Una escritora en el Zócalo
Gloria Leticia Díaz
“Totalmente convencida de que hubo fraude y de que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección” presidencial de 2006, la escritora Elena Poniatowska recibe a Proceso en su casa de Chimalistac unas horas después de enterarse de que su novela El tren pasa primero la hizo acreedora del Premio Rómulo Gallegos, que consta de un cheque de 100 mil dólares y una medalla de oro.
Comenta que esa obra trata del movimiento ferrocarrilero encabezado por Demetrio Vallejo, personaje que “tiene una entereza infinita y una pureza extraordinaria. No sé que ahorita haya personajes con esa pureza, salvo doña Rosario Ibarra de Piedra”.
Vallejo, dice la escritora, es un personaje olvidado “por una razón de clase social; porque era un hombre pobre, un oaxaqueño, y en cambio los ricos, poderosos y magnates siempre tienen un amanuense que les escriba su vida”.
En el género periodístico, Poniatowska –nacida en París, en 1932– ha escrito –entre otras obras– La noche de Tlatelolco, sobre la matanza estudiantil de 1968, y Nada, nadie. Las voces del temblor, crónicas del terremoto de 1985.
Activa participante de la movilización poselectoral de 2006, manifiesta su admiración por los ciudadanos que sostuvieron el plantón. Ellos, dice, fueron “mucho más lejos que los partidos políticos” de la coalición que postuló a López Obrador para presidente: PRD, PT y Convergencia.
El libro más reciente de Poniatowska, Amanecer en el Zócalo, es precisamente una crónica de los 50 días en que los simpatizantes de López Obrador se movilizaron contra el resultado de la elección federal del 2 de julio de 2006.
La “enorme batalla”
En las 365 páginas del volumen editado por Planeta, la escritora destaca la participación de la actriz Jesusa Rodríguez, quien como ella es integrante de la Comisión Política Nacional de la Convención Nacional Democrática (CND) y que fungió como animadora permanente del plantón masivo de los simpatizantes de López Obrador en el centro del Distrito Federal.
Para ese libro Poniatowska entrevistó al menos a 75 manifestantes e hizo una selección de los discursos de López Obrador en la que llama “la misa de las siete” frente a Palacio Nacional. También transcribió notas periodísticas, comentarios de amigos y familiares suyos inconformes con la movilización, así como las amenazas e insultos que ella recibió por teléfono y correo electrónico debido a que respaldó el movimiento.
De igual forma, cita textualmente a reporteros que cubrieron la movilización en el Zócalo y en Paseo de la Reforma, y registra la participación de miles de simpatizantes provenientes de todo el país.
En su opinión, la movilización “fue enorme batalla ganada, un parte de guerra con resultados muy positivos. Para mí fue una lección formidable de entereza, me impresionó muchísimo la presencia, no sólo de los jóvenes, sino de los viejos, quizá todos los viejos de izquierda de hace mil años que estaban ahí, que seguían fieles a sus principios, que no se habían corrompido, que no se habían dividido… que enfrentaron desde una granizada hasta todas las malas noticias que se iban recibiendo”.
Recién aliviada de una fuerte gripe, Poniatowska asegura que “en muchísimos municipios y en muchísimas partes de la República reconocen a Andrés Manuel como su presidente legítimo. Me da muchísimo gusto que él ha continuado, que no se ha traicionado, que no ha cambiado. Sigue en lo mismo y eso me da una alegría enorme”.
Destaca la “lealtad” de muchos de sus simpatizantes a un año de la reñida elección presidencial, y señala que el excandidato de la coalición Por el Bien de Todos “tiene los tamaños de un líder continental… un líder como no se había visto en 100 años”. En su libro, escrito en forma de diario, la escritora resalta el trabajo político de López Obrador y lo describe:
“No echa relajo, no asiste a fiestas, no derrocha ni presume. Se siente mal en los salones y las verandas del Castillo de Chapultepec bajo la luz de las arañas, y nunca lo han convidado al Club de Industriales o al Club de Empresarios, al Club France o al centro comunitario Maguen David. A veces aburre con su cantinela porque es terco como una mula y se sabe una sola canción: la de la democracia, y la repite hasta el cansancio. Lo único que no me gusta de él es cuando habla de sí mismo con el yo mayestático. ¿Quién es ‘nosotros’?, le pregunto y entonces se le cierra la cara. Cuando no quiere escuchar al otro se le cierra la cara.”
En la conversación, Poniatowska dice que no ha acompañado a López Obrador en sus giras como “presidente legítimo” pese a que desde abril de 2005 forma parte de su grupo de asesores, primero para combatir su desafuero como jefe de Gobierno del Distrito Federal, luego en su equipo de consejeros de la campaña presidencial y finalmente en la CND.
“No me toca, no soy militante. Yo hablo de la izquierda lo que veo y lo que yo vivo, yo no quiero ni hueso político ni tengo un puesto político ni nada. Esto (la asesoría a López Obrador) ha sido una tarea más de las que tengo”, aclara.
–¿Cuáles han sido los logros de la presidencia legítima? –se le plantea.
–Ha servido de mucho porque les ha dado oportunidades a millones de mexicanos que antes no las tenían, tienen una enorme esperanza para un cambio en seis años. No creo que López Obrador crea que va a ser presidente ni creo que haya sido su deseo absoluto ser presidente, sino que creo que él verdaderamente quiere a la gente, y la gente lo siente y lo sabe.
La división de la izquierda
En su reciente libro, Poniatowska reflexiona: “La izquierda en México siempre ha ido a la zaga de los acontecimientos y sus militantes se expulsan y se destruyen unos a los otros, como en los tiempos del viejo Partido Comunista Mexicano en el que Diego Rivera proponía su propia expulsión. Ahora mismo hay quienes siguen a Cárdenas, otros a AMLO y otros más pertenecen a La Otra Campaña del subcomandante Marcos; las tres corrientes desunidas frente a la cerrada, la compacta, la tremenda complicidad de los de arriba. ¿No es esa desunión responsable de la impermeabilidad de la derecha?”.
Ya en la entrevista, la escritora destaca eso que no sólo le ocurre a la izquierda mexicana: “Es proverbial, pero es la división de las izquierdas en todo el mundo, ahí está el caso de Francia… En el caso de México, teníamos una esperanza de un cambio. No creo que López Obrador iba a salvar al país, pero sí creo que él iba a dar oportunidad a todos los que no la han tenido”.
Cuando se le pregunta sobre la desarticulación del Frente Amplio Progresista (FAP), dice que ella, como escritora, no es “la persona indicada para responderlo”.
–Pero en su libro usted habla del nacimiento del FAP y es un hecho que los partidos que lo conforman no están caminando juntos, al menos en los procesos electorales, como era uno de sus objetivos.
–La izquierda siempre ha tenido una tragedia, desde antes de que (López Obrador) fuera candidato: ya había una separación terrible.
–¿A dónde va a llevar esa circunstancia a la izquierda?
