DEL PROCESO.

La marcha social
josé gil olmos México, D.F., 30 de enero (apro).-

La de este jueves será la primera marcha de protesta social que se realiza en el gobierno de Felipe Calderón. En su carácter radica su importancia, pues campesinos y obreros juntos, como hace mucho tiempo no lo hacían, se manifestarán en la capital del país, en demanda de dos aspectos claves y que son desdeñados por la clase política: la soberanía alimentaria y las libertades democráticas.

Las últimas grandes marchas que se han realizado en la ciudad de México, con más de un millón de asistentes, han sido en protesta por los altos índices de inseguridad y fraudes electorales. Ello demuestra que, en los últimos años, la agenda nacional ha sido ocupada por cuestiones políticas y de seguridad pública, mientras que los temas sociales, como el abandono al campo, el alza de precios a los alimentos, la reducción de servicios de salud y los cambios a los contratos colectivos de trabajo, no existen ni en la agenda del gobierno ni en la de los partidos políticos.

La manifestación de este jueves resulta importante precisamente porque se trata de obligar a voltear la atención de la clase política hacia los graves rezagos sociales que sufre el país, algunos de ellos la pobreza, la falta de empleos, la migración y el encarecimiento de la canasta básica.

Al margen de problemas graves como la inseguridad, el narcotráfico y los procesos electorales, el país sufre una crisis social que se expresa en el aumento de la migración hacia Estados Unidos y en la producción de drogas en las partes más recónditas de la geografía nacional.

Los más pobres de México, tanto del campo como de la ciudad, sólo tienen tres caminos para enfrentar su precaria situación: emigrar, trabajar para el narcotráfico o integrarse a la guerrilla.

La falta de empleos y los bajos salarios han obligado a millones de mexicanos a buscar un mejor futuro del otro lado de la frontera y también del otro lado de la ley.

El campo mexicano, de por si castigado, con la llegada del Tratado de Libre Comercio, sintió los efectos aun cuando hasta este año se abrió el capítulo agropecuario. Según agrupaciones campesinas, como La Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, se han perdido dos millones de empleos a raíz de la llegada del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.

El lema de campaña de Felipe Calderón “el presidente del empleo”, ha quedado en mera anécdota en apenas un año de gobierno. Casi millón y medio de mexicanos no tienen trabajo, y tanto el Programa de Primer Empleo como el Sistema Nacional de Empleo, han fracasado. El primero sólo registró 11 mil 213 nuevas plazas. El segundo únicamente pudo colocar a 364 mil de los cerca de un millón 400 mil que llenaron una solicitud.



Según el gobierno calderonista, en octubre de 2007 se tenían registrados casi 800 mil empleos generados, pero sus cifras alegres chocaron con las del INEGI, que estimó un aumento del desempleo de 3.9 por ciento, cinco décimas más que en 2006.

Además, el incremento de 795 mil 954 asegurados en el IMSS, entre el 15 de noviembre de 2006 y la misma fecha de 2007, no significó necesariamente que el empleo aumentó, pues sólo una parte corresponde a nuevos empleos; otra, a empleos que ya existían pero que tenían un carácter informal y se volvieron formales, y una más a empleos que el IMSS regularizó producto de su capacidad fiscalizadora.

De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mientras que en nueve países de América Latina disminuyó la desocupación, en México aumentó, y mientras que en 18 países el poder adquisitivo del salario mínimo subió, en nuestro país decreció.

La inconformidad social puede crecer ante la incapacidad del gobierno y de los partidos políticos de salirse de la agenda político-electoral, para atender las necesidades crecientes de la población.

Es obligado voltear la mirada a los brotes de inconformidad social que han empezado a mostrarse en diversas regiones del país. La agenda de gobierno no debe centrarse únicamente a combatir el narcotráfico y a negociar las reformas estratégicas como la privatización de PEMEX.

La pobreza y las necesidades de la población no se combaten con el uso de la fuerza pública ni militar. Sería un error de terribles consecuencias que Calderón intente aplicar la mano dura como lo hizo Vicente Fox al final de su administración con los conflictos en Atenco y Oaxaca.

