ÍNDICE POLÍTICO
FRANCISCO RODRÍGUEZ
ULISES: FUERZA Y PLOMO
DUELO DE DUROS, lucha de intransigencias: si la APPO había decidido darle un ultimátum al gobernador para que abandonara el cargo a más tardar el viernes 27 de octubre, Ulises decidió responder en términos muy semejantes: fuerza y plomo, apunta el maestro Alfonso Zárate, director del Grupo Consultor Interdisciplinario en su imprescindible Lectura Política correspondiente a la semana que corre.
Y describe: Vestidos "de civil", policías del estado y de los municipios de Santa María Coyotepec, San Antonio de la Cal y Santa Lucia del Camino, todos gobernados por cercanos al gobernador, se movilizaron con el objetivo de retirar barricadas (que muy pronto volvían a colocar los appistas) y bajarle los ánimos a los de la APPO.
El saldo de las balaceras en diversos puntos de la capital es bien sabido: más de 16 heridos y tres muertos, entre ellos, Bradley Roland Will, periodista y activista estadounidense que había sido acreditado para "cubrir las actividades político-sindicales y culturales de la sección XXII del SNTE-CNTE y de la APPO".
Todo indica que la violencia desatada el viernes 27, sobre todo el asesinato de Will y la condena del embajador Tony Garza (su "muerte sin sentido destaca la necesidad de que [Oaxaca] retorne al imperio de la ley y el orden"), fueron determinantes para que en Los Pinos se tomará, por fin, la decisión de enviar a las fuerzas federales.
"El periodista gringo murió de dos balazos en el abdomen, es decir, no fue víctima de ninguna bala perdida. Las imágenes del camarógrafo herido de muerte, le dieron la vuelta al mundo y provocaron muchas reacciones en la arena global, con todo lo que significa para Oaxaca y el país en términos de inversión, turismo y comercio."
De hecho, no es la primera vez que el gobierno del cambio sale del inmovilismo luego de un jalón de orejas dado por el embajador de los Estados Unidos en México: algo similar ocurrió en junio del año pasado, cuando se implementó el programa México Seguro a escasas horas de que Tony Garza urgiera enfrentar la violencia en Nuevo Laredo.
En suma, el viernes se creó el ambiente propicio para la intervención de la PFP: por un lado, días antes el secretario de Gobernación y la sección 22 del SNTE habían acordado el eventual regreso a clases, cosa que se ha concretado en forma parcial y por el otro, la APPO y Ulises Ruiz le subieron mucho al tono de la violencia.
Cuando todo indicaba que Vicente Fox había optado por la fórmula ruizcortinista de enfrentar los conflictos políticos enviándolos al cajón, o por la ecuación zedillista del desgaste natural de los movimientos sociales (remember el trato al EZLN o la resolución de la huelga en la UNAM), después de 161 días, con base en el artículo 119 constitucional, el presidente de la República ordenó el uso legal y legítimo de la fuerza pública" reseña Zárate en la Lectura Política.
Pero ese uso de la fuerza ha sido contraproducente.
Más violencia. Porque, dicho está, la violencia sólo genera violencia.
www.indicepolitico.com / pacorodriguez@journalist.com
LLEGA OFICIO DE PAPEL,DEL PERIODISTA BADILLO:
Lunes 6 de noviembre 2006 * Investigan en EU al ex dueño de TAESA * Abren causa por lavado al capitán Abed * Alberto Abed busca comprar Aeroméxico
En el Departamento del Tesoro de Estados Unidos permanece abierto un expediente por el delito de lavado de dinero en contra del empresario mexicano de origen libanés Alberto Angel Abed Schekaiban, quien fuera propietario de la aerolínea TAESA (Transportes Aéreos Ejecutivos Sociedad Anónima) y a quien en la década de los 90 se le vinculó como supuesto prestanombre del empresario Carlos Hank Rhon, dueño del Banco Interacciones y quien también estuvo sujeto a investigación en Estados Unidos.
Esas indagaciones del gobierno estadounidense se han intensificado en contra del capitán Abed –como se 1e conoce por haber formado parte del equipo de pilotos particulares de Carlos Hank– porque el ex dueño de TAESA ha vuelto a mostrar interés por involucrarse en la avión comercial, sólo que esta vez vuela más alto y aspira a comprar la empresa Aeroméxico.
Según especialistas en el tema de lavado de dinero en Estados Unidos en las próximas semanas podría haber alguna responsabilidad penal en contra del capitán Abed y fuentes cercanas al caso explican que desde enero pasado el Departamento del Tesoro intensificó la investigación de todos los movimientos financieros de quien fuera el último dueño de TAESA. El análisis se centra en las operaciones ejecutadas en instituciones financieras radicadas en Miami y Nueva York.
Sin embargo, la indagatoria, que hasta diciembre pasado se ventilaba en un tribunal de distrito en Tucson, Arizona, y que fue atraída por la entidad federal, no se queda en esas operaciones: alcanza incluso el proceso de quiebra de TAESA, declarado en febrero de 2000 por el juez mexicano Justino Montes de Oca.
Las autoridades estadounidenses mantienen bajo sospecha dicha operación, pues presumen que Abed Schekaiban extrajo ilegalmente el dinero de la aerolínea y lo trasladó, a través del sistema bancario de Estados Unidos, a paraísos fiscales.
Los avances de la indagatoria revelan que la declaración de quiebra de TAESA –conseguida bajo el argumento de que la empresa no disponía de recursos para cubrir los gastos inmediatos y que afectó a unos 3 mil 500 empleados– se debe a un manejo irregular de los recursos presuntamente triangulados a varias empresas constituidas y operadas en México, Suiza, Estados Unidos, Luxemburgo e Irlanda, indican las fuentes informativas.
Añaden que el análisis del Departamento del Tesoro también abarca las operaciones relacionadas con la compra de aeronaves destinadas a la empresa Servicios Integrales de Aviación S.A. (SIASA) –constituida en sociedad con Jaime Ross Castillo, preso desde 2004 en el Reclusorio Sur por su supuesta responsabilidad en el delito de lavado de dinero–.
Ésta no es la primera vez que las autoridades estadounidenses se interesan en los negocios de Abed Schekaiban: sus nexos con Carlos y Jorge Hank Rhon lo mantienen bajo un estricto seguimiento de la Agencia Federal para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).
Y es que antes de adquirir la aerolínea de los Hank Rhon, Alberto Abed se desempeñó como piloto privado de esa familia que por varios años ha sido investigada por la DEA y por el Departamento del Tesoro. Además, al empresario se le vinculó con los narcotraficantes Miguel Ángel Félix Gallardo y con el ya fallecido Amado Carrillo Fuentes, según una investigación del periodista José Martínez publicada por Narco News en agosto de 2001.
Las operaciones
De acuerdo con una investigación periodística de Nancy Flores y publicada en la revista Fortuna, Negocios y Finanzas, para “quebrar” TAESA Alberto Abed utilizó un esquema financiero estructurado con cinco empresas y una cuenta bancaria personal abierta en el Banco Nacional de París (BNP), en Miami. Además, utilizó instituciones bancarias mexicanas, como el extinto Banco Unión y BBVA Bancomer.
Mientras los bancos fueron presumiblemente empleados para triangular créditos provenientes del Republic Bank of New York y del BNP con sede en Suiza y en Miami, las empresas AESA (Alimentos Especializados S.A.) y HAT de México; Franmil Holdings y Calezar, de Suiza, y TAESALES, de Nueva York, fueron usadas para presuntamente “saquear” el dinero.
Según el esquema, explicado por las fuentes cercanas al caso, TAESA mantenía relaciones comerciales con las cinco compañías –todas, propiedad de Abed Schekaiban– lo que permitió al empresario hacer traspasos millonarios con cargo a los fondos de la aerolínea.
Y es que los recursos de TAESA se traspasaban como pagos por servicios a la empresa AESA; ésta destinaba el dinero a una cuenta a nombre de TAESALES en el Republic Bank of New York, y de ahí se hacían diversas transferencias financieras a las arcas de HAT, Franmil, Calezar y a la cuenta personal de Alberto Abed en el BNP de Miami.
Los informantes aseguran que los avances en la investigación del Departamento del Tesoro revelan que actualmente los negocios de Alberto Abed son operados a través de nueve empresas y un fideicomiso: la principal es Xantia, una tenedora de acciones que posee la titularidad de todo el grupo y que está radicada en Luxemburgo; Uptongrove, Casafin y Harstslope, establecidas en Irlanda; Botswana, Calezar, y Franmil operadas desde Suiza; Irel y su fideicomiso Irel Trust, y SIASA, instituidas en México.
Las nueve compañías y el fideicomiso fueron creados para proteger los activos supuestamente obtenidos en forma ilegal de la extinta TAESA: Uptongrove resguarda tres aeronaves, un Learjet 31A, un Posicion Lear 45 y un Posicion Lear 60; Casafin preserva un Agusta 109, un Bell 406 y un Posicion Continental; Harstslope dos Grand Caravan; Botswana un Aviator Yate; Calezar guarda dinero; Franmil un Proshe; Irel es propietaria de una casa en México, y SIASA se dedica a rentar los aviones de las cinco primeras empresas.
Desde 2002 las autoridades federales mexicanas, estadounidenses y suizas investigan a la empresa SIASA por su presumible responsabilidad en el delito de lavado de dinero. En México la averiguación previa PGR/023/LD/2002 ha llevado a la cárcel a Jaime Ross Castillo, socio de Alberto Abed en dicha empresa, y a quien las autoridades del Departamento del Tesoro le han ofrecido declarar en contra de Abed a cambio de beneficios judiciales en México.
IPAB condona al empresario
Beneficiario del oscuro rescate bancario –cuyo costo sufragado con recursos públicos asciende a un billón 320 mil millones de pesos–, Alberto Abed Schekaiban fue exculpado de pagar una deuda de 112 millones de dólares al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Y es que con la quiebra de TAESA, declarada el 20 de febrero de 2000, el empresario logró que las autoridades financieras mexicanas convirtieran su deuda privada en pública.
Al momento de la notificación de la bancarrota, la empresa tenía un pasivo de 400 millones de dólares: 112 millones de la deuda con el IPAB, 80 millones por concepto de cuotas no saldadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, y el resto correspondiente a adeudos con 60 acreedores y por impuestos no cubiertos a la Secretaría de Hacienda. En 2002 el empresario fue encarcelado por el supuesto delito de evasión fiscal, pero fue liberado por falta de pruebas.
Como parte del rescate de la banca –impulsado por la administración de Ernesto Zedillo tras la crisis del llamado “error de diciembre de 1994”–, la deuda de la aerolínea con diversas instituciones financieras fue cargada al Fobaproa, ahora IPAB.
Y aunque, meses antes de la declaratoria de quiebra, TAESA se encontraba en negociaciones para reestructurar su deuda, la supuesta insolvencia económica le impidió dar una garantía de 50 millones de dólares. A la fecha ni el IPAB ni el IMSS ni Hacienda han recuperado un solo peso de los pasivos contraídos por la empresa de Abed Schekaiban.
Roberto Madrazo, amigo de Abed
Al arribar al aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida, la madrugada del 14 de septiembre de 2002, Roberto Madrazo y su esposa Isabel de la Parra fueron objeto de un operativo antilavado de dinero realizado por las autoridades del Servicio de Aduanas de Estados Unidos.
Ese día el Lear Jet en el que viajaba el entonces candidato presidencial priísta fue asegurado por las autoridades estadounidenses. El hecho formó parte de un expediente de investigación en contra de la empresa Servicios Integrales de Aviación S.A. (SIASA), propiedad de Alberto Abed y Jaime Ross Castillo.
El viaje de Madrazo Pintado en el avión de su amigo Alberto Abed no era fortuito. A principios de 2002, SIASA firmó un contrato de prestación de servicio de taxis aéreos con el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional.
El caso, cuyo tratamiento alcanzó niveles bilaterales y fue calificado por el embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza, como de “gran interés” para las autoridades de ese país –según una carta confidencial dirigida al procurador Daniel Cabeza de Vaca en julio del año pasado y cuya copia está en poder de Oficio de papel–, está basado en evidencias que señalan que para lavar el dinero se utilizó el sistema financiero norteamericano.
Denuncian corrupción en licitación de Pemex
Un lector de Oficio de papel, que pide omitir su nombre por temor a represalias, envía un correo en donde se queja de que aún seguimos preguntando cuál es el verdadero papel de la Secretaría de la Función Pública si cuando este organismo toma una determinación, el Órgano Interno de Control de Pemex Exploración y Producción (PEP) y los funcionarios de la subsidiaria hacen caso omiso a sus determinaciones en un claro desapego a las leyes.
Explica que desde marzo pasado, PEP publicó la licitación 18575062–020–06 para el lavado y desmantelamiento de ductos fuera de operación del activo integral Cinco Presidentes y/u otros activos de la región sur, y de esa fecha hasta ahora el fallo se ha anulado en dos ocasiones por serias irregularidades y presuntamente para favorecer a una de las empresas participantes que salió insolvente en las evaluaciones técnicas y/o económicas.
Por tercera vez, agrega en su correo electrónico, se vislumbra que los funcionarios Joel Bermúdez Castro, gerente de Administración y Finanzas de la Región Sur; Miguel Ángel Lugo Valdez, subgerente de Recursos Materiales de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Región Sur; Rodolfo Cacho López, coordinador de Construcción y Mantenimiento del Activo Cinco Presidentes; Alejandro Zagal Reyes, coordinador de Construcción y Mantenimiento del Sector Samaria–Luna, y el juchiteco Rufino Ordaz Cruz, subgerente de Mantenimiento a Ductos y Vías de
Acceso, quieren presuntamente favorecer con una adjudicación directa al Grupo Constructor Global, S.A. de C.V., propiedad del veracruzano Oscar Contreras Ávila, por lo que es muy probable que el próximo 9 de noviembre la mencionada licitación, de poco más de 83 millones de pesos, quede nuevamente desierta.
El resolutivo No. 15.5 de la inconformidad presentada por las empresas Iduarte Industrial, S.A. de C.V., Construcciones Rangel, S.A. de C.V., Edificaciones Proyectos de Ingeniería y Consultoría, S.A. de C.V. y Construcciones Centurión, S.A. de C.V. que presentaron una propuesta conjunta y que anuló el mencionado proceso de licitación, señala: “con fundamento en el artículo 15, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, se decreta la nulidad de la licitación pública internacional No. 18575962–020–06, a partir de la evaluación de ofertas y fallo respectivo, así como los actos derivados y que se deriven del mismo, para el efecto de que la convocante, observando estrictamente en bases concursales y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, así como su reglamento, efectúe una nueva evaluación sólo de la oferta de los inconformes y emita la determinación que en derecho corresponde, y de conformidad con el artículo 32 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, remitir en un plazo de 5 días hábiles, contando a partir del siguiente al de la notificación de la presente resolución”.
Han pasado más de 15 días del resolutivo de la SFP y los funcionarios de PEP anunciaron que el nuevo fallo, tercero de esta licitación, será hasta el 9 de noviembre próximo, con el único fin de volverla a declarar desierta y todo por no acceder a los chantajes o pretensiones económicas de algunos funcionarios de PEP; mismo caso que ocurrió con el resolutivo 115.5 1765 donde no se respeto el plazo para el nuevo fallo.
Por falta de espacio, la próxima semana investigaremos más sobre este caso.
oficiodepapel@contralinea.com.mx
oficiodepapel@yahoo.com.mx
DE GRANADOS CHAPA:
Miguel Ángel Granados Chapa
'Proceso' en sus 30 años
Nota original:
Fundado hace 30 años en respuesta a un ataque de furia presidencial, el semanario de mayor influencia en el país enfrenta ahora una nueva muestra de esa intemperancia, vestida con un disfraz de legalidad y en aparente defensa de valores apreciados por todos
Al cumplir 30 años de edad -su primer número apareció el sábado 6 de noviembre de 1976-, el semanario Proceso está sentenciado a pagar a la señora Marta Sahagún de Fox 1 millón 958 mil 580 pesos y a publicar un extracto de la sentencia respectiva. Padecerá esa suerte jurídica, junto con la periodista Olga Wornat, si tras su apelación ante el Tribunal superior de justicia, iniciada el 26 de octubre, quedara firme esa decisión (y si la justicia federal no los amparara).
Es probable que, al contrario, el tribunal de alzada enmiende la plana al juez 12 de lo civil en el Distrito Federal, Carlos Miguel Jiménez Mora. Ya lo hizo una vez, cuando el juzgador se negó a desahogar una prueba que había admitido y en abril pasado se apresuró a dictar sentencia, que quedó sin efectos por la decisión superior de revisar esa probanza. Por no haberlo hecho, además, el consejo local de la judicatura impuso a Jiménez Mora una multa de 20 días de su salario nominal. Es la quinta vez que ese juzgador ha sido sancionado. Una vez se le suspendió durante nueve meses (entre 1998 y 1999) mientras se desahogaba un procedimiento penal en su contra, pues se le acusó de un delito contra la administración de justicia.
Las dos sentencias suscritas por Jiménez Mora muestran su parcialidad. La segunda sigue fielmente a la primera no obstante que debió matizar su criterio a la luz de la prueba que deliberadamente pasó por alto, y que no era nimia. Se trata de una declaración del presidente Fox, en que se ufana de las faldas de su esposa para iniciar esa demanda, y que indica a las claras que no era una ciudadana común y corriente la que acudía a los tribunales, sino la mitad de la pareja presidencial quien lo hacía. No es, por lo tanto, uno más de los episodios judiciales que se desahogan todos los días en los tribunales. Así lo aprecian 22 colaboradores de esa revista (entre los que se incluyen tres que lo son también de Reforma: Denise Dresser, Juan Villoro y yo mismo) que han suscrito un mensaje de solidaridad con el semanario, que dice así:
"La sentencia judicial que impone a Proceso una sanción pecuniaria por cerca de dos millones de pesos y lo obliga a publicar un extracto de la misma como reparación del daño moral a la señora Marta Sahagún de Fox, constituye un atentado a la libertad de expresión. Lejos de ser muestra de aplicación imparcial del derecho, revela las fragilidades de un juzgador ante las presiones de la casa presidencial.
"A lo largo de 30 años, Proceso ha practicado un periodismo que ensancha las capacidades de saber de la sociedad, sin traspasar los límites jurídicos de las libertades que hacen posible la comunicación. Por ello nunca hasta ahora había sido llevado ante los tribunales por ilícitos contra el buen nombre de las personas.
"Desde el poder presidencial, explícitamente admitido, se ha fingido acudir a la justicia en defensa de una reputación. De lo que se trata en realidad es de una revancha ante la caudalosa información que nuestra revista ha ofrecido sobre las deficiencias, vicios y abusos del gobierno del presidente Fox y el papel que en esta administración ha desempeñado su esposa.
"Por ello, los colaboradores de las diversas secciones de Proceso expresamos nuestra preocupación por el sentido y el alcance de aquella decisión judicial, dejamos establecido su verdadero origen y nos solidarizamos con un semanario que nació precisamente como respuesta a la intemperancia del poder presidencial".
(Además de las tres personas citadas, firman Javier Sicilia, Enrique Maza, Jorge Munguía Espitia, Ariel Dorfman, Efrén, Ignacio Solares, Raquel Tibol, Naranjo, Rocha, Jorge Volpi, Carlos Monsiváis, Gallut, Helguera, Javier Betancourt, Carlos Tello, Florence Toussaint, Ernesto Villanueva, Cristina Pacheco y José Emilio Pacheco).
La parcialidad del juez se evidencia de muchas maneras, pero hay una que no admite refutación. Se trata del procedimiento para fijar la indemnización. Las dos veces en que lo ha hecho el juez ha incurrido en la torpeza de establecer su monto a partir de dos errores. El primero consiste en que el Código Civil, a que se atuvo el juzgador, dispone que el monto de la indemnización se determine teniendo en cuenta "la situación económica del responsable y la de la víctima". El juez no averiguó cuál es en cada caso tal situación económica. Se limitó a calcular el ingreso que tuvo Proceso por la venta del número en que apareció la información cuestionada, simplonamente multiplicando el precio de portada con el total de ejemplares de circulación promedio, sin considerar que esa base es falsa porque ingreso no equivale a ganancia, pues de aquel deben descontarse los costos de producción y de distribución, amén de la consideración elemental de que ese número de Proceso no se vendió única y exclusivamente por contar con el material de la periodista Olga Wornat que encolerizó a la señora Sahagún.
Por añadidura, entre su primera sentencia y la segunda se produjo un hecho legislativo que el juzgador estaba obligado a tener presente. En mayo fue publicada la Ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal. Además de despenalizar la difamación, esa ley establece una base para calcular la indemnización que favorece a los demandados, por lo que se concreta el caso de la retroactividad beneficiosa. La sanción conforme a la nueva ley es 100 veces menor que la fijada por el juez.
Cajón de Sastre
La condena a muerte de Saddam Hussein es un invaluable regalo para el presidente Bush, en vísperas de las elecciones de mañana en que uno de los temas del debate ha sido el fracaso de la invasión a Iraq. La noticia podría mejorar la posición de los republicanos partidarios de aquella operación guerrera, uno de cuyos propósitos era derribar al gobernante que recibió ya sentencia en el primero de los procesos a que se enfrenta, éste por el asesinato de 148 chiitas, la corriente musulmana adversa a los sunitas, a que desde su laicismo pertenece Hussein. La elección de mañana significa también el banderazo de salida para la sucesión de Bush pues, entre otros acontecimientos significativos, implicará la reelección de Hillary Clinton como senadora por Nueva York. Es tal la distancia que la separa de su opositor republicano, que no está en duda si permanecerá en el Capitolio o no, sino por cuántos votos de diferencia. Una victoria aplastante la catapultará desde ahora para volver, por méritos propios, a la Casa Blanca.
Roberto Zamarripa
La chispa
Nota original:
1. Coctel molotov. La denominada Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) concita una experiencia política y generacional de larga data. Su minimización o intento de desprestigio no mina ni divide a sus integrantes.
El movimiento político oaxaqueño es una suma de contradicciones.
Tiene una diversidad política que corresponde a las distintas regiones y etnias del estado y a una tradición de decisión comunitaria. En Oaxaca, por cada problema hay un comité y por cada municipio hay por lo menos una comuna.
Es un movimiento unido, lo que puede explicarse porque han pasado por lo menos tres generaciones por la misma ruta. Es decir, quienes están en la APPO conocen la cárcel, la negociación, la cooptación, el soborno, el cochupo, la resistencia, la huelga de hambre, y también el uso de la pólvora, en una ruta de tres décadas. Si fueran elefantes con sus colmillos harían surcos.
A la vez, expresa un evidente atraso político y cobija actos vengativos violatorios de derechos humanos.
2. El tasajo. La sección 22 del SNTE es paraguas de distintas corrientes de la izquierda radical. Emblema de la disidencia magisterial simboliza la cultura del reclamo. En sus "usos y costumbres", tiene una particularidad organizativa: quien participe en el comité ejecutivo sindical una ocasión no podrá repetir en otro trienio en ningún otro cargo. De tal suerte que cada trienio, la sección 22 renueva totalmente 32 carteras, por lo que la dirigencia no puede personalizarse y el líder de la sección no puede tomar por su cuenta las decisiones.
Tiene pendiente, como todo el SNTE, la revisión de su responsabilidad en el atraso educativo de Oaxaca.
3. Rueda para abajo. Uno de los errores de la Secretaría de Gobernación fue suponer que en Oaxaca podía comprometerse al líder para burlar a sus agremiados.
La Segob partió de la base de que separando a la sección 22 de la APPO reduciría a una mínima expresión el descontento popular. Y cooptando al líder -Enrique Rueda- podía reprimir a los vestigios de la APPO.
Ahora, Enrique Rueda, desprestigiado, no puede regresar a Oaxaca. Y la PFP quedó atascada en el Zócalo de la capital.
4. Uñas para qué las quiero. Para debilitar la protesta, la diversidad política fue estimulada por los gobiernos locales y nacionales en turno. Soborna y ganarás. Los programas sociales en Oaxaca encarnaron en proyectos de grupo y de caciques. Ese trato hizo crisis cuando el PRI perdió el gobierno federal y el control de los recursos de programas sociales.
Los recursos eran utilizados para tres fines: el control político, mediante el soborno; el financiamiento de campañas electorales, mediante la desviación; y, la otra corrupción, la que tenía que ver con la apropiación para fines personales o de grupo de los dineros públicos.
Como ya no alcanza para todo, Ruiz optó por la tercera opción. Se comió la zanahoria.
5. El cinturón social. Un revestimiento del movimiento de la APPO que jamás comprendió ni la Segob ni Ruiz es el del extendido apoyo social. Hay un enorme cinturón de protección y de complicidad con la APPO de amplios sectores de clases medias y altas, que si bien no comparten los modos de pelea de los appistas sí los alientan en la búsqueda de la caída de Ruiz.
Para el segmento empresarial oaxaqueño, Ruiz es un invasor y un corrupto. No hizo política en Oaxaca sino hasta hace una década cuando lo impuso como diputado Roberto Madrazo. Sus familias nunca han vivido en la entidad y apenas tocaron el gobierno y se despacharon a manos llenas del presupuesto.
Un cinturón de protección real. Que si bien sufre los abusos de los appistas considera que 100 días de anarquía son mejores a un sexenio de corrupción y saqueo.
Despreciado por Ulises, ninguneado por el gobierno federal, el cinturón social protegió al movimiento popular.
6. Atormentados. A los panistas del gobierno saliente y a los entrantes les atormenta la idea del "uso de la fuerza pública". Es obvio que usar la fuerza pública es una decisión política. Cómo, cuándo y por qué se decide siempre son variables de la ecuación. No es un problema de principio como muchos panistas quieren creerlo. "Yo sí reprimo y no me da pena". Tampoco de graduación. Se usa poquito o se usa mucho.
Ahora se desgarran las vestiduras reclamando la "tibieza" de la operación de la PFP.
Hay una ignorancia de la profundidad del movimiento político en Oaxaca. Los gobiernos federal y local parecen empeñados en ilegalizar al movimiento de la APPO y la sección 22, obligarlo a un enfrentamiento armado, cuando lo que más les conviene es institucionalizarlo, atraerlo hacia soluciones racionales y legales.
Qué tragedia acabar el sexenio así, apuntalando al cacique con la fuerza federal y posponiendo la intervención de raíz ante la miseria y el atraso. Qué tragedia incendiar con la chispa de la ineptitud.
Correo electrónico: tolvanera06@yahoo.com.mx
Politicuentos
Por: Mario Gálvez NarroDE CHAVITA SOTO Y SUS ESCALERITAS:
Ultima llamada
La petición hecha ayer al presidente Fox por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, en el mitin en el que terminó la multitudinaria marcha para exigir el retiro de la Policía Federal Preventiva de la entidad y la salida del gobernador Ulises Ruiz, de instalar para mañana una mesa de negociación sobre la crisis política en la entidad y la salida que puede tener la misma, es la opción más razonable que ha habido sobre el conflicto en los últimos días y sin duda la última oportunidad que tendrá el Ejecutivo Federal para sentar las bases para la solución del conflicto antes de abandonar el cargo, para lo cual le restan apenas 24 días.
La solicitud hecha por la APPO deja en claro que la Asamblea ha estado en favor de una salida negociada y pacífica de la crisis estatal, y que incluso toma la iniciativa de proponer a Fox que cite a una mesa de diálogo para avanzar en la solución del conflicto. Dicha iniciativa correspondía más al gobierno federal que a la propia APPO, pero es claro que en el gobierno foxista no ha habido real interés por resolver la crisis oaxaqueña, pues su tesis es que se trata de un problema local que deben resolver los poderes locales. El único problema es que éstos son una ficción en Oaxaca.
Pero ¿podrá Fox en los estertores de su sexenio tener la sensibilidad política de provocar la negociación y obligar a las partes a la solución obligatoria de la crisis? Si en los seis meses anteriores no demostró tener esa sensibilidad, en los contados que tendrá al frente de la presidencia se da por descontado que tampoco contará con ella. Además, ya lo dijo: el conflicto de Oaxaca será uno de los pasivos –de los innumerables pasivos, terciaríamos nosotros- que su administración dejará a Felipe Calderón.
Por increíble que parezca, Fox tiene más interés en irse de viaje a Australia y a Vietnam que en atender los problemas de los oaxaqueños, como es su deber.
Lo grave del caso es que ayer mismo se dio a conocer que, contra lo que se daba por sentado, 24 mil maestros decidieron seguir en huelga hasta la renuncia de Ulises Ruiz, lo cual deja a más de medio millón de niños en total indefensión. Para fines prácticos, se puede considerar perdido el ciclo escolar para toda la niñez oaxaqueña.
Es obvio que Ulises Ruiz perdió toda gobernabilidad en la entidad y que el verdadero riesgo es que la problemática oaxaqueña se exporte a otros estados del sur y del sureste del país, lo que colocaría en situación de alerta los campos petroleros y las centrales hidroeléctricas que abastecen el centro de la república.
Las preocupaciones de Fox están en otro lado, no en los problemas del país y mucho menos de una entidad tan pobre como Oaxaca. Lo que le preocupa es su seguridad personal y la de su familia, pero también la de sus favoritos en el sexenio.
Las denuncias de corrupción escandalosa en la familia presidencial se han ido agolpando a medida que se acerca el final del sexenio. Y éstas no sólo involucran a los hijos de su esposa Marta Sahagún, Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún, quienes de ser unos pobres diablos antes del foxismo ahora son unos juniors potentados gracias al tráfico de influencias que auspiciaron en ellos el propío Fox y su esposa y a la información privilegiada en poder del gobierno de la que hicieron gala en sus fabulosos negocios; no, las denuncias involucran al propio Fox y a Marta Sahagún. El libro ‘Fin de Fiesta en Los Pinos’, de la periodista Anabel Hernández, por escandaloso que pudiera resultar es apenas la punta del iceberg. Y la gran pregunta es ¿protegerá Caldeón las corruptelas de la familia presidencial?.
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Serpientes y Escaleras
Salvador García Soto
06 de noviembre de 2006
Las escenas de ayer en Oaxaca no dejan lugar a dudas: fracasó la estrategia del gobierno para aislar y debilitar a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y ese movimiento social, de corte radical, está vivo y se ha reagrupado para mantener su exigencia de renuncia del gobernador Ulises Ruiz .
Tal vez fue la corretiza que el jueves pasado le pusieron a la Policía Federal Preventiva o tal vez que la sección 22 se ha fracturado y la errática presencia de las fuerzas federales cohesionó de nuevo a un importante sector del magisterio con la APPO, pero la capacidad de convocatoria que ayer mostró esa organización confirma que el conflicto en Oaxaca está muy lejos de acercarse a una solución y que no habrá salida posible hasta que Ulises Ruiz acepte que su renuncia es la primera condición para pacificar al estado.
Fue tal el impacto que ayer causó la marcha multitudinaria de la disidencia oaxqueña, que por la noche Carlos Abascal mandaba desde la Secretaría de Gobernación el mensaje de que hoy mismo se instalará una nueva mesa de diálogo, como lo solicitó la APPO. Sólo que Abascal no aclaró si a esas nuevas negociaciones asistiría el presidente Fox en persona, como piden ahora los appistas.
LEER NOTA COMPLETA.Globalización y élite local
Rogelio Ramírez de la O
6 de noviembre de 2006
Frederic Mishkin, miembro de la Junta de la Reserva Federal estadounidense más recientemente nombrado, ha identificado un problema de las economías emergentes que ya muchos conocíamos. En un reciente discurso en Nueva York indicó que los beneficios de la globalización financiera son estorbados "por un ambiente político disfuncional", creado por "élites ricas e intereses creados con gran influencia sobre el poder político y con mucho que perder si las instituciones se desarrollan en favor de un sistema financiero eficiente y una mayor competencia".
Por qué hasta ahora, se preguntarán muchos, los extranjeros con influencia se dan cuenta de algo tan obvio para los mexicanos. La respuesta está en el alto grado que ha alcanzado la influencia de las élites locales sobre el funcionamiento de las economías emergentes y sus implicaciones globales.
Como los países emergentes no invierten lo suficiente, registran un creciente superávit en la cuenta corriente. En el otro lado de la moneda, los países desarrollados que sí invierten y consumen registran un déficit creciente. Estados Unidos tuvo un déficit en cuenta corriente de 178 mil millones de dólares anuales en promedio en la década pasada, para llegar a 805 mil millones en 2005. El desequilibrio mundial creciente es entre ahorro e inversión. Los países que generan excedentes no los invierten en su propia economía, sino en la acumulación de reservas internacionales, con lo cual financian a Estados Unidos. Entre otros, eso impide el ajuste de la economía mundial, es decir, la reducción del déficit de Estados Unidos.
LEER NOTA COMPLETA.Oaxaca: falta de visión
Manuel Camacho Solís
6 de noviembre de 2006
La derecha y el autoritarismo se salieron con la suya. Finalmente, el presidente Fox ordenó la intervención de las fuerzas federales en Oaxaca. Como era previsible, y así se argumentó en estas páginas, el uso de la fuerza no podría tener un saldo blanco ni resolvería por sí el problema político del estado. Después del júbilo inicial que llevó al régimen a considerar que el problema estaba liquidado y que su acción despejaría la entrada del nuevo gobierno, ahora tendrán que volver a hacer sus cálculos: ¿más represión o más política? Con un agravante: hay muertos, desaparecidos y heridos de por medio.
El manejo errático del conflicto demuestra que no hay estrategia. No hay una visión sobre lo que es importante en términos de lo que deberían ser las prioridades del momento. En ninguno de los tres asuntos que parecen más trascendentes para la entrada del nuevo gobierno parece haber la debida claridad sobre lo que se quiere y cómo lograrlo. No la hay respecto a Oaxaca, ni sobre el trato que se le debe dar a AMLO, ni en lo que toca a las mayores dificultades que se vislumbran en la relación bilateral con Estados Unidos. No hay visión sobre la cuestión social, el conflicto político o la mayor dificultad que se aproxima en la economía y en la relación bilateral.
LEER NOTA COMPLETA.Pulso Político
Francisco Cárdenas Cruz
06 de noviembre de 2006
Desvió marcha y no llegó al zócalo
Quienes dentro y fuera de Oaxaca estaban seguros de que la marcha de miles de personas que se realizó este domingo en la capital de ese estado para exigir la salida del gobernador priísta Ulises Ruiz y de la Policía Federal Preventiva, originaría un nuevo enfrentamiento entre los miembros de las organizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y los uniformados, se llevaron un chasco cuando los contingentes llegaron al centro histórico pero a dos cuadras del zócalo resguardado por la fuerza pública, desviaron su ruta hacia la explanada de la plaza de Santo Domingo para evitar otra sangrienta refriega como la del jueves pasado en las cercanías de la Universidad Autónoma Benito Juárez, en las que, sin embargo, ayer se registró un tercer tiroteo en el que un estudiante, Marcos Manuel Sánchez Martínez, resultó herido de dos balazos por sujetos no identificados.
A la marcha de la APPO y el magisterio estatal, que se extendió a lo largo de varios kilómetros, se sumaron dirigentes, legisladores y militantes del Partido de la Revolución Democrática, que por primera ocasión, de manera abierta, participaron en la capital oaxaqueña en un acto de apoyo como los que han realizado en el plantón permanente de appos en el Hemiciclo a Juárez en la Alameda Central de la ciudad de México, y en bloqueos viales y plantones en otras entidades del país para repudiar la presencia de la PFP y demandar su salida y la separación del cargo del gobernador del convulsionado estado.
LEER NOTA COMPLETA.Detrás de la Noticia
Ricardo Rocha
06 de noviembre de 2006
Peor imposible. Ni aun sus críticos más acérrimos podrían haberse imaginado un escenario más desastroso para el final de sexenio de Vicente Fox. Las imágenes de Oaxaca son la expresión de la rabia y el encono de muchos mexicanos contra su gobierno.
La ferocidad de los oaxaqueños no es gratuita. Corresponde primero a un gobernador repudiado por la inmensa mayoría a causa de su autoritarismo y abusos de poder. A esa simiente de coraje se añade ahora el rechazo absoluto a la intervención de la Policía Federal Preventiva enviada por Fox con una dedicatoria de odio y menosprecio.
El resultado es que el conflicto está peor que nunca. Los hechos en torno a la Ciudad Universitaria oaxaqueña sólo pueden anticipar muertos y sangre. Y la lucha se hará cada vez más rabiosa. A medida que aumenten las bajas en uno u otro bando los contendientes encontrarán más acicates para el rencor y la cólera. La espiral de violencia parece inevitable. El diálogo está roto y no hay señales de una pronta reanudación de las pláticas entre los insurrectos y el secretario Abascal, que nada ha podido hacer sino avalar el uso de la fuerza. Que, por cierto, se ha visto superada por los rebeldes.
LEER NOTA COMPLETA.México SA
16 años de cumbres y la región sigue tan pobre
Presidentes, vicepresidentes y cancilleres de los países de Iberoamérica, más el primer ministro español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el rey de España, Juan Carlos (al centro), posan para la foto oficial de la 16 cumbre Iberoamericana celebrada el Montevideo el 4 de noviembre Foto Reuters
De Guadalajara (la primera) a Montevideo (la más reciente) se han organizado 16 cumbres iberoamericanas, saturadas de discursos, pero con escasos resultados. A lo largo de ellas la constante ha sido "el combate decidido a la pobreza y el impulso (se supone que igual de decidido) al desarrollo".
Tres lustros y un año después de aquella primera intentona, la triste realidad lejos de modificarse ha empeorado: América Latina se mantiene, con tendencia a empeorar, como la región más desigual del planeta, mientras el desarrollo -en sentido contrario de los discursos- brilla por su ausencia.
Dieciséis años atrás se llevó a cabo la Primera Cumbre Iberoamericana, en Guadalajara, y la declaración conjunta de los jefes de Estado y de gobierno en ella participantes advertía sobre "la actual desigualdad del sistema económico internacional y sus consecuencias para gran parte de la humanidad que vive en la pobreza". Un año después, en Madrid (segunda cumbre), los mismos abajo firmantes insistían en que "la pobreza crítica puede conducir a la inestabilidad política con las consiguientes repercusiones sobre la economía; en consecuencia, es imperiosa una acción más eficaz para proteger a los sectores menos favorecidos de la población y así contribuir al pleno ejercicio de los derechos humanos".
LEER NOTA COMPLETAOaxaqueños: el verano de su descontento
Noches atrás, un reportero de televisión los llamaba "sujetos", para diferenciarlos de sí mismo y de la policía robocópica que los agredía en ese momento, para quienes reservaba el "personas" y el "nosotros". Y pensé en lo mal repartidas que están las cosas.
Los "sujetos", que la pantalla presenta como una mera emanación del caos, están en la primera línea de la resistencia de todo un pueblo, aunque el tirano lo intente borrar con una arbitraria reducción de cifras (unos "3 mil revoltosos", "una sola avenida", como aquellos "tres o cuatro municipios" de 1994) a quienes llevaron adelante el verano de su descontento y hoy sufren el asedio de batallas que, aunque insistan los represores, distan de ser finales.
"Les van a faltar cárceles", desafiaba un maestro en el Zócalo oaxaqueño hace ya tres meses. Detrás de esos "sujetos" arrojando piedras y cocteles incendiarios contra tanquetas electrificadas y líneas grises de agentes blindados que vienen a desalojarlos, se encuentra un pueblo. Mejor dicho, muchos pueblos, pues Oaxaca es el mosaico de pueblos y culturas más diverso del país (y con sus 16 lenguas me atreverá a decir que del continente). Tal es la evidencia que la policía federal, el ministerio público, los discursos de Presidencia y el gobernador, los pistoleros y policías disfrazados, los medios de comunicación y el futuro presidente pretenden borrar.
LEER NOTA COMPLETA.Oaxaca contrainsurgente
Lo que comenzó en Oaxaca como un problema gremial protagonizado por la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en mayo pasado, se transformó luego en un problema político que el gobierno de Vicente Fox derivó en un asunto de seguridad nacional. De manera somera, la génesis del conflicto es fácilmente identificable: ante la respuesta represiva del gobierno local encabezado por Ulises Ruiz contra el plantón de los maestros en huelga (14 de junio), con saldo de 92 heridos, y la acumulación de agravios, surgió un amplio movimiento social representado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (21 de junio). La emergencia de la APPO prendió focos rojos en el bloque dominante, que vio desafiada su hegemonía e intereses.
Pese a sus contradicciones y matices, la alianza de los gobiernos de Oaxaca y federal, en el plano político, se expresó en un desaseado amasiato entre los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. Y a nivel represivo exhibe dos características principales. Por un lado, el gobernador Ruiz recurrió a la acción coercitiva y violenta del aparato de seguridad del Estado, y cuando éste fue desbordado por la férrea resistencia civil pacífica de los integrantes del magisterio y de la APPO, puso en práctica una acción paralela, clandestina, estatal, vía la paramilitarización del conflicto.
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El Estado en coma
El Estado mexicano parece estar en coma, ese estado que se describe como patológico, caracterizado por la pérdida de la conciencia, la sensibilidad y la capacidad motora voluntaria (diccionario de la RAE). El gobierno de Vicente Fox, que se ufana tanto de los cambios que supuestamente ha provocado, en realidad ha llevado a un punto máximo la decadencia del sistema político, del modo en que se gobierna y del sentido de lo que es el Estado, su capacidad de acción y su responsabilidad.
Después de la experiencia electoral del año 2000, de seis años de gobierno foxista -que están por terminar de la peor manera posible- y de los conflictos políticos y electorales de los últimos dos años, habrá que revalorar seriamente los derechos que tienen los ciudadanos y admitir abiertamente la esencia tan frágil de la democracia en el país y, más que nada, su descomposición.
LEER NOTA COMPLETA.Estado de derecho, de excepción, de rebelión
Se habla mucho del "estado de derecho". En efecto, un régimen político sin "estado de derecho" volvería al estado de barbarie. Desde los códices mesopotámicos, hace más de 40 siglos, los conflictos entre los miembros de un sistema político se resolvieron por intermedio de los jueces, y no con el "ojo por ojo, diente por diente" o por medio de linchamientos. Teniendo un sistema de derecho que goce de legitimidad, un cuerpo de jueces justos, puede aceptarse que las instituciones políticas acordadas tengan derecho al monopolio de la coacción. En México, prácticamente no ha existido un "estado de derecho" hasta el presente que goce de legitimidad suficiente; en la época colonial porque lo ejercían unilateralmente los españoles; durante el siglo XIX por la inestabilidad reinante; y después de la Revolución por el corporativismo, que puede fácilmente declarar inocente al rico o al que tiene "relaciones", y deja pudrir en la cárcel a un indígena que ha robado un pollo. Hemos visto banqueros que se apropiaron de miles de millones y no pudieron ser inculpados.
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