–Al fracaso. Aunque Andrés Manuel tiene un apoyo enorme de la mitad del porcentaje de mexicanos que votaron el 2 de julio, y muchos siguen estando con él.
Chamuscarse en la cocina
Aunque se reserva su opinión sobre Felipe Calderón, Poniatowska manifiesta su desa-cuerdo con los epítetos que le endilga el propio López Obrador: “Estoy completamente en contra de que le anden diciendo ‘el pelele’, ‘el espurio’, el no se qué, ‘el Fecal’. Eso no me gusta, me parece muy vulgar. No quiero hablar de Calderón, pa’ qué?”.
–¿Ha platicado recientemente con López Obrador?
–Sí, lo veo de vez en cuando en algunas reuniones, pero lo mío es escribir. Además, yo no creo que pueda ser muy útil ahí. Yo no sé nada de tácticas políticas. Yo todo actúo por instinto o casi.
Poniatowska afirma que su vida cambió cuando López Obrador tocó a su puerta el 3 de abril de 2005 para pedirle su ayuda contra el desafuero. Posteriormente, al regresar de un viaje por España se percató de que “la derecha había intensificado la guerra sucia en contra de AMLO a través de spots siniestros, y AMLO se presentó de nuevo en Chimalistac, esta vez con su hijo mayor, José Ramón, que tiene una sonrisa parecida a la suya. Hablamos de la sucia campaña en la que el PAN lo tachaba de populista”, cuenta en su libro.
Aquellos spots remataban con la frase: “López Obrador, un peligro para México”. La escritora se explaya ahora sobre ese pasaje:
“¿Cómo contrarrestar la campaña? Me aventé como El Borras o como esos viejos toreros barrigones, ridículos y conmovedores que marean al toro en el ruedo antes de que entre el matador. Filmé otro spot muy ingenuo el mismo día que lo planteamos… Salió al aire el 7 de abril de 2006 y a partir de entonces me tocó una semana santa de lanza en el costado, esponja, vinagre y corona de espinas. ‘Tú te lo buscaste, el que se mete a la cocina sale chamuscado’, comentó Rossana Fuentes”.
“Yo sentí que pertenecía a un movimiento y probablemente en todo el movimiento fui yo la que recibió más golpes –continúa en charla con Proceso–. Es difícil hablar de eso porque me dolió mucho y a mi familia también. No tengo dudas de que hice lo correcto, a pesar de que me digan que hice mal. Siempre me hablan de mi clase social, pero si hubiera tomado en cuenta mi clase social hubiera votado por (Santiago) Creel, como digo en mi libro, porque a la familia de Creel la conozco más que a cualquiera de los de izquierda.”
Recuerda los insultos telefónicos: “Las llamadas eran todas las noches que dormía aquí. Me convenía más dormir en el plantón, a pesar de la lluvia. Cesaron en cuanto acabó el movimiento. Ahorita ya no tengo ninguna llamada, duermo como angelito, salvo los golpes que me da mi conciencia acordándome de todos mis pecados”, dice con una sonrisa mientras se da golpes de pecho.
Todo por apoyar a López Obrador. Poniatowska, sin embargo, “lo haría nuevamente a pesar de que mis hijos resultaron directamente afectados, pero mejor no digo cómo, porque van a decir que uno se cree mucho”.
LAS MARRANADAS DE LA DERECHA, UNA MAS A LA VISTA:
La panista de doble cara
Daniel Lizárraga
Laura Irais Ballesteros Mancilla, quien trabajó en el sector juvenil durante la campaña del ahora presidente Felipe Calderón, es la cabeza más visible de un grupo de panistas que entre septiembre y noviembre de 2006 urdió una estrategia para cobrar ilegalmente 2.9 millones de pesos al equipo de transición calderonista.
Ballesteros es egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Ciudad de México, donde cursó la carrera de ciencias políticas. Se afilió al PAN en 2004 y comenzó a trabajar al lado de Mariana Gómez del Campo Gurza, quien coordinó la campaña de Felipe Calderón entre los jóvenes y hoy dirige el partido en el Distrito Federal.
Gómez del Campo tiene gran influencia en Los Pinos, pues es prima hermana de Margarita Zavala, esposa del mandatario. Recientemente ambas participaron en protestas contra la despenalización del aborto en la Ciudad de México.
Una vez que Calderón fue declarado ganador de la Presidencia, Ballesteros hizo un doble movimiento, que fue descubierto por Proceso como parte de una investigación más amplia iniciada hace seis meses, cuyo objetivo es averiguar qué uso se le dio a los 130 millones de pesos destinados a la transición de gobierno.
El 12 de septiembre pasado Ballesteros Mancilla fundó la asociación civil Observatorio Ciudadano del Poder Legislativo. Según consta en los archivos del Registro Público de la Propiedad (folio 75243), la asociación fue creada para proyectos de investigación y análisis que impulsen “el desarrollo de la cultura democrática del país promoviendo la participación de la sociedad”.
Meses más tarde hizo un segundo movimiento, más ambicioso: el 1 de noviembre dio vida a Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas, la cual puede funcionar como empresa o como sociedad civil.
En su faceta de empresa, Consultores consiguió un contrato por 2.9 millones de pesos con el equipo de transición gubernamental, presuntamente para elaborar los perfiles personales y políticos de los legisladores con los que el gobierno de Calderón tendrá que negociar sus reformas estructurales (Proceso 1599).
Según los documentos obtenidos mediante la Ley Federal de Transparencia, esa transacción con recursos públicos fue aprobada sin demora por el equipo de transición, aun cuando la empresa se había creado siete días antes. Además, el domicilio proporcionado en el contrato –Calzada del Hueso 150– no existe, y la factura tiene el número 055, es decir que a 15 días de haberse creado ya había atendido a medio centenar de clientes.
En su edición 1599, Proceso informó que no existían datos sobre esta empresa en el Registro Público de la Propiedad. Y es que como compañía –tal y como es tratada a lo largo del contrato 020/2006 firmado con Banjército– no tiene ningún antecedente.
En el archivo integrado por este semanario se evidencia que al menos uno de los miembros del primer círculo calderonista, Gerardo Ruiz, jefe de la Coordinación de Gabinetes y Proyectos Especiales de la Presidencia y encargado administrativo del equipo de transición, fue quien solicitó los servicios de esta empresa y autorizó el pago del cheque. Incluso en la factura aparece la firma de ese funcionario.
Además, el contrato con los datos erróneos fue avalado por el teniente coronel Miguel Carrasco, delegado fiduciario de Banjército, y por María del Carmen Urzaiz, entonces representante del equipo de transición y actual funcionaria de Los Pinos.
Desde que se inició esta investigación, el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Maximiliano Cortázar, se ha negado a responder a las solicitudes de entrevista.
