano Sáenz Ortiz dispuso durante tres días de una página completa en Milenio Diario, uno de los principales periódicos nacionales, para publicar un cuento presumiblemente suyo. Sin embargo, Sáenz Ortiz engañó a los editores de dicho periódico al apropiarse de un escrito que no es de su autoría. En realidad plagió la historia íntegramente, la firmó con su nombre y, sin rubor, la envió a Milenio.
El domingo 24 de diciembre el diario publicó la primera de tres partes de un cuento titulado Un milagro de Navidad, precedido del siguiente texto: “A partir de la historia de un alfarero, una mujer y un pequeño que confeccionan un Nacimiento, el abogado y político chihuahuense (Liébano Sáenz) muestra su vena creativa en este relato que ofrecemos a los lectores”.
Si los editores de esa publicación pen-saron que estaban dando espacio a un nuevo valor literario para que debutara como cuentista: el secretario particular de Luis Donaldo Colosio, y también de Ernesto Zedillo cuando éste fue presidente de la República, los cuenteados fueron ellos.
Porque una cosa es recibir inspiración e influencia de otros escritores (quien esté libre de “contaminaciones” literarias que arroje la primera piedra), y otra muy distinta es apropiarse del trabajo intelectual de otra persona. Eso es lo que hizo Liébano Sáenz: apropiarse del cuento The Christmas Miracle of Jonathan Toomey, de la escritora Susan Wojciechowski, publicado en 1995 (Candlewick Press, Cambridge, Massachussets) e ilustrado por P. J. Lynch. Supongo que cuando don Liébano leyó el cuento en su versión original en inglés quedó fascinado –o confundido– y ya no supo distinguir la línea lector-autor.
Así resulta que la anunciada “vena creativa” de Sáenz Ortiz no es tal, por lo menos en el cuento por él fusilado. La historia, los personajes, los diálogos del escrito del otrora poderoso político son idénticos a los del cuento de Susan Wojciechowski. Cuando leí la primera parte Un milagro… algo en mi memoria lectora se activó. Vagamente recordé la trama. Esperé la segunda entrega y algo me decía que esa historia ya la conocía, aunque no recordaba dónde la había leído. Con la tercera parte, le hice a mi hija de 11 años un resumen del cuento publicado con la firma de Sáenz Ortiz. De inmediato reconoció que se trataba de The Christmas Miracle… uno de sus libros favoritos.
“Lo he leído tantas veces que casi me lo sé de memoria”, me dijo. Juntos comparamos los escritos y su conclusión fue tajante: “Ese señor robó la idea de una de las escritoras que más me gusta”.
Cuando un escrito comienza igual que otro publicado 10 años antes, sigue el mismo desarrollo y las conversaciones de los personajes y el final de la historia son idénticos, la conclusión lógica es que no se trata de coincidencias literarias, sino de un despojo literario. Susan Wojciechowski, de acuerdo con la tradición de la literatura navideña anglosajona, narra que “Los niños del poblado lo llamaban el señor Gloomy (lóbrego, sombrío, tenebroso, gruñón). Su nombre real era Toomey, Jonathan Toomey. Y aunque no es amable poner apodos a las personas, en este caso el sobrenombre le quedaba bien”.
Veamos como inicia “su” cuento Lié-bano Sáenz: “En el pueblo le decían El Amargo, pero en realidad se llamaba Severo, don Severo Raigosa. Es cierto que poner apodos no es de los más educado que digamos, pero, a decir verdad el mote le venía a don Severo como anillo al dedo”. ¿Será casualidad que dos autores de distinta lengua materna imaginen el mismo comienzo para su narración?
El problema, para Sáenz Ortiz, es que su cuento tiene demasiadas coincidencias con el de Wojciechowski. En el caso de la escritora, el señor Gloomy es viudo, ya que perdió a su esposa y a su pequeño hijo; es un solitario que evade sistemáticamente cualquier relación con sus vecinos, tiene barba larga y descuidada (en la cual quedan restos de comida), nunca ríe, camina encorvado, le molesta el repicar de las campanas, considera insoportable el canto de los pájaros y detesta los ruidosos juegos de los niños. El personaje de Sáenz Ortiz, don Severo Raigosa, también es viudo, ya que perdió a su esposa e hijo, es un hombre solitario que evade a toda costa las conversaciones, su barba es larga y descuidada y en ella quedan restos de comida, los habitantes del pueblo nunca lo han visto sonreír, siempre camina cabizbajo, no tolera el tañido de las campanas ni el chirriar de los pájaros, y refunfuña por el alboroto que provocan los niños cuando juegan.
Una de las diferencias con la historia original es que en la versión de Liébano Sáenz el oficio de El Amargo es la alfarería, mientras que el del señor Gloomy es la carpintería. Además, en su afán de mexicanizar el cuento, los personajes de Liébano van a misa en lugar de asistir a un culto protestante, como se desprende del cuento de Wojciechowski. De ahí en fuera podemos afirmar que cuando Sáenz Ortiz escribió su cuento –que en realidad es una traducción libre, una paráfrasis–, tenía enfrente la obra de Wojciechowski y la siguió al pie de la letra.
