UGALDE Y SUS MAMARRACHOS.

El descrédito.

domingo, 30 de julio de 2006
Reportaje

* La instancia que debería constituirse en el fiel de la balanza en el actual conflicto poselectoral, el IFE, sigue hundiéndose en el descrédito al insistir en su autocomplacencia y en su empeño por defender el presunto triunfo de Felipe Calderón.

* Las críticas en su contra ya no provienen sólo de la Coalición Por el Bien de Todos, sino también del PRI, de decenas de exconsejeros distritales, de organizaciones ciudadanas y hasta del magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata. .






Felipe Calderón Hinojosa.

"Esta es la hora del tribunal y, por lo tanto, cualquier otra evaluación es de carácter político o meramente estadístico", sentenció con voz firme el consejero presidente Luis Carlos Ugalde durante la sesión del 27 de julio del Consejo General del IFE, y repitió, en respuesta a las duras críticas planteadas por los representantes del PRI y del PRD, que el Instituto "no puede ser parte de un litigio político, no es nuestra naturaleza".

A pesar del tono admonitorio de Ugalde, las estadísticas contradictorias exhibidas durante esa sesión, el cúmulo de irregularidades que se documentan día tras día, la "pasarela mediática" de funcionarios y del propio Ugalde en entrevistas y boletines de prensa, así como el documento de defensa jurídica que el IFE presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, apuntan a que el Instituto ha dejado de ser el árbitro para convertirse en parte del litigio poselectoral.

Los hechos más recientes colocan al propio Consejo General y a buena parte de la estructura de los consejos distritales del IFE en el banquillo de los acusados ante la calificación de una elección presidencial que oscila entre la anulación o un nuevo conteo de los votos.La dura crítica contra el papel del IFE ya no proviene sólo de la coalición que postuló a López Obrador sino también del PRI, de cerca de 70 exconsejeros distritales, de organizaciones ciudadanas y al menos del magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, autor del concepto "causal de nulidad abstracta", quien esta semana llamó la atención a 12 presidentes de los consejos distritales por presentar de manera incompleta los informes sobre la elección del 2 de julio.

Horacio Duarte, representante de la Coalición Por el Bien de Todos, informó en la sesión del 27 de julio que 41 consejos distritales no enviaron al Tribunal Electoral los escritos de protesta de sus representantes, "a pesar de que fueron presentados". Informó que entregarán estos escritos como prueba superviniente.

Felipe Solís Acero, representante de la Alianza por México ante el IFE, le advirtió a Ugalde y a los otros ocho consejeros que desde el día de la jornada electoral existe "la sensación pública" de que el Instituto está defendiendo "el triunfo de Felipe Calderón" y no "los actos de un proceso electoral". "No nos equivoquemos, ese no es su trabajo", les señaló tres veces.

No pasaron ni cinco horas de este reproche cuando Ugalde volvió a defender el triunfo de Calderón en su entrevista con Zona Abierta, en el Canal 2. "Ahora se nos achicó 10 veces el margen (respecto a la elección del 2000) y ganó el candidato del partido en el gobierno", afirmó el consejero presidente del IFE ante Héctor Aguilar Camín.

El IFE ante el Tribunal.
En el extenso documento que el IFE presentó ante el Tribunal Electoral para defender el resultado que computó el 5 de julio y rechazar la posibilidad de que se vuelvan a contar los votos, defiende el triunfo de Calderón, niega la influencia del presidente Vicente Fox durante el proceso electoral e, incluso, descalifica a la Coalición Por el Bien de Todos como "delatora" por haber dado a conocer la reunión entre el primer mandatario y Jorge Emilio González, del Partido Verde, en la que el presidente le pide a éste su apoyo para el candidato del PAN.