“Clic” y ascenso
Mariana Gómez del Campo conoció a Ballesteros en 2004, cuando visitó el Tec de Monterrey para dialogar con los alumnos como diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. De inmediato “hicieron clic”, aseguran profesores y alumnos de esa institución educativa consultados por este reportero.
Pero fue el 15 de noviembre cuando Ballesteros tuvo contacto con las ligas mayores del panismo. Ese día por la mañana el entonces precandidato del PAN a la Presidencia, Felipe Calderón, visitó el campus Ciudad de México del Tec, acompañado de su esposa, Margarita Zavala, y de Mariana Gómez del Campo. Ballesteros difundió entre los alumnos que ella había llevado a Calderón, pese a que el contacto lo hicieron los directivos de la escuela.
Proceso solicitó una entrevista con la actual dirigente del PAN capitalino, pero sus subalternos respondieron que “en este momento ella no quiere hablar de sus relaciones personales”.
Estudiantes y exalumnos del Tec de Monterrey refirieron que durante la campaña presidencial era frecuente encontrar a Laura Ballesteros y a Mariana Gómez en el bar Rívoli, uno de los sitios más caros y exclusivos del sur de la Ciudad de México.
Luego de que Proceso publicó las irregularidades en el contrato firmado entre el equipo de transición calderonista y Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas, Laura Ballesteros apareció en el Senado y en la Cámara de Diputados, donde repartió cartas a los legisladores a nombre de ObservatorioCiudadano.org, la primera sociedad civil –o empresa– creada al término de la campaña presidencial.
En su misiva, Ballesteros asienta: “Como recordará, durante los meses de agosto a diciembre de 2006 estuvimos realizando una serie de entrevistas a cada uno de los legisladores que conforman la LX Legislatura, con la finalidad de publicar un libro que permita a los ciudadanos conocer a fondo sus expectativas, metas, sueños y los principios que rigen su trabajo”.
En la primera parte de su investigación, Proceso publicó testimonios de senadores del PAN y del PRD, quienes no recuerdan haber sido entrevistados por alguna compañía acerca de sus ideas, datos personales o agenda política. En tanto, los priistas aseguran que contestaron un cuestionario, pero no recuerdan el nombre de la empresa.
El senador sinaloense Mario López dice que él concedió una entrevista telefónica a la firma Mega Direct, pero sólo a esa. Esta razón social no coincide ni con la empresa que firmó el contrato con el equipo de transición, Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas, ni con la sociedad civil que ahora envió cartas a los legisladores: Observatorio Ciudadano.
Continúa la misiva, de la cual Proceso tiene una copia: “A lo largo de estos meses hemos venido trabajando con el Fondo de Cultura Económica, el cual se encargará de la publicación (de los resultados) y también con diversos académicos, quienes a través de ensayos harán del libro una obra completa”.
Incluso, el texto detalla que el plazo límite para la entrega del material vencía el 29 de junio. No obstante, el Fondo de Cultura Económica rechazó esta versión. Directivos de esta empresa editorial informaron a Proceso que sólo existe una petición para realizar un trabajo de compilación de los diputados y senadores de la LX Legislatura, cuya viabilidad está en análisis
FERNANDO "CEJAS LOCAS" CANALES Y SUS NEGOCIOS TURBIOS DESDE EL GOBIERNO.
Los negociazos del poder
Arturo Rodríguez García
Una serie de maniobras turbias y probables conflictos de intereses envolvieron a Fernando Canales Clariond cuando encabezó las secretarías de Economía y de Energía durante el gobierno de Vicente Fox. La clave de estas maniobras se encuentra en los negocios de escándalo que el exgobernador de Nuevo León ha realizado en torno al poderoso Grupo IMSA, que se halla en vías de pasar a manos extranjeras...
MONTERREY, NL.- Una serie de movimientos financieros iniciados en la época en que Fernando Canales Clariond era secretario de Economía, así como de Energía –con violaciones flagrantes a diversos ordenamientos legales– culminó exitosamente en abril pasado, cuando el exfuncionario foxista y sus hermanos se hicieron del control del Grupo IMSA, S.A.B. de C.V., y emprendieron suculentos negocios.
Este corporativo trasnacional, con fuerte presencia en Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica –además de estar extendiéndose a Europa–, anunció el pasado 17 de abril que Fernando Canales Clariond compartiría la presidencia del Consejo de Administración con su hermano Marcelo.
Durante el acto de presentación, el también exgobernador de Nuevo León habló de inversiones para los próximos años, pero dos días más tarde el corporativo notificó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que se encontraba en tratos para vender acciones y transferir operaciones a la firma Ternium, una subsidiaria de la empresa argentina Techint que hace unos años había comprado ya Hojalata y Lámina, S.A. de C.V. (Hylsa), firma emblemática de la industria neoleonesa, considerada la segunda siderúrgica más grande de México.
El anuncio de esa venta se oficializó en una inusual conferencia de prensa el pasado 22 de abril, luego de que el aviso a la BMV disparó el precio de las acciones del Grupo IMSA.
El 1 de mayo, el periódico El Norte calificó los movimientos como “un jugoso negocio”: Los hermanos Canales pagaron 47.45 pesos por acción en octubre de 2006, cuando asumieron el control de 91% del Grupo IMSA, y tras el anuncio de la operación colocaron su cotización en alrededor de 70 pesos por acción (6.40 dólares, según el comunicado oficial de la empresa emitido el 29 de abril).
De este modo, la ganancia obtenida se calculó en 507 millones de dólares, derivados de una operación por 3 mil 227 millones de dólares, en la que Ternium absorbe la deuda total de los Canales al fisco y a instituciones crediticias, además de los gastos por la Oferta Pública de Acciones (OPA), es decir, por la propia compraventa.
El Grupo IMSA, corporativo surgido de la empresa Industrias Monterrey, S.A. (de donde vienen sus siglas), es una controladora de 10 subsidiarias especializada en el procesamiento, comercialización y consultoría del sector acerero para diferentes ramos productivos.
Pero fue justamente en el período en que Fernando Canales formó parte del gabinete de Vicente Fox cuando el consorcio se convirtió en una de las empresas más sólidas del país.
Y es que, luego de graves crisis y altibajos, a partir de 2003, cuando Fernando Canales se convirtió en el secretario de Economía, el Grupo IMSA tuvo un crecimiento inaudito: sus ventas netas pasaron de poco más de 20 mil millones de pesos anuales a 37 mil 502 millones en 2006, de acuerdo con el último informe anual entregado por el corporativo a la BMV. La propia presentación de ese informe, firmada por Marcelo Canales Clariond, asentó que esos habían sido “los mejores resultados en la historia para nuestra empresa”.
La compraventa incluye la absorción de deudas con el fisco, derivadas de beneficios otorgados por el gobierno foxista a empresas identificadas con el régimen –como Vitro, Cemex y Grupo México– que son investigadas por la Cámara de Diputados. Tan sólo en el ejercicio fiscal de 2006, el Grupo IMSA registró utilidades netas por el orden de 2 mil 494 millones de pesos, pero acumuló 4 mil 118 millones de pesos en impuestos diferidos.
