DEL PROCESO

OTRO FRAUDE DEL BURRO PARADO, LA AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO

La transa aeroportuaria
Jorge Carrasco Araizaga

Cuando no transitó de lo anecdótico a lo escandaloso, el estilo foxista de hacer –y deshacer– entró con facilidad al terreno de la sospecha. Y es que, descontando los fracasos evidentes de sus obras de ornato, como la megabiblioteca José Vasconcelos, es cada vez más claro que su presidencia fue un negocio de mecánica recurrente: obras públicas cuyo costo terminó siempre duplicado, triplicado... multiplicado hasta el extremo. Los trabajos para ampliar el aeropuerto capitalino –carísimos y poco útiles– son fiel ejemplo de ello...

Las obras de relumbrón del sexenio de Vicente Fox terminaron por derrumbarse en pocos meses. Primero fue la megabiblioteca José Vasconcelos. Ahora son las obras de ampliación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) las que están en entredicho. Las críticas se enfocan en la construcción de la terminal 2, que atenderá los vuelos internacionales. No sólo por su elevado costo –400 millones de dólares, equivalentes a 4 mil 395 millones 200 mil pesos al tipo de cambio actual–, sino porque tendrá una vida útil de siete años y no de 50, como anunció la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su Plan maestro de 2003. Esta terminal no servirá siquiera para el aterrizaje de aviones de pasajeros más grandes que los que ahora realizan sus maniobras en este aeropuerto ni logrará abaratar las tarifas de carga y descarga de mercancías, según presumían las autoridades foxistas. Detrás de esta propuesta de modernización aeroportuaria hay una serie de omisiones, discrecionalidad, irregularidades y hasta posibles malos manejos que, de acuerdo con la revisión técnica, administrativa y financiera realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), representan un daño patrimonial. Por ello, la auditoría pidió que se investigue a quienes encabezaron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) durante el gobierno foxista, y en caso de que se compruebe algún ilícito se les finquen responsabilidades. Y es que, de acuerdo con estimaciones del propio gobierno foxista, en la construcción del “nuevo aeropuerto” –que incluye la ampliación de la terminal 1 para vuelos nacionales y la construcción de la terminal 2– se erogarán 6 mil 758 millones de pesos, una vez que concluyan las obras. En agosto de 2002, el presidente Vicente Fox decidió cancelar el proyecto de construcción de una nueva terminal aérea en el Estado de México. Doblegado por la oposición de los ejidatarios de San Salvador Atenco, en mayo de 2003 el gobierno federal presentó un nuevo programa de Acciones para la atención de la demanda de servicios aeroportuarios del centro del país, en el que optaba por la ampliación de las instalaciones del AICM. En éste proponía agrandar la terminal 1 para los vuelos nacionales, así como la construcción de otra terminal para los internacionales y la desconcentración de vuelos hacia Toluca, Puebla, Cuernavaca y Querétaro. Comedia de equivocaciones Durante la revisión de la Cuenta Pública de 2005, la ASF detectó numerosas inconsistencias, tanto en el proyecto como en la realización de la terminal 2, y concluyó que en el gobierno anterior se causó un perjuicio al Estado mexicano. Aun cuando sólo revisó una parte del gasto ejercido ese año por ASA, el órgano de control dependiente de la Cámara de Diputados observó innumerables irregularidades, entre las que destacan: que el proyecto no era factible en materia ambiental; carecía de dictámenes sobre el impacto urbano y de factibilidad; se pasaron por alto varios ordenamientos de la Ciudad de México; no consideró el aumento de las operaciones de carga, y no contó con los parámetros sísmicos adecuados para una de sus construcciones. Como muestra de la discrecionalidad con que actuaron Fox, su secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, así como el director de ASA, Ernesto Velasco León, la licitación para la construcción de la terminal 2 fue adjudicada a las firmas Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y la Doppelmayr Cable Car GMBH Corporation, con sede en Austria, sin saber si brindaban las mejores propuestas técnicas y económicas. La ASF también detectó un posible desvío de recursos, aunque no pudo determinar su magnitud porque ASA no proporcionó información sobre los créditos obtenidos mediante Nacional Financiera ni el desglose ni los montos de la inversión, que fue mayoritariamente pública. En su Memoria de obras 2002, la SCT señaló: “El AICM ha asumido el reto de atender la demanda de servicios para los próximos 20 o 30 años, lo que implica dotarlo de la infraestructura necesaria para atender una demanda anual aproximada de 50 millones de pasajeros”. Para ello, la dependencia consideraba no sólo la ampliación del aeropuerto del Distrito Federal, sino el uso de otras terminales. A su vez, en sus Acciones para atender la demanda de los servicios aeroportuarios del centro del país, ASA informó que la nueva terminal internacional tendría 24 posiciones (18 directas al edificio y seis remotas) para el desplazamiento de 30 millones de pasajeros, 10 millones más de los que actualmente utilizan el AICM. De acuerdo con este documento de ASA, la inversión total sería de 270 millones de dólares: 40 para el edificio de la terminal actual y 230 millones para la terminal 2 (T2). De éstos, 50 serían de inversión privada, 60 de inversión mixta (pública y privada) y 120 exclusivamente de recursos federales. Pero en 2005, en su reporte Avances del sector, difundido por la dirección de Comunicación Social, la SCT informó que “la nueva T2 requerirá una inversión de 400 millones de dólares para la construcción de 214 mil metros cuadrados que comprenden un nuevo edificio terminal, hotel y estacionamiento, más los costos de reubicación de hangares (5 mil 400 millones de pesos)”. Así mismo, explicaba que la ampliación del AICM era una de las tres partes del programa Sistema Metropolitano Aeroportuario. Las otras dos incluían la desconcentración hacia los aeropuertos vecinos y la desconcentración de las terminales aéreas de Guadalajara, Monterrey y Cancún. Para la ampliación, decía el reporte, “se invertirán recursos del orden de 6 mil 577 millones de pesos, entre inversión pública y privada”. El documento de la SCT agregaba que la superficie del edificio terminal sería de 80 mil metros cuadrados y contaría con 22 posiciones de contacto y nueve remotas, siete más que las anunciadas por ASA anteriormente. Además, que la superficie de la plataforma abarcaría 390 mil metros cuadrados y que se construirían dos nuevos rodajes, un estacionamiento con 3 mil cajones y un hotel de 350 habitaciones. ASA contribuyó todavía más a enredar las cifras cuando, a solicitud de Proceso, informó en enero pasado que el edificio de la nueva terminal se construiría en una superficie de 240 mil metros cuadrados, 23 posiciones directas al edificio (una más de lo señalado por Cerisola) y que el estacionamiento contaría con 3 mil 500 cajones, no 3 mil como dijo el titular de la SCT. Incluso afirmó que el AICM se convertiría en la primera terminal de América Latina con capacidad para recibir al nuevo Airbus 380. Uno de los aspectos en el que coinciden los reportes de la SCT y ASA es el alusivo a la construcción de un tren interterminales que movilizaría hasta 6 mil 800 personas y haría su recorrido de tres kilómetros en sólo seis minutos. Pero el dato no coincide con el de la empresa Doppelmayr Cable Car, encargada del proyecto, que señala que ese recorrido se cubriría en sólo cuatro minutos y medio. El propósito de Fox era que este tren empezara a dar servicio en el último trimestre de 2006. No se cumplió. Proyecciones erróneas Los resultados de la auditoría efectuada a ASA ponen en evidencia que nunca hubo un Plan General en las obras de ampliación del AICM ni se valoró la utilidad de la costosa obra. Así, por ejemplo, la ASF detectó que el gobierno foxista hizo sus proyecciones a partir de la demanda del servicio en el aeropuerto de 2007 y hasta el 2020; es decir, consideró que la vida útil de la obra sería de sólo 13 años. Pero incluso estas proyecciones son erróneas, pues según la auditoría, apoyada en datos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), tal utilidad será de sólo siete años, ya que en 2013 el número de pasajeros que atenderá el AICM anualmente se elevará a 32 millones. Actualmente 20 millones de pasajeros utilizan cada año los servicios aeroportuarios de la Ciudad de México. “Eso implica que la desaturación del aeropuerto con las nuevas edificaciones no tendrá un plazo mayor a siete años; por tanto, los beneficios obtenidos después de 2017 no son consistentes con la vida útil del proyecto”, estableció la auditoría. Las conclusiones de la ASF son contundentes: “La inversión total del proyecto (6 mil 758.30 millones de pesos de acuerdo con el análisis costo-beneficio de la ampliación de la terminal 1 y nueva terminal 2) únicamente sirve para solventar la saturación a siete años y no a los 50 años planteados en el Resumen del plan maestro de mayo de 2003, situación que se traduce en un perjuicio, dado que no se desarrolló la mejor alternativa para optimizar esa inversión, a pesar de que se contaba con el proyecto de Tizayuca”, en el estado de Hidalgo. Además precisa que, si bien durante el período de cuatro años –2003-2007– difícilmente se hubieran concluido las obras del aeropuerto alterno, éstas hubieran significado un beneficio a largo plazo, al detonar el desarrollo de proyectos industriales en la región y acelerar la ya planeada infraestructura vial en el estado de Hidalgo. Contrario a lo anunciado por ASA, no se modificó el espacio de las pistas paralelas segregadas. Sólo se consideraron las nuevas pistas de rodaje y posiciones para las aeronaves, de manera que seguirá siendo imposible que en México aterrice un Airbus 380. Así mismo, la auditoría detalló que la OACI clasifica al AICM como terminal 4E, lo que significa que sólo puede recibir aviones con una envergadura de 52 a 65 metros, debido a que tiene dos pistas paralelas segregadas con una distancia de 305 metros y cada una con 45 metros de ancho. Más: el Airbus tiene una envergadura de 79.75 metros, por lo que requiere una pista de 60 metros de ancho. “La operación de este avión en el AICM implicaría el cierre temporal del aeropuerto por un tiempo aproximado de 15 a 20 minutos”. Falta de transparencia Uno de los principales cuestionamientos de la ASF tiene que ver con el transporte que conectará a las dos terminales, conocido como sistema autónomo de transporte interterminales, pues implica la construcción de infraestructura, estaciones de pasajeros, cuatro trenes y un centro de control. La construcción se adjudicó mediante licitación internacional a ICA y a Doppelmayr Cabe Car GMBH & Co. El monto del contrato fue de 677 millones 572 mil pesos, más IVA, a ejecutarse entre el 12 de agosto de 2005 y el 8 de enero de 2007. Aeropuertos y Servicios Auxiliares adjudicó la obra el 20 de julio de 2005, antes de contar con la autorización de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y del Comité Técnico del Fideicomiso Nuevo Aeropuerto. No sólo eso. A pesar de la prórroga solicitada por los 14 licitantes para hacer sus propuestas técnicas y económicas, una vez que obtuvieron el contrato los contratistas solicitaron 60 días más para hacer sus ofertas. Pese a que “tenía una alta incidencia de inconformidades” por los plazos, dice la auditoría, la entidad “dejó de recibir un mayor número de proposiciones que le permitieran optar por la más conveniente en cuanto a precio, calidad, financiamiento u oportunidad”. Todavía hay otro inconveniente, según el órgano de control fiscal de la Cámara de Diputados: “No existe evidencia de las razones por las cuales la entidad fiscalizada... determinó declarar solvente la propuesta conjunta” de ICA y Doppelmayr para adjudicarles el contrato. Además, delegó en la firma The Louis Berger Group Inc., la evaluación de la propuesta ganadora cuando la propia ASA estaba obligada a hacerla. La auditoría señala que la paraestatal “no aseguró al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad”. Estableció también que los parámetros sísmicos para ese transporte “no son los adecuados, según el estudio de mecánica de suelos realizado por ERN Ingenieros Consultores SC”. Por si fuera poco, ASA se negó a informar a los auditores sobre “el desglose de los conceptos y montos que integraron la inversión de la T2, y lo relacionado con el crédito sindicado que obtuvo de Nacional Financiera”. Por lo que concierne a la construcción de los edificios de la T2, la ASF señaló numerosas omisiones y actos irregulares. El contrato para esa obra fue adjudicado en noviembre de 2005 a Administradora Gutsa, S.A. de C.V., y Gutsa Infraestructura. El costo: 519 millones 523 mil 800 pesos. Ambas empresas se comprometieron a terminar los trabajos en septiembre de 2006, pero después pidieron una reprogramación para enero de 2007. Para empezar, según la auditoría, ASA omitió evaluar el impacto por el probable incremento de los niveles de ruido por la construcción y operación de la T2 y sus vías de acceso, y proponer medidas de prevención para no incrementar la afectación a la salud de la población ya expuesta a altos niveles de emisión de ruido. Además, de acuerdo con las Guías para el ruido urbano publicadas por la Universidad de Estocolmo y el Instituto Karolinska, de la Organización Mundial de la Salud –citadas por la auditoría–, “como resultado de lo anterior la construcción de la T2 no era ambientalmente factible”. La decisión de ampliar el AICM también soslayó que éste se ubica en una zona donde está en riesgo la seguridad de los aviones por la presencia de aves residentes y migratorias durante todo el año, así como por los cuerpos de agua que existen en la Alameda oriente y en los remanentes del Lago de Texcoco. La auditoría constató también que ASA inició la construcción de la T2 sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental, aunque la paraestatal aseguró que se trataba de “una zona ya impactada”. La nueva terminal tampoco contó con el dictamen de impacto urbano, por lo que se construyó sin una adecuada evaluación de la infraestructura urbana circundante, como la red de agua potable, la capacidad de la red de drenaje y alcantarillado, y de las vialidades de acceso. Aeropuertos y Servicios Auxiliares soslayó también que se trata de una zona con alta demanda de agua potable, generadora de residuos y considerada como un espacio con el más alto índice de congestionamiento vial y contaminación atmosférica. Lo que queda, de acuerdo con la ASF, es que la paraestatal investigue y, en su caso, finque responsabilidades administrativas para sancionar a los funcionarios que se les acrediten los actos y omisiones que afectaron al Estado mexicano.