He aquí algunos pasajes de The Christmas… y de El Milagro… A principios de diciembre tocan a la puerta del carpintero. Al abrirla, éste se encuentra con la viuda McDowell, recién llegada al poblado, quien va acompañada de su hijo Thomas, de siete años (En la versión de Sáenz Ortiz la viuda se llama Concepción Trejo, su hijo es Tomás). La viuda le dice al carpintero que extravió un Nacimiento de madera, y que, conociendo su maestría en el tallado de ese material, desea que le construya un nuevo conjunto. De mala gana, el señor Toomey acepta el encargo y le pide a la viuda McDowell los detalles para construir las piezas. Ella y su hijo le describen los rasgos de cada elemento de la escena del Nacimiento: “Dos ovejas con rizos de lana, una vaca, un ángel, María, José, el niño Jesús y los tres reyes”. (En la versión de Liébano las piezas que le piden la señora Trejo y su hijo Tomás a don Severo son nada menos que “dos borregos con rizos de lana, una vaca, un ángel, la Virgen María, San José y los Reyes Magos”.)
La viuda McDowell y Thomas hacen algunas visitas al huraño carpintero para ver cómo elabora las piezas. A regañadientes, el señor Toomey admite que el niño observe su laborioso trabajo, mientras ella se sienta cerca de la chimenea y se pone a tejer. El niño observa en silencio cómo talla el carpintero las dos ovejas, sin embargo le comenta que las ovejas anteriores lucían felices. Con ceño duro Jonathan Toomey le responde: “las ovejas son ovejas, y no pueden verse felices”. El pequeño replica y dice que las suyas sí tenían esa expresión porque “sabían que estaban con el niño Jesús, y por eso estaban felices”.
(En la narración de Sáenz, Tomás le dice al alfarero: “Está bonito el borrego que usted está haciendo, y tiene rizos de lana, pero, sabe, mi borrego tenía cara de felicidad. ¿Cara de felicidad? –replicó Severo en tono medio burlón–. Los borregos son borregos, no tienen cara de felicidad. Los míos sí –respondió Tomás–. Estaban felices porque sabían que estaban con el Niño Dios”.)
En otra visita al señor Toomey, Tho-mas le describe vívidamente las características de las piezas del Nacimiento extraviado por su mamá. Refunfuñando, el carpintero toma nota de las recomendaciones del menor. Invariablemente, cada visita termina cuando se escuchan las campanadas de la iglesia del pueblo que anuncian las seis de la tarde. Después de que madre e hijo salen del taller, el carpintero Toomey sigue su labor y se esmera en elaborar las piezas conforme a los deseos del niño. Se inspira en un dibujo hecho a lápiz por su esposa y su bebé, fallecidos muchos años atrás, por falta de acceso a doctores y medicamentos.
La mañana de Navidad, el carpintero se dirige a la casa de la viuda para entregar el Nacimiento. Al desempacarlo, ella y su hijo quedan maravillados con las “dos rizadas ovejas, felices porque estaban con Jesús… una vaca orgullosa y un ángel, un imponente ángel con poderosas alas que iban desde sus hombros y casi hasta el piso… tres reyes que vestían maravillosos ropajes… un serio y vigilante José… y María con su chal de lana, mirando amorosamente a su precioso hijo Jesús sonriente y alcanzando a tocar la cara de su madre”.
Horas más tarde, la señora McDowell, Thomas y Jonathan Toomey asisten juntos al culto de Navidad. En el patio de la iglesia, los mismos niños que antes le apodaban Gruñón lo vieron “lucir sus ojos tan claros como el cielo de agosto, y reír. Nadie volvió a llamarlo señor Gruñón nunca más”, relata Wojciechowski en The Miracle.
Muchas secciones del cuento de Liébano Sáenz simplemente fueron traducidas o se modificaron ligeramente. En ninguna de las tres entregas publicadas por Milenio Diario a partir del domingo 24 de diciembre los editores advierten al lector que se trata de una adaptación. En realidad es un plagio literario, que debe ser aclarado tanto por quien lo perpetró como por quienes creyeron que se trataba de un cuento original y decidieron publicarlo.
Quien dude de mis afirmaciones, puede adquirir una copia de la nueva edición del libro de Susan Wojciechowski, que se vende acompañado de un CD en la librería virtual Amazon (www.amazon.com).
La nueva discordia
Jenaro Villamil
Con un crecimiento cercano a 20% anual –el número de usuarios pasó de 17 a 20.2 millones entre 2005 y 2006–, el servicio de interconexión a internet se transformó ya en un territorio que se disputan abiertamente Telmex y Televisa.
El reporte anual de 2006 de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) y los datos proporcionados por la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia destacan que entre 2005 y 2006 las cuentas de servicio de banda ancha para acceder a internet registraron un crecimiento de 47%, aun cuando los pagos mensuales están tres veces por encima de los de Estados Unidos, Alemania o Suiza, donde no pasan de 30 dólares.
Este servicio, dominante aún en el mercado, lo proporciona actualmente Prodigy, de Telmex, que tiene 45% de las cuentas en banda ancha, aunque esta empresa comienza a enfrentar una fuerte competencia en el acceso a internet vía televisión por cable.
El mayor crecimiento en este tipo de conexión se logró a través de Cablevisión, propiedad de Televisa, y de las otras tres grandes compañías de televisión por cable –Megacable, de Guadalajara; Cablemás, de Tijuana, y Multimedios de Monterrey– que negocian una alianza con el consorcio televisivo para hacer frente al emporio de Carlos Slim.
El vicepresidente de Finanzas de Tele-visa, Alfonso Angoitia, revela a Proceso que en 2006 Cablevisión tuvo “más de 100 mil clientes con la opción de acceso a internet” por la vía de dicho sistema, y señala que en Guadalajara Enrique Yamuni, dueño de Megacable, “tiene más clientes en internet que el propio Telmex”.
“En los tiempos actuales es muy difícil vivir sin internet. Mis hijos de 14 o 16 años se comunican más con sus amigos a través del chat que de la telefonía”, asegura el estratega financiero de Televisa.