A esta deuda se suman mil 300 millones de dólares, monto de un crédito con el que compraron el capital accionario que pertenecía a los primos del exgobernador, los hermanos Clariond Reyes, en octubre de 2006.
La “cachucha de secretario”
El hecho es que Fernando Canales participó en el saneamiento financiero, la adquisición de capital accionario y la toma de control del Grupo IMSA a pesar de que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP) y la complementaria de Responsabilidades Administrativas (LFRASP) encuadran esas acciones en lo que denominan “conflicto de intereses”.
La LFRSP establece en su artículo 47 la prohibición de que un funcionario atienda asuntos relacionados con su cargo cuando hay conflicto de intereses, en tanto que el artículo 8 de la LFRASP señala que se incurre en él cuando los intereses personales, familiares o de negocios de un servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.
Además, ambos ordenamientos advierten que tales prohibiciones deben ser observadas por el servidor público hasta un año después de haber abandonado su puesto.
Fernando Canales dejó la gubernatura de Nuevo León para integrarse al gabinete foxista, como secretario de Economía, el 15 de enero de 2003, en los reacomodos que sucedieron a la renuncia de Jorge Castañeda Gutman a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y para terminar su período gubernamental promovió a quien fue su secretario de Finanzas en el estado, Fernando Elizondo Barragán, como gobernador interino.
Luego, en junio de 2004, Elizondo fue nombrado secretario de Energía en el gabinete foxista, y allí permaneció hasta septiembre de 2005, cuando decidió buscar una senaduría por el PAN. Entonces Canales Clariond dejó la Secretaría de Economía y sustituyó a su mancuerna como titular de Energía.
El Grupo IMSA había permanecido históricamente bajo el control de los hermanos Clariond Reyes, primos de los Canales Clariond, quienes compartían el capital accionario. Pero el 2 de octubre de 2006 se anunció que los hermanos Canales adquirieron la participación accionaria de los Clariond Reyes, en una operación por 11 mil 500 millones de pesos y en medio de versiones de un pleito familiar.
Dos días después, el 4 de octubre, la empresa realizó un evento para celebrar el hecho de haber alcanzado la producción de 10 millones de toneladas de acero, y fue allí donde Santiago Clariond, hasta entonces director de IMSA Acero, admitió que en el grupo hubo desencuentros derivados de una posible venta a extranjeros.
Sin embargo, no quiso profundizar, y se limitó a señalar: “Siempre hay discusiones cuando hay mucha gente en una familia. Para qué narro detalles. Ellos son cuatro. Nosotros somos seis. Imagínense, discusiones entre 10”.
Al acto no asistió Eugenio Clariond Reyes, quien hasta ese día fue presidente del Grupo IMSA; pero sí acudió el secretario de Energía, Fernando Canales Clariond, quien insistió en que sólo concurría con la representación del presidente Vicente Fox y puso énfasis en la importancia del sector para su encargo.
“Yo estoy aquí con la cachucha de secretario de Energía, como parte de mi responsabilidad, y no por tener intereses en esta empresa, sino por ser tan importante el sector siderúrgico, como muchos otros, ya que el 30% de los costos de la producción del acero lo representa la energía. Entonces, mi obligación en ese sentido es tener el abasto suficiente y a los precios más bajos posibles para asegurar la competitividad”, dijo en su intervención.
Empresa fugaz
La compra del capital accionario a los Clariond Reyes fue posible a través de Tarida, S.A. de C.V., una empresa inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Nuevo León bajo el folio mercantil 99448-1, el 28 de agosto de 2006, con la escritura pública 4805 del Libro 91, expedida por el notario público 130, Carlos Montaño Pedraza, de esta ciudad.
La sociedad se integró con un capital de 50 mil pesos, 12 mil 500 por cada uno de los hermanos María del Consuelo, Susana, Marcelo y Fernando de Jesús Canales Clariond. No estableció domicilio, pero sí fijó como objeto:
“Promover, constituir, organizar, explotar y tomar participación en el capital de todo género de empresas industriales, comerciales o de cualquier otra índole; prestar todo tipo de servicios y tomar participación en la administración y operación de cualquier género de empresas; importar y exportar toda clase de productos terminados o materias primas; la emisión, suscripción, aceptación, endoso, aval o negociación de cualesquier clase de títulos o valores mobiliarios o inmobiliarios; contratar toda clase de servicios; explotar patentes, diseños industriales, de propiedad intelectual y concesiones de toda clase de actividades; obtener y conceder créditos.”
Así pues, Fernando Canales Clariond habría incurrido en una violación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP) por dos razones: una, las actividades de la empresa Tarida, S.A. de C.V., en la cual aparece como socio, están reguladas por la Secretaría de Economía; y dos: porque habría obtenido beneficios privados de la misma empresa cuando aún no cumplía un año como exfuncionario de la dependencia encargada de su regulación.
Peor aún, no obstante la amplitud de su objeto, Tarida, S.A. de C.V. desapareció rápidamente, aunque antes obtuvo un crédito por mil 302 millones de dólares, que se usaron para comprar IMSA, de manera que los Canales Clariond ni siquiera desembolsaron recursos de sus fortunas personales para apoderarse de ella
Así, mediante una operación en la BMV y, por lo tanto, libre de impuestos, Tarida, S.A. de C.V. obtuvo 43.3% del capital social de IMSA, sobre la que los propios accionistas de Tarida tenían derecho de tanto de por sí.
La función de Tarida concluyó dos meses después de su creación, cuando sus accionistas decidieron en una asamblea extraordinaria del Grupo IMSA –donde también son accionistas– fusionar Tarida al corporativo. Es decir, se fusionaron a sí mismos y absorbieron su propia deuda, que terminará pagando Ternium…
El gas y otros demonios
A partir de la compra del Grupo Imsa, la trasnacional Ternium se convirtió en líder del mercado en el sector, luego de adquirir Hojalata y Lámina, S.A. de C.V. (Hylsa).
Hylsa fue parte del Grupo Alfa, y su director general durante la negociación con Ternium fue Alejandro Elizondo Barragán, hermano de Fernando Elizondo –el relevista de Fernando Canales Clariond, quien, en ese momento, era justamente secretario de Energía.
Desde su designación como titular de Economía, el conflicto de intereses en que incurría Fernando Canales Clariond fue advertido por analistas, barras y colegios de abogados, así como por diversas publicaciones, e inclusive señalaron que se estaba produciendo un uso indebido de información privilegiada.
Fernando Canales Clariond se defendía manifestando que en IMSA había un paquete accionario de 11% que era manejado por su hermano Marcelo, con derecho a voz y voto.
Pero sólo en lo relacionado con el sector acerero, el Grupo IMSA provee los ramos de la construcción, industria automotriz, electrodomésticos, maquiladoras, aires acondicionados, metal-mecánico, entre otros que también son regulados por la Secretaría de Economía y atendidos por Energía.