Obra de papel
Jorge Carrasco Araizaga

A pesar de los más de 600 millones de dólares invertidos por el gobierno foxista en las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), de poco servirán para satisfacer la demanda de los usuarios de esta terminal.

Y es que ahí se realizan, en promedio, entre 58 y 60 maniobras de despegue y aterrizaje de aeronaves cada hora –prácticamente una por minuto–, tal como ocurría antes de los trabajos de ampliación de la terminal 1, destinada a los vuelos nacionales, y de la construcción de la terminal 2, que atenderá los vuelos procedentes del extranjero y quedará lista a mediados de este año. El presidente del Colegio de Pilotos, el capitán Miguel Ángel Valero Chávez, asegura que sólo se habilitó más espacio para las terminales, pero no se hizo nada para aumentar las operaciones de vuelo. En otras palabras, dice, los aviones no tienen dónde atracar porque lo que se hizo fue ampliar una terminal y construir otra, pero las pistas no se modificaron. Y pone un ejemplo: “Es como si a un estacionamiento se le hubiera aumentado el número de cajones”. A eso se limitaron las obras en la plataforma aeroportuaria, cuando “una verdadera ampliación tenía que ver no sólo con el espacio físico, sino también con el espacio aéreo”. Los pilotos estiman que aun cuando se invirtieron 6 mil 758 millones de pesos en las obras de ampliación, más del doble de los recursos estimados inicialmente para el proyecto, desde un principio se sabía que no se podía hacer nada en un aeropuerto ya saturado como el de la Ciudad de México. “Ya no se podía aumentar la capacidad de operación porque sólo tiene dos pistas que no se pueden ampliar. Lo único que se pudo hacer fue desahogar el estacionamiento para los aviones. Va a haber más posiciones, lo que significa que se reducirán las demoras para atracar. “Ahora, en hora pico, no hay posiciones dónde estacionarnos. Habrá, por tanto, una reducción de costos por el incremento de posiciones. Pero hasta ahí, porque si el aeropuerto sólo tiene una entrada y una salida para los aviones, es claro que a mediano plazo la ampliación no beneficia”, asevera Valero Chávez. También critica a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) porque, insiste, contrario a lo que pregona en sus informes, el AICM no cuenta con las pistas adecuadas para que aviones de grandes dimensiones, como el Airbus 380, puedan aterrizar. Una quimera El presidente del Colegio de Pilotos pone como ejemplo los trabajos de ampliación en el aeropuerto de Los Ángeles y hace una comparación con los que se realizan en el AICM. Allá, indica Valero Chávez, cerraron una de las cuatro pistas –la 25 izquierda– para hacerla más ancha y más larga. La obra durará ocho meses. En México, la ampliación y construcción de las terminales lleva más de tres años. Con esa nueva infraestructura, el aeropuerto angelino recibirá los grandes vuelos procedentes de Asia. En México, por el contrario, los beneficios económicos que podrían obtenerse por operaciones sólo son parte de los discursos de grandeza del foxismo, según lo confirmó la propia Auditoría Superior de la Federación al evaluar los trabajos en el AICM, dice. Y sigue comparando: Si el AICM tiene de 58 a 60 operaciones por hora, en el de Los Ángeles hay 50 por minuto, y con las obras que se están haciendo se incrementará su capacidad. “En México –reitera Valero Chávez–, cualquier obra que se haga ya no puede ampliar las operaciones aéreas. La limitante es el número de pistas y de operaciones por hora, sin considerar las operaciones fallidas (de salida o aterrizaje) que se llegan a presentar por condiciones meterológicas.” Así mismo, recuerda que cuando el presidente Vicente Fox presentó, el 30 de mayo de 2003, su Programa de Acciones para la Atención de la Demanda de Servicios Aeroportuarios del Centro del país, habló no sólo de la ampliación del AICM, sino también de la desconcentración de vuelos hacia los aeropuertos de Toluca, Puebla, Cuernavaca y Querétaro. E insiste en que ese propósito también quedó en el papel. Se impusieron razones técnicas, dice Valero. “En el caso de Toluca, por ejemplo, el aeropuerto está muy alto, lo que representa limitaciones para el peso y el despegue de aeronaves, y llega a tener temperaturas muy altas”. También falta infraestructura: “Si se quería tener un aeropuerto ancla con aeropuertos satélites, como existen en París o Nueva York, quedamos muy lejos de ello. En casi todos los casos los aeropuertos pertenecen a las ciudades donde están asentados. Aquí se privatizaron”. Valero Chávez pone otro ejemplo de contraste: “En Estados Unidos –dice– existen los llamados hubs, que son grandes aeropuertos en los que las aerolíneas tienen sus propias terminales, lo que les permite hacer enlaces de vuelos de larga distancia con vuelos de menor tamaño y reducir los costos de operación; en México, a las aerolíneas se les asignan los espacios en el aeropuerto cada mes”. Y remata: “Si hay una fuerte competencia entre las aerolíneas, no se entiende por qué no la hay entre los grupos aeroportuarios. Aquí prevalece lo comercial sobre lo operativo”.

BUEN ARTICULO DEL DESPISTADO ACOSTA:

Desastre hacendario
Carlos Acosta Córdova

La revisión de la cuenta pública 2005, que dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación, revela los altísimos montos que Hacienda le otorgó a grandes consorcios por devolución de impuestos, del ínfimo pago de los llamados “grandes contribuyentes” y la falta de límites legales para obligarlos a pagar sus adeudos. Todo lo cual configura la herencia fiscal de Fox: privilegios para bancos, tiendas departamentales, televisoras... los mismos de siempre.

