POR MENOS QUE ESTO EN UN PAIS DE LEYES, YA HUBIERAN RODADO LAS CABEZAS.

REFORMA.

Miguel Ángel Granados Chapa.

Lo que encarna Nacif.

La esposa de Kamel Nacif, Irma Benavides, en querella judicial de divorcio, rechazó la acusación de su marido de que fue ella quien intervino sus conversaciones y las divulgó en arreglo con el abogado de Lydia Cacho.

La serie de conversaciones telefónicas, grabadas subrepticiamente, entre Kamel Nacif y una decena de interlocutores, lo muestran como centro de confluencia, como encarnación de delitos y prácticas de poder que se perpetran a diario pero de las que sólo sus efectos trascienden.

La afortunada circunstancia pública en que la sociedad se halla ahora respecto a ese individuo y sus nexos es que, al ser reveladas, nos colocan en la vía de su eliminación y de su castigo, si se logra romper la espesa capa de cinismo que todavía las encubre.

Todo empezó con la publicación de Los demonios del Edén, escrito el año pasado por Lydia Cacho, que al denunciar el caso de Jean Succar Kuri, un pederasta entonces preso en Estados Unidos y ahora procesado en Cancún, puso al mismo tiempo la atención pública sobre "el poder que protege a la pornografía infantil".

Meses después de la aparición del libro, el personaje más citado en la obra después del protagonista, Kamel Nacif, amigo, socio y protector de Succar Kuri, denunció por difamación a la periodista en la ciudad de Puebla.

Era extraña una acción penal en defensa de la reputación de una persona que en diversos círculos padecía ya mala fama.

Era conocido por su compulsión al juego, que lo condujo a tener en Las Vegas problemas con autoridades fiscales mexicanas.

Como no es infrecuente que ocurra, su ludopatía se asociaba a la ilegalidad: hace 13 años propuso a un cronista deportivo concertar un acuerdo con pelotaris en el Frontón México para ganar o perder sus partidos según conviniera a los apostadores.

No era, pues, que su honor le importara demasiado. El propósito que persiguió al denunciar a Lydia Cacho era, al mismo tiempo que castigarla, frenar la difusión de los delitos de Jean Succar Kuri, e impedir con ello su extradición a México, extremo necesario para mantener a salvo las redes de comercio sexual infantil.

De allí que, aunque la acusación fue presentada en julio de 2005, conforme lo hizo necesario la situación procesal de Succar Kuri, en diciembre logró la aceleración del procedimiento poblano, que derivó en la aprehensión de la periodista, en Cancún, su traslado por tierra a Puebla, durante 20 horas, infinito lapso en que fue amenazada y torturada sicológicamente, y su detención en una cárcel poblana de la que salió pronto gracias a que pudo comunicar su situación.

Se le fijó una fianza 10 veces mayor que otra establecida poco antes en caso semejante, y al cabo se la redujo a la mitad, todavía muy exagerada respecto del promedio.

En febrero aparecieron grabaciones de conversaciones tenidas por Nacif con el gobernador Mario Marín y otras personas. Pudo fácilmente concluirse de esas comunicaciones la maniobra en que, a instancias de Nacif, que se mostró muy agradecido, Marín actuó de modo que el Ministerio Público y la administración de justicia atentaran contra las garantías de la periodista.

Por ejemplo, según pudo comprobarse después, la juez del caso se declaró incompetente, pero tras una conversación de los abogados de Nacif con los superiores de la juzgadora, ésta reconsideró su decisión, y entonces redujo el monto de la fianza, sólo después de consultarlo con quienes dirigían en ese punto su actuación.

La intervención del gobernador de Puebla en la maniobra fue socialmente insoslayable, y por eso en abril las Cámaras del Congreso solicitaron a la Suprema Corte de Justicia averiguar, conforme a su facultad excepcional establecida en el artículo 97 constitucional, si se habían producido los hechos contra las garantías individuales de la periodista.

La Corte designó a dos magistrados para realizar la pesquisa. La concluyeron a principios de julio y con base en sus resultados el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia presentó el lunes pasado al pleno su proyecto de resolución, donde se establecía que "no está demostrada la violación grave de garantías individuales" de Lydia Cacho, y ponía el caso en el ámbito de la justicia ordinaria, en cuya fase ministerial la Procuraduría General de la República no ha conseguido siquiera el testimonio de decenas de personas a que se pidió convocar.