Y si bien es cierto que se trata de una empresa familiar, Fernando Canales Stelzer, hijo del entonces funcionario, fue designado vicepresidente para operaciones internacionales, además de que, en la constitución de Tarida, S.A. de C.V., es el único que, sin ser accionista, ostenta el cargo de consejero en el Consejo de Administración.
La importancia de la energía en el sector acerero, subrayada por el propio Fernando Canales Clariond, se evidencia en el hecho de que, con el fin de que el corporativo IMSA funcione, debe tener garantizado el suministro permanente de gas y electricidad.
Y de acuerdo con el referido informe del Grupo IMSA a la BMV, varias subsidiarias, con plantas en diversas partes del país, celebraron un contrato de compra de energía por 15 años con Tractebel Energía de Monterrey, S. de R.L. de C.V., la cual inició operaciones en el segundo semestre de 2003.
Tractebel irrumpió en el panorama luego del fracaso de una negociación con Enron, que había obtenido el permiso para operar una termoeléctrica en Nuevo León, pero que, al colapsarse en 2001, transfirió parte de sus operaciones a Tractebel, de origen belga, que terminó de construir una planta eléctrica en el municipio de García.
Dicha planta fue inaugurada por el entonces titular de la Secretaría de Energía, Ernesto Martens, el 19 de febrero de 2003, con Canales Clariond ya en Economía.
Por aquel entonces, el columnista Enrique Guzmán Ochoa observaba, a propósito de la operación de Tractebel en lugar de Enron: “No se dijo cuánto costó al gobierno federal el salvamento (de IMSA y Vitro)”, ya que Tractebel es proveedor de energía eléctrica tanto para IMSA como para Vitro, firmas cuyos líderes son identificados con el foxismo y adeudan sumas millonarias al fisco, según se observa en sus reportes financieros a la BMV por el ejercicio de 2006.
Tractebel es distribuidor de gas natural en Guadalajara, Querétaro y Tampico, y de tres cogeneradoras de energía, dos en Altamira Tamaulipas y una en Nuevo León, dentro de lo que se considera el principal proyecto de cogeneración en México. De acuerdo con su propia información para inversionistas, Tractebel es la primera empresa en el mundo que ofrece los servicios de gas y electricidad.
Por lo tanto, Tractebel tiene que responder a la normatividad emitida por la Comisión de Regulación de Energía (CRE), un organismo descentralizado de la Secretaría de Energía. Y apenas designado Fernando Canales como titular de Energía, una de sus primeras acciones consistió en nombrar como presidente de la CRE a Francisco Javier Salazar Diez de Sollano, hijo del entonces secretario del Trabajo, Francisco Xavier Salazar Sáenz.
Fue justamente Salazar Sáenz quien, como secretario del Trabajo, se distinguió por ser el principal instigador de la toma de nota que desconoció a Napoleón Gómez Urrutia como dirigente del sindicato minero, en acciones que, incluyendo la acusación por un presunto desvío de 55 millones de dólares, hirieron de gravedad al sector minero-metalúrgico.
La CRE de Salazar Diez de Sollano se encarga de autorizar los incrementos y regular las tarifas del gas natural que han motivado inconformidad social en las ciudades donde operan compañías de gas entubado, incluida Tractebel.
Durante 2006, el Grupo IMSA celebró contratos de cobertura para proteger el precio del gas natural operativo de sus plantas en México, así como para el gas de Tractebel, por aproximadamente 52% del consumo, lo cual implica, tan sólo por un trimestre, aproximadamente 557 mil 800 millones de BTU (cotizado a casi un dólar por millón de BTU), e inclusive se ha mencionado en columnas especializadas que el Grupo IMSA tiene una pequeña participación accionaria con Tractebel.
Por si fuera poco, a Tractebel se le incluyó en los programas de subsidio establecidos por el gobierno de Vicente Fox y operados por Fernando Canales durante 2005 y 2006.
Después de todo, al deshacerse de Grupo IMSA, los Canales no saldrán de la vida empresarial, ya que mantienen su participación de 44% en las empresas escindidas y agrupadas en Verzatec, donde aún son socios a mitades con sus primos los Clariond.
LA REALIDAD QUE TANTO QUIEREN DESMENTIR LOS EMPLEADOS DE TELEVISA QUE MANDAN EN EL PGR:
LOS CAPOS SE REPARTEN TERRITORIOS
Ricardo Ravelo
El breve intervalo de “calma” observado en los últimos días en el país en lo referente a la violencia del narcotráfico no es tanto obra de los operativos calderonistas como de un factor insólito: la voluntad de los capos para pactar una tregua en su guerra sangrienta por territorios. Confirmadas a este semanario por fuentes de inteligencia de Estados Unidos y publicadas incluso en un prestigiado diario de ese país, las versiones en este sentido dan cuenta de la realización de una cumbre de jefes de los cárteles de Sinaloa y del Golfo, en la cual pactaron repartirse territorios y “pacificar” el país a fin de proteger sus negocios ilícitos.
Plagadas de vicios y fallas
–corrupción, protección al narcotráfico, falta de controles internos y hasta enriquecimiento inexplicable de algunos altos mandos– las policías federales, en particular la PFP y la AFI, están sumidas en el desprestigio y la desconfianza.
Lo peor: este conjunto de males no se han podido resolver, pese a la multimillonaria inversión que el gobierno federal ha realizado en la última década para crear un modelo policial de excelencia.
Por estar presuntamente relacionados con el narcotráfico, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, destituyó el pasado 25 de junio a todos los mandos de primer nivel de la AFI y de la PFP, pero hasta la fecha nadie ha sido procesado por ningún delito.
La remoción de los agentes –quienes ya promueven amparos para regresar a sus puestos– fue ordenada casi al mismo tiempo que comenzaron a surgir versiones respecto de una reunión entre narcotraficantes de los cárteles del Golfo y de Sinaloa.
Los jefes de estas organizaciones, según las mismas versiones, acordaron no sólo el reparto de territorios, sino también una tregua en todo el país a conveniencia de sus negocios ilícitos. La decisión de pacificar el territorio nacional –según esos acuerdos– sólo depende de ellos y no del gobierno federal.
Los datos históricos registran que la cumbre más célebre entre grupos antagónicos dedicados al tráfico de drogas fue la realizada luego de la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo, quizá una de las mentes criminales más lúcidas en ese negocio y quien hasta abril de 1989 fue el jefe del cártel del Pacífico.
En aquella ocasión, Félix Gallardo logró reunir a todos los capos –los hermanos Arellano Félix, Rafael Aguilar Guajardo y El Güero Palma, entre otros–, a quienes les repartió el territorio. El encuentro se llevó a cabo en Acapulco y Aguilar Guajardo fue el encargado de realizar todos los preparativos. Las negociaciones resultaron exitosas, aunque tiempo después comenzó la disputa territorial, vigente hasta la fecha.