Las empresas, sobre todo las más grandes –aquellas que tienen ingresos anuales superiores a los 500 millones de pesos–, viven en el paraíso y ganan de todas, todas: no le pagan al fisco lo que le deben, lo obligan a devolverles grandes cantidades –con lo que el pago neto de impuestos es nulo– y, lo peor, no invierten ni crean más empleos. Bajo la máxima de “ganar ganar”, y con la venia y/o la incapacidad de las autoridades, se quedan con todo. Y lo grave es que lo hacen de manera legal. Sí, la legislación fiscal se lo permite todo. Al grado de que grupos financieros, grandes consorcios automotrices, del hierro y el acero, de alimentos procesados, de tiendas departamentales y autoservicio, entre muchos otros, si bien cumplen con el fisco “en tiempo y forma”, al final –porque se les devuelven cantidades millonarias– terminan pagando sumas tan irrisorias como insultantes. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), que la semana pasada presentó públicamente su Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005, encontró que por lo menos 50 grandes empresas, de esas que tienen ingresos anuales brutos superiores a 500 millones de pesos, terminaron pagando en 2005 entre 1 y 74 pesos por Impuesto Sobre la Renta, y otras 50 pagaron de 1 a 67 pesos por el Impuesto al Valor Agregado. Y todo sin necesidad de infringir la ley. Porque cuando lo hacen, de lo que se derivan abultados adeudos al fisco, cuentan con todos los recursos para incumplir. Dice una de las auditorías especiales que la ASF aplicó al Servicio de Administración Tributaria (SAT): las grandes empresas, pese a su enorme capacidad financiera y liquidez económica, no pagan sus deudas al fisco (créditos fiscales) –acumuladas en varios años– simplemente porque no quieren pagar, ya que para ello hacen uso de “servicios profesionales de alto nivel en materia legal, contable y fiscal, que les permiten utilizar hasta sus últimas consecuencias los mecanismos de defensa que la propia legislación pone a su disposición”. Devoluciones exageradas En esta ocasión, la ASF se aplicó a fondo. Hizo dos auditorías “especiales” al SAT, toda vez que éste es por mucho un “área de opacidad”: una, para ver por qué la Secretaría de Hacienda hace devoluciones de impuestos “tan significativas” –que en 2005 sumaron casi 150 mil millones de pesos, 15% de la recaudación tributaria de ese año–, y otra para descubrir por qué se generan los créditos fiscales (adeudos con el fisco) que, al 31 de diciembre de 2005 sumaban casi 496 mil millones de pesos, equivalentes, según la ASF, a prácticamente todo el gasto programable ejercido por la Administración Pública Centralizada en ese año o a 40% de la deuda pública interna. Con esa auditoría, la ASF buscó entender también por qué el SAT recupera sólo una parte ínfima de lo que le deben las grandes empresas. En 2005, entre devoluciones y créditos fiscales, Hacienda dejó de ingresar al erario 218 mil 320 millones de pesos, cantidad equivalente a 27.5% del total de los ingresos tributarios del gobierno federal en ese año, que fueron de casi 793 mil 7 millones de pesos. Y vaya que encontró cosas. Primero el asunto de las devoluciones. Da a conocer información que no había sido pública. Resulta que aunque en proporción al total de la recaudación han ido disminuyendo –de casi 22% en 2001 a 15% en 2005–, expresadas en pesos, las devoluciones han aumentado de manera escandalosa, al grado de duplicarse en seis años: en 2000 se devolvieron a empresas y personas 75 mil 325 millones de pesos; en 2005, casi 149 mil 850 millones. El total de devoluciones en los años comprendidos entre 2000 y 2005 fue de 679 mil 691 millones de pesos; 79.4% correspondió al Impuesto al Valor Agregado (IVA); 14.5% al Impuesto Sobre la Renta (ISR), y 6.1% al Impuesto al Activo (Impac), al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y a otros. Es alto el costo de las devoluciones de impuestos, pero más grave es que sean unos cuantos los grandes beneficiarios de las mismas. En 2005, el SAT hizo efectivas (pagó, pues) 859 mil 919 solicitudes de devolución –107 mil 579 menos de las presentadas–, de las cuales 3.4% fueron de grandes contribuyentes, es decir, empresas grandes, con ingresos brutos anuales mayores a 500 millones de pesos, y el 85.5% del resto de los contribuyentes. Pero el dato es que, aunque fue muy menor la cantidad de las solicitudes de grandes contribuyentes, el monto que se les pagó fue muy superior al de los otros: por las 33 mil 172 devoluciones que se les pagaron, las grandes empresas recibieron casi 106 mil 520 millones de pesos (un promedio de 3 millones 211 mil 100 pesos por cada devolución); mientras que las 826 mil 747 devoluciones pagadas al resto de los contribuyentes sumaron poco más de 43 mil 103 millones de pesos, con un promedio de 52 mil 100 pesos cada una. Es decir, de los 149 mil 622 millones 902 mil 800 pesos que devolvió el fisco en 2005, el 71.2% fue a parar a manos de los grandes contribuyentes que, según los datos de la ASF, fueron sólo 4 mil 132 empresas; y el restante 28.8% se distribuyó entre 519 mil 372 contribuyentes de menor rango. Pero la concentración no para allí. La Auditoría detectó que de los 4 mil 132 grandes contribuyentes beneficiados tan sólo 398 recibieron casi 81 mil 498 millones –76.5% de los casi 106 mil 520 millones de pesos– y aun más: tan sólo 10 empresas obtuvieron 17 mil 416 millones 300 mil pesos, 21.4% de aquellos 81 mil 498 millones. Impedido por la ley –el secreto fiscal–, la ASF no pudo dar los nombres de esas 10 grandes empresas, pero sí las ubicó: “5 de ellas en el sector automotriz, una cadena de tiendas departamentales o de autoservicio, una de productos fotográficos; una se encuentra en la industria de la panificación, otra más en la del hierro y el acero, y la última es una institución financiera”. También: “Por tipo de impuesto, las devoluciones en este segmento correspondieron en 71% al IVA aplicable a las empresas altamente exportadoras”. De hecho, porque la ley así lo indica, las devoluciones se concentran en el IVA. De los casi 150 mil millones de pesos devueltos en 2005, el 78.6% fue de IVA, 16.1% por ISR y el resto por los demás impuestos. A los 4 mil 132 grandes contribuyentes se les devolvieron pagos de IVA por 82 mil 967 millones 154 mil 100 pesos, y por ISR, 16 mil 371 millones 318 mil 400 pesos. A los restantes 519 mil 372 contribuyentes se les devolvieron pagos de IVA por 34 mil 524 millones 312 mil pesos, y por ISR 7 mil 793 millones 458 mil pesos. Pero todo fue legal, acota la ASF. Y ese es el problema. El aumento extraordinario de las devoluciones “ha sido consecuencia de las propias disposiciones que establece la legislación fiscal; las modificaciones introducidas, que han disminuido la base gravable, especialmente del ISR, y la declaratoria de inconstitucionalidad de algunos impuestos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. En el caso particular del IVA, según la ley, tienen derecho a solicitar la devolución de ese impuesto las empresas y personas físicas con actividad empresarial dedicadas a las siguientes actividades: compraventa de animales y vegetales no industrializados; medicinas de patente y productos alimenticios; hielo y agua no gaseosa ni compuesta; libros, periódicos y revistas; prestación de servicios a agricultores y ganaderos; molienda o trituración de maíz o trigo; pasteurización de leche; sacrificio de ganado y aves de corral; suministro de agua para uso doméstico, y exportación de bienes o servicios. También acota: quienes están sujetos a tasa cero de IVA pueden solicitar la devolución del IVA que les fue trasladado al adquirir sus insumos necesarios; quienes están exentos del pago de IVA no pueden solicitar el IVA trasladado, pero es una deducción para efectos del ISR. En relación con el Impuesto Sobre la Renta, dice la ASF, han sido tantas las modificaciones introducidas –sobre todo en materia de deducciones y la derogación de varios impuestos–, que la base gravable se ha reducido. Influye también, de manera importante, el bajo crecimiento econ ómico entre 2000 y 2005: “El bajo desempeño económico de las empresas (debido a ello) implicó que por la mecánica del gravamen los pagos provisionales realizados durante un ejercicio excedieran al impuesto determinado en la declaración anual del contribuyente, lo que genera un derecho a recuperar la diferencia o el pago en exceso”. Pero las facilidades que da la ley para las devoluciones se traducen también en hechos, sugiere la ASF, que no sólo lastiman la economía, sino que promueven la irritación social. Para dar una idea del efecto que tienen esas devoluciones en el pago neto de impuestos, la Auditoría pidió al SAT una muestra aleatoria de 50 grandes contribuyentes del ISR y otros 50 del IVA, con información sobre el monto pagado de impuestos una vez descontadas las devoluciones. Y fue grave lo que encontró. Textual: “En la primera muestra los contribuyentes pagaron entre 1 y 74 pesos, mientras que en la segunda, el rango fue entre 1 y 67 pesos. Es decir, estos grandes contribuyentes, cuyos ingresos brutos acumulados son superiores a 500 millones de pesos anuales, prácticamente no pagan impuestos, o están tributando montos poco significativos en relación con su nivel de ingresos”. Pero no sólo eso. La ASF comparó los montos de las devoluciones con las cantidades que las empresas destinan a la inversión productiva. Y otra sorpresa: mientras que en el período 1998-2000 –los tres últimos años del gobierno de Ernesto Zedillo– la inversión privada fue de 455 mil 908 millones de pesos y las devoluciones de 166 mil 904 millones, en el periodo 2001-2005 –los primeros cinco años del gobierno de Vicente Fox–, la relación fue inversa: las devoluciones de impuestos totalizaron 604 mil 366 millones de pesos, mientras que la inversión privada apenas fue de 279 mil 833 millones de pesos. En resumen: en el primer caso, la inversión privada fue superior, en 289 mil millones, a las devoluciones; en el segundo, la inversión privada fue 324 mil 533 millones inferior al monto de las devoluciones de impuestos. La ASF concluye que si bien teóricamente una menor carga impositiva para las empresas, que les da mayor liquidez, debe incentivarlas a incrementar su inversión, ello no sucedió en el período analizado. Los contribuyentes, en suma, abusaron del beneficio fiscal de las devoluciones para su único y solo provecho. Los créditos sin fin Pero las grandes empresas no son sólo las que se llevan el grueso de las devoluciones, sino que también son los que más deben al fisco y los que menos disposición tienen de pagar. La mayoría de los contribuyentes, si bien también incurren de alguna forma en la “cultura del no pago”, muchas veces se ven impedidos de cumplir con el fisco. Acota la ASF que el bajo crecimiento económico registrado en el período, de 1.8% anual, “afectó negativamente no sólo la recaudación” sino que implicó para un amplio segmento de los contribuyentes “menores ingresos e incluso les impidió hacer frente a sus obligaciones fiscales”. Los créditos fiscales son adeudos que determina la autoridad una vez que detecta el incumplimiento de alguna disposición de la ley fiscal. El catálogo de causas para fincar un crédito fiscal es largo: deducciones indebidas o improcedentes; omisión de impuestos, de pagos de los mismos, de información, ingresos, de pagos provisionales; impuestos pendientes de pago; acreditamiento indebido, falta de documentación, retenciones no enteradas, determinación errónea de pagos provisionales, irregularidades en el pago de impuestos al comercio exterior, entre muchos otros. De acuerdo con la ASF, tan sólo en 2005 fueron determinados créditos fiscales por 100 mil 405 millones de pesos, pero al 31 de diciembre de ese año había 2 millones 36 mil 338 créditos fiscales (fincados a 668 mil 545 contribuyentes) con un importe, acumulado desde 2001, de casi 495 mil 808 millones de pesos. El saldo de la cartera de créditos fiscales aumentó 95.8% entre 2001 y 2005, mientras que la recaudación sólo lo hizo, en el mismo período, en 50.4%. Entre un año y otro, el saldo de los créditos fiscales pasó de representar 27% de los ingresos ordinarios del gobierno federal a 35.1%. Y pasa lo mismo que con las devoluciones: hay una gran concentración, y son las grandes empresas las más beneficiadas. De los más de 2 millones de adeudos con el fisco, 0.3%, 5 mil 619 créditos fiscales, corresponden a grandes contribuyentes, que adeudan un total de 82 mil 238 millones de pesos, 16.6% del importe total. Cada deuda fiscal de los grandes contribuyentes es de casi 14 millones 636 mil pesos, mientras que el promedio general de los créditos fiscales es de 243 mil 500 pesos. Eso evidencia, dice la ASF, que las grandes empresas, es decir, los grandes contribuyentes “son a la vez los grandes deudores fiscales”. Tan sólo en 2005, de los 662 mil 570 créditos determinados ese año, los 11 mil 29 créditos de grandes contribuyentes, 1.7% del total, sumaron un importe de 37 mil 621 millones, 37.5% del monto total; mientras el resto, 651 mil 541 créditos fiscales, 98.3% del total, correspondientes a los demás contribuyentes, sumaron 62 mil 784.2 millones de pesos, 62.5% del monto total. La concentración no para allí. De los 668 mil 545 deudores que en total había en 2005, sólo 298 –0.4% del total de deudores– tenían créditos fiscales superiores a 200 millones de pesos; ellos solos concentraban 20 mil 717 créditos, 1% del total, pero el saldo de su deuda con el fisco ascendía a 239 mil 574.3 millones de pesos, 48.3% de la cartera total. Cada uno de esos 298 grandes deudores tenía un promedio de 70 créditos fiscales por un monto de 803.9 millones de pesos cada uno. En tanto, los restantes 668 mil 247 deudores tenían tres créditos fiscales, con un importe promedio cada uno de 384 mil 400 pesos. La revisión de la ASF fue a fondo: detectó 15 contribuyentes con más de 100 créditos fiscales cada uno, y de ellos, seis registraron más de 300; en particular uno acumuló mil 453 créditos, con lo que se evidencia, dice la ASF, que “no existe límite para la determinación de créditos fiscales y ciertos contribuyentes se han dedicado a omitir obligaciones por largo tiempo sin que a la fecha se haya hecho nada al respecto”. En una clasificación por rangos, la ASF observó que la concentración es todavía más profunda: sólo 46 deudores, con créditos acumulados superiores a los mil millones de pesos, suman una cartera de casi 143 mil 585 millones de pesos, monto equivalente a 60% del total de ese grupo y a 29% de la cartera total. Para dimensionar el monto de lo que los grandes contribuyentes no le pagan al fisco, la ASF ejemplifica: “Los créditos de estos 46 contribuyentes equivalen a 45.1% de los ingresos del gobierno federal por IVA en 2005, y habrían cubierto 81.1% de las pensiones de ese año”. Ahora bien, al señalar quiénes son esos grandes deudores renuentes a pagar al fisco, la ASF detalla, sin dar nombres: tres bancos concentran 780 créditos por un monto de 28 millones 623 mil 193 pesos, 80.7% de todo lo que deben al fisco el conjunto de instituciones financieras. Más: 14 empresas del ramo de la construcción acumulan 235 créditos que importan una deuda de casi 9 mil 881 millones de pesos, 40.7% del total de ese grupo. Además, 11 ingenios tienen 739 créditos con un adeudo al fisco de 8 mil 257.1 millones de pesos, pero tan sólo cuatro de ellos concentran más de la mitad de los créditos y del monto de los mismos. También: de las seis grandes empresas del ramo del transporte, dos registran mil 60 créditos por casi 5 mil 780 millones de pesos, 82.4% del monto total del ramo. Y en el ramo de entretenimiento y comunicaciones, entre los que más deben al fisco hay cuatro clubes de futbol, con 79 créditos por un monto cercano a 2 mil 179 millones de pesos; también hay una “compañía editorial” que con 40 créditos debe al fisco 2 mil 675.5 millones de pesos. Por último, hay dos cadenas televisivas –no hay que hacer mucho esfuerzo para adivinar los nombres– que tienen créditos que hacen una deuda de mil 521.8 millones de pesos. Lo peor de todo, dice la ASF, es que los adeudos fiscales de las grandes empresas son los más difíciles de recuperar. En 2005, la autoridad recuperó créditos fiscales por 8 mil 522 millones de pesos –apenas 1.7% de los casi 495 mil 808 millones de la cartera total–, de los cuales sólo 217.9 millones –2.6% de todo lo recuperado– eran deudas de grandes contribuyentes. Una y otra vez insiste la ASF que ello se debe a la capacidad económica de esos contribuyentes “para pagar servicios profesionales de alto nivel en materia legal, contable y fiscal, que les permite utilizar hasta sus últimas consecuencias los mecanismos de defensa que la propia legislación pone a su disposición”. En suma, son los que pueden eludir el pago de impuestos y no hacer frente a sus deudas con el fisco, sin necesidad de infringir la ley. Ese poder de los grandes contribuyentes implica también, según la ASF, que a Hacienda le salga muy cara la recuperación de las deudas de aquéllos. Compara: en 2005, las Administraciones Generales de Grandes Contribuyentes del SAT gastaron 422 millones 450 mil 100 pesos en Servicios Personales (sueldos, materiales, suministros y servicios generales), que fue prácticamente el doble de los casi 218 millones de pesos recuperados de las grandes empresas. Que puedan hacer uso de aquellos servicios profesionales de alto nivel les da también la posibilidad de salir con éxito en los créditos fiscales controvertidos, los que están en litigio en tribunales, los cuales ascienden a casi 200 mil millones de pesos. La autoridad fiscal sólo gana cuatro de cada 10 juicios. Para colmo, la Auditoría detectó que 51 de los 274 grandes contribuyentes con créditos fiscales en 2005 recibieron devoluciones por un monto de 4 mil 114.1 millones de pesos. Un caso extremo: un banco –no dice cuál– que tiene él solo una deuda con el fisco de casi 25 mil millones de pesos, presentó –en 2005– 30 solicitudes de devolución de impuestos, de las que se le otorgaron 22 por concepto de IVA por mil 965.1 millones de pesos. El problema en todo ello es, como en el caso de las devoluciones, la propia ley, según la ASF: “La existencia de tratamientos preferenciales, regímenes especiales y omisiones e imprecisiones en la legislación tributaria, propicia la generación de elevados créditos fiscales y afecta la eficiencia recaudatoria, lo que en parte explica el bajo coeficiente de recuperación de dichos créditos por parte del Servicio de Administración Tributaria”. Además, dice la ASF, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no cuenta con una propuesta de reforma fiscal que concentre los impuestos dispersos para ampliar la base de recaudación y eliminar situaciones de privilegio, lo que repercute en un alto número y monto de devoluciones por saldos a favor de los contribuyentes, en perjuicio del Estado en su hacienda pública federal”. Por ello, porque la ley es la que permite los beneficios de abultadas devoluciones y los créditos fiscales incobrables, la ASF no tuvo elementos para hacer observaciones que implicaran la imputación de conductas fuera de la ley, ni de parte de los contribuyentes ni de las autoridades. A lo más que llegó es a advertir que en la revisión de la Cuenta Pública de 2006 hará auditorías a la Administración General Jurídica y a la Administración Central de Grandes Contribuyentes del SAT, “a efecto de verificar la eficiencia y eficacia de su gestión en la defensa del interés fiscal, dada la escasa recuperación que se obtiene de los créditos controvertidos”. Es decir, aunque la haya en realidad, queda sólo sugerida la existencia de corrupción y negligencia de las autoridades fiscales, en beneficio de las grandes empresas.