"El hecho de que el PAN haya obtenido a su favor el apoyo de 15 millones 284 mil votos de los electores -se lee en su informe circunstanciado ante la Sala Superior del Tribunal-- implica la concentración de voluntades de quienes emitieron el sufragio en ese sentido y que, en principio, debe ser respetado. El desconocimiento de voluntades sólo se justificaría por la existencia de una circunstancia razonable y ampliamente aceptada, situación que en la especie no acontece".Asegura que "es insuficiente la simple mención de presuntas irregularidades acontecidas durante el desarrollo del proceso electoral" y demanda que no se tomen en cuenta los reclamos de la coalición de López Obrador, por carecer de "base racional alguna", y defiende el cómputo que dio como triunfador a Calderón.

"Como se ha demostrado, se contabilizaron de manera correcta los votos con los que contaban y, por lo tanto, debe respetarse la votación correctamente emitida en dichas casillas", indica, y sostiene que "es falso" que "medió error manifiesto en el cómputo de los votos que beneficiara al Partido Acción Nacional". Para el IFE sólo existieron "irregularidades e imperfecciones menores".El órgano electoral defiende también a Elba Esther Gordillo, quien recientemente calificó de "presidente electo" a Felipe Calderón, y sugiere que se debe investigar a la coalición por presunto espionaje telefónico.

Al referirse en su alegato a las conversaciones telefónicas entre la "líder moral" del magisterio y el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, exhibidas por López Obrador en el mitin del 9 de julio en el Zócalo, el IFE señala que lo que debe atender el tribunal es que "la inviolabilidad de las comunicaciones se encuentra prohibida" por la ley.

En cinco cuartillas expone todos los argumentos jurídicos que impiden la grabación de conversaciones privadas."Por lo anterior -subraya el Instituto-, esta autoridad no se pronuncia respecto del agravio hecho valer, ya que de actualizarse, se trataría de cuestiones ilícitas y, por lo tanto, no deben tener ningún valor probatorio".Al referirse a la participación activa del presidente Fox mediante su propaganda en radio y televisión durante la campaña, argumenta que "el IFE no es la autoridad competente para revisar las diversas campañas publicitarias de la Presidencia de la República".Además, asegura que el Ejecutivo federal "coadyuvó a propiciar un clima de certeza jurídica y equidad en la contienda electoral", al ofrecer en beneficio del IFE los espacios de tiempo fiscal que el Poder Ejecutivo tiene en los medios electrónicos.

Niega que haya sido omiso en la investigación sobre el uso del padrón electoral en la página web de Felipe Calderón y descarta que se hayan utilizado los programas sociales del gobierno en beneficio del candidato del PAN."Suponiendo sin conceder que se haya utilizado el padrón electoral para la formación de las redes de apoyo al candidato del PAN, es de elemental lógica deducir que quien se inscribió lo hizo con la firme convicción de formar parte del movimiento a favor del candidato", especula el IFE.

El escudo principal del Instituto para negar la posibilidad de que se realice un nuevo cómputo de los votos es que se atenta contra "la credibilidad de la propia ciudadanía, de su propia militancia y en sí misma, al calificar que los actos del proceso electoral fueron contrarios a derecho".

El rechazo tajante del IFE a cualquier crítica sobre las irregularidades del proceso no sólo se expresa en el informe ante el Tribunal, sino en el reporte que leyó la consejera Teresa González Luna en la sesión del 27 de julio.En su parte central, el informe, plagado de cifras y datos estadísticos, advierte:"Hablar de irregularidades generalizadas o, peor aún, tan siquiera sugerir, insinuar, la organización de un operativo de fraude electoral, implica desconocer lo que efectivamente todos esos hombres y mujeres vieron, oyeron, palparon, el día de la jornada. Es decir, hacer esas sugerencias o insinuaciones implica, lisa y llanamente, negar la realidad".