Versiones periodísticas difundidas tanto en México como en Estados Unidos, así como datos oficiales de la DEA, confirman que hace un mes, aproximadamente, se efectuó un encuentro entre los jefes de los cárteles del Golfo y de Sinaloa. La sede fue, según algunas fuentes, un rancho de Tamaulipas. Según otras, la capital de Aguascalientes. En cuanto a la finalidad, hay coincidencias: pactar una tregua, frenar la violencia y no estorbarse en sus respectivas operaciones de trasiego de drogas.
En una primera versión, publicada el lunes 25 de junio por el periódico The Dallas Morning News, se da como un hecho la cumbre de capos. Firmada por el reportero Alfredo Corchado, la nota destaca en sus partes medulares que “silenciosamente los enfrentados cárteles mexicanos de Sinaloa y del Golfo han declarado un cese al fuego en por lo menos dos estados, mientras negocian un acuerdo de paz que podría dividir las lucrativas rutas del narcotráfico, dijeron autoridades de inteligencia de Estados Unidos y México.
“El sorpresivo movimiento podría reducir drásticamente la violencia a lo largo y ancho de toda la nación, donde más de mil 300 personas han sido asesinadas este año. Pero las autoridades lo ven con cautela, porque cualquier acuerdo podría fácilmente venirse abajo, como ya ocurrió con esfuerzos similares en el pasado.”
Según el periódico estadunidense, los resultados del presunto acuerdo entre los narcos más poderosos de México parecen tener ya sus efectos en la seguridad del país, pues –señala el diario– “en contraste con la exacerbada violencia del pasado reciente, los asesinatos relacionados con las drogas han disminuido dramáticamente en las últimas dos semanas, según registros no oficiales que llevan a cabo diariamente periódicos de la Ciudad de México. Expertos en drogas y altas autoridades encargadas de aplicar la ley (en) ambos lados de la frontera, dijeron bajo condición de anonimato que al parecer el cese al fuego se está respetando”.
Un pacto “frágil”
Asesor de Jorge Carpizo cuando éste fue procurador general de la República, Eduardo Valle, El Búho, confirmó al mismo diario que, en efecto, la reunión se llevó a cabo, aunque no desmenuza los detalles del encuentro.
“El hecho de que la violencia haya hecho erupción de una forma tan alarmante a través del país –la costa del Golfo y la del Pacífico– se convirtió en un asunto de seria preocupación para los líderes más veteranos de los cárteles, quienes temen por la caída de su negocio en general”, comentó Eduardo Valle, quien junto con otras fuentes oficiales consultadas por el reportero Corchado dijeron que “las pláticas incluyen a algunos funcionarios locales, estatales y federales”.
Eduardo Valle también le dijo al diario estadunidense: “En este momento las mentes más frías están prevaleciendo. Lo que tenemos ahora es un cese al fuego parcial y temporal, mientras las dos partes tratan de negociar un pacto duradero. Todo esto, sin embargo, sigue siendo muy frágil, en el mejor de los casos, y es muy improbable que se sostenga en el largo plazo”.
El exfuncionario de la Procuraduría General de la República, quien estuvo comisionado en 1993 para realizar investigaciones contra el cártel del Golfo, se refirió en otra parte de la entrevista a la participación de autoridades federales en la negociación entre los cárteles:
“El realineamiento que está en curso no es sólo dentro de los cárteles, sino también con algunos miembros del gobierno. Esta es la única forma en que cualquier pacto puede funcionar, debido a la vasta corrupción que se ha extendido en los sectores gubernamentales.”
El periodista del Dallas Morning News cita otra fuente que confirma la cumbre de capos. Es un oficial de inteligencia estadunidense que pidió no ser identificado. Dijo al periódico: “El acuerdo no es sólido, pero hay movimientos en ese sentido”.
En cuanto a los puntos que presuntamente se trataron en la narcocumbre, el diario señala que, según fuentes de inteligencia, los líderes de los cárteles de Sinaloa y del Golfo están negociando cómo subdividir los críticos estados norteños de Nuevo León y Tamaulipas, ambos limítrofes con Texas.
“Entre tanto, de acuerdo con esas mismas fuentes, Los Zetas, un violento grupo de sicarios integrado por desertores militares altamente entrenados, compartirían el estado de Tamaulipas con sus antiguos jefes del cártel del Golfo. Después podrían seguir negociaciones sobre otros estados, incluyendo Michoacán, Guerrero y Veracruz. Los Zetas –según el Dallas Morning News– desean el control sobre el codiciado Nuevo Laredo, escenario de algunos de los combates más sangrientos, y su puerta de entrada a la 1-35.”
De acuerdo con el periódico, el aparente cese al fuego es en parte una respuesta a la actual campaña militar del gobierno de Felipe Calderón, que ha frustrado algunas operaciones, y la perspectiva de un mayor involucramiento de Estados Unidos, tanto con un incremento de fondos como con asistencia en telecomunicaciones para el combate antidrogas en México.
En la información se resalta a Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, como el artífice de las negociaciones entre los cárteles del Golfo y Sinaloa, de quien se afirma: (es) “un poderoso narcotraficante originario de Badiraguato, Sinaloa, y reputado líder de la Federación, una organización de cárteles manejada de una manera muy similar a la mafia, mediante la extorsión y los lazos familiares.
“Según los reportes, la Federación incluye a los cárteles de Sinaloa y Sonora. Más que como un traficante de drogas, el señor Esparragoza, cuyo rostro aparece en la lista de los más buscados por el FBI con una recompensa de 5 millones de dólares, es reconocido por sus habilidades para negociar acuerdos de paz. Hace cinco años, dijeron las autoridades, el señor Esparragoza intentó y no logró alcanzar un acuerdo con Osiel Cárdenas, el antiguo jefe del cártel del Golfo, quien fue extraditado a Estados Unidos.
“Con el señor Cárdenas fuera de la película, la Federación, encabezada por el señor Esparragoza, está ahora dialogando con Eduardo Costilla-Sánchez, conocido como El Coss, el famoso líder del cártel del Golfo, y con Heriberto Lazcano, conocido como El Verdugo y líder de Los Zetas”, dijeron los oficiales.
La nota incluye la opinión de un oficial estadunidense, quien afirmó: “El Azul es el único tipo que puede tratar con ambas partes. Él es el negociador de la paz y ha constituido un buen enlace que puede comunicarse con ambas partes, El Coss y Lazcano y el Ejército Mexicano”.
En su edición del 25 de junio, la columna Templo Mayor, publicada por el diario Reforma, también se refirió a “la cumbre de narcos” como un hecho y calificó como “novedad” la presencia en ésta de un alto funcionario federal que presuntamente acudió en calidad de réferi.
Al día siguiente, Fernando Arias Pérez, director general de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, negó “categóricamente la participación de funcionario federal alguno en los hechos” referidos, aunque no negó el dato concreto: la reunión entre narcotraficantes.