Y DEL MARRANO TRANZA SLIM:

Forbes “corrige”
Carlos Acosta Córdova

El 8 de marzo pasado, la revista neoyorquina Forbes, especializada en finanzas y negocios y conocida popularmente por su famosa lista anual de los principales multimillonarios del mundo, hizo pública su edición 2007, en la que ubicó al mexicano Carlos Slim en el tercer lugar, con una fortuna calculada en 49 mil millones de dólares, sólo después del fundador de Microsoft, Bill Gates, en el primer lugar con 56 mil millones, y del financiero y filántropo Warren Buffet, en el segundo, con 52 mil 400 millones.

Un mes y cuatro días después, el 12 de abril, Forbes corrigió: El segundo hombre más rico del planeta es el magnate mexicano, presidente del poderoso Grupo Carso –con Telmex a la cabeza– y de la descollante trasnacional mexicana América Móvil (Telcel), quien en tan sólo dos meses agregó 4 mil 100 millones de dólares a su capital, para dar un total definitivo de 53 mil 100 millones de dólares. Con ello, Slim desplazó del segundo lugar a Buffet, quien tiene 700 millones menos que él, y se acerca vertiginosamente a Gates, quien ahora supera al mexicano por sólo 2 mil 900 millones. En su versión en línea del jueves 12 de abril, la revista justificó la corrección señalando que a partir del cierre de su edición, a finales de enero, cuando ya tenía el ranking de los multimillonarios del mundo, la fortuna de Slim experimentó, entre febrero y marzo, ese aumento de 4 mil 100 millones de dólares, de tal suerte que para el 29 del mes pasado ya había “desbancado silenciosamente” a Buffet. Llama la atención, empero, que no haga alusión alguna al comportamiento de la fortuna y las empresas de Gates en ese mismo lapso. De Buffet, sin dar cifras, sólo dice que las acciones de su empresa de inversión Berkshire Hathaway “han disminuido levemente”. De los que están debajo de todos ellos, muchos de los cuales han escalado posiciones en la lista de manera impresionante, ni una sola palabra. Es la primera vez que Forbes hace una corrección apenas un mes después de publicar su lista “definitiva” de multimillonarios. Nunca había puesto tanto interés por hacer público el desempeño de alguna fortuna a tan poco tiempo de dar a conocer su famosa lista The World’s Richest People. Ni siquiera en su edición en línea, donde, con frecuencia, se hacen las actualizaciones del ranking mundial de multimillonarios. Lo cierto es que mucho antes de ese 29 de marzo –fecha que se va a conocer como el día en que Slim “desbancó” a Buffet–, y antes incluso de publicar su lista el 8 de marzo, Forbes ya tenía claro que el empresario mexicano era el segundo hombre más rico del mundo y que su fortuna no estaba lejana a los 54 mil millones de dólares. De hecho, así fue informado a Proceso, a finales de febrero, por miembros del propio equipo de investigadores y analistas de Forbes. Inclusive, la tarde del 2 de marzo, en una plática telefónica, Arturo Elías Ayub, hombre cercanísimo a Carlos Slim y director de Alianzas Estratégicas, Comunicación y Relaciones Institucionales de Telmex, dijo a este reportero: “Lástima que no llegamos al primero; pero de que estamos en el segundo, te lo aseguro”, aunque negó que el nuevo monto de la fortuna de aquel fuera superior a los 50 mil millones de dólares. “Pero no está muy lejos de eso”, dijo. La lista “actualizada” Con esos elementos, más la investigación propia del caso, Proceso publicó en su edición 1583, del 4 de marzo, un reportaje sobre el ascenso espectacular de Slim en las listas de Forbes a lo largo de varios años y que, recogiendo lo informado por la propia publicación neoyorquina y la confirmación de Elías Ayub, intituló “Segundo lugar mundial en riqueza”, precedido de una portada que anunciaba: “La riqueza de Slim: sin límites, sin pudor, sin fronteras”. Cuatro días después de lo publicado en Proceso, el día 8, Forbes anunció en Nueva York la lista de 2007 de los multimillonarios del mundo, aquellos que tienen una fortuna mínima de mil millones de dólares, y que en este año son 946: Bill Gates en primer lugar, Warren Buffett en segundo y Carlos Slim en tercero. Un mes y cuatro días después, corrigió –“actualizó”, según sus editores, aunque sólo en el caso del mexicano–: “Carlos Slim Helú es ahora el segundo hombre más rico del mundo”, como reza el titular de la nota escrita por Helen Coster, en Forbes.com el jueves 12. La fortuna actualizada de Slim es de 53 mil millones de dólares, dice la publicación y con ello desbanca a Buffet del segundo lugar y se acerca “de manera impresionante” a Bill Gates, quien por 13 años ha encabezado la lista de los multimillonarios del mundo. Las razones: en dos meses, sostiene Forbes.com, el valor de los activos del Grupo Carso, que controla Telmex y otras empresas, aumentó 15%; así mismo, América Móvil, controladora de Telcel, vio aumentar en 4% el valor de sus activos, sobre todo después de que se anunció que Slim negociaba la adquisición de una parte de Olimpia, la compañía que controla la telefónica italiana Telecom Italia. Según Forbes, las utilidades de Slim siguen aumentando “a un ritmo sorprendente”. Tan es así que en los últimos 14 meses el empresario mexicano agregó 23 mil 100 millones de dólares a su fortuna, que en la lista de 2006 era de 30 mil millones. Como lo hizo al presentar su lista de este año, Forbes señala en su edición en línea que el crecimiento de la fortuna de Slim “ha causado mucha controversia”, pues ocurre en un país donde el ingreso per cápita es de apenas 6 mil 800 dólares anuales y la mitad de la población vive en la pobreza. Los críticos de Slim lo acusan de ser monopolista, toda vez que Telmex controla el 90% del mercado de telefonía fija, dice Forbes. “La fortuna de Slim es equivalente al 7% del valor de toda la producción económica de México. Si Gates tuviera una fortuna similar, en proporción al PIB estadunidense, sería de 874 mil millones de dólares”, apunta la publicación neoyorquina. En efecto, la fortuna de Bill Gates es de apenas el 0.45% del PIB de Estados Unidos, que es de 12 billones 500 mil millones de dólares. Y Carlos Slim, empresario mexicano que vive en un país con más de 50 millones de pobres, de los cuales casi 20 millones están en pobreza extrema, tiene una fortuna sólo menor en 2 mil 900 millones de dólares a la de Bill Gates, pero más grande que la de los 944 restantes hombres más ricos del mundo que consigna Forbes, e infinitamente superior a la de reyes, reinas y dictadores que también enlista la publicación. Pobres se ven el rey Abdullah bin Abdulaziz al-Saud, de Arabia Saudita, y el sultán Muda Hassanal Bolkiak, de Brunei, que juntos hacen “apenas” 41 mil millones. Y, frente a Slim, parecerían en la ruina las reinas Isabel II de Inglaterra, con 500 millones, y Beatriz I, de Holanda, con “miserables” 270 millones de dólares.

LOS MILITARES Y SU PARECIDO CON LOS GORILATOS HISTÓRICOS, ALGUNOS ARTICULOS:

Amenaza militar
Gloria Leticia Díaz

En la zona tlapaneca de La Montaña, en Guerrero, los soldados del Ejército Mexicano“buscan” guerrilleros y con ese pretexto arrasan cultivos, roban cosechas y violan a mujeres indígenas. Y cuando alguien como la dirigente Obtilia Eugenio Manuel se atreve a denunciarlos, las procuradurías estatal y General de la República se niegan a investigar, en tanto que los militares toman represalias. Las denuncias ya están en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)…

Amenazada de muerte desde junio de 2002 por haber defendido a dos mujeres indígenas violadas, Obtilia Eugenio Manuel le reprochó al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez: “Los funcionarios del gobierno protegen a los militares y no quieren investigar, mientras yo sigo vigilada y perseguida. Ustedes serán los responsables de lo que me ocurra a mí, a mi familia y los miembros de mi organización”. La reacción de Obtilia, quien dirige la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco A.C., ocurrió el pasado 12 de abril, después de que el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Negrín, y su subalterno José Ignacio Martín del Campo solicitaron a Meléndez dejar sin efecto el ordenamiento 6/05, del 14 de enero de 2005, para que el gobierno mexicano brindara protección cautelar a la indígena tlapaneca, a su familia y a los miembros de su organización, así como para “esclarecer judicialmente los hechos que justifican la adopción de las medidas”. Mario Patrón Sánchez, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –y quien acompañó a Obtilia Eugenio a la SRE para la audiencia de revisión del cumplimiento de la mencionada recomendación–, explica que según los funcionarios federales “no hay evidencias de que en las amenazas participaron elementos del Ejército Mexicano”, lo cual, afirma, “es mentira, porque nosotros tenemos constancia de que al menos uno, Onésimo Rendón Cornelio, quien la amenazó nuevamente el 14 de febrero pasado, es miembro activo del Ejército. Además, las medidas cautelares nunca se llevaron a cabo de la manera en que se acordó, por lo que Obtilia sigue siendo vulnerable”. Originaria de la comunidad tlapaneca Barranca de Guadalupe, en el municipio de Ayutla de los Libres, Obtilia Eugenio Manuel emprendió en febrero y marzo de 2002, respectivamente, la defensa de Valentina Rosendo Cantú y de Inés Fernández Ortega, violadas por militares mientras las interrogaban sobre la presunta actividad de grupos guerrilleros en esa región indígena. Entrevistada tras la reunión con el presidente de la CIDH, la dirigente tlapaneca dice que su labor consistió en convencer a las mujeres y a sus maridos para que denunciaran los hechos, y después acompañarlas a todas las diligencias judiciales como su traductora. El 6 junio de 2002, durante la conmemoración de la masacre de 11 indígenas en la comunidad de El Charco, Obtilia fue interceptada por Alfonso Morales Silvino y Onésimo Rendón Cornelio, quienes le advirtieron que “los militares estaban muy enojados y querían vengarse” por su defensa de Valentina e Inés. Obtilia les avisó a sus compañeros de esa amenaza. Un día después, en la comunidad de El Charco, los indígenas les pidieron su identificación a Morales y Rendón. Lograron que les entregaran una libreta que contenía datos sobre dirigentes indígenas, como domicilios, croquis y apuntes sobre la rutina de cada uno. En diciembre de 2004, Obtilia Eugenio participó en el foro “Contra el silencio y el olvido. La voz de los pueblos indígenas de México”, organizado por el centro Tlachinollan. Ahí, la dirigente exigió el esclarecimiento de las violaciones de Inés y Valentina. El día 9 de ese mes llegó a su casa un mensaje anónimo con referencias a lo que declaró en el foro, se le advertía que era vigilada y se les amenazaba de muerte a ella y a su familia. Por ese motivo, el 8 de enero de 2005 el centro Tlachinollan solicitó la intervención de la CIDH para que se otorgara protección cautelar para la defensora de derechos humanos y se investigaran a fondo las amenazas. Siete días después la CIDH emitió su recomendación 6/05. Entre las medidas de seguridad, los defensores de Obtilia y el gobierno mexicano acordaron que efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal realizaran rondines, y que la casa de la dirigente tlapaneca contara con vigilancia mediante una cámara de video y un monitor (que nunca funcionaron). Desde ese mismo año, miembros de la organización Brigadas Internacionales de Paz acompañan a Obtilia para velar por su seguridad. “El problema es que durante el paso del tiempo las medidas cautelares se han incumplido. Consideramos que la investigación de los hechos de amenazas y persecución es la mejor medida, porque desde nuestra perspectiva es justamente la impunidad lo que permite la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos, y a nivel doméstico el Ejército Mexicano es la autoridad más impune: las autoridades civiles están subordinadas a él y tan es así que las investigaciones de Inés y Valentina las mandaron a la Procuraduría de Justicia Militar, que hasta ahora no ha señalado a responsables”, señala el abogado Patrón Sánchez. Él también representa ante la CIDH a las dos indígenas violadas. Agrega Patrón: “El caso de Obtilia está peor. Ni siquiera se hizo el menor intento de investigar las amenazas, a pesar de que tenemos datos de que, entre quienes han estado amedrentándola, por lo menos uno trabaja para el Ejército Mexicano: Onésimo Rendón Cornelio”. En marzo de 2006, Tlachinollan solicitó información a la Secretaría de la Defensa nacional (Sedena) y esta dependencia corroboró que Rendón Cornelio es cabo de infantería. La PGR elude investigar Por si fuera poco, Obtilia también ha sido hostigada por agentes de la Policía Ministerial adscritos a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, lo que ameritó que la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del estado (Coddehum) emitiera la recomendación 14/2006, en la que se solicita una investigación oficial. En ese documento, del cual Proceso tiene copia, se dice que los agentes inculpados son Miguel Ángel Benítez Palacios y Vicente Alejandro Feliciano Feliciano, y que éste reconoció a Alfonso Morales Silvino –uno de los hombres que amenazaron a Obtilia en 2002– como informante del 48 Batallón de Infantería de Cruz Grande, “comisionado en Ayutla de los Libres”. Pese a todo, apunta el abogado Mario Patrón, en la audiencia del 12 de abril pasado “la solicitud del gobierno de México es el retiro de las medidas cautelares. Ellos asumen tácitamente que Obtilia Eugenio Manuel no está en riesgo y que, por tanto, no tiene por qué garantizarle su seguridad. Dicen: ‘Ya investigamos y no hay nada’. “Son tan cínicos que llegaron a decir que para qué resguardaban a Obtilia, si estaban las Brigadas Internacionales de Paz con ella. Como si eso fuera un logro del gobierno mexicano, cuando es una muestra de la preocupación de organismos internacionales. “Nosotros decimos que tan está en riesgo, que existe una recomendación de un organismo público de defensa derechos humanos, que dicen que por lo menos dos policías judiciales han perpetrado amenazas en su contra y hay elementos de fuerza para que la PGR investigue al Ejército.” Y es que en febrero de 2006 la PGR turnó el caso a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero, instancia que a su vez le pidió a Obtilia Eugenio ratificar su queja y presentar testigos de las amenazas que ha sufrido. “Esa resolución no la podemos aceptar, primero porque no hay garantías de imparcialidad para que la procuraduría estatal investigue a sus efectivos, y luego por los elementos que se tienen contra el Ejército”, sostiene Patrón Sánchez. En la audiencia con el presidente de la CIDH, Patrón y su representada únicamente demandaron que la PGR investigue el caso a fondo, que esta dependencia rinda informes quincenales a la CIDH, y sobre todo que “la indagatoria no sea remitida por ninguna circunstancia ante la Procuraduría de Justicia Militar, toda vez que es un fuero privativo y que no garantiza una investigación independiente e imparcial”, dice el documento entregado a Florentín Meléndez. Impunidad armada En la Montaña de Guerrero, señala Patrón, el centro Tlachinollan ha documentado 90 casos de violaciones a derechos humanos perpetrados por elementos del Ejército Mexicano en los últimos seis años. Los casos van desde torturas, incomunicaciones, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales. Sobre este último delito, Tlachinollan ha documentado seis ataques a mujeres indígenas desde 1997: Delfina Flores y Aurelia Méndez, de la comunidad de Atlixtac, fueron atacadas el 3 de diciembre de 1997 por cinco militares; a Victorina Vázquez y Francisca Santos, de Tlachochistlahuaca, las violaron el 21 de abril de 1999; Valentina Rosendo Cantú, de Ayutla, fue forzada por ocho soldados el 16 de febrero de 2002, e Inés Fernández Ortega, también de Ayutla, fue atacada el 22 de marzo de 2002 por 11 soldados. Con amplia experiencia como defensor de derechos humanos, Patrón Sánchez, exabogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, sostiene que el Ejército Mexicano es responsable de graves violaciones a las garantías individuales, primero como perpetrador y después como encubridor de sus elementos. “En los noventa casos que hemos documentado, el factor común es la impunidad. Los militares son encubridores porque lo que pretenden cuando se formulan las denuncias es atraer las investigaciones a su fuero, justamente para no garantizar la independencia e imparcialidad, y en este nivel generan toda una estrategia de amenazas y de hostigamiento a los defensores de derechos humanos, como es el caso de Obtilia Eugenio Manuel y de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco.” Por su parte, la dirigente indígena se ha destacado desde 1994 por su trabajo comunitario, sobre todo en la promoción de los derechos de las mujeres, marginadas entre los marginados. Afirma que las agresiones de los militares son constantes y abundan las sexuales, pero las mujeres “no quieren denunciar porque los guachos tienen armas. Además, a sus maridos les da vergüenza”. Obtilia Eugenio agrega que en 1996, en la comunidad de Barranca de Guadalupe, cuatro mujeres –una de ellas de 70 años– fueron agredidas sexualmente por soldados: “Estaban juntando su maíz, llegaron los militares y las detuvieron. Se las llevaron durante un día y una noche, y en ese tiempo las estuvieron violando delante de sus maridos, a quienes los amarraron de árboles. Durante ese tiempo dieron de comer a los militares, mataron a sus gallinas para ellas estar libres de los militares. Eso nunca se denunció por miedo”. Una de las agredidas se animó a contarlo cuando enviudó. Así mismo señala que en octubre pasado, cuando su organización denunció que militares del 48 Batallón de Infantería destruyeron plantíos y robaron cosechas en varias comunidades me phaás (tlapanecas, en su idioma), una mujer dijo que fue violada por militares “pero no quiere denunciar por miedo a su marido”. Indignados, los indígenas lograron que los militares salieran de las comunidades, “pero ahora ponen retenes en los caminos y amenazan a la gente para que no participen en las organizaciones”, continúa Obtilia Eugenio. Aunque ella expuso esta situación ante la CIDH, los militares siguen hostigándola hasta en los retenes: “Revisan mis cosas, me preguntan quién soy y tengo que mostrar mi credencial de elector. Pero yo no estoy fuera del país para identificarme. Yo siempre estoy con miedo, porque los del gobierno siempre buscan pretextos para no investigar mi caso, dicen que yo no hice bien las cosas, que porque no tengo testigos que digan que me amenazaron”

