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lunes, abril 09, 2007

NOTAS DE HOY

Antes que nada hagamos un poco de memoria histórica.

¿No decía fecal en su campaña electora que quería el México de la Sub-17? Pues chequen entonces esta nota del Milenio para que vean el típo de México que quiere fecal:

Fracaso total
La Sub 17, fuera del Mundial

El empate ante Honduras dejó fuera a los mexicanos, que ni siquiera tendrán oportunidad de defender su título mundial en Corea. El equipo que dirige Chucho Ramírez nunca despegó en la eliminatoria.

La selección mexicana sub 17 no podrá defender su título en el Mundial de Corea 2007 de la especialidad, al quedar eliminada del Premundial por su similar hondureña, al empatar sin goles en el estadio Tiburcio Carías Andino de Tegucigalpa.

La igualada le bastó a Honduras para adueñarse del segundo boleto, al llegar a cinco puntos, mismos que los haitianos, que vencieron a los salvadoreños 3-0. Los mexicanos se quedaron con tres unidades en el tercer sitio y, por ende, eliminados.

Leer el resto de la nota.


Vaya pues con el México de la sub-17. Lo vaciado es que fecal lo comparaba con la selección mexicana que fallaba penaltys--en alusión a Hugo Sánchez y su fallido pénalty en el mundial de México 86). Pero resulta que ahora Hugo Sánchez es DT de la selección y, hasta el momento, el TRI no ha quedado fuera del mundial.

Pero bueno, igual fecal prometió ser "presidente del empleo" y ni ya ven...

Hablando de fecal, resulta que VERDADERAMENTE está tambaleándose. Al grado de que Emilio Gambia, líder del PRI en la cámara de diputados, anda diciendo que el PRI le tiene que ayudar a fecal para que no se colapse según esta nota del Milenio:

Emilio Gamboa
Ayuda el PRI a Calderón para evitar un "colapso"

Anuncian acuerdo del PRD y el tricolor para ir juntos por la reforma electoral.


El PRI está “ayudando a Felipe Calderón a gobernar porque, si no lo hacemos, el país estaría al borde del colapso”, asegura Emilio Gamboa, líder de los diputados del tricolor, quien considera que con este “trabajo serio y profesional vamos a recuperar el poder”, en alusión a que su partido se mantuvo 70 años en la Presidencia.

Para el diputado la ciudadanía reconoce el trabajo de las bancadas del tricolor en el Congreso de la Unión, lo que les permitirá volver a ser la primera fuerza legislativa en 2009, “porque la gente se da cuenta que el PRI es el partido que sabe gobernar”.
Gamboa afirma que el gran reto de la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, será la integración y la unificación de ese partido, y agrega que tendrá que dejar en libertad a los grupos legislativos para que tomen sus decisiones “de acuerdo con su conciencia”.

Leer el resto de la nota.


Sí pero no. Es CIERTO que es gracias al PRI que han pasado algunos de los pagos de facturas de fecal en el congreso--la ley del ISSSTE, por ejemplo. Pero sólo por que les dio línea Salinas. Pero NO es cierto que el país se colapsaría si el PRI ni estuviera cargándose a favor de fecal. Ni es cierto que la gente reconoce el trabajo del PRI. En todo caso los REPUDIAN--como repudian la ley del ISSSTE. Digo ¿Cuántos trabajadores del estado han ido a agradecerle al PRI por haber privatizado sus pensiones? Sólo que sea Miguel Angel Yunes y los achichincles de la mamá de chucky.

Así que por favor que NO MAME el cuatito de Kamel Nacif. ¿Ahora resulta que por aprobar la ley Gordillo va a subir el rating del PRI para convertirse en primera fuerza política en el 2009? ¡Por favor!

Aquí cabe señalar que el FAP tiene una oportunidad de ORO para convertirse en primera fuerza en San Lázaro en el 2009 si hacen una BUENA campaña publicitaria mostrándole al electorado como se han opuesto a las chingaderas del PRIAN. ESPEREMOS que no se apendejen--como suelen acostumbrar.

Pasamos ahora a algunas pifias del PAN. Para empezar resulta que los ediles del PAN se gastan más en IMAGEN que en atender las necesidades de los municipios que disque gobiernan. La nota del Reforma:

Sale cara imagen de Ediles panistas

De acuerdo con datos oficiales los municipios que más dinero destinan para difusión fueron Izcalli, Tlalnepantla, Naucalpan y Atizapán

Staff

Ciudad de México (9 abril 2007).- Cuatro ayuntamientos panistas del Estado de México tendrán este año más recursos para imagen y propaganda que lo que destinarán a labores de servicio a la comunidad.

Superan el gasto de algunas delegaciones del Distrito Federal y Alcaldías de Jalisco y Nuevo León.

Según datos oficiales de cada municipio, los que más dinero destinan para difusión fueron Izcalli, Tlalnepantla, Naucalpan y Atizapán.

Como si se estuvieran en campaña electoral, sus ediles aparecen en mantas, trípticos, espectaculares, folletos y spots de televisión difundiendo obras y logros.

En Izcalli, que gobierna David Ulises Guzmán, el monto para difusión -asentado en el Presupuesto 2007- es de 29 millones de pesos, que contrasta con los 11.8 millones asignados a Cultura y los 23.2 que habrá para Deporte.

Tlalnepantla destinó 24.4 millones de pesos este año para propaganda, el doble de lo que destinarán al área de Desarrollo Social.

Naucalpan, que gobierna el ex candidato del PAN a la Gubernatura, José Luis Durán, tendrá 23 millones para imagen y difusión.

Además, gozará de 520 mil pesos extra para "Publicidad y propaganda de Presidencia" y 378 mil 125 más para "Impresión, inserción y elaboración de publicaciones oficiales de información general para difusión de la Presidencia" y "Servicio de foto, cine y grabación de la Presidencia".

En contraste, la Alcaldía destinó 13.7 millones a la promoción del deporte, y un millón para despensas escolares.

Atizapán tendrá 19.4 millones para las labores de difusión de actividades y programas de gobierno, y su campaña ha invadido incluso municipios vecinos, donde ha instalado seis anuncios espectaculares.

Para becas escolares, asignó 7 millones, y a despensas para alumnos de escasos recursos, 3.3 millones.

Algunas delegaciones capitalinas y municipios de Jalisco y Nuevo León tienen asignados presupuestos menores que los de sus homólogos mexiquenses.

La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas, cuenta con 1.9 millones de pesos para difusión, y su homólogo, también panista, de Benito Juárez, Germán de la Garza, dispone de 4.4 millones.

El delegado perredista en Cuauhtémoc, José Luis Muñoz, dispone de 7.6 millones para ese rubro.

En Nuevo León, el Edil de San Nicolás, el panista Zeferino Salgado tendrá 3.9 millones, y su homólogo de San Pedro, Fernando Margáin, 1.9 millones como presupuesto total para Comunicación Social.

En Monterrey, el Gobierno municipal de Adalberto Madero, también del PAN, se negó a informar el monto de su gasto en publicidad.

En el caso de Guadalajara, las autoridades aseguran que los 45.8 millones que invertirá la Alcaldía del panista Alfonso Petersen serán para difusión institucional. En ninguna campaña, aseguran, aparecerá el nombre o la imagen del Alcalde.

En Zapopan, el también albiazul Juan Sánchez Aldana prevé erogar casi 27 millones este año, pero -hasta el momento- la propaganda tampoco incluye su imagen.

En Tonalá, el panista Jorge Vizcarra prevé 6 millones de pesos para promoción.


Si se tratara de PEMEX, los panistas ya estarían diciendo que nooo, es que se gasta mucho y por eso mejor se tiene que privatizar. Pero cuando el despilfarro lo hacen sus ediles entonces no dicen nada. Razón por la que le sugerimos a los panistas que mejor privaticen a SU CHINGADA MADRE. Piches hipócritas de MIERDA.

Pero seguimos con las pifias panistas. Por que resulta que un regidor PANISTA del EdoMex anda en carros chocolate de lujo y SIN PERMISO según esta nota del Universal:

Usa regidor vehículos deportivos ´chocolate´

El regidor panista Carlos Guerrero Paniagua acostumbra conducir autos deportivos chocolate tipo Camaro, en los que se traslada todos los días desde su casa hasta el palacio municipal; "porque son más barato y mis ingresos no me alcanzan para adquirir un auto nuevo de más de 200 mil pesos", señala

Rebeca Jiménez
El Universal
Lunes 09 de abril de 2007
NAUCALPAN, Méx.- El regidor panista Carlos Guerrero Paniagua acostumbra conducir autos deportivos chocolate tipo Camaro, en los que se traslada todos los días desde su casa hasta el palacio municipal; "porque son más barato y mis ingresos no me alcanzan para adquirir un auto nuevo de más de 200 mil pesos", pese a que su ingreso mensual es superior a los 70 mil pesos.

Personal del ayuntamiento confirmó que Guerrero Paniagua acostumbra llegar en autos deportivos chocolate -de procedencia norteamericana y sin papeles de legalización-, desde hace más de seis meses ,"tiene uno de color amarillo y este verde", que carece de placas de circulación y engomados de verificación, lo que denota influyentismo "pues para eso es regidor".

"Tengo tiempo todavía"

Entrevistado al respecto, el edil reconoció que el auto verde que estaba estacionado en la sección de regidores, le pertenecía.

-¿Qué tan sencillo es para usted traer un auto sin placas?

-"Para cualquier ciudadano es muy complicado, porque es corralón, pero como es de importación tengo 60 días para emplacarlo", respondió.

Sin embargo al ser cuestionado sobre por qué no portaba de forma visible el documento de pedimento de importación, el edil respondió "lo traigo en la guantera, pues los cristales de mi auto son polarizados".

Por eso "durante los últimos 15 días me han detenido -agentes de tránsito- tres o cuatro veces, por eso sólo lo uso para llegar al palacio municipal, pues es muy complicado transitar por otros municipios o por el DF", respondió el regidor panista.

"Por eso ya lo estoy vendiendo".

-¿Sin placas? -"No , primero lo voy a legalizar y después lo voy a vender", respondió.

-¿Como regidor le es fácil legalizar autos? -"Es fácil para cualquier ciudadano", dijo con prisa.

-¿Por qué comprar un auto chocolate? "Porque son más baratos, pues con mi salario no puedo comprarme uno nuevo de más de 200 mil pesos".

-¿Pero usted gana más de 70 mil pesos al mes? "Pues ni así me alcanza", respondió ante de salir corriendo rumbo al Cabildo.

El edil indicó que tenía poco de haber adquirido ese auto; sin embargo, aseguró no recordar la fecha en que lo adquirió y ofreció mostrar el documento de pedimento de importación, para comprobar la adquisición reciente del auto.

No obstante, el empleado al que comisionó para mostrar el documento, aseguró que no tenía las llaves del Camaro.

EL UNIVERSAL esperó nuevamente al regidor a que saliera de la sesión de Cabildo, sin embargo Guerrero Paniagua ingresó a la oficina de la presidencia de forma apresurada, de donde ya no volvió a salir.

EL UNIVERSAL acudió nuevamente al estacionamiento y el Camaro verde sin placas del regidor ya no estaba en su lugar.

Entrevistado al respecto, el agente de tránsito municipal , Oscar Contreras, afirmó que circular en un auto sin placas, es violatorio del artículo 27 del Reglamento de Tránsito, que establece como sanción la retención del auto; "además si circula los viernes es doble infracción".


¿Gana 70 mil pesos al mes y no le alcanza para andar en un camaro? ¡¡POESHITO!! ¡Esas son necesidades! No que los jodidos que ganan 3 mil pesos al mes y ni para comer les alcanza. Favor de NO MAMAR.

Pinches panistas RATEROS y de pilón CÍNICOS. ¿Pa qué CHINGADOS quieren un CAMARO para ir a trabajar? Ahora ya nadamás falta que salgan con que sin el camaro no podrían desempeñarse. NO CHINGUEN.

Vean en cambio lo que tiene que hacer la gente del EdoMex con el poco dinero que recibe de Oportunidades: pagar cirugías.

Usan Oportunidades para pagar deudas

Deja programa a las familias decisión sobre empleo de los apoyos

Daniela Rea

Ciudad de México (8 abril 2007).- Carmen Salazar acaba de cobrar su cheque de Oportunidades. En lugar de ir a comprar despensa, útiles escolares o medicamentos, utilizará los mil 280 pesos para saldar una deuda que arrastra desde el año pasado.

No es la única mujer de la fila que, más allá de las recomendaciones hechas por los funcionarios de Oportunidades, administra el dinero federal conforme a sus propias necesidades: trajes para la salida de primaria de los hijos, tarjetas para celular, pastel para la fiesta de cumpleaños y cirugías, entre otras cosas.

Son las 9:00 horas en las oficinas de Bansefi en Nezahualcóyotl, Estado de México. Desde las 22:30 horas del día anterior, cientos de mujeres se formaron en la puerta para cobrar su cheque, el primero que trae el apoyo extra de 50 pesos mensuales para energía.

En los primeros lugares de la fila está Carmen -empleada de una imprenta- sentada sobre una cubeta, ignorando el timbre del celular que suena insistentemente. "Es mi jefe, pero no iré a trabajar hoy", dice antes de apagarlo.

Y es que hoy vence el plazo para pagar los seis mil pesos que pidió prestados en agosto del año pasado, cuando su hijo mayor tuvo una enfermedad en la rodilla que terminó en dos litros de pus, en una cirugía y en mes y medio de medicamentos para la recuperación.

De nada le sirvió que en Oportunidades hubiera un apoyo destinado exclusivamente a servicios de salud, pues éste no alcanzaba a cubrir la operación de su hijo de 14 años. De poco le sirvió tener Seguro Popular, porque los medicamentos necesarios se habían terminado, aunque sí le ayudó un descuento en el costo total de la operación.

"No me puedo reponer. Voy a usar el dinero de la despensa y de los útiles para pagar", explica.

Las reglas

El programa Oportunidades declara como objetivo "apoyar a las familias que viven en condición de pobreza extrema con el fin de potenciar las capacidades de sus miembros y ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de bienestar, a través del mejoramiento de opciones en educación, salud y alimentación".

Según las Reglas de Operación vigentes, el programa entrega bimestralmente 360 pesos por familia beneficiaria por concepto de alimentos y otra cantidad por concepto de becas educativas a partir de tercero de primaria y hasta el último semestre del nivel medio superior, siempre y cuando el beneficiario tenga máximo 21 años de edad. El monto de la beca es creciente a medida que el grado cursado es mayor.

El máximo apoyo que puede recibir una familia es de mil 855 pesos al mes. También se puede recibir un apoyo extra de 500 pesos bimestrales cuando en la familia hay algún adulto mayor.

Además, a partir de este año se agregó un subsidio de 50 pesos mensuales para el pago de leña, gas o luz eléctrica.

El apoyo que se entrega a las familias es en efectivo y no está etiquetado, por lo que cada una decide cómo lo gasta.

"Los apoyos del programa se otorgan con pleno respeto a las decisiones de las familias, buscando ampliar opciones y oportunidades en un marco de estímulo a la elección informada", indican las Reglas de Operación.

Subsidio para pastel

En días pasados, Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, declaró que el plan de nutrición del programa Oportunidades no daba los resultados esperados, pues aporta acceso a alimentos pero no garantiza que sean bien utilizados. El funcionario explicó que en un recorrido por la zona huichola en Jalisco descubrieron que las beneficiarias compraban con el apoyo sopas instantáneas, sin aporte nutricional.

Cada dos meses, el gobierno federal entrega 360 pesos bajo el rubro de "alimentación" a cada familia beneficiaria.

"¿Qué compro? Lo ideal son dos kilos de azúcar, dos litros de aceite, dos kilos de frijol, dos de arroz, dos latas de atún, un poco de pollo o carne, dos litros de leche. Para eso alcanza con los 180 pesos al mes, pero apenas me dura para la comida de una semana, y falta lo del desayuno y la cena. Hay veces que compro una mermeladita para los bolillos, aunque salga cara; también nos gusta comer algo sabroso", señala Inés Camarena, de la colonia El Sol, de Nezahualcóyotl.

"El año pasado la entrega del cheque se cruzó con el cumpleaños de mi hijo y lo usé para comprarle su pastel, papitas de botana, gelatinas y refrescos. Pensé que también para mi niño era importante sentirse querido en su cumpleaños y pues gasté en eso. Después tuve que trabajar más para reponer la despensa".


¿Y aquél HIJO DE LA CHINGADA dice que no le alcanza para comprarse un CAMARO? ¡POR FAVOR!

Pero no es el único despilfarro panista. Resulta que A PESAR de que en Pemex hay gente capacitada, se gastaron 2 MILLONES DE DÓLARES en asesores externos:

Devoran asesores dinero de Pemex

Según un reporte, Pemex ha contratado asesorías externas en materia financiera, legal, tecnológica, de recursos humanos y de comunicación

José Eugenio Torres Vázquez

Ciudad de México (9 abril 2007).- En los últimos siete años, Pemex ha gastado casi 2 millones de dólares al mes en capacitarse, a pesar de que cuenta con especialistas internos que podrían hacer esa tarea.

La paraestatal desembolsó mil 722 millones de pesos en consultorías externas no obstante que por años ha arrastrado pérdidas millonarias después de impuestos.

De acuerdo con un reporte que REFORMA obtuvo de la dependencia, el primero de su tipo, las asesorías contratadas por Pemex fueron en materia financiera, legal, tecnológica, de recursos humanos y de comunicación.

Analistas del sector señalaron que la paraestatal distrae recursos en servicios que su personal u organismos como la Secretaría de Energía o el Instituto Mexicano del Petróleo pueden hacer.

Según la información, 10 despachos y empresas acapararon el 65 por ciento de los recursos gastados.

Entre estas firmas destacan McKinsey, SAP México, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Mancera y Neoris México.

"Sobran empresas que dicen tener soluciones tecnológicas y administrativas para Pemex, pero muchos problemas debería resolverlos con su propio personal", consideró el experto David Shields.

Carlos Linares, consultor de la firma Baker & McKenzie e investigador de la UANL, señaló: "Yo cuestionaría que Pemex contrate a asesores externos para la definición de la política energética.

"(Y) no sólo por que ésta debería ser una atribución de la Sener, si no porque son decisiones sobre un bien considerado estratégico".


Ah, pero luego salen con que Pemex está en peligro de quiebra. ¿Cómo no lo va a estar si los PANISTAS la están tratando de quebrar?

Desde luego al que acusaban de que disque iba a endeudar al país era al peje. Pinches panistas HIPÓCRITAS.

Seguimos con las pifias panistas. Resulta que además de que la biblioteca Elefante Blanco--digo--José Vasconcelos no sirvió para un carajo, nisiquiera tenía licencia ambiental para operar. Esto también se da a conocer en el Reforma:

Operaba la 'mega' sin licencia

Afirman autoridades que la falta administrativa podría derivar en multa de hasta 20 mil salarios

Dora Luz Haw

Ciudad de México (9 abril 2007).- La Biblioteca Vasconcelos ha funcionado durante diez meses sin la Licencia Ambiental Única del Distrito Federal (LAUDF), por lo que la Secretaría de Medio Ambiente capitalina envió el miércoles pasado un requerimiento al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Bernardo Lesser, director de Regulación Ambiental de la Secretaría explica que, normalmente, después de que un establecimiento comienza a operar, tramita este permiso en un máximo de 30 días.

"La Ley Ambiental del DF establece que están obligados a presentar la licencia y, aunque no indica ahí un plazo perentorio, generalmente se realiza (el trámite) en el primer mes de funcionamiento", explica el ingeniero.

Por esta razón, dicha dirección hizo llegar al Conaculta y a la Biblioteca Vasconcelos un documento en el que señala la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones ambientales.

Leer el resto de la nota.


¿Pa qué CHINGADOS se gastó el dinero de erario en esta MAMADA de Fox? A ver; ¿Cuantas obras del peje han tenido que ser clausuradas por infecientes? NINGUNA.

Ah, y por si fuera poco, el auditor superior de la federación reitera lo que ya se sabía: que con Fox (o sea con el PAN en el poder) hay corrupción. Esto se da a conocer en esta nota del Reforma:

Alerta Auditor de corrupción

González de Aragón dijo que Hacienda y Pemex concentran los mayores grados de discrecionalidad en la administración pública

Mayolo López y Jorge Arturo Hidalgo

Ciudad de México (9 abril 2007).- La discrecionalidad de los funcionarios en el manejo de los recursos es una fuente de corrupción que ahoga al País, sostuvo Arturo González de Aragón, Auditor Superior de la Federación.

"En México estamos ahogados en la discrecionalidad", resumió en entrevista, al evaluar los resultados de la Cuenta Pública 2005.

González de Aragón afirmó que la Secretaría de Hacienda y Pemex concentran los mayores grados de discrecionalidad en la administración pública federal.

Puso como ejemplos el reparto poco claro de los excedentes petroleros, las facultades no acotadas del director de Pemex para entregar donativos, las reglas de operación laxas para entregar recursos federales a los estados.

También mencionó las decisiones de Hacienda para devolver impuestos y no cobrar los créditos fiscales pendientes, lo que daña las finanzas públicas.

"Toda la aplicación de los excedentes petroleros tiene una parte muy importante de discrecionalidad de parte de la Secretaría de Hacienda. Tendría que haber certidumbre para los estados, pero desgraciadamente no hay", aseguró.

"Vemos otro caso de exceso de discrecionalidad con todos los recursos federales que son transferidos a estados y municipios.