Después de dos días de debate, por mayoría de siete votos contra tres el pleno desechó el proyecto por considerar que la indagación en que se basó fue insuficiente. Fue designado nuevo ponente el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien propondrá si se comunican nuevos lineamientos a los magistrados Emma Meza Fonseca y Óscar Vázquez Marín, para colmar las insuficiencias de su trabajo, o si se designa otra comisión que tenga amplia libertad para indagar si se violaron garantías individuales en forma exorbitante, caso en que se justifica la intervención de la Corte, o no hubo tales violaciones y si las hubo son susceptibles de ser reparadas por la justicia ordinaria.

Del debate entre ministros se desprendieron consideraciones que la nueva pesquisa debe atender. Por ejemplo, sin que los miembros del pleno pretendieran en ningún momento otorgar valor probatorio a las grabaciones obtenidas de manera ilícita, quedó claro que la que contiene la charla célebre entre Nacif y Marín, el llamado allí "góber precioso", debe ser punto de partida para investigar por medios legales la relación entre los interlocutores y el efecto de su conversación sobre el trámite del caso.

Los magistrados comisionados hallaron en esa tramitación irregularidades graves que dejaron sin explicación y que la tienen si se establece la intervención de Marín.

Por otro lado, se deberá averiguar no sólo el ataque a Lydia Cacho sino su causa, lo que pondrá en la atención de los ministros el fondo del asunto: el poder que protege a la pornografía infantil.

Una semana antes de las sesiones de la Corte habían sido difundidas otras grabaciones en torno a Nacif. En ellas figuraron los senadores Fidel Herrera y Emilio Gamboa (ahora gobernador de Veracruz y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados) y Jean Succar Kuri, con quien Nacif habla de negocios y de prostitución.

Motivado por esa ronda de revelaciones, el propio martes en que la Corte decidía ampliar la investigación de su nexo con Marín, Nacif pretendió lavarse la cara y exonerar a sus interlocutores. En una inserción pagada en varios diarios se mostró contrito de su lenguaje procaz y vulgar, que lo avergüenza ante los suyos según dijo, pero rechazó la comisión de cualquier otro delito. Atribuyó a su esposa, la señora Irma Benavides, con quien libra una batalla judicial por los términos financieros de su divorcio en curso, la ilegal interferencia de sus conversaciones y haber divulgado la grabación de las mismas, en combinación con el abogado de Lydia Cacho, amén de que lo quiso chantajear para impedir la difusión de más telefonemas.

Notoriamente venciendo sus temores, la señora Benavides rechazó la acusación de su marido y anunció que en cambio ella había presentado una denuncia en su contra, ante el Ministerio Público capitalino. Refirió una tentativa de homicidio en su perjuicio, practicada por Nacif en presencia del hijo de ambos (y de la que había dado cuenta hace meses el reportero Alejandro Almazán, en el semanario emeequis).

Cualquiera que sea su procedencia, simultáneamente con esos hechos aparecieron nuevos registros de conversaciones de Nacif. En ellos figuran dos gobernadores más, René Juárez y Joaquín Hendricks, que rigieron en Guerrero y Quintana Roo antes que Zeferino Torreblanca y Félix González Canto. Además de la referencia a negocios específicos en playas caribeñas, en que Nacif y Hendricks mencionan a otras personas como Alfonso Arau y Alfredo del Mazo, se aprecia en estas nuevas revelaciones la familiaridad grotesca pero eficaz con que se tratan el empresario poblano y la gente de poder a la que atiende y que lo procura, para "ver con cuánto se pone" en sus campañas electorales.

Aportar 100 mil camisetas en la de Marín, a que se refiere una de las conversaciones recientes, seguramente es parte de los favores con que Nacif "se puso" con Marín y que le permitió ser retribuido con el castigo a Lydia Cacho.

En el juicio que todavía padece en Cancún la periodista deberán contar estas y otras evidencias de que no es posible difamar, es decir dañar la buena fama de una persona que no tiene su propio honor entre los bienes y valores que forman su personalidad.

Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com