Otra vida rota
Regina Martínez

SIERRA DE ZONGOLICA, VER.- María del Carmen es una joven indígena de 17 años, cinco de los cuales ha vivido con miedo de perder a su pequeña hija, nacida de una violación cometida por militares.

Esta adolescente fue atacada por soldados en un paraje de su comunidad, cuando caminaba hacia Zongolica para asistir a la escuela. Cursaba el primer año de secundaria y tenía 12 años. Era febrero de 2001, llovía y estaba nublado. La vereda que recorría diariamente estaba lodosa. Entonces se topó con los militares (“creo que eran dos”, recuerda) que la detuvieron, le ataron las manos, la arrastraron hacia el monte, rompieron sus ropas íntimas y la ultrajaron. Los recuerdos le duelen, sus manos tiemblan. “Tenía mucho miedo por las cosas que me hicieron, muy feas, de verdad, estaba muy chamaca”... Llora. “Quizás me quieran quitar a mi hija, hacerme daño, o a mi familia. Por eso ya quiero dejar en el pasado todo esto, lo quiero olvidar”, dice. Pero como presuntos reporteros llegaron a su casa con cámaras de video para que les “contara todo lo que le habían hecho los militares” –y se dijeron enviados por los dirigentes de la Organización Indígena Náhuatl de la Sierra de Zongolica (OINSZ), pero no era cierto–, Carmen decidió platicar con Proceso a condición de resguardar su nombre completo y la ubicación de su comunidad. Es “para protegerla a ella y a su bebé”, precisa la asesora jurídica de la OINSZ, Celfa Méndez. Y es que el temor a los militares se ha incrementado tras la violación de Ernestina Ascensio Rosario, el 25 de febrero pasado. –¿Cómo sucedió? –se le pregunta a pesar de todo. –Pues así nomás. Creo que eran dos. Me hicieron cosas muy feas y yo no sé cómo tienen relaciones sexuales las personas, pero me agarraron de las manos, me cargaron y tiraron en el monte. Me lastimaron. Y como tenía el uniforme de la escuela, me subieron la falda y así abusaron, como animales. Fragilidad La madre de María del Carmen murió cuando ella tenía un año de edad y por eso vivía sólo con su padre. Le ocultó el ultraje. “Tenía mucho miedo de decirle lo que me había pasado, me iba a golpear y a correr de la casa diciendo que yo tenía la culpa”, explica. Tenía ocho hermanos casados, pero la niña prefirió confiar en su madrina Cande. Ella, presente en la entrevista, recuerda que esa tarde llegó Carmen llorando: “La vi espantada y le pregunté: ¿qué te paso? Venía llena de lodo, con el uniforme manchado y hasta pensé que su papá le había pegado, porque tiene un carácter muy fuerte. “Me dijo que la habían atacado unos soldados, pero me pidió que no le contará nada a su papá. La verdad yo tampoco le dije nada a mi compadre, porque sí la podía correr de la casa y ¿a dónde iba a ir la pobre chamaca? ‘Pasaron sobre mí’, me dijo, y yo le pregunté: ¿cómo son? Y ya me contó que estaban vestidos de soldados”. Ese día, por la mañana, doña Cande vio pasar un grupo de militares por su comunidad, vecina a la de María del Carmen. “Eran muchos”, refiere. Meses después, dice, “me di cuenta cuando ya iba a nacer mi niña, en los momentos que sentí que brincaba adentro de mi panza”. Apenas tres meses antes del ataque, había tenido su primera menstruación. “No sabía nada, pero la regla se me había detenido y empecé a sentir movimientos en mi panza, entonces me dio mucho más miedo”, rememora. Nuevamente pidió apoyo a doña Cande para que juntas le contaran a su padre de la violación y el embarazo. Sus primeros temores se confirmaron. “Mi padre gritó y preguntó quién era el padre. Le tuve que confesar que unos soldados habían pasado sobre mí. No me creyó, dijo que yo tenía la culpa y me echó a la calle”. Su madrina no pudo ayudarla. “Mi casa está muy chiquita, tengo muchos hijos y de dónde iba a sacar para atenderla también a ella”, se justifica doña Cande. Pero recurrió a los dirigentes de la OINSZ. Tres meses después de que nació la hija de Carmen, a principios de 2002, la dirigencia de la OINSZ, encabezada por Juan Carlos Mezhua Campos y Celfa Méndez, gestionó una reunión con el entonces gobernador Miguel Alemán a fin de solicitarle que intercediera “para que los altos mandos de campo del Ejército se coordinaran con las autoridades civiles y así evitar más abusos en la región”. Ahí, dice Mezhua Campos, “le comentamos al gobernador Alemán lo que le había sucedido a la niña y se comprometieron a que la iban a ayudar para que al menos viviera con tranquilidad”. En esa ocasión le presentaron a Alemán 20 casos de abusos cometidos de militares contra civiles de la sierra de Zongolica. El más grave, subraya el ahora dirigente del PRD, “fue la violación de la niña de 12 años que quedó embarazada”. La respuesta oficial: le hicieron un análisis médico a María del Carmen y le detectaron anemia; luego le dieron una despensa y algo de ropa de bebé. Días después, cuando el padre de Carmen ya había aceptado el regreso de María del Carmen con su hija, en su casa “irrumpió un grupo de 20 soldados armados, amenazando y atemorizando a la víctima y su familia”, señala Mezhua. La adolescente recuerda que los militares “se metieron hasta el terreno donde yo estaba trabajando. Había un aguacero. Me tomaron fotos. Corrí por mi niña, la tapé con una colcha y salí corriendo para esconderme, pero me siguieron. “Me dijeron que los dejara en paz, porque yo los estaba perjudicando al decir que me habían violado. Decían que ya no siguiera con esto. Yo no les contesté ninguna palabra, solamente me quedé agachada, abrazando a mi niña, y ellos seguían tomándome fotos”. Para colmo, su papá la emprendió contra ella: “Comenzó a discutir conmigo y me dijo que yo tenía la culpa por haber ido a hablar de mi problema con las autoridades. Por ese motivo ya no quería hablar de ello, hasta que llegaron esos reporteros que me querían entrevistar. Me dio mucho miedo y no les dije nada”. La abogada Celfa Méndez no descarta que los propios militares “quisieran entrevistarla para ver si continúa acusándolos de violación”. Y afirma: tras denunciar este caso, “los soldados rondaban mi casa, tomaban fotografías de quien entraba y salía”. Debido a su temprana maternidad, María del Carmen dejó la escuela. Su hija, de cinco años, tiene asma, pero ella trabaja en los sembradíos de hortalizas y las vende en el mercado. Lo hace, dice, “para sacar un poco de dinero y comprarle sus cosas a mi niña, sus zapatos, el uniforme... Y de las faenas de la escuela yo me encargo, pongo mi mano de obra para que ella siga estudiando”. Con orgullo subraya: “Estoy luchando para sacarla adelante. Ya va a salir del jardín de niños y espero mandarla a la primaria”. Cuando se agrava la enfermedad de la niña, Carmen no siempre tiene dinero para llevarla al doctor, que cobra entre 400 y 500 pesos por consulta, aparte del costo de las medicinas. “Me dicen que la lleve con un especialista –admite–, pero ¿de dónde, si apenas nos alcanza para ir viviendo?”. Ahora, la esperanza de María del Carmen es irse a trabajar a otro lado: “Quiero salir adelante, pagarle los estudios a mi hija. Si puedo la meto a la primaria, pero sobre todo quiero ver por su salud, ya que se me enferma mucho, y así olvidar todo lo feo que a mí me pasó”

Seis cajas de denuncias
José Gil Olmos

En sólo una semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reunió en seis cajas las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos que le presentaron diversas organizaciones civiles durante su estancia en el país.