"Si nos ponemos a analizar los fondos de los ramos 33 y 39, vemos que los objetivos no son tan claros, (además) de que las reglas de operación son muy laxas, de manera que ahí la aplicación del recurso a nivel de estados y municipios se da con absoluta discrecionalidad", planteó el funcionario.

Desde la perspectiva del Auditor, un antídoto implicaría la adopción de reglas que inhiban al servidor público.

En ese sentido, González de Aragón propuso la intervención del Congreso de la Unión para legislar y acotar y, simultáneamente, que cada dependencia adopte normas internas.

En Pemex, por ejemplo, el funcionario explicó que sería necesario limitar las facultades del director general para que pueda conceder donativos o préstamos "hasta un tope", y de esa manera se eviten desfalcos como el del Pemexgate.


Lo ha dicho el peje hasta el cansancio: el verdadero problema de corrupción en este país, el que le está costando al país más dinero, es la evasión fiscal, la cual es PERMITIDA por la secretaría de Hacienda. Precisamente por esto tiene ahora más peso lo que dijo José Agustín Ortiz Pinchetti el año pasado en uno de los videos de ¿Quién Es El Señor López?. Los que hicieron la guerra sucia contra el peje fueron los evasores fiscales:

EL PEJE Y EL MIEDO

http://www.youtube.com/watch?v=GI8-FnX_bHE

Ah claro; pero la evasión fiscal no es lo que más le preocupe a fecal. Le preocupa más que Estados Unidos pueda espiar las comunicaciones de todos los mexicanos. Por eso está cabildeando su reforma de seguridad, que no es otra cosa más que permitir la suspensión de garantías individuales a discreción de los PRIANistas--aunque el ReforPAN pretende presentar esta reforma como algo que NO ES. Menciona disque beneficios para víctimas de violencia intrafamiliar, pero no menciona que esta reforma pretende permitir que el estado (y por ende Estados Unidos) pueda espiar las comunicaciones de los mexicanos SIN orden de un juez y allanar domicilios SIN orden de un juez. Aquí la nota lambegüevos:

Cabildea Calderón plan de seguridad

Distribuyen titulares de la SSP y PGR explicación completa de los planteamientos

Claudia Guerrero

Ciudad de México (8 abril 2007).- El Presidente Felipe Calderón pidió a la bancada del PAN en el Senado defender el paquete de reformas en materia de seguridad pública y procuración de justicia, para intensificar el combate contra la delincuencia organizada.

A través del Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y del Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, el Ejecutivo federal entregó a la bancada panista un documento en el que se explican a detalle las bondades de las reformas impulsadas por el Gobierno federal.

En el "catálogo" de 14 apartados, se establecen las ventajas que representará la Reforma Integral al Sistema de Justicia, que implica cambios a nueve artículos de la Constitución, cuatro al Código Penal Federal y uno a la Ley Orgánica de la PGR.

En el documento de 40 cuartillas, del que REFORMA tiene copia, las dependencias federales no sólo detallan la propuesta, sino que incluyen los argumentos que las justifican.

De acuerdo con el informe, la iniciativa del Ejecutivo busca ampliar las facultades tanto del juez como del ministerio público, para dictar medidas cautelares que garanticen a las víctimas una respuesta más oportuna por parte de las autoridades correspondientes.

"Resulta incomprensible, por ejemplo, que en violencia intrafamiliar el Ministerio Público no pueda prohibir al agresor acercarse a la víctima o hablar con ella, o que en un despojo, sea un procedimiento tortuoso lograr la restitución del bien inmueble objeto del delito", se explica.

En materia de delitos graves, el Ejecutivo pide al Congreso especificar los casos en los que aplica la definición, luego de reconocer que en los estados se ha abusado de dicha clasificación.

"Las legislaciones locales han abusado de la definición de los delitos graves y, con ello, han saturado la prisión preventiva que, por compromisos internacionales, debe ser una excepción y no una regla", se indica en el documento, en el que incluso se habla de la desobediencia de los congresos de los estados.

"La idea es que la prisión preventiva exista para aquellos delitos que realmente lo ameritan. La limitación fue el espíritu del constituyente revisor de 1993, como se advierte en el dictamen respectivo, pero al no preverse en el articulado no fue obedecido por las legislaturas locales", se establece.

Por otro lado, el Ejecutivo cita resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para argumentar a favor de su propuesta, como en los casos del arraigo y el cateo.

En el primero, se propone estandarizar los requisitos para su ejecución, ya que con ello se pretende evitar "el abuso de algunas legislaciones".

En el segundo, se advierte la necesidad de realizar cambios a la Constitución, antes de que la Corte cambie de opinión.

"La SCJN determinó que en caso de flagrancia no se necesita cateo, pero ante la posibilidad de cambios de criterio en posteriores conformaciones de la Corte, se considera oportuno incluir esta mención a nivel constitucional", se indica.


Los perredistas harían bien en hacer su propio documento de DENUNCIA en el que se le informe a la ciudadanía sobre el PELIGRO que representa esta reforma para los derechos constitucionales de los mexicanos. Por que ahora resulta que fecal no quiere que la corte pueda determinar la incostitucionalidad de una violación de garantías individuales. ¡QUE POCA MADRE!

Esa es otra cosa que los perredistas podrían usar para hacer campaña en el 2009. NO SE APENDEJEN, perredistas. Académicos como Miguel Carbonell ya descalificó la MAMADA esta que propone fecal. Ahora ustedes pueden usar esta intentona de estado dictatorial para chingarse al PAN:

Descalifica Carbonell propuestas

El investigador rechaza la cadena perpetua así como quitar la inviolabilidad de domicilio que permite al MP conducirse sin ningún tipo de supervisión judicial

Silvia Garduño

Ciudad de México (8 abril 2007).- Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se pronunció en contra de las propuestas de reforma en materia penal contempladas en la iniciativa del Ejecutivo Federal, las cuales, dijo, se deben rechazar "absolutamente".

"No sabía que la administración (del Presidente) Calderón iba a tomar el rumbo antigarantista y contrario a derechos humanos que está tomando, no imaginé que pudiéramos ver sorpresas tan aberrantes como las que presentó en su iniciativa regresiva, a todas luces aberrante, que propone cadena perpetua, quitar la inviolabilidad de domicilio que permite al Ministerio Público conducirse sin ningún tipo de supervisión judicial", dijo el abogado.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rescató ayer en un comunicado, las palabras pronunciadas por Carbonell durante el Segundo Ciclo de Conferencias "Actualidad de los Derechos Humanos", organizado por el Centro Nacional de Derechos Humanos.

"Me pronunciaría por el rechazo absoluto en casi todo lo que propuso Felipe Calderón", puntualizó.

Carbonell señaló que en noviembre de 2006, un grupo de especialistas y legisladores elaboraron una propuesta de reforma en materia penal que fue enviada al Senado de la República.

La propuesta contemplaba que las personas que sean detenidas queden a disposición de la autoridad judicial, con un plazo de 48 horas para que el Ministerio Público aporte elementos de prueba y el juez dicte el auto de sujeción a proceso, donde la medida cautelar de prisión preventiva pueda ocurrir de manera excepcional.

Además, detalló Carbonell durante su ponencia titulada "Derechos humanos y proceso penal. La reforma necesaria", es necesario que la presunción de inocencia también sea anexada al texto constitucional, además de prohibir la confesión ante el Ministerio Público, nulificar las pruebas contra el acusado en caso que hayan sido obtenidas por violación a derechos humanos y ofrecer indemnización por privación indebida de la libertad.

Llevar a cabo las reformas en la materia, sostuvo, requiere de modificar la Ley del Debido Procedimiento Legal, para obligar al Congreso a adecuar el Código Federal de Procedimientos Penales, el Penal Federal y la legislación de las entidades federativas.


Y es que a fecal no le importa combatir al crimen. Lo que quiere es un estado dictatorial en el que pueda espiar y arrestar a quien se le pegue la gana. Por que si de verdad le importara un carajo el crimen, no nos encontraríamos con la cantidad de ejecuciones del narco con las que nos encontramos en los medios todos los días. Como esta, por ejemplo:

En Veracruz dejan ejecutado con mensaje

"La Gente Nueva te saluda: Z-40, Aquí les mandamos el encarguito de Alvarado. Y cuanto ca... apoye a Los Zetas va a aparecer igual que este cu.... Sigues tú: Claudia, Andrés, Javadía, Carranza, Napo, Norteño, Feyo, Travieso, Diego, Rosario y tú Muñeco, seguirás pronto. Atentamente, Gente Nueva"

Édgar Ávila
El Universal
Lunes 09 de abril de 2007
XALAPA, Ver.- Una persona fue ejecutada en el puerto de Veracruz y los responsables del crimen dejaron en el pecho de la víctima un mensaje dirigido al "Z-40", presunto líder de la organización criminal de Los Zetas en el estado de Veracruz.

"La Gente Nueva te saluda: Z-40, Aquí les mandamos el encarguito de Alvarado. Y cuanto ca... apoye a Los Zetas va a aparecer igual que este cu.... Sigues tú: Claudia, Andrés, Javadía, Carranza, Napo, Norteño, Feyo, Travieso, Diego, Rosario y tú Muñeco, seguirás pronto. Atentamente, Gente Nueva".

Según informes de la procuraduría del estado, el cadáver apareció este domingo a las 05:30 horas sobre la calle Golfo de California esquina con Paseo Floresta Oriente, en el lujoso fraccionamiento Floresta. El cuerpo estaba envuelto en bolsas negras y estaba enrollado con cinta canela.

Fuentes del Instituto de Medicina Forense (Imefo) señalan que el ejecutado presenta signos de tortura y el tiro de gracia.

Leer el resto de la nota (también mataron a un policía con cuerno de chivo).


Cerramos con un par de notas que dan a conocer lo que ya se había anunciado en este blog: que están sitiando el centro de Campeche para la cumbre del Plan Puebla Panamá.

Mandatarios relanzarán Plan Puebla-Panamá

Gobiernos de México, CA y Colombia ven caduco esquema de cooperación

Natalia Gómez Quintero y Francisco Ynurreta
El Universal
Lunes 09 de abril de 2007
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Camp.- Ante las "grandes expectativas" generadas en torno del Plan Puebla-Panamá (PPP), los gobiernos de México, Colombia y los siete de Centroamérica iniciaron ayer conversaciones previas, en el marco de la cumbre del PPP, que se llevará a cabo hoy y mañana en esta capital, para someter a una "cirugía mayor" de depuración el mecanismo, que a decir de fuentes oficiales tiene una estructura inoperante y algunos de sus proyectos de cooperación han caducado.

La cumbre del PPP, que reúne a ocho mandatarios y un vicepresidente, así como a nueve gobernadores del sur-sureste de México, será también aprovechada por el presidente Felipe Calderón; el de Guatemala, Óscar Berger; el de El Salvador, Antonio Saca, y el de Honduras, Manuel Zelaya, para continuar el diálogo, en una reunión alterna, sobre seguridad regional, el combate al crimen organizado, especialmente al narcotráfico.

Incluso la delegación salvadoreña presentará una estrategia antidrogas que podría servir al plan regional antinarcotráfico que recomendó el presidente estadounidense George W. Bush durante su gira latinoamericana en marzo pasado.

En esta reunión sobre seguridad entre México, Guatemala, El Salvador y Honduras -se prevé asistan los ministros de Defensa y de Seguridad Pública de cada uno de estos países- no se descarta retomar el diálogo de la creación del Centro Regional de Coordinación en contra del Narcotráfico.

De acuerdo con fuentes diplomáticas, la agenda de discusión de los trabajos del PPP hasta el momento no incluye formalmente una referencia específica sobre seguridad; sin embargo, reconocieron que será un tema "importante" del diálogo político, en algunas de las reuniones bilaterales o de grupo, que sostenga el presidente Felipe Calderón con sus contrapartes.

Esta cumbre extraordinaria del PPP, convocada a iniciativa de México, revisará puntualmente todos los temas de la integración regional y tendrá una declaratoria final en la que, de acuerdo con las comitivas que elaboran el texto, lo más "relevante" es que los presidentes de los países convocados dejarán plasmada su voluntad política para "relanzar" este proyecto, iniciativa impulsada desde 2001 por el entonces presidente Vicente Fox.

La declaración política irá acompañada de un programa de acción para la reingeniería del PPP y el fortalecimiento de su dirección ejecutiva, así como de la posibilidad de la gestión de proyectos de cooperación.

Al PPP asisten representantes de alto nivel de organismos internacionales involucrados con el mecanismo, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y la Secretaría de la Cumbre Iberoamericana (Segib).

Lo anterior, con el fin de potenciar la inversión de los llamados "cooperantes" en proyectos específicos para el PPP y con ello hacer competitiva a la región.

El encuentro iniciará formalmente hoy con una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los nueve países, quienes prepararán el texto que los mandatarios deberán acoger este martes durante sus trabajos en el centro de convenciones Siglo XXI.

Durante el día estarán llegando las delegaciones encabezadas por los presidentes, a quienes Felipe Calderón ofrecerá una cena hoy por la noche. Mañana los jefes de Estado iniciarán sus trabajos, que se prevé concluyan antes de las 18:00.


En realidad esta "cumbre" no es otra cosa más que una jalada con la que fecal pretende pararse el cuello como disque líder. Pero la realidad es que tan NO es un líder que precisamente desde la semana pasada sitiaron el centro de Campeche los changos de la PFP y del EMP: para tratar de evitar las protestas de el pueblo ENCABRONADO por la USURPACIÓN y así evitar que se vean las imágenes de repudio a fecal fuera de México.

En esta nota del Universal los detalles de este nuevo ejemplo de como el miedo no anda en burro:

Resguardan a 8 jefes de Estado 3 mil efectivos

Francisco Ynurreta y Natalia Gómez Quintero
El Universal
Lunes 09 de abril de 2007

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Camp.- San Francisco de Campeche, la capital campechana, ha perdido su habitual tranquilidad con la presencia de militares, Policía Federal Preventiva y miembros del Estado Mayor Presidencial, además de las corporaciones policiacas municipal y estatal, por la cumbre del Plan Puebla-Panamá (PPP), que se realizará en esta ciudad hoy y mañana, con la presencia de ocho jefes de Estado, incluido el de México, Felipe Calderón, ministros y gobernadores de esta región.

El centro de convenciones Siglo XXI, situado a la vera del malecón de la ciudad y sede de los trabajos de la cumbre del PPP, ha sido cerrado a toda actividad pública y ha sido tomado por el Estado Mayor Presidencial, que tiene su campamento en el campo de softbol de la Unidad Deportiva 20 de Noviembre, a 200 metros de este edificio.

Poco más de 3 mil efectivos de seguridad, federal y estatal resguardan a los mandatarios y sus comitivas. Cuatro helicópteros de la Armada de México sobrevuelan desde ayer a temprana hora diferentes puntos de la ciudad. Los cinco puntos de acceso y de salida a la capital del estado están vigilados por el Ejército y Policía Estatal, que revisan vehículos que entran y salen.

Cerca del centro de convenciones se han aparcado 17 tráileres de la Policía Federal Preventiva y del Ejército, de donde se bajaron muros metálicos que ya están siendo colocados desde dos cuadras antes de este edificio, así como vallas metálicas. También transportaron tanquetas y equipo antimotines.

Las entradas y salidas de los hoteles donde se alojarán los jefes de Estado, ministros, gobernadores y demás invitados fueron controladas ayer con brazaletes y arcos magnetómetros.


Bueno, ¿Quién le manda hacer FRAUDE ELECTORAL? Ahora QUE SE CHINGUE el CEROTE CON PATAS.


Una razón más para apoyar al peje en el 2007.

HELIO FLORES

HELIO FLORES
Mal Tino




Una razón más para apoyar al peje en el 2007

LA ULTIMA Y NOS VAMOS

OFICIO DE PAPEL, DEL PERIODISTA BADILLO:

Lunes 9 de abril de 2007

* ¿Quién protege a Oceanografía y a Amado Yáñez?
* Presume amistad con Calderón, Mouriño y Nava
* Las irregularidades en la Cuenta Pública del 2005



¿Quién protege y beneficia a la empresa Oceanografía y a su presidente Amado Yáñez Osuna?

En los últimos dos años hemos documentado las irregularidades cometidas por Oceanografía en la obtención de contratos petroleros millonarios, sin que hasta ahora alguna autoridad haga algo para frenar el abuso y el despilfarro que ello significa para la principal empresa del Estado: Petróleos Mexicanos.




Ese enriquecimiento ilícito de Amado Yánez tenía una explicación en el sexenio pasado, cuando los hijos de Marta Sahagún de Fox, los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca, presionaban desde Los Pinos a directivos de Pemex para que le otorgaran contratos a Oceanografía, sin importar que esta empresa incumpliera con los mismos y que por eso fuera inhabilitada por los órganos de control. Pero parece que las influencias y amistades de Yáñez Osuna son más fuertes que las leyes, pues en el nuevo gobierno de Felipe Calderón la paraestatal petrolera sigue otorgándole jugosos contratos.

Un lector de Oficio de papel comenta que en la licitación para las campanas geofísicas y geotécnicas del 2007–08, las compañías Subtec y Oceanografía obtuvieron nuevos contratos de Pemex por 20 millones de dólares.

Otro lector, Marco A. Guerrero Aguilar, relata otra queja en contra de Amado Yáñez, de quien dice que “no solo está cometiendo irregularidades en Pemex, sino también en el municipio de Ciudad del Carmen, en donde se siente poderoso y prepotente porque es apoyado por las mismas autoridades, las cuales le permiten construir un garage en planta baja y una bodega en planta alta exactamente en la calle. Se ha contactado a personal del municipio desde el mes de noviembre del 2006 y a la fecha este señor sigue con la construcción. Ya se ha entablado una demanda legal, esperamos que el magistrado se base en lo correcto y permita demoler la construcción”. La prepotencia y el abuso, pues.

Pero esa relación perversa entre Oceanografía y Pemex ha estado bien documentada en esta columna en voz del mismo Manuel Bribiesca, quien para deslindarse de cualquier responsabilidad de tráfico de influencias señaló a su hermano Jorge y a uno de sus tíos de cabildear a favor de Amado Yáñez ante funcionarios de Pemex para que le otorgaran contratos petroleros, y en gratitud la empresa contratista le pagaba un elevado porcentaje como comisión.

También es el mismo Amado quien presume a quien lo quiera escuchar y entre sus empleados de la estrecha relación que tiene con los hombres más cercanos del presidente de la República: Juan Camilo Mouriño y César Nava, el primero jefe de la Oficina de la Presidencia y el segundo secretario particular de Calderón. Es más, el joven empresario asegura que también mantiene una buena relación con el mismo presidente Calderón, a quien apoyó en su campaña a la Presidencia (o al menos eso dice él) y éste le inauguró unas amplias oficinas en Campeche. Sólo así se explicaría que Pemex siga otorgándole millonarios contratos a pesar de que su empresa ha sido inhabilitada por los órganos de control.

Fraude de Oceanografía por 30m/d

Sin embargo, para documentar aún más la corrupción de Amado Yáñez y su empresa Oceanografía, tenemos pruebas de los créditos que ese empresario obtuvo mediante engaños y simulaciones del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) por más de 30 millones de dólares, al utilizar cinco facturas apócrifas de Pemex que sirvieron de garantía para obtener financiamiento ilegal de dicha institución financiera.

Las evidencias son un par de oficios enviados por el coordinador de Recursos Financieros de PEP, Pedro Martínez Alonso, al gerente de Auditoría B del Órgano Interno de Control de Bancomext, Raúl Muñuzuri Becerra, le solicita su intervención para esclarecer el caso relativo al contrato PEP–0–IE–504/05 de la empresa Oceanografía.

En uno de los oficios señala que “con la finalidad de atender el requerimiento de información hecho mediante su comunicación número GAB–182/05, de fecha 29 de agosto del 2005, recibido en esta Subdirección el día 2 de septiembre del presente, referente a la operación realizada por la empresa citada en el asunto con la factura 15172 de fecha 16 de agosto de 2005, por un monto de 30 millones 363 mil 416 dólares; informo a ustedes que después de revisar la información financiera correspondiente al contrato PEP–=–IE–504/05, celebrado por PEP–SIDOE con la empresa Oceanografía, se encontró que al corte del 6 de septiembre de 2005, no se ha realizado ningún pago con cargo a este contrato, ni existen estimaciones o facturas en proceso de autorización”.

En el otro oficio señala que “continuando con nuestro oficio citado en antecedentes, reiteramos que la factura 15172 no se encuentra en proceso de trámite de pago o autorización en nuestra área financiera ni en la residencia de obra correspondiente, no omitimos señalar que el contrato en cuestión a la presente fecha no ha devengado ningún avance financiero”.

Es decir, que Amado Yáñez falsificó documentos de Pemex para obtener financiamientos por más de 30 millones de dólares de Bancomext, institución que al descubrir el fraude exigió el pago inmediato del crédito. Por su parte Pemex presentó una denuncia penal por fraude en contra de Oceanografía ante la Procuraduría General de la República, en donde se abrieron los expedientes AP/PGR/DDF/SPE–XXII/788/06–03 y A.P.606/2005–1, mesa XXII de la Subprocuraduría de Procedimientos Especiales, con la agente del Ministerio Público Clara Lilia Abitia García.

Sin embargo aunque el fraude se cometió a finales de 2005, hasta ahora la PGR mantiene archivado el caso y se resiste a turnarlo a un juzgado federal. También la Secretaria de Hacienda ha realizado auditorías a Oceanografía y le ha perdonado créditos fiscales sin motivo aparente. Todo lo anterior no se explica sin el apoyo de políticos y funcionarios del gobierno calderonista.

