02 FEBRERO 08 BOLETIN VIVIENDA

BOLETIN 362, 02 FEBRERo 08 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Se integra denuncia penal por venta de cartera vencida del INFONAVIT,
informa Castillo Juárez

* Expresa que el INFONAVIT cedió 56 mil créditos, por muy bajo valor a
las empresas CAPMARK y a SCRAP II, quienes los revenden en mil por ciento
más del precio adquirido

* Señaló que se denunció la pretensión de la dependencia federal de
eliminar los archivos de esta operación financiera en noviembre del año
pasado.

* Participa en estas anomalías el ex coordinador general de Recursos
Corporativos del Fobaproa Enrique Colliard

A raíz de que se realizó la auditoria ciudadana propuesta por el Consejo
de Defensa de la Vivienda y otras organizaciones, la secretaria de
Asentamientos Humanos y Vivienda, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que
ya se tienen más información sobre las anomalías en la venta de cartera
vencida del INFONAVIT y ello permite que actualmente se integre, conforme
a la ley, una denuncia penal para lograr que se castiguen a los
responsables de este atropello.

En los últimos meses, detalló, la Secretaría de Asentamientos Humanos del
Gobierno Legítimo de México ha venido denunciando públicamente, a través
del Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV), las anomalías en la venta de
cartera de vencida del INFONAVIT a recuperadoras de deuda.

A partir de esa etapa, expresó, se documentó que a principios de 2006, el
INFONAVIT cedió a título oneroso 56 mil créditos, en promedio a un 10 %
de su valor, es decir, aproximadamente 20 mil pesos, a Capital Market
(CAPMARK), grupo financiero trasnacional y a SCRAP II, quienes los están
revendiendo a los acreditados en más del 1000% del precio en que los
adquirieron.

También, señaló que se denunció la pretensión de la dependencia de
eliminar los archivos de esta operación financiera en noviembre del año
pasado.

Recordó que ante estos hechos ominosos, el Consejo de Defensa de la
Vivienda, CDV, con la participación del Barzón Jurídico Movimiento
Nacional, Centro Operacional De Vivienda y Poblamiento, Talleres de
Habitabilidad, entre otras organizaciones sociales, promovió una
auditoría ciudadana para conocer los pormenores de la transacción.

Además, explicó se presentó un amparo contra la destrucción de los
contratos de venta. A finales de octubre de 2007, el INFONAVIT informó al
Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito
que entregaría la información al Consejo de Defensa de Vivienda.

Mencionó que la auditoría ciudadana y la presentación de un amparo contra
la destrucción de contratos de venta del INFONAVIT resultaron cruciales,
porque se logró detener la destrucción de los registros de la cesión de la
cartera y, por otro, permitió contar con la información con la que se
puede aseverar que hubo graves irregularidades que ameritan acciones
penales.

"Por citar sólo algunos datos que ha arrojado el análisis que realiza el
CDV, se puede destacar que el 28 de octubre de 2005, el Consejo de
Administración del INFONAVIT autorizó la venta de 56 mil 491 créditos en
cartera vencida mediante subasta pública. El 31 de octubre de 2005 y el 3
de abril de 2006 publicó las convocatorias en los diarios El Financiero,
El Universal y Reforma", pormenorizó.

Reveló que el 12 de enero de 2006 INFONAVIT vendió la primera parte de
esta cartera a Capmark, cuyas inversiones más importantes son en Estados
Unidos - en 415.7 millones de pesos y en 15 de junio de 2006 vendió el
segundo paquete a Scrap II S. de R.L. de C.V. - que a su vez es un "grupo
inversionista" de "Pendulum Associates" S. de R.L., cuyo actual
presidente, Enrique Colliard, fungió años atrás como coordinador general
de Recursos Corporativos del FOBAPROA.

Comentó que Enrique Colliard pagó con un cheque de caja de mil 173
millones de pesos el mismo día que la firma se constituyó y varios meses
después de que se publicaran las convocatorias correspondientes. Por lo
tanto la empresa no estaba dada de alta en el Registro Publico de la
Propiedad y el Comercio el día en que le fue adjudicada la cartera.

Indicó que el Consejo en Defensa de la Vivienda continúa con la auditoría
ciudadana para fortalecer la integración de la denuncia penal, asimismo
sigue promoviendo amparos en todo el país para proteger a los
derechohabientes que son víctimas de estas irregularidades.

Evocó que el amparo es un instrumento que se fundamenta, por un lado, en
la resolución de la Suprema Corte del 29 de agosto pasado que determinó
que es inconstitucional la cesión de cartera vencida de los bancos a
particulares.

Y, por otra parte, indicó se basa en lo establecido por el artículo 123
constitucional, que en su fracción XII dispone que las formas y
procedimientos para que los trabajadores adquieran vivienda deberán
regularse en la Ley. La Ley del Infonavit en ningún lugar regula la venta
de cartera a un particular, ni dispone que los derechohabientes tengan
que pagarle a un particular, ni negociar o reestructurar su crédito con
una empresa privada, ni enfrentar un juicio ante una empresa mercantil;
por lo que se sostiene que esta venta también debe ser calificada como
inconstitucional.

Expuso que la venta de cartera vencida es inconstitucional y por ello
propuso tres acciones a seguir: convocar a las organizaciones de vivienda,
a las organizaciones de deudores y a la resistencia civil en general a
organizar grupos de deudores cuyos créditos de INFONAVIT hubieren sido
vendidos para promover amparos en contra de INFONAVIT que proporcionaría
la Secretaría.

Dos, exigir a INFONAVIT que dé el mismo derecho a los y las
derechohabientes de readquirir sus créditos al mismo valor que los vendió
a las empresas privadas y tres hacer un llamado a movilizaciones
pacíficas en los juzgados de las distintas ciudades del país donde se
ingresen los amparos.

Mencionó que la CDV tiene la información que permite aseverar que hubo
graves irregularidades que ameritan acciones penales y muestra de ello es
que en 2006, el INFONAVIT favoreció con la venta de dicha cartera y fuera
de subasta pública a la empresa Scrap II cuyo actual presidente, Enrique
Colliard, fungió años atrás como coordinador general de Recursos
Corporativos del FOBAPROA.

"Este personaje pagó al INFONAVIT con un cheque de caja de mil 173
millones de pesos el mismo día que la firma se constituyó y varios meses
después de que se publicaran las convocatorias correspondientes. Por lo
tanto la empresa no estaba dada de alta en el Registro Publico de la
Propiedad y el Comercio el día en que le fue adjudicada la cartera. De ahí
que quienes realizan este tipo de transacciones respondan la categoría de
carteristas de cuello blanco", denunció.

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