Los datos de Proceso
Hace aproximadamente 20 días, este semanario obtuvo informes sobre la negociación entre los cárteles de Sinaloa y del Golfo. La versión que se hizo llegar a este semanario indica que el encuentro se llevó a cabo en un rancho del estado de Tamaulipas; que el día del cónclave (ocurrido la primera semana de junio) hubo un gran movimiento de vehículos de lujo, a bordo de los cuales llegaron altas figuras del narcotráfico con sus respectivos cuerpos de seguridad.
Los datos referidos indican además que Gregorio Sauceda, El Caramuela, y su hermano Tomás Sauceda, El Caris, establecieron contacto con un viejo conocido suyo: Edgar Valdés Villarreal, La Barbie, quien habría sido el primer enlace para efectuar la negociación entre ambos cárteles. En una primera fase, el acuerdo se habría llevado a cabo aparentemente sin el consentimiento de Los Zetas.
El encuentro, se afirma, fue un tanto ríspido, pues inicialmente las peticiones de El Chapo Guzmán fueron que le entregaran Tamaulipas y Veracruz, y que se eliminara a varios miembros de Los Zetas (como ha ocurrido en las últimas fechas); es decir, puso muchas condiciones para aceptar que su gente se sentara a negociar con los miembros del cártel del Golfo.
La Barbie, identificado como un primer enlace entre las dos bandas, estuvo afincado en Tamaulipas desde finales de los noventa y hasta 2003, “y tiene buenas relaciones con los actuales jefes del cártel del Golfo”, refiere la información obtenida por Proceso. Después, los hermanos Beltrán Leyva lo enviaron a Guerrero, su nuevo feudo.
De acuerdo con un alto funcionario de la DEA entrevistado por Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso en Washington, la agencia antinarcóticos está al tanto de los intentos de los cárteles mexicanos por repartirse territorios.
La misma fuente añade que durante los últimos meses la agencia ha tenido noticias de reuniones entre capos. Más aún, añade, el tema se ha tratado en encuentros sostenidos entre autoridades de los dos países para intercambiar información.
Según el funcionario, la DEA considera que los eventuales acuerdos entre capos se explican por el temor que tienen al embate militarizado en su contra. Sin embargo, dice, la agencia cree que es difícil que los cárteles lleguen a formar una especie de federación, pues están muy divididos en todos los ámbitos del negocio de las drogas, por lo que “sería terrible que se pusieran de acuerdo para repartirse el territorio”.
Explica: “El gobierno mexicano tiene todos los detalles” sobre las reuniones entre capos y es al que le corresponde informar sobre ello. “Lo que nosotros sabemos es que julio y agosto serán meses muy difíciles en la campaña del gobierno mexicano contra el narco y en la disputa entre varios cárteles”.
Desbarajuste policiaco
A siete meses de que el presidente Felipe Calderón le declaró la guerra a los siete cárteles que operan en México, continúa la descomposición en los cuerpos nacionales de seguridad, así como las fallas en los proyectos policiacos recientemente propuestos al presidente por el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien ha generado molestia en Los Pinos por la falta de resultados contra el crimen.
Desde que asumió la titularidad de la SSP, García Luna no ve la suya: En el Congreso sigue estancada la reforma para crear el Cuerpo Federal de Policía, otra de sus aventuras policiacas; la violencia del narco continúa brotando por todas partes, sin control, y, por si fuera poco, tronó la crisis al interior de las policías federales –AFI y PFP– debido a la corrupción que ya contaminó a todos sus altos mandos.
No es todo: hace dos meses García Luna reforzó a la PFP con el traspaso de 10 mil militares, lo que convierte a la corporación prácticamente en una extensión del Ejército, con altos costos presupuestales. Sin embargo, esto no ha bastado para detener la ola delictiva que azota al país.
En lo que constituye una severa crisis policiaca, el lunes 25 de junio García Luna removió a los 34 mandos de la PFP y de la AFI en todo el país por haber reprobado los exámenes de confianza. Y otros 284 agentes –la mayoría mandos medios de ambas corporaciones– también fueron cambiados por las mismas razones.
Ese mismo día, el secretario de Seguridad Pública anunció que los relevos estaban listos para ocupar los puestos vacantes, después de ser seleccionados mediante la aplicación de rigurosos exámenes, como el polígrafo (detector de mentiras), toxicológicos y de entorno social, entre otros.
Sin embargo, la crisis en la SSP es aún más grave de lo que parece. Tras la destitución de los jefes policiacos, brotó el encono en el seno de la dependencia. El jueves 28, por ejemplo, los policías inconformes con su remoción hicieron circular un documento en el que acusan a su jefe, García Luna, de “mentiroso” y de “engañar al presidente de la República”.
Exponen: “No es válido el indebido manejo de la destitución de los mandos medios operativos de la Policía Federal Preventiva, pues el secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal ha engañado al presidente de la República, a las instituciones… a la ciudadanía, al tratar de justificar sus indebidas acciones…”
No es todo: el documento incluye la lista de los nuevos mandos que, a partir del martes 26, ocuparon las plazas de los agentes destituidos. En el texto figura al menos una decena de policías recientemente nombrados en cargos de primer nivel pero que, según sus antecedentes, reprobaron todos los exámenes de confianza desde el año 2000.
Se trata de Miguel Ángel Quezada Colombo (coordinador regional de Oaxaca), Fernando Flavio Fernández Ramírez (Campeche), Juan Ignacio Muciño (Jalisco), Antonio Caballero Acevedo (Guanajuato), Gabriel Fermín Martínez Cancino (Querétaro) y Víctor Guillermo Gutiérrez Ramírez (Veracruz). A pesar de sus antecedentes, todos ellos fueron presentados por García Luna con sus mejores credenciales.
2 de julio: incertidumbre y autoritarismo
John M. Ackerman*
Desde mucho antes de las pasadas elecciones presidenciales y hasta un año después del histórico 2 de julio de 2006, las instituciones electorales de nuestro país han exigido la confianza de la ciudadanía sin ofrecer a cambio ninguna muestra de su confiabilidad. Actúan sin fundamentar, deciden sin motivar, cambian de criterios de la noche a la mañana y exhiben la pobreza de sus niveles de transparencia y rendición de cuentas. Los ciudadanos simplemente no contamos con información suficiente para evaluar el desempeño de las autoridades y seguimos en la incertidumbre total respecto de los resultados de la elección presidencial.
La lógica autoritaria exige confianza ciega en las instituciones y desprecia la crítica ciudadana. De acuerdo con el exmagistrado electoral Eloy Fuentes, “la organización electoral está fuera de sospecha. Si algo está bajo sospecha es la calidad cultural del pueblo de México”. Con la arrogancia de quien defiende la razón del Estado, esta lógica sentencia que el gobierno es infalible y que las desconfianzas surgen de un sospechosismo irracional e ignorante.