Anomalías en la Cuenta Pública 2005

Un análisis sobre las irregularidades descubiertas por la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2005, elaborado por Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo, indica que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, están obligados a presentar las denuncias en contra de la Secretaría de Hacienda, el SAT, el SAE y el Fobaproa–IPAB, y de no hacerlo así incurrirían en una grave falta a su responsabilidad como funcionarios públicos, por lo cual se podrían hacer acreedores a un juicio político.

Lo anterior en virtud de que el artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior establece textualmente lo siguiente: Si de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública aparecieran irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños o perjuicios al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, la Auditoría Superior de la Federación procederá a determinar los daños y perjuicios correspondientes y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas; promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para Di Costanzo es claro que en muchos casos las observaciones realizadas por el Auditor Superior de la Federación, no podrán ser solventadas por las dependencias fiscalizadas, en virtud de que las conclusiones a las que llegó la ASF son prácticamente “contundentes acusaciones” en las que no existe margen de solventaciòn o aclaración por parte de las dependencias fiscalizadas.

Un ejemplo de lo anterior sólo basta mencionar algunas de las conclusiones de las auditorias realizadas, así por ejemplo en el caso de la devolución del IVA por más de 12 mil millones de pesos a Transportación Ferroviaria Mexicana (empresa de TMM), el auditor concluyo lo siguiente:

“Ni el SAT, la TESOFE, la PFF, la PGR, la SCT ni tampoco los OIC en estas entidades, actuaron oportunamente en el ámbito de su competencia y después de ocho años, el 26 de enero del 2005, se emitió la resolución definitiva e inatacable del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del DF, en la que se ordenó al Gobierno Federal emitir el certificado de devolución por los 2 mil 111millones de pesos, más actualizaciones e intereses, monto que ascendió a los 12 mil 965 millones de pesos.”

Es evidente que el señalamiento anterior es una acusación formal por no actuar a tiempo en contra del SAT, de la Tesorería de la Federación (Tesofe) de la Procuraduría Fiscal (PFF), contra la PGR y la SCT, y estas dependencias del Ejecutivo Federal poco podrán hacer para solventar en 45 días tan grave acusación.

Aún más, agrega Di Costanzo, en el caso sobre el asunto de las devoluciones de impuestos la ASF establece que de 2000 a 2005 el monto de las devoluciones de impuestos anuales pagadas por el gobierno federal por saldos a favor de los contribuyentes se incrementó notablemente, ya que pasó de 75 mil 300 millones de pesos a 149 mil 849 millones de pesos, tan sólo en 2005 fueron equivalentes al 15 por ciento de la recaudación tributaria efectiva, por lo que con estos recursos se pudo haber financiado 84.6 por ciento las pensiones y jubilaciones pagadas por el sector público presupuestario en ese año, luego entonces el sistema pensionario no estaría en quiebra si se recaudara bien.

Pero en este sentido lo más grave es que la ASF señala que Hacienda no cuenta con una propuesta de reforma fiscal que concentre los impuestos dispersos para ampliar la base de recaudación y eliminar situaciones de privilegio, lo que repercute en un alto número y monto de devoluciones por saldos a favor de los contribuyentes, en perjuicio del Estado en su Hacienda Pública Federal, de la equidad fiscal y de la eficiencia recaudatoria del país. Y es evidente que esto no lo va a tener en 45 días.

Por lo que respecta al Rescate Bancario (Fobaproa), Di Costanzo señala que el auditor confirma que se observó discrecionalidad y exceso de atribuciones del Fobaproa y de su comité técnico.

De igual manera en el caso del SAE el auditor señala que muchos inmuebles fueron vendidos por debajo de su valor de mercado, causando un daño patrimonial de poco más de 10 mil millones de pesos, además de que desaparecieron misteriosamente más de 400 inmuebles, por lo que no existe forma de que en 45 días se restituyan los 10 mil millones de pesos a los contribuyentes.

Así, el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y el auditor superior de la federación deben de actuar para que esto no nada más se quede en una serie de hallazgos que dañan al país, a su transparencia, a sus finanzas públicas y a su estado de derecho, sin que los responsables sean castigados.



oficiodepapel@contralinea.com.mx
oficiodepapel@yahoo.com.mx

MAS DEL PROCESO.

EL BURRO PARADO Y LOS 34,888 MILLONES PERDIDOS:


El fiasco de los ingenios
Jesusa Cervantes

En vez de pasar al olvido, el daño que la admi-nistración de Vicente Fox le infligió al país va aclarándose con el tiempo. Ahora se sabe que la expropiación de 27 ingenios azucareros por el gobierno foxista causó pérdidas hasta ahora cuantificadas en 15 mil 591 millones de pesos. Esto, sin considerar que la administración federal absorbió también la deuda de los empresarios (19 mil 297 millones) y que, según la Auditoría Superior de la Federación, esos montos podrían crecer, puesto que Fox privatizó las ganancias y socializó las pérdidas.




A cinco años y medio de la expropiación de 27 ingenios azucareros, anunciada por el gobierno foxista con bombo y platillos, los resultados han sido desastrosos para el país. La medida no sólo representó un fuerte gasto para el erario federal sino que, además, mantiene a la industria cañera en la postración.

Según el reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre los cinco primeros años de la expropiación, Fox retomó las prácticas viciadas del priismo –de “rescatar, sanear y volver a privatizar empresas”– pero sólo logró “privatizar las ganancias y socializar las pérdidas”.

Ahora, debido a esa decisión del primer gobierno panista, los mexicanos deberán pagar 15 mil 591 millones de pesos. Y la cifra podría incrementarse, dice el auditor Arturo González de Aragón, si la venta de los ingenios “no resultare exitosa o conveniente para el Estado”.

Además, habrá que sumar los pagos del gobierno federal a los dueños originales de los ingenios por concepto de indemnización, así como la gran deuda de Financiera Nacional Azucarera (Fina), el organismo gubernamental que tramita créditos para los ingenios, pero sobre todo asumir las pérdidas millonarias que han tenido los ingenios desde que el gobierno asumió su control.



Decisión apresurada



A siete meses de asumir el poder, Fox enfrentó su primera gran manifestación: un grupo de cañeros de todo el país tomó las instalaciones de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa) y de Economía (SE), para exigir el pago inmediato de 4 mil 500 millones de pesos que les adeudaban los dueños de los ingenios por la zafra del ciclo 1999-2000.

El deterioro de la industria cañera venía arrastrándose desde la década de los ochenta y, aunque el gobierno intervino para salvar tanto a industriales como a cañeros en varias ocasiones, no pudo evitar que la crisis en este sector se agudizara. Esta situación llevó a los asesores del gobierno foxista Juan de Dios Castro y Lino Korrodi a recomendarle al mandatario la expropiación. Así, el 3 de septiembre de 2001 el gobierno publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto expropiatorio de 27 de los 58 ingenios del país.

En su columna Coordenadas, publicada por el diario Reforma el 4 de septiembre de ese año, Enrique Quintana escribió que el consejero jurídico de la Presidencia, Juan de Dios Castro, recomendó al presidente Fox expropiar los ingenios. A su vez, Pascual Alvarado y José Cruz López, asesores de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar (UNPCA), afiliados a la Confederación Nacional Campesina, confirmaron a esta reportera la participación de Lino Korrodi en todo ese proceso.

Alvarado recuerda que en aquella toma de las instalaciones de la Sagarpa, Korrodi participó en tres reuniones con los cañeros junto con el titular de la dependencia, Javier Usabiaga. Ahí se acordó el pago de los adeudos, dice el asesor de la UNPCA, y recuerda que algo similar ocurrió en las reuniones posteriores con Bancomext. Korrodi siempre fue presentado como asesor del secretario de Agricultura.

Para justificar la expropiación, el gobierno foxista apeló a la causa de “utilidad pública”. También acusó a los dueños de los ingenios de haber incurrido en “un alto grado de endeudamiento” y esgrimió la imposibilidad de los industriales de enfrentar sus obligaciones con los cañeros. Sin embargo nunca pudo explicar por qué sólo expropió 27 de los 58 ingenios; tampoco la razón por la que decidió dejar fuera dos ingenios con los cuales Korrodi tenía vínculos: Tres Valles y López Mateos, ambos propiedad del consorcio Continental, que tiene una franquicia de Coca-Cola en México.

Los ingenios expropiados eran controlados por cuatro consorcios: el Grupo Azucarero México (GAM), de Juan Gallardo, tenía seis; el Grupo Machado, de Teresa Machado, cuatro; el Grupo Santos, propiedad de Alberto Santos, seis, y el Consorcio Azucarero Escorpión (Caze), de Enrique Molina, nueve. Los otros dos, La Joya y Santa Rosalía, ya estaban en manos del gobierno; es decir, el gobierno se expropió a sí mismo.

Desde el principio, los afectados solicitaron amparos para frenar la medida del gobierno foxista y varios juzgados que otorgaron dicha protección. Algunas querellas llegaron incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que pronto emitió su fallo. En él asentó que el gobierno nunca pudo comprobar la causa de utilidad pública para expropiar y que tampoco demostró que los ingenios hubieran contraído grandes deudas. En suma, la Corte no encontró “las prácticas indebidas” en materia de administración en los ingenios y mucho menos que éstas hayan afectado al sector azucarero.

No sólo eso, las autoridades judiciales fallaron a favor de los propietarios de los ingenios pues, según la resolución del amparo 551/2003, no hallaron elemento técnico alguno que garantizara que la expropiación conservaría la actividad productiva azucarera, así como los empleos. “No quedó acreditado el beneficio a la colectividad, uno de los requisitos fundamentales de toda expropiación”, según la resolución.



Trampas y subsidios



Tal fue la cascada de amparos y la resolución a favor de los propietarios, que el gobierno tuvo que regresar 14 de los 27 ingenios expropiados entre 2004 y 2006: cuatro al GAM y al Grupo Machado y los seis restantes al Grupo Santos.

Sin embargo, durante el tiempo en que estos 14 ingenios fueron administrados por el gobierno, éste nunca pudo revertir las millonarias pérdidas con las que operaban.

Y es que cuando los 27 ingenios –en realidad 25, puesto que dos ya estaban en manos de la administración federal– pasaron a manos del gobierno foxista, éste adquirió las millonarias deudas de los industriales. Pero además el gobierno tuvo que indemnizar a los dueños originales, transacción que aún no liquida en su totalidad.

La revisión de la cuenta pública al 2005, realizada por la ASF con datos de la propia Fina, revela por ejemplo que los 27 ingenios expropiados debían 19 mil 297 millones 678 mil pesos. Al pasar los ingenios al Estado, éste asumió esa deuda, pero esta cifra no está incluida en el costo fiscal de la expropiación.

En sus conclusiones, la ASF apunta: “Fina operó de 1943 a 2006; siempre tuvo la necesidad de apoyos fiscales para financiar a la agroindustria; sólo de esta manera pudo operar. No tuvo sanas prácticas crediticias de fomento; y después de 63 años de banca de fomento la agroindustria no fue impulsada y sí perdió su capital, no obstante los apoyos fiscales recibidos, y fue desincorporada por ineficaz. En realidad fue un mecanismo de subsidio a la agroindustria azucarera que no se modernizó ni tuvo la capacidad de adaptarse a las circunstancias del mercado”.

Así mismo, los resultados de la auditoría de la ASF, entregada por Arturo González de Aragón a la Cámara de Diputados el pasado 29 de marzo, establece que los ingenios nunca pudieron superar sus pérdidas.

Las cifras son brutales. La expropiación se realizó el 3 de septiembre de 2001, de manera que el primer estado financiero sobre la operación de los ingenios ya en manos del gobierno se fechó en 2002. Ese año la pérdida total fue de 3 mil 277 millones de pesos; en 2003, de mil 805 millones de pesos; en 2004, de mil 923 millones, y para 2005 se elevó notablemente: a 16 mil 557 millones de pesos.

Como ya se apuntó, estas pérdidas no están incluidas en el costo fiscal que los mexicanos deberán pagar por la expropiación; sin embargo, González de Aragón advierte que en el futuro sí podrían sumarse: “No obstante los apoyos otorgados a los ingenios expropiados en los ejercicios fiscales de 2001 y 2002, éstos continuaron en el 2005, reflejando pérdidas netas como resultado de su operación, lo que podría ocasionar en el futuro un mayor costo fiscal al gobierno federal, en caso de que el producto obtenido por los ingenios como resultado de su operación no fuera suficiente para hacerle frente a sus compromisos”.



El costo fiscal real



González de Aragón realizó una auditoría especial al proceso de expropiación de los ingenios a petición de la Cámara de Diputados, pues en la LVIII Legislatura había dos legisladores que provenían de las principales organizaciones cañeras: Carlos Blackaller, de la Unión Nacional de Cañeros, A.C., y José Cruz López, de la UNPCA, quienes junto con los legisladores del PRI y del PRD cuestionaron la resolución foxista.

Del gran adeudo de los 27 ingenios expropiados con la financiera (Fina) y luego de las resoluciones judiciales que ordenaron el regreso de 14 ingenios, la ASF consideró –con base en los números proporcionados por la Fina– que a la fecha los 11 ingenios en propiedad del gobierno tienen una deuda de 13 mil 395 millones de pesos.

“El saldo deudor de los ingenios con la financiera representa daños y perjuicios para el gobierno federal, en razón de que dejará de recuperar dichos créditos al asumir la titularidad de la propiedad de dichos ingenios”, dice el reporte de la ASF, que consta de 158 páginas.

Sin embargo, Fina esta en liquidación. A cinco años de la expropiación, el auditor considera que, sin contar los mencionados costos de la expropiación de ingenios azucareros, la deuda se eleva a 15 mil 591 millones 56 mil pesos, que los mexicanos deberán pagar.

La cifra que ofrece el auditor no incluye los 13 mil 395 millones de pesos de los adeudos que tienen los ingenios. De hacerlo, los costos de la expropiación se elevarían a 28 mil 986 millones de pesos.

González Aragón advierte que los 15 mil 591 millones de pesos se incrementarán “por los intereses que generen los pasivos de Fina”.

Para determinar el costo fiscal de la expropiación –sólo el monto que erogó el gobierno federal al quedarse con los ingenios–, el auditor tomó en cuenta cuatro aspectos: “la afectación de la cobranza de la cartera que mantenían los ingenios expropiados con Fina, lo que llevó a un quebranto; los recursos erogados por el gobierno federal a partir de la expropiación para la operación y administración de los ingenios; los recursos erogados por la indemnización de los ingenios expropiados; y los pasivos que asumió el gobierno federal por los ingenios que son de su propiedad”.

Y concluye: “La expropiación de los ingenios azucareros tiene un costo fiscal, hasta el 31 de diciembre de 2005, de 15 mil 591 millones 56 mil pesos, el cual se verá incrementado por los intereses que generen los pasivos de Fina, así como por la operación y administración de los citados ingenios hasta en tanto sean desincorporados de la administración pública federal (vendidos) que tendrá una disminución por el ingreso que obtenga el gobierno derivado de la enajenación de los mismos”.



Los beneficiados



Después de las resoluciones judiciales que lo obligaron a regresar 14 de los 27 ingenios, el gobierno federal sólo posee 12, pues ya vendió uno, San Francisco El Naranjal. Según el auditor, las millonarias pérdidas del gobierno disminuirán en la medida en que éste venda los ingenios que adquirió precipitadamente.

Sin embargo, esta aseveración es difícil de sostener. Para muestra basta mencionar el caso del ingenio San Francisco El Naranjal, que originalmente perteneció al GAM. Cuando el empresario Juan Cortina Gallardo interpuso un amparo para recuperarlo, el gobierno lo tuvo que indemnizar con 95 millones de pesos. Además, el gobierno invirtió 72.5 millones de pesos para mantener en funciones al ingenio; es decir, desembolsó 167.9 millones de pesos. Pero en julio de 2006 lo vendió en 125.6 millones de pesos. No sólo no recuperó la inversión, sino que también se quedó con la deuda de 2 millones de pesos que tenía su antiguo propietario, Juan Cortina Gallardo, con Fina.

Más todavía. Aunque el auditor no lo reporta así, el gobierno intentó vender cuatro ingenios, entre ellos San Francisco El Naranjal. Incluso hizo la licitación correspondiente, y 11 empresarios compraron las bases correspondientes, según reportó el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), encargado de la licitación. Pero a la hora de dar el fallo, los participantes no realizaron ninguna oferta, por lo que el concurso se “declaró desierto”.

Cuando ello ocurre, en una segunda ron-

da el gobierno puede “adjudicar” la venta sin licitación, como ocurrió con el ingenio San Francisco El Naranjal, que finalmente fue adjudicado a la Corporación Industrial Gargonz, cuyo representante y dueño es Francisco García González.

Lo singular de esta transacción es que García González está casado con Claudia Molina, hija de Enrique Molina, propietario de los nueve ingenios del grupo Caze que el gobierno expropió por “contraer grandes deudas, las cuales fueron consideradas como prácticas indebidas”.

Proceso solicitó, a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) el contrato de venta de San Francisco El Naranjal para conocer las condiciones bajo las cuales se realizó la operación. El SAE negó la información porque ésta “contiene parámetros de renegociación que, de hacerse públicos, podrían dañar o entorpecer” la venta de los 12 ingenios restantes que el gobierno federal tiene en su poder.

Por su parte, el auditor advierte que “el decreto expropiatorio fue una medida coyuntural. No se dirigió a la raíz de las causas de la sobreproducción y de déficit cíclicos, ni a los problemas de financiamiento y modernización; por el contrario, se retomó el círculo vicioso de rescatar, sanear y volver a privatizar, con lo que se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas”.



LA MINERA SAN JAVIER EN SLP:


¡Deténganla ya!
Patricia Dávila Valero

Ahora que inició “formalmente” sus actividades en el estado de San Luis Potosí, la Minera San Xavier se perfila no solamente como un proyecto industrial de gran envergadura, sino como la amenaza más grande contra la ecología y la salud de los habitantes del municipio de Cerro de San Pedro y de la propia capital de la entidad. En esta historia de negligencia tomó parte el gobierno foxista y, ahora, el de Felipe Calderón, toda vez que las dos administraciones desoyeron el reclamo de ciudadanos, organizaciones ecologistas e intelectuales: ¡detengan el proyecto, antes de que sea demasiado tarde!




Con el primer lingote de aleación de oro y plata (doré) obtenido por la Minera San Xavier se inicia el mayor desastre ambiental en la historia de San Luis Potosí. Los trabajos de explotación de los yacimientos provocarán que, en un lapso de ocho años, el valle del mismo nombre desaparezca por completo y el entorno ecológico sufra daños irreversibles.

Y es que el 29 de marzo pasado la empresa minera inició formalmente sus actividades después de un año de operaciones a cielo abierto en el municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. En la ceremonia de inauguración se fundió la primera barra de doré.

Ese primer lingote, que contiene 95% de plata y 5% de oro, pesó 30 kilos y constituye apenas una quinta parte de la producción diaria que la mina alcanzará en los próximos meses. Para obtener esta pieza, los mineros tuvieron que dinamitar 2 mil 500 toneladas de los cerros del Barreno y de San Pedro. La barra fue enviada a Estados Unidos para separar sus componentes y obtener aproximadamente 53 onzas de oro y mil 7 de plata.

Una vez que la mina funcione a su máxima potencia producirá, según estimaciones de sus propietarios, de 246 a 270 onzas de oro y 5 mil 511 onzas de plata al día. Esto significa que en 24 horas se utilizarán 16 toneladas de cianuro y 32 millones de litros de agua. Además, se dinamitarán 70 mil toneladas del cerro, para lo cual se emplearán 25 toneladas de explosivos.

Juan Carlos Ruiz Guadalajara, integrante del Frente Amplio Opositor (FAO) –formado por las organizaciones que impugnan el proyecto minero–, explica que antes de reventar cualquier material para extraer (lixiviar) los minerales, se hacen los preparativos técnicos necesarios. En el caso de Minera San Xavier (MSX), dice, los dueños de la compañía están alarmados porque, a dos o tres meses de que se inicie el proceso de extracción de los metales, las camas de lixiviación no están listas.

Además, dice, “los directivos tienen que explicar de dónde sacaron el lingote que presentaron, porque es seguro que no proviene del Cerro de San Pedro... No existe la cama de la que lixiviaron las 2 mil 500 toneladas de cerro que reventaron para obtener el oro y la plata”.

Y reitera: “Sintieron la presión mediática muy fuerte. Tienen miedo. Ello los llevó a presentar un lingote que no sé de dónde obtuvieron; necesariamente requieren de la cama de lixiviación que aún no terminan”.

Según Ruiz, el acto del 29 de marzo pasado fue sólo para quedar bien con los inversionistas canadienses, a quienes intentan persuadir para que mantengan su capital en esta mina. Incluso dice que dos días antes del acto en el que se fundió la primera barra, la empresa canadiense Metallica Resources, de la que MSX es subsidiaria en México, difundió un boletín en el que sostiene que todo va bien en Cerro de San Pedro y anuncia que se pondrá en marcha otro proyecto similar en Chile.



Daño irreversible



En 1995 la empresa Metallica Resources llegó a Cerro de San Pedro, localidad ubicada a 12 kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí, con un propósito: realizar un proyecto metalúrgico de explotación de minerales con contenido de oro y plata. Al principio nadie se sorprendió, puesto que el lugar se fundó en 1529 como centro minero.

Los problemas surgieron cuando representantes del consorcio canadiense anunciaron a los pobladores del lugar que su filial MSX pondría en marcha un sistema de explotación de tajo a cielo abierto. Además les explicaron que el beneficio o extracción de los contenidos de oro y plata se haría por el sistema de lixiviación a base de cianuro.

