Incapacidad dialogadora

Incapacidad dialogadora

Por: Eduardo Ibarra Aguirre

Rechazada la propuesta que presentó Juan Camilo Mouriño Terrazo frente a la iniciativa del Ejército Popular Revolucionario para dialogar sobre la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez desde hace un año, el gobierno evidencia una limitada capacidad de negociación.

El alcance aparentemente limitado de la propuesta eperrista, logró mostrar que en el sexenio de los abundantes discursos sobre el estado de derecho y el gobierno de leyes, la desaparición forzada goza de cabal salud, en particular en los cuerpos represivos de gobiernos como el de Ulises Ruiz Ortiz, aliado de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, aunque la pésima imagen pública del primero perjudique más que beneficiar al segundo.

Resulta desafortunado el llamamiento presidencial a la unidad por encima de diferencias ideológicas, partidarismos políticos, condiciones sociales y credos religiosos, para combatir la delincuencia organizada y la pobreza extrema, acompañado precisamente de Mario Plutarco Marín Torres, persecutor de Lydia Cacho Ribeiro y conocido como El góber precioso por sus vínculos públicos con pederastas confesos, telefónicamente por lo menos, como José Kamel Nacif Borge, apostador número dos de Las Vegas y Rey de la mezclilla, además de amigo y socio de Jean Succar Kuri, promotor internacional de la prostitución y la pornografía infantiles.

La extraordinaria apertura para mantener y multiplicar alianzas con delincuentes de cuello blanco -protegidos algunos por la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, no se compadece de la incapacidad creciente para dialogar, ya no digamos negociar, con el movimiento social (productores agropecuarios, pobladores de Atenco, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y viudas de Pasta de Conchos), los partidos del Frente Amplio Progresista, organizaciones civiles que denuncian alarmadas la existencia de presiones de Los Pinos para que Amerigo Incalcaterra abandone la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el Distrito Federal, y la vasta ciudadanía que 17 meses después no comulga con la máxima electoral del sexenio: “haiga sido como haiga sido”.

La respuesta gubernamental del pasado 29 de abril al diálogo propuesto por el EPR sobre sus dos compañeros torturados y desaparecidos, en estricto rigor constituyó un rechazo tajante a cualesquiera posibilidades. Con las draconianas condiciones que expresó el campechano, nacido en Madrid y de origen gallego, prácticamente exigió la capitulación del grupo al que apenas el 18 de enero -tres días después de que Mouriño Terrazo sustituyó a Francisco Javier Ramírez Acuña al frente de Gobernación-, definió con todo el desconocimiento que traía y aún trae a cuestas, pero en puntual sintonía con la Casa Blanca y el Pentágono: “El EPR es un grupo terrorista”.

De esta manera, Calderón Hinojosa expresó por medio de su entrañable amigo y funcionario favorito, que no le interesa sostener interlocución con ninguno de los 50 grupos alzados en armas, reconocidos e identificados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Pequeños o grandes, articulados o desarticulados, con poca o regular capacidad de fuego, con mínima o ancha base social, son demasiados grupos los que forman parte de un movimiento guerrillero que tiene un historial de más de 40 años continuos, y raíces sociopolíticas que ningún gobernante puede permitirse el lujo de ignorar, a riesgo de darse ahora de topes con la pared y cuando sea demasiado tarde lamentarlo.

Mientras tanto, Reyes Amaya y Cruz Sánchez deben ser presentados en las condiciones en que los tengan y sus familiares respetados en sus vidas y bienes. Y ésta es una obligación gubernamental básica.