Pero los hechos hablan por sí solos. A un año de la elección, el IFE todavía no ha dado a conocer los resultados por casilla de la apertura de paquetes que se efectuó durante el conteo distrital. Dos semanas después del recuento, el IFE informó acerca de los lugares donde se habían abierto paquetes electorales y la forma en que esto afectó los totales para cada uno de los candidatos, pero en ningún momento se nos ha informado exactamente cuántos votos se sumaron o se restaron en cada una de las casillas a partir del recuento.
El Tribunal Electoral tampoco ha informado de manera clara sobre los resultados de su propio recuento. Los juicios de inconformidad resueltos el 28 de agosto aportan algunos datos, pero el Tribunal nunca ofreció un informe integral sobre los hallazgos de sus diligencias. Jamás se pronunció con respecto al estado en que se encontraron las bodegas, los paquetes y los sobres electorales ni presentó un informe desglosado sobre los cambios en la votación que resultaron del recuento. El 5 de septiembre el Tribunal declaró a Felipe Calderón ganador con base en una tabla que resume la votación para cada uno de los 300 distritos, sin aportar información desagregada a nivel de casillas.
Sabemos a partir de cálculos propios que entre el conteo distrital del IFE y el conteo final del Tribunal la ventaja de Calderón sobre López Obrador se redujo en aproximadamente 10 mil votos. Estrictamente hablando, 5 mil de estos votos se explican por la anulación de casillas y los otros 5 mil por el recuento. Pero el resultado del recuento seguramente fue mucho mayor ya que la mayor parte de las 744 casillas anuladas también fueron recontadas. Así mismo, habría que recordar que el Tribunal aplicó un criterio sumamente laxo para la anulación de casillas. Los magistrados ignoraron por completo los casos de boletas sobrantes y faltantes, y solamente anulaban una casilla cuando la irregularidad hubiera sido mayor a la diferencia entre el primero y el segundo lugar en esa casilla.
López Obrador recogió 10 mil votos con la investigación de únicamente 9% de las casillas electorales. Si las mismas irregularidades hubieran estado presentes en el resto de las casillas, la ventaja de Calderón se hubiera reducido a la mitad, a únicamente 122 mil votos, o 0.30%, sobre López Obrador. Pero las irregularidades en las otras casillas podrían ser mucho más graves que las presentes en las que el Tribunal abrió. Los magistrados simplemente se negaron a investigar decenas de miles de casillas evidentemente problemáticas. Numerosos observadores independientes, y José Antonio Crespo de manera destacada, han demostrado con un análisis de las actas que los paquetes electorales que nunca se abrieron podrían esconder grandes sorpresas (véase, John Ackerman, The Limits of Transparency: The Case of Mexico´s Electoral Ballots, en Mexican Law Review, número 8, July-December 2007, disponible en: http://info8.juridicas.unam.mx/cont/8/arc/arc1.htm).
Estas dudas son las que inspiraron la propuesta de solicitar el acceso a la paquetería para verificar los resultados. En un esfuerzo heroico, Daniel Lizárraga y Rafael Rodríguez, de la revista Proceso, junto con Delia Angélica Ortiz, de W Radio, además de 800 ciudadanos, solicitaron acceso a las boletas electorales. La respuesta es bien conocida. Según el IFE, el acceso a las boletas pondría en riesgo la seguridad nacional. Según el Tribunal, las boletas son públicas pero “indisponibles”. Estas decisiones reflejan una interpretación torcida y engañosa de nuestra nueva Ley Federal de Transparencia y revelan que la razón de Estado sigue prevaleciendo firmemente en el desarrollo de la incipiente democracia mexicana.
Más allá de las graves fallas institucionales, la actitud asumida por una importante franja de la clase intelectual del país también resultó decepcionante. Dos días antes de que el Tribunal Electoral tuviera la oportunidad de esclarecer los resultados con su decisión sobre el recuento, un poderoso grupo de intelectuales liderados por Enrique Krauze y José Woldenberg se autoerigió como árbitro de la contienda y buscó silenciar las demandas populares de un recuento total de la votación. “No encontramos evidencias firmes que permitan sostener la existencia de un fraude maquinado en contra o a favor de alguno de los candidatos”, reza el desplegado del 3 de agosto, y continúa: “no debemos alimentar una espiral de crispación y alarma. No inyectemos elementos que envenenen el ambiente político, no enfrentemos a los adversarios como si se tratara de enemigos”. Como era de esperarse, este texto recibió gran atención por parte de los principales medios de comunicación del país.
No hay duda de que el Tribunal contaba con plenas atribuciones para ordenar un recuento completo, o por lo menos una muestra estadística de las casillas. Tal actuación es lo que realmente hubiera aligerado el conflicto al romper de forma genuina la “espiral de crispación y alarma” que preocupaba a los “abajo firmantes”. Pero en lugar de pedir de manera respetuosa a los magistrados hacer todo lo posible por otorgar certeza a los resultados, este conjunto de intelectuales decidió escalar el conflicto con una serie de regaños para uno de los actores en la contienda y una defensa ciega y apologista “de las instituciones de nuestra democracia”.
De nueva cuenta nos encontrábamos ante la lógica autoritaria que exhibe el desprecio a los movimientos ciudadanos y exige confiar ciegamente en la palabra de las instituciones. Los intelectuales habían olvidado que una ciudadanía activa, crítica y desconfiada es la sangre vital de la democracia. La pasividad ciudadana y la apología intelectual son las contrapartes perfectas para el despliegue de la corrupción, el autoritarismo y la opacidad gubernamentales.
Dicen que la historia la escriben los vencedores y, desde luego, no han faltado voces que insistan en que la elección presidencial de 2006 fue la “mejor organizada y más limpia en la historia moderna de México” (véase Luis Estrada y Alejandro Poiré, Taught to Protest, Learning to Lose, en Journal of Democracy, volumen 18, número 1, enero de 2007). Tales fantasías son dignas de la Foxilandia que pensábamos ya totalmente en el pasado. Vale la pena señalar que Alejandro Poiré ingresó al IFE como director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos a invitación de Luis Carlos Ugalde, y actualmente, en el equipo de Felipe Calderón, se desempeña como director general de Análisis Político de la Presidencia de la República.
Los que defendemos el derecho a disentir y a desconfiar sabemos que el proceso electoral del año pasado estuvo plagado de irregularidades e ilegalidades. Así lo documentan claramente Julio Scherer Ibarra y Jenaro Villamil en su más reciente libro, La guerra sucia de 2006. Las autoridades electorales simplemente no actuaron o actuaron a medias, dejando al país un legado de impunidad y simulación.
La reforma electoral que se prepara dentro del marco de la Ley para la Reforma del Estado ofrece una esperanza para cambiar las cosas en el futuro. Pero habría que señalar que no es ni en las instituciones ni en los marcos normativos donde podremos encontrar las principales causas de la crisis política desencadenada hace un año. Si alguien está bajo sospecha son los individuos encargados de dirigir esas instituciones y los responsables de hacer valer nuestras leyes. l
Investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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