En el proceso se utilizarán 25 toneladas diarias de explosivos para derribar 80 mil toneladas de material del cerro. Posteriormente, éste se someterá a varias etapas de trituración y 40% sería transportado y depositado en el patio de lixiviación. Una vez ahí se le aplicará por aspersión una mezcla de 16 toneladas de cianuro de sodio diluido en 342 millones de litros de agua para extraerle valores metálicos.

De realizarse este proyecto, el daño ecológico será irreversible: en menos de una década desaparecería un kilómetro de montañas y sólo quedaría un cráter de un kilómetro de diámetro por unos 300 metros de profundidad en la zona donde opera la minera.

Así mismo, el “tumbe” de material y su trituración generarán toneladas de polvillo tóxico que, mezclado con los gases de los explosivos elaborados a base de nitrato de amonio, diesel y TNT, sería lanzado por los vientos a la ciudad de San Luis Potosí y su zona conurbada, que se localiza a ocho kilómetros de la mina. La población, calculada en 1 millón 500 mil habitantes, quedaría expuesta permanentemente a las sustancias tóxicas, asegura el Frente Amplio Opositor.

Las acciones de resistencia civil contra la Minera San Xavier se iniciaron desde mediados de la década pasada, pero fue a partir de 2003 cuando el Frente Amplio Opositor encabezó las denuncias legales.

Enrique Rivas Sierra, integrante del FAO, asegura en entrevista que ya le han ganado varios pleitos a MSX. Menciona, por ejemplo, que a principios de octubre de 2005 el Noveno Tribunal del Primer Circuito, donde radicaba una querella interpuesta por el FAO, ordenó a la Sala Superior de Justicia Fiscal y Administrativa que anulara el proyecto minero por considerar que era “violatorio desde todos los puntos de vista”.

Jurídicamente, dice Rivas Sierra, esta resolución del tribunal resolvió el conflicto a favor de los opositores. Sin embargo, el 10 de abril del año pasado el director de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Ricardo Juárez, firmó de manera ilegal otro permiso para que la minera continuara con su proyecto. El FAO impugnó también el “nuevo permiso” y el mismo tribunal está por emitir su fallo.

Sin embargo, Rivas Sierra admite que el FAO ha tenido varios reveses en los tribunales agrarios. Uno de ellos es el que se refiere a las 290 hectáreas que un grupo de ejidatarios le arrendó a la minera. Sin embargo, luego apareció el ejidatario Jesús Barbosa Mata, quien acreditó que esas tierras le pertenecían, y el Tribunal Unitario Agrario tuvo que anular el contrato.

El pleito se prolongó debido a que empresa se amparó en tres ocasiones para seguir usufructuando el predio, y logró que el mismo tribunal retardara ocho meses su resolución. Al final, el tribunal dictaminó en contra de Barbosa, alegando incompetencia procesal.

Otro de los aspectos que preocupa a los potosinos es el daño del proyecto de MSX al patrimonio cultural. Si no se frena, dicen los integrantes del FAO, podrían desaparecer algunos poblados, como la cabecera municipal de Cerro de San Pedro, considerada patrimonio histórico de la entidad. Este poblado dio origen a la ciudad capital de San Luis Potosí y es el emblema del escudo de armas del estado.

De hecho, con la desaparición de una parte de Cerro de San Pedro y una villa antigua que la minera dinamitó hace un mes, ya se perdió una parte de la historia de este estado, sostiene Rivas.



Última llamada



A finales de febrero pasado, un grupo de investigadores de varias instituciones publicó una carta abierta dirigida a Alfonso de Maria y Campos, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y a Sergio Vela, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), en la que solicitan detener los trabajos de la minera. Ellos argumentan que la iglesia de San Pedro, considerada monumento nacional, presenta fracturas debido a las vibraciones que resiente la zona por los trabajos subterráneos que realiza la minera.

El escritor Carlos Montemayor, quien desde hace varios años se ha manifestado en contra del proyecto de MSX, critica en entrevista “el silencio permisivo” de las secretarías de Energía, Defensa Nacional y la Semarnat, así como de los institutos de Minería, Ecología y Antropología. No se dan cuenta, dice, de que en corto plazo podría desaparecer el Valle de San Luis.

“A lo largo de estos años, varios funcionarios debieron ser juzgados por desacato. El que hayan podido socavar sentencias, instituciones y medio ambiente de manera arbitraría e ilegal es algo novedoso e insólito para la vida democrática que los gobiernos de Fox y Calderón aseguran representar”, sostiene Montemayor.

Y arremete contra las instituciones que, puntualiza, parecieran representar, “metafóricamente hablando, una nueva especie de crimen organizado contra el cual la ciudadanía tiene pocas posibilidades”.

Pero no sólo hay solapamiento de las instituciones, que dejan hacer a la minera, sino que ésta ha intentado coptar a varios funcionarios estatales. En 2004, por ejemplo, el entonces presidente Vicente Fox ordenó al gobernador Marcelo de los Santos que invitara a Óscar Loredo, alcalde de Cerro de San Pedro, quien se negaba a firmar el permiso para la operación de MSX. Fox platicó con el edil y lo invitó a viajar a la Ciudad de México. A su regreso, Loredo señaló en una sesión del cabildo que el presidente Fox lo estaba presionando para que firmara la autorización. Finalmente lo hizo.

Óscar sustituyó en la alcaldía a su padre, José Baltasar Loredo Reyes, quien fue asesinado. A pesar de que Natividad Cruz, habitante de la comunidad de Panalillo, declaró que los asesinos del alcalde fueron Santos Nava Arista, Cirilo Blanco Tobías y Juan Blanco, las autoridades no los han detenido. Baltasar Loredo siempre se opuso a firmar el permiso para la operación de la minera.

Las agresiones a los opositores del proyecto de MSX han sido constantes. La última fue el martes 3, cuando el gobernador Marcelo de los Santos ordenó desalojar un plantón que durante 10 días mantuvieron en la Plaza de Armas de la ciudad de San Luis Potosí los integrantes del Frente Estatal de Movimientos y Organizaciones Sociales (FEMOS). Ellos habían recolectado 10 mil firmas de apoyo y exigían el cese de trabajos de la Minera San Xavier.

En la refriega fueron detenidos 16 integrantes del FEMOS, incluido su dirigente, Pedro Rebolloso Bravo, quien fue trasladado al Centro Preventivo de Readaptación Social número uno, ubicado en el municipio de La Pila.

Un mes antes del desalojo, el 1 de marzo, el gobernador De los Santos declaró a Carmen Aristegui, conductora del noticiario radiofónico Hoy por hoy, que su gobierno no ha expedido ningún permiso para que opere MSX.

“No está en mis manos resolver este problema, sino en el gobierno federal y los tribunales. Se formó un grupo de ciudadanos especialistas en la materia y a Minera San Xavier se le han pedido 100 requisitos para que opere. Si cumple, que continúe, si no, que se detenga”, dijo el mandatario.

–¿Queda usted en calidad de espectador? –le preguntó Aristegui.

–Casi…

Desesperados por la falta de apoyo de las instituciones estatales y federales, el 28 de febrero pasado habitantes de Cerro de San Pedro e integrantes del FAO difundieron un documento en el que denuncian que las operaciones ilegales de Metallica Resources se han traducido en la destrucción de inmuebles históricos, en impactos irreversibles al medio ambiente y en un ecocidio que amenaza multiplicarse.

Según el documento, la empresa canadiense ha devastado más de 200 hectáreas del hábitat de especies de flora y fauna protegidas, además arrasó con miles de cactáceas. Ha detonado y continúa detonando de manera clandestina, sin supervisión de la Sedena, toneladas de explosivos para destruir parte del cerro de San Pedro, patrimonio ambiental y emblema del escudo de San Luis Potosí.

Según los habitantes de Cerro de San Pedro, el pasado 11 de enero, a las 3 de la tarde, la detonación de media tonelada de explosivos detrás de los cerros del Barreno y de San Pedro ocasionó un desprendimiento de rocas que se precipitaron sobre el pueblo, destruyendo la red de agua y de electricidad. Por ello llaman al gobernador De los Santos a actuar con sensatez y ejercer su autoridad para rescatar Cerro de San Pedro. “Está en juego el Valle de San Luis Potosí y la vida de la comunidad. Estamos frente al mayor desastre ambiental de la historia de esta región”.


Y CERRAMOS CON EL APORTE DEL MONSI:

PARA AMERITAR NUESTRO OPTIMISMO

¿DE QUÉ SE ALEGRA UN CEO? (CHIEF EXECUTIVE OFFICER)

Los CEOs son la especie de moda en el neoliberalismo, los emblemas de las buenas maneras utilizables ante un auditorio o un escritorio. El mundo es de los CEOs, y que a las pruebas se remita quien, sin egresar de Administración de Empresas, quiera un empleo en el gobierno. Pero el vulgo poco sabe de los CEOs y de su maravilloso “fuero íntimo”, y por eso, con tal de divulgar a tan floreciente tribu astral, aquí se enumeran algunas de las causas de su (discreta) felicidad. Un CEO se alegra:




–de que le quede tan lejos a la generación del 68, y –si estuviera enterado– de haberse ahorrado tormentos ideológicos en noches en vela, y noches en vela buscando a como diera lugar los tormentos ideológicos.

–de carecer de cualquier autocrítica, lo que le impide cuestionarse severamente sobre por qué nunca se cuestiona severamente.

–de no haber nacido en la colonia equivocada, ni en la familia inadecuada, ni en la clase incorrecta, ni en la generación adecuada. (Salir donde se nace es el 90 por ciento del éxito en la vida).

–de no haber adquirido en la infancia ninguna pasión nacionalista (Todas sus aficiones nacionalistas las consiguió en el extranjero en algún olvido de la sobriedad).

–de saber la suficiente economía como para delegar el conocimiento técnico en los subordinados.

–de haber apoyado a Calderón con su mirada de desdén sobre los nacos.

–de hablar el español con la parsimonia que le inspire a los demás la duda sobre sí ése es su idioma nativo.

–de haber trascendido el malinchismo que, finalmente, y éste es su grave pecado, es una relación psicológica con el país.

–de conocer a fondo al pueblo mexicano en las figuras del chofer, el portero, el office-boy y el retrato del abuelo vestido de charro, que por eso mismo se guarda en el clóset.

–de centrar el ideal en el CV (Si usted no sabe qué es esto, usted no dispone de uno).

–de no tener que luchar por el poder como los políticos de antes.

–de saber que la clase a la que pertenece es toda la Nación concebible y lo demás es el Complejo del Salario Mínimo, que Freud calificó de perversión innata.

PARA EXCOMULGAR NUESTRO OPTIMISMO

1

¡VIVAN LOS DERECHOS CIVILES! ¡LARGA VIDA A LA JUSTICIA MUNICIPAL! ¡ENCIERREN A LOS DEMONIOS EN LOS CONDONES Y TÍRENLOS AL DRENAJE SUPERFICIAL! ¡GUERRA, GUERRA CONTRA LUCILÁTEX!

Ciudad Madero.- Guadalupe González, alcalde de este municipio, ordenó a la policía detener a quienes repartan condones en playa Miramar.

Y es que el Instituto Tamaulipeco de la Juventud (ITJUVE) anunció que con motivo del inicio de las vacaciones, a partir del 30 de marzo realizará una campaña en dicha playa para repartir preservativos.

“Quiero mandarle un mensaje a los del ITJUVE de Tampico: que si se atreven a venir a la playa a repartir condones vamos a detenerlos, porque nosotros promovemos sólo la sana diversión. No estamos ni juzgando ni prejuzgando actos eróticos o sexológicos, de tal manera que la Semana Santa no es para ese fin, sino para que la gente se divierta”. (¡Oh! de sacrilegio. El Sic).

El edil se unió a la postura de la Iglesia católica que desaprobó la donación de condones. También González aseguró que ejercerá sus facultades de utilizar la fuerza policiaca para preservar el orden y la paz pública.

“Voy a dar la indicación de que se detenga a la persona que entregue condones, porque no queremos alentar a la gente y provocar el desorden.”

Carlos de los Reyes, presidente del ITJUVE delegación Tampico, expresó que esta campaña no contiene un mensaje de libertinaje sexual, sino un llamado de protección a la salud por el riesgo de infecciones.

Nota de Reforma, 16 de marzo de 2007.

2

EN ESTE PARTIDO DE IZQUIERDA LA SALIDA DE LA CRISIS SERÁ LA EXTREMAUNCIÓN.

“Oremos a Dios para que lleve a sus corazones consuelo y resignación”.

De la esquela para la esposa de un legislador perredista, firmada por el grupo parlamentario del PRD de la 56 Legislatura del Estado de México. La Jornada, 13 de marzo de 2007.

3

ESTA SECCIÓN CONSTITUYE DE INMEDIATO EL COMITÉ DE APOYO A LAS ENDOFEDRINAS.

“Tanto el deporte como la oración y la risa generan endofedrinas (Sic de Súbita Ignorancia Conceptual), sustancias que generan sensación de bienestar y que, en su caso, evitarían reaccionar violentamente y lograr el autodominio”. (Así que la oración es una sustancia).

Silvia Aranda Álvarez, coordinadora del programa “No más golpes”, del Instituto de la Mujer Guanajuatense, al presentar los talleres donde se practican el ejercicio, los rezos y la risa para evitar la violencia. Nota de Martín Diego Rodríguez, La Jornada, 13 de marzo de 2007.

4

LE GANAMOS AL POPULISMO Y YA AHORA SÓLO NOS FALTA ACABAR CON EL MALDITO SALARIO MÍNIMO, UNA HERENCIA BOLCHEVIQUE.

“Actué siempre de buena fe (Sic en forma de aura), y asumiendo riesgos cuando fue necesario (Si nos cita uno de esos riesgos, le daremos un pase para ver en vivo la vida cultural de sus compañeros de clase social. La R.). Me satisfacen los mensajes que promovieron la continuidad (Sic) después del 2 de julio.

LO QUE VIENE DESACREDITA A LA DEMAGOGIA.

“Ejercimos con responsabilidad los principios de libertad de expresión y de libre manifestación, que no puedan aceptar censuras ni mordazas que limiten a los mexicanos”. (Aplausos del auditorio incluido Felipe Calderón y el presidente vitalicio del IFE Luis Carlos Ugalde, seguramente por acordarse del spot de Peligro para México).

Presidente saliente del Consejo Coordinador Empresarial José Luis Barraza. Nota de Claudia Herrera Beltrán y Eduardo Martínez C. La Jornada, 16 de marzo de 2007.

5

PORQUE SE NECESITA MUCHO VALOR Y DEMASIADO PATRIOTISMO PARA PATROCINAR LAS CAMPAÑAS DE ODIO.

“Expreso mi reconocimiento a José Luis Barraza por el valor, la responsabilidad y el patriotismo con que se condujo al frente del Consejo Coordinador Empresarial. Coincido con el CCE en que nos va a ir bien a los mexicanos” (A los mexicanos que pertenezcan al Consejo Coordinador Empresarial o al Supremo Gobierno).

Presidente Felipe Calderón, nota de Claudia Herrera Beltrán y Eduardo Martínez C., La Jornada, 16 de marzo de 2007.

6

Y QUE LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN COMA AIRE Y SE VAYA DE VACACIONES A SU CUARTO, AL FIN QUE SU ÚNICO PAPEL ES SER JUZGADOS.

“Son elementos que protegen la perspectiva de vida y de largo plazo de los juzgadores.”

Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al defender los altos sueldos en el Poder Judicial. Nota de Jesús Aranda, La Jornada, 14 de marzo de 2007.

7

UNA NOTA ALGO RETROSPECTIVA, PERO SIEMPRE OPORTUNA.

“El Comité Nacional ProVida de México y 14 otros grupos recibieron el reconocimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las palabras del presidente de la Comisión, José Luis Soberanes, fueron muy significativas. ‘Independientemente de cualquier ideología y doctrina, el concepto de derechos humanos tiene que ser universal… entre los derechos humanos, el primero, sin duda, es el derecho a la vida’, dijo el señor Soberanes al felicitar a las organizaciones premiadas.

Jorge Serrano Limón, presidente del Comité Nacional ProVida de México, secundó y amplió las declaraciones del Sr. Soberanes. ‘Más de 50 millones de abortos en el mundo, en los países donde esta práctica es legal, un sin número de abortos en aquellos donde afortunadamente aún es penalizado, insistentes ataques de diferentes gobiernos con la promoción de diferentes métodos abortivos, cuya intención es destruir la vida, han marcado un verdadero genocidio en el mundo moderno’”.

Información del Comité Nacional ProVida de México. 15 de abril de 2002.

8

DE CÓMO SE PUEDE JUSTIFICAR CON EL TRAJE DE LUCES DEL CHOVINISMO LA TORTURA MINUCIOSA A SERES VIVOS.

“La afición mexicana está no sólo disminuida y desinformada con respecto al objeto de su admiración (No debe serlo tanto porque según dice el declarante no tienen mucha idea al respecto. La R.), sino además acomplejada por su taurinismo, que supuestamente la aleja de la modernidad o de lo que nos han dicho que debemos entender por ella (Modernidad es torturar metódicamente a los animales para que el torero se sienta un gran artista. La R.). Por la misma razón, no pocos intelectuales carecen de ojos para ver la realidad mexicana como partícipes (La frase da vuelta al ruedo porque divulga lo central: la realidad mexicana es el taurinismo. Don Sic), y no logran sacudirse un añejo colonialismo cultural que quieren revestir de modernidad, de protección a los animales y de humanismo. (Así que oponerse a las corridas de toros es colonialismo añejo. La medalla Carlos Abascal de Lógica en Campaña para el declarante. La R.). No se dan cuenta de que le hacen el juego a una ultraderecha a la que no le interesa ninguna expresión propia que nos diferencia (Así que el toreo es la esencia de la nacionalidad. ¿Nos podría especificar si los dueños de las ganaderías son los héroes que nos dieron patria? La R).

ESTE TORERO VERBAL ESTÁ A LA ALTURA DE UN MANOLETE, UN ARRUZA Y UN JORGE SERRANO LIMÓN. ¡QUÉ FAENA LÓGICA!

El desarrollo cultural del pueblo mexicano (que según el declarante consistía en “el auge constructivo de plazas”) fue interrumpido, con la consiguiente desmexicanización gradual, gracias a una deshumanización global que nos reduce a meros objetos (Por lo menos, obliga al desvarío a los filósofos de la Fiesta Brava. La R.). Esto impide darnos cuenta de lo que somos y de lo que tenemos, por eso ya no sabemos defender lo que se nos hurta. Allí está el triste caso de Barcelona, donde tantos coletas mexicanos triunfaron y su tibia reacción a los embates antitaurinos”

Jesús Flores Olague, licenciado en comunicación y doctor en historia y en filosofía por la Universidad Iberoamericana (¡Qué calladito se lo tenían!), “pero sobre todo poeta, así como aficionado a la pintura y a la fiesta de los toros”. Nota de Leonardo Páez, La Jornada, 19 de marzo de 2007. Entre los poemarios del doble doctor se encuentran Péndulo y esfera, Meditación en cuatro tiempos, Ceniza del alba, Bosquejo del viento y el que suponemos la obra maestra, Buril de fuego.

La coleta es el signo de la identidad nacional: CM. Selección de textos: JV.

domingo, abril 08, 2007

DEL PROCESO SEMANAL

El descrédito
José Gil Olmos

El caso de la muerte de la indígena Ernestina Ascencio Rosario –originada, hasta donde los documentos conocidos revelan, por una violación múltiple– es un carbón encendido que va de mano en mano y que está quemando a diversos órdenes de gobierno: el presidente de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, el gobierno de Veracruz y, de paso, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se ha visto prácticamente obligada, en plan de parapeto, a conciliar lo irreconciliable, a ajustar las contradicciones de las autoridades, a enredarse ella misma, a solventar las torpezas de las diversas versiones de lo que primero fue oficialmente un crimen y acabó convirtiéndose, inclusive, en una”muerte por pobreza”...




A poco más de un mes de ocurrida, la muerte de Ernestina Ascencio Rosario se ha convertido en un conflicto que pone en juego la credibilidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del presidente de la República Felipe Calderón, y del gobierno de Veracruz.

En medio de graves contradicciones en la investigación del caso, el organismo a cargo del doctor José Luis Soberanes descarta la presunta violación cometida por soldados, pues afirma que no hay ninguna prueba de violencia, ni siquiera rastros de semen que apunten a que la anciana indígena sufrió una agresión sexual.

A su vez, la Sedena, luego de conocer la postura de la CNDH, modificó el reporte que había hecho en tres comunicados distintos fechados el 6, 7 y 8 de marzo, donde decía hallarse comparando el “líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa” con las pruebas obtenidas de los soldados acusados, pertenecientes a la Base de Operaciones “García”.

Ahora la Sedena sostiene que “no cuenta con muestra alguna de líquido seminal”, y señala que si antes se había referido a ese “líquido seminal” en sus comunicados “es porque partía de la premisa de que estarían dichas pruebas en poder de la autoridad investigadora, en este caso la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz” (PGJE).

Así, mientras la CNDH y la Sedena coinciden actualmente en que no tienen registro del líquido seminal que confirmaría que la anciana nahua Ernestina Ascencio fue violada, la segunda visitadora general de la CNDH, Susana Pedrosa, afirma en entrevista con Proceso que la PGJE de Veracruz ya admitió que “se le perdió” el líquido seminal que supuestamente había recogido del cuerpo de Ernestina, como lo informó en la necropsia realizada el 26 de febrero.