Sin embargo, existen visos de que Calderón tiene esa intención, pues apenas la semana pasada lanzó un decreto en el que autoriza al Ejército a salir a las calles para realizar labores de seguridad pública.

Niega García Luna haber dado protección a los Beltrán Leyva durante su paso por la AFI

j. jesús esquivel

* La acusación, parte de la estrategia del crimen organizado, afirma

Washington, 30 de enero (apro).- Genaro García Luna, secretario de Seguridad Publica federal, rechazó hoy aquí que durante su paso por la Agencia Federal de Investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio pasado, haya brindado protección a los narcotraficantes Alfredo y Arturo Beltrán Leyva.

El primero de los cuales fue detenido el pasado 21 de enero y actualmente se encuentra recluido en el penal federal de Occidente, antes Puente Grande, Jalisco

“Es mentira, es mentira”, atajó García Luna. Sin embargo, el reportero le recordó que en la averiguación previa PGRSIEDO/UEIDCS/106/2005 constaban declaraciones ministeriales de agentes que estuvieron bajo su mando en bajo 2005 en el sentido de que ellos eran protectores de los Beltrán Leyva en las plazas de Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero.

En conferencia de prensa, efectuada en la embajada de México, el titular de la SSP federal respondió, molesto: “Como funcionario publico tengo la fortuna de que mi carrera no sea de ayer; llevo casi 20 años”.

Prosiguió: “Soy de los pocos jefes de policía que, en su momento, ha sido evaluado por todas las agencias extranjeras para el tema de información de inteligencia”.

El funcionario sostuvo que la acusación en su contra forma parte de la estrategia del crimen organizado de México para desvirtuar una realidad y desacreditar a los funcionarios públicos que los están combatiendo.

El reporte ministerial sobre los presuntos vínculos de García Luna con el narcotráfico, establece que el entonces director de la AFI, recibía dinero como pago por la protección otorgada a los Beltrán Leyva, a través del expolicía judicial federal, Domingo González, actualmente prófugo de la justicia mexicana.

“Es muy fácil difamar, argumentar cosas. Si eso existe, yo pido, como ciudadano mexicano, que se aclare el tema. Es mentira, ya; y no voy a discutir sobre un tema que es como hablar con un borracho; o sea, es una mentira, y no puedo discutir sobre algo que es mentira”, reiteró irritado García Luna cuando se le insistió sobre el estado en que se encuentra la averiguación previa.

El funcionario dijo también que “México está cambiado; ha cambiado”, en un intento de desestimar las acusaciones sobre presunta corrupción por narcotráfico que la PGR y el subprocurador, Santiago Vasconcelos, abrieron en su contra en mayo de 2005.

El funcionario realiza una gira de trabajo en esta ciudad, donde ha tenido reuniones de trabajo con funcionarios del gobierno de George W. Bush, con los que abordará el tema de la cooperación en el combate al crimen organizado y el compromiso de hacerlo aún mejor dentro de la llamada Iniciativa Mérida.

En su visita a Washington para hablar de la corresponsabilidad de México y Estados Unidos en el combate al narcotráfico, García Luna sostuvo reuniones con Michael Chertoff, secretario de Seguridad Interior, así como con funcionarios del Departamento de Estado, de Justicia, de la Patrulla Fronteriza y Aduanas, FBI, DEA y del Buro Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en ingles).

Sobre las reuniones con los funcionarios estadnidenses, García Luna explicó que dejó claro que México tiene un nuevo esquema para enfrentar el narcotráfico y al crimen organizado, por lo que exigió una mayor cooperación de parte de las autoridades estadunidenses.

Respecto de la Iniciativa Mérida, el funcionario afirmo que el gobierno de Bush está comprometido con este plan, e insistió en que no debe haber condiciones legislativas para aprobar los 500 millones de dólares, que el gobierno de Bush solicito al Capitolio para dárselos al gobierno mexicano, en equipo militar y asistencia tecnológica, para instrumentar en la primera fase de 12 meses la Iniciativa Mérida, definida en un plazo de tres años.