Este párrafo fue criticado por Felipe Solís Acero, quien reprochó el tono "acusatorio, admonitorio, sin establecer con claridad el destinatario". También Horacio Duarte rechazó el informe y le recordó a Ugalde y a los consejeros que "el día de la jornada electoral sigue siendo un tema a revisión, y nosotros nos atenemos a lo que hará el Tribunal... Cualquier otra evaluación será sólo de carácter político o de carácter estadístico".


Rebelión de consejeros distritales.
Sin embargo, el 28 de julio, una parte del "escudo ciudadano" que contó los votos dio a conocer una carta enviada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que constituye una acusación implícita a los argumentos esgrimidos por el IFE para oponerse al conteo de los votos.

Un total de 68 ciudadanos que fungieron como consejeros en 26 distritos electorales del Distrito Federal, Jalisco, Querétaro y Puebla, y como consejeros locales en Veracruz y Querétaro, plantean que el Tribunal debe realizar un nuevo cómputo:"En el ánimo de contribuir a dar certeza y distender la confrontación generada ante los resultados de las pasadas elecciones federales, consideramos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debería valorar, al momento de resolver las impugnaciones presentadas en el proceso electoral presidencial, el determinar la apertura de los paquetes electorales y la revisión estricta del cómputo".Los firmantes se ofrecen a la realización del nuevo conteo, "sin demérito del trabajo realizado el pasado 2 de julio por los ciudadanos y ciudadanas funcionarios de casilla, a quienes reconocemos y agradecemos su compromiso interesado".

Durante la conferencia de prensa que ofrecieron 10 de los 68 consejeros firmantes, expusieron varias irregularidades que hablan de inconsistencias en las actas de cómputo.El consejero César Rodríguez Núñez, del distrito 9 capitalino, denunció que el IFE mandó al apartado de inconsistencias varias actas del cómputo que no tenían errores, además de que el 11 de julio se abrió la bodega electoral, ante la protesta de la Coalición Por el Bien de Todos, que alegó la competencia exclusiva del Tribunal para realizar esta acción.

Mayra Pérez, del distrito 25, dio a conocer que las autoridades del IFE les enviaron un escrito para que se pronunciaran en contra de la apertura de todos los paquetes, al igual que en el distrito 22, en donde, según Jacobo Alavez, la presidenta del comité distrital "fue aleccionada de que no debía abrir paquetes y que se opusiera con toda su fuerza a ese hecho".Otros testimonios documentaron errores aritméticos en actas de varios de los paquetes electorales que se lograron abrir y lamentaron que, hasta la fecha, los puntos de vista del IFE hayan sido "monopolizados" por Luis Carlos Ugalde y los consejeros generales.

En su alegato ante el Tribunal, la Coalición Por el Bien de Todos ha argumentado que en 72 mil 197 casillas existen actas con errores aritméticos. De ese universo, 898 mil 863 votos fueron sumados sin tener sustento en boletas y 722 mil fueron votos eliminados artificialmente.

De los 26 consejos distritales que aparecen en la carta dirigida al Tribunal, llama la atención que 5 coincidan con la lista de 12 consejos que fueron señalados por el magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata por entregar informes incompletos. Son los distritos 5, 12, 17 y 24 de la Ciudad de México, y el 3 de Querétaro.Reyes Zapata, en su requerimiento a los funcionarios electorales enviado el 27 de julio, les reclamó el que no hubieran entregado las "actas circunstanciadas" sobre la elección del 2 de julio.

Y les explicó lo que significa este tipo de documentos:"El adjetivo circunstanciada significa que se refiere o explica circunstancialmente. A su vez, el adverbio circunstancialmente quiere decir: con toda menudencia, sin omitir ninguna circunstancia o particularidad".Informes internos del Tribunal calculan que pueden ser más de 50 los consejos distritales que no entregaron completas estas actas.

Apertura polémica.
Otro elemento que coloca al IFE en una posición comprometedora ante el Tribunal es la falta de sustento jurídico para la apertura de paquetes electorales, realizada después de los cómputos distritales del 5 de julio y amparada en la polémica circular 071 que firmó el director ejecutivo de Organización Electoral del Instituto, Miguel Ángel Solís.