Al respecto, Pedrosa expresa que la autoridad estatal cometió graves errores en sus exámenes y que la mujer indígena de 73 años murió de causas naturales: “anemia aguda por sangrado digestivo”.

Curiosamente, desde el 13 de marzo, el presidente Felipe Calderón ya había usado el mismo argumento de la CNDH, pues sin mediar pregunta, en una entrevista concedida a La Jornada, manifestó inopinadamente que Ernestina Ascencio había muerto de “gastritis crónica”.

“He estado pendiente del caso de la señora que se dice asesinaron en Zongolica. La CNDH intervino, y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida. No hay rastros de que haya sido violada. Ojalá ustedes puedan tener, por sus medios, acceso a esa información”, aseguró entonces el titular del Ejecutivo.

El presidente de la Comisión, José Luis Soberanes, en ningún momento se deslindó de lo declarado por el mandatario. Fue hasta dos semanas más tarde, el 29 de marzo, cuando afirmó que la mujer falleció a consecuencia de una “anemia aguda”, y que después de la exhumación no se apreciaron “lesiones a nivel de cráneo” ni la existencia de “desgarros en la región vaginal y anal” de la víctima.

Ahora la visitadora encargada de realizar la investigación de la CNDH no sólo respalda las afirmaciones de Soberanes y de Calderón, sino que afirma que la Procuraduría veracruzana mintió sobre la presencia de semen en el cuerpo de Ernestina Ascencio.

En una ríspida entrevista con este reportero, Susana Pedrosa sostuvo que, de acuerdo con las pruebas histológicas, fotográficas y un video de la segunda exhumación del cuerpo de Ernestina que exigió realizar la CNDH, la anciana murió a causa de “una anemia aguda por sangrado del tubo digestivo secundario, úlceras gástricas pépticas”, y no por fractura craneoencefálica, como lo sostiene la PGJE.

“Esta CNDH se pronuncia en el sentido de que no está acreditado que la señora haya sufrido un ataque de naturaleza sexual. ¿Por qué no? Porque tenemos laminillas (histopatológicas con pruebas de tejido) de los márgenes vaginales y rectales, donde no hay evidencia alguna de que la señora haya sido tocada.

“No hay lesión exterior. Eso quiere decir que no hubo traumatismo craneoencefálico, no hubo homicidio, no hubo golpes a la señora. ¡Entonces no hay crimen!”, expresa tajante la funcionaria, quien en todo momento desacredita los trabajos realizados por la Procuraduría veracruzana.

Sin embargo, la funcionaria de la CNDH no sabe responder cuando se le inquiere sobre la manipulación de información que hizo la Sedena respecto de la muerte de Ernestina.

Y es que, el pasado 6 de marzo, la Sedena había difundido un comunicado (el número 19) donde ya deslindaba al personal militar de los hechos:

“…Es preciso señalar –asentaba– que grupos desafectos a este Instituto Armado en reiteradas ocasiones han puesto en tela de juicio las acciones que realiza en beneficio de la sociedad mexicana, y en este caso en particular, delincuentes que utilizaron prendas militares perpetraron el crimen buscando inculpar a integrantes de esta Dependencia del Ejecutivo Federal y que se abandone el área para con ello continuar con sus actividades.”

Pero este párrafo desapareció en un nuevo comunicado que, marcado con el mismo número 19, fue entregado a algunos medios de comunicación de Veracruz a los que se les pidió regresar el primer documento.

Y respecto al hecho de que la Sedena primero hubiera admitido la existencia de rastros de semen en el cuerpo de Ernestina, mientras que actualmente lo niega, la visitadora de la CNDH encargada de la investigación simplemente dice que la Sedena tendrá que responder de esto en su tiempo y asegura que en su recomendación incluirá las “irregularidades acreditadas” de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Pero no sólo los documentos periciales de la PGJE hablan de violación y muerte violenta, sino que también el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Adrián Ramírez, observa que hay suficientes pruebas de que Ernestina Ascencio no murió como afirman Soberanes y Calderón partiendo de “conjeturas” que, agrega, sólo empañan la investigación, desacreditan a las instituciones y lastiman a los familiares.



La muerte violenta



Adrián Ramírez, médico con maestría en atención integral de salud social y con 16 años de atención a víctimas de tortura y violaciones a los derechos humanos, hizo un análisis del examen médico y de las dos necropsias practicados a Ernestina Ascencio.

Con base en el protocolo modelo de la ONU para la investigación forense de muertes que pudieron haberse producido por violación a los derechos humanos, reconoce que los peritajes tienen algunas omisiones y faltas en la descripción de lesiones y en el análisis “para determinar la verdad de los hechos en relación a las afecciones, a la integridad corporal, a las alteraciones orgánicas y funcionales y a las causas de muerte” de Ernestina.

“Partiendo de los dictámenes con los que contamos, el estado previo de edad y de salud son sólo factores que predisponen a una fragilidad de la persona, pero no son la causa directa de la muerte. Es decir, que dicha mujer no habría muerto por una enfermedad crónica de evolución natural, sino como consecuencia de los hechos denunciados”, expone de entrada.

Sobre la integridad física, el médico legista indica que el cuerpo presentaba “equimosis en cabeza en región frontal, equimosis por sujeción en ambos brazos, además en la espalda y en los muslos, las cuales son lesiones compatibles y congruentes –por su distribución y localización– con actos traumáticos atribuidos a la participación de varios sujetos que la mantuvieron en posición de decúbito dorsal, es decir, acostada boca arriba y con los muslos abiertos.

“Tal es la mecánica a la que pueden atribuirse dichas lesiones. La equimosis en la región frontal fue producida por un agente contundente, es decir, un golpe”, aclara.

Respecto al examen ginecológico, indica que hay “equimosis o lesiones en labios mayores con laceraciones, labios menores con equimosis difusas, equimosis en todo el orificio himeneal, en la pared de la vagina y en el cuello de la matriz, con horquilla vulvar eritematosa. Además, al tacto vaginal se aprecia secreción blanquecina en introito vaginal”.

Tales aspectos, a juicio del especialista, no pueden ser producidos por agentes infecciosos o procesos degenerativos: sólo pueden atribuirse a actos traumáticos compatibles con la introducción forzada del pene o de algún objeto.

“La presencia de la secreción blanquecina en la vagina y el introito a unas horas de haberse presentado los hechos, puede corresponder, en primer lugar, a semen; en segundo, a algún otro líquido instilado, o bien, a agentes infecciosos, como la candidiasis o monilia (hongos)”. No obstante, descarta de inmediato esta última hipótesis porque no se aprecian los signos típicos de enrojecimiento ni las huellas de rascado, además de que esos hongos no brotan súbitamente, en unas cuantas horas.

En referencia al examen proctológico, recuerda que la región anal presenta eritema, “enrojecimiento, escoriaciones y desgarros recientes, con sangrado escaso en capa; esto es, se aprecia en ese momento el escurrimiento de sangre fresca y salida abundante de líquido hemático transanal en abundante cantidad.

“En cuanto al tacto rectal: tono del esfínter externo disminuido, ámpula rectal con probable perforación de la pared posterior de recto, hueso sacro doloroso a la palpación; al retirar el guante explorador se aprecian huellas de materia fecal y sangre fresca y coágulos, además de fetidez intensa.”

Tales lesiones, puntualiza, son totalmente compatibles con actos de introducción del pene o de objetos en el ano que producen las laceraciones y el sangrado recientes, por lo que pueden descartarse causas como las infecciones, la parasitosis o las hemorroides.

“Al momento de las revisiones en vida no se aprecia, o al menos no se describe en la nota clínica del hospital –ni en la de la perito forense– la presencia de melena o sangre semidigerida, característica de los sangrados del tubo digestivo alto. El hecho de que en estos primeros dictámenes periciales no se aluda a la existencia de melena lleva a descartar la presencia de un sangrado crónico del tubo digestivo alto, es decir, que la occisa padeciera previamente de cuadros de gastritis hemorrágica crónica. Pero los dictámenes postmortem sí refieren la abundante presencia de melena, compatible con un cuadro agudo de sangrado.”

Comenta que las condiciones físicas que corresponden a una mujer indígena de más de 70 años de edad “se vieron severamente agravadas por una serie de eventos traumáticos agudos que impactaron en su ya débil y frágil persona”.

Partiendo de los informes periciales, puntualiza, no se puede atribuir la muerte de Ernestina Ascencio a causas naturales relacionadas con su estado de salud previo.

Y abunda: “Es obvio que la señora Ernestina Ascencio Rosario presentó daños a su salud de manera súbita que, de acuerdo a los peritajes, son perfectamente compatibles y correspondientes a los hechos denunciados de probable violación tumultuaria, con base en los datos descritos. Así mismo, tal evento traumático severo es capaz de desencadenar como mecanismo productor directo un sangrado transrectal, como el descrito en los informes periciales, y un cuadro severo de gastritis hemorrágica aguda secundaria a estrés intenso, como se describe en los dictámenes postmortem”.

Destaca que el sangrado del tubo digestivo alto o estómago pudo presentarse como consecuencia inmediata de la violación sexual. “Tal afirmación se sostiene con los hallazgos de las dos primeras revisiones médicas, en las que no se consigna la presencia de sangre semidigerida, es decir, melena. Y en las necropsias aparece de manera abundante, además de datos francos de sangrado del estómago”.

El médico de la Limeddh manifiesta que aún especulando que Ernestina hubiese tenido gastritis crónica –“lo cual, repetimos, sería incompatible con el cuadro descrito en los dictámenes periciales”–, eso no cobra relevancia, “puesto que dicha circunstancia no es causa de muerte por sí misma, sino que requiere de un factor desencadenante. En otras palabras, de haber existido antecedentes de gastritis o úlcera péptica previa, sólo sería un factor más de riesgo, y no la causa desencadenante”.

El sangrado abundante del tubo digestivo, argumenta, produce una disminución de la presión sanguínea, y esto, a su vez, desencadena un colapso circulatorio que lleva al estado de choque, de coma y, finalmente, a la muerte.

En consecuencia, “no se trata de que Ernestina haya muerto por una gastritis mal atendida, sino que ella muere por un sangrado del tubo digestivo alto como consecuencia de un estrés en el que el organismo aumenta la actividad secretora de los líquidos gástricos y del ácido clorhídrico responsable de la lesión de la mucosa, o sea, del recubrimiento interior del estómago. Así se produce el sangrado”.

El experto Adrián Ramírez descarta, así mismo, como causas de la muerte los traumatismos craneoencefálicos o la fractura de vértebras cervicales, con afectación de la médula espinal, mencionados en los dictámenes del departamento médico forense de la PGJE, ya que “la evolución de las lesiones traumáticas producen un cuadro clínico distinto, y su desarrollo, hasta producir la muerte, es diferente”.

De este modo, tras una lectura y análisis minuciosos de los tres expedientes, concluye que Ernestina Ascencio Rosario “fue objeto de violación vaginal y anal, provocando además un estrés intenso que le llevó a presentar una gastritis hemorrágica aguda, o sea, acompañada con sangrado del tubo digestivo alto, desencadenando un cuadro severo de anemia aguda y las consecuencias orgánicas, titulares y funcionales, que la llevaron a la muerte”.

En su calidad de presidente de la Limeddh, Adrián Ramírez advierte que la falta de sensibilidad política y el descuido en las investigaciones han generado una serie de irregularidades que ponen en riesgo la credibilidad de instituciones públicas como la Presidencia de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz y la CNDH. Por ello exige la intervención de las ONG y de peritos independientes para garantizar la transparencia en la investigación y, sobre todo, para mantener una adecuada cadena de custodia de los elementos relacionados con la misma.



Intocables



En una entrevista que por momentos es ríspida, sobre todo cuando se abordan las posturas del Ejército y del presidente Felipe Calderón en el caso, la segunda visitadora general de la CNDH, Susana Pedrosa, reitera que demandarán penalmente al procurador veracruzano Emeterio López Márquez, por violar la seguridad jurídica y el derecho a la intimidad de las personas al difundir de manera ilegal una fotografía que muestra a Ernestina Ascencio sangrando, para afirmar que se trató de un “traumatismo craneoencefálico”.

“Esto es una manipulación de la información de la propia procuraduría del estado. No se puede jugar con una persona que es indígena, mayor de 70 años –al igual que con sus familiares–, y difundir una foto diciendo que es traumatismo craneoencefálico, cuando fue (tomada) después de la necropsia”, exclama.

Acompañada en sus oficinas por el médico forense Fernando Cervantes, el visitador adjunto Héctor Lecona y cuatro integrantes del equipo de prensa, la visitadora demerita, para empezar, las dos necropsias practicadas por la PGJE porque, a su juicio, tenían muchas irregularidades.

Y plantea: La procuraduría dijo “que había abundante líquido seminal. Pues había que buscarlo porque no estaba detallado. El traumatismo craneoencefálico había que tratar de ubicarlo, saber cómo se dio, cuál fue la mecánica. Pero cuando se exhuma el cuerpo, resulta que no hay nada de eso”.

Durante la entrevista, el médico forense y el visitador adjunto respaldan las aseveraciones de Susana Pedrosa y desmenuzan los tres documentos de la procuraduría veracruzana, destacando sus lagunas y contradicciones; por ejemplo, la ausencia en el segundo peritaje de la fractura craneoencefálica como causa de la muerte, así como errores en relación con las lesiones vaginales y rectales.

“No hay nada”, expresa el médico forense Fernando Cervantes, y asegura que la PGJE no tiene rastros del líquido seminal y tampoco tomó muestras del tejido vaginal y anal de Ernestina.

Pero cuando se pide a la visitadora y su equipo las muestras del tejido y otras pruebas –como las 614 fotografías que dicen tener de la segunda exhumación y con las cuales pretenden desmentir los informes de las autoridades de justicia de Veracruz–, dicen que no pueden ofrecerlas porque la investigación sigue abierta.

–Pero el doctor Soberanes ya hizo declaraciones públicas de un caso que no está concluido y ahora usted me dice que no puede enseñar las pruebas –le señala el reportero.

–Son declaraciones contundentes y las reitero como encargada de la investigación –replica Pedrosa y exige al fotógrafo de Proceso que apague su cámara a fin de que no tome fotografías de la segunda exhumación de Ernestina.

–Mire –le comenta el reportero–, la razón por la que estamos aquí es que nos prometieron que nos iban a enseñar las pruebas y me iban a permitir tener registro de todo. Ahora me pide que no tomemos fotos...

–Pues sí, porque es violentar los derechos humanos...

Se le recuerda entonces que no sólo el doctor Soberanes ya dio a conocer las conclusiones de la investigación, sino también el presidente Felipe Calderón, con anticipación, en una entrevista publicada el pasado 13 de marzo.

La segunda visitadora general responde que la CNDH no le dio la información al presidente Calderón, sino que fue la Secretaría de la Defensa Nacional, y apunta que el jefe del Ejecutivo no violó ninguna ley, aunque difundió información de un expediente abierto.

“Es el jefe de las Fuerzas Armadas y dio esa declaración basado en los informes que le proporcionó el propio Ejército Mexicano. Él es el jefe de las Fuerzas Armadas, y eso sí lo puedo seguir sosteniendo. Pregúntenle a la Sedena.”

–¿Pero es intocable?

–¡No, no!, aquí en este país nadie es intocable. Lo que pasa es que no hay ninguna irregularidad, digamos, violatoria de los derechos humanos. Si alguien le dio la información y fue el Ejército Mexicano, él es el jefe de las Fuerzas Armadas.

–¿Y por eso tiene el derecho de hacer esta declaración aunque no haya concluido la investigación?

–Debe tener los elementos de la procuraduría de Justicia Militar, y uno que ya vio la averiguación previa de la Procuraduría... hay muchos elementos ahí que seguramente le informaron al presidente. Yo ya la vi, y ya vimos la averiguación previa de la Justicia Militar.

–¿Pero él sí puede hacer eso?

–Él puede hacer eso porque es el jefe de las Fuerzas Armadas. Así lo dice la Constitución. Es el jefe de los militares. No podemos contradecir la Constitución.

En cuanto a los rastros de semen que la Secretaría de la Defensa informó haber recogido del cuerpo de doña Ernestina –en tres comunicados distintos, fechados el 6, 7 y 8 de marzo– y que envió a la PGR para que los analizara, la visitadora general de la CNDH manifiesta que ya le pidió un informe y que está en espera de una respuesta.



Los comunicados



Y es que, en el comunicado número 19, la Sedena también señala: “Peritos especialistas llevan a cabo el dictamen pericial en materia forense, consistente en comparar el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa con muestras de sangre que se tomen del personal”.

Luego, en los comunicados 20 y 21, con fecha del 7 y 8 de marzo, la Sedena da cuenta de que ya se tomaron muestras hemáticas a todo el personal de la Base de Operaciones “García” y añade que “estas muestras, junto con la de semen obtenida del cuerpo de la extinta, serán trasladadas a la Ciudad de México, DF, para que, con apoyo de los servicios periciales de la Procuraduría General de la República, se obtengan los perfiles genéticos que permitan compararlos y arribar a resultados contundentes, para deslindar responsabilidades”.

Estima allí además que esos resultados estarían en un tiempo estimado de 15 a 20 días.

Pero un día después de la entrevista con la visitadora de la CNDH Susana Pedrosa, quien anunció que para el martes 10 de abril esperaban respuesta de la Sedena, la oficina de prensa castrense a cargo del general de brigada Lucio González Cortés, titular de la Dirección General de Comunicación, reveló que ellos tampoco tienen muestras del líquido seminal, en contradicción con lo informado en los tres comunicados citados.

Más aún, en una carta publicada el viernes 6 de abril en La Jornada en respuesta a una entrevista con la misma funcionaria de la CNDH que se publicó un día antes, la autoridad militar señala:

“La Secretaría de la Defensa Nacional no cuenta con muestra alguna de líquido seminal supuestamente encontrado en el cuerpo de la señora Ernestina Ascencio Rosario, y jamás lo ha tenido.”

Argumenta que si en un comunicado anterior hizo referencia a ese hecho “es porque partía de la premisa de que estarían dichas muestras en poder de la autoridad investigadora, en este caso la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz”.

Agrega que hasta la fecha no ha recibido dichas muestras, pero no especifica cuándo las solicitaron.

En la entrevista con la visitadora se le pregunta sobre lo dicho por la Sedena en sus tres comunicados. En respuesta, pide al reportero dirigirse a la instancia militar y dice que la CNDH ya le había solicitado un informe al respecto, pero apenas el pasado 1 de abril.

Según el visitador adjunto, Héctor Lecona, la solicitud se hizo hasta estos días porque la PGJE reconoció desde el 27 de febrero no tener pruebas del líquido seminal. “Se les perdieron”.

A pesar de que aún no cuentan con el informe solicitado a la Sedena, la visitadora Susana Pedrosa manifiesta que ya pueden emitir una recomendación porque tienen las pruebas del tejido vaginal y anal, en las cuales no hay rastro de semen y, por ende, concluyen que no se produjo un ataque al derecho a la libertad sexual de la mujer indígena.

Se le expresa entonces que los integrantes de la CNDH parecieran tener una actitud débil ante las autoridades militares, y la visitadora contesta:

“Su servidora y el presidente de la CNDH no nos tentamos nada para emitir (una recomendación), salir y hablar con contundencia en el caso de militares…”

Por parte de la propia CNDH, el remate al caso llegó a través de una entrevista con Fernando Cervantes, identificado por el diario Milenio como “perito médico” del propio organismo, quien atribuyó la muerte de Ernestina “a padecimientos que cualquiera puede tener, agravados por la pobreza en la que vivió durante 73 años y que tenían su cuerpo al límite de la vida”




Me voy a defender: el legista veracruzano
Regina Martínez

SIERRA DE ZONGOLICA, VER.- De ser necesario, “no dudaré en defenderme de las declaraciones que han descalificado mi trabajo como médico legista”, advierte Juan Pablo Mendizábal Pérez, suspendido temporalmente de su cargo en el Ministerio Público de Orizaba junto con otros dos peritos y quien, el 26 de febrero, practicó la primera necropsia a la indígena Ernestina Ascencio.




La labor del médico legista, quien estableció entonces que la mujer, presuntamente violada por militares, falleció a raíz de las lesiones provocadas por la agresión, fue desacreditada el pasado 30 de marzo por el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes.

En entrevista con el diario La Jornada, el funcionario sentenció: “¡Qué lamentable que le hayan practicado (a la señora Ascencio) una autopsia mal hecha, totalmente irregular, con muchas omisiones, con negligencia y dejadez”.

Y, más aún, dijo que la CNDH llevará el caso hasta la Procuraduría General de la República, en donde presentará una denuncia penal contra los peritos veracruzanos.

A su vez, Mendizábal Pérez, en una declaración por escrito entregada el jueves 5 a esta corresponsal, y sin mencionar por su nombre a la CNDH, señala que las declaraciones vertidas “ponen en tela de juicio mi trabajo, sin que tenga la posibilidad de externar cuál fue la verdad que aconteció de acuerdo a mi leal saber y entender como médico legista”.

Agrega que tiene una experiencia de casi 20 años en esa actividad, sustentada en un diplomado en medicina forense que avaló la Universidad Veracruzana, así como en una maestría en ciencias penales cursada en la Universidad Popular Autónoma de Puebla.

Sin embargo, anuncia que se ha abstenido y se abstendrá, por lo pronto, de emitir cualquier comentario sobre las investigaciones del caso Ascencio, “pues de acuerdo a la ley penal en el estado de Veracruz, los datos y diligencias deberán ser secretos, a fin de no entorpecer las labores de la autoridad investigadora”.