Santiago Cantón, secretario ejecutivo de esta instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA), admite que a pesar de los avances de los últimos años en procuración de justicia en México aún persiste la práctica de la tortura, así la discriminación de género y a los pueblos indígenas. Sin embargo lo más grave es el uso del Ejército en tareas de seguridad pública que son responsabilidad de los cuerpos policiacos. Durante cinco días –del lunes 9 al viernes 13 de abril– Cantón y el relator para México y presidente de la CIDH, Florentín Meléndez, se reunieron con decenas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como con legisladores y funcionarios de las secretarías de Seguridad Pública, Defensa Nacional y Gobernación. En los encuentros hablaron acerca de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, y otras entidades del país, además de la represión en Oaxaca y las denuncias de violaciones por parte de militares. Al hacer un balance de la visita a México, Cantón asegura que se cumplieron los objetivos de la CIDH: tener contacto con el gobierno de Felipe Calderón y mantener un encuentro con representantes de la sociedad civil mexicana. “En esta visita surgieron dos aspectos que la CIDH considera de gran importancia porque son estructurales. El primero es el Plan Nacional de Derechos Humanos. En su momento, la Comisión participó en las primeras etapas. Consideramos que es una iniciativa muy importante porque se trata de buscar espacios de establecimiento de políticas públicas que permitan promover los derechos humanos, dice. Otro tema que abordaron los representantes de la CIDH fue el de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), que encabezó Ignacio Carrillo Prieto y que despareció con el gobierno de Calderón sin que haya atendido las demandas que le plantearon las familias de los desaparecidos durante la guerra sucia en las décadas de los sesenta y los setenta. Desde 1992, afirma Cantón, la CIDH ha intercedido ante los gobiernos de la región para que reabran los casos de violaciones a los derechos humanos y se enjuicie a los militares que privaron de la vida a luchadores sociales. Y seguirá haciéndolo para evitar que los crímenes queden impunes. Durante las reuniones que tuvieron las agrupaciones civiles mexicanas, éstas les plantearon otros temas. Las denuncias que recibieron Cantón y Meléndez llenaron seis cajas. “Indudablemente existen problemas y preocupación. Eso es claro. Cuando la Comisión recibe tanta información se denota claramente la serie de problemas que están viviendo en varias zonas. Este fenómeno no es sólo privativo de México, sino también de otros países. Los problemas pasan por discriminación a los pueblos indígenas, discriminación de género, la pobreza de más de 50% de la población, el problema de la tortura, que es muy serio; el de la seguridad pública… –¿Qué cambios han visto en los últimos años? –pregunta el reportero a Cantón. –Hay que distinguir distintos aspectos. En 1998, por ejemplo, México ratificó la Convención Americana y aceptó la competencia de la CIDH. Ese fue un cambio fundamental en la relación de México con el sistema interamericano de derechos humanos. En los hechos lo reconoció plenamente. “Esto es importante porque indica que hay en principio, una voluntad clara de que la agenda de derechos humanos es de Estado y no de un gobierno, con esto se trata de evitar que los derechos humanos se politicen”. Sin embargo, aclara que eso no significa que la violación de los derechos humanos sea mejor en México. “Sigue habiendo casos graves de tortura; así mismo, los casos que implican a militares son preocupantes. La CIDH ha observado que este fenómeno se repite en varios países, no sólo en México. Nosotros no consideramos que los juicios contra elementos de las fuerzas armadas no tienen por qué ser tratados únicamente por la justicia militar. El tema de los feminicidios no solamente en Ciudad Juárez, sino en otras regiones del país, el tema de la impunidad y otros temas puntuales a los que la Comisión está dando seguimiento”. El secretario ejecutivo de la CIDH señala que en la historia de América Latina ha sido trágico que las Fuerzas Armadas sean utilizadas en tareas de seguridad para combatir a “enemigos internos”. Y advierte que lo preocupante es que el Ejército está entrenado para entrar, avanzar y matar. De hecho, este asunto se discutió con las autoridades de las secretarías de Seguridad Pública federal y de la Defensa Nacional. “Es un tema al que le vamos a dar seguimiento porque es preocupante”, advierte Cantón, y adelanta que en dos meses más vendrá a México un relator especial en Seguridad Pública y en Sistema Carcelario para visitar varios estados, entre ellos Oaxaca.

Las extradiciones, secreto de Estado
Daniel Lizárraga

El gobierno de Felipe Calderón ordenó que los archivos relacionados con las extradiciones a Estados Unidos de 15 narcotraficantes se clasifiquen como “reservados” hasta 2019. El argumento: si se difunden los términos del acuerdo con Washington que permitió llevar adelante la medida, se dejaría a funcionarios mexicanos a expensas de los ajustes de cuentas del narcotráfico.

Los 15 capos del narcotráfico que en enero pasado fueron extraditados a Estados Unidos para enfrentar juicios pendientes en ese país aún conservan el poder y el dinero suficientes para trastocar la seguridad de México, según documentos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), Relaciones Exteriores (SRE) y de la Procuraduría General de la República (PGR) obtenidos por este semanario. Horas después de que se diera a conocer el traslado de los capos a Estados Unidos –la noche del 19 de enero pasado–, la PGR advirtió en un boletín: “El gobierno no tolerará la violencia y actuará con toda su fuerza contra las organizaciones criminales que lesionen los intereses de la nación, para garantizar la tranquilidad de la sociedad mexicana”. Pero ahora, supuestamente para evitar que los funcionarios que participaron en ese operativo sean objeto de vendettas de los cárteles, el gobierno de Felipe Calderón decidió clasificar como “reservados” hasta el 2019 los archivos relacionados con las extradiciones. El argumento es que difundir ahora el contenido del acuerdo con el gobierno estadunidense favorecería los ajustes de cuentas. En los documentos entregados por las tres dependencias a solicitud del reportero mediante la Ley Federal de Transparencia, la SRE aseguró que “hay información en esos trámites entregada a México bajo reserva”. A su vez la PGR alegó que “se trata de información proveniente de otros países en forma confidencial, que entorpecería la persecución de los delitos”, mientras que la SSP explicó que “se pone en riesgo a la sociedad” si se revelan los pormenores de la decisión tomada por el gobierno de Felipe Calderón de entregar a los capos. El 22 de marzo, Reuters dio a conocer declaraciones del presidente Calderón en las que aseguró que él y su familia habían recibido amenazas como consecuencia de las acciones gubernamentales contra el narcotráfico. “No sabemos si sean ciertas o falsas, pero evidentemente eso no cambia nuestra decisión de cumplir con nuestro deber”, dijo el mandatario en una entrevista con la agencia informativa británica, realizada en Los Pinos. Expedientes reservados El pasado 6 de febrero, Proceso solicitó a la SSP copias de la documentación oficial utilizada para agilizar la entrega de los narcotraficantes a la administración Bush. Cuatro semanas después, el martes 6 de marzo, la institución respondió que el archivo solicitado permanecerá reservado durante los próximos 12 años, y arguye que no es conveniente difundir su contenido, pues las personas afectadas por las extradiciones podrían causar daños al país. “El daño probable consiste en atentar contra la seguridad pública y el orden público al menoscabar la capacidad del Estado para resguardar la vida de las personas –dice el documento de la SPP enviado a Proceso–. Al limitar la capacidad de las autoridades para evitar delitos (mediante la difusión de esos expedientes) se favorecería la identificación de personas para el ajuste de cuentas, ejecuciones u otras análogas, capaz de poner en peligro la estabilidad de la sociedad”. En su respuesta a la solicitud 22000-11707, la SSP agrega que se pondría en riesgo la seguridad y la salud de terceros, “específicamente de los servidores públicos que participaron en la extradición”. La PGR también respondió en ese sentido, y dijo que dar a conocer el contenido de los expedientes de las extradiciones atentaría contra el sistema de seguridad nacional y afectaría la integridad de algunas personas, así como el orden y la paz. Además, aseguró que “su difusión generaría un menoscabo de las relaciones internacionales, ya que se estarían dando a conocer datos que otros estados u organismos internacionales entregan con carácter de confidencial a México”. Elaborado por la Subdirección Jurídica y de Asuntos Internacionales, el oficio emitido por la PGR el 6 de marzo puntualiza que el derecho de acceso a la información es un rasgo distintivo de toda democracia. Pero precisa que éste guarda límites y no es absoluto, por lo que en este caso de las extradiciones se aplica una reserva por 12 años. El 21 de marzo, la SRE emitió su respuesta oficial, en la cual también se pronuncia por mantener la información requerida como confidencial hasta 2019. Sólo que, a diferencia de la PGR y la SSP, la Unidad de Enlace de Relaciones Exteriores enfatiza que es imposible abrir los expedientes, pues contienen datos sensibles para México que fueron entregados bajo la más estricta confidencialidad por el gobierno de Estados Unidos. La SRE fundamenta su respuesta en la Ley Federal de Transparencia y en el Código Federal de Procedimientos Civiles, y advierte que si entregara expedientes, afectaría con ello las relaciones con Estados Unidos y, además, alertaría a las organizaciones criminales sobre las actividades oficiales que se realizan en su contra; éste sería el caso de la información que posee el Estado en materia de narcotráfico y de las políticas para enfrentarlo. Y añade: “Así mismo, la publicidad de la información, por tratarse de procedimientos del orden penal o criminal, podría poner en riesgo la vida e integridad de aquellas personas que por su actividad profesional u oficial han participado en las etapas de dichos procedimientos”. La publicidad de la información, puntualiza, “permitiría identificar plenamente a las autoridades encargadas de impartir justicia y contra la impunidad, no debiendo olvidarse que se trata de miembros e integrantes de grupos de delincuencia organizada”. Alarma gubernamental Hasta ahora, la única información que se conoce sobre los expedientes es la que dio el presidente Calderón a principios de febrero en Berlín, durante su gira por Europa, en una rueda de prensa. En aquella ocasión, en presencia de la canciller alemana Angela Merkel, el mandatario mexicano dijo que los 15 capos fueron extraditados no sólo porque mantenían el control de sus cárteles, sino porque habían ejecutado a varios jueces y amenazaban a otros, lo mismo que a fiscales, empresarios y ciudadanos. El reportero Jorge Carrasco informó en esta revista que la entrega de reos mexicanos a Estados Unidos sorprendió a los jueces que llevaban sus procesos: “Hasta el pasado 2 de febrero, dos semanas después de la extradición, varios juzgadores desconocían la resolución del Ejecutivo que permitió dicha entrega. Y contrario a lo asegurado por el titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, de que se daría protección especial a los que llevan casos de narcotráfico, los juzgadores señalan: En el caso de las extradiciones a Estados Unidos nosotros no fuimos los villanos, nosotros no autorizamos la entrega, así que no requerimos de medidas especiales” (Proceso 1579). Ahora, a dos meses de distancia, tres dependencias del gobierno calderonista juzgan que la peligrosidad y el poderío de los capos extraditados siguen siendo lo suficientemente preocupantes para que, aun encarcelados en Estados Unidos, pongan en peligro la estabilidad social. De hecho, el traslado de los capos se llevó en el más completo sigilo. Los medios de comunicación se enteraron cuando los 15 prisioneros ya estaban en Estados Unidos. Las televisoras, por ejemplo, sólo transmitieron en sus noticiarios las imágenes que les proporcionaron la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la SSP. La influencia que ejercen los capos sobre los diversos cárteles del país fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En respuesta a otra solicitud de acceso a la información formulada por el reportero Jorge Carrasco, la institución declaró también que los documentos sobre los operativos contra el narcotráfico se mantendrán bajo reserva durante 12 años. En un oficio con folio 700032307, fechado el 16 de marzo, la Sedena sostiene: “La información solicitada se encuentra bajo reserva en virtud de que dar a conocer los nombres de las personas que refiere (los generales encargados de los operativos) pondría en riesgo su integridad, su salud, e incluso su vida, aumentando dicho peligro cuando los grupos que representan una amenaza para la seguridad del Estado, siguen operando y mantienen una presencia real en su área de influencia, contando con recursos y medios para llevar a cabo diversas acciones armadas ofensivas”. El jueves 22 de marzo, al tomar la protesta al nuevo Consejo de Participación Ciudadana de la PGR, Calderón dijo que la lucha contra la delincuencia organizada “es una batalla que el gobierno tiene que librar y está librando; pero también... es una batalla que requiere la participación ciudadana, porque el gobierno no puede ganar la batalla solo; se requiere a la sociedad, se requiere a los ciudadanos”.

Intolerancia
Ricardo Ravelo

AGUASCALIENTES, AGS.- Después de poco más de dos años de estar al aire fue cancelado el programa noticioso Comentando la noticia, uno de los más críticos de esta entidad, que se transmitía simultáneamente en cinco estados de la República a través de la radiodifusora XEBI.

