HOY, LA REVOLUCIÓN DE CONCIENCIAS.

REFORMA.
Miguel Ángel Granados Chapa.

20 de noviembre.

Andrés Manuel López Obrador no ejercerá ninguna de las 17 facultades que la Constitución otorga en su artículo 89 al titular del Ejecutivo, ni ninguna otra, pues su proclamación de hoy es una forma distinta de hacer política y no aceptar manipulación ni opacidad.

Vivimos un insólito, inesperado y presagioso 20 de noviembre. Es todavía un día de descanso obligatorio, conforme a la ley laboral, y el calendario escolar lo incluye entre los de asueto. Es probable que en las ciudades donde los programas de protección al ambiente establezcan el "hoy no circula" esa disciplina se afloje. Las familias, por lo tanto, saldrán de paseo y los amigos y parientes se reunirán alegres. Pero no es un 20 de noviembre como los de antes, ni siquiera como el del año pasado.No habrá desfile deportivo en la Ciudad de México. No, al menos, organizado por el gobierno federal. Alegando burocratización de esa práctica, fatiga de los que marchan y gasto mejor aplicable a otros menesteres, se puso fin a una tradición cercana a los 70 años de duración.

Hay otros móviles, añadidos a los expuestos o que realmente indujeron a la decisión. Uno es de carácter ideológico. El 20 de noviembre recuerda sí, el comienzo de la revolución proclamada por Francisco I. Madero en el plan de San Luis. Pero el PRI había expropiado a la sociedad la recordación de ese fasto (y del acontecimiento histórico todo) y el PAN quiso distanciarse de esa posición, desembarazarse de esa carga. Lo hizo, como ha hecho casi todo, tarde y mal. Y entonces dio pábulo a que se suponga que la Presidencia (de donde partió la orden de cancelar el desfile) no quiso ni por asomo, ni tangencialmente, propiciar que los ciudadanos en general que en el Zócalo aplaudieran vistosas tablas gimnásticas se confundieran o fueran influidos por quienes en la tarde acudirán a un complejo y poliédrico episodio político, la asunción de un Presidente legítimo, diverso del espurio al que la legalidad vigente ha consagrado como electo y se dispone a ejercer el gobierno a partir del 1o. de diciembre.

Hay varios modos de entender el acto que protagonizará esta tarde Andrés Manuel López Obrador. Hay quienes lo perciben con desdén, como si se tratara de una astracanada, un sketch de carpa, y se mofan de las pretensiones de ser lo que formalmente no pudo alcanzarse, como algo divertido pero intrascendente. Hay quienes se enfurecen, se irritan o se decepcionan porque lo aprecian como la reacción de un mal perdedor, de un infractor contumaz e inveterado. En esa ladera no son pocos los fundamentalistas que buscan aplicar la ley al que se ostenta como lo que no es, en actitud semejante al médico que practica cirugías carente de la cédula y el título necesarios.

Estos últimos pueden estar tranquilos. El nombrado Presidente legítimo por una multitud en el Zócalo el 16 de septiembre no buscará ejercer ni una sola de las 17 facultades y obligaciones que en el artículo 89 expresamente confiere la Constitución al titular del Ejecutivo ni las demás que, igualmente con carácter expreso le reservan la propia Carta Magna y la legislación secundaria. Y respecto de la banda presidencial, tan minuciosamente la describe el artículo 34 de la ley del escudo, la bandera y el himno nacionales, que basta una diferenciación en la que se ciña López Obrador para que usarla no constituya infracción.

López Obrador promovió y aceptó su designación como legítimo porque no quiere, ni por contraste, admitir la legalidad de Felipe Calderón. Ser opositor, desde su punto de vista, legitimaría a quien carece de ese atributo, implicaría reconocerlo. Con ello se propone dar satisfacción a los millones de personas que se saben, suponen o sienten destinatarios, víctimas de un fraude. El proceso electoral se enturbió en varias de sus porciones y aquí y allá aparecieron irregularidades, amén de los abusos orquestados del presidente de la República, la cúpula empresarial y el IFE; y el Tribunal Electoral, como órgano jurisdiccional que resuelve controversias, ni como instancia constitucional de calificación actuó con vigor y transparencia, y así en vez de producir certezas causó incertidumbre.No es delito, ni pecado, descreer de la verdad oficial.

Eventualmente puede constituir una infracción o un ilícito penal una reacción individual o colectiva contra la vigencia de la ley. Una huelga de contribuyentes, por ejemplo, es contraria a la norma y puede generar consecuencias adversas para sus practicantes. Pero es imposible castigar a quienes pagan impuestos refunfuñando al hacerlo y aun a quienes protestan ante la autoridad hacendaria por sus expoliaciones pero no evaden ni eluden ni engañan al fisco.

López Obrador, que insistentemente se comprometió a admitir el resultado de un proceso legalmente realizado, pero quedó desvinculado de esa oferta a la luz de la manipulación y la opacidad electorales, inaugura una nueva forma de actuación política, que encoleriza a quienes no la comprenden y a quienes se benefician de las trampas, amén de aquellos ciudadanos que desean vivir en paz aunque para ello deban resignarse al avasallamiento.

La libertad de acción de López Obrador y de quienes comparten su percepción sobre el momento actual es tan amplia como los márgenes legales. Si no los infringen, los practicantes de la resistencia civil pacífica tendrán sólo el límite que su fuerza establezca.Es deseable que el mitin de hoy en el Zócalo se disuelva en paz, con el ánimo festivo con que concluyó su similar del 16 de septiembre. Incurrir en la provocación, en la acción directa, en cercar por ejemplo el Palacio Legislativo desde hoy mismo marcará para mal el comienzo de esta nueva manera de hacer política. Y, sobre todo, sería ineficaz.

Cajón de Sastre.
El peor modo de resolver la toma de rehenes por delincuentes armados ocurre cuando mueren las víctimas. Eso ocurrió, por desgracia, en el secuestro de 15 personas perpetrado en la penitenciaría de Morelia (es decir el Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez, erigido en el conurbado municipio de Charo) el viernes por la mañana.

Cuatro reos que oyeron su sentencia y poseían armas retuvieron a abogados defensores y otras personas y demandaron a cambio de su libertad facilidades para poder fugarse. Casi la mitad de los secuestrados habían sido liberados por los reclusos cuando el sábado se produjo un desenlace que debe ser investigado.

Según la Agencia Federal de Investigación, cuyos miembros entraron al penal concluida la tragedia, los propios reos mataron a los rehenes y a uno de ellos. Quizá fue así, pero los sobrevivientes deben corroborarlo para que haya plena certidumbre sobre lo sucedido. A la postre fueron cuatro abogados (el cuarto pereció ayer) y uno de los reos quienes murieron baleados.