El número total de usuarios de televisión de paga en el país creció 14.3% en el tercer trimestre de 2006, de acuerdo con el Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones (Itel). De éstos, 3 millones 624 mil son usuarios de televisión por cable, servicio controlado en 60% por Cablevisión, filial de Televisa.
Raúl Trejo Delarbre, especialista en medios de comunicación y nuevas tecnologías, sostiene que “el negocio para Televisa será ofrecer no sólo contenidos a través de su sistema de televisión de paga, sino también interconexiones a servicios de telefonía e internet”.
Y entre tanto Telmex buscará ser una opción en el terreno de la televisión de paga; de hecho intentará ofrecer producciones independientes, así como servicios de acceso a internet.
Ante esta ofensiva, Televisa firmó en octubre pasado una alianza con la empresa de telefonía fija Axtel para dar los servicios del triple play (datos, audio y video) a través de Cablevisión, una de las filiales de la televisora. Antes, Axtel, de origen regiomontano, firmó una alianza similar con Cablemás, propiedad de Javier Alejandro Álvarez, para dar servicio de telefonía y acceso a internet.
En junio pasado, la empresa tapatía Megacable, la segunda más importante después de Cablevisión, inició los servicios de triple play, en los que incluye la interconexión a internet, en abierta competencia con Telmex en Guadalajara y Puebla.
El conglomerado Telmex, de Carlos Slim, ha comprado compañías de televisión por cable en América Latina e inició una agresiva promoción para abaratar los costos de su servicio de conexión a internet mediante la empresa Prodigy, que incluye la dotación de computadoras personales (PC).
De acuerdo con la AMIPCI, el número de PC en México pasó de 10.8 millones en 2005 a 12.5 millones este año, si bien sólo 59% de éstas tienen acceso a internet.
Un servicio lento y caro
A pesar del incremento de las PC, México sigue teniendo los precios más caros de acceso a internet si se le compara con otros países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según revela Trejo Delarbre en su libro Viviendo en el Aleph.
En Alemania, dice el investigador, por una conexión a internet de alta velocidad (1 024 kilobytes) se pagan 28.48 dólares al mes, mientras que en México, por un servicio más lento (514 kilobytes) el usuario paga 105 dólares mensuales. En contraste, en Estados Unidos este costo es de 30 dólares y es el más veloz (1 500 kilobytes), sólo comparable al que ofrece Gran Bretaña por 27 dólares, o Suiza, donde sólo se pagan 26 dólares.
“En Estados Unidos –subraya Trejo Delarbre– la conexión más lenta entrega datos casi al triple de velocidad y cuesta 27% de lo que vale en España o México. Y en Japón, por menos de 30% de lo que se paga en esos países los usuarios de internet reciben una conexión de 8 000 kilobytes, que es 15 veces más veloz”.
Esta disparidad de precios es lo que ha provocado el crecimiento de la brecha digital en México. El índice de esta brecha es lo que mide el acceso de los ciudadanos a los adelantos tecnológicos.
La opción inalámbrica
En octubre de 2005 la Comisión Federal de Competencia recomendó utilizar la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como una red alterna tanto a la telefonía, dominada en 95% por Telmex, como a la conexión coaxial de la televisión por cable para ofrecer los servicios de triple play: datos, audio y video.
El 13 de noviembre pasado, la CFE recibió el título de concesión por 15 años para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, con lo cual esta empresa paraestatal se perfila como un posible competidor de Telmex y de las compañías de televisión restringida. Para convertirse en carrier de carriers –esto significa que otros operadores podrán utilizar su red–, la CFE deberá instalar 13 mil kilómetros adicionales de fibra óptica.
Sin embargo, Trejo Delarbre advierte que la interconexión a través del cableado electrónico “sigue siendo muy experimental”. Explica: “No se ha desarrollado a gran escala y no conozco un país que haya podido sustituir las redes telefónicas con las redes eléctricas para el servicio de internet”.
La Comisión Federal de Competencia recomienda el sistema inalámbrico WiMax para abaratar los costos y disminuir la brecha digital en México, como lo han hecho otros países para revolucionar el internet de banda ancha.
Las señales de WiMax pueden ser transmitidas a una distancia de 50 kilómetros desde la antena hasta una computadora, teléfono o televisión, lo que abarataría costos y facilitaría servicios de telemedicina, teleducación o el comercio electrónico.
De acuerdo con la AMIPCI, la inversión en interconexiones inalámbricas sigue siendo menor en comparación con la telefonía y la televisión de paga.
Otros usos
En lo que respecta a la utilidad del internet para la publicidad, el informe de la AMIPCI precisa que ésta se ha desplazado de los medios impresos y del cine a internet. El comercio electrónico en México, indica, ascendió a 3 mil 792 millones de pesos en 2006, un incremento de 59% en relación con el año precedente. El 41% de este monto se concentró en el Distrito Federal.
Sin embargo, la televisión abierta sigue dominando en materia publicitaria. Su alcance es de 99% frente a 28% de la televisión de paga, 32% de los periódicos y el 18% de las revistas mensuales. Pero la combinación entre televisión de paga e internet, así como medios impresos e internet, alcanza un porcentaje de 15 puntos.
De acuerdo con la AMIPCI, internet es el segundo medio utilizado para decidir una compra (17%), porcentaje similar al que ocupan los periódicos. El 67% de los internautas suelen realizar compras de entre 400 y mil pesos por internet, mientras que 18% lo hace por más de mil pesos.