Molesto por las frecuentes críticas y señalamientos que lo relacionan con presuntos actos de corrupción y la protección al narcotráfico, el gobernador panista Luis Armando Reynoso Femat pidió a los hermanos Fernando y Alfredo Rivas Godoy, dueños del consorcio Radio Grupo al que pertenece la XEBI, que cerraran el espacio noticioso. Y les advirtió que si no accedían a su petición se atendrían a las consecuencias. La amenaza del mandatario surtió efecto. El pasado 22 de marzo el conductor y la productora del noticiario, Rodolfo Franco Ramírez y Mari Martínez, fueron citados por sus patrones quienes, sin rodeos, les comunicaron que su programa se cancelaba. Una semana después de que Comentando la noticia salió del aire, Rodolfo Franco presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que quedó asentada en el expediente 2007/383/5/Q, así como una denuncia de hechos en la Procuraduría General de la República (03/FEADP) en las que expone todos los detalles que causaron el cierre del noticiario. En su queja ante la CNDH, el conductor del programa cancelado sostiene que el director del consorcio, Alfredo Rivas Godoy, “expresó su temor por mi integridad física”. También asegura que existían presiones económicas para desaparecer el programa, pues las autoridades locales dijeron a los dueños de la radiodifusora que no otorgarían publicidad mientras permaneciera ese espacio noticioso. Censura rampante Franco dice que el 29 de junio de 2005, durante un programa en el que estuvieron presentes los diputados federales, Javier del Conde Ugarte, Angélica de la Peña y la periodista Isabel Arvide, se abrieron los micrófonos para recibir opiniones del auditorio. “Entró la llamada de un radioescucha que nos sorprendió cuando dijo al aire: ‘ya basta que los aguascalentenses estemos pagando los vicios del gobernador’. Yo nunca me he metido en los asuntos personales de ningún funcionario, pero la persona del auditorio se refería, según entiendo, a la denuncia que días atrás había hecho Nora Ruvalcaba, secretaria general del PRD, quien en una conferencia de prensa le exigió al gobernador Reynoso Femat que se practicara un examen antidoping por sus presuntas adicciones”. –¿Qué era lo que en realidad molestaba al gobernador? –El tono crítico del programa. Nosotros comentábamos los temas nacionales, como la corrupción, el narcotráfico, entre otros. Nos ocupábamos de cuestionar las malas acciones del gobierno. “El estado de Aguascalientes tiene 1 millón 33 mil habitantes distribuidos en cinco municipios, de tal suerte que llegamos a tener el rating más alto, que es de 3.26, y una cobertura en cinco estados: Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes.” Para equilibrar su información y no verse parciales en su línea editorial, los productores del noticiario decidieron invitar al programa a Reynoso Femat, para que hablara acerca de su primer año de gestión. “Durante la entrevista una pregunta obligada –dice el conductor de noticias– era por qué no había cumplido con sus promesas de campaña. Esto le molestó. Al término del noticiario su jefa de prensa, Carolina Rincón Silva, nos dijo que el gobernador estaba muy enojado por el trato recibido y que ya no volvería a estar en nuestro espacio informativo.” Además Reynoso Femat empezó a ser cuestionado por la presunta protección que brinda a las células de los cárteles del narcotráfico. A mediados de febrero pasado fueron ejecutados en esta ciudad cinco policías, al parecer relacionados con el narco, quienes se enfrentaron con presuntos sicarios del cártel de Tijuana, una de las organizaciones que, según fuentes oficiales, están asentadas en Aguascalientes (Proceso 1583). El pasado 21 de febrero fue hallado el cuerpo de un presunto narco con huellas visibles de tortura. Junto al cadáver la policía encontró un papel con la siguiente leyenda: Por traicionar a La Familia. “Como noticiario crítico, nosotros siempre nos ocupamos de los asuntos públicos. No podíamos cerrar los ojos ante hechos de corrupción que evidenciaban al gobierno”, señala el periodista. Y relata que, el 30 de diciembre de 2006, cuando salía de las instalaciones de la radiodifusora, fue alcanzado por un vehículo que le cerró el paso en la calle Primo Verdad, en pleno centro de Aguascalientes. Según la denuncia que entonces presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos –queja 014/07–, el conductor bajó su ventanilla y le gritó: “Sigue hablando y te vamos a matar”. –¿Qué piensa de esta amenaza? –El gobernador me ha mandado decir que iba a cerrar el noticiario, que me iba a meter a la cárcel y que me iba a matar. Una de las amenazas ya se cumplió. Las otras pueden cumplirse si las autoridades no frenan esta ola de hostigamientos contra mí y otros medios.

Debate bioético
Marta Lamas

El debate público que se ha dado en torno a la despenalización del aborto es, en palabras de Carlos Monsiváis, el primer gran debate bioético en México. La bioética, que surge a principios de los setentas, incluye una ética médica capaz de dar respuesta a las exigencias derivadas de las nuevas actitudes sociales hacia la salud, la vida y la muerte frente a cuestiones como la relación médico-paciente, el diagnóstico prenatal, las técnicas de reproducción asistida, la ingeniería genética, el aborto, la eutanasia, y también la relación con los animales y el medio ambiente. La bioética, indispensable para enfrentar el amplísimo horizonte de posibilidades que ofrecen los adelantos científicos, da sentido a la libertad de conciencia de las personas. En la construcción de perspectivas bioéticas han confluido la filosofía, la medicina, la antropología, la teología, el derecho, la economía y la psicología.

El gran aporte de la bioética ha sido enriquecer a la ética médica al plantear la importancia de informar y acompañar al paciente en la toma de su decisión y no, como piensan algunos, en establecer un manual de prohibiciones. Como la apuesta liberadora de la bioética es reivindicar la libertad de elección del sujeto y respetar su voluntad, la autodeterminación se vuelve un principio crucial. La bioética concibe la diferencia como fundamento de la condición humana, lo cual conduce al respeto a la pluralidad de creencias, no obstante dicha diversidad engendra enfrentamientos por valoraciones éticas diferentes. En la controversia sobre el aborto la cuestión a definir se puede formular desde posiciones científicas, religiosas, jurídicas y feministas: para unos se trata de la interrupción del proceso de formación de un ser humano mientras que, para otros, de la muerte de una persona. Distintas perspectivas aceptan o rechazan el aborto justamente porque tienen valoraciones distintas respecto a en qué momento se es persona. Una perspectiva laica, que reconoce las diferentes etapas del proceso biológico, distingue por ejemplo entre un óvulo fecundado, uno implantado, embriones de determinadas semanas y fetos de tantos meses, y al tomar la actividad cerebral como el indicador por excelencia de la aparición de las sensaciones, se formula un razonamiento ético sobre la interrupción del proceso de formación de un ser humano. En el debate público se han expresado distintas posturas laicas, desde la que plantea que llegar a un acuerdo sobre el tema del aborto depende de que se llegue a un acuerdo sobre el momento en que el embrión empieza su desarrollo sensorial hasta la que sostiene que el aborto puede justificarse éticamente aunque se reconozca que se es persona desde el momento de la concepción, pasando por la que considera que es imposible tener un conjunto de condiciones suficientes para definir el “ser persona” y que concluye que este punto debe ser considerado totalmente irrelevante para la resolución de la controversia sobre aborto. Desde estas posturas no religiosas el tema que subyace al aborto es el de la libertad y el papel asignado a las mujeres: ¿son medios o fines en sí mismas? Por eso la pregunta a responder es, ¿quién debe tomar la decisión? Lo que hemos podido ver en el debate es una aplastante convicción de la sociedad mexicana de que deben ser las propias mujeres quienes decidan sobre el punto. Eso es así, porque los valores laicos han cobrado relevancia y los esquemas de la moral tradicional católica han dejado de tener la vigencia que tenían. Esto ocurre porque cada vez menos gente obedece mandatos religiosos que afectan sus vidas concretas, como es el caso de los anticonceptivos: aunque la moral religiosa católica todavía hoy, a principios del siglo XXI, considera pecado su uso y los prohíbe, la gran mayoría de las mexicanas en edad reproductiva, pese a declararse católicas, los usa. Lo mismo ocurre con el aborto, pues la mayoría de quienes abortan son católicas. En la paulatina, pero sostenida, secularización que se está dando en México cada vez hay más conciencia de que ciertas decisiones son competencia de la ciudadanía y no de los funcionarios eclesiásticos. Y esta conciencia es vital, pues no hay que olvidar que la propuesta que se discute en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es la primera de muchas otras que seguramente también generarán álgidas disputas, como el suicidio asistido (que es el control sobre la calidad de vida que nos parece aceptable) o sobre la eutanasia (como interrupción de la vida vegetativa). El carácter álgido de las disputas se deriva del fanatismo que, según Richard Hare, es la actitud de quien persigue la afirmación de los propios principios morales dejando que éstos prevalezcan sobre los intereses reales de las personas de carne y hueso, y permaneciendo indiferente frente a los enormes daños que su actuación ocasiona a millones de seres humanos. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos aspirado a lograr un orden en nuestras relaciones. Las leyes que rigen la convivencia son la concreción de esa aspiración, pero, en la medida en que la vida cambia y las leyes no lo reflejan, el orden social entra en conflicto. Reconocer los cambios en las conductas de las personas lleva a una redefinición de las leyes. Pese a los estruendos inherentes a la perspectiva religiosa, tan proclive a penalizar, hay que tomar decisiones legislativas. El PRD, el PT, el PRI y Alternativa tienen a su favor la fuerza del cambio cultural. Alfred North Whitehead decía que “nadie puede enfrentar una idea cuyo tiempo ha llegado”. El debate público que se está dando hoy en México en torno al aborto lo confirma

Racismo
Rafael Segovia

En la reunión de Campeche, como en todas las de su tipo, los problemas reales no se suelen abordar a las primeras de cambio. Se espera que alguien se atreva a decir alguna verdad y, cuando ésta se responda, empieza la discusión. En Campeche sólo tangencialmente se habló de las drogas, y así se alcanzó algún consenso: se consideró lo fundamental del cónclave, aunque se usó en lenguaje conveniente, o sea, se prohibió señalar con el dedo. Bastó con decir que es un problema y, como de costumbre, se pidió la ayuda de los Estados Unidos para intentar terminar con tan insoportable asunto.

Los presidentes de la región están de acuerdo con todo. Quizás hubieran preferido encontrar petróleo barato. México llegó con la rebaja y Calderón redujo a un tercio lo prometido por Fox. Si se cumple con ese tercio, los centroamericanos pueden darse por servidos: la caída de la producción mexicana no permite siquiera una diplomacia de promesas. Sólo el enemigo temido, Hugo Chávez, dispone de unas reservas y una producción que le permiten todo tipo de desafíos. Si algún medio ha aventurado la idea de que la reunión de estos presidentes es un intento quedará en eso, en el charloteo donde estos señores liberan sus angustias, fingidas pues los problemas auténticos de sus países se limitan a unas cuantas peticiones a los representantes de las multinacionales. Lo hemos visto en la construcción hipotética de una refinería también prometida por Fox. Se espera ahora las ofertas de seis compañías, porque los allá presentes no tienen capacidad alguna para llevar adelante la empresa. A Felipe Calderón se le puso por delante la Constitución para asegurar que ésta le prohíbe la construcción de una refinería extranjera en el suelo nacional. Uno de los invitados, el presidente guatemalteco, acaba de solicitar a las Naciones Unidas que no envíe a sus representantes a inspeccionar la situación de los derechos humanos, de la educación, etcétera, hasta que termine su mandato. No se puede dar con una confesión más rotunda de lo logrado por él y su gobierno, es decir nada. Uno de los más graves problemas que los derechos humanos encontraron en este continente es el racismo, heredado desde luego de Europa. Desde la formación del imperio romano hasta hoy, las invasiones, emigraciones, conquistas, guerras de religión, y todo cuanto se pueda imaginar, dominaron y dominan en aquellas sociedades. En el momento de la conquista de América estaban radicalmente divididas sus poblaciones por razones raciales: la nobleza se decía descendiente de los germanos y el pueblo era considerado heredero de los romanos. España, Portugal, Francia, lo que sería Bélgica y Holanda, Italia, es decir, toda Europa oriental pensaba eso. La nobleza española, para hablar de sí, decía que tenía “sangre en el ojo”, a lo que Quevedo, que se consideraba noble por los cuatro costados, contestaba que más le parecía cosa de almorranas que de nobleza. Roma aparte, hasta la Revolución francesa no hubo una sociedad sin distinciones de clase y de raza. Pasó a América con tonos más violentos. Las rupturas dentro de las nuevas sociedades fueron totales y duraderas, pese al mestizaje que se produjo rápidamente. El poder se quedó en una sola franja social, en la de los criollos, donde sigue. De haber dudas tómese una fotografía del gobierno actual y compárese con una del gobierno español. Con una o dos excepciones, las caras son las mismas. Se alega, sin convencer a nadie, que no se trata de rasgos somáticos, sino que se está ante un problema cultural. Se puede repetir la prueba de la fotografía, con los estudiantes de una universidad privada de alto nivel –económico– y los de una universidad francesa. Los resultados serán los mismos. La educación y la cultura, con algunas excepciones, pertenecen a los grupos criollos. En México, en Colombia, en Perú y no digamos en Centroamérica. En esta parte del Continente Americano las poblaciones indígenas están excluidas. Cuando a los cerebros de la Secretaría de Educación Pública les llega el momento de pensar, proponen un plan de enseñanza de las lenguas indígenas, quizás porque han hojeado a Hagege, a Chomsky o a cualquier lingüista importante. La conservación de estas lenguas es importante sin duda. O con dudas, para decir una verdad que no es lingüística pero es social y política: los grupos indígenas que no se integran a la lengua nacional, no se integran a la nación y a los beneficios que la nación puede proporcionarles, para empezar en el terreno de la cultura, la que los sacará de una miseria que sólo en el discurso político o de la ONU se quiere eliminar. Un tarahumara que no hable más que su lengua no abandonará su pobreza ancestral. El caso de los grupos indígenas que se han mantenido puros, por así decirlo, no son los únicos segregados, abandonados y de hecho eliminados. El racismo se extiende a lo ancho y a lo largo de todas las sociedades, y sus víctimas aparecen en todos los niveles y estratos: un mestizo puede ser víctima de las actitudes de grupos diferentes al suyo, lo mismo en Suecia que en Bolivia o Estados Unidos. Y desde luego, en México. En América Latina el hecho dominante fue el criollismo, en Europa el antisemitismo abierto o larvado, pero siempre presente de Rusia a España. Y hoy día, Israel no se salva de ese pecado, no del antisemitismo, claro, sino del racismo. La miseria, en México, anida en determinados grupos que se pueden definir por sus caracteres raciales. No sería, como pretende el Presidente de la República, ayudar a los empresarios para que éstos, a su vez, creen industrias y otras empresas que a su vez aumenten el empleo. A ese paso, a finales del siglo estaríamos en las mismas. Hacer una reforma hacendaria, obligar a esos señores a pagar impuestos sería una manera de que el Estado dispusiera de los recursos indispensables para combatir la miseria. Para hacer eso, obligar a los empresarios a pagar lo que deben, se necesita valor y el valor no es la nota dominante de este gobierno

Y DEL GRAN MONSI:

PARA RECICLAR NUESTRO OPTIMISMO

1

SU ILUSTRÍSIMA INSISTE, LOS HECHOS LO CONTRADICEN Y LA ALEGRÍA DE QUE HABLA ES, TÍPICO DE SEMANA SANTA, LA QUE OCURRE EN LAS PLAYAS.