Por eso, puntualiza, “me he mantenido al margen de las declaraciones públicas que han dado a los medios defensores de los derechos humanos tanto a nivel estado como nacional, ya que sin ser un perito en derecho y de acuerdo a la ley mencionada, todo aquel que haga públicos datos sobre los cuales debe guardarse secreto, puede tener responsabilidad penal”.

No obstante, “el hecho de no dar ningún dato o rebatir los datos que supuestamente tienen las personas que irresponsablemente han declarado a los medios de comunicación, no atiende (sic) a aceptar tácitamente culpa o responsabilidad alguna de mi parte sino, como ya lo he explicado, pleno respeto y apego a la ley que rige el ejercicio de mi trabajo como médico legista”.

Y sostiene que esa labor la ha realizado “con pleno apego a derecho y sin servir a ningún mezquino interés político, económico o de cualquier otra especie”.

La suspensión temporal de Mendizábal Pérez, así como la de los peritos María Catalina Rodríguez Rosas e Ignacio Gutiérrez Vázquez, fue determinada el 28 de marzo a pesar de que hasta el momento la CNDH no ha enviado al gobierno de Veracruz la recomendación anunciada por las presuntas irregularidades que se detectaron en los peritajes iniciales del caso.

La subprocuradora de Supervisión y Control de la PGJE, Carolina Hernández Pinzón, dio a conocer esa medida que, dijo, se tomó por instrucciones del procurador Emeterio López Márquez.

Mientras tanto, el fiscal especial designado por la PGJE para aclarar la muerte de la indígena nahua, Juan Alatriste Gómez, sostiene que las investigaciones del caso “van avanzando”, aunque no precisa en qué consisten los “avances”.

Entrevistado por Proceso en Orizaba, advierte que no busca entrar en controversia con el presidente de la CNDH, quien manifestó que Ernestina Ascencio no fue violada, como lo dictaminaron inicialmente las autoridades estatales, sino que falleció por “anemia aguda no atendida”.

“Respeto mucho sus decisiones. No tengo opinión al respecto porque ni las conozco ni tampoco las he visto (sic)”, añade.

–¿Ha sido un caso difícil? ¿Ha tenido presiones?

–Ninguna presión. Estamos haciendo lo conveniente. Estamos investigando y eso es obligación. La autoridad ministerial se dedica a eso. Todo lo que se está realizando es conforme a derecho y, además, todas las autoridades tenemos la obligación de cumplirle a la sociedad.



Movilización en Soledad Atzompa



El director del hospital regional de Río Blanco, Hugo Zárate Amezcua, afirma que la conclusión de la CNDH “es muy clara cuando señala que no hubo violación”, y responsabiliza al personal del nosocomio a su cargo de las fracturas encontradas en el cuerpo de Ernestina Ascencio.

“No hubo fractura de cráneo ni de vértebras cervicales. Las fracturas que tenía, en costillas, fueron provocadas aquí mismo (en el hospital), porque como tuvo un paro cardiorrespiratorio, se le dieron maniobras de respiración; entonces, a la viejita se le fracturaron las costillas, pero nada más”, dijo a El Sol de Orizaba el 30 de marzo pasado.

A su vez, los familiares de Ernestina Ascencio, apoyados por organizaciones civiles y comunidades indígenas de la mayoría de los municipios de la Sierra de Zongolica, solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

Y, ante el temor de que el expediente del caso “desaparezca” por las repercusiones políticas y sociales que está cobrando, exigen la renuncia del titular de la CNDH.

En asamblea realizada en Soledad Atzompa, los participantes acordaron adoptar “una estrategia de lucha jurídica”, con la colaboración de Amnistía Internacional y grupos ciudadanos, “ya que este asunto lo enturbian cada vez más los intereses oscuros, desde el Ejército y la Presidencia de la República”.

Autoridades comunitarias y municipales de esa localidad conformaron un “comité amplio”, junto con organizaciones civiles de la zona, para demandar “justicia por el crimen”.

En la asamblea se estableció que, debido al “manoseo político” que le han dado al asunto el presidente Felipe Calderón y José Luis Soberanes, “la justicia se aleja cada vez más”, por lo que también se acordó adoptar “una estrategia política”.

En principio, indicaron que se ratificará la “alianza estratégica” con el gobernador del estado, Fidel Herrera Beltrán, en materia de seguridad comunitaria, así como la confianza en que el mandatario cumplirá con su palabra de que “en el caso de nuestra hermana Ernestina se hará justicia y no habrá impunidad, ya que él declaró que no se trata de una muerte natural, sino de un crimen”.

Apuntaron que el pueblo de Soledad Atzompa respaldará a los diputados federales que vuelvan a tomar la tribuna del Congreso de la Unión para exigir la comparecencia de Soberanes, “ya que nuestros legisladores serán nuestra voz para demandar su destitución como presidente de la CNDH por manejar políticamente su puesto y ocultar los verdaderos resultados de la investigación policiaca y criminalística”.

El punto central de este movimiento, explicaron, “es demandar la desmilitarización de la Sierra de Zongolica y el respaldo gubernamental a los proyectos de autodesarrollo integral sustentable y autónomo de los municipios nahuas, (y) el fortalecimiento de sus policías comunitarios y municipales coordinados con los del estado”.

Y es que aun cuando los militares salieron del territorio de este municipio, ocasionalmente realizan incursiones en la sierra de Zongolica, en donde las mujeres ya no se atreven a salir solas; “ahora andamos acompañadas, en grupos de tres o cuatro”, refiere Noemí, una joven de la congregación de Atzompa.

“Después de lo que le pasó a doña Ernestina, tenemos miedo de andar solas en el monte, donde tenemos que ir a cortar leña y a cuidar a nuestros animalitos, pues pueden regresar los soldados y hacernos lo mismo que a la señora mayor”, comenta un grupo de mujeres que lava ropa en un arroyo cercano a su comunidad.



DEL CASO CASTAÑOS EN COAHUILA, EL JUEZ CON LA CONSIGNA
DE SALVAR A LOS MILICOS:


En Coahuila, juicio a modo
Arturo Rodríguez García

CASTAÑOS, COAH.- El proceso que se sigue a ocho militares en un tribunal del fuero común por la violación de 13 mujeres en la zona de tolerancia de Castaños, el 11 de junio de 2006, llegó a su etapa final entre fuertes críticas de la diócesis de Saltillo y de algunos organismos defensores de derechos humanos.




El Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, fundado por el obispo Raúl Vera López, considera que el juez Hiradier Huerta, encargado del proceso, ha cometido múltiples irregularidades en el curso del mismo. Además, asegura, el impartidor de justicia no se apega a los convenios internacionales firmados y ratificados por México, como el de la Convención de Belem do Pará para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

En su artículo 7, esa convención condena todas las formas de violencia contra la mujer y aboga por adoptar, “por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia”. En uno de sus incisos indica que los agentes del Estado de los países firmantes deberán “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instrucciones se comporten de conformidad con esta obligación”.

De acuerdo con el Centro Fray Juan de Larios, que lleva el seguimiento de las pesquisas, el juez Huerta se extralimitó en sus funciones al ceder a una petición de la defensa de los militares acusados para que se realizara una “inspección” en el lugar donde se cometieron las violaciones de las 13 mujeres.

En esa reconstrucción de los hechos, realizada el pasado 26 de marzo en los salones El Pérsico y Las Playas, en la zona de tolerancia de Castaños, participaron las víctimas, dos de las cuales cayeron en crisis y debieron recibir atención médica por el shock que les produjo ese simulacro. La audiencia se inició a las 21:00 horas del 26 de marzo y terminó a las 8:00 horas del día siguiente.

El obispo Vera López anunció que solicitará la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que conmine a las autoridades federales a desterrar este tipo de prácticas ilegales y exhorte al juez a ceñirse a la legalidad y a respetar los convenios internacionales sobre derechos humanos.

Otras activistas, como Lucy López, del grupo Voces de Esperanza, y Sara Lovera, integrante de Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC), una organización especializada en periodismo con perspectiva de género, calificaron la acción del juez Huerta de “vejatoria” y “brutal para las víctimas”, al tiempo que criticaron a la defensa de los militares por inducir esa medida.

Entrevistado al respecto, el juez Hiradier Huerta sostiene que la diligencia del 26 de marzo se celebró conforme a derecho y explicó que las víctimas no fueron llamadas a participar en la audiencia, pero sí podían asistir de manera voluntaria, como finalmente lo hicieron.

Las abogadas del Centro de Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Ceprovi), que asesora a la mayoría de las mujeres de la zona de tolerancia, consideran que la reconstrucción de los hechos fue un gran avance para la causa judicial. Las víctimas pudieron despejar dudas que la defensa de los soldados había introducido a lo largo del proceso para proteger a sus clientes, dijo la abogada del Ceprovi Marta Castillón.

Sin embargo, lamenta que el juez haya liberado a uno de los presuntos implicados en la violación tumultuaria por falta de pruebas, e intente exculpar a otro militar. “El proceso ha sido tortuoso para las víctimas –asegura Castillón–, quienes han tenido que soportar los careos con sus agresores, así como amenazas e intimidación de oficiales del Ejército. También han sido objeto de escarnio en los periódicos por la profesión que ejercen en la zona de tolerancia (donde trabajan como bailarinas)”, explica Castillón. Este último aspecto, agrega, fue uno de los temas centrales de la ayuda terapéutica que el Ceprovi proporcionó al grupo de las mujeres violadas.

A su vez, el obispo Raúl Vera advierte que la sociedad no puede permitir que la injusticia quede impune, pues ello “autorizaría a que otras mujeres sean violentadas”. Y agrega: “Nuestras hermanas nos están enseñando un camino para trabajar por la justicia”.



Amenazas



A raíz de sus críticas al proceso judicial por la violación de las 13 mujeres, el padre Vera López ha sido amenazado en varias ocasiones. En su homilía del 11 de marzo pasado, el prelado mencionó que un vehículo lo había seguido mientras circulaba por el tramo carretero Cuatro Ciénegas-Monclova, justo después de pasar un retén del Ejército.

Según el Centro Fray Juan de Larios, las amenazas contra Vera López se iniciaron desde julio de 2006, poco después de que los soldados violaran a las 13 bailarinas, precisamente porque el obispo acudió a la zona de tolerancia de Castaños para acompañar a las víctimas. En los días posteriores, Vera denunció ante una agencia del Ministerio Público que recibió llamadas telefónicas intimidatorias: “Te sacaste el premio mayor”, decía uno de los mensajes.

Por los números telefónicos registrados en su celular, Vera López asegura que esas llamadas provenían de Guerrero. Tras la denuncia, el procurador de Coahuila, Jesús Torres Charles, corroboró los datos y se lo comunicó al prelado. Varios de los militares implicados en el juicio son originarios de aquel estado.

Así mismo, personal que labora en el obispado asegura que vio a hombres con vestimenta paramilitar introducirse a la casa de Vera López.

–¿Por qué no llaman a la policía? –pregunta el reportero a las mujeres del Centro Fray Juan de Larios.

–Cuando lo que ves son dos botas de soldado en la ventana, lo que menos quieres es que te oiga respirar… Y de denuncias, pues ya ves lo que ha pasado cuando las interpone el obispo Raúl. ¡Imagínate nosotras!

UFRAUDE SE SUELTA EL PELO, Y RECONOCE ALGUNAS DE LAS MARRANADAS DE LA ELECCIÓN, TAMBIÉN QUE SE AGACHA CON LA MAMA DE CHUCKY; aunque no dudo que esto sea parte de la chamba de "TIRELE AL BURRO PARADO", para limpiar al PELELE:


El activismo de Fox: Inoportuno, irresponsable, indeseable.
J. Jesús Esquivel y Jenaro Villamil

La percepción de la autonomía del Instituto Federal Electoral fue afectada por la “inoportuna” intervención del presidente Vicente Fox en los comicios de 2006, admite Luis Carlos Ugalde, presidente del organismo. Sin embargo, en entrevista con este semanario, defiende a toda costa la legalidad y el carácter “técnico” de la actuación del IFE. El camino para superar la crisis, dice, no es la remoción de los consejeros del instituto, sino contar con una nueva ley electoral.




El activismo de Vicente Fox durante la campaña de 2006 fue “irresponsable”, “indeseable”, “inoportuno” y generador de “tensión y contaminación en la contienda”, admite el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, a nueve meses de las elecciones presidenciales más conflictivas y con el margen de victoria mas estrecho en la historia de los comicios federales.

A pesar de todo ello, Ugalde señala que tanto los spots del mandatario como sus discursos e intervenciones “alegóricas” durante la campaña fueron legales, porque “la ley electoral en ninguna parte prohíbe que el presidente hable. No le prohíbe opinar”.

El mismo funcionario se pregunta y se responde: “¿Fue irresponsable? Sí, sí fue irresponsable. ¿Fue indeseable? Sí, sí fue indeseable. ¿Fue inoportuno? Sí, sí fue muy inoportuno”.

–¿Eso no era un motivo para anular las elecciones? –se le pregunta.

–De acuerdo con el Tribunal Electoral, hubo medidas del IFE que atemperaron la causal de nulidad, pero esa es una pregunta para los jueces –justifica.

–¿Realmente pudieron atemperar a Fox? –se le insiste.

–Así como estoy advirtiendo de situaciones nuevas y complejas que se presentaron durante 2006, también debo defender con toda contundencia lo que sí hizo el IFE y que nunca se había hecho: el acuerdo de neutralidad, la tregua navideña... fue la primera vez que se les prohibió a Ejecutivos estatales y al federal que se anunciaran.

–Pero, con todo y acuerdo de neutralidad, Fox hizo lo que quiso. Nadie lo pudo parar…

–El acuerdo de neutralidad no incluía referencias alegóricas, poéticas o simbólicas de los gobernantes. Imagínese que un acuerdo dijera algo así. Un acuerdo no podía contener referencias abstractas, no podíamos establecer situaciones ex ante, donde un personaje como Fox habla sobre cosas como el caballo y el jinete.

–O los renegados…

–O los renegados o la crisis económica. Si se comenta, si se sonríe, si se camina, se sanciona. Eso es imposible. Ir más allá de eso es entrar a un campo inaplicable.

El gesto de enojo y tensión es inevitable en Ugalde al abordar con Proceso el tema del expresidente Vicente Fox.

Durante la entrevista exclusiva, realizada en dos momentos y en dos lugares distintos: en Washington el 28 de marzo, y en la Ciudad de México el 4 de abril, el consejero presidente del IFE admite que el mensaje televisivo simultáneo que emitieron él y Fox la noche del 2 de julio de 2006 para anunciar la ausencia de un ganador claro, contribuyó a afectar la imagen de autonomía del IFE.

“Seguramente si el presidente de la República no hubiera aparecido, dado el escenario de empate, hubiera sido mejor para la percepción de la autonomía del IFE. Eso es muy diferente a decir que el presidente apareció porque había una comunicación previa. Eso es falso. En el mundo de las percepciones este tipo de apariciones no contribuyen a la sensación de pulcritud, pero es un asunto que estaba fuera del ámbito del IFE”, argumenta.

La molestia del consejero presidente del IFE es mayor cuando se le pide su opinión sobre la declaración que hizo Vicente Fox en febrero pasado en Washington, en la que admitió su intervencionismo en los comicios para evitar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Por el Bien de Todos.

“Me parece que es una expresión desafortunada que no contribuye al clima de discreción política que el país está viviendo”, responde Ugalde.



Se requiere una nueva ley



En relación con las dudas sobre la legitimidad y la equidad de la elección presidencial, a Ugalde se le mencionan varios acontecimientos y reuniones entre él y Fox que presuntamente tuvieron lugar el sábado 1 y el domingo 2 de julio.

“Es totalmente falso e incorrecto que haya habido una reunión con el presidente Vicente Fox el 1 de julio. Durante ese día, a partir de las nueve de la mañana y hasta cerca de las 11 de la noche, tuve actividades ininterrumpidas en el IFE. Hay diversos testigos que lo corroboran”, afirma. Y entrega a Proceso una copia de su agenda de aquel sábado, que incluyó dos reuniones logísticas sobre el conteo rápido y un ensayo general para su mensaje del 2 de julio por la noche.

El presidente del IFE admite algunas críticas, pero finalmente se deslinda de responsabilidad sobre sucesos como los spots del Consejo Coordinador Empresarial, las campañas negativas, la crispación electoral, el despilfarro de los partidos en publicidad televisiva y el rechazo del IFE a abrir todos los paquetes electorales. Todo eso, advierte, debe resolverse mediante una nueva ley electoral:

“Creo que se debe modificar el modelo que regula las campañas políticas en la vertiente de su financiamiento, de su duración, de la difusión de la propaganda electoral y en la vertiente del debate de las ideas. Es necesario acortar la duración, acotar el financiamiento.

“El modelo vigente de spoteo de 20 segundos, de mantenerse así, va a conducir a un deterioro más agudo de la democracia electoral mexicana y, entonces, lo que se tiene que hacer es introducir incentivos nuevos al sistema para que se haga obligatorio un mecanismo que mantenga el spoteo, pero también que existan franjas diarias de publicidad, administradas por el IFE”, indica.

Ugalde defiende la actuación del Consejo General del instituto: “Querer culpar al IFE de los modales, dichos y estrategias de los políticos, de sus irresponsabilidades, es trasladar a la autoridad algo que es responsabilidad de los políticos. Creo que estamos desbalanceando las cargas de la responsabilidad. El IFE hizo muchas cosas en cuanto a lo que le compete sobre el proceso electoral, pero que cada quien asuma su responsabilidad”.

–Sin embargo, la percepción de la pérdida de autonomía del IFE prevalece…

–¿Perdió autonomía o carece de instrumentos sancionatorios? ¿Perdió autonomía o en la ley no se establece con precisión qué hacer con el caso de los sindicatos y de los organismos empresariales? ¿Perdió autonomía o los políticos mexicanos siguen actuando de manera irresponsable? –pregunta a su vez, a la defensiva.

–¿Usted qué cree?

–Creo que la reflexión fundamental es que la ley electoral de 1996 tenía como propósito fundamental evitar el fraude. Eso lo logró, pero no previó fenómenos nuevos, como son las condiciones de la competencia, las precampañas, el acceso a los medios de comunicación, la intervención de terceros y de particulares, la participación de funcionarios públicos...

Luis Carlos Ugalde tiene además dos propuestas para evitar que en comicios futuros se contamine el proceso electoral y para contener a los gobernantes que pretendan inclinar la balanza en cualquier sentido: “Prohibir que el gobierno federal y estatal anuncien su obra pública durante períodos electorales, de manera absoluta; prohibir que la imagen del titular de un órgano de gobierno aparezca vinculada a la publicidad oficial porque genera distorsión, provoca un gasto excesivo y abre un espacio para la promoción política y de las precampañas al amparo de la publicidad oficial”.



La crisis poselectoral



En vista de la división política que persiste hasta hoy, y que derivó de la crispación durante las campañas, se le pregunta al consejero presidente del IFE:

–¿La responsabilidad fundamental está entonces en los actores políticos?

–Ahí y en el reglamento. Es una combinación de factores: una ley que no da respuestas claras a fenómenos inéditos, la responsabilidad de los actores políticos y el margen tan estrecho de diferencia entre el primero y el segundo lugar. La estrechez del margen explica en buena parte la crisis poselectoral. Sucedió en Taiwán, en Costa Rica, en Estados Unidos y en Italia. Los márgenes estrechos dan lugar a conflictos poselectorales, no es que sean resultado de irregularidades. No. Los márgenes estrechos dan incentivos a los jugadores para revertir el resultado mediante recursos legales.

–¿No es conveniente, entonces, la segunda vuelta electoral para evitar esta situación?

–La segunda vuelta tiene una ventaja, porque genera un ganador más contundente y evita un conflicto poselectoral –concede Ugalde–, pero no se debe incluir sólo para evitar conflictos poselectorales, sino reflexionar si contribuye a la gobernabilidad y a la estabilidad de un sistema. Creo que sí, la segunda vuelta es una manera de evitar conflictos poselectorales, pero también hay otras maneras.

Y entonces se remite al miércoles 5 de julio, el día del conteo en los 300 distritos electorales. Para el funcionario, esa fase se convirtió en “la segunda elección”, ya que el domingo 2 de julio no se obtuvo un ganador contundente.

–Frente a las circunstancias de crisis poselectoral, ¿no hubiera sido mejor abrir todos los paquetes electorales el 5 de julio?

–Una vez más: la autoridad actúa a partir de consideraciones de ley, no con consideraciones estratégicas o de prospectiva. La autoridad para abrir paquetes electorales está en los 300 distritos. Recuerdo que se nos solicitó que el IFE ordenara la apertura de todos los paquetes. La respuesta ahora y entonces fue que el IFE no tiene autoridad para ordenar la apertura de todos los paquetes. Esa es una decisión autónoma de los 300 consejos distritales.

–¿Entonces a qué se debió el comunicado interno del Consejo General a los 300 distritos para aclarar las condiciones para abrir paquetes?

–El comunicado sólo establecía cuáles eran las causales que ordenaban la apertura de los paquetes. Había un precedente muy importante, en el cual en elecciones locales se abrieron los paquetes sin causales claras: fue el caso de Tabasco, y eso fue causal de nulidad de la elección. En los cómputos distritales se abrieron un poco más de 3 mil paquetes, pero creo que en circunstancias futuras las causales se deben modificar para que existan más aperturas de paquetes, las partes queden satisfechas durante los cómputos distritales y no sea necesario esperar a que el Tribunal Electoral haga una revisión general y dé su punto de vista.