La circular se elaboró el 8 de julio, pero Horacio Duarte denunció en la sesión del Consejo General que, por lo menos en el distrito 3 de Guerrero, se inició un día antes, el 7 de julio. Solís utilizó como justificación de esta apertura anticipada no sólo los requerimientos derivados de las impugnaciones del PAN y de la Coalición Por el Bien de Todos, sino también una petición del Tribunal.En la sesión se exhibieron las contradicciones del IFE sobre el particular. En conferencia de prensa, el director Ejecutivo de Capacitación, Hugo Concha, afirmó que esta apertura fue el resultado de una petición verbal que expresó el secretario general de Acuerdos del Tribunal, Flavio Galván Rivera.Horacio Duarte mostró un oficio firmado por el propio Galván Rivera en el que niega que esta petición se hubiera hecho de manera verbal.

El funcionario del Tribunal le recordó a Duarte:"Todos los acuerdos, incluidos los requerimientos emitidos por cada uno de los magistrados en lo individual y por la Sala Superior, son notificados a las partes interesadas en cada juicio o recurso, además de hacerlos del conocimiento público en estrados".Duarte informó que este oficio de Flavio Galván será aportado como prueba adicional al recurso de impugnación que presentó ante el Tribunal.

Por su parte, Felipe Solís Acero también le reclamó al IFE por el hecho de que en la apertura de paquetes en varios distritos no se cumplió con el requisito de que estuvieran presentes los representantes de los partidos. Por lo menos, dijo, así sucedió en Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala y Zacatecas.El consejero electoral Virgilio Andrade negó que la apertura de los paquetes fuera ilegal, como insistió Duarte, y esgrimió un nuevo argumento, distinto del expresado en las conferencias de prensa de los propios funcionarios del IFE: en varios casos se abrieron porque fueron requerimientos de las salas regionales del tribunal.

La "burbuja" de Ugalde.
La áspera sesión del Consejo General no sólo demostró errores e inconsistencias estadísticas, sino claras contradicciones entre lo que se ha expresado en los boletines y conferencias de prensa del IFE y los informes oficiales.Solís Acero acorraló a los consejeros al preguntarles: "¿Por qué informan a través de boletines, por qué traen a funcionarios de la institución en pasarelas permanentes en los medios de comunicación y a éste, que es órgano superior de dirección, se le regatea la información?".

La "pasarela" denunciada en conjunto por las coaliciones Por el Bien de Todos y Alianza por México dejó mal parados a dos funcionarios del círculo más cercano a Ugalde: Hugo Concha, excoordinador de asesores del consejero presidente, director de Capacitación Electoral y habilitado como "vocero" del IFE, así como a Eduardo Guerrero Gutiérrez, actual director del Servicio Profesional Electoral y exasesor también de Ugalde.

Duarte y Solís Acero criticaron a este último por escribir el artículo Seis falacias sobre una elección de excepción, que se publicó en La Revista de El Universal. El PRI reveló un e-mail que ordenaba "compartir" esa comunicación con colaboradores y allegados. La dirección electrónica provenía del Programa de Acompañamiento Ciudadano del Centro para el Desarrollo Democrático, que forma parte de la estructura del IFE.

El objetivo de este programa es "establecer y fortalecer vínculos con grupos estratégicos de la sociedad civil con el propósito de consolidar y profundizar en éstos la confianza y credibilidad hacia el IFE, con especial énfasis en el proceso electoral".Ugalde aceptó finalmente que se realizaría una investigación de la Contraloría interna para investigar por qué se utilizaron los recursos de este centro para distribuir un artículo que, según se dijo, fue escrito a título personal por uno de los miembros del círculo cercano al consejero presidente.(Jesusa Cervantes y Genaro Villamil/APRO)