El primer medio elegido para hacer compras es la televisión (45%). El uso de la radio con ese propósito disminuyó a 14% y las revistas a 9%.
El informe también menciona los usos más comunes del internet: el 48% de los internautas se conecta para descargar música; 47% para leer noticias, 39% para buscar entretenimiento y 24% para chatear.
Entre los servicios online más requeridos destacan los juegos (44%), música, chistes y páginas de humor (43%), resultados deportivos (33%) y horóscopos (28%). Sólo 32% de los internautas realizan llamadas telefónicas por internet, y 71% descargan o ven videos a través de sitios como Youtube, Google, Yahoo, Esmas, Prodigy MSN y toditotv.
El Boletazo y el Chispazo
Florence Toussaint
La Secretaría de Hacienda lleva varios años intentando ampliar el número de poseedores de tarjeta de crédito. Los objetivos son varios, pero destaca el hecho de que es mucho más simple para las empresas y los bancos manejar cifras que se envían por computadora. El efectivo debe ser trasladado físicamente, en camiones especiales y custodiado por guardias armados. Hay que separar los billetes y contarlos, no se diga las monedas. El tiempo y los empleados constituyen elementos que deben ser tomados en cuenta.
Por otro lado, el dinero plástico atrae ganancias a los bancos. Al establecimiento se le cobra comisión por cada venta; al consumidor, intereses si no liquida sus gastos completos del mes (si lo hace, de todas maneras cada año hay un cargo por el solo hecho de tener una tarjeta). Cuando se trata de grandes tiendas, es evidente que quien pierde más es el comprador. La fantasía que le da tener un plástico con un crédito que casi siempre excede sus posibilidades de pago, le hace gastar sin pensarlo. La empresa agrega la comisión bancaria al precio final. El gran ganador en todo este laberinto es la compañía bancaria.
En la campaña publicitaria para alentar el uso del plástico –actualmente al aire– hay un elemento que resulta disonante por su origen: ¿Cuál es el interés de la SHCP en llevarla a cabo? ¿Le está haciendo el trabajo a los bancos? ¿Por qué? O bien se trata de ofrecerle a las televisoras ingresos suplementarios.
Por lo que se refiere al contenido, éste trasluce el concepto clasista que tiene un gobierno del PAN. Estos anuncios son similares a los de El Chispazo, un sorteo de poca monta que, sin embargo, permite poner un changarro o estudiar en una institución privada.
La señora de la papelería sólo puede vender una “monografía de la vaca” de dos pesos; el del estanquillo, unas papas fritas; la del mercado, ni la mitad de un melón. Al dueño de una estética minúscula se le van las clientas con el cabello a medio arreglar. Y todo porque no aceptan tarjeta. Las marchantes que van a esos lugares son tan irracionales como ridículas. Las guía el antojo, el gusto por lo que ven. Ni la necesidad ni la meta racional. No por casualidad todas son mujeres. Y los vendedores no pueden resultar más patéticos: ya se ilusionaban con la cuenta de 50, 100 o 200 pesos, cuando tienen que volver a la realidad y perder la venta. No por casualidad todos son humildes trabajadores. No se han modernizado, carecen de visión de lucro y de capacidad de crecimiento. Los anuncios son ofensivos. Insultan a la población objetivo de su campaña. Se convierten en búmerang.
En el caso de los anuncios de El Chispazo, el mensaje es torpe. Lleva implícita la mentalidad del clasemediero: la mejor educación es la que cuesta. Para educarse hace falta capital, pues las escuelas públicas no resultan opción. Por eso es mejor jugar al Chispazo y “verse” egresando de la maestría, o bien enviando al hijo al mundo para obtener conocimientos. La idea es, en resumen: el saber se vende y se compra. Y el trabajo y el esfuerzo no valen, todo es cuestión de suerte. Quien acata la ley del menor esfuerzo, resulta premiado, se le reconoce como el más listo.
No es que los valores propugnados en estos comerciales sean nuevos en la pantalla mexicana. Sólo es que provienen de instancias gubernamentales, lo que las convierte en deleznables piezas de retórica antipopular.
Huellas sucias
Jorge Carrasco Araizaga
El proceso de designación del nuevo presidente de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación (SCJN) generó divi-sión y descontento entre los mi-
nistros que integran el máximo tribunal del país, luego de una administración caracterizada por el dispendio, el moralismo y la actuación política a favor del Poder Ejecutivo.
A diferencia de las dos elecciones anteriores, la perspectiva de sucesión de Mariano Azuela Güitrón causó confrontación e incertidumbre desde que, a lo largo de 2006, los dos candidatos dominantes fueron caracterizados como los extremos en la interpretación jurídica: los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia y Juan Silva Meza.
Así pues, los 11 ministros de la SCJN llegan a la sesión solemne de este martes 2 de enero, para elegir a quien los representará en los próximos cuatro años (2007 a 2010), no sólo en medio de la duda, sino también con los saldos de una contienda que elevó los ánimos en varios de ellos, divididos de antemano por la actuación de Azuela, quien fue designado ministro en 1983 por el presidente Miguel de la Madrid y se jubila a finales de 2009.
Sometido a veladas críticas de algunos de sus homólogos por su actitud política y ciertas decisiones administrativas, el presidente saliente –nieto del escritor jalisciense Mariano Azuela González– se vio envuelto, además, durante los últimos días de su gestión, en la polémica y la discordia con varios de los ministros, sobre todo con los integrantes de la Primera Sala, quienes se opusieron abiertamente al manual El Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, elaborado por el propio Azuela Güitrón con el apoyo de Guadalupe Margarita Ortiz Blanco, hija del ministro Ortiz Mayagoitia.