–Usted enfatiza que el IFE sólo toma decisiones legales y no a partir de consideraciones estratégicas. ¿No fue una decisión estratégica no haber dado a conocer en la noche del 2 de julio el resultado del conteo rápido?

–Fue una decisión técnica. Y aquí voy a compartir unas precisiones: el conteo rápido fue diseñado por los partidos políticos y un comité de científicos. Todos acordamos que si la diferencia caía en un margen de 0.6 % de diferencia, el IFE no daría a conocer los resultados. A mí lo que se me mandata es que debía leer el mensaje B, es decir: no hay manera de determinar al ganador de la elección presidencial. Es exactamente lo que hice a las 11 de la noche.

“Si el IFE hubiera dado a conocer los rangos de votación, habría generado un mal efecto. De los tres modelos que utilizó el comité de científicos (el vallesiano, el robusto y el clásico), en dos de ellos el rango o intervalo del candidato Felipe Calderón iban por arriba del candidato López Obrador. Perdón. Vuelvo a repetir esto: en los tres modelos, el intervalo del candidato Calderón estaba siempre por arriba del candidato López Obrador; sin embargo, no era conclusivo.

“¿Qué hubiera pasado si el presidente del IFE hubiera salido a decirles: están empatados, pero saben qué, los intervalos de Felipe Calderón están un poco arriba de López Obrador? ¿Habría eso generado tranquilidad, moderación entre los candidatos, o habríamos estado en una peor situación de la que tuvimos esa noche? Yo no creo que haya sido un error porque fue un mandato y porque estaban estadísticamente empatados.”

–¿Qué sucedió con la llamada telefónica que le hizo Vicente Fox a usted a las 11:40 de la noche, después del mensaje de ambos?

–Fox manifestó preocupación porque la falta de un ganador claro podría generar consecuencias negativas para el país, lo cual indica que en Los Pinos había preocupación por que leyera el escenario B. En la noche del 2 de julio, la falta de un ganador claro generó incertidumbre, molestia, críticas a la autoridad electoral, pero creo que la autoridad actuó con base en lo que acordó con los partidos políticos.

Sin embargo, otra consecuencia de las dudas sobre la actuación del IFE se tradujo en la propuesta de senadores del PRD y del PRI para que los actuales integrantes del Consejo General sean sustituidos. Ugalde reitera su posición:

–Desconozco las motivaciones de los políticos, pero defiendo la legalidad con la que se organizó la elección de 2006, que el 2 de julio se actuó conforme a lo que se estableció con el comité de científicos. Si los empates y la falta de un ganador contundente generan críticas, eso no es un asunto que le corresponde al IFE evaluar. La autoridad toma decisiones con base en la ley y en los acuerdos. Y eso es lo que hicimos.

“Los consejeros electorales –continúa– tenemos un mandato constitucional que es inamovible por una razón de independencia del IFE. Los consejeros electorales no actuamos con base en negociaciones políticas de los partidos ni con base en propuestas de intelectuales o académicos.”

Tras descartar que exista una polarización entre los nueve consejeros del IFE y enfatizar que han tomado por unanimidad más de 90% de sus decisiones, Luis Carlos Ugalde vuelve al tema de la remoción de los consejeros cuando se le plantea:

–A Proceso le han relatado que antes de que Felipe Calderón asumiera la Presidencia de la República, usted sostuvo un encuentro con Jorge Alcocer, enviado de Calderón, quien le planteó la necesidad de que los nueve consejeros dejaran el cargo. ¿Así fue?

–Con Jorge Alcocer he platicado muchas veces en mi vida. Es mi amigo. Es una persona que conoce como pocos la materia electoral, con quien he tenido conversaciones e intercambios. No recuerdo si hablamos del tema, pero no es una consideración relevante.

–¿Ha hablado usted con Calderón sobre la renovación del Consejo General del IFE? –se le insiste.

–No, yo no he hablado con nadie (de eso), con ningún partido, ningún político y ningún académico he hablado de que los consejeros tomen en consideración factores políticos o negociaciones políticas. Si los consejeros iniciáramos en esa ruta, entonces mañana, en la fiscalización de las campañas, podríamos tomar en consideración negociaciones políticas de los partidos.



El negocio político y el publicitario



Al calor de la reforma electoral y la solicitud de algunas agrupaciones políticas de constituirse en partidos para 2009, Ugalde subraya que “las reglas actuales para formar un nuevo partido político no necesariamente están generando los partidos representativos que México necesita”.

–¿Le conviene a la democracia mexicana tener más partidos?

–Creo que nuestro sistema es fundamentalmente tripartidista, aunque existan cinco o seis partidos pequeños. Me parece importante enriquecer el sistema, pero tenemos que tener en cuenta que sean partidos representativos, transparentes, honestos y que respondan al público. La gran crítica en los últimos años ha sido que en algunas situaciones estos partidos pequeños son negocio, que algunos sobreviven por formar coaliciones y que no necesariamente enriquecen el debate plural.

–¿Cómo evitar que algunos partidos políticos pequeños se conviertan en un negocio?

–Si la gran crítica social ha sido en ocasiones que el propósito es el dinero más que la representación, entonces invirtamos los incentivos: en lugar de darles dinero una vez que fueron constituidos como partido, démosles el dinero una vez que obtienen la representación en el Congreso, de tal forma que abramos la puerta para que todos aquellos que quieran competir en elecciones lo puedan hacer, pero cerremos la puerta del dinero para que solamente aquellos que accedan al cargo obtengan los recursos.

La fiscalización del presupuesto de los partidos es uno de los elementos más controvertidos de una reforma electoral, admite Ugalde, y señala que el IFE ha recibido más de 700 quejas sobre irregularidades cometidas el año pasado, entre ellas la que se interpuso contra el PAN por violar la tregua navideña de 2005.

El consejero presidente del IFE adelanta que el resultado de la fiscalización del proceso electoral se dará a conocer el próximo 21 de mayo. Sin dar detalles, deja entrever que ese análisis deberá ser motivo de reflexión en la reforma electoral:

“Creo que a partir de ahí seguramente saldrá la necesidad de revisar el marco legal para discutir temas como el papel de las campañas negativas, su carácter o no democrático, la importancia de los medios electrónicos para definir la voluntad de los votantes, la importancia de prohibir o no la publicidad de la obra de gobierno durante procesos electorales y la magnitud de los recursos que se destinan a los medios y a los partidos.”

–¿Por qué Televisa no cumplió con el acuerdo de transparencia firmado con el IFE para dar a conocer todas las facturas que se pagaron durante la campaña electoral?

–Televisa ha entregado información parcial de un convenio voluntario que celebramos con la empresa. Y justamente en este momento la información que nos entregó Televisa, más la que están obligados los partidos a entregar, está siendo utilizada para poder cruzarla. Pero hay algo muy importante: la información voluntaria que entregó Televisa y otros medios electrónicos es secundaria frente a la información obligatoria de los partidos políticos, es decir, la fiscalización pasa por los reportes de los partidos, no por la información voluntaria que, siendo útil, no es la más relevante para la fiscalización de este año.

Desde su punto de vista, no debe prohibirse totalmente la compra de tiempo-aire por los partidos en medios electrónicos, sino aplicar otro modelo, que no consista sólo en el libre mercado de promocionales:

“Yo desearía campañas de más calidad, que no hubiera difamación o diatriba, pero en lugar de prohibir, es mejor obligar a que se realicen debates presidenciales, tener un debate de más calidad y menos mediatizado. ¿Por qué no pensar que haya franjas electorales gratuitas diarias, como se da en Brasil, además del espoteo?”

–Ahí se enfrentará el IFE a los intereses del mercado mediático. A ninguna de las dos compañías televisivas les interesa una franja gratuita electoral; lo que les interesa es el negocio de la crispación a través de los spots –se le comenta.

Ugalde guarda un largo silencio. Luego precisa: “Creo que los principales responsables de la calidad del debate son los partidos y los candidatos. Sería tanto como decirle que los semanarios, los periódicos o los canales de televisión son los responsables de que los candidatos se ofendan”.

–Sin embargo, es responsabilidad del IFE frenar la publicidad negativa en los medios electrónicos.

–En 2006 fue la primera vez que observamos un fenómeno sistemático de publicidad negativa, fundamentalmente por parte de las dos principales fuerzas políticas que quedaron en primero y segundo lugar. La definición de diatriba, calumnia y difamación que establece la ley electoral es muy ambigua, porque en la publicidad es muy difícil la línea divisoria entre difamación y veracidad.

“En 2006 corregimos 22 spots y lo que descubrimos es que es muy difícil que a través de estos medios sancionatorios se pueda evitar la publicidad negativa. Retirábamos un spot y luego salía otro a los tres días, con el mismo formato y con el mismo propósito. La experiencia de 2006 muestra que es profundamente difícil evitar la propaganda negativa, que es inoportuno porque el proceso de investigación y de descargo de pruebas entre las partes lleva varios días y los spots negativos por definición tienen un período corto de cuatro días.

“Eso nos debe llevar a la reflexión de qué es lo mejor: prohibirla o fomentar un mejor debate a través de franjas electorales gratuitas con cargo al Estado, con debates electorales y spots. Creo que eso es lo deseable.”

Finalmente, Ugalde se refiere a su relación con la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, considerada como uno de sus apoyos más fuertes para llegar a su cargo actual: “Hay un mito sobre la influencia de Elba Esther en el IFE”.

Añade: “Creo que es necesario explicar y lo haré por primera vez porque creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa y desmontar ese mito: yo conocí a Elba Esther Gordillo en el año 2003, pocos meses antes de mi nombramiento como presidente del Consejo General del IFE. La conocí en casa de mi gran amiga María Elena Pérez Jaén, en una reunión que hizo con más de 20 personas, quizá por allá del mes de abril o mayo.

“Entre la fecha que la conocí y la fecha de mi nombramiento, probablemente haya conversado con ella en dos ocasiones, manifestándole mi interés de ser considerado candidato a ser consejero electoral del IFE, igual que lo hice con posibles diputados del PRD, del PAN, del Partido Verde y de Convergencia.

“Una vez que fui designado consejero presidente del IFE, tuve probablemente dos encuentros adicionales con ella y otras personas. Y desde hace más de dos años no he tenido comunicación, conversaciones, encuentros con Elba Esther Gordillo. Por lo tanto, esta idea de que hay una presencia desproporcionada, una influencia en las decisiones del IFE, es totalmente falsa”


UN PEQUEÑO RECUENTO:


Recuento de tropelías

Los consejeros electorales deberían ser sometidos a juicio político, sentencia el senador perredista Ricardo Monreal en el libro El fraude que no se vio. Crónicas de una soberanía usurpada, que será editado por el Senado de la República a finales de este mes. Con su autorización, se reproduce un capítulo.

La conformación del IFE para la elección del año 2006





El Consejo General del IFE que presidió José Woldenberg funcionó hasta la elección federal de 2003, cuando fue reemplazado por un nuevo Consejo. Sobre el procedimiento mencionaremos algunos hechos políticos relevantes.

Si bien es cierto que el Consejo General del IFE en 1996 se integró en forma equilibrada entre las principales fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, este proceso se desechó para el año 2003, donde dos de las fuerzas políticas se repartieron los espacios del Consejo General: cinco consejeros para el PRI y cuatro consejeros para el PAN, en su composición original.

Este nuevo Consejo General fue encabezado por Luis Carlos Ugalde, según se dice como regalo de bodas de la entonces secretaria general del PRI, además de coordinadora de los diputados federales de ese partido.

El problema para la democracia mexicana no fue que se formara un escenario bipolar, que de una u otra forma hubiese creado un cierto equilibrio en la contienda presidencial. La gravedad del asunto radica en que, por razones internas, se enfrentaron los dirigentes del PRI: por un lado, Roberto Madrazo, presidente de su partido, cuando fue designado candidato a la Presidencia de México; por el otro, la secretaria general del PRI y dirigente nacional del magisterio, Elba Esther Gordillo, que aspiraba a la presidencia del PRI y que fue aliada política del presidente Vicente Fox en el impulso a diversas iniciativas de reforma.

El problema para la elección presidencial de 2006 radicó en que fue la maestra Gordillo quien, según diversos testimonios,1 integró las listas definitivas de consejeros electorales “ciudadanos”, con el consiguiente compromiso político y conflicto de intereses. De esta forma, Elba Esther Gordillo y Vicente Fox formaron una alianza, no formal pero sí material, con la que el PAN terminó controlando el Consejo General del Instituto Federal Electoral.2

No debemos olvidar que la negociación para renovar el Consejo General del IFE la llevaron a cabo dos distinguidos panistas, Juan Molinar y Germán Martínez, quienes negociaron directamente con Elba Esther Gordillo, de forma que sin ningún recato votaron por planillas a los consejeros, en lugar de hacerlo “sucesivamente”, o sea uno por uno, como lo ordena la Constitución.3 De esta forma, puede considerarse que el actual Consejo General del IFE nació al margen de la Carta Magna.

En el Capítulo III describimos cómo el Consejo General impactó a todo el Instituto Federal Electoral y se transformó en un verdadero factor político de decisión, que terminó controlando las estructuras de los Consejos y las Juntas, locales y distritales, aun cuando existan equilibrios en la composición del Consejo. Imaginémonos cuál pudo haber sido el comportamiento de un Consejo General controlado por un solo partido que, además, es el partido del Presidente de la República.

En este Consejo ya no hubo equilibrios ni contrapesos. Por ejemplo, se contrató a la empresa del cuñado de Felipe Calderón, en ese entonces reconocido aspirante del PAN a la Presidencia de la República, para realizar trabajos de ingeniería en los sistemas de recepción del sufragio popular, y se estableció un sistema estadístico de encuestas de salida, cuya seguridad, según el Consejo, era absoluta, pero que finalmente no sirvió sino para tender una larga sombra de duda sobre el Programa de Resultados Electorales (PREP), que era la fuente principal de confianza en los resultados electorales.



El Consejo General del IFE, al margen de la ley



El Instituto Federal Electoral y su Consejo General se rigen por cinco principios rectores, que son:



Certeza

Legalidad

Independencia

Imparcialidad

Objetividad



El Consejo General implementó un mecanismo para presentar un sistema de encuestas de salida paralelo al PREP.

Por principio de cuentas, el IFE, como autoridad constituida, sólo puede hacer aquello que la Constitución o la ley expresamente le autorice, y nosotros no encontramos ninguna norma que autorice una desmesura como la famosa encuesta en comento, que bien pudo provocar problemas mayores en tanto que fue anunciada con bombo y platillo y finalmente no se pudo dar un resultado objetivo como el prometido. El resultado fue contraproducente: proyectar la impresión de que existieron actos irregulares.

La acción de actuar al margen de la ley y fuera de un mandato concreto legal violentó directamente el artículo 124 de la Constitución y vulneró los principios de certeza, legalidad y objetividad, por lo que los consejeros electorales, en un régimen de derecho, deberían ser sometidos a juicio político por violaciones directas a la Constitución.

De esta forma, la actuación de un Consejo General que empezó en tela de duda, terminó confirmando su integración parcial y partidizada. La actuación del IFE en el proceso electoral de 2006 ha sido cuestionada desde diversos ángulos. Están los dictámenes del TEPJF, donde lo apercibe por no usar plenamente sus facultades y atribuciones legales; la actuación omisa frente a la intervención del Ejecutivo federal en el proceso electoral; la permisividad en relación a las campañas negativas y de ataques, expresamente prohibidas por la legislación electoral; en suma, la baja calidad del proceso electoral, evidenciada en el fallo mismo del TEPJF, puede considerarse como un resultado directo de la fallida actuación del Consejo General del IFE.

Las precampañas, campañas y elecciones de 2006



Como pudimos narrar en el Capítulo III, los consejeros del PAN sacaron de la doctrina el concepto “precampañas” y lo incluyeron dentro del parámetro de opciones de calificación del Instituto Federal Electoral, dando al traste con una tradición de muchos años y creando un esquema de impunidad para quienes rompen las leyes del juego electoral.

No queremos dar la impresión de ser remisos al cambio; por el contrario, estamos denunciando cómo, con el pretexto del cambio democrático, se han formado verdaderos cotos de impunidad y abuso.

Después de la elección de 2000, todos los políticos capitalizaron bien las señales: se puede salir antes del día que autoriza la ley, ya que las sanciones a que nos pudiéramos hacer acreedores son mínimas; más aún, cuanto mayor sea el tiempo de anticipación mayor es la posibilidad de impunidad, bajo el argumento de que las precampañas no están reguladas.

Sin embargo, debemos distinguir: una cosa es que una persona se encuentre en campaña para obtener una candidatura o votos para una elección, y otra muy distinta es que se mencione que esa persona está en campaña por el simple hecho de que las personas lo perciban como candidato.

El caso de Vicente Fox se encuentra claramente ubicado dentro del primer supuesto, ya que cuando era gobernador realizó todo tipo de actos de campaña rumbo a la Presidencia de la República.

Otro escenario muy distinto es aquel donde los enemigos de alguien lo destapan y lo presentan como candidato, para que después lo puedan señalar, exhibir y golpear impunemente.

De esta forma, nos encontramos ante un verdadero enigma para quienes no estudiaron la cuestión objetivamente, puesto que es sorprendente cómo una persona puede ser mencionada con tanta frecuencia por los medios y la ciudadanía como candidato, en tanto él no ha dicho sí a quienes lo postulan.

Lo expuesto nos lleva a la necesidad de distinguir dos tipos de candidaturas: las formales, que son aquellas que se realizan ante los órganos electorales competentes, y las materiales, que a su vez las podemos dividir en dos: las candidaturas materiales aceptadas, que generalmente se promueven a partir de la voluntad del candidato, o las candidaturas materiales involuntarias, que son aquellas que se realizan a partir de que un sector de los medios o de los ciudadanos comienza a mencionar a una persona como candidato; incluso, en contra de su conveniencia.

Con lo expuesto, queremos señalar que existe un conjunto de intereses que generalmente escuda un juego de intenciones no confesadas públicamente, y que se pueden usar de diversas formas, no siempre favorables al candidato involuntario.

El problema del ejemplo que dejó Fox en su campaña de seis años para la Presidencia de la República no es sólo lo pernicioso de mostrar al mundo que todo se vale en nuestro país si se alcanza el poder, sino que se piense que una misma situación irregular se puede repetir impunemente sin que se den circunstancias similares.

De esta forma, el acceso al poder presidencial de Vicente Fox debe estudiarse en el contexto que presentamos a lo largo del análisis de las condiciones que hicieron factibles su triunfo electoral, como fueron las presiones estadunidenses a favor de la alternancia presidencial, un golpe de Estado incruento o técnico en la Corte y un cansancio social de la impunidad emanada del poder político.

Esas candidaturas involuntarias se dan a lo largo de la historia de nuestro país, en medio del famoso “tapadismo” que caracterizó al sistema de partido hegemónico, y sobreviven al ascenso del PAN como una fórmula que se utiliza para golpear a los enemigos políticos con mucha anticipación, pues la concatenación de factores que hicieron posible el triunfo de Fox difícilmente volverá a presentarse en nuestra historia.

De esta forma, se puede percibir un juego de política sucia que beneficia a quien tiene el control directo de los medios de comunicación masiva.

Sería importante reflexionar sobre si la reciente elección presidencial no fue un ensayo de estas posturas, donde se precipitaron con mucha antelación algunas candidaturas y se desgastó a los aspirantes involuntarios, en tanto que los últimos en ser mencionados llegaron sin desgaste a la contienda. l



1 Ver las revelaciones de Noé Rivera Domínguez, creador de la Organización Nacional de Observadores Electorales del Magisterio y excolaborador de la profesora Elba Esther Gordillo, a la revista Proceso, números 1552 y 1554, donde además se formulan graves denuncias sobre la forma de operar del IFE para favorecer el registro del Partido Nueva Alianza, para beneficiar al candidato presidencial del PAN y para acreditar a maestros del SNTE como representantes electorales en diversos distritos donde Felipe Calderón registró altas tasas de votación



Y SOBRE LA PETICIÓN DE PROCESO DE TENER ACCESO A LAS BOLETAS ELECTORALES.


Acceso a las boletas electorales
IFAI: la opinión que falta
Daniel Lizárraga

El Instituto Federal Electoral ha rechazado en dos ocasiones la solicitud de Proceso para obtener copia de las boletas que se utilizaron en la pasada elección presidencial. Según el IFE, eso podría vulnerar la seguridad del Estado. Pero en vista de los exagerados argumentos y del interés público que tiene esa información, este semanario propuso al Tribunal Electoral –última instancia en México para esta solicitud– que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública dé su punto de vista sobre el caso.




En alrededor de dos semanas más, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidirá si las boletas utilizadas en las elecciones del pasado 2 de julio pueden ser consultadas por Proceso antes de su inminente destrucción.

Hasta el momento no se vislumbra una tendencia clara sobre el sentido del fallo. Los siete magistrados han sostenido largas discusiones respecto de la manera en que puede abordarse este inusitado asunto. Como sea, pretenden desahogarlo en el corto plazo.

El viernes 19 de enero pasado, el TEPJF aceptó abrir un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Proceso y mediante el cual este semanario pretende tener acceso únicamente a las boletas utilizadas en la elección presidencial, con el fin de emprender una investigación periodística que incluye, entre otras tareas, un recuento ciudadano de los votos.

El proyecto de sentencia fue asignado originalmente al presidente del tribunal, Flavio Galván Rivera. En otras circunstancias, este jurista debió preparar el expediente con su equipo de trabajo y someterlo a la consideración de sus seis compañeros de la Sala Superior. Pero debido a la complejidad y la importancia del caso, los siete magistrados se involucraron desde el principio en la solución del recurso judicial interpuesto por este semanario.



