Vale la pena leer la columna que publica hoy Pablo Gómez en Milenio Diario, donde explica los pormenores de el complot contra el peje. Le faltó comentar sobre la nueva ley de privatizacion preventiva de Pemex que presentó el PRI en el senado, pero me imagino que esto se debe a que esta nueva pieza del complot apenas se va apareciendo. Igual vale la pena leerse:
Pablo Gómez
Claro que existe complot
En español de España se escribe compló, tal como se pronuncia en la lengua original del término: el francés. En los medios de comunicación esta palabra se ha prestado al choteo y se usa como expresión de lo absurdo, el pretexto o la simple inocentada. Pero sí hemos tenido confabulaciones de servidores públicos y de partidos para cerrar el camino a Andrés Manuel López Obrador.
Entre la Segob, la PGR y Fernández de Cevallos hubo una confabulación para procesar de manera escandalosa la información que tenía en su poder Carlos Ahumada, en lugar de darle a ésa un manejo institucional y proceder conforme a la ley. Lo mismo ocurrió con el asunto de El Encino, que fue convertido en vulgar instrumento jurídico para llevar a cabo un plan de carácter político: impedir la libertad de sufragio de la ciudadanía.
En la medida en que las encuestas de opinión le han dado ventaja a Andrés Manuel, los políticos de los viejos partidos vuelven a confabularse. La idea de dar autonomía al SAT y a la CNBV busca arrebatar al próximo gobierno información de carácter fiscal y financiera referida a personajes que se han enriquecido de manera ilícita.
No existe argumento válido para que el gobierno deje de ser el responsable del cobro de impuestos e informe de ello a través de la Cuenta Pública. En el proyecto presentado en San Lázaro por un diputado priista, pero con el completo acuerdo del gobierno federal, no se explica la manera como el SAT daría cuenta a la nación del cobro de impuestos. El gobierno es elegido para cumplir las leyes y las de carácter fiscal son más importantes que otras, de tal manera que si el Poder Ejecutivo ya no va a poder siquiera hacer planes para incrementar la eficiencia recaudatoria del Estado, no podrá tampoco mejorar el gasto público. No se trata sólo de despojar al gobierno federal de un instrumento fundamental, sino también inhabilitar al Congreso, ya que el Senado se limitaría a confirmar los nombramientos de los integrantes de la Junta de Gobierno del SAT sin que pudiera examinar la gestión de los mismos.
Quitar al Poder Ejecutivo la autoridad para el cobro de los impuestos significa arrebatarle la capacidad de ordenar la recaudación en el país y realizar convenios fiscales con las entidades federativas, además de convertir a la SHCP en el organismo encargado de colocar los bonos gubernamentales y realizar las funciones de la Subsecretaría de Egresos. ¿Quién haría los estudios hacendarios del gobierno? ¿Quién haría los cálculos sobre los ingresos federales? Nadie. El proyecto está hecho ante la eventualidad de que López Obrador sea el Presidente, y tan es así que nada tiene que ver con la innegable y urgente necesidad de fortalecer al SAT.
En cuanto a la CNBV, se busca que el gobierno deje de tener información de movimientos bancarios y fiduciarios de políticos y empresarios ligados a éstos. Los procedimientos fiscales y penales contra actividades ilícitas podrían no iniciarse nunca en la medida en que la autoridad bancaria sería independiente del gobierno. El primitivo sistema de detección de lavado de dinero se convertiría en humo.
Los organismos llamados autónomos tienen por objeto limitar o controlar al Poder Ejecutivo. Así, el IFE se creó para que el gobierno no organizara las elecciones a las cuales concurre su partido. La Auditoría de la Federación se inventó para que el Ejecutivo no se fiscalizara a sí mismo ante la nulidad de la vieja Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados. La autonomía universitaria, como sabemos, es el estatuto para dar libertad a las instituciones públicas de educación superior.
El Banco de México, en cambio, fue declarado autónomo como producto de una presión del Fondo Monetario Internacional, con lo cual el llamado “gobernador” no le entrega cuentas a nadie ni le importa el desarrollo económico del país.
Sí hay compló en la medida en que existe confabulación de servidores públicos y políticos irresponsables que sólo están preocupados por la llegada del PRD a la Presidencia de la República. Son funcionarios y políticos pequeños, asustadizos y asustados que preparan para febrero una reforma constitucional que, si fuera aprobada, sólo perjudicaría, en realidad, al Estado nacional mexicano.
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