El manual, que entre otras cosas rechaza los escotes, las minifaldas, las groserías y la asistencia a los table dance por parte de los funcionarios del Poder Judicial, hizo aflorar de inmediato críticas abiertas y evidenció la desunión suscitada por el desempeño de Azuela.
Pero ese tipo de inconformidades den-
tro de la Suprema Corte ya se habían observado cuando, en abril de 2004, Azuela decidió asistir a Los Pinos, llamado por el presidente Vicente Fox, con el propósito de buscar argumentos jurídicos para desaforar al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador (Proceso 1456).
Un repudio similar circuló en los ámbitos de la Corte cuando, en agosto pasado, y en torno de la elección presidencial impugnada por López Obrador, se solicitó a la SCJN investigar los comicios con base en el artículo 97 de la Constitución. Las mayores inconformidades se produjeron porque el máximo representante del Poder Judicial afirmó que ese artículo es ya “obsoleto”, “anacrónico”, que está “redactado con los pies” y que “no sirve para nada”.
Todos los indicios de que, en el caso del desafuero, el titular de la Suprema Corte había tomado partido en el conflicto político entre el presidente Fox y López Obrador condujeron a un ministro a definir lo que ocurría como “el Waterloo de Azuela”. Y aún faltaban dos años para que dejara la presidencia del máximo órgano del Poder Judicial.
No obstante que en ese mismo período fueron sustituidos cuatro ministros, los cuestionamientos a Azuela se mantuvieron hasta el final de su mandato, no por sus posiciones jurídicas –casi siempre cercanas al poder–, sino por sus decisiones de mando en la SCJN y en el Consejo de la Judicatura Federal, el organismo encargado de la administración, la vigilancia y la disciplina de los juzgados y tribunales federales, que también preside el ministro en quien recae la máxima representación de la SCJN.
En este campo, se cuestionaron: la determinación de Azuela de gastar dinero en obras y cargos administrativos innecesarios, su falta de sensibilidad y hasta su último informe como presidente de la SCJN, dedicado sólo al recuento administrativo sin mencionar ningún criterio jurisprudencial establecido por ese órgano mientras estuvo al frente de él.
La gestión de Azuela dejó, además importantes controversias pendientes, como la Ley de Juegos y Sorteos y la llamada Ley Televisa, promulgadas por el gobierno de Fox e impugnadas ante la SCJN por una mayoría suficiente del Congreso.
También quedaron sin resolver los amparos interpuestos por miembros del Ejército para no ser dados de baja por ser portadores del VIH; lo mismo que la definición de la jerarquía de los tratados internacionales respecto de la ley nacional, lo que ha significado un debate permanente en la SCJN –como en el caso de la acusación de genocidio contra Luis Echeverría–, pero sin que se haya establecido jurisprudencia.
Y aunque se le reconocen la apertura del Canal Judicial de televisión –que empezó a operar en 2006–, la transmisión en vivo de las sesiones del pleno, el Libro Blanco de la Reforma Judicial y la elaboración del reglamento interior de trabajo de la SCJN –que no se había actualizado desde 1923–, sobre el ánimo de varios integrantes de la Suprema Corte pesa más la conducta política y administrativa de Azuela, caracterizada, entre otros aspectos, por los costosos privilegios que mantuvo para los ministros, como la Dirección de Comedores, la Subdirección de Ministros Jubilados, la Dirección de Atención y Servicios o la Dirección de Arte.
Ambiente familiar
De acuerdo con el reglamento interior de la SCJN, las decisiones administrativas se toman en forma colegiada mediante ocho comités ordinarios, encabezados todos por el presidente del máximo tribunal e integrados por otros dos ministros, uno por cada sala. Pero las principales decisiones recaen en la Secretaría General de la Presidencia y en la Oficialía Mayor, un doble cargo en el que Azuela designó a Arely Gómez González, hermana de Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros de Televisa.
Arely Gómez, quien antes fue secretaria particular de Azuela, ahora pretende pasar al Consejo de la Judicatura Federal para ocupar el puesto de consejera que dejó al salir el actual consejero electoral Constancio Carrasco Daza.
Entre el personal que Arely Gómez González tuvo a su cargo se encuentra Paola Pineda Córdova, directora de Proyectos Artísticos de la Suprema Corte, responsable de los murales que recientemente se colocaron sobre bastidores en los cuatro cubos de las escaleras del edificio principal de la SCJN.
El añadido a los murales originales de José Clemente Orozco no tuvo el apoyo de todos los ministros, como tampoco la pinacoteca autorizada por Azuela con los retratos de quienes han integrado el pleno del máximo tribunal desde 1825. La directora artística es cuñada de la hija de Gómez González, Arely Freyssinier Gómez, quien también trabaja en la Suprema Corte como jefa de departamento en la Dirección General de Personal, instancia que depende de la misma persona que fue la mano derecha de Azuela en los asuntos administrativos.
No son los únicos casos de estrechas relaciones familiares en el máximo tribunal. Están también los de algunos ministros, como Silva Meza y Olga Sánchez Cordero, quienes tienen a sus hijos Fernando Silva García y María Paula García Villegas Sánchez Cordero como secretarios de estudio y cuenta de la ministra Margarita Luna Ramos, quien a su vez es hermana del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Alejandro Luna Ramos.
Un caso más es el de Guadalupe Margarita Ortiz Blanco, hija del ministro Ortiz. Ella trabajó al lado del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo y ahora es secretaria ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), presidido también por Azuela. Otro hijo de Ortiz, Guillermo Horacio Ortiz Blanco, es director general de Redes de Sistemas Informáticas del mismo CJF.