“La alegría de esta Semana Santa (¿con todo y lo que pasa el Viernes? La R.) se ha visto ensombrecida por el embate implacable a los valores más queridos de los mexicanos, los valores de la familia (por supuesto, no habla de la familia de la señora Ernestina Ascencio, violada tumultuariamente por la anemia, según declaró la Comisión de Soberanes. La R. desde Zongolica). Primero, con la aprobación de una ley inmoral llamada de convivencia, que no tiene otro fin que la erosión del matrimonio (¿Quién puede erosionar a esta institución en la época en que la fidelidad conyugal alcanza fácilmente al 10 por ciento de la población matrimonial? La R.), proyecto que no obedece a un modo social de organización, sino a los designios mismos de Dios que constituyó el matrimonio como la unión del hombre y la mujer y, segundo, con la propuesta de una ley inicua que pretende hacer legal lo que de suyo es absolutamente inmoral: la eliminación del niño en el vientre de la madre... (Según la ley, después de las doce semanas, pero darle argumentos a este sector es negociar con el viento. La R.). “No nos deben sorprender los ataques y calumnias llenas de odio que en estos días se han dirigido no sólo contra su pastor, sino que los enemigos de la Iglesia han generalizado a todos los demás obispos y sacerdotes acusándonos de cometer o ser complacientes con el crimen abominable de la pederastia… (Oiga Eminencia, el que generalizó es usted. ¿Quién acusa a “todos los demás obispos y sacerdotes? Cite uno por favor. La R.). Pero me duele en lo más profundo el daño irreparable que algún mal sacerdote ha infligido con su depravada conducta en las víctimas más inocentes que son los niños y el dolor y el escándalo que han provocado a sus familias y a la Iglesia”. (Así es que es su alegato para el juicio.) Norberto Rivera, arzobispo primado de México, al denostar el “eje del mal” en su homilía del Jueves Santo. Nota de Leslie Gómez, Reforma, 6 de abril de 2007. 2 NO HAY CONTRADICCIÓN SINO EN LA AMNESIA COLECTIVA. “La Secretaría de la Defensa Nacional no cuenta con muestra alguna de líquido seminal (a pesar de dos comunicados previos en donde anunciaba que peritos especialistas lo estaban analizando, la R. forense) supuestamente encontrado en el cuerpo de la señora Ernestina Ascencio Rosario y jamás lo ha tenido… Si en un comunicado anterior hizo referencia a tal es porque partía de la premisa de que estarían dichas muestras en poder de la autoridad investigadora, en este caso, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, dadas las afirmaciones vertidas originalmente sobre las causas de su deceso… Hasta la fecha, la Secretaría de la Defensa Nacional no ha recibido de la Procuraduría de Veracruz dichas muestras que son indispensables para la comparación con las muestras para análisis obtenidos del personal militar que se encontraba en el lugar, ni tampoco confirmación de la causa del deceso”. Comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre el milagro de la desaparición seminal en el cuerpo de la indígena Ernestina Ascencio. La Jornada, 6 de abril de 2007. 3 LE ANTICIPAMOS TRES CONSECUENCIAS: A) AUMENTAN LOS EXPERTOS EN CRIPTOGRAMAS; B) SE ROBUSTECE EL NÚMERO DE LOS FANS DEL HUMOR INVOLUNTARIO; C) SE CAMBIARÁ LA NOCIÓN DE VELOCIDAD. “Tenemos que pensar en las consecuencias de nuestros argumentos. Ser oportunos y veloces y tener clara nuestra agenda y las consecuencias que tienen en el conjunto.” Antonio Alvarado Briones, secretario de Comunicación del CEN del PAN, durante el entrenamiento (Media Training) de los panistas que deben enfrentar a la adversidad (su fuerza expresiva) y los medios informativos. Nota de Lilia Saúl, El Universal, 1 de abril de 2007. 4 SI LOS QUE DENUNCIAN ASALTOS Y CRÍMENES QUIEREN QUE SE LES TOME EN CUENTA, QUE LO DENUNCIEN EN LA CNDH POR LO MENOS UN AÑO ANTES DE LA VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS. “Es el presidente (Felipe Calderón que diagnosticó gastroenteritis). Tiene información privilegiada (Que la comparta. La R.), tiene que estar enterado y no es sospechoso que haya adelantado un dictamen. (No, es más bien triste. La R.) –Pero esto pone en duda las declaraciones hechas por la señora Ernestina antes de morir, quien aseguró que fue atacada sexualmente. –Fue en náhuatl (¡Oh, albricias! Las denuncias no deben hacerse en lenguajes nativos sino en cabroñol o en mochinglis, la R.). Y estaba moribunda, ya no tiene uno fuerza en la voz. (Por eso deberían agonizar cuando todavía gozan de buena salud. Sic persuadido.) –Los familiares dijeron claramente que ella les contó que la atacaron los soldados. –Yo he escuchado dos versiones: “se me vinieron encima los soldados” y que la habían “lastimado”. Primero me indignó: hice una declaración de que se vaya hasta las últimas consecuencias (¿Lo habrá dicho en náhuatl y ahora se arrepiente?, la R. políglota), sean militares o civiles, pero después de ver el boletín de la CNDH (Escrito en el esperanto o el confusoñal propio de Soberanes, la R.), donde ya es determinante lo que pasó, se me quita la certeza sobre lo que ocurrió”. (Si duda, no le eche la culpa al náhuatl.) María del Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, al justificar la absolución del régimen que emitió la CNDH sobre el caso de la indígena Ernestina Ascencio. Nota de Andrés T. Morales, La Jornada, 1 de abril de 2007. 5 TRADUCIDO A ALGÚN IDIOMA DE EXPERTOS QUIERE DECIR “MURIÓ DE TAL MANERA QUE NO CONTRADIJO LA NECROPSIA INSTANTÁNEA EMITIDA POR EL JEFE”. “Se cuenta con datos histopatológicos indicativos de anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas pépticas agudas en una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna y un proceso neumónico en etapa de resolución. Adicionalmente a estas causas de origen médico no se observaron lesiones de origen traumático al exterior”. Comunicado de la CNDH de Soberanes para justificar que Ernestina Ascencio murió de anemia. Nota de Emir Olivares y Agustín Salgado, La Jornada, 30 de marzo de 2007. 6 EL ESPALDARAZO DEL SUPREMO GOBIERNO AL AVAL MORAL DE LA NACIÓN. “Va a ser indispensable que desterremos problemas que agravan la condición de la gente de Oaxaca, que desterremos problemas como la corrupción, que desterremos la impunidad, que desterremos el abuso, que desterremos problemas como el odio y la violencia entre hermanos para poder precisamente salir adelante. (Así que para empezar la Guelaguetza fraterna, debemos desterrar a Ulises Ruiz y su gang. Ajá. La R. migrante de la legalidad). Cuando hay deseo de hacer la paz, que es el principal bien de los pueblos, los rencores se olvidan, se abandonan para procurar y hacer el bien en lo sucesivo y cicatrizar las heridas que una lucha prolongada ha abierto en el corazón de la sociedad”. (El sermón es bonito, el púlpito era el correcto, el espíritu de la misa estuvo a tono, pero con todo algo resulta inconvincente.) Felipe Calderón Hinojosa, presidente, al encabezar un acto con el fraterno gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz. Nota de Sergio Javier Jiménez, El Universal, 30 de marzo de 2007. 7 LA ROPA LIMPIA SE USA EN CASA. “Es natural que estas cosas sucedan; el gobierno debe dedicarse a gobernar y el partido al proselitismo; estamos buscando un punto de equilibrio. (Y si se caen, pues ni modo, falló la promoción, la R.) Juan José Rodríguez Prats, diputado federal del PAN al justificar la injerencia de la Secretaría de Gobernación en los territorios liberados del PAN espinista. Nota de Lilia Saúl, El Universal, 30 de marzo de 2007. 8 ASÍ QUE TODO ESO FUE UN LLAMADO AL QUE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL NO LE HA HECHO EL MENOR CASO. “–Para el gobierno ¿el EZLN sigue siendo un interlocutor válido para resolver el conflicto (en Chiapas)? “–No. Lo fue y muy importante, porque nos hizo tomar nota de que había una realidad que debía ser atendida. (y como la realidad no fue atendida, sólo se quedaron tomando notas, y cobrando los chequecitos. La R.) “–¿Tampoco lo será en el futuro? ¿Desde el gobierno no piensan trabajar para reanudar las negociaciones? “–No lo sé, pues no puedo vaticinar cuál pudiera ser la actitud y disposición de quienes puedan seguir formando parte del EZLN. Yo no sé si usted tenga esa información y me pueda delinear y dar los nombres. (Así que los periodistas son soplones. La R.) Pero yo no estoy en esa posición. Pero sí repito que en un momento dado su llamado de atención fue positivo y fue atendido. “–¿Qué debería cambiar o pasar para que el gobierno reconozca la interlocución del EZLN? “–Pero ¿por qué necesariamente tienen que ser los mismos actores? (¡Claro! Mejor hagamos un casting de “actores sociales” y si alguna indígena muere violada por militares, mejor decimos que sólo tiene problemas gastrointestinales y anemia decimonónica, la R. comisionada). Para mí, ahora deben ser aquellos que representen a cada una de las comunidades indígenas del país. (Así que hasta ahora a esos representantes, que vaya que existen, el gobierno no los ha tomado en cuenta. Órale de la R.) “–Insisto, ¿el EZLN ya no tiene ninguna validez ni autoridad ni representación para el gobierno? “–Yo no creo que sea necesario insistir sobre este aspecto. O a ver si usted me puede decir quiénes son los integrantes del EZLN (O a ver si el declarante sigue con su idea de convertir a los periodistas en delatores. La R.), quién los representa, pues el señor Marcos ya anda recorriendo todo el país y sinceramente, no creo que él represente a las comunidades indígenas de todo el país. (Eso le había quedado claro desde el principio a todos. Decirlo ahora es reconocer doce años de pérdida de tiempo. La R.) “–¿Me puede explicar entonces si para el gobierno mexicano existe o no el conflicto en Chiapas o si éste ya fue superado? “–Mire, yo no sé cómo defina usted conflicto. Ellos hicieron una denuncia sobre una realidad existente, y para mí las desigualdades sociales de nuestro país deben ocupar una atención particular, especial de los gobiernos en sus diferentes niveles”. (Pues si llegó apenas a esa conclusión, se pasó varios años en vigilia zen sin definir palabra alguna.) Luis H. Álvarez, titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, al rechazar la interlocución con el EZLN. Entrevista con Armando G. Tejeda, La Jornada, 2 de abril de 2007. 9 POR SER QUIEN ES EL DECLARANTE NOS GUSTARÍA SABER SU DEFINICIÓN DE “INTOLERANTE” Y, DESDE LUEGO, DE “IGNORANTE”. “Álvarez Icaza es intolerante, intransigente, ignorante y anticatólico (¿No hablará de Jorge Serrano Limón?, la R. de Protanga)… En nombre de la arquidiócesis de México le pido la renuncia porque se ha convertido en el gran inquisidor al intentar coartar la libertad de expresión”. (¿Y qué les dice a quienes amenazaron con pagar facturas “con sangre” a quienes apoyan la despenalización? ¿Y en qué momento Álvarez Icaza intenta coartar la libertad de expresión? Si no tiene pruebas por lo menos mande excomuniones.) Hugo Valdemar, vocero de la arquidiócesis, al pedir la renuncia del ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza, por respaldar la despenalización del aborto. Nota de Juan Balboa, La Jornada, 1 de abril de 2007.