Ugalde: Criterios diferentes



En entrevista con el corresponsal Jesús Esquivel, el 28 de marzo en Washington, el presidente consejero del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, manifestó su desacuerdo en que un medio de comunicación como este semanario tenga acceso a las boletas electorales para efectuar un recuento de los votos emitidos en la elección presidencial del 2 de julio de 2006.

Su argumento: “Afortunadamente en México hay una instancia de revisión, que es el Tribunal Electoral, y además la revista Proceso ha interpuesto un amparo que ha llegado a la Suprema Corte de Justicia; es decir, que el derecho ciudadano se mantiene permanente hasta que no haya un órgano jurisdiccional que defina. Y qué bueno que así sea porque quiero decir que ante situaciones de duda es importante que un juez decida, y creo que aquí el criterio del IFE puede ser diferente al criterio de la ciudadanía; por eso la autoridad resolverá”.

Ugalde afirmó que ante el IFE se presentaron 800 solicitudes de revisión de las boletas, una de las cuales, dijo, “es la de Proceso, y quizá por su visibilidad la de mayor relevancia, pero no por ello la única; se contestó a todas exactamente lo mismo, y lo que se contestó fue que, de acuerdo con la ley electoral y con la Ley de Transparencia, y esa es una interpretación del IFE, la información pública disponible es aquella sentada en las actas de votación”.

Y puntualizó: “Si el tribunal o la corte, si el tribunal nos ordena dar las boletas, las daremos”.

El 8 de agosto pasado, Proceso tramitó un paquete de solicitudes de acceso a la información ante el IFE. En dos de ellas se requirió la apertura de los sobres con los votos emitidos para elegir presidente de la República, con el fin de emprender una investigación académica y periodística.

En dos ocasiones el IFE rechazó esta posibilidad. Primero, mediante su Comité de Información, el instituto concluyó que las boletas no son documentos públicos susceptibles de ser consultados por los ciudadanos, periodistas o medios de comunicación. Según su dictamen, se trata de la expresión política de los ciudadanos transformada en votos y que por ello debe permanecer bajo resguardo.

Posteriormente, la Comisión del Consejo para la Transparencia y el Acceso a la Información del propio IFE reiteró que las boletas electorales no son documentos públicos.

Pero eso no fue todo. En esa rotunda negativa para abrir los paquetes electorales, el instituto afirmó que están de por medio razones de Estado.

En el expediente de 93 páginas, advirtió que facilitar la entrada a sus bodegas equivaldría a exponer la seguridad nacional, a vulnerar el orden constitucional y a poner en riesgo la integración del gobierno.

Y en la última parte de su resolución –tomada por mayoría de votos– destacó que aceptar la solicitud de acceso a la información de Proceso afectaría gravemente las funciones del Estado. Dice el expediente:

“En el caso de los supuestos de reserva (respecto a los archivos en poder del Gobierno Federal), no basta con que se actualice el contenido de la información por referirse a una de las materias reservadas, sino que es necesario, además, que exista un elemento del daño que permita afirmar que su divulgación podría afectar gravemente una de las funciones del Estado, cuestión que acontece en el presente asunto.”

La Comisión de Transparencia también arguyó que si se permite el acceso a la documentación referida, podrían vulnerarse “los principios rectores de la función electoral”.

La Comisión del Consejo para la Transparencia –segunda instancia en atender las solicitudes– agregó que aceptar un nuevo conteo de votos echaría abajo el sistema político:

“No sólo se vulneraría el interés o la legitimación de las instituciones designadas por nuestra Carta Magna para la celebración de un proceso electoral, sino a la Constitución en sí misma, al pacto federal rector de la actividad estatal de nuestro país, tutor de la integración de los poderes de la unión y protector al mismo tiempo de los derechos ciudadanos mexicanos, así como de sus expectativas frente al Estado.”



Los pretextos



A la petición que Proceso formuló junto con un grupo de académicos e investigadores, se sumaron varias universidades privadas y públicas, así como alrededor de 200 organizaciones civiles y 8 mil lectores del semanario.

Los integrantes de la Comisión de Transparencia del IFE consideraron que el derecho de acceso a la información tiene límites, y entre ellos está el de “garantizar el orden público, el interés social, así como las funciones primordiales del Estado mexicano, entre ellas la seguridad nacional”.

Y explicaron que hay posibilidades de restringir la libertad de expresión o de información cuando el ejercicio de este derecho atente contra valores públicos de gran importancia para la colectividad, entre ellos todos los proyectos para la integración del gobierno.

Ante tal respuesta, Proceso solicitó la intervención del TEPJF. La única vía posible era el “juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, diseñado por los magistrados salientes del tribunal, que se renovó en octubre de 2006. De hecho Arturo Zárate, periodista de El Universal, consiguió por esa vía saber a cuánto asciende el sueldo de los dirigentes partidistas.

Independientemente del recuento de los votos, este semanario decidió recurrir a la última instancia posible en México, toda vez que está de por medio el derecho de los medios de comunicación y de los reporteros de tener acceso a la información en poder del Estado. En este caso, se trata del contenido de las boletas electorales que todavía están bajo la custodia del IFE.

En el texto de la solicitud inicial –presentada ante el Tribunal Electoral bajo la firma de este reportero– se expusieron, entre otros, los siguientes argumentos:

El rechazo a esta solicitud de información afectó mis derechos políticos. El resultado de la elección presidencial del pasado 2 de julio me generó dudas sobre la forma en que el Instituto Federal Electoral manejó mi voto.

En este sentido, al no permitirme el acceso a las boletas se afectaron mis derechos políticos. Por otro lado, en el desempeño de mi profesión como reportero, en la revista Proceso, intento desarrollar una investigación periodística sobre la elección presidencial del pasado 2 de julio y, en esta lógica, resulta indispensable para ese fin acceder a las boletas utilizadas durante esa jornada.

El 19 de enero pasado, el TEPJF aceptó iniciar el juicio; éste se turnó al magistrado presidente Flavio Galván. Ya en el desahogo de las pruebas, Proceso acudió ante los magistrados para solicitar que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) emita una opinión sobre este caso: el pasado 16 de marzo, mediante un escrito enviado al magistrado Flavio Galván, se consideró que la intervención de los comisionados del IFAI sería importante para valorar los argumentos del IFE, en específico los relativos a las razones de Estado.

El tribunal aún no toma una decisión al respecto.



EL PELELE ¿CUMPLE O NO CUMPLE? PREGUNTEN A AZCARRAGA:

Portazo a la tercera cadena
Jenaro Villamil

Nada detiene a Emilio Azcárraga Jean en su afán por dominar las telecomunicaciones en México y sacar todas las ventajas de la Ley Televisa, que recientemente cumplió un año de haber sido aprobada. Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue retrasando su fallo respecto de esta ley, impugnada por concesionarios, académicos y legisladores. El llamado es apremiante: la Corte debe frenarla antes de que el proceso de concentración monopólica sea irreversible.





Al cumplirse el 30 de marzo pasado un año de la aprobación de la Ley Televisa, los peores presagios de sus detractores se confirmaron: la concentración es creciente en un sector cuyas ventas son cercanas a 50 mil millones de dólares y el crecimiento anual de 18%; Televisa se expande hacia el área de las apuestas vía internet y avanza en el control de la televisión por cable; hay diferencias y descoordinación entre los dos organismos reguladores –la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes–, y organismos reguladores de comercio y telecomunicaciones de Estados Unidos se pronuncian contra el régimen monopólico de la televisión mexicana.

Así mismo, en los últimos 12 meses se ha desatado una guerra entre el dueño del conglomerado televisivo, Emilio Azcárraga Jean, y el del Grupo Carso, Carlos Slim, y se excluye a nuevos competidores mediante un régimen legal calificado como “discriminatorio”. El nombre del juego, según los conocedores de la pugna entre los dos grandes consorcios, es el cambio de título de concesión de Telmex, que le permitirá entrar de lleno a difundir contenidos vía televisiva.

Así, el espectro se ha cerrado a las opciones. El pasado 29 de marzo, el titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Héctor Osuna, anunció que en septiembre y octubre de este año se licitarán concesiones de radio y televisión, pero sólo de cobertura local y regional.

De aplicarse esta medida, se cancelará definitivamente la conformación de una “tercera cadena” nacional de televisión, lo que beneficia a Televisa y a TV Azteca, empresas que en enero pasado lanzaron una campaña para impedir que se constituyera una competidora más.

El comisionado Eduardo Ruiz Vega llegó a decir en una conferencia en Orlando, Florida, que la Cofetel descarta la opción de “empaquetar” concesiones para ofrecer cobertura nacional. Adelantó que entre julio y agosto de este año se licitará la banda de 3.4-3.7 gigahertz, que le permitirá a las compañías telefónicas fijas o móviles promover servicios de internet de banda ancha.

En previsión de estos cambios, las dos compañías telefónicas de Ricardo Salinas Pliego –Iusacell y Unefon– se fusionan con miras a dar servicios de telefonía inalámbrica y de transmisión simultánea de datos en internet, imagen y voz, lo que se conoce como triple play. Con esta fusión, el dueño de TV Azteca controlará 7% del mercado de telefonía celular con 3.4 millones de suscriptores. Salinas Pliego reforzó su vínculo con Carlos Slim, ya que recientemente a través de Inbursa el dueño de Grupo Carso le hizo un préstamo de mil millones de dólares a la televisora del Ajusco.

Grupo Carso, consorcio que controla 90% de telefonía fija a través de Telmex y 85% de la telefonía celular mediante Telcel, recibió el 23 de marzo otro espaldarazo de la Cofetel: el pleno del organismo determinó que la compañía de Carlos Slim no deberá pagar ninguna contraprestación para modificar su título de concesión y transmitir su señal de televisión restringida.

Por ello, en estos días comenzará a operar Carso Media, el canal de salida de los contenidos a través de T1, el portal de Prodigy. Telmex negocia ya con Televisa, y sobre todo con TV Azteca, la transmisión de programas deportivos, telenovelas y espectáculos.

El consorcio de Slim, que posee seis compañías de televisión por cable en varios países de América Latina, en especial las colombianas Cablecentro y Satelcaribe, reforzó ya sus contactos con otros competidores de Televisa –Televisión Azteca, Multivisión y General Electric, principalmente– y se apresta a adquirir un porcentaje de acciones del Grupo Prisa, el consorcio español editor del diario El País y hasta ahora socio de Televisa en W Radio. Slim incursionó también en Italia donde, asociado con AT&T, América Móvil y Telmex, intenta controlar Telecom Italia.

A su vez, Televisa cobra más fuerza en la televisión por cable en el país, sector clave para la competencia del triple play. A través de Cablevisión controla 65% del sector y prevé comprar acciones en Multimedios, Cablemás y Megacable, con lo cual controlaría más de 85% del mercado.

Freno a Televisa en Estados Unidos



A diferencia de Grupo Carso, Televisa no ha podido posicionarse en otros países, especialmente en Estados Unidos, el principal mercado incluido en su proyecto de expansión.

Luego de fracasar en su intento por adquirir Univisión, la cuarta cadena en importancia en Estados Unidos, Emilio Azcárraga Jean confirmó el 29 de marzo la venta de 11% de su participación accionaria en esta empresa. Su valor: mil 94 millones de dólares.

El veto a Televisa provino no sólo de su exsocio, Joe Perencchio, quien optó por vender Univisión en más de 12 mil millones de dólares al magnate Haim Saban, sino de la propia Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés), que arguyó que, por “razones de Estado”, era inconveniente que el consorcio mexicano tuviera el control de la televisión de habla hispana que acapara más de 60% de la audiencia latina residente en territorio estadunidense.

De manera simultánea, la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) consideró que los intereses del duopolio televisivo en México constituyen una “barrera para el comercio exterior”. El informe de la USTR destaca que medirá el incremento de poder de la Cofetel para saber si garantizará una mayor competencia en el sector.

Explícitamente, la autoridad comercial estadunidense considera que Televisa y TV Azteca “continúan ejerciendo influencia sobre la legislación, la política y los cuerpos reguladores para impedir la competencia. La Ley de Radio y Televisión aprobada en marzo de 2006 (conocida como Ley Televisa) ha sido criticada por restaurar los intereses de los jugadores dominantes en la industria e imponer desventajas permanentes a nuevos competidores”.

En clara referencia al veto de las televisoras a la existencia de una “tercera cadena”, encabezada por Telemundo, propiedad de General Electric, la USTR reprocha en su reporte que el duopolio haya bloqueado el ingreso de una compañía televisiva estadunidense a México.



El espaldarazo de la Corte



El plan de negocios de la Ley Televisa le ha funcionado a la empresa de Azcárraga Jean. El 23 de enero pasado, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que son constitucionales los 130 permisos para operar centros de apuestas y salas de sorteos que les entregó Santiago Creel en mayo de 2005, pocos días antes de dejar la Secretaría de Gobernación.

Según la firma estadunidense Bear Stearns, Televisa proyecta obtener ingresos por 198 millones de dólares en el negocio de juegos de lotería, que representará 5.1% de las ventas del consorcio. Incluso la empresa de Azcárraga Jean proyecta abrir 10 centros de apuestas y lotería, y no descarta la posibilidad de promover este sistema vía televisión restringida e internet.

Además, hasta ahora la SCJN no ha respondido al recurso de anticonstitucionalidad contra la Ley Televisa interpuesto por 48 senadores hace 11 meses. Los promoventes aseguran que esta situación ha creado incertidumbre en el sector de telecomunicaciones y son cada vez más los grupos económicos, académicos y políticos que urgen a la Corte para que atienda la queja antes de que el proceso de concentración monopólica sea irreversible.

El ministro ponente, Sergio Aguirre Anguiano, ha cerrado las puertas a quienes denuncian las violaciones constitucionales de la Ley Televisa; además, el consorcio cabildea dentro de la Suprema Corte, donde busca acreditar la figura de los “derechos adquiridos” sobre el uso del espectro radioeléctrico, según confirmaron distintas fuentes internas del máximo tribunal consultadas por este reportero.

Joaquín Vargas, dueño de Multivisión, es el principal concesionario televisivo que pidió a la Suprema Corte emitir urgentemente su fallo. El 20 de marzo pasado, durante un acto organizado por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), el empresario aseguró que todo el sector se encuentra “parado” por la incertidumbre jurídica. Indicó que el artículo clave es el 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que le permite a los concesionarios de televisión quedarse con el espectro sobrante.

“Están paralizadas las relaciones entre la SCT y Cofetel y, por ende, todos los trámites y sectores de una industria dinámica que no tolera este tipo de obstáculos o de burocracia. Es urgente que la Corte defina si son procedentes las reformas”, subrayó Joaquín Vargas.

Y Manuel Bartlett, quien como senador impulsó la acción de anticonstitucionalidad junto con Javier Corral en la legislatura anterior, afirma que es “falso” que los promotores de la acción de anticonstitucionalidad ya no tengan ninguna representación, al cumplirse un año de que dejaran el Senado.

Bartlett también exhortó a la Suprema Corte a resolver la acción de anticonstitucionalidad. “Es de tal prioridad que dejar a la Cofetel actuar es la posibilidad de tomar decisiones irreversibles. Por eso es muy delicado que se hayan tardado”, subraya.

“De lo que percibo de las pláticas con los ministros, existen quienes comprenden los efectos de esa ley en contra de la sociedad mexicana. Sin embargo, existen otros que no han querido recibirnos”, asegura el exsenador.

Al tomar posesión como nuevo presidente de la Suprema Corte, el pasado 2 de enero, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia mencionó que la acción de anticonstitucionalidad contra la Ley Televisa es uno de los 10 principales asuntos a resolver por el máximo tribunal, pero hasta ahora no existe anteproyecto de resolución y los ministros han mantenido un absoluto hermetismo.

Desde que se aprobó la Ley Televisa, compañías productoras como Disney Channel se han visto afectadas en su sistema de televisión restringida por los vetos de la empresa de Azcárraga Jean, que no sólo se entromete en el diseño de la programación, sino que fomenta la mercantilización de los espacios de la pantalla. Además, ha asfixiado económicamente a las radiodifusoras públicas y a las estaciones de radio independientes y comunitarias.

Desde la discusión de las reformas al sector de telecomunicaciones durante 2006 se congeló el proyecto de licitar 260 estaciones de radio en la banda de frecuencia modulada en 134 ciudades del país.

Además, durante los primeros 100 días del gobierno de Felipe Calderón tampoco se cumplieron las promesas del panista para el sector de telecomunicaciones: no se hizo la licitación para crear una “tercera cadena” de televisión abierta; tampoco se definió el estándar ni los apoyos para la digitalización de las estaciones de radio, ni se cumplieron cabalmente las condiciones de interconexión, portabilidad numérica y plena convergencia tecnológica en la telefonía.



LOS MAGISTRADOS DEL TRIFE, EL DISPENDIO Y LA OPACIDAD, ¿SEGUIRAN CON LA MISMA TARIFA PARA EL FRAUDE?


Opacidad electoral
Ernesto Villanueva

Los nuevos integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dan muestras de regresión en la apertura informativa y de dispendio con cargo al erario mediante decisiones que no son precisamente valores de un Estado democrático de derecho. Veamos.




Primero. El parque vehicular del tribunal es, en principio, uno de los más costosos si se compara con el de otras instituciones del Estado. Mientras dependencias, entidades, órganos autónomos y poderes públicos recurren a la compra de autos compactos, el TEPJF prefiere Honda o similares, que suponen una mayor carga al presupuesto público. Hay para ejemplificar con un caso escandaloso. Se trata de la compra de una camioneta Mercedes Benz Sprinter que, de acuerdo con los registros del propio tribunal, fue adquirida por un precio de 977 mil 500 pesos en 2004. No sólo es una adquisición impropia de un sistema republicano y austero, sino que, además, ha tenido un mínimo uso, pues registra 6 mil 681 kilómetros promedio al año. La subutilización de ese vehículo de gran lujo no ha sido, empero, impedimento para que se destine a su mantenimiento la cantidad de 33 mil 563.35 pesos anuales, sin ningún rubor.

Segundo. Una pregunta básica inicial de todo sistema de acceso a la información pública consiste en requerir la agenda de actividades desglosada de los servidores públicos, lo cual se hizo repetidamente en 2003 para probar la eficacia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). Esa misma pregunta básica se formuló al tribunal y la respuesta fue negativa, ya que dio la información genérica que establecen la ley y el reglamento, pero negó los datos concretos sobre las citas con hora y personas con las que se reunieron los magistrados electorales federales. Fue, además, congruente con esa política de opacidad negar datos de los radios y sistemas de comunicación de los magistrados, con el argumento de que “las facturas de dichos servicios no se pueden proporcionar en virtud de que figuran en ellas datos personales como los números telefónicos de terceras personas”.

Se ejerce así una interpretación restrictiva que violenta el principio de máxima publicidad, previsto en el artículo 6 de la LFTAIPG, que a la letra dice: “En la interpretación de esta ley se deberá favorecer el principio de publicidad de la información en posesión de los sujetos obligados”. En estos casos, lo que corresponde es testar o tachar los datos personales y proporcionar la información restante. Se trata del mínimo minimorum que hasta la Secretaría de Gobernación, que no es propiamente la campeona de la transparencia, ha entregado bajo esta fórmula.

Tercero. Pero si uno había pensado que ahí se agotaba la opacidad, debe observarse que los magistrados electorales han ofrecido toda una tesis doctrinal sobre la función judicial traída al presente de la peor tradición del siglo XIX. Al requerirse a los magistrados copias de las facturas de sus comidas, la respuesta ofrecida no tiene desperdicio. Véase si no: “Se omite la exhibición de las facturas de alimentos en atención al criterio de reforzar la independencia de los magistrados en cuanto que, esa consideración, se hace valer por la necesidad que tienen los mismos de sostener encuentros de trabajo con integrantes del Poder Judicial de la Federación, con las autoridades electorales de los estados y el Distrito Federal, funcionarios de instituciones afines de otros países, así como también con motivo de actividades propias de los comités y comisiones en que participan; la revelación de los lugares donde los magistrados suelen tener reuniones de trabajo con alimentos, por razones de seguridad y para evitar situaciones que pudieran vulnerar su criterio respecto de su función, no es posible informarlo”.

Ahora resulta que la información amenaza la independencia judicial. O que saber dónde comió un magistrado puede poner en riesgo su seguridad. Es importante reiterar que la citada independencia no es causal de exclusión del principio de rendición de cuentas. Por el contrario, la rendición de cuentas fortalece la independencia de la función jurisdiccional. Es de preocupar que se confunda la actividad administrativa con el trabajo jurisdiccional. Más aún, conviene dejar claro que la independencia judicial es un medio para llegar al fin, la imparcialidad. Y en el secreto, esa imparcialidad se debilita y genera dudas sobre la integridad de los juzgadores.

Cuarto. El panorama no es alentador. Es de explorado derecho que el primer paso en el Poder Judicial es el acceso a la información de orden administrativo. El conocimiento del quehacer jurisdiccional supone un estadio de mayor desarrollo que en México está en curso. Y este dato no es menor. Como se sabe, la revista Proceso interpuso un recurso ante el TEPJF para tener acceso a las boletas electorales de la pasada elección presidencial. Si el Tribunal Electoral no cumple con lo menos, ¿cree alguien que podría cumplir con lo más? Habrá que ver en los próximos días en qué sentido resuelve esta inédita iniciativa de transparencia comicial. l

(evillanueva99@yahoo.com)