Otro ejemplo es el de una sobrina del ministro Sergio Valls Hernández, Olga Valls Orantes, quien laboró en la Dirección de Difusión, una de las áreas creadas por Azuela a pesar de que existe la Dirección de Comunicación Social, sin contar la Dirección General de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales. El traslape de funciones de esas tres áreas provocó una constante fricción entre ellas.
Los dispendios
Una de las últimas acciones de Azuela más cuestionadas en el interior de la SCJN fue la elaboración del manual El Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. Altos funcionarios del tribunal consultados por este medio coinciden en el desatino cometido por Azuela “al querer aterrizar” El Código de Ética con la edición de 30 mil ejemplares de un manual lleno de ejemplos de conductas sobre las que, según Azuela, deben “reflexionar” los empleados del Poder Judicial.
Fue tal la inconformidad que los mi-
nistros que integran la Primera Sala –José Ramón Cossío Díaz, Gudiño Pelayo, Silva Meza, Sánchez Cordero y Valls Hernández– escribieron al presidente de la SCJN una carta de rechazo al texto, editado por la Dirección de Comunicación Social del CJF y escrito por Azuela, la hija de Ortiz Mayagoitia y Adriana Guadalupe Garduño Rebolledo, secretaria ejecutiva de Disciplina del mismo consejo, con ilustraciones del caricaturista Francisco Calderón.
En respuesta a esa carta, el presidente de la Suprema Corte escribió otra dirigida a todos los ministros del pleno y fechada el 29 de noviembre, en defensa del manual. Todavía en su informe final de actividades, el 15 de diciembre, insistió en esa actitud.
Por otra parte, algunos ministros criticaron así mismo la decisión de Azuela de concentrar juzgados y tribunales en Palacios de Justicia Federal, sin que ello significara el incremento de los órganos jurisdiccionales para enfrentar el rezago de casos en todo el país.
Cuando se convirtió en cabeza del Poder Judicial de la Federación, que cuenta con más de 33 mil empleados, Azuela anunció que durante su presidencia se dejarían de crear juzgados y tribunales, en lo que fue una primera medida para diferenciar su gestión de la de su antecesor, Genaro Góngora Pimentel.
Sin embargo, el gasto en la construcción o remodelación de edificios se mantuvo, como ocurrió con los 11 Palacios de Justicia Federal instalados en diversas partes del país desde 2004.
El más reciente fue el de Puebla. Azuela lo inauguró el 12 de diciembre de 2006, a escasos días de dejar la presidencia de la Corte. La construcción del edificio costó más de 500 millones de pesos y, de acuerdo con una información publicada por La Jornada el 21 de diciembre, ese gasto pudo evitarse porque los tribunales y juzgados concentrados estaban en edificios que ya eran propiedad del Consejo de la Judicatura Federal.
Pero el nuevo Palacio de Justicia, que tendrá prácticamente el mismo número de órganos jurisdiccionales que ya existían en el estado, se erigió a instancias del consejero Miguel Ángel Quiroz Pérez, quien fue presidente municipal de Puebla, funcionario del gobierno estatal y diputado federal por esa entidad.
Dicha inauguración sirvió, además, para que Azuela hiciera público su respaldo al gobernador del estado, el gober precioso, Mario Marín Torres, quien donó el terreno para la construcción del edificio luego de que, por decisión mayoritaria de la Corte, adoptada en septiembre pasado, es objeto de una investigación especial sobre el papel que tuvo en la persecución y detención de la escritora Lydia Cacho en diciembre de 2005.
En la sesión del pleno de ministros de la SCJN del 19 de septiembre, Azuela votó junto con otros tres ministros –entre ellos Ortiz Mayagoitia– en contra de que se profundizara esa investigación, ordenada por la Corte desde abril de 2006 por tratarse de un asunto de violación grave a las garantías individuales.
La detención habría sido en represalia por la publicación del libro Los demonios del Edén, en el que Lydia Cacho muestra el involucramiento en una red internacional de pederastas del empresario de origen libanés Kamel Nacif, amigo de Marín y uno de los que financiaron su campaña para gobernador.
La construcción del Palacio de Justicia Federal en Puebla siguió el camino abierto por Valls Hernández, quien antes de ser ministro de la SCJN fue integrante del Consejo de la Judicatura Federal. En su condición de consejero, Valls logró la construcción, en 2002, del Palacio de Justicia Federal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de donde es originario.
Fue igualmente criticado el dispendio de recursos en que Azuela incurrió con su informe final como presidente de la Suprema Corte, el pasado 15 de diciembre. A última hora, decidió desechar el tiraje de mil ejemplares de su discurso porque había cambiado varias citas de su intervención, de manera que la versión final del texto se tuvo que fotocopiar para entregarlo a la prensa y a los numerosos invitados a la ceremonia.
El empleo de los recursos en la Suprema Corte es motivo de preocupación para los ministros, y así lo dejaron ver los seis integrantes del pleno en las líneas generales que tuvieron que proponer como requisito para participar como candidatos a suceder a Azuela.
Finalmente, el proceso de sucesión generó nuevas divisiones cuando se afianzaron las candidaturas de los ministros Ortiz Mayagoitia y Silva Meza. La alerta la hizo pública el propio Azuela, quien en su último informe advirtió: “Al entregarse la estafeta, y en la etapa anterior a ello, se producirá el riesgo de distanciamientos, y aun de formas diversas de conductas de protesta, implícita o explícita. Evitarlo sólo será posible si con entusiasmo contagioso nos preocupamos por lograr la unidad y por defenderla a toda costa, con la convicción de que eso es lo que México nos pide”.
Y es que Ortiz y Silva son dos jueces con posturas casi antagónicas que se han desarrollado en las discusiones en el pleno de la Corte. El primero está identificado como conservador, y el segundo como liberal, aunque dentro de la SCJN se rechazan ese tipo de definiciones. Como sea, las características de ambos candidatos inclinaron a otros a presentarse como moderados.
El hecho es que, durante meses, resultó imposible generar consensos en torno de alguno de los dos antagonistas y garantizar los votos de un mínimo de seis ministros, de un total de 11, para elegir al representante del Poder Judicial que acompañará a Felipe Calderón en buena parte de su gobierno.
Esa imposibilidad desató las ambiciones en otros cuatro ministros que vieron la oportunidad de presentarse como terceros en discordia: Gudiño, Valls, Sánchez Cordero y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
El más activo fue Sergio Valls Hernández, un exfuncionario y exdiputado priista que apenas llegó a la Suprema Corte en febrero de 2005 pero es cercano al exprocurador Daniel Cabeza de Vaca, actual consejero de la Presidencia de la República, cargo que ocupó antes con Fox y desde el cual impulsó a Valls para la SCJN.
En las semanas previas a la elección, Valls –cuyo trabajo en el máximo tribunal ha sido puesto en duda por especialistas (Proceso 1556)– fue el más activo en generar una corriente de opinión favorable a su candidatura en algunos medios de información, pero su propuesta de trabajo dista mucho de las de Ortiz y Silva.
Ortiz Mayagoitia propuso un plan de trabajo más ejecutivo, prácticamente con la misma estructura, aunque busca que la administración esté más definida en las reglas de la Suprema Corte y deje de someterse al vaivén del estilo personal de quien llegue a la presidencia. Además, apoya los juicios orales y la especialización de jueces y magistrados en delincuencia organizada, entre otras áreas, pero sin mayores transformaciones.
A su vez, Silva Meza propuso “un cambio de rumbo” en la administración y el trabajo de la SCJN, modificando la forma de operar y la toma de decisiones, así como revisar los criterios jurisprudenciales adoptados “en una época dudosamente democrática” del país.
La decisión final, como lo considera Gerardo Laveaga, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, la pueden tomar quienes consideren que antes de emprender proyectos innovadores, la Suprema Corte primero se debe consolidar como tribunal constitucional encargado de dirimir las controversias entre los poderes, lo que empezó a hacer en 1995.
Una cooperativa modelo
Hermenegildo Olguín Reza
Contra todas las expectativas, los trabajadores de la exllantera Euzkadi, agremiados actualmente en la Cooperativa de Trabajadores Democráticos de Occidente, lograron levantar su propia empresa luego de que en enero de 2005 la alemana Continental Tire resolvió entregarles las instalaciones de la fábrica tras una prolongada huelga de tres años.
Ahora son los cooperativistas quienes, asociados con la empresa Llanti Systems, producen sus propias llantas, con planes de exportación a Sudamérica y Europa.
El 17 de enero de 2005 el gerente de Recursos Humanos de Continental Tire les entregó formalmente las instalaciones. “Venimos a entregarles el muertito”, les dijo el empresario alemán, recuerda Juan Torres Nuño, quien encabezó el movimiento laboral.
El líder sindical aclara que, durante todo 2005, él y sus compañeros debieron enfrentar muchos problemas, sobre todo porque los socios capitalistas de Llanti Systems se negaron a invertir en la planta debido a que desconfiaban de la naciente cooperativa.
Enumera algunos de ellos: a lo largo de 2005, 14 de los más de mil trabajadores que iniciaron la huelga en enero de 2002 rechazaron participar en la cooperativa y continuaron su demanda contra la alemana Continental Tire. Al perder el litigio buscaron ingresar a la nueva empresa pero fueron rechazados. En respuesta, lanzaron imputaciones contra los dirigentes de la Cooperativa de Trabajadores Democráticos de Occidente, en especial contra Torres Nuño.
Otros 55 extrabajadores de Euzkadi demandaron penalmente a su antiguo líder, a quien acusaron de lucrar con un terreno propiedad del sindicato que previamente había sido transferido a la cooperativa en una asamblea y por decisión unánime.
Además, los cooperativistas se quejan de hostilidad y abusos en su contra por parte de las trasnacionales llanteras que controlan el mercado.
La nueva empresa, cuya sede se localiza en el municipio de El Salto, representa un caso singular, puesto que sus cooperativistas lograron levantarla desde cero, sin despedir a ninguno de los 550 trabajadores y sin ayuda de las autoridades ni de sus socios capitalistas de Llanti Systems, quienes se negaron a invertir en la planta durante los primeros meses.
Levantar al monstruo
Jesús Torres Nuño, actual secretario de Administración de la cooperativa llantera integrada por los extrabajadores de Euzkadi, narra a Proceso Jalisco las peripecias de la nueva empresa.
–¿Cómo fue el primer día?
–El panorama era desolador, queríamos llorar. Cuando estalló la huelga se quedaron en las instalaciones 80 mil litros de solventes peligrosos y teníamos que revisar… Era como si el tiempo se hubiera detenido. No teníamos recursos económicos, no teníamos energía eléctrica. Tan sólo energizar de nuevo el monstruo de planta –648 mil metros cuadrados de todo el terreno y un kilómetro del edificio– nos costó un mes y medio de trabajo y una inversión de 1 millón de pesos.
“Éramos sólo 100 trabajadores y empezamos a trabajar de 7 a 15 horas, sin recibir un solo cinco. El segundo problema fue cómo echar a andar las máquinas, que permanecieron paradas durante más de dos años y medio; además, se perdió toda la memoria electrónica y los empresarios alemanes jamás nos dieron esa información. Por fortuna encontramos algunos discos con datos clave en los cajones de los escritorios, y así logramos levantar el monstruo”.
–¿Cómo fue que obtuvieron los recursos económicos?
–El gobierno aportó al principio 2 millones de pesos, que fueron aplicados precisamente en el área de informática. También recibimos apoyo para las Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas) a fondo perdido. En total, el gobierno federal aportó 45 millones de pesos más otra partida de 17.5 millones. El gobierno del estado dio 5.5 millones de pesos para el desarrollo de la fábrica.
“Después supimos que Continental Tire creía que nos íbamos a doblar en nuestro movimiento huelguístico; incluso planeaba reabrir la empresa con costos elevadísimos, cercanos a los 80 millones de dólares. Nosotros logramos levantar la empresa con mucho menos. Los alemanes tenían presupuestados más de 10 millones de pesos para recuperar la jardinería. Nosotros lo hicimos con 200 mil pesos. El 9 de julio (de 2005), cuando hicimos nuestra primera llanta de prueba, todos nos arremolinamos para ver al ensamblador. Al final no sirvió, pero fue el inicio simbólico de nuestra producción.”
Añade: “Entre febrero y mayo de 2005 trabajamos sin recibir ningún sueldo. A partir de allí empezaron a correr unas becas de la Secretaría de Trabajo para 100 trabajadores, equivalentes a tres salarios mínimos”.
–Llanti Systems, la empresa que se asoció con ustedes, ¿cuánto dinero invirtió al principio?
–Sólo metió algunas cosas elementales. Hubo por allí un crédito de 3 millones de pesos como capital de trabajo y para habilitar unas máquinas que eran fundamentales para nuestro arranque.
–Y ahora, ¿cómo es la relación?
–Esta cooperativa es copropiedad de Llanti Systems y nosotros, cada uno posee 50%. Nos fuimos midiendo. La empresa socia empezó a comercializar 5 mil, 10 mil llantas ocasionalmente. Era una cuota muy pequeña si tomamos en cuenta que actualmente producimos 5 mil llantas diarias. En septiembre de 2005 alcanzamos la producción de mil llantas al día y en 2007 llegaremos al tope histórico que tenía Euzkadi: 10 mil llantas por día.
–¿Cómo lograron conciliar intereses?
–Con el volumen creciente de nuestra producción y con los costos que hemos tenido (Llanti Systems) nos empezó a presionar para que elimináramos a 200 de los 550 trabajadores de la plantilla. Nos sentamos con los representantes de la empresa y los convencimos. Esa etapa fue muy difícil pero la superamos rápidamente.
–¿Cómo terminaron 2005?
–Terminamos con un producción diaria de 2 mil 500 llantas. Logramos mantener la plantilla de 550 trabajadores y nos dimos ese primer año un aguinaldo de 15 días, desde el gerente hasta el barrendero. Pagamos sólo los días descansados pero no alcanzó para nuestras vacaciones ni para el reparto de utilidades.
La expansión
–¿A quién venden su producción?
–En 2005 toda se quedó en el país, pero en 2006 empezamos a exportar en pequeñas cantidades. Todo ha sido a contracorriente. Y ha sido difícil porque nuestras marcas todavía no están acreditadas, a pesar de que las llantas son similares a las que producía Euzkadi. Poco a poco nos hemos introducido en cadenas comerciales y tiendas de autoservicio, como Carrefour y Wal-Mart,
“Además, este año (2006) firmamos un convenio con Continental Tire para intercambiar moldes de llantas. Obtuvimos unos moldes de llanta radial de camión de pasajeros que nos permitió darle volumen de producción a la planta. Pero lo más importante es que ya se están vendiendo nuestros productos. Una parte sale a Colombia y otra a Guatemala y Honduras. Si se firma un convenio con el Mercosur para quitar aranceles a las llantas, en 2007 comenzaremos a vender nuestro producto a Brasil, el mercado más importante de Latinoamérica. Además, para enero de 2007 venderemos la llanta número 1 millón.
–¿Cómo están los sueldos en Corporación de Occidente?
–Empezamos sin ganar nada, luego seguimos con una beca de tres salarios mínimos y en 2006 terminamos ganando 2 mil 200 pesos por semana, sin recortar a ningún trabajador.
–¿Cómo son sus relaciones con el ayuntamiento de El Salto?
–Nunca pudimos ponernos de acuerdo con la presidenta panista del municipio porque de plano lo que quería era lana. En la práctica nos quería extorsionar. No debemos ni un solo peso. El asunto que empezó con el problema de la clausura fue un pretexto. Hubo un accidente en agosto de 2005, cuando un tanque de combustóleo que estaba prácticamente vacío explotó. De inmediato intervino Protección Civil y resolvimos la situación. Sin embargo, las autoridades clausuraron dos puertas de entrada de la planta y luego de varias visitas terminaron por pedirnos 7 millones de pesos por el supuesto traslado de dominio.
–Sobre la demanda que interpusieron algunos de los extrabajadores de Euzkadi contra usted…
–Es una demanda que no prosperará. Ellos no entienden que hoy el problema es consolidar a la nueva empresa. Necesitamos aumentar la producción y para ello requerimos que nuestro producto se desplace más rápidamente en el mercado. Se requiere una inversión de cuando menos 10 millones de dólares en 2007. Eso es lo verdaderamente importante y no esos litigios que a nada conducen.
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