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martes, mayo 16, 2006

LA VIOLENCIA GALVANIZA LA RACIONALIDAD Y MATA LOS DERECHOS.

Alberto Aziz Nassif escribe hoy en el Universal:


Brutalidad estatal.
Alberto Aziz Nassif.
16 de mayo de 2006.

Desde cualquier ángulo que se vea, la intervención de los cuerpos policiacos en San Salvador Atenco provocó una acción de brutalidad. Estudios del tema policiaco definen a la brutalidad como el "uso intencional y doloso por parte de agentes que conscientemente exceden los límites de su oficio para infligir dolor y sufrimiento" (Robert O.Varenik, Accountability. Sistema policial de rendición de cuentas , CIDE, México 2005, pág. 156). Eso es lo que sucedió en Atenco. Los operativos de las últimas semanas nos muestran la brutalidad del Estado con toda su crudeza.

Los acontecimientos del 3 y 4 de mayo han tenido una evolución terrible para el país y para el gobierno del "cambio". Este tipo de conflictos muestra múltiples facetas dentro de una trama compleja. Prácticamente en cualquier democracia existen grupos que actúan en la frontera de la violencia y la radicalidad, y si el sistema institucional es fuerte, puede manejar los conflictos sin grandes costos.

Sin embargo, lo que hemos visto en México en las últimas semanas es un engranaje institucional completamente deficiente: las reglas del monopolio legítimo de la violencia, los mecanismos de la seguridad pública, el sistema de impartición de justicia, la actuación de los cuerpos policiacos, las prácticas políticas, fallaron en el momento de la crisis.

Una de las diferencias importantes entre lo que pasó con los casos de Sicartsa o Atenco, respecto a otros enfrentamientos violentos que ha habido en el país, es la presencia de los medios masivos, que construyen (modulan, modelan) la noticia, y al final de cuentas muestran las imágenes con las que los ciudadanos se forman su propio juicio. Junto a los grandes medios también existe la información alternativa, la cual contrasta de forma radical con la información oficial. La presencia y acción de las comisiones y organismos de derechos humanos son otro factor que hace la diferencia en el tratamiento de estos conflictos. Porque en un sistema autoritario no habría estos contrapesos.

A estas alturas de la evolución del conflicto, de la exposición reiterada de las imágenes de la violencia y de las argumentaciones a favor y en contra sobre los operativos policiacos, no vamos a abundar en ellos, sólo queremos presentar uno de los problemas de fondo que nos presenta este tipo de problemáticas: las razones de la brutalidad estatal.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ha realizado un informe, "Atenco: estado de derecho a la medida" en donde hace un recuento y un análisis de los hechos. Se confirman las notas que la prensa escrita ha documentado sobre la violación generalizada de los derechos humanos.

Es muy preocupante el nivel de los cuerpos policiacos y doblemente grave es la respuesta que han dado los diferentes gobiernos: desde el presidente Fox que defendió en Viena el operativo, como si los excesos hubieran sido una excepción y no regla; hasta el gobernador del estado de México que declaró el caso como problema de tipo administrativo, pasando por los diferentes encargados de las seguridad pública, que sólo se han dedicado a cubrir la ineptitud y la prepotencia de los cuerpos policiacos. El primer problema grave es que las autoridades no reconocen el caso de Atenco como un caso de brutalidad estatal y violación generalizada de derechos humanos.

El segundo problema es la impunidad en la que parece que quedarán los delitos de la brutalidad estatal. La lista de crímenes está documentada por el Centro Pro: uso excesivo de la fuerza pública, sin ninguna proporcionalidad, lo cual incluso llegó al asesinato de Javier Cortés Santiago, un joven de 14 años que recibió el impacto de una .38 especial a manos de un policía estatal, según consta en los testimonios que retoma el Centro Pro.

Los golpes, el linchamiento y el castigo fueron la nota dominante de la intervención policiaca. En este punto se ha tratado de justificar la violencia oficial por las escenas del día anterior, en las que aparece un grupo que golpea de forma miserable a un policía caído. ¿Esa violencia justifica la brutalidad de la policía? O más bien se trata de que los cuerpos de seguridad pública deben garantizar la ley y los derechos humanos y no se pueden dar el lujo de caer en la brutalidad porque entonces llegamos al rompimiento del estado de derecho.

El rompimiento de la ley fue amplio: los múltiples casos de violación, maltrato y vejación a las mujeres detenidas; las detenciones arbitrarias, las expulsiones del país, también arbitrarias; el allanamiento, el robo, la violación al domicilio; el trato inhumano a los detenidos; las faltas en el proceso legal. ¿Todo quedará impune? Quizá por ello la policía es temida por la población, y no sólo en situaciones de represión, sino por la combinación cotidiana de incompetencia, mala administración, corrupción, abuso, falta de reglas, impunidad.

¿Cómo se pretende consolidar la democracia si el monopolio de la violencia no tiene ninguna legitimidad? Estos cuerpos policiacos están mal entrenados, no tienen procedimientos internos, códigos de ética, normas; la mayoría de ellos están muy mal pagados. Por ello lo que predomina es la ley del terror, la improvisación y la discrecionalidad. Cuando se revisan los testimonios de lo que fue este caso, se tiene la impresión de que seguimos instalados en las herencias de un régimen autoritario y represivo.

La violencia galvaniza a la racionalidad y mata los derechos, destruye la lógica civilizatoria y sólo produce brutalidad, rabia, ira y prepotencia, es una invitación a ampliar el reino oscuro de la destrucción. La obligación del Estado es la impartición de la justicia, y en caso de los delitos de la brutalidad se necesita hacer una reparación del daño. Las autoridades deben tener mucho cuidado con el uso de la fuerza y con el uso desproporcionado y letal que han hecho, porque pueden generar ondas expansivas y respuestas que nadie quiere ver.

Muy malas noticias para este fin de sexenio. La gobernabilidad foxista y el uso irracional de la fuerza pública están deslegitimando al Estado mexicano. Como sociedad no podemos permitir la brutalidad estatal.

Una razón mas para votar por AMLO y la mayoría